Otra vez, Andrés. Siempre polémico y controversial, siempre ufanándose de estar vinculado a personas muy cercanas al poder como el caso de su vínculo con el golpista Pedro Castillo. El popular conductor de televisión Andrés Hurtado, o también conocido en el mundo artístico como ‘Chibolín’, acaba de ser mencionado por el otrora periodista Mauricio Fernandini en la confesión que este hizo a la Fiscalía sobre su participación en la presunta coima de 4 millones de soles que la empresaria Sada Goray entregó al operador de la organización criminal conocida como el ‘Gabinete en la sombra’, Salatiel Marrufo Alcántara.

“Otro día, a inicios de septiembre de 2021, mi prima Julieta del Pilar Tijero me dijo que debía acompañarlos a una cena en el restaurante ‘La Cuadra de Salvador’. Primero llegó Sada Goray y (luego) Pilar Tijero, para después llegar yo. Pasamos a un (salón) privado del restaurante y cuando estábamos trasladándonos hace contacto conmigo mi amigo Andrés Hurtado y Sada Goray me dice: ‘quiero conocer a Andrés’. Por lo que nos tomamos todos una foto con él, llegando en ese momento Salatiel Marrufo, intercambiando teléfonos entre Andrés Hurtado y Sada Goray”, se lee en la declaración de Fernandini a la Fiscalía, según reveló la periodista Milagros Leiva en su programa de ‘Willax TV’.

Lo curioso es que, unos días después de aquel encuentro, Goray apareció como invitada de ‘Sábado con Andrés’, el show que Hurtado tiene en Panamericana. “Hay otro hombre que siempre está cerca del poder. Andrés Hurtado ‘Chibolín’ entra en escena… ¿qué pasó después entre Sada Goray y Andrés Hurtado ‘Chibolín’? acá está… ¿Le habrá pagado?”, contó Leiva, dando paso a un clip de aquella entrevista.

En el video se ve a Sada Goday promocionando un proyecto de vivienda de su empresa ‘Marka Group’, mientras que el conductor le asegura que intercederá por ella ante el Gobierno. “Le agradezco a Techo Propio que continúe con Marka Group. Tú me avisas nomás si algún alcalde o alguien del Gobierno osa retrasar algina vivienda”, le dice Andrés Hurtado a la empresaria.

Y en toda la trama, también está Chibolin… pic.twitter.com/cM64AL0W7f

— Carlos Viguria (@cviguria) May 31, 2023

Milagros Leiva se pregunta luego si el excómico estaría al tanto de las coimas. “El programa de ‘Chibolín’ es del 9 de octubre y se acababan de conocer en setiembre, pero ya decía que era su gran amiga. ¿Sabría ‘Chibolín’ de la coima?, ah bueno pregúntenle. Él siempre estuvo cerca del poder y con (Pedro) Castillo se burlaron de los niños con cáncer y yo no me olvido de eso”, sostuvo la periodista.

Leiva hacía referencia a que el pasado 12 de mayo de 2022, el presidente Pedro Castillo y el conductor de televisión oficializaron, en Palacio de Gobierno, la entrega de un cheque de más de S/4 mil millones de soles para los niños con cáncer. No obstante, se conoció que el apoyo no se materializó.

Hoy el gobierno de la presidente Dina Boluarte mediante la Resolución Suprema Nº 008-2023-MC, designó a Ninoska Rosario Chandía Roque como presidente ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y, además, miembro del Consejo Directivo.

Chandía Roque reemplaza en el cargo a Jesús Solari Díaz que fue despedido por múltiples razones con respecto a su cuestionado manejo del Instituto televisivo y radial.

Según nuestras fuentes, en el Ejecutivo la decisión de sacar a Solari fue orden directa de la mandataria Boluarte y no precisamente del primer ministro Otárola, pese a que él fue vetado muchas veces de la señal abierta durante las trasmisiones de sus habituales Consejos de Ministros. Pero prácticamente eso fue lo que colmó la tolerancia de la presidente que le ordenó a la ministra de Cultura Leslie Urteaga que ya no vaya más en el cargo por las innumerables quejas de malas prácticas funcionales. 

