Que se desaparezca un perrito tal vez asustado por las bombardas o los disparos se puede entender, pero que no se encuentren 17 caballos eso ya deja mucho que pensar. Una auditoría realizada por la Contraloría General de la República indicó que, dentro de la Unidad Histórica de Policía Montada, ubicada en el Cuartel El Potao, no dan explicaciones sobre el paradero de 17 caballos y 28 perros.

El informe de control, correspondiente al mes pasado, ha puesto en evidencia una serie de anomalías en la gestión de los animales.

Realizada la revisión, la Contraloría exigió explicaciones al comandante general de la Policía, Víctor Zanabria sobre estos irregulares hechos dentro de la reconocida instalación de equitación.

Según los resultados, se encontró una discrepancia considerable entre los caballos registrados en el inventario y los realmente presentes en las instalaciones. En el reporte anterior, realizado a finales de octubre, se contabilizaban 122 caballos en esta dependencia policial. Sin embargo, tras la última inspección de la Contraloría, solo se encontraron 105 caballos, lo que significa una ‘ausencia’ de 17 animales no registradas.

El valor de los caballos que desaparecieron se estima entre 7.000 y 10.000 soles cada uno, lo que convierte la desaparición de estos animales en una pérdida considerable de recursos.

El hallazgo más sorprendente fue que, además de los caballos faltantes, se encontraron seis caballos y un poni que no pertenecían a la Policía Nacional. Estos animales, según la auditoría, eran alimentados y cuidados con recursos públicos.

La presencia de animales ajenos a la institución en las instalaciones de la Policía Montada ha puesto también en evidencia posibles irregularidades en el manejo y control de los bienes de la PNP, lo que podría involucrar un uso indebido de fondos públicos.

Por su parte, de acuerdo con el Departamento de Servicios Veterinarios de la PNP, la unidad tenía bajo su custodia 63 perros a finales de octubre. Sin embargo, el inventario realizado por la Contraloría reveló que solo había 35 perros en las instalaciones de la Policía Canina, lo que implica una desaparición de 28 animales.

Además de los perros desaparecidos, la auditoría encontró 15 canes que no pertenecían a la unidad. La presencia de estos animales ajenos a la institución ha generado aún más interrogantes sobre el manejo de la Policía Nacional de los recursos destinados a la Unidad Canina.

En el oficio emitido por la Contraloría, se solicitó que la PNP proporcionara una respuesta en un plazo de cinco días. Sin embargo, hasta el momento, no se ha obtenido información sobre si la solicitud ha sido atendida o si se han tomado medidas al respecto.

Una prisión supuestamente de máxima seguridad se encuentra en estos momentos en el ojo de la tormenta luego que se difundiera un reportaje del programa dominical Cuarto Poder, que en ese centro penitenciario se estaría dejando ingresar ladrillos de cocaína bajo la venia, presuntamente, del director Carlos Franco Medina, en complicidad de otros funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE).

El ilícito material lleva los sellos de dos cárteles de la droga, lo que agravaría aún más la situación del administrador y todos aquellos que estén implicados.

La pesquisa reveló que, en contra de todos los protocolos de seguridad, un sujeto identificado como Franco Polo Huacachi Rivera logró ingresar al penal con la droga. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que se burlaron los controles, sin que se detectara el uso de una falsa identidad en el sistema de control biométrico, según imágenes difundidas por el citado programa periodístico.

Huacachi Rivera, encargado de coordinar el ingreso del vehículo, utilizó un Documento Nacional de Identidad (DNI) falso. De acuerdo con el reportaje, el día de los hechos, contrató a un chofer al que, durante unos 25 minutos, obligó a descender de la furgoneta mientras eventualmente se escondía la droga en los asientos. Al esperar el permiso de los agentes del INPE para continuar, conversaba con los policías cercanos, sin levantar sospechas.

Las imágenes también revelan que el director del establecimiento fue quien ordenó personalmente que el vehículo pasara los controles sin problemas. “Con la mano, ordena que pase”, se detalló en el informe.

El vehículo, que supuestamente transportaba chatarra, pasó por tres inspecciones antes de estar a punto de descargar la carga. En la última revisión, Huacachi Rivera comenzó a ponerse nervioso, lo que alertó al agente penitenciario. Una cámara captó el momento en que le hizo un gesto al chofer para que guardara silencio. El agente, al inspeccionar el vehículo, descubrió cuatro ladrillos de cocaína en el respaldo del asiento del conductor. Más droga fue hallada en la cabina.

La Fiscalía Antidrogas, junto con agentes policiales, llegó al lugar de inmediato. Al ser consultado al respecto, el jefe del INPE, Javier Llaque, reconoció en el dominical que, “lamentablemente”, algunos servidores se prestan para actos ilícitos.

