La inmunidad parlamentaria fue históricamente eliminada el 4 de febrero de 2021 en una votación decisiva que contó con 103 votos a favor, 14 en contra y 1 abstención. La abolición de esta prerrogativa se dio a raíz de una reforma constitucional promovida por el ex presidente Martín Vizcarra, modificando el artículo 93 de la Constitución Política del Perú.

Antes de esta modificación, existía dentro del Parlamento la Comisión de Levantamiento de Inmunidad, encargada de evaluar las solicitudes de levantamiento de inmunidad realizadas por la Corte Suprema del Poder Judicial.

Esta situación generó un paradigma en el que la ciudadanía percibía la inmunidad parlamentaria como un mecanismo de protección para los legisladores frente a acciones legales. La eliminación de esta figura fue recibida con aprobación popular.

Sin embargo, ese ‘manto protector’ de los parlamentarios podría retornar gracias a un proyecto de ley (PL) presentado por el legislador de Acción Popular Wilson Soto Palacios, quien, a propósito, viene siendo sindicado de pertenecer a la organización criminal ‘Los Niños’. No solo el autor de esa iniciativa presenta investigaciones en su contra, sino casi una treintena de ‘padres de la Patria’ se encuentran con un pie fuera Parlamento debido a presuntos actos de corrupción, entre ellos los ‘mochasueldos’ o un ‘chapafirmas’, o cómo olvidar a un parlamentario que terminó siendo desaforado por supuestamente haber violado a una trabajadora de su despacho. Todos ellos estarían libres de polvo y paja si existiera aún la inmunidad parlamentaria.

En el PL presentado por el congresista Soto se indica que los legisladores “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso de la República o de la Comisión Permanente, durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las veinticuatro horas (…)”.

Soto Palacios presentó la propuesta ante la Comisión de Constitución y Reglamento para modificar la Constitución Política del Perú, específicamente el artículo 93, y así reintroducir este cambio para generar protección legal a los legisladores durante el ejercicio de su mandato.

Cabe mencionar que también se sumaron como coautores los congresistas José Arriola, Darwin Espinoza (investigado por presuntamente hacer mal uso de los recursos del Estado para la creación de su partido político), Carlos Alva, Jorge Flores Ancachi, Elvis Vergara y Luis Aragón, estos tres últimos investigados de pertenecer a ‘Los Niños’.

La propuesta también especifica que el Congreso será el responsable, de autorizar la “privación de la libertad y el enjuiciamiento, dentro del plazo improrrogable de 30 días calendario, caso contrario procede el silencio administrativo positivo” por los delitos flagrantes que cometan sus parlamentarios.

El congresista resaltó la vulnerabilidad de los legisladores a procesos legales que pueden debilitar su posición, sugiriendo que la restitución de la inmunidad parlamentaria serviría como un escudo contra intereses contrapuestos. Soto defiende la iniciativa como un medio para asegurar una representación legislativa efectiva, libre de la amenaza de acciones legales que podrían obstaculizar su labor de fiscalización, legislación y representación.

Todos los peruanos le pagamos a los congresistas, pero ni así les da la gana de asistir al Parlamento. La Comisión de Ética del Congreso de la República no pudo sesionar ayer por falta de quórum, ya que ocho de sus integrantes solicitaron licencia para el día en que iba a ser vista la denuncia contra el legislador Darwin Espinoza (Acción Popular), quien viene siendo acusado de utilizar los fondos públicos para fundar su propio partido.

Entre quienes pidieron permiso se encuentran tres congresistas de Fuerza Popular (FP), dos de Alianza para el Progreso (APP), un representante de Podemos, uno de Somos Perú y uno de Perú Libre.

Una de las que no acudió al grupo de trabajo fue la fujimorista Rosangella Barbarán. En su cuenta de Instagram difundió una historia donde informó que se encontraba sin señal “en medio de la selva” de Tambopata por una misión académica con la fundación alemana Konrad Adenauer “para abordar los principales problemas de Madre de Dios”.

El video —indicó— fue grabado a las 17:20 horas, mientras que en Lima el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán (Avanza País), lamentaba “que algunos miembros no asuman este asunto con la seriedad debida”.

“Nos reunimos una vez a la semana, durante tres o cuatro horas. Contábamos con asuntos de considerable complejidad […] Es necesario reconocer que somos la única comisión que realiza sesiones presenciales, una situación como esta no había ocurrido antes”, dijo antes de detallar que solo fueron aprobadas tres de las ocho licencias solicitadas.