Ninoska Chandía trabajó hace muchos en Radio Nacional y hasta hace poco se desempeñó como Directora de Comunicación e Imagen del Despacho Presidencial; y ha sido el brazo derecho de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado.

Recordemos que hace 2 años la encargatura de Francisco Sagasti designó a Nicanor Boluarte como director de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), justo cuando Dina Boluarte era candidata a vicepresidencia de la Republica en la plancha de Pedro Castillo; pero al día siguiente renunció al cargo.

Según nuestra fuente, un grupo de personas que conocen a Ninoska le habrían entregado un documento con detalles de todos los maltratos, clientelismos y abusos que acontecían dentro de los fueros de la televisora estatal y al parecer la comunicadora de Palacio informó a la presidente Boluarte y el desenlace ya es conocido por todos. Ella fue retirada del entorno de la señora Boluarte luego que Hildebrandt en sus trece y Caretas publicaron que trabajaba con su hermano Nicanor Boluarte… pero hoy se ha convertido en la nueva mandamás del IRTP.

Así las cosas, más allá de las especulaciones que se vienen tejiendo por la procedencia de la nueva directiva del IRTP, lo cierto es que los caviares continúan perdiendo cargos en las instituciones y empresas claves del Estado y continúan “llorando” en las redes sociales, luego de 20 años de malas prácticas y despropósitos en todo el aparato estatal.

En ese sentido, el IRTP y el Ministerio de Cultura han sido “claves” para ellos; lo dice bien claro en sus mandamientos Antonio Gramsci, que su bastión para manipular la cultura es la televisión y la radio. La revolución cultural gramsciana que prevaleció sobre los primeros postulados marxistas ha sido nuestro flagelo en nuestro país en las últimas décadas.

Está por verse si ahora a la nueva mandamás del IRTP le temblará la mano y extirpe a los pocos enquistados de las gerencias de prensa (por cierto, la más ominosa y en cuya oficina trabajan los colaboradores inmediatos de Mónica Vargas y cuya sala de redacción está en una explanada y no existe allí un jefe que monitoree y supervise las labores, porque la gerente acude a la sala de redacción a la “muerte de un obispo”)  televisiva y administrativa que hasta hoy le han hecho daño al canal y a la radio de todos los peruanos y se requiere una gestión competente con un nuevo equipo de periodistas y gerentes para poner orden y rigor en lo que hasta hoy se convirtió en tierra de nadie, porque nunca existió autoridad y ni meritocracia. 

Un cero menos a la cifra porque no les alcanza. La ex premier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, de las carteras del Interior y Comercio Exterior (Mincetur), respectivamente, solicitaron al Poder Judicial que las cauciones impuestas, en medio de la investigación tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, sean reducidas de forma exponencial.

El PJ, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró infundado el último 26 de abril el pedido fiscal de 18 meses de prisión preventiva en contra de los señalados.

El Ministerio Público, a través del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder, les imputa el presunto delito rebelión y conspiración en agravio del Estado en calidad de coautores.

El magistrado Juan Carlos Checkley impuso, en aquel momento, una medida de comparecencia con restricciones con reglas de conducta, a cada uno de los exfuncionarios castillistas, y el pago de una caución económica de 100 mil soles a Chávez, 80 mil soles a Huerta y 50 mil soles a Sánchez.

El citado juez también ha aceptado, tras su primer fallo, las apelaciones de los señalados para variar el monto de sus respectivas cauciones. Estos recursos, presentados hace un mes aproximadamente, ascenderán a una sala en la Corte Suprema tras emitirse una resolución.

En el caso de Chávez Chino, quien se desempeñaba como primera ministra al producirse el quiebre constitucional, se ha solicitado reducir el monto de 100 mil soles de cauciónpor solo 10 mil.

Mientras tanto, Sánchez Palomino ha pedido que la suma de 50 mil soles impuesta baje a 5 mil; y Huerta Olivas que se le “exonere y/o reduzca prudencialmente” la imposición de 80 mil soles, de acuerdo a el diario El Comercio.