Director y administrador del Penal Ancón I dejaron ingresar vehículo con droga al penal de máxima seguridad. Así se trabaja en las cárceles dirigidas por corruptos amantes del dinero. ¡Indignante! #CuartoPoder pic.twitter.com/Mpc5BGSd22

— Poco Serio (@pocoserio_pe) December 16, 2024

El Ministerio Público ha abierto una investigación formal sobre la participación de los funcionarios penitenciarios, ya que, según el reportaje, minutos antes del hallazgo, ellos se encontraban en un campo de chatarra. Para Huacachi Rivera, se solicitó una condena de 17 años de prisión, mientras que para el chofer del vehículo se pidieron 10 años. El juzgado aceptó la solicitud de este último, pero determinó que la prisión fuera suspendida.

Una mente siniestra dentro de una institución educativa. El terror de todo padre de familia es que un sujeto depravado se encuentre disfrazado de profesor y que esté enseñando en la misma aula donde se encuentran nuestros menores hijos. El caso de un profesor del colegio Ciro Alegría del distrito de Carabayllo vuelve a preguntarnos sobre la idoneidad de los docentes, sobre todo en las primeras etapas formativas de los niños.

Jonathan Víctor Ahumada viene siendo denunciado por sus propios alumnos de sexto de primaria de instigarlos a consumir bebidas alcohólicas fuera de su horario de clases y para ello habría enviado un audio invitando a todo su salón a su domicilio para concretar la fiesta clandestina.

Cabe recalcar que los menores rondan los 12 y 13 años de edad, y que la propuesta habría sido realizada por el sujeto mencionado quien les pedía que no se lo cuenten a sus padres. Dicho evento no se concretó debido a que uno de los estudiantes informó a sus padres, lo que permitió revelar la situación y tomar medidas al respecto.

“Queden un día de esta semana, si es posible, para que todos, en vez de ir al colegio, se vengan para acá. Eso sí, me avisan un día antes para que yo pueda comprar golosinas y cosas por el estilo. Como sé que están ahí tomando estupideces, yo les voy a preparar cosas ricas”, se escucha en la grabación que correspondería a Ahumada.

También acosaba a sus ex alumnas para que sean sus enamoradas y así aprobarlas

Pero eso no es todo, a Ahumada Rodríguez también se le acusa de contactarse con sus ex alumnas de otro colegio, vía WhatsApp, para proponerles que sean sus enamoradas a cambio de ayudarlas en sus cursos o favorecerlas económicamente.

En los chats difundidos por el noticiero ATV, se puede leer lo siguiente: “Le dices que quiero invitarla a salir, no me importa si no va al cole”; y en otro fragmento: “Tendrías que ser mi enamorada, esa es la condición, y claro, el no enamorarse de mí, son las dos únicas condiciones que pongo”.

Jonathan Víctor Ahumada Rodríguez fue detenido por la Policía Nacional del Perú y trasladado a la comisaría de El Progreso, en Carabayllo, donde permanece bajo custodia por el presunto delito de acoso a menores de edad.

Si usted se pregunta dónde está un policía en el momento que es asaltado o extorsionado, pues déjeme decirle que probablemente se encuentren en sus comisarías, patrullando en una calle vacía, o fungiendo de chambelanes. Sí, ¡de chambelanes!, algo que no les corresponde bajo ningún criterio, sobre todo si varias ciudades del país se encuentran en estado de emergencia.

Cerca de 20 suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) habrían sido utilizados de manera indebida como chambelanes en el quinceañero de la ahijada del coronel PNP Juan Chia Arias.

Esa reunión social se realizó el lunes 9 de diciembre en el distrito de Kimbiri, en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Fue una valiente esposa de uno de los suboficiales que participó en la fiesta de la quinceañera quien denuncio ese hecho que mancilla aún más la imagen institucional de la Policía.

La mujer en conversación con el programa de noticias ‘Ocurre Ahora’ de ATV, denunció que 20 de los 40 policías que conforman dicha unidad fueron amenazados por su oficial superior para que asistan como ‘chambelanes’ y acompañen a las señoritas en la fiesta.

De acuerdo con la esposa, el Coronel Chia Arias es el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la zona y jefe de Inspectoría. “El coacciona a todo el personal de la Dirincri. Mi esposo fue cambiado por esos hechos porque él no ha estado de acuerdo, nos han amenazado”, expresó para el citado medio.

