Política
Caso Andahuasi: «Omar Chehade es tan cobarde, porque el que tuvo que pagar con cárcel fue su hermano y no él»

Dentro del caso Andahuasi existen varios hechos que algunos involucrados prefieren que olvidemos. Fue la lucha de un pueblo contra dos grupos con poder económico —Grupo Wong y Grupo Bustamante— que intentaron mediante un fraude tomar posesión de la empresa azucarera.
11 años después la muerte de dos trabajadores de Andahuasi no tiene responsables. Pero los involucrados en el fraude comienzan a caer. Hace unos días Eduardo Núñez Cámara fue capturado por la Polícia Nacional del Perú, llevaba tres años prófugo.
Muchos de los trabajadores y accionistas de la empresa Andahuasi continúan en una lucha permanente, aquí no hay lugar para el descanso, porque los intentos de los grupos económicos por apoderarse de la empresa sigue vigente. «El 27 de julio de 2019, el Grupo Wong entró a las 3 de la madrugada con matones y con infantes de marina retirados a la empresa. Quisieron repetir ese acto el 27 de agosto, pero no les resultó», señala Orlando Baldeos.
En esta entrevista Alejandro Morales Rojas y Orlando Baldeos Ardian —trabajadores y accionistas de Andahuasi— recuerdan al actual congresista Omar Chehade y a diversas instituciones del Estado, que terminaron involucrados al Grupo Wong y al Grupo Bustamante en el caso Andahuasi. Aquí la entrevista.

ORLANDO BALDEOS ARDEOS
¿La noticia de la captura de Núñez Cámara cómo la tomó?
Esta es una lucha de once años. Once años que hemos cumplido el 14 de mayo de 2020. Es una lucha muy prolongada con dos grupos de poderes económicos: Grupo Wong y Grupo Bustamante. Esta acción ilegal empezó con la venta de los 49 millones de acciones al Grupo Wong, una venta irregular que hizo Eduardo Núñez Cámara y Carlos Rivas Urteaga. Aquí hay un gran responsable del Estado, que es la CONASEV. Porque actuó sin hacer cumplir las leyes. Desde ahí se originó una serie de violencias contra el pueblo Andahuasino. Hablamos de muertes, violaciones no solo contra el pueblo andahuasino, sino también con el Valle Huaura Sayán.
Ha pasado más de una década de esta lucha del pueblo de Andahuasi. Recordemos incluso que han perdido la vida dos trabajadores. ¿Qué otras instituciones han tenido responsabilidad en el caso Andahuasi?
Con esta venta ilegal se produjeron una serie de actos de violencia contra el pueblo de Andahuasi. La muerte de dos trabajadores, decenas de heridos, hubo actos de violencia contra el pueblo de Humaya, porque el Grupo Wong invadió tres mil hectáreas de nuestros terrenos. Para proteger esos terrenos se tuvo que enfrentar a matones y delincuentes. No solamente es Eduardo Núñez, el que también tiene que ser capturado es Carlos Rivas Urteaga, quien fue el Gerente. Nosotros hemos presentado nuestras quejas a diversas instituciones. Aparte de la CONASEV que no ha cumplió con ley, también hemos acudido a la Defensoría del Pueblo y a los Derechos Humanos del Arzobispado de Huacho, pero la Defensoría del Pueblo no ha tomado en serio el gran problema que hemos pasado y seguimos pasando en el pueblo de Andahuasi. El año pasado el 27 de julio el Grupo Wong entró a las 3 de la madrugada con matones y con infantes de marina retirados a la empresa. Quisieron repetir ese acto el 27 de agosto, pero no les resultó. Hemos hecho nuestra queja a diferentes instituciones donde no hemos tenido respuestas.
Es decir, aparte de no tener respuestas de las diferentes instituciones, tampoco hasta el día de hoy hay responsables por esas dos muertes.
No hay responsables. Se hizo las denuncias ante la Fiscalía, pero sin embargo no ha tenido la respuesta debida. Cuando asesinaron a uno de nuestros compañeros, las pruebas que era la ropa que estaba ensangrentada y que se le entregó al fiscal, en el camino se perdía. Esto compromete en actos de corrupción al Ministerio Público y al Poder Judicial de Huaura. En algún momento van a tener que ser responsables estás instituciones, porque no hicieron justicia al pueblo de Andahuasi, al Valle de Huara Sayán y los pobladores de Santa Rosa.

