La impunidad vuelve a extender sus tentáculos en uno de los casos más sensibles vinculados al escándalo Lava Jato. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, presidido por el juez Richard Concepción Carhuancho, aprobó una prórroga de 20 meses adicionales en la investigación preparatoria contra Susana de la Puente Wiese, exembajadora del Perú en el Reino Unido y exbanquera de JP Morgan. La medida responde a un pedido del fiscal adjunto José Alfredo Lázaro Marca, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien había solicitado inicialmente una extensión de 24 meses.

La investigación, formalizada en 2022, involucra a Susana de la Puente Wiese, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y otros implicados como presuntos autores de los delitos de ‘asociación ilícita para delinquir’ y ‘lavado de activos’. Según la carpeta fiscal, se trataría de una organización delictiva que canalizó dinero desde Brasil hacia Perú para financiar campañas políticas, específicamente la de PPK en 2011. La delación de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht, reveló que Susana de la Puente Wiese recibió US$300,000 para la campaña de «Alianza por el Gran Cambio», un hecho que la exdiplomática niega.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, De la Puente Wiese sigue residiendo cómodamente en Europa, entre Londres y Madrid, sin restricciones legales para regresar al país. Se mantiene activa en inversiones tecnológicas y proyectos turísticos —como el Hotel B, en el distrito de Barranco, Lima— mientras evita enfrentar de manera presencial a la justicia peruana. La Fiscalía no ha solicitado aún medidas coercitivas, y su defensa habría intentado bloquear diligencias judiciales que la obliguen a presentarse en territorio nacional.

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez, quien también participó en investigaciones preliminares del caso, señaló públicamente que la conducta de Susana De la Puente ha sido obstruccionista. «Susana de la Puente tiene que venir al Perú a responder ante la Fiscalía», afirmó. «Lo que pretende su defensa es que no venga, y no concordamos con esa posición. Todos son iguales ante la ley, y Susana de la Puente también».

A pesar de haber declarado su supuesta disposición a colaborar, los hechos muestran lo contrario: no ha comparecido en el país y busca que las diligencias se ejecuten desde el extranjero, en una muestra de privilegio que contrasta con la situación de otros investigados que sí enfrentan restricciones.

En un país donde la justicia suele ser lenta, el caso de Susana de la Puente Wiese se convierte en un ejemplo paradigmático de cómo el poder económico y las redes de influencia pueden contribuir a postergar indefinidamente la rendición de cuentas. La ampliación del proceso investigativo, lejos de ser un avance, evidencia el estancamiento y la falta de contundencia institucional frente a quienes, desde el exterior, continúan eludiendo la justicia.

Dimes y diretes. Ayer se vivió de todo tanto dentro y fuera del Ministerio Público, desde ‘improvisados’ manifestantes de ‘La Resistencia’, matones, agentes de seguridad, abogados que iban y venían de oficina a oficina, portazos, y hasta una vigilia a la luz de las velas. Todos pensarán que se trataba de una pelea de callejón, pero en realidad se trataba de la irrupción de Patricia Benavides en dicha institución.

En tanto, la Junta de Fiscales Supremos, máximo órgano del Ministerio Público, se pronunció sobre la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anula las sanciones contra Patricia Benavides, reponiéndola en su cargo como fiscal de la Nación. Es así que mediante un breve pronunciamiento mencionaron que tal órgano se encuentra facultado para designar al titular del Ministerio Público.

“Como parte de su fortalecimiento y unidad entre los miembros del máximo órgano de gobierno del Ministerio Público y como ejemplo de cohesión institucional, reafirman que es la Junta de Fiscales Supremos —y no otro órgano del Estado— la que tiene la atribución exclusiva de elegir al Fiscal de la Nación”, escribieron.

La publicación se dio horas después de que el titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez, exhorte al organismo resolver y ejecutar la resolución, adelantando que “sea cual sea su decisión la respaldarán”. “Apelar a la sapiencia, al buen tino. Ya en un momento, quizá un poco más tranquilo hoy día que ayer, porque ayer creo que han estado en crispado todos los ánimos. Que la Junta de Fiscales Supremos pueda anteponer los intereses del país por encima de los intereses de grupo”, manifestó y calificó de bochornosa la disputa por el cargo.

“Es bochornoso ver como dos personas se disputan un cargo cuando el cargo es lo más sublime de toda institución. Entonces, corresponde a la Junta, en su facultad constitucional, a la Junta de Fiscales Supremos, tomar la decisión más sabia. Yo espero que sí lo vayan a tomar. No tengo un prejuicio contra ninguno de ellos”, expresó.