Bazán también destacó que la mayoría de las inasistencias correspondieron a “todos” los congresistas de FP y APP. “Se requiere la presencia de la mayoría de los congresistas para tomar decisiones. Teniendo en cuenta que vamos a ver el tema del congresista Espinoza, vamos a realizar una sesión extraordinaria el jueves por la mañana, antes del Pleno, para que no haya excusas”, indicó.

Congresista Darwin Espinoza estaría usando recursos del Estado para crear su partido político

Según una denuncia de Punto Final, Espinoza emplea recursos del Estado con el objetivo de avanzar en la inscripción de su movimiento regional Adelante Áncash. El dominical reveló que, en enero pasado, el despacho del legislador realizó una solicitud de 10.000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Legislativo, material que fue destinado a la impresión de las fichas de afiliación a su agrupación.

Un grupo de extrabajadores contó que fueron comisionados para recoger las rúbricas a riesgo de perder sus empleos si se negaban. Según sus testimonios, debían viajar a diversas localidades de Áncash, costeando de su propio bolsillo tanto sus gastos personales como la compra de incentivos, como gaseosas, galletas y, más económicamente, pelotas para motivar a las personas a firmar.

Por este caso, Acción Popular evalúa expulsarlo y el secretario general delpartido, Juan Abad, invocó al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, solicitar la detención por riesgo de fuga.

Tras las revelaciones sobre cómo el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, utilizó los recursos públicos para inscribir a su partido: “Movimiento Regional Adelante Áncash”, el partido Acción Popular inició un «procedimiento sumarísimo de expulsión» contra el también denominado “Niño” por el ahora denominado Caso ‘Chapafirmas’.

El secretario general de Acción Popular, Juan José Abad Cabrera, anunció que el proceso contra Darwin Espinoza inició mucho antes, debido a que está investigado por el caso ‘Los Niños’, y también por apropiarse de un local exclusivo del partido de la lampa.

Según la denuncia periodística, el exvocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, solicitó en enero pasado 10.000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Poder Legislativo, con el propósito de imprimir fichas de afiliación y así inscribir su partido propio “Movimiento Regional Adelante Áncash”. Además, obligó a sus trabajadores a recolectar firmas e hizo uso indebido de su cuenta cedida por el Estado en Reniec para verificar datos de los firmantes.

«El proceso de expulsión ya fue iniciado por la Secretaría Nacional de Disciplina, la cual emite la denuncia ante la primera sala del Tribunal Nacional de Disciplina. Va a ser un proceso sumarísimo que va a durar tres días. Es decir, el proceso contra Darwin Espinoza ya había iniciado».

“La denuncia ha sido por el caso ‘Los Niños’, que data de hace mucho tiempo, y por no entregar las cuentas de los alquileres de un local que tenemos como Acción Popular en la plaza de armas de Chimbote. Se le ha requerido a este señor que nos entregue los locales y no lo ha hecho, es por eso que se inició el proceso. A esto se va a agregar la noticia que salió el día de ayer”, refirió Abad.

Juan Abad resaltó que el proceso para expulsar a Espinoza está en manos de Lizandro Salas Astorga, secretario general de Disciplina

«Hoy en la mañana he tomado conocimiento por información de él de que ya se inició el proceso de investigación y conforme establece la ley de organizaciones políticas y la normativa interna del partido, el día de mañana van a notificarlo de manera notarial. Luego de los tres días, inmediatamente se va a hacer la denuncia ante la Primera Sala del Tribunal de Disciplina para su expulsión».

“Tres días desde hoy para notificarlo y hacer el informe recomendando la expulsión del partido y la denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación, por el uso indebido de los recursos públicos”.

Darwin Espinoza ha traicionado al partido Acción Popular

El secretario general del partido de Acción Popular se mostró indignado ante el reciente destape que involucra al legislador Darwin Espinoza.

«Este señor hizo uso indebido de los fondos públicos para hacer un partido político distinto. Además, ha utilizado los fondos del Partido de Acción Popular para formar ese movimiento».

«Ha traicionado al partido y ha traicionado a todos los peruanos. La Fiscalía debe tomar una acción de inmediato, debe solicitar ante el juzgado la detención inmediata de ese señor con las evidencias de los medios de comunicación», refirió.

“Como secretario general del partido Acción Popular y que después de 8 años he sido reconocido por los dirigentes del partido, voy a comunicar al Congreso de inmediato y a todas las instituciones, incluidas la Fiscalía de la Nación, a que tomen las medidas correspondientes respecto a Espinoza. Especialmente al Congreso”, dijo Abad.

Secretaría Nacional de Disciplina confirma que en 3 días expulsarán a Darwin Espinoza

La Secretaría Nacional de Disciplina de Acción Popular a través de un comunicado anunció que ya se abrió un nuevo proceso de expulsión contra Darwin Espinoza «por traición» al partido Acción Popular.

