Tras el escándalo del oscuro viaje de la alcaldesa Jessica Vargas a Punta Cana, conversamos con la regidora Fiorella Muñoz, quien viene realizado una rigurosa fiscalización a la actual gestión de municipal de Barranco.

En las últimas semanas la regidora detectó graves irregularidades que envuelven a la alcaldesa Jessica Vargas en un viaje realizado en marzo de 2024 a Punta Cana en República Dominicana. Para sorpresa de la propia regidora, mediante un documento oficial, la propia organización del evento confirmó que la alcaldesa de Barranco jamás fue invitado a Punta Cana, lugar donde se realizó el «Curso de Capacitación» y la «Reunión Anual de Gobernantes» del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo sorprendente es que por realizar su trabajo de fiscalización, la propia alcaldesa y los regidores oficialistas han intentado vacarla en tres oportunidades a la regidora Fiorella Muñoz.

Finalmente, la regidora señaló: «Lo que sigue es la denuncia en Fiscalía de Corrupción de Funcionarios que estoy preparando».

Aquí la entrevista completa

¡Cierren las fronteras! Antes de que Dina Boluarte lo ‘premie’ con unas vacaciones al Vaticano, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado el impedimento de salida del país contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini, investigado por una aparente red de corrupción en el extinto programa Qaliwarma.

La audiencia para evaluar el requerimiento, presentado el último viernes ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, se llevará a cabo el próximo 4 de marzo, y de ser aceptado, el extitular del portafolio no podrá salir del país durante nueve meses.

Demartini se encuentra incurso en una pesquisa fiscal por omisión de funciones, al no haber supervisado adecuadamente las adquisiciones de Qali Warma, lo que resultó en el suministro de carne de caballo en lugar de carne de res, así como conservas de pollo con hongos y en mal estado, según una serie de reportajes.

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Fiscal de la Nación solicita el impedimento de salida del país en contra del exministro Julio Demartini

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— Canal N (@canalN_) February 25, 2025

A propósito de su posible nombramiento en el Vaticano, el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga lo comparó con una “hostia envenenada” y afirmó que, debido a las acusaciones de corrupción, no debía representar al país en Roma. “Eso es una barbaridad. Siendo el Vaticano tan sensible y existiendo acusaciones de corrupción, no puedes enviarle esa hostia envenenada a la Iglesia”, declaró.

Asimismo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, solicitó a la fiscal de la Nación garantizar que la investigación continúe sin interferencias y expresó su preocupación de que la posible designación como embajador sea una “maniobra política” para evadir las investigaciones, ya que la inmunidad diplomática dificultaría la recopilación de pruebas y el avance del proceso.

Por lo visto, la mandataria Dina Boluarte o pretende ganar tiempo o ha decidido burlar a la justicia, como es el caso de no declarar ante el titular de la carga de la prueba, el Ministerio Público.

Luego de presentarse este lunes 24 de febrero ante la Fiscalía por el caso ‘Qali Warma’, en el que respondió por varias horas más de 40 preguntas, la presidenta de la República, de acuerdo a la citación, tenía que volver a la sede del Ministerio Público este martes 25, para afrontar un nuevo interrogatorio, por el ‘caso Cofre’.

Sin embargo, a través de su abogado defensor Juan Carlos Portugal, informó que no acudirá hoy al Ministerio Público, argumentando, que tras presentar un recurso de apelación sobre el ‘control de plazo’ de la investigación en su contra, el cual fue concedido el 18 de febrero; aún no ha sido resuelto por la instancia correspondiente. Asimismo, anunció que la decisión ya fue comunicada al Ministerio Público.

Dina Boluarte evadió interrogatorio

El cuestionado ‘caso Cofre’ involucra a la jefa de Estado, Dina Boluarte como presunta autora del delito de encubrimiento, por presuntamente haber utilizado el vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón, dueño del partido Perú Libre, que la llevó al poder. Esto, tras la difusión de un audio atribuido al actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

El audio de Santiváñez y el ‘caso Cofre’

En el audio, se escucha una presunta conversación entre el ministro y quien fuera su amigo, el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como «Culebra». La grabación se difundió en diversos programas dominicales y expone a un supuesto Santiváñez afirmando: «Él (Cerrón) se estaba movilizando en el cofre para que la Policía no lo pare (…) Ella fue», detalla.