Ya cayó Eduardo Núñez Cámara, pero ¿Dónde está Carlos Rivas Urteaga?
Carlos Rivas Urteaga fue sentenciado de la pena privativa de la libertad. Hasta hace poco, es decir, antes de la pandemia, el señor Carlos Rivas Urteaga se encontraba en el Perú. Sería cuestión que la policía lo busque y pueda ser capturado; este señor que está vinculado con el Grupo Wong.
Sorprende que estás personas que tienen orden de captura se estén paseando libremente por el país.
Precisamente, es por el gran poder que tienen los grupos económicos, como es el caso del Grupo Wong. Hay que acordarnos que estos mismos personajes: Carlos Rivas Urteaga y Eduardo Núñez Cámara son lo que trabajan para el Grupo Wong, y a través de este personaje que fue vicepresidente de la República en el gobierno de Ollanta Humala, me refiero al señor Omar Chehade, fue quien quiso favorecer con un desalojo al Grupo Wong, mediante una resolución que era de Chiclayo. Es necesario recordar ese triste episodio y esa gran corrupción que generan los grupos de poder.

Recordamos la famosa fotografía en Las Brujas de Cachiche ¿Qué le diría al congresista Omar Chehade que se encuentra en este nuevo Congreso?
Él sencillamente se comporta como es. Vemos su triste conducta hoy en día. En algún momento va a tener que pagar, va tener que vérselas con nosotros. Todavía nosotros no nos hemos enfrentado ante él, pero en algún momento este señor sentirá nuestro peso y tendrá que pagar. Omar Chehade es tan cobarde porque el que tuvo que pagar con cárcel fue su hermano y no él. Señores como él, no deben ser congresistas, presidentes ni vicepresidentes. Por lo tanto, corresponde también al periodismo presionar para que existan leyes donde las personas corruptas como este señor, no postulen para ser congresista u otros cargos públicos.

Para finalizar, ¿Cuál su mensaje para el pueblo de Andahuasi?
Para nosotros esta lucha es constante, con muchas dificultades, pero en el fondo no hemos perdido el norte. El norte es recuperar la propiedad y enfrentar a estos grupos de poder. Hay un compromiso, y es combatir la corrupción en el país. Precisamente esta venta ilegal empieza con actos de corrupción de instituciones del Estado como la CONASEV, institución que se hizo de la vista gorda ante el Grupo Wong y el Grupo Bustamante.

ALEJANDRO MORALES
Señor Alejandro Morales ¿Cuál ha sido su reacción ante la noticia de la captura de Núñez?
La verdad que es algo satisfactorio en todo lo que es acerca de la empresa Andahuasi. Porque es un tema latente que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo. Han pasado varios años para la captura de Eduardo Núñez Cámara.
Luego de la captura de Núñez Cámara ¿Qué se viene ahora?
Bueno, esperamos que cumpla su condena realmente. También hay un pago, una reparación civil de 400 mil soles para la empresa Andahuasi por todos los daños y prejuicios, y la devolución de las acciones, porque se tomaron atribuciones de poder vender sin autorización de toda la masa trabajadora.

