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CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ MARTÍN VIZCARRA CORNEJO

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Dentro de el estado de emergencia hay muchos sectores de la población que trabajan de forma independiente, entre ellos figuran los artistas y diversos trabajadores del sector cultural que han sido gravemente afectados por la cuarentena que se sigue extendiendo debido al COVID-19.

Aquí publicamos la carta dirigida al presidente Vizcarra, que ha sido realizada por Myriam Reátegui, educadora del arte, actriz, directora teatral y gestora cultural.

CARTA AL PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA

Señor Ingeniero Martín Vizcarra

Presidente de la República del Perú

Sr. Vicente Zevallos

Presidente del Consejo de Ministros del Perú

Sra. María Antonieta Alva Luperdi

Ministra de Economía del Perú

REFERENCIA.

*LA EMERGENCIA DE LOS ARTISTAS Y EL NECESARIO APOYO DEL ESTADO*.

El Ministerio de Cultura y su Ministra la señora Sonia Guillén, no representan a los miles de artistas trabajadores autogestionarios, independientes del Perú, ni a la cultura viva. Ayer 03-04-20 la Ministra Sonia Guillén con evidente desinterés sobre su sector, en su lacónica exposición, dijo que le llegaron “listados de personas, que a su vez ella derivó….”. Dio a entender sin expresarlo, que el MINCUL no tiene una base de datos de artistas clasificada que demuestre quienes pueden recibir el bono de S/. 380 soles. Reveló desconocimiento y nulo contacto con asociaciones artísticas que pudieron ser portavoces. Fue indiferente con la emergencia que vivimos los gestores de la cultura viva y el arte del Perú. No de Lima, del Perú. No mencionó los 260 Puntos de Cultura del país (PDC), soporte ad-honorem de imagen su institucional. Los PDC pudimos ser el referente para convocar a los artistas de a pie y sus familias, que están en emergencia como miles de peruanos.

Señor Presidente, señores Ministros, con el debido respeto.

Señor Presidente. Es grato saludarlo y me dirijo a Usted y a los Señores Ministros, como educadora de Arte en la Educación; como trabajadora actriz y directora teatral; y como gestora cultural. Mi nombre es Miryam Reátegui con DNI 07236010. Trabajo más de 50 años como profesional de artes escénicas y represento al Centro Cultural Nosotros fundado en 1976 y a la Asociación Peruana de Literatura Infantil y Juvenil-Lima. Soy una persona conocida en la Cultura y el Teatro tanto en el país como el extranjero; con más de 70 años, preocupada por la situación laboral del Artista peruano que sin Beneficios Sociales ni jubilación digna, contribuye al fomento artístico nacional. Hoy su inestabilidad socio-laboral lo coloca en situación vulnerabilidad. Esta carta es la voz también de cientos de artistas y creadores culturales urbanos y regionales, autogestionarios, de las diversas disciplinas artísticas de todo el país, de todas las edades, conscientes de la emergencia que afecta el trabajo en todos los sectores y que en nuestro caso es crítica. Pero es también un reclamo de las comunidades indígenas que necesitan preservar su identidad cultural, pero que solo están mencionadas en el papel, porque nada hacen por ellas.

Ha sido decepcionante que la señora Ministra Sonia Guillén no mencionara a los artistas como trabajadores en situación crítica, ni se dirigiera al sector con alguna palabra de aliento, como lo esperábamos y como lo han hecho los ministros de su gabinete. Tomo el ejemplo de Ministros de Cultura de Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, que tienen políticas culturales de promoción del arte y la cultura y trabajan estrechamente con sus gremios artísticos y creadores. (Ministra de Colombia : https://www.youtube.com/watch?v=OK–Bi7LCzk – Ministro de Ecuador : https://www.elcomercio.com/tendencias/artistas-beneficio-programa-cultura-covid19.html )

La Ministra Guillén dijo “Estamos recibiendo listados de personas que creen que deben ser atendidas para recibir este apoyo. Estos listados los estamos dirigiendo al MIDIS y al Ministerio de Trabajo para que evalúen a éstas personas…” No mencionó ARTISTAS, y piensa que somos gente extraña que toca la puerta del MINCUL pidiendo limosnas porque “creen, alucinan” merecer los S/. 380 soles. Y se lavó las manos. ¿Quién le dio esos «listados», si no hay manera de inscribirse en ningún portal? Sabemos que la Dirección de Artes de Industrias Culturales llamó a sus conocidos para que rápidamente armaran «listados» para la señora Ministra ante la frecuencia de preguntas que le hacían a Usted, Señor Presidente, sobre el sector artístico. No haberse expresado en términos de las necesidades de los Artistas, ni abogar por la falta de trabajo, es inaceptable.