Ante esta grave revelación, la jefa de Estado emitió en un comunicado no haber interferido en la búsqueda, ubicación y captura del exgobernador regional de Junín. «El Poder Ejecutivo reitera su respeto a la independencia de poderes, al Estado de derecho y al cumplimiento de los mandatos judiciales», sostuvo.

¡Ampay! Un informe bien detallado del diario Perú21 ha revelado que la notaría de Alfredo Zambrano, esposo de la conocida conductora de televisión Magaly Medina, habría servido de escenario de una presunta organización criminal que se encargaba de clonar placas vehiculares con el desconocimiento de sus verdaderos titulares. Todas esas placas llevaban el sello y la firma de Alfredo Zambrano Rodríguez.

De acuerdo con Álvaro Reyes Quinteros, estos hechos fueron puestos al descubierto cuando Soledad Barazorda Gutiérrez se presentó en una ventanilla de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), con el objetivo de tramitar el duplicado de ocho placas de rodaje, lo que llamó mucho la atención a la asociación.

Luego de dar anuncio a la División de Robos de la PNP, detuvieron a Barazoda y su chofer Marco Antonio Napan Gómez, encontrando en su poder varios documentos, entre ellos cartas de poder, de los cuales 18 de ellos fueron avaladas por Zambrano.

Napan Gómez dio su testimonio y relató cómo se involucró en este negocio, en el que finalmente terminó acudiendo a la Notaría Zambrano, de propiedad del esposo de Magaly Medina.

El 26 de agosto del 2021, Napan declaró a la Policía Nacional que era contactado por Facebook por personas que no identificaba, y que estas eran quienes le pasaban las fotos de las placas de rodaje por duplicar y copias de los DNI de los dueños.

“Me decían que por falta de tiempo no podían tramitar las placas. Yo no sabía si ellos eran los propietarios, solo hacía lo que me pedían, y por ello recibía la suma de S/200 soles por placa de rodaje”, indicó.

De acuerdo con su versión, el primer paso era presentar una denuncia policial por robo o pérdida de la matrícula. Luego, señaló que iba a la Comisaría de Santa Anita y presentaba las denuncias a la suboficial Olimpia Arenas García. “Por este trámite no pagaba nada; ella me hacía un favor”, refirió.

Luego de generar el expediente, Napan Gómez expresó que pagaba 30 soles a un sujeto que conocía como “Viejo” para que realizara las legalizaciones de las cartas poder. Posteriormente, él se encargó de esa tarea.

“Primero me lo hacía un señor conocido como ‘Viejo’, llegándole a pagar 30 soles por documento legalizado, pero como quería saber dónde lo realizaba, un día lo seguí y llegué hasta la Notaría Zambrano, que está ubicada en el óvalo Santa Anita, luego yo averigüé cómo se realizaba ese trámite”, expresó.

“Yo llevaba los documentos a la notaría, que consistía en una carta poder y una copia de DNI. Se los entregaba a cualquiera de las señoritas, Giuliana Andrea Navarro Molina y Joansy Milagros Olivares López, los dejaba y regresaba después de quince minutos, y me entregaban los documentos ya legalizados, y a cambio yo les entregaba un sobre manila cerrado con el dinero, la suma de 15 soles por documento legalizado”, agregó.

Respecto a los hechos, según el citado medio, Alfredo Zambrano afirmó que los propios cabecillas de la organización aseguraron no conocerlo.

“Los cabecillas de la banda han dicho ante el fiscal que no me conocen”, respondió por WhatsApp a dicho medio.

Por mano larga. El ex parlamentario de Fuerza Popular, Juan José Díaz Dios fue llevado a la comisaría luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) recibiera una llamada telefónica por parte de una mujer quien acusaba de estar siendo agredida física y verbalmente por su pareja.