Económicamente ¿Por cuánto ha sido afectada la empresa Andahuasi?
Sesenta y nueve millones de acciones.
¿Cuál es el ambiente que se vive en la empresa Andahuasi en medio de esta pandemia?
Actualmente estamos afrontando esta pandemia que nos perjudica mucho, pero también por culpa de este señor no tenemos la atención médica en EsSalud. Sucede que por estos problemas la Clave Sol de la empresa no la tenemos, es algo inhumano realmente lo que este señor nos ha hecho, un daño total sobre todo en esta pandemia, nosotros como trabajadores estamos afrontando el día a día con nuestros propios medios económicos.
¿Qué mensaje le daría a la población de Andahuasi?
Hay que mantener la unión y la fuerza para poder seguir luchando en este tema legal que afronta la empresa. Lo que queremos es poder tener la legalidad e invitar a todos mis compañeros a la unión para tener una sola causa. Lamentablemente por culpa de este señor Eduardo Núñez Cámara se dividió la empresa.
¿Cree que pronto se podrá solucionar esa pugna de poderes dentro de Andahuasi?
Esperemos que sí. Todo está cayendo por su propio peso de acuerdo a la ley. También tenemos la gracia de Dios que nos ilumina para poder seguir afrontando estos problemas en estos duros momentos.
Política
El Congreso avanza hacia la inhabilitación de Betssy Chávez
El peso de la responsabilidad por intentar quebrar el orden constitucional. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el informe que recomienda inhabilitar por 10 años a la exprimera ministra Betssy Chávez.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora de APP María Acuña Peralta, aprobó el informe que recomienda la inhabilitación por diez años para toda función pública de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino. Señalada como una de las figuras clave detrás del intento de golpe de Estado encabezado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, Chávez enfrenta ahora una de las sanciones políticas más severas previstas por la Constitución.
El proceso avanza con rapidez. La exministra no presentó defensa ante la subcomisión, ni de forma personal ni mediante un abogado, lo que facilitó el trámite y dejó su situación aún más comprometida. Esta ausencia levanta preguntas sobre su estrategia legal, pero también refuerza la percepción de una falta de interés por enfrentar las consecuencias institucionales de sus actos.
Actualmente detenida mientras avanza el proceso penal en su contra, Chávez Chino ha quedado políticamente aislada. Aunque tendrá la oportunidad de ejercer su defensa ante la Comisión Permanente y ante el pleno del Congreso, el camino hacia la inhabilitación parece cada vez más inevitable.

Más allá de la figura de Betssy Chávez, este caso marca un punto de inflexión en la respuesta del sistema político frente a intentos de quebrar el orden democrático. Sin embargo, también se exige autocrítica del Congreso: no debe confundirse justicia con revancha política. La transparencia y el respeto al debido proceso son cruciales para que la sanción tenga legitimidad, y no se perciba como una simple maniobra punitiva.
El informe aprobado es parte de un paquete de acciones contra exfuncionarios vinculados al intento de disolver el Congreso. Pero el castigo político debe estar acompañado de una reflexión institucional más profunda: cómo evitar que quienes llegan al poder, como Pedro Castillo o sus principales aliados, vuelvan a intentar socavar la democracia desde dentro.
Política
Polémico ‘proyecto de ley’ busca devolver brevetes a conductores ebrios
¿Segunda oportunidad o riesgo público? En Perú, conducir en estado de ebriedad es incurrir en delito de ‘peligro común’. El artículo 274° del Código Penal sanciona esta conducta con prisión, e inhabilitación, subrayando la gravedad de manejar bajo efectos del alcohol o drogas.

El congresista Jorge Flores Ancachi, ahora legislador ‘no agrupado’ tras su salida de Podemos Perú, ha reactivado la polémica con su proyecto de ley 11781/2024-CR, conocido informalmente como la “Ley del borrachito”. La iniciativa propone permitir que conductores sancionados por manejar en estado de ebriedad puedan recuperar su licencia de conducir, siempre que no hayan causado muertes, ni daños permanentes.

La propuesta contempla una amnistía parcial hasta el 31 de diciembre de 2025, permitiendo a los infractores —previo pago de una multa con descuento del 80% y la aprobación de un curso de capacitación— volver a conducir legalmente. Según Flores Ancachi, no se trata de fomentar la impunidad, sino de reconocer la posibilidad de rehabilitación y evitar sanciones “eternas” para quienes desean reinsertarse laboralmente.
Miles de conductores inhabilitados por conducir en estado de ebriedad han mostrado respaldo a la medida, argumentando que están arrepentidos, necesitan trabajar y que han sido castigados por años. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se opone con firmeza, señalando que el proyecto representa un serio retroceso en la lucha por la seguridad vial.
El debate pone sobre la mesa una tensión legítima: ¿puede una sociedad negar toda posibilidad de reinserción a un infractor que no causó daños irreparables? Pero también es necesario recordar que conducir ebrio no es un simple error: es una conducta peligrosa con potencial letal, porque es considerado un delito.
Conducir bajo influencia del alcohol es delito
Como se recuerda, conducir en estado de ebriedad en Perú constituye el delito de peligro común. El artículo 274° del Código Penal «Conducción en estado de ebriedad o drogadicción», establece que manejar bajo la influencia del alcohol o drogas es un delito, y se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de seis meses ni mayor de dos años, o con prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación para conducir.
El proyecto de ley, aunque bien acertado para algunos, corre el riesgo de normalizar una falta grave y un presunto delito. Las segundas oportunidades son valiosas, pero deben estar siempre subordinadas a la responsabilidad, la prevención y el bien común.
economía
Presentan PL para que el Banco de la Nación pueda comprar y vender oro de la minería artesanal
Iniciativa presentada por el congresista Jorge Montoya busca modificar la Ley 16000 para incrementar las funciones del banco.