La pugna por la Fiscalía de la Nación continúa y cada bando no piensa ceder ni un centímetro por hacerse de tan importante entidad. “Yo no me muevo del lugar”, manifestó Delia Espinoza, quien hasta ahora continúa mostrando su medalla de fiscal de la Nación. Por su parte, Patricia Benavides continúa merodeando en las afueras, a la espera de un descuido o un pronunciamiento oficial. Todo indica que la Fiscalía se ha convertido en el juego de las sillas, donde el que se duerme pierde su asiento.

El 16 de junio, el mismo día en que su esposa, Cecilia Cebreros actuó como escudera de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el abogado penalista César Azabache se presentó en el programa Cuentas Claras de canal N, para defender a la Dra. Espinoza y, cuando fue preguntado por el conflicto de intereses que significa que su esposa trabaje con la fiscal de la Nación siendo él un penalista con varios casos en el Ministerio Público, Azabache respondió con un argumento propio de un leguleyo de la calle Azángaro: “No soy ministro ni congresista, por lo tanto, no tengo ningún vínculo con el Ministerio Público”. Con ese argumento, buscó justificar que sus familiares pueden trabajar donde gusten y que él no tiene nada que ver.

El pomposo Dr. Azabache olvida que él tiene casos en curso en el Ministerio Público y su esposa, Cecilia Cebreros, al trabajar al lado de la Fiscal de la Nación, tiene acceso a información privilegiada y tiene la opción de pedir “favores” a los fiscales que atienden los casos del Dr. Azabache, lo cual redunda en beneficio de Azabache a quien contratan estudios de abogados que él calificaría de “capitalistas”.

En todo caso, si el leguleyo jurisconsulto sostiene que él no tiene conflicto de intereses, entonces, debería darse cuenta de que su esposa sí los tiene. Las imágenes difundidas por la televisión muestran que la relación de Cecilia Cebreros con la Fiscal de la Nación es muy cercana, tanto así que ejerce de escudera impidiendo el acceso a la oficina de su jefa.

Las huellas que asoman

Hay un asunto de fondo que lleva a la presunción de que César Azabache estaría prestando, tras bambalinas, apoyo legal a la Fiscal de la Nación, aunque él diga en televisión: “No tengo ningún vínculo con el Ministerio Público”.

Lima Gris preguntó al Dr. Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, sobre la situación de Cecilia Cebreros y, luego de consultar con la Gerencia de Imagen, respondió que la esposa de César Azabache “No es ni ha sido Asesora de la Fiscal de la Nación”. Sin embargo, hay dos pruebas que demuestran lo contrario.

Las irrefutables imágenes de Cecilia Cebreros transitando por el piso 9 que tiene acceso restringido porque allí se encuentra la oficina de la Dra. Delia Espinoza, fiscal de la Nación. La evidencia irrefutable la muestra en actitud de proteger a su jefa en el conflicto que tiene con la fiscal Patricia Benavides, quien, dicho sea de paso, ingresó de manera impropia acompañada por guardaespaldas.

Cecilia Cebreros segundos antes de cerrarle la puerta a la fiscal Patricia Benavides.

La otra prueba es este recibo obtenido por Lima Gris en el cual consta que no es verdad lo que afirman desde el Ministerio Público: que Cecilia Cebreros “No es ni ha sido Asesora de la Fiscal de la Nación”.

Se añade que Cecilia Cebreros tiene, por lo menos, tres ordenes de servicio pagadas por el Ministerio Público. En efecto, el 28 de noviembre de 2024 cobró S/ 11,000; el 27 de noviembre 2025, S/ 33,000; y el 10 de abril 2025, nuevamente S/ 33,000. Por el momento, un total de S/ 77,000.

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OECE)

Entonces, ¿por qué la esposa del Dr. Azabache está siendo protegida por las más altas instancias del Ministerio Público? ¿Por qué dicen que no trabaja con la Fiscal de la Nación cuando sí lo hace? ¿Por qué se disfraza su trabajo y su asistencia a su centro de labores con recibos?

Cecilia Cebreros carece de calificaciones profesionales para estar al lado de la Fiscal de la Nación, por eso llama la atención tanta protección hacia ella lo que conduce a preguntarse si es verdad o no, la versión que circula en el sentido de que el Dr. Azabache, en realidad, sería el real asesor de la Dra. Espinoza, camuflado como Cecilia Cebreros.

