En el corazón de Barranco, una zona declarada patrimonio arquitectónico por el Ministerio de Cultura, la tranquilidad de sus residentes se ha visto severamente afectada por las fiestas ruidosas y constantes escándalos nocturnos provenientes del Hotel Casa República, ubicado en la emblemática calle Sáenz Peña. Lo que alguna vez fue una casona apacible, hoy parece transformarse, semana a semana, en un espacio bohemio sin control ni fiscalización efectiva.

El hotel, operado por la empresa Hotel Group SAC y cuyo gerente general es Juan José Mendoza Arredondo, promociona su propuesta como un “hotel boutique perfecto para quienes buscan un respiro del bullicio limeño”. Sin embargo, los testimonios recogidos por este medio pintan un panorama completamente distinto: música a alto volumen, gritos y conciertos en vivo que invaden la zona hasta altas horas de la madrugada, incluso días de semana. Todo esto también se puede constatar en las fotos y videos publicadas de sus propias redes sociales del hotel.

Uno de los trabajadores de la zona relata con indignación: “Trabajo hace años cuidando autos en Sáenz Peña. Desde hace como seis meses, se escucha una bulla tremenda desde el techo del hotel. Ese sonido rebota en los edificios del frente. Usted puede pasar cualquier día por aquí y verá cómo toda la cuadra parece una discoteca”.

Música en vivo y noches de Alcohol.

Vecinos colindantes con el inmueble denuncian que, pese a múltiples llamadas al serenazgo y quejas formales dirigidas a la Municipalidad de Barranco, las autoridades no actúan con la diligencia que el caso exige. Una vecina indignada señala: “Mi casa está casi a la espalda del hotel. La música claramente sobrepasa los niveles permitidos por ley, más aún en una zona monumental. Hemos llamado al serenazgo más veces de las que puedo contar, pero la municipalidad brilla por su ausencia. No les interesa el bienestar de quienes vivimos aquí”.

Otra residente, recién llegada al distrito, cuenta que el problema es evidente incluso para los recién llegados: “Me mudé hace poco a la Alameda Sáenz Peña, cerca del hotel B. Aunque ese hotel no causa problemas, el ruido del Casa República sí es notable. Hay música en vivo desde las 7 p.m. cualquier día de semana. Ya varios vecinos me han advertido de las molestias constantes”.

Este conflicto no es menor. El inmueble que ocupa el hotel ha sido declarado Patrimonio Arquitectónico por el Ministerio de Cultura, lo que implica normas estrictas de conservación, respeto a la edificación y a su entorno. Sin embargo, la azotea ha sido convertida en un “rooftop” que parece operar sin mayor regulación, burlando el espíritu con el que fue declarada su protección.

Conciertos en vivo generan grotesco ruido en la zona patrimonial.

La respuesta del gerente

Nos comunicamos con el gerente del hotel Juan José Mendoza, para recoger su descargo. Estás fueron sus declaraciones:

«Nos sorprende un poco que nos digan vecinos y que pareciera que fuera hasta una junta vecinal que está preocupada por el ruido que viene del hotel. Nosotros, para empezar, no tenemos ninguna visita registrada en lo que va del año, que recuerde, sobre un tema de ruido. Creo que el serenazgo se toma estas cosas con seriedad, ¿no?», señala el gerente.

Además, menciona: «Nosotros no tenemos ninguna corona ni nada para que el serenazgo no venga a visitar. Nosotros hemos recibido visitas desde la isla de inspección por temas de licencia, como suelen hacer estas visitas de un momento a otro, de todos los entes que tienen que regular un hotel. Y siempre hemos tenido eso: tenemos nuestra licencia en orden, tenemos nuestro sistema, nuestro certificado de seguridad en orden, todo está correcto. O sea, operamos dentro de los márgenes que nos permiten».

Juan José Mendoza, gerente general del hotel.

«Ponemos música en vivo, que toca una persona con una guitarra, o a veces hay una persona con un saxofón, pero no es que cobremos una entrada. Obviamente, seguramente algo se puede filtrar, y nosotros siempre estamos atentos, tenemos protocolos para cuidar esos niveles de volumen. Lo que menos queremos es generar un malestar a nadie, ni a ningún cliente, ni mucho menos a nuestra comunidad alrededor. Estamos siempre dispuestos a hablar, y a mejorar, y a aplicar los correctivos que sean necesarios, pero que se nos acerquen», manifiesta Juan José Mendoza, reconociendo los eventos con música en vivo en su azotea.