La Fiscalía de la Nación, a su vez, también presentó una apelación ya aceptada. La institución, que también investiga a Castillo Terrones por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; en un caso distinto al del golpe de Estado, ha pedido que se revoque las comparecencias con restricciones a los imputados por la prisión preventiva solicitada.

Cabe mencionar que Pedro Catillo, Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta serán procesados juntos por el golpe de Estado ocurrido en diciembre del año pasado.

El juez Checkley Soria, magistrado de Investigación Preparatoria, dictaminó que los casos, que se llevaban por separado, sean acumulados en un solo expediente; según el medio citado.

De mal en peor. El juez Víctor Zúñiga Urday impuso impedimento de salida del país a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, su exesposo Mark Vito Villanela y otros seis dirigentes y/o colaboradores del referido partido político, con miras al desarrollo del próximo juicio público contra ellos por delito de lavado de activos.

Los dirigentes y colaboradores de Fuerza Popular incluidos en la medida son Vicente Silva Checa, Ana Herz Garfias de Vega, Adriana Tarazona Martínez, Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y Pier Figari Mendoza. Para todos ellos, la prohibición para viajar fuera del país es por 36 meses.

En tanto, denegó el pedido de la fiscalía para imponer una vigilancia judicial al partido político Fuerza Popular por los próximos tres años, en que debe realizarse el juicio público por los presuntos aportes ilícitos en las campañas electorales

El juez acogió en parte el pedido de la fiscal Paulina Roque de equiparar las reglas de conducta que deberán cumplir mientras se desarrolla el juicio público.

Así, el juez les impuso la obligación de no variar su actual domicilio, sin previa autorización del 4to Juzgado de Investigación preparatoria nacional; comparecer cada 30 días al registro de control biométrico para registrar su huella e informar al juzgado de sus actividades; presentarse a las citaciones de la fiscalía y al juzgado cada vez que sean citados para alguna diligencia y la prohibición de comunicarse con coimputados, testigos o peritos de este proceso.

Sobre esta última regla de conducta, el juez aclaró que están exceptuados los familiares hasta el quinto grado de consanguinidad y tercero de afinidad y/l con otras personas cuando se deba realizar un contacto por motivos profesionales. Luego, vía aclaración precisó que también se exceptúa la prohibición de comunicarse entre Fujimori y Vito por su condición de tener hijas en común.

Además, el pago de caución para Vicente Silva Checa, de 20 mil soles; Ana Herz, 15 mil soles; Climper Ackerman, 40 mil soles; y Mark Vito, 10 mil soles, que deberán abonar dentro del plazo de 10 días hábiles, a partir de la presente resolución.

La fiscalía y los abogados apelaron la decisión del juez, por lo que la medida será revisada por la Sala de Apelaciones Nacional. La fiscalía había pedido otras 16 reglas de conducta que el juzgado consideró infundados.

Al término de la audiencia, Zúñiga Urday anunció que en los próximos días emitirá la resolución para pasar al juicio público.

Luego que dejara a los periodistas con las preguntas hechas, durante una conferencia de prensa del último lunes, la titular del Ministerio de Salud (Minsa) Rosa Gutiérrez se encuentra en el ojo de la tormenta, pues pareciera no reconocer a simple vista la situación que viven los hospitales en la región Piura, pues muchos de ellos se encuentran colapsados, observándose a los pacientes tirados en el suelo o sentados en cualquier rincón del centro hospitalario. Esa imagen contrasta radicalmente con las aseveraciones de la ministra Gutiérrez, quien indicó que la situación del brote del dengue se tenía “bajo control”.

Ante ello, los congresistas por la región Piura, Eduardo Castillo, Cruz María Zeta, Heidy Juárez y Miguel Ciccia señalaron que interpelarán a la ministra de Salud por su ineficiencia para afrontar los casos de dengue, debido a que esta jurisdicción ya cuenta con 40 fallecidos y más de 32 mil casos por esta enfermedad.