«Asimismo, en el transcurso del día de HOY (lunes 15 de abril) se le está notificando vía notarial al citado congresista para que en el plazo de 3 días cumpla con formular sus descargos. Por lo que, antes de que culmine la presente semana, esta Secretaría de Disciplina, con los descargos o sin ellos, procederá a elevar el Dictamen final a la primera sala del Tribunal Nacional de Disciplina, la que deberá pronunciarse en el plazo de 3 días».

«Solicitaremos también al Tribunal Nacional de Disciplina, la suspensión del congresista Espinoza Vargas de sus funciones como dirigente que integra el Plenario Nacional y Congreso del partido, mientras se tenga un pronunciamiento final sobre su expulsión, que no debe exceder de 2 semanas», se concluye en el comunicado.

Este lunes 15 de abril el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Raúl Pérez Reyes, asistió a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y en declaraciones a la prensa, aseguró que el hermano de Dina Boluarte, Nicanor, “no tiene ninguna función en el gobierno y ninguna injerencia”.

Pérez Reyes, respondió sobre los cuatro audios que difundió el dominical Cuarto Poder, entre dirigentes del partido “Ciudadanos por el Perú” (CPP) y el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte Zegarra.  

Al respecto, recalcó que dichas conversaciones se tratan de una “acción personal” que corresponde a la vida privada del hermano de la mandataria, e insiste en que no existe injerencia de Nicanor Boluarte en el gobierno, a pesar de las alegaciones de asociaciones con personas influyentes.

Omiten funciones de ministros y fungen de abogados de Dina Boluarte

Cabe recordar que hace menos de un mes, la ministra de Vivienda, más conocida como la ministra de los banquetes y del Ensure, Hania Pérez de Cuellar, también se presentó en diversos medios para defender a la mandataria, en lugar de explicar y rendir cuentas sobre su ineficiente labor que ejerce en su portafolio. Ella omitía hablar de la próxima privatización de Sedapal y de las medidas para los damnificados del norte. Y en su lugar se convirtió en abogada defensora de Dina Boluarte Zegarra.

Lo mismo sucedió con la exministra de la Mujer, Nancy Tolentino, así como, la ‘blindada’ ministra de Cultura Leslie Urteaga y el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, que, en una rueda de prensa efectuada en el Aeropuerto Jorge Chávez, tuvo que “cubrir” a Dina Boluarte y responder en lugar de ella, ante el asedio de la prensa para poder dilucidar las denuncias en torno a los Rolex de la aun jefa de Gobierno.

Ellos distorsionan sus obligaciones y funciones para lo que fueron designados. Los ministros de Estado no son empleados de los presidentes de turno y mucho menos sus voceros o abogados defensores, que para eso no fueron nombrados. Ellos fueron designados para emprender planeamientos, gestiones y tramitar los presupuestos de sus sectores para lograr los objetivos trazados, concernientes a la naturaleza de sus portafolios.

Ministra de Vivienda también se convirtió en abogada de la mandataria.

También opinó sobre el Secreto bancario de Dina Boluarte

Al respecto, Raúl Pérez Reyes refirió que el pedido de levantamiento del secreto bancario de la mandataria debe seguir los canales judiciales regulares, como cualquier otro ciudadano lo enfrentaría. Dicha opinión, es en referencia, a que la presidenta se negó ante la Fiscalía de la Nación a levantar voluntariamente su secreto bancario, por la investigación en su contra por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.

La Fiscalía de la Nación y la Diviac realizan el allanamiento de las oficinas del congresista de Ica, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, en el marco de la investigación en su contra por el caso ‘Robasueldos’.

El allanamiento se suma a otros realizados anteriormente, que incluyen a los llamados ‘Niños’, un grupo de congresistas de ‘Acción Popular’ sindicados de direccionar licitaciones en el Ministerio de Transportes (MTC), desde el gobierno de Pedro Castillo. 

El juez supremo Juan Carlos Checkley Soria, emitió la orden e incluyó realizar registros a cuatro inmuebles del congresista de Ica, ubicados en la avenida El Cortijo en Surco, un asentamiento en Paracas, Pisco, Ica, y dos oficinas congresales en Lima. Además, se reporta un allanamiento simultáneo en la oficina de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias Covid-19, y cuyo presidente es Doroteo Carbajo.

Comisión de Ética evaluará denuncias contra Doroteo Carbajo

La Comisión de Ética del Congreso presidida por Diego Bazán de Avanza País, evaluará las denuncias contra el congresista de Acción Popular y sus colegas Katy Ugarte (independiente) y Edgar Tello (Bloque Magisterial), acusados de mochar el sueldo de sus trabajadores.