Hoy 05-04-20, repentinamente el MINCUL está circulando en redes una “Encuesta nacional sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas”  ¿Reaccionaron ante la evidencia?

El sector artístico atraviesa la peor crisis de su historia y sabemos continuará todo el año. El MINCUL en su burbuja, no tiene una visión socio-económica del arte y la cultura a nivel nacional, no sabe quién es quién, y no presenta proyectos para mejorar el presupuesto para la promoción cultural. Sin embargo mantiene a miles de empleados y gasta todo el presupuesto de Cultura en sueldos, sin conectarse con el sector que les da la razón de existir. Por transparencia deberían declarar, qué porcentaje del presupuesto destinan realmente para fortalecer las artes y la cultura viva. No quieren informar sobre el tema.

Los proyectos individuales o colectivos que se presentan a  Dirección de Artes tienen como respuesta: “NO HAY PRESUPUESTO. Esperen y participen en los fondos concursables”. Los fondos concursables si bien son estímulos importantes para la creación; los ganadores son pocos y el dinero concursable es apenas S/. 210,000 y son cientos los postulantes. Pero los concursos no es lo único que debe hacer un Ministerio de Cultura. Una oficina con 2 personas es suficiente para eso. Entonces ¿Qué hacen Industrias Culturales y la Dirección de Artes todo el año?

El MINCUL fue creado el 2011, sobre una débil directriz que ampliaba el entonces Instituto Nacional de Cultura y pasó administrativamente al naciente Ministerio. Le tocaba a éste fortalecer el sector con políticas culturales de promoción de la identidad nacional mediante las artes, los artistas, la cultura viva y el Patrimonio histórico material e inmaterial. Los sucesivos Ministros (13 hasta hoy), no convocaron a los especialistas en gestión, en arte, cultura, historia, etc., y si lo hicieron, fue para alguna comisión. Llamaron a sus recomendados a ocupar los cargos más importantes y se olvidaron del Arte, los artistas y la cultura viva. Con esta práctica, después de 9 años no hay resultados visibles de gestión que haya incidido en el desarrollo artístico-cultural. La población no recibe propuestas artísticas estimulantes que fomenten su creatividad, salvo algunas iniciativas particulares.

El desarrollo cultural-artístico en las regiones está estancado hace años por falta de gestión especialmente. El MINCUL no creó estrategias ni esfuerzos para trabajar con los gobiernos locales. No se vinculó con artistas ni gestores culturales. No tiene presencia en la población. Más allá de Lima a 20 km, a excepción de los interesados, ¿Quién conoce el Ministerio de Cultura y sabe qué hace? Ni en los conos saben de su existencia, en provincias es peor. Sin embargo en 9 años lo que creció significativamente fueron los empleados y la burocracia con el presupuesto de cultura para miles de empleados que no sabemos en que trabajan.

¿Trabajan realmente? En su web, en sus canales, no hay información del movimiento cultural del país, ni un mensaje a los artistas, no hay noticias, no hablan del patrimonio. ¿Qué hacen? Amerita una fiscalización y evaluación de cada Dirección del MINCUL.

El MINCUL no tiene personal idóneo de trayectoria que conozca las artes y la cultura; Gestores Culturales con experiencia demostrada que diseñen estrategias, que sepan de la visión y misión institucional, con voluntad política, empáticos con la cultura del Perú. No tiene ayuda de los artistas, para enriquecer la actividad cultural, porque no los convoca. Lastimosamente la actual oficina de Industrias Culturales y la Dirección de Artes, en 9 años han demostrado incapacidad de acción y falta de liderazgo; sin ideas ni planes estratégicos, sin conocer de gestión, se reducen a cumplir un horario y hacer burocracia para que un papel sea respondido 6 meses después de su ingreso.