Luego recordó que una vecina se le acercó para cuestionarle sobre el ruido que produce el hotel: «Yo hablé con una vecina, no sé si será esta misma persona, hace como dos semanas o tres semanas, que me dijo que sus inquilinos habían tenido estas molestias, y que estaba volviendo a alquilar. Creo que todavía no lo había hecho, o por esta fecha se iba a hacer, y ya le preocupaba el tema de poder que sus inquilinos se quejen de esto nuevamente. Y yo le dije: «Por favor, verifícalo tú misma». Y me dijo: «Yo voy a estar el fin de semana, y cualquier cosa te voy a escribir directo de mi departamento, que es el que más cerca tenemos. Nunca me escribió, o sea, no se comunicó conmigo, no volvió a comunicarse conmigo».

Finalmente mencionó: «Nosotros tenemos es un bar todo con mobiliario que es movible, o sea, nosotros tenemos una casona que es patrimonial, que la cuidamos, que está dentro, que no hemos alterado en nada la casona patrimonial, incluso tenemos, me gustaría también que hagas mención a los eventos culturales que realizamos, a las inauguraciones de arte. O sea, tenemos ahorita una exhibición de arte que habla sobre barranco. Me parece que se enfocan ustedes mucho, o pretenden enfocarse más en estos temas tan puntuales. Si hay algo que podamos nosotros todavía corregir, estamos abiertos a corregirlo, pero no nos quieran encasillar y pintar como si fuéramos un bar de fiesta, o un bar que promueve conciertos masivos».

Sorprende algunas respuestas del gerente, ¿De verdad la solución para el ruido es que cada vecino realice una auditoría acústica casera? ¿Ese es el estándar de diálogo que propone el hotel?

¿La fiscalización municipal?

La pregunta que muchos vecinos se hacen es evidente: ¿hasta cuándo las autoridades municipales permitirán que un negocio turístico imponga su lucro por encima del derecho al descanso y la salud mental de los residentes? ¿Acaso la alcaldesa Jessica Vargas permitirá que Barranco se transforme en una zona de impunidad acústica?

Tenemos conocimiento que la alcaldesa también visita los espacios del hotel. Aquí una fotografía de la burgomaestre Vargas en las instalaciones de Casa República. Sería importante que la alcaldesa también ponga atención a situaciones que incomodan a los vecinos del distrito.

Alcalde Jessica Vargas.

¿Qué tipo de licencia tiene el hotel? recordemos que la Municipalidad de Barranco, es responsable directa de hacer cumplir las normas de zonificación, fiscalización ambiental y protección del patrimonio. Aquí se requiere una inspección inmediata, mediciones sonoras rigurosas y sanciones ejemplares. Porque si proteger la riqueza patrimonial de Barranco es una prioridad, entonces garantizar la calidad de vida de sus vecinos debe ser una exigencia irrenunciable.

El sismo de magnitud 6.1 vivido el último domingo terminó con la vida de una persona de 36 años, representando la única víctima mortal de ese fenómeno natural, sin embargo, 48 horas después de ocurrido el movimiento telúrico van a apareciendo los verdaderos daños.

El sismo, con epicentro a 30 kilómetros al suroeste del Callao, ha dejado cuantiosas pérdidas económicas para cientos de familias, en particular de Lima Norte, que ven con preocupación la aparición de enormes grietas y fisuras en techos y paredes de sus viviendas.

Hasta el momento ya se vienen dando hasta tres movimientos sísmicos, teniendo siempre como epicentro el norte de Lima. Diversos informes televisivos muestran varios colegios en Independencia con ventanas rotas y paredes resquebrajadas, haciendo imposible el retorno de los menores de edad a sus aulas; cerca de 120 colegios muestran los rezagos del temblor y 10 de ellos han optado a la virtualidad.

En Comas, una escuela de marinera también ha resultado severamente dañada, obligando a su dueña, una reconocida campeona de marinera, tener que suspender de manera indefinida las clases. “Es un sustento que se detiene. Esta era mi fuente de ingresos y también el trabajo de otras personas. No nos queda más que agradecer a los alumnos por su apoyo y cuidar su integridad”, mencionó para el programa Buenos Días Perú.