El acta de intervención policial firmada por el agente Carlomagno Atoche Ordoñez indica que la denunciante solicitó auxilio luego de indicar que se “habrían suscitado hechos de violencia familiar”. Las autoridades llegaron a la urbanización Miraflores ubicada en el distrito de Castilla en Piura, el dueño del domicilio desde donde se hizo la denuncia se negó a identificarse, pero facilitó el ingreso a la vivienda.

La mujer de iniciales C.A.A. “se encontraba en estado de shock” e indicó que ella había llamado a la comisaría de Castilla “para el apoyo por haber sido al parecer víctima de violencia física y psicológica”. El parte policial también detalla que su pareja, Juan José Díaz Dios también se encontraba en la habitación junto a la víctima.

Una vez trasladados a la dependencia policial, la presunta agraviada manifestó no haber sido víctima de violencia física y psicológica “indicando que solamente había tenido una discusión verbal con su pareja”. A pesar de las insistencias del personal policial para que reciba la atención correspondiente, la pareja del excongresista se negó a ser trasladada a la División de Medicina Legal de Piura y evitó formalizar una denuncia contra el exalcalde de la ciudad.

Esta no es la primera vez que el excongresista y exburgomaestre es cuestionado por una mujer. Al menos dos denuncias en su contra fueron tipificadas en el marco de la Ley de violencia contra la mujer y grupos vulnerables. Piura TV Noticias indicó que en enero y julio de 2015 fue denunciado por maltrato físico y psicológica mientras que en mayo de 2021 fue señalado por violencia psicológica.

El presidente de la Junta de Fiscales, Luis Guillermo Bringas, informó que el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra el representante legal del Centro Comercial Real Plaza de Trujillo, Luis Alonso Santa María Torres y contra quienes resulten responsables por la caída del techo del patio de comidas del mall. Según indican desde el MP, la investigación se inició el pasado sábado 22 de febrero y los presuntos delitos imputados son lesiones culposas y homicidio culposo. Entre la documentación incautada está la licencia de funcionamiento del centro comercial.

Bringas indicó que esta solo es la primera medida que ha dispuesto con relación a la tragedia. Por lo que, están alistando nuevas disposiciones en esta «investigación exhaustiva» por este hecho.

El último sábado 22 de febrero, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo inició las diligencias contra aquellos que resulten responsables del presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, tras el colapso del techo del centro comercial Real Plaza.

La Fiscalía emitió un comunicado en el que informó que se ha dispuesto el levantamiento de los cadáveres, así como la constatación de aquellas personas que resultaron heridas tras el lamentable siniestro ocurrido al interior del concurrido centro comercial norteño.

Al parecer, el último fin de semana en EsSalud apareció un vendaval de sorpresivas movidas y cambios. Primero sacan a su presidenta ejecutiva, luego como para “cubrir el puesto” ponen a un investigado que se encuentra requisitoriado. Y tras percatarse de la gran “patinada”, también lo sacan y ahora ponen a una “encargada” que ignora el campo de la salud.

La doctora de cabecera de la presidenta Dina Boluarte, la ginecóloga María Elena Aguilar del Águila, de pronto dejó de ser Presidenta Ejecutiva del Seguro Social del Perú (EsSalud) según resolución suprema, y luego de aceptársele su renuncia, la mandataria junto al ministro de Trabajo Daniel Maurate, designaron a Constantino Severo Vila Córdova en el cargo de presidente ejecutivo de la entidad.

Constantino lideró EsSalud solo por dos horas

Tras haber sido designado el último sábado como Presidente Ejecutivo de EsSalud, según Resolución Suprema N° 001-2025-TR, de pronto al día siguiente, con otra Resolución (002-2025-TR) su nombramiento se anuló. El hombre cercano de Alianza para el Progreso (APP) y que trabajó codo a codo con el ministro de Salud, César Vásquez y quien fue gerente regional de La Libertad, fue despedido del Seguro Social por tener una orden de captura.