Según la denuncia, Doroteo habría exigido a sus colaboradores que depositaran la mitad de su sueldo en una cuenta bancaria a nombre de una persona de confianza. De ratificarse la acusación, el denominado ‘Niño’ sería sancionado con suspensión, censura o inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La diligencia también incluyó el allanamiento de vehículos y se espera el levantamiento del secreto de comunicaciones.

Exasesora de Raúl Doroteo, tras denunciarlo por mochar su sueldo sufrió despido arbitrario

María Morales Gutiérrez, exasesora del congresista por Ica, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, ha denunciado un despido arbitrario, tras haber acusado al parlamentario de recortarle su salario a la mitad. Según Morales, quien dio a luz hace menos de un mes, su despido se notificó a través de una carta notarial que ignoró su período de descanso médico vigente.

Morales tenía licencia por embarazo del 5 al 10 de abril.

Asesora congresal María Morales Gutiérrez, despedida por Raúl Doroteo.

La afectada había informado a un medio de comunicación que desde el día 5 de abril se encontraba de baja médica, pero recibió una carta indicando su cese por inasistencias los días 4, 5, 8 y 9 de abril.

María Morales afirmó que tras acusar a Doroteo Carbajo de la práctica conocida como “mochasueldo”, cortó toda comunicación con ella, complicando sus solicitudes laborales y personales.

El congresista de Alianza para el Progreso (APP), Roberto Chiabra León, anunció su candidatura a la presidencia de la República en las elecciones generales del año 2026. cabe recordar que solo hace unos días, el 4 de abril, Chiabra León, se abstuvo de votar dos veces, tanto en la primera y segunda moción de admisión de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Es decir, el Congreso blindó a la mandataria.

El general del Ejército en retiro confirmó su decisión de postulación y la compartió en redes sociales.

“Seré candidato presidencial en 2026 y no los defraudaré. Es momento que en Perú tomemos las cosas en serio y pasemos del azar y la buena suerte al planeamiento, objetivos y plazos”, refirió Chiabra.

El general (r) y congresista es fundador del partido político ‘Unidad y Paz’, el cual se encuentra en proceso de inscripción, de acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya que actualmente, 26 agrupaciones cuentan con inscripción vigente en el ROP, por lo que están habilitados para participar en los próximos comicios.

Línea política de Paz y Unidad

El partido Paz y Unidad no se define ni en la izquierda ni en la derecha, por lo que, sería considerado en el centro.

Conoce al Gral. EP Roberto Chiabra León

Según la información vigente en el portal oficial del partido ‘Paz y Unidad’, Roberto Enrique Chiabra León (Callao, 15 de julio de 1949) ingresó a la Escuela Militar de Chorrillos el 1 de marzo de 1966.

Siguió los cursos de Estado Mayor y de Comando y Administración en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, de Estado Mayor Conjunto en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM).

Cursó el Taller de Expertos sobre Fuerzas Militares y Policía en el Instituto Internacional de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y el Programa de Alta Dirección y Gerencia en la Universidad de Piura, entre otros estudios.

Destacó como jefe del comando de operaciones del Cenepa en 1995, cuando ostentaba el grado de coronel, luego ascendió a general de brigada el 1 de enero de 1996, pero a finales de 1998 fue pasado al retiro. Durante el gobierno del presidente Valentín Paniagua y siendo ministro de Defensa Walter Ledesma, fue publicada una resolución que de forma reivindicatoria lo reincorporó al Ejército. Fue ascendido a divisionario el 1 de enero de 2001.

El 28 de noviembre de 2002 fue nombrado Comandante General del Ejército del Perú.

El 15 de diciembre de 2003 fue nombrado Ministro de Defensa del Perú.

En las elecciones generales del 2021 fue elegido Congresista de la República para el periodo parlamentario 2021-2026.

A Dina Boluarte no le gustó que le tumbaran su puerta. El coronel Harvey Colchado fue separado temporalmente de la jefatura de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional.

A Colchado se le inició un procedimiento administrativo disciplinario por una infracción “grave” y otra “muy grave”, por lo que se le separó temporalmente del cargo como medida preventiva. Como se recuerda, el suspendido jefe de la Diviac lideró el allanamiento a la casa de Dina Boluarte. Este procedimiento se habría realizado sin tener un plan de operaciones, por lo que forma parte de las investigaciones de Inspectoría. La otra trata de su supuesta mofa del allanamiento en una torta de cumpleaños.