En el mismo distrito también el centro educativo Estados Unidos ha sido afectado tras el sismo. En fotografías compartidas por los padres de familia se aprecia parte de su estructura con rajaduras. Otros colegios en Puente Piedra, Los Olivos, Ancón o San Martín de Porres presentan grietas en sus techos y muros, llamando la atención sobre la manera en que han sido construidos.

En tanto, en San Juan de Lurigancho (SJL) la comisaría de La Huayrona se vio afectada con la caída de parte de su techo.

Lima no está preparada para un terremoto de magnitud 8

Los especialistas no andan con rodeos y son bien claros al respecto, sin pretender ser alarmistas. Aparte de que miles de personas construyen sus casas en quebradas, riberas y laderas, sin la asesoría de un profesional, a esto hay que sumar la alta densidad de personas que viven en un solo lugar. Aproximadamente 11 millones de personas solo tiene Lima, concentrando la tercera parte del total de la población peruana.

Si un sismo de magnitud 6 tuvo como resultado que un centenar de viviendas terminen con grietas y fisuras, un terremoto de escala 8 o superior resultará catastrófico.

Si el sismo de este último domingo se sintió fuerte, uno de magnitud 8.8 tendría efectos devastadores: derrumbes masivos, interrupción de servicios básicos, colapso de hospitales y una amenaza directa para miles de personas. Incluso el transporte, las telecomunicaciones y la logística urbana podrían paralizarse por completo.

Gran parte de la responsabilidad recae en los municipios al permitir edificaciones que no se alinean a normativas técnicas o de zonificación, pero también no hay que olvidar que son los propios pobladores lo que ponen en juego el futuro de sus descendientes.

El pasado domingo 15 de junio, en plena celebración del Día del Padre, un sismo de magnitud 6.1 sacudió la provincia constitucional del Callao. Mientras los ciudadanos sintieron el remezón a las 11:35 a.m., sus celulares sonaban con una notificación urgente: una alerta sísmica enviada por Google. La sorpresa fue doble: por un lado, la eficiencia del sistema de alertas de Android, y por otro, la total ausencia de comunicación oficial por parte del Estado peruano. ¿Dónde estaba Sismate, el supuesto sistema nacional de alertas tempranas?

La respuesta oficial del presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, fue más que desconcertante: Sismate no es un sistema de alerta sísmica, sino de mensajería. A pesar de que en 2019 el gobierno de Martín Vizcarra anunció la implementación del sistema, destinando más de 41 millones de soles a su desarrollo, hoy el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reconoce que Sismate no tiene la capacidad de advertir sobre un inminente terremoto.

Mientras tanto, México y Chile han implementado con éxito sistemas de alerta temprana que permiten a sus ciudadanos ganar segundos vitales antes de que llegue un sismo. En México, por ejemplo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) funciona desde hace más de dos décadas y ha salvado incontables vidas gracias a su red de sensores y emisores. En Chile, el sistema ONEMI activa sirenas y alertas celulares que advierten a la población con segundos de antelación. Perú, en cambio, sigue en la fase de promesas.

SASPe aún está en implementación

El país sí tiene un proyecto llamado Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), bajo la gestión del Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Pero aún está «en implementación». Este sistema pretende activar sirenas electrónicas en zonas costeras ante sismos de magnitud superior a 6.0. Sin embargo, su cobertura es limitada y no hay claridad sobre cuándo funcionará plenamente. Mientras tanto, seguimos dependiendo de empresas extranjeras para saber cuándo correr.

El reciente sismo dejó una vez más en evidencia la cruda realidad: en Perú, la población está desprotegida ante un desastre natural. La falta de una alerta oficial no es solo una falla técnica, sino un síntoma de desidia institucional y negligencia en la gestión del riesgo. La tecnología existe, el dinero se invirtió, pero el sistema no funciona.

Que Google sea hoy quien avisa a los peruanos que un sismo se avecina no debería ser motivo de asombro, sino de vergüenza nacional.

No estamos preparados. El último sismo vivido ayer nos demostró, de manera indubitable, que muchas viviendas en Lima y Callao se caerán a pedazos por lo mal construidas que están. A consecuencias de esa precariedad, un joven de 36 años perdió la vida cuando le cayó un pedazo de pared que se desprendió de la fachada de una casa. Su muerte fue instantánea.

Eso deja mucho que pensar, pues poco o nada, más allá de lo que indique el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) o el propio Gobierno Central, estamos haciendo como sociedad por mejorarlo. La informalidad no solo la podemos encontrar en el tránsito vehicular, los vendedores ambulantes, los mototaxis, las motos lineales, sino que también desde el lado urbanístico somos un desastre y no se está exagerando.