Cuando César Azabache afirma “No tengo ningún vínculo con el Ministerio Público” olvida que, no hace mucho, él fue, públicamente, abogado de Delia Espinoza. Es decir, tiene, por lo menos, un vínculo personal con la actual Fiscal de la Nación. ¿Por qué ahora prefiere el anonimato en esa relación? ¿Será porque hay abogados que, a veces, son caviares y, otras veces, capitalistas dependiendo del cliente y para eso es mejor actuar en la sombra?

Acostumbrada la jefa de Estado, Dina Boluarte, a rodearse de escolares para lanzar sus críticas contra sus detractores, durante la inauguración del colegio Ignacio Merino, en Talara – Piura, el escolar de 16 años José Ángel Guerrero Ordinola no quiso seguir el mismo discurso que repiten los ministros de la mandataria, quienes salen en su defensa ante cualquier cuestionamiento, y en cambio aprovechó la valiosa oportunidad para decirle lo que sienten millones de peruanos.

Al frente de la mandataria y el ministro de Educación, Morgan Quero, que hasta el momento no se ha manifestado por el centenar de colegios perjudicado tras el temblor del domingo, el escolar le recordó a Boluarte y compañía la completa desconexión con la realidad, solicitándoles dejar de lado los discursos de odio y atender con urgencia los desafíos que enfrenta la educación peruana.

“Como alcalde del colegio y en nombre de todos mis compañeros, les hablo hoy con respeto y profunda preocupación por nuestro país”, expresó.

Mirando fijamente a Boluarte, al ministro Quero y al director del plantel, el alcalde escolar les instó a ir más allá de las palabras: “Los invito a mirar más allá de los discursos, a escuchar la voz de los estudiantes y a reflexionar profundamente sobre el impacto de sus decisiones”, sostuvo.

La jefa de Estado solo atinó a escuchar con atención el reclamo del escolar, quien en todo momento mantenía una voz firme y serena, añadiendo que “la educación aún enfrenta enormes desafíos”, en un contexto donde miles de alumnos reciben sus clases en locales precarios, en una balsa, en una restobar o en locales donde la conexión a internet no llega.

Tuvo que ser un valiente escolar quien le dijo sus verdades a la autodenominada “mamá de todos los peruanos”, pero que solamente se dedica a viajar y realizarse “retoquitos”, olvidándose de los millones de peruanos que solamente le piden un poco más de empatía y carácter para afrontar a los extorsionadores y mineros ilegales.

Durante su visita a Talara, en la región Piura, la presidenta Dina Boluarte volvió a insistir en una narrativa que contrasta con la realidad de su gobierno. En un acto público, inauguró un colegio y se dirigió a los asistentes para defender su gestión. Sin embargo, sus palabras estuvieron marcadas por una profunda contradicción.

Acompañada por autoridades y estudiantes, Boluarte aseguró que su gobierno avanza “sin corrupción y con resultados visibles”, y que las críticas provienen de quienes “no quieren ver el desarrollo del país”. Insistió en que seguirá gobernando “con manos limpias” hasta el 28 de julio de 2026.

Lo más llamativo fue su intento de escudarse en el discurso de género para deslegitimar los cuestionamientos. “Nosotras las mujeres sí podemos gobernar con honestidad. A pesar de las voces machistas y mediocres, seguiremos trabajando por el bienestar del pueblo”, declaró. Pero su afirmación resulta cínica ante un gobierno salpicado por escándalos, silencios convenientes y pactos oscuros.

Boluarte calificó las críticas como “energías negativas” y acusó a sus detractores de ser “desleales con el desarrollo del país”, ignorando que las observaciones no vienen solo de la oposición, sino de organismos nacionales e internacionales que han advertido sobre retrocesos en transparencia, derechos humanos y lucha anticorrupción.

Decir que su gestión no tiene “células de corrupción en el ADN” es una burla para una ciudadanía que ha sido testigo de turbiedad en decisiones clave, investigaciones fiscales en su entorno y una clara falta de rendición de cuentas.

La presidenta intenta blindarse con el discurso feminista mientras perpetúa prácticas políticas tradicionales, autoritarias y oportunistas. La honestidad no se proclama: se demuestra. Y hasta ahora, su gobierno ha estado lejos de ese ideal.

Mientras las cifras de desaprobación aumentan y los conflictos sociales se multiplican, Dina Boluarte prefiere hablar de “obras” y “manos limpias” desde un podio, como si el país no supiera ver más allá del libreto.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó este martes el Proyecto de Ley (PL) n.° 9888/2024-CR de la legisladora María Jessica Córdova Lobatón (Renovación Popular), que establece incentivos para las empresas privadas a que contraten mujeres que hayan sido víctimas de violencia.