Arroz con mango. Pretender dotar atribuciones que no corresponden a determinada institución es como forzar a los abogados que operen a un herido, o que un ingeniero se dedique a cosechar papas; es decir, cargarles con atribuciones que no van con la naturaleza de su oficio.
A propósito de ese desbarajuste, la Comisión de Economía del Congreso de la República viene evaluando el Proyecto de Ley (PL) n. 8491 para que el Banco de la Nación (BN) pueda comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala.

La iniciativa ha sido presentada por el congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y propone la modificatoria de los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, la misma que regula las funciones del banco estatal.
En el mencionado PL se estipula además que la entidad deberá implementar tecnología y procedimientos para asegurar la trazabilidad, calidad y exportación de los minerales, todo ello respetando normas ambientales, tributarias y de prevención de lavado de activos.
Según el texto, el Ejecutivo tendría un plazo de 90 días para aprobar la reglamentación necesaria, en caso se apruebe la ley. El financiamiento, según se indica, se haría con cargo al presupuesto institucional del banco y sin recurrir a recursos adicionales del Tesoro Público.
Cabe precisar que uno de los argumentos principales de la propuesta es que gran parte del oro producido por la minería artesanal no es trazado ni declarado formalmente, lo que facilita su desvío hacia canales ilegales. El proyecto también afirma que países como Bolivia y Tanzania han implementado esquemas similares con resultados positivos, aunque no ofrece mayores detalles al respecto.

La postura del Banco de la Nación
En tanto, el BN envió un informe donde advirtió sobre los riesgos de aprobar el PL que propone ampliar las facultades operativas de la entidad para permitirle participar en la compra, venta y exportación de oro y minerales. Según el documento, el Banco no cuenta con experiencia en estas actividades, ya que su labor está orientada a brindar servicios financieros a entidades públicas, instituciones del sistema financiero y trabajadores del sector público, conforme a lo establecido en su Estatuto.
En adición, se señaló que habilitarlo para operar en el comercio de minerales podría generar resultados negativos debido a la falta de recursos y conocimientos técnicos, afectando incluso su desempeño actual en la prestación de servicios bancarios. Por estas razones, la Gerencia Legal no recomienda la aprobación de la iniciativa legislativa.
Por su parte, ADEX señaló que existe un alto riesgo de que la compra de oro sin conocer la procedencia de este pueda involucrar metales de origen ilegal e informal, significaría blanquear activos ilegales, con lo cual se estaría incentivando aún más la ilegalidad e informalidad del sector al monetizar el oro.
Política
Demora histórica: Gobierno anuncia financiamiento para cinco nuevos penales
El Ministerio de Economía firmó un acuerdo con CAF por USD 800 millones para mejorar el sistema penitenciario, pero persisten dudas sobre si los nuevos penales se construirán con eficiencia o volverán a demorarse por años, como ha ocurrido antes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un préstamo de US$ 800 millones con CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, destinado a financiar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios en el país. La operación fue anunciada el 29 de junio durante la 185ª reunión del directorio de la CAF en Sevilla, España, y forma parte de un ambicioso programa liderado por el Ministerio de Justicia.