Casas de tres, cuatro cinco pisos o más levantadas en un cerro o en una quebrada, viviendas construidas con la ayuda de un maestro de obras, terminadas con material precario, en zonas tugurizadas donde no le dan espacio a los rayos del sol, enrevesadas por ‘telarañas’ de cables de telecomunicación, en callejones sin salida donde lo último que se piensa es en una vía de escape. Así el peruano pujante, pero imprudente, trata de sobresalir en esta caótica ciudad.

El temblor de ayer, de 6.1 grados, pudo ser para muchos solo un tema anecdótico, de risas y motivo de conversación entre amigos y vecinos, pero el tema sinceramente es muy serio. Lo que puede hacer INDECI o las municipalidades en un breve periodo es ilusorio. Si durante varias décadas han permitido el crecimiento desordenado de varios distritos, es poco probable que cambien esa realidad en unos cuantos años. Es por ello que también existe responsabilidad en aquellas personas que quieren construir uno o dos pisos en sus terrenos, sin embargo, lo hacen de mala manera buscando ahorrar unos cuantos soles. Ese supuesto “ahorro” les terminará costando caro a ellos o a terceros, como el caso del joven de 36 años.

Todos quieren tener su casa, pero a qué costo

Un estudio realizado el año pasado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade) reveló que el 69 % de las viviendas en Lima y Callao son autoconstruidas, significando que millones de peruanos optan por la vía informal, muchas de ellas levantadas en la periferia de la ciudad, encontrándose también en distritos históricos como el Rímac, Barrios Altos o Cercado de Lima.

Asimismo, el mencionado estudio indicó que casi el 100 % de esas construcciones tardaron cerca de 16 años en terminar el primer nivel, y 22 para completar el segundo, cifras que sobrepasan por lejos el plazo de una construcción formal; y, aunque parezca increíble, la autoconstrucción resulta un 33 % más cara por metro cuadrado que la construcción a través de vías formales.

Está claro que la mayoría de los peruanos opta por hacer su casa ‘con sus propias manos’, desechando la opción de hacerse de los servicios de un ingeniero, un arquitecto o un topógrafo. Las consecuencias de eso es este enorme monstruo de ‘siete cabezas’ que trata de sobresalir contranatura.

Miles de casas están a punto de colapsar y los signos se exponen en sus fachadas agrietadas o resquebrajadas. Algunos optarán por darle una pasada con yeso o cemento, otros sencillamente lo ignorarán y continuarán levantando más pisos, y otros, esos pocos, realmente tomarán conciencia de lo que se viene. Así como la lluvia, el temblor también caerá para todos.

La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC), esa vieja institución andina que alguna vez se jactó de formar élites intelectuales, hoy parece arrastrarse en medio de una decadencia que no es solo administrativa, sino moral. En el centro del derrumbe está Eleazar Crucinta Ugarte, su actual rector, cuya figura se ha convertido en el símbolo más evidente del desgaste institucional, la impunidad y el clientelismo.

El pasado 10 de mayo, nueve de los dieciocho decanos de la universidad —la mitad exacta de su gobierno— y más de setenta docentes se reunieron en un cónclave inusual, casi clandestino, para evaluar la gestión del rector. El ambiente no era académico ni protocolar: era de juicio. Las acusaciones no eran nuevas, pero el hartazgo sí. Presunta corrupción, nepotismo, manipulación de concursos, uso político de la universidad. La lista parecía una letanía recitada en voz baja por quienes aún creen que la UNSAAC puede ser rescatada.

Las investigaciones de Lima Gris revelaron lo que ya muchos sabían pero nadie se atrevía a denunciar con nombres y apellidos: el nombramiento irregular del asesor legal del rectorado, las contrataciones amañadas, el manejo discrecional del poder como si la universidad fuese un feudo personal. En la reunión, los decanos José Bejar Quispe (Derecho y Ciencias Políticas), Walter Kehuarucho Cárdenas (Física), y Francisco Medina (Ciencias Sociales) —estos dos últimos expulsados sin explicaciones del movimiento oficialista— levantaron la voz. A ellos se sumó la secretaria general del sindicato de docentes, completando un frente que, aunque no mayoritario, se muestra cada vez más sólido y articulado.