Vila Córdova tiene una requisitoria y el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo (MTPE), no detectó tan importante dato antes de colocarlo en el cargo. en esa línea, la Corte Superior de Justicia de Ica solicitó su orden de captura, “En merito a la resolución Acta de Audiencia de fecha 24 de enero de 2025, emitida por esta Judicatura y cuyas generales de ley precisan en la Ficha Única de requisitorias”, se lee en el documento.

Encargada de EsSalud es experta en derecho municipal y registral  

Luego del nuevo papelón ejercido por el Poder Ejecutivo, al día siguiente, es decir este domingo 23 de febrero en el diario oficial El Peruano se emitió la Resolución Suprema n.° 002-2025-TR, en la que resuelven encargar el puesto de Presidenta Ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud) a Lelia Lourdes Lazo Cornejo, (ex militante de Fuerza Popular) hasta que se designe al nuevo titular. 

La abogada arequipeña Lelia Lourdes Lazo Cornejo tiene un sinfín de diplomados alusivos a temas jurídicos y prácticamente ha desempeñado su experiencia laboral en la ciudad blanca. En tal sentido, durante los últimos años ha trabajado en la SUNARP de Arequipa como asistente técnico, y posteriormente, como asesora jurídica en la Municipalidad Provincial de Arequipa; y en el cargo de Secretaria General en la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado; jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica en la Municipalidad Distrital de Cayma; y como Secretaria General en la Municipalidad Distrital de José Bustamante y Rivero.

No obstante, ya en la ciudad de Lima, Lazo Cornejo, antes de ser vicepresidenta del Consejo Directivo de EsSalud, se desempeñó como Jefa de Gabinete de Asesores en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), siendo designada por el ministro Daniel Maurate, desde el 13 de septiembre del 2023, apenas a la semana que este asumiera la titularidad del portafolio.   

Aparte de prófugo, chantajista. El ideólogo del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, intenta aprovecharse de una tragedia nacional para ponerse a derecho con la justicia, mencionando que de darse el encarcelamiento del presidente ejecutivo del grupo Intercorp, Carlos Rodríguez Pastor, por el derrumbe del techo del Real Plaza de Trujillo, “mañana mismo” se va a entregar a las autoridades.

“Si encarcelan a Rodríguez Pastor por el homicidio real de 8 ciudadanos y 84 heridos graves en Trujillo, mañana mismo me entrego por el ‘daño potencial’ del que me acusan”, anotó Cerrón este último sábado en su plataforma de X, antes Twitter.

El sentenciado por corrupción, quien pasó a la clandestinidad desde octubre de 2023, también invocó a responsabilizar de manera directa al empresario, cuyo grupo ha indicado que no escatimará “esfuerzos ni recursos” ante la desgracia. “Culpan a los organismos supervisores estatales, pero obvian señalar las responsabilidades del dueño (…) ¿miedo al ricachón o cómplices manifiestos?”, se lee en otro mensaje.

Cerrón no ha sido el único que confrontó a Intercorp, cuyas utilidades sumaron S/ 141 millones en el primer trimestre del año pasado, según Forbes.

“Plata como como cancha” también responsabiliza a Rodríguez Pastor

Otro que quiere sacar rédito de la tragedia es el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, confrontando al grupo Intercorp por el derrumbe. No cabe duda de que intenta limpiar su imagen a costa de una situación sumamente complicada.

El popular ‘Plata como cancha’ calificó de insensible la actitud del grupo propietario del centro comercial.

A través de un comunicado, denunció que “en el momento más crítico, ningún representante de la empresa se hizo presente para asistir a las víctimas”, y que tampoco brindó apoyo para el traslado de los heridos a los hospitales ni mostró solidaridad con las familias afectadas.

“En el momento más crítico, ningún representante de la empresa se hizo presente para asistir a las víctimas. No brindaron apoyo en el traslado de los heridos a los hospitales ni mostraron solidaridad con las familias afectadas. (…) Intercorp permaneció indiferente. Ni un gesto de apoyo, ni un refrigerio para quienes arriesgaron su vida por salvar a otros”, señaló.

Invocó a que la investigación se realice “a fondo” y que la ley se aplique “sin privilegios, en honor a las seis familias que han perdido a sus seres queridos y a las 82 familias golpeadas por esta tragedia”.