Es el colmo que el MINCUL en toda su existencia, no haya podido elaborar una base de datos que identifique quién es quién en el arte y la cultura peruana, siendo el fundamento para realizar cualquier plan nacional de desarrollo cultural. Esa base de datos es sumamente importante para el Estado porque es vinculante. ¡Qué ineficiencia! Eso nos hace invisibles en este momento que los artistas necesitamos que el Estado nos atienda.

Entonces, sin base de datos, sin directorio nacional ¿para quién trabaja el MINCUL?

Tampoco tenemos un registro completo de los bienes históricos patrimoniales Materiales e Inmateriales a nivel nacional, permanecen olvidados a su suerte. Con voluntad política y presupuestos  mínimos, su registro y puesta en valor daría trabajo cientos de profesionales de investigación artística, de ciencias sociales, historia, gestores; se potenciaría la cultura viva y el turismo. Excusarse con NO HAY PRESUPUESTO permanentemente y esperar el fin de mes para cobrar, es una ofensa, una burla a la nación. ¡Que se vayan a su casa y los reemplacen!. El Estado pierde muchos millones en empleocracia privilegiada que no aporta al crecimiento artístico-cultural del país,  acentuando nuestra pobreza.

El Proyecto Qapac Ñan como DAFO, casi tienen nombre propio y no se pueden involucrar en este análisis.

Señor Presidente, esa es la realidad y es evidente que la Ministra de Cultura no tiene herramientas para responder sobre su sector con eficiencia, ni a los artistas con empatía. El MINCUL le presentará informes positivos a la PCM, pero el papel aguanta todo. Otra cosa es la realidad concreta.

Entonces, Señor Presidente ¿Porque mantiene el Estado a un personal ineficiente, burocrático, que recibe sueldos equivalentes a 2, 3, 4, 5 UITs si no muestra resultados positivos después de 9 años? ¿Qué trabajo vinculante ha hecho con los Gobiernos Regionales y locales, otros ministerios, para la promoción de las artes y la cultura? ¿Qué impacto tiene el MINCUL en la población general, conocen su trabajo? ¿Qué ha hecho por la actividad artística peruana, no solo en Lima-San Borja? ¿Qué ha hecho por la preservación de la cultura de las comunidades indígenas? Son preguntas porque el Presupuesto de Cultura se ha gastado solo  en honorarios, ese dinero es de todos los peruanos, y que los artistas podríamos haber recibido en esta crisis. El gasto no se justifica legalmente y menos  si no hay resultados de crecimiento esperados en cultura y en arte. Que demuestren con evidencias concretas su trabajo, y pueda corroborarse. No en papeles, que los informes escritos aguantan todo.

Si el MINDES y el Ministerio de Trabajo reciben los «listados» de la Ministra, éstos no incluyen a los artistas vulnerables del país que somos cientos; se elaboraron en 2 días y eso no es serio. Compromete a la Ministra Guillén.

Permítame extender la oportunidad, para hacer de su conocimiento la situación de los Artistas peruanos.

Señor Presidente, los artistas mayoritariamente somos profesionales, y si no hay público no tenemos trabajo. Me refiero a los ACTORES que actúan en teatros, o en eventos, en espacios alternativos, en casas, que se dividen el ingreso si no hay contratos; a los MÚSICOS que trabajan tocando sus instrumentos en la calle recogiendo la voluntad del transeúnte, o tocan en fiestas, iglesias, restaurantes, porque no hay orquestas que los reúna para conciertos; a los PINTORES que exponen sus cuadros y venden como pueden en la calle o bajo otra modalidad porque las galerías son muy pocas y exclusivas; a los DANZARINES que escasamente pueden bailar porque no hay locales acondicionados y tienen pocas oportunidades de presentarse; a los ESCRITORES que no pueden publicar hasta convencer a una editorial para su impresión porque el libro es caro, se suma a que no hay librerías o bibliotecas suficientes; a los muchos GRUPOS DE ROCK músicos también, que no tienen donde presentarse, no hay festivales, encuentros y si pueden tocan en locales pequeños o en la calle. Hay muchos artistas en Lima y en provincias. La TV o los reality shows pueden ser trabajos excepcionales, no es lo habitual. La radio no promociona actividades artísticas, menos la TV. Hay que pagar o ser recomendados.