Lo que más irrita a los críticos del rector no es solo la presunta corrupción. Es su descarada ambición política. Crucinta, más que rector, actúa como candidato permanente: ya se habla de su campaña al gobierno regional de Cusco por las filas de Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña y de mineros informales. Mientras tanto, en la universidad no existe un estatuto actualizado, los planes académicos están anquilosados, y los proyectos de investigación son una ficción burocrática. Han pasado más de veinte años sin una reforma de fondo, y su gestión solo ha profundizado la parálisis.

Frente a esta descomposición, los docentes decidieron formar un nuevo movimiento universitario para enfrentar lo que consideran una estrategia de continuismo encubierto. La figura del rector, sostenida hasta ahora por una red de lealtades frágiles, empieza a tambalear. La posibilidad de una renuncia anticipada ya no parece una ilusión ingenua sino un horizonte probable. Crucinta gobierna cada vez más solo, atrincherado, como un caudillo en retirada.

Pero la herida que sangra con más intensidad es la del nombramiento de docentes contratados. Obligado por sucesivas sentencias judiciales a cumplir la Ley 32171 —que exige concursos públicos meritocráticos— Crucinta organizó uno, sí, pero mutilado: eliminó el periodo de reclamaciones, distorsionó el cronograma y sembró el terreno para un nuevo proceso en noviembre, justo en la antesala electoral. Las sospechas son unánimes: usará ese concurso para premiar a sus allegados, asegurar su cuota de poder y convertir la universidad en su bastión político.

Esta manipulación, disfrazada de legalidad, desnuda lo que ya es inocultable: la UNSAAC se ha convertido en un botín. La ética ha sido suplantada por la conveniencia, la transparencia por la simulación, y el mérito por la obediencia.

La comunidad universitaria observa con mezcla de indignación y resignación. Como símbolo de esta tensión, se anuncia la celebración del Día del Padre en la sede de Kayra, organizada por la Facultad de Agronomía y Zootecnia, bajo la tutela del decano Walter Guillermo Vergara Abarca. Lo que debería ser una jornada de confraternidad se perfila como otro acto político encubierto, otra escena en esta larga tragicomedia que vive la universidad.

La UNSAAC está en una encrucijada. O se libera del lastre que la hunde o seguirá siendo el reflejo de un país donde las instituciones solo existen para proteger a quienes las secuestran.

Todo mal con el nuevo aeropuerto. Aparte de las deficiencias detectadas en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, las mismas que supuestamente Lima Airport Partners (LAP) ya fueron subsanadas en el curso de esta semana, ahora los viajeros tienen que soportar el mal servicio que se ofrece en los buses Aerodirecto, los mismos que no son de uso exclusivo para llegar o salir del terminal aéreo y que no se aparecen en la hora acordada en los paraderos.

A todo eso, un informe del diario El Comercio ha detectado que al menos 10 unidades de dicho servicio registran un total de 41 papeletas equivalentes a S/. 46,009.06. Tales infracciones incluyen desde faltas leves hasta muy graves, muchas de ellas directamente vinculadas con la seguridad de los pasajeros y peatones.

Entre las más graves se encuentran: conducir con licencia vencida, desobedecer a la autoridad policial, estacionar en zonas no permitidas, recojo de pasajeros en paraderos no autorizados.

Uno de los casos más alarmantes corresponde al bus de placa CMM-601, perteneciente a la empresa Niño Emanuel S.A.C., que opera para AeroDirecto. Esta unidad acumula 10 papeletas de tránsito (3 muy graves, 5 graves y 2 leves), por un total de S/ 6,108.40.

Otro vehículo, el CMM-597, también de Niño Emanuel S.A.C., registra 10 infracciones con una deuda de S/. 1,341.78.

Además, otras unidades como CMM-662, CMU-152, CMN-053 y F7Q-945 presentan entre 2 y 7 papeletas cada una, con montos pendientes que van desde S/. 526.60 hasta S/. 3,959.

ATU responde por multas

Al respecto, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó a través de un comunicado que las 41 multas de tránsito corresponden a años anteriores y no guardan relación con la operación actual, sin embargo, en el informe del citado medio al menos 5 de los 10 buses investigados tienen multas por infracciones de tránsito que fueron impuestas hasta marzo de este año.

Tal es el caso del bus de placa CMM-601 que registra 10 papeletas colocadas desde septiembre de 2024 hasta el pasado 29 de marzo, fecha en que su conductor cometió la falta «muy grave» de código M40, por conducir el vehículo con licencia vencida. Tal vehículo adeuda S/. 21,400 por infracciones.