Según la resolución de la Inspectoría General de la Policía Nacional, a Harvey Colchado se le atribuye “haber contravenido el régimen disciplinario de la PNP”. Esto a raíz de un reportaje emitido el 11 de abril en el programa ‘Milagros Leiva Entrevista’.

En el informe periodístico se detalla que, en ocasión a los 50 años del alto mando policial, se llevó a cabo una reunión de camaradería en la sede de la Diviac y la torta de cumpleaños era una representación del allanamiento al domicilio de la presidenta, Dina Boluarte, por el caso Rolex.

“Este pastel mostraba un muñeco de cerámica que simbolizaba a un agente policial sosteniendo una comba, utilizada durante el allanamiento y una puerta de color marrón, haciendo referencia al color de la puerta allanada”, señala el documento.

A ello, añade que este tipo de celebración y la elección del diseño de la torta “podrían ser considerados inapropiados y contrarios a los principios de conducta profesional esperados de un alto oficial del PNP”; además de interpretarse como “una falta de respeto a la investidura presidencial y a las instituciones del Estado”.

Asimismo, indicó que Colchado compartió en sus estados de WhatsApp la imagen de la torta y que, si bien fue eliminada posteriormente, la “captura de pantalla de la misma se difundió ampliamente en diversos medios de comunicación”.

“Esto generó una ola de comentarios y críticas hacia el investigado, lo que provocó un daño significativo a la imagen de la institución”, sobre todo porque “el investigado ostenta el cargo de jefe de la Diviac”.

Por último, la Inspectoría General de la Policía Nacional afirmó que la “conducta funcional indebida” del coronel PNP, Harvey Colchado, habría vulnerado “el bien jurídico protegido, que es la imagen institucional”.

“Esto se debió a la difusión en el ámbito público de imágenes con contenido ofensivo hacia la investidura presidencial”, finalizó.

La resolución fue firmada por el coronel PNPGiovanni Osorio Elguera, jefe de la oficina descentralizada 17 de la Inspectoría General de la Policía. 

Explicaciones absurdas que solamente un niño de pecho podría creer. Desde que se reveló el escándalo de denominado caso Rolex que involucra a la presidenta de la República Dina Boluarte y al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, donde se estaría evidenciando un presunto enriquecimiento ilícito por parte de la mandataria, esta última ha preferido optar por el silencio y explicaciones que solamente enturbian más la versión original. Tras salir de su última visita a la Fiscalía, la dignataria, a través de una breve conferencia de prensa, afirmó que todas esas joyas que orgullosamente exhibía en eventos oficiales se trataban solamente de un “préstamo” de su “wayki” Oscorima. Evidentemente, la población no le creyó ni una sola palabra.

Según lo detallado por la última encuesta de Datum, publicada este domingo 14 abril, las explicaciones brindadas por Boluarte Zegarra en un intento de aclarar su ya complicada situación, no son del todo creíbles. Apenas un 4% de peruanos ha afirmado creer la historia que la mandataria brindó en un Mensaje a la Nación tras haber declarado ante la Fiscalía de la Nación el pasado 5 a de abril.

Frente a esta mínima cifra de credibilidad, que incluso raya en el margen de error, el porcentaje de personas que no le creen a la mandataria es aplastante. Con un 92% del total de peruanos encuestados, Datumdetalla que la presidenta ya no cuenta con la capacidad de hacer que la ciudadanía le otorgue algo de confianza en cuanto a explicaciones del caso Rolex se trate.

Mandataria ha perdido la confianza de la ciudadanía

En el desglose de estos resultados otorgados, se puede visualizar que, la ciudadanía en todo nivel, tanto jóvenes como adultos y ancianos, no creen dicha excusa respecto a los Rolex. Siendo el volumen de 18 a 24 años y de 45 a 54 años los que más desconfían de la explicación otorgada por la mandataria, con un 95% de rechazo las aclaraciones de Boluarte.

Por otro lado, un detalle que la mandataria tendría que aclarar a pedido de la mayoría de peruanos es la procedencia del dinero depositado a sus cuentas que fueron alertados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que advirtieron más de S/1.1 millones de soles provenientes de ingresos irregulares en sus cuentas; además de la adquisición de una camioneta completamente en efectivo.

Respecto a este hecho, se consultó a los 1209 encuestados que formaron parte de este sondeo respecto a si consideraban que la presidenta Dina Boluarte debería o no aclarar y sustentar públicamente el origen del dinero que depositaron a sus cuentas entre los años 2016 y 2020. Ante este cuestionamiento, un 93% de personas consideraron que la mandataria debería aclarar estos aportes que se llevaron a cabo durante la gestión de Boluarte Zegarra como presidenta del Club Apurímac.