RESUMIENDO:

La situación laboral y social del ARTISTA es precaria y muy difícil en estos tiempos sin trabajo. El Estado, los Municipios, se han desatendido de las artes. No cumplen con la Ley de Municipalidades Art. 82 y malversan el presupuesto para Cultura, educación y recreación. Somos una clase trabajadora cansada de ser auto gestionaría de su propio trabajo y si no lo hace, no come. Se debe reconocer oficialmente el valor de las Artes y del artista, y el bienestar social que generan. Debe crearse las condiciones para su formalidad laboral. El Estado, los medios de comunicación y la población en general, desvalorizan las artes, la cultura viva y a los artistas por discriminación, desconocimiento, falta de sensibilidad. Se atreven a pedir presentaciones, conciertos, pinturas, libros, GRATIS. ¿No es trabajo y estudios lo que hacemos? ¿Porque no tiene valor monetario? ¿Trabajan gratis las demás profesiones?

Trabajamos también en  espacios públicos, la calle, y recibimos monedas del público que es un reconocimiento, y de eso vivimos. ¿Porque Serenazgo prepotente, nos agrede como ambulantes informales de venta de comida y nos retiran a la fuerza? ¡Pero si somos violinistas, pintores, actores, cantantes! El MINCUL conoce esta vulnerabilidad pero es incapaz de emitir una resolución a los municipios considerando al artista un trabajador intangible que hay que preservar, bastaría solo eso. El arte para muchos es una actividad prescindible, innecesaria “los artistas son superficiales que debieron estudiar, ahorrar y no perder el tiempo. Ahora piden…” (sic). Para desmitificar esto, el Estado debe educar, que la población sepa que el Arte contribuye a la salud emocional, mental e influencia en el desarrollo personal, mejora la calidad de vida. No es culpa de la población ignorarnos, es falta de políticas de reconocimiento. Lo que no se ve, no se consume.

El 90% de trabajadores artistas no tenemos beneficios ni seguridad social, ni jubilación ni bonificaciones, ni CTS ni ONP ni AFP, por eso nuestro trabajo es informal e irregular.

Hoy estamos muy afectados porque laboramos para el sector de servicios: restaurantes, centros culturales, teatros, eventos, locales comerciales, en espacios públicos, etc. Todos paralizados. Con dificultades y perseverancia mantenemos hace mucho tiempo, una industria cultural autogestionaria pequeña, sin intervención del Estado, hacemos nuestras propias producciones y las ofrecemos. Como autogestores la profesión es nuestro y lo hacemos con dignidad, pero no significa que nuestra situación laboral esté resuelta, es muy inestable.

La UNESCO considera el Arte y la Cultura como pilares para el desarrollo integral que eleva la calidad vida. Son políticas que necesitamos para fortalecer el esfuerzo de los artistas. Los países desarrollados han resuelto el tema laboral de sus artistas, los consideran su imagen y patrimonio cultural vivo; no permiten que vivan precariamente como nosotros. Por ejemplo, las artes se incluyen obligadamente en todos los niveles de la educación, y los maestros son los mismos artistas. La práctica artística es considerada indispensable para preservar la salud emocional, mental, de ayuda para superar índices de violencia, inseguridad, falta de autoestima, desde pequeños. Sería muy importante que su Despacho revise las políticas culturales de los Ministerios de Cultura de Francia, Alemania, Brasil, México, Colombia, ¿Por qué no las podemos imitar?

Con sensibilidad, empatía y voluntad política puede revertirse el estado[U1]  de abandono artístico-cultural del Perù, único en toda América. No es cuestión económica, es equidad.

Por lo expuesto, Señor Presidente y Señores Ministros permítanos proponerles:

1. Que el Estado considere los espectáculos artístico-cultuales en emergencia y nos permitan continuar trabajando a partir de Mayo 2020, y ser comprendidos entre las medidas estratégicas que van a tomar.