Otros buses del AeroDirecto con faltas cometidas este año son: CMU-152, con 3 papeletas entre enero y marzo pasados; CMN-053, con una falta muy grave del último 16 de enero; y CNO-283, con una falta grave del 27 de enero.

En el nuevo epidosio de Lima Gris podcast se habló sobre todos los detalles y personajes que se encuentran detrás del recorte del poligonal de las Líneas de Nasca y Palla. Tras los cuestionamientos a la resolución viceministerial firmada por la viceministra Moira Novoa, el gobierno retrocedió para intentar socializar el tema. Algo tarde y torpe.

Con una sola firma, el área protegida de las líneas se redujo de 297 a 249 kilómetros cuadrados. ¿Por qué? La resolución no ofrece una explicación científica clara. Lo que parece una simple decisión técnica, en realidad, podría abrir el camino a intereses privados: minería, energía renovable y otros negocios que ven el suelo de Nasca como una mina de oro.

Pero hay más. Varios indicios apuntan al partido político Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, como uno de los posibles interesados detrás de este cambio. El alcalde de Nasca, Wilman Bravo Quispe —también de APP— solicitó sin pagar un terreno de 600 mil metros cuadrados en la zona arqueológica de Poroma. Aún no explica para qué, pero la ubicación es estratégica: una zona rica en minerales.

La resolución del Ministerio de Cultura no solo ignoró las advertencias de expertos nacionales e internacionales, también fue en contra de lo recomendado por la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial. Y lo más grave: muchas zonas dentro del nuevo perímetro no están legalmente protegidas. Es decir, están expuestas al saqueo moderno.

La abogada Noemi Castañeda denunció que se han entregado sobornos a funcionarios del Ministerio de Cultura, y que en la zona ya hay plantas mineras, molineras y empresas agroexportadoras operando sin control. “Esto es tráfico de terrenos y cohecho”, afirmó.

Organizaciones como ICOMOS Perú, acusan al Ministerio de Cultura de violar tratados internacionales y piden que se revierta esta medida. Por su parte, el Colegio de Arqueólogos del Perú exige la renuncia del ministro Valencia. Y el pueblo de Nasca no se ha quedado callado: ha convocado a una marcha este lunes 9 de junio. Incluso, el ministro afrontará tres mociones de interpelación en el Congreso por la misma razón.

Ante la presión, el Ministerio de Cultura anunció que dejará sin efecto el artículo de la resolución que reducía el área protegida. Pero en pocos días lo haría con los mismos funcionarios cuestionados, lo que genera más dudas.

Aquí el podcast completo:

No tiene ni dos semanas de inaugurado y ya se van descubriendo más defectos en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del nuevo terminal aéreo, fue sancionado con el pago de 572.84 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), por los inconvenientes sufridos en la nueva torre de control del terminal.

La sanción equivale a S/. 3,064,694, informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), que impuso la medida por situaciones registradas en el 2024, cuando el nuevo terminal estaba en plena implementación.

Ositran identificó que los vidrios instalados en el puesto de observación (fanal) de la nueva torre de control no cumplieron las características requeridas específicamente en el numeral 1.4 del Anexo 14 del contrato de concesión que regula los requisitos técnicos mínimos.

El organismo de control constató que los vidrios de la nueva estructura presentaban un nivel de reflejo interno que excedía el límite máximo del 10 %.

Este problema -corroborado por pruebas de laboratorio y evaluaciones técnicas especializadas- ponía en riesgo operaciones de controladores aéreos.

“La consecuencia directa de esta deficiencia fue que la visibilidad desde la torre se vio comprometida, especialmente para operaciones nocturnas”, señaló Ositran.

Esta situación limitó el uso de la nueva torre de control, principalmente en horarios diurnos, e impidiendo su plena operatividad.

Más grave aún, la situación exponía potencialmente la seguridad de los controladores aéreos y la de los usuarios del aeropuerto.

Esta sanción se enmarca en las acciones permanentes de supervisión que el regulador ejecuta para asegurar que el nuevo terminal de pasajeros del Jorge Chávez cumpla con todos los estándares y obligaciones del contrato de concesión, como la medición de niveles de servicio, cuyo primer reporte estará disponible este 15 de junio, informó el Ositran.

Ositrán enfatizó que el concesionario tiene la obligación contractual de garantizar la calidad, seguridad y operatividad continua de las instalaciones aeroportuarias.