Aunque la inversión —que asciende a US$ 1,000 millones, sumando un aporte estatal de US$ 200 millones— representa un avance importante, la medida también pone en evidencia una histórica desatención del Estado en materia de infraestructura penitenciaria. Durante décadas, los centros de reclusión en el Perú han operado por encima de su capacidad, con niveles de hacinamiento que superan el 130%, sin que se hayan desarrollado políticas sostenidas para resolver el problema de fondo.
El nuevo plan contempla cinco penales, entre ellos el de Colquepata (Cusco), con capacidad para 2,500 internos, y el de Huacho (Lima), que será el más grande del país con capacidad para 16,000 personas privadas de libertad. Otros tres establecimientos se construirán en regiones aún no detalladas, sumando espacio para unos 10,000 internos adicionales.
La reforma apunta a cerrar brechas, garantizar derechos y contribuir a la reinserción social. Sin embargo, el éxito del programa dependerá no solo de la inversión, sino también de una ejecución eficiente que supere los retrasos estructurales que históricamente han postergado al sistema penitenciario peruano.
Política
JPP le cierra las puertas a Antauro Humala y solo confirma alianza con Pedro Castillo
Roberto Sánchez, presidente de JPP, negó cualquier tipo de acercamiento con líder etnocacerista.

Lo mandaron bien lejos. Luego que el líder etnocacerista, Antauro Humala, gritara a los cuatro vientos que iba a formar una alianza con el partido Juntos por el Perú (JPP) y el ex presidente Pedro Castillo. “Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, mencionó en hace poco de una semana Humala Tasso.
Ahora, el propio presidente de JPP, Roberto Sánchez, salió a aclarar que en realidad solo existe un pacto con el expresidente Castillo, desmintiendo por otro lado cualquier lazo con Antauro Humala.
“Juntos por el Perú y el movimiento liderado por el presidente Pedro Castillo, solo ambos, han suscrito su unidad política y electoral en este nuevo momento de llamado a la unidad popular más amplia que ha realizado Castillo”, manifestó el parlamentario para el diario El Comercio.

Asimismo, el exministro de Comercio Exterior durante el mandato de Pedro Castillo, subrayó que sí existen conversaciones separadas tanto con Castillo Terrones como con Antauro Humala y que las decisiones definitivas sobre alianzas se tomarán antes del 2 de agosto, fecha límite para la presentación de alianzas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Por su parte, desde sectores internos y aliados de Castillo se confirmó que, hasta el momento, no existe una mesa de diálogo directa entre Castillo y Humala.
Tal parece que las exigencias de Antauro Humala habrían caído muy mal dentro de JPP, insinuándose un presunto pedido para su agrupación encabece la nómina presidencial y de postulantes al Congreso. Estas diferencias se suman a pugnas internas en el partido, donde un sector rechaza la posible alianza con Humala y acusa a Sánchez de irregularidades en el manejo del comité electoral interno.
Política
Trenes sin rieles: el proyecto de López Aliaga y el conflicto con el MTC
Mientras el alcalde de Lima prioriza anuncios cargados de campaña electoral, el proyecto ferroviario hacia Chosica avanza sin infraestructura ni coordinación técnica. La llegada de trenes usados evidencia más improvisación que planificación, en medio de un nuevo conflicto con el Ministerio de Transportes.

La reciente iniciativa del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de adquirir trenes usados para implementar un servicio ferroviario entre Lima y Chosica ha vuelto a generar polémica. Lejos de ser una propuesta articulada con el Ejecutivo, esta acción se enfrenta a objeciones técnicas claras y revive la ya conocida confrontación entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
El titular del MTC, César Sandoval, ha advertido que las vías necesarias para operar estos trenes no están habilitadas ni cuentan con la infraestructura mínima para una marcha blanca —un periodo de prueba previo al funcionamiento comercial. En otras palabras, los trenes que pretende traer el alcalde no tienen dónde operar con seguridad ni viabilidad técnica, al menos por ahora. A pesar de ello, López Aliaga ha insistido en el anuncio de una marcha blanca, una declaración que parece más un acto de campaña presidencial, que una planificación responsable de política pública.