2. Que el INEI alcance la relación de artistas y centros culturales censados en el Perú y se complete con la relación de empadronados de los municipios del Perú, para obtener el bono compensatorio de S/. 380.00 por ser de justicia.

3. Que el Estado considere dentro los S/. 30’000,000 millones de subsidios la “autogestión de artistas como Industria Cultural micro-empresarial y reciba este beneficio para reactivar su economía con proyectos artísticos”, que el Estado puede inclusive ampliar con directivas que faciliten el acceso a créditos de excepción, con el sistema financiero.    (Aclaramos que la propuesta de Industria Cultural micro empresarial de artistas independientes, se diferencia de las Industrias Culturales grandes de Lima, que tienen otro comportamiento económico. Son empresas lucrativas institucionalizadas como centros culturales que manejan auditorios, teatros, locales, tienen talleres, dictan idiomas, etc., libres de impuestos. Contratan artistas, gestores, marketing y sostienen planillas altas.      Los artistas independientes no tienen dinero para invertir, pero sus proyectos pueden ser exitosos y lucrativos en proporción, que pueden generar ingresos para devolver el crédito.)

4. Solicitamos que Usted señor Presidente y Ministra de Economía, intercedan ante la ONP para que encuentre la modalidad de incluir a los artistas en el sistema de Beneficios sociales, jubilación digna y compensaciones profesionales.

5. Solicitamos para la Cultura un aumento presupuestal de 0.7% a 1.5% anual, divididos en 50% para las Artes, Cultura viva, Artistas y Patrimonio, 20% para creación de infraestructura y 30% para empleados y servicios. Es una propuesta esperanzada que urge para el sector.

6. Solicitamos la re-organización del Ministerio de Cultura, que incluya fiscalización y auditoria económica. Ocho (8) años es suficiente para medir resultados e incidencia del MINCUL en la población. No se trata de informes tras informes sin ser contrastados con la “población beneficiada”. El papel aguanta todo. Se trata de tocar la raíz del problema. El MINCUL fue creado con un fin, y no funciona por inoperancia, ha gastado el Presupuesto de Cultura cada año solo en sueldos, y 10 años después las Artes, la Cultura, Artistas, Patrimonio, Infraestructura, y las culturas indígenas, siguen en abandono, peor, o más vulnerables que antes. La re-organización es imperativa, que su Gobierno no puede ocultar.

7. Solicitamos la formación de una comisión intersectorial, que incluya a artistas y personas de la cultura, para que en 3 meses se estudien las políticas culturales que no se aplican, y propongan soluciones y sugerencias que activen a un Ministerio de Cultura que tenga presencia nacional, que se identifique con los artistas, con sus gestores culturales, con las artes, con la cultura viva, con las expresiones de los pueblos originarios, con nuestra historia cultural, con el patrimonio material e inmaterial, de todo el Perú.

Disculpen la extensión de esta Carta.

Muchas gracias por su atención. Quedo de ustedes,

Atentamente,

Miryam Reátegui Espinoza

Centro Cultural Nosotros

Punto de Cultura R.D. 00445/2012

Jr. Francisco de Zela 1183 – Jesús María

Telf. 985 372 461 / (01) 472 5856


 [U1]

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Corporación Wong buscaría adquirir el Grupo El Comercio

Negociaciones se encontrarían muy avanzadas, teniendo como principales postores a la familia Wong, dueña de Willax TV, y Zest Capital.

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Como diría una popular canción de Calamaro: “no se puede vivir del amor” y en el medio periodístico no se puede subsistir de canjes, subscripciones o coleccionables. Para nadie es novedad que el papel viene cayendo rendido al mundo digital y el tiraje de los otroras medios poderosos son tan ínfimos que a las justas se puede pagar a uno que otro redactor o practicante.

Desde hacer más de una década el diario El Comercio viene sufriendo un duro revés en sus cuentas y atrás quedaron los días dorados de bonanza y prestigio, teniendo como consecuencia directa que la familia Miró Quesada sea una de las más poderosas del país, otorgándoles barrigas llenas y días de prosperidad. Para mala fortuna de alguno de sus integrantes, los tiempos cambian y la inextinguible fuente de riqueza luego de varias décadas finalmente pudo mostrar lo que había al final del envase, ocasionando la alarma de ese clan.