Tal PL tiene como intención promover la inserción laboral de este grupo de mujeres afectadas mediante beneficios en procesos de contratación pública. Estas empresas de ámbito privado recibirán un puntaje adicional de dos puntos en la evaluación técnica si demuestran que, en los últimos doce meses, al menos el 10 % de su planilla laboral está conformada por mujeres que hayan sufrido violencia, debidamente registradas en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA).

“La condición de víctima debe estar acreditada con la información que obra en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, se lee en el documento.

Entre los requisitos para acceder a estos incentivos, las empresas deberán acreditar la contratación formal de las beneficiarias y garantizar condiciones laborales acordes con la legislación vigente.

En tanto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.

Según el artículo 1 del proyecto, el objetivo principal es “contribuir a la autonomía económica y el bienestar integral” de las mujeres afectadas por violencia, facilitando su acceso a empleos formales.

La norma aplicará a todas las entidades públicas y a sus proveedores en procesos de contratación bajo el marco legal actual.

La iniciativa destaca que aprovecha las contrataciones públicas como “herramienta para mejorar la calidad de vida” de las víctimas.

Además, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de 90 días, tras la promulgación de la ley, para emitir las normas complementarias que aseguren su implementación.

En el primer bloque del podcast de Lima Gris, el conductor Edwin Cavello se preguntó: ¿qué busca realmente el alcalde de Lima? Según él, su objetivo es llegar a la presidencia del país. Cavello también comentó que muchas personas critican al alcalde Rafael López Aliaga, porque mientras debería estar cumpliendo sus funciones como autoridad municipal, está enfocado en hacer campaña política.

A pesar de esas críticas, al alcalde no parece importarle. Sigue viajando por distintas regiones del país, como Loreto, la sierra y el sur del Perú, dejando de lado su responsabilidad en Lima, añadió Cavello.

Por otro lado, el panelista Luis Felipe Alpaca fue muy crítico con la actual gestión del alcalde. Señaló que no se puede permitir que un político vuelva a engañar a sus votantes. También dijo que desde que Rafael López Aliaga llegó a la Municipalidad de Lima, empezó a hacer campaña presidencial usando los colores de su partido, algo que la ley prohíbe.

Alpaca mencionó que el alcalde actúa con total impunidad. A pesar de sus acciones políticas mientras ocupa un cargo público, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, ni el Jurado Nacional de Elecciones han hecho algo o iniciado una investigación.

Finalmente, Alpaca cuestionó la ética del alcalde. Dijo que no es correcto que una persona se postule para un cargo público, gane con el voto de la gente, y luego lo abandone para intentar conseguir uno más alto.

Aquí el video del podcast sobre el alcalde de Lima Rafael López Aliaga.

El gobierno de Dina Boluarte ha vuelto a extender, por 30 días más, el estado de emergencia en ocho distritos de Lima Metropolitana y en el Callao. El Decreto Supremo n.º 083-2025-PCM, publicado el 15 de junio, confirma que la medida seguirá vigente en Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y la Provincia Constitucional del Callao.

Pero tras más de medio año bajo estas disposiciones excepcionales, la pregunta es inevitable: ¿ha servido de algo? La respuesta, respaldada por la percepción ciudadana, es un rotundo no.

Los índices de criminalidad no han disminuido de forma significativa. Robos a plena luz del día, extorsiones, sicariato y cobros de cupos siguen siendo pan de cada día. Mientras tanto, el gobierno repite la misma fórmula fracasada: más presencia militar en las calles, más restricciones a motos lineales, y ningún cambio estructural en inteligencia policial, prevención del delito o reforma institucional.

Dina Boluarte y su gabinete Arana pretenden mostrar firmeza con uniformes y patrullajes, pero en realidad están administrando la inseguridad con medidas populistas e ineficaces. La militarización temporal no soluciona el colapso de comisarías, la infiltración criminal en gobiernos locales, ni la falta de recursos para investigaciones serias.

Además, continúan restringiendo a los motociclistas —pero no hacen redadas diarias para atrapar a los verdaderos criminales y requisitoriados. Es decir, el gobierno sigue sin atacar a las verdaderas mafias organizadas.

El estado de emergencia ha dejado de ser una herramienta legal para convertirse en una cortina de humo. La incapacidad del Ejecutivo para dar una respuesta integral a la violencia urbana solo profundiza la desconfianza ciudadana. Si la presidenta Dina Boluarte no cambia de estrategia, no solo prolongará un estado de emergencia inútil: prolongará también el desgobierno.