Coronel les habría exigido 50 soles a cada uno para sus implementos en el quinceañero

Pero no solo habrían sido amenazados para acudir como chambelanes al quinceañero de la querida ahijada del coronel Chia Arias, sino que tenían que sacar dinero de sus bolsillos para cubrir los gastos de la indumentaria.

“Les han pedido S/50 a cada efectivo, ¿Para qué? Para que hagan compra de sus cintos, de los cordones que han utilizado. ¡Que gaste su plata y alquile personas que puedan vestirse de chambelanes! ¿Por qué utiliza al personal policial?”, contó.

Los ciudadanos tienen que hacer sus propias investigaciones, colocar rejas, cámaras de vigilancia, realizar rondas urbanas, contratar efectivos de seguridad y demás medidas que los protejan de la delincuencia, pues no encuentran una respuesta inmediata por parte de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Ante la tardía reacción de los agentes del orden más vidas se seguirán perdiendo, tal como sucedió con el caso de Sheyla Cóndor. Esta vez le tocó el turno a una niña de tan solo 12 años que fue violentada y presuntamente ultrajada dentro de una casucha instalada en un terreno abandonado en Los Lúcumos de Pachacamac, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT). El asesino confeso responde al nombre de Yerson Alexander Juárez, quien en un primer momento intentó evadir a las autoridades.

Investigaciones de la Policía se mueven a ‘paso de tortuga’

La víctima escapó la noche del sábado de su casa, luego de discutir con su madre cuando esta le exigió que le diga con quién conversaba por Whatsapp.

Los preocupados padres, luego, acudieron a la Comisaría de José Gálvez para asentar la denuncia por desaparición, pero no hubo ninguna reacción por parte de la PNP.

Estos agregaron que la madrugada del domingo la abuela de la niña -quien no sabía de la ausencia- recibió varias llamadas de un teléfono desconocido, pero no atendió ninguna de ellas.

En la mañana del domingo informó de las llamadas a Enrique Huamán, padre de la víctima, quien desde el celular de la abuela marcó el número desconocido, que sonaba apagado.

Huamán intentó una nueva llamada, esta vez de un número distinto. Una persona le contestó en la otra línea.

“Él dijo que la niña estaba llorando. Cuando lo llamé otra vez, dijo que la niña se iba corriendo, que por eso no podía llevarla a la comisaría, además, porque estaba operado”, relató el padre en comunicación con RPP.

Luego, el desconocido entró en contradicción y pidió al padre de la víctima a que deje de llamarlo porque estaba trabajando.

“Era esquivo. Y ahí es cuando comienzo a sospechar”, refirió Huamán.

Cerca del mediodía del domingo, Huamán acudió de nuevo a la Comisaría de José Gálvez para entregar el número de dicho desconocido, pero no hubo respuesta rápida de la PNP.

Según los familiares, fueron ellos mismos quienes, con ayuda de un amigo, geolocalizaron al sujeto.

Los padres también entregaron esta información a la Policía, que solamente entonces comenzó a actuar.

“Para mí fue demasiado tarde la reacción, porque tuvieron el número desde el mediodía y esto pudo evitarse”, cuestionó Huamán.

“Cuando llegó mi señora al lugar, el sujeto empezó a defecar (por el abdomen) delante de ella para que le diera asco. Estaba operado (con una colostomía). Pero igual ella entró”, dijo.

Ya en el cuarto de Juárez Tapia, la madre de la menor no encontró nada al principio. Pero tras rebuscar entre las cosas vio un bulto debajo de la cama, envuelto con frazadas y alfombras.

Cuando el sospechoso se da cuenta de que hallaron a su víctima, confiesa su crimen a la Policía y a la madre: “Sí pues jefe, ya la maté”, afirmó.

Luego intentó escapar, pero los familiares y vecinos del lugar lo detuvieron.

El padre de la víctima resaltó que la acción policial fue demasiado lenta.

Aún quedan muchos cabos sueltos en la muerte de Sheyla Cóndor. Esta mañana la Fiscalía de la Nación, a través de una rueda de prensa, brindó más detalles sobre la macabra muerte de Sheyla Cóndor, la joven de 26 años que fue encontrada sin vida dentro del dormitorio del suboficial PNP Darwin Condori, aclarando que se llegaron a encontrar todos los órganos de la occisa.

«De acuerdo al documento revisado de medicina legal, se advierte del íntegro de los órganos de la víctima, de la señorita Sheyla -para tranquilidad de su familia- están completos todos los órganos de la cavidad torácica», expresó uno de los representantes del Ministerio Público. 

En otro momento de la rueda de prensa, la Fiscalía dispuso la incorporación de la Policía Nacional del Perú (PNP) como tercero civil responsable en el caso Sheyla Cóndor. Así lo informó el estudio Arbizu & Gamarra, quienes llevan la defensa legal de la joven cruelmente asesinada.