Viendo que ahora no pueden costear su fastuosa y acomodada vida, muchos de ellos han vuelto la mirada hacia su “gallina de los huevos de oro” preguntándose por qué ya no produce como antes. La respuesta, obviamente, se encuentra en el crecimiento exponencial de las redes sociales que de manera paulatina, pero agresivamente, les han ido quitando marcas auspiciadoras. Es por ello que antes de que el barco termine por hundirse los accionistas del Grupo El Comercio (GEC) vienen evaluando venderlo al mejor postor.

Una fuente de la revista Semana Económica indica que las negociaciones ya se encuentran en la etapa de ofertas no vinculantes, teniendo como a los principales postores la Corporación Wong, dueña de Willax Tv, y la gestora Zest Capital.

De llegar a buen puerto las negociaciones, los hermanos Wong se harían propietarios del Grupo El Comercio.

El caso del GEC resulta muy particular, pues cuenta con muchos accionistas, muchos de ellos viviendo de manera parasitaria, viviendo de las utilidades de lo que fuese la gran casa del periodismo peruano, impidiendo muchas veces llegar a un acuerdo consensuado entre los demás accionistas. Sin embargo, cuenta la citada fuente de Semana Económica, los accionistas finalmente habrían llegado a un acuerdo para vender el GEC, viendo año a año que sus cifras tienen una triste tendencia a la baja.

Gran parte de la decisión de vender se explica por el actual momento del negocio del conglomerado de medios. Y es que el Grupo El Comercio atraviesa una de las situaciones financieras más difíciles del último tiempo. Su EBITDA, por ejemplo, cayó de más de S/130 millones en 2022 a apenas S/42 millones en 2024. Pese a ello, el holding ha mantenido una política constante de reparto de dividendos. “Financieramente, esos números no son buenos. Indican que están perdiendo capacidad de generar resultados propios y la proporción de la deuda sobre la capacidad de pago está aumentando”, explica el docente de finanzas de la Universidad de Piura, Yang Chang.

Por su parte, la presidenta del directorio de Plural Tv (que abarca América TV y Canal N), Maki Miró Quesada, consultada por una posible venta, respondió no tener “conocimiento de ninguna negociación”. El asunto es cuánto tiempo más pretenderán ocultar el sol con un dedo.

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Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística

Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.

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Una reciente publicación de Lima Gris titulada: Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.

Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran

Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.

«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.

La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.

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Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales

La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.

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La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.

Una estrategia judicial

Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.

Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.

Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.

Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).

Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).

Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).

Demandas por beneficios millonarios

El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.

Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.

Por ejemplo:

Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.

Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.

Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.

A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.

En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.

¿Les corresponde por ley?

La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.

Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.

Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.

En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.

Reincorporados, no nuevos contratados

Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).

Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.

Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.

Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.

En busca de más millones

La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.

Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.

Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.

Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.

El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:

Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.

Serafín López Fabián: S/ 479,368.34

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.

Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.

Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74

Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.

Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.

Total estimado:

S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.

Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.

¿De dónde saldrá el dinero?

El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.

Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.

Una ejecución presupuestal en crisis

La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.

Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.

Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.

El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?

Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.

Eva López.

El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.

Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.

Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.

Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.

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El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel

Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.

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El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.

Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.

Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.

Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.


No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.

Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.

¿Un viaje de “interés nacional”?

Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?

Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.

La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.

Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.  

También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.

Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel. 

Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?

Un distrito que espera soluciones

Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.

La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.

Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.

Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.

El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.

Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.

¿Turismo disfrazado de gestión?

El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.

El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?

El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.

¿Una nueva tendencia en la política local?

Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.

Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.

En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?

La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.

En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?

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Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave

Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.

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En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.

El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.

Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.

“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.

Exigencias al Estado

Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:

  1. La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
  2. La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
  3. El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.

Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.

Un paro con raíces sociales y económicas

La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.

La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.

La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.

Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.

El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.

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Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’

Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.

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Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.

La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.

Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.

La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.

Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.

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Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios

El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.

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El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.

Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.

La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.

Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.

Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.

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Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO

La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.

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Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.

El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.

Siete carreteras bloqueadas

De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:

Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.

Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.

Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.

Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.

Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.

Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.

Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.

La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.

Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.

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