El alcalde, conocido por su estilo confrontacional, ha optado nuevamente por llevar el debate al terreno político, dejando de lado una coordinación técnica elemental con el MTC, que —según ha declarado su ministro— no está poniendo trabas al proyecto y ha mostrado disposición al diálogo. Esta respuesta del Ejecutivo desarma en parte la narrativa del bloqueo institucional que López Aliaga ha pretendido difundir.
Más allá de los protagonismos, el fondo del problema es preocupante. Traer trenes usados, sin haber garantizado previamente las condiciones mínimas de operación, es una señal de improvisación y de una peligrosa desconexión con las exigencias técnicas de un proyecto de transporte masivo. Además, sin un plan de integración con el sistema de movilidad de la ciudad, lo que podría terminar vendiéndose como un avance en infraestructura urbana, podría convertirse en una inversión ineficiente o incluso en un monumento a la descoordinación institucional.
La capital necesita trenes, sí, pero también necesita planificación, transparencia y diálogo entre niveles de gobierno. La urgencia electoral de un personaje que parece haberse olvidado de los problemas de la comuna metropolitana no puede sobrepasar las necesidades reales de una ciudad que, más que anuncios, requiere soluciones viables.
Política
‘Renovación Popular’ defiende a Patricia Benavides y denuncia a Delia Espinoza
¿Justicia o intereses cruzados? La bancada ultraconservadora presentó una queja ante la JNJ para solicitar la destitución de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la suspensión temporal de los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

La reciente queja presentada por la bancada de ‘Renovación Popular’ ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, y otros tres fiscales supremos, plantea más preguntas que certezas. Alegando “faltas muy graves” por desobedecer la orden de reponer a Patricia Benavides Vargas en el cargo, los congresistas solicitan una suspensión temporal e incluso la eventual destitución de los involucrados. ¿Es un verdadero intento por defender la legalidad o simplemente una maniobra política para proteger a una aliada?

No sorprende el respaldo de ‘Renovación Popular’ a Benavides Vargas, quien fue suspendida por el Poder Judicial mientras es investigada por presunto cohecho. Su figura, aunque controversial, ha sido vista por sectores conservadores como un contrapeso frente a decisiones de la JNJ que han incomodado al Congreso. El problema radica en el sesgo evidente: mientras se minimiza la gravedad de las acusaciones contra Patricia Benavides, se cuestiona a Delia Espinoza por no acatar una disposición administrativa, cuyo alcance jurídico aún es materia de debate.

Pero Espinoza Valenzuela tampoco queda libre de escrutinio. En su intento por sostenerse en el cargo tras la orden de la JNJ, su resistencia ha generado dudas sobre si su permanencia responde a la defensa institucional o a intereses personales. Acusaciones como “vigilias internas” e instrumentalización de funcionarios menores no pueden ser tomadas a la ligera, y la falta de claridad en sus motivaciones ha alimentado el desgaste de la imagen del Ministerio Público; aunque ella lo niegue y salga a decir que “la Fiscalía no está en crisis”.

El fondo del asunto trasciende la pugna entre dos señoras del Ministerio Público: pone en evidencia cómo la justicia se ha convertido en un campo de batalla política. Mientras ‘Renovación Popular’ actúa como defensor político de Patricia Benavides, bajo el argumento de “resistencia a la autoridad”, se omite que esa misma autoridad —la JNJ— dictó medidas contra ella por causas penales, no disciplinarias.

La institucionalidad se erosiona cuando las reglas se interpretan a conveniencia. La ciudadanía asiste, una vez más, a una disputa que parece menos sobre justicia y más sobre quién controla el poder dentro del sistema fiscal. Mientras tanto, ni Delia Espinoza, ni su detractora Patricia Benavides están exentas de responsabilidad en este clima de desconfianza.
Política
Porky en su laberinto: entre trenes viejos y los 200 millones de dólares que se pagará a Rutas de Lima
Los oscuros días del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

El alcalde de Lima Rafael López Aliaga se encuentra inmerso en fuertes cuestionamientos. Su gestión viene siendo golpeada por sus propias decisiones. Traer unos trenes viejos al país —que para muchos es considerado chatarra— ha visibilizado que sus promesas fueron falsas. Una ciudad no puede convertirse en potencia mundial haciendo uso de trenes que otro país descarta.
A esto se suma la ausencia de un plan cultural para Lima. Además, recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.
Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.
Esto no saldrá del bolsillo de Porky, los 200 millones de dólares lo pagaremos todos los peruanos.
Aquí el programa de Lima Gris radio con más detalles de Porky en su laberinto.
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