Según se detalla en el documento de la Quinta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo Familiar, se ha decidido incluir a la PNP en la investigación se sigue contra: 

1. “Los que resulten responsables, por la presunta comisión del delito contra la vida en la modalidad de feminicidio (…) en agravio de Sheyla Mayumi Cóndor Torres (26)”.
2. Álvaro Emanuel Paredes Gutiérrez (22), Lleyton Alexander Mora Barrantes (21), Elvin Orlando Montalvo Estela (20), David Anthony Herrera Alejos (19), Abel Ray Manzana Calisaya (23), Alicia Mirella Alccacontor Gutiérrez (19), por la presunta comisión del delito contra la vida en la modalidad de encubrimiento personal, (…), en agravio de la Procuraduría Pública del Ministerio Público y la occisa Sheyla Mayumi Cóndor Torres. 

 Asimismo, los representantes de la Fiscalía no pudieron resolver la duda sobre la causal de muerte de Sheyla Cóndor, manifestando que su cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

El mundo al revés, en vez de capturar a delincuentes se captura a policías. Tres efectivos del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) fueron capturados por sus propios colegas durante un operativo realizado por el Ministerio Público (MP), en conjunto con la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) y la Dirección General de Inteligencia (Digimin).

En horas de la mañana de este viernes 6 de diciembre, las autoridades intervinieron de forma simultánea dependencias en los distritos de Barranca, Patibilca, Paramonga, Pativilca, Supe y Supe Puerto, además de centros penitenciarios.

De acuerdo a la Fiscalía contra el crimen organizado de Barranca, los policías fueron detenidos de forma preliminar por mandato judicial cuando se encontraban en las instalaciones de la División Policial de la provincia. Los miembros de la PNP integrarían la organización criminal ‘Las Hienas del Norte Chico’, la cual venía operando desde hace al menos dos años.

Su función dentro de la red delincuencial habría sido cobrar a los extorsionadores a cambio de no vincularlos a las investigaciones para que puedan seguir delinquiendo.

De determinarse la responsabilidad penal de esos tres policías, se puede deslizar la hipótesis de que más efectivos policiales estén inmersos en más ilícitos, estando de la mano increíblemente con los extorsionadores que vienen tomando las ciudades.

Como se recuerda, Flor Isabel Sandoval Villaverde, regidora de Paramonga, fue vilmente asesinada el año pasado por sicarios dentro de su vivienda. Ella venía recibiendo amenazas telefónicas desde que asumió el cargo el 1 de enero del 2023.

El ataque ocurrió cuando dos sujetos, que llegaron en una moto lineal, se hicieron pasar por clientes para ingresar a la bodega que Sandoval tenía en su casa, donde vivía con sus dos hijas. A pesar de ser trasladada al centro de salud 7 de Junio, llegó sin signos vitales y su muerte fue confirmada en el área de trauma shock.

El Poder Judicial, a través del 32° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó este miércoles 4 de diciembre, 18 meses de prisión preventiva contra los delincuentes venezolanos Yefferson Luquez Toledo y Junior Romero Quero, ambos participantes en el robo a una cambista y por intento de homicidio el pasado 27 de noviembre en el distrito de San Borja. Los dos criminales son acusados de balear al suboficial Pablo Baltazar Sánchez, a quien dejaron gravemente herido tras disparar contra su rostro y serán procesados por los delitos de robo agravado y homicidio calificado, en grado de tentativa contra el efectivo policial.

La Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), en una sesión virtual, impuso la medida provisional contra los criminales venezolanos, que permanecerán detenidos durante las pesquisas.

«La Corte Superior de Justicia de Lima dictó 18 meses de prisión preventiva contra Yefferson Luquez Toledo y Junior Romero Quero, investigados por el robo a un cambista e intento de homicidio al suboficial PNP Pablo Baltazar Sánchez, ocurrido en San Borja el pasado 27 de noviembre», indicó la entidad del Poder Judicial.

Hace una semana le dispararon al rostro a policía en San Borja

Como se recuerda, el pasado 27 de noviembre, cerca del centro comercial La Rambla, tres delincuentes, dos de nacionalidad venezolana y un peruano, robaron a una cambista de dólares. Seguidamente, el suboficial de tercera, Pablo Baltazar Sánchez, se enfrentó a los hampones, pero lamentablemente, uno de ellos le disparó en el rostro, dejándolo gravemente herido. Inmediatamente, el efectivo PNP fue evacuado a la Clínica Vesalio y fue atendido por emergencia por la grave herida de bala que presentaba en su rostro.