El parlamentario Eduardo Castillo de Fuerza Popular fue enfático en señalar que la titular de Salud no ha hecho casi nada ante el dengue. “Yo estoy recorriendo todos los hospitales y viendo las falencias. La ministra de Salud ha venido, pero poco ha resuelto. Estuve en el hospital Santa Rosa que es donde se refieren la mayor cantidad de casos en la región y es lamentable (la situación)”, dijo Castillo.

Añadió que está de acuerdo con una interpelación a Gutiérrez. “Es necesario una interpelación. Yo sí estoy de acuerdo (con una interpelación). A mi parecer, la interpelación es una medida política, donde tendrá que responder por todos los temas de dengue”, indicó.

Mientras que la legisladora María Zeta señaló que “los altos índices de dengue en la región Piura y el Perú se debe a que no se está dando una abatización adecuada, ya que las fumigaciones no están dando resultados porque el zancudo se esconde en los lugares oscuros. En estos momentos se necesita abatizar y no fumigar, una abatización correcta podría frenar los casos de dengue”.

Agregó que “la ministra debería ir al Congreso a responder cuáles son sus políticas y qué resultados se tienen con estas políticas”.

Mientras que Heydi Juárez indicó que es lamentable la situación que pasa la región por el dengue y que también está de acuerdo con la interpelación a la titular de la cartera de Salud, Rosa Gutiérrez.

Asimismo, indicó que hay otros casos como de un niño de 9 meses que está en el Hospital II-2 de Sullana y que están luchando para que sea llevado y atendido en Lima.

Ministra de Salud abandonó raudamente conferencia de prensa

El pasado 29 de mayo la ministra de Salud había programado una conferencia de prensa respecto al brote del dengue desde la misma región de Piura, lugar al que acudió con otros funcionarios. Sin embargo, la prensa nacional empezó a increparle sobre los verdaderos resultados que se vienen dando y si realmente conocía la realidad de la cantidad de fallecidos e infectados por el dengue, observándose en la titular de Salud cierta incomodidad y ofuscamiento, procediendo a retirarse de la sala.

“¿Usted entiende el malestar de la ciudadanía? ¿Van a intervenir en la región?”, fueron algunas preguntas de la prensa. “¿No hace el esfuerzo de quedarse?”, complementó otro.

La ministra cerró su discurso previo a retirarse raudamente indicando que la cartera le “da cuenta al país”.

Un largo periodo entre cuatro paredes le espera, luego que la solicitud planteada por el exministro del Interior, Daniel Urresti, para suspender la pena en su contra fuera rechazada por la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal. Las autoridades han dado orden de que la decisión sea comunicada al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para no permitir la salida del excandidato presidencial señalado por el asesinato de Hugo Bustíos.

La defensa de Urresti pidió la aplicación del artículo 293 del Código Penal que señala que “si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de la libertad de carácter efectivo, el juez penal según su naturaleza o gravedad y el peligro de fuga podrá optar por su inmediata ejecución o imponer algunas de las restricciones previstas mientras se resuelva el recurso”.

Que Urresti fuese beneficiado se quebraría “el principio de legalidad procesal”, se lee en el documento que confirma la decisión de las autoridades. Además, se corre el peligro de “desnaturalizar y dejar vacío la vigencia aún para los casos iniciados en el Código de Procedimientos Penales”, agregaron. Asimismo, se presentó el historial clínico del excongresista de Podemos Perú para acreditar sus enfermedades.

La Sala Penal ha señalado que la institución penitenciaria será la encargada de proveer lo necesario para las acciones de desarrollo, promoción y recuperación de la salud. La atención médica será “de acuerdo a los lineamientos y medidas establecidas por el Ministerio de Salud”. Se espera que las autoridades puedan adoptar las medidas necesarias para atender los problemas de salud de Daniel Urresti.

La Tercera Sala Penal Nacional Transitoria Liquidadora de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada también emitió un fallo condenatorio en el caso de Daniel Urresti Elera por intento de asesinato contra Jenny Rojas Arce.

“En tal virtud, le impusieron 12 años de pena privativa de la libertad efectiva, que (…) vencerá el 11 de abril del año 2033. En consecuencia, se ordena el internamiento al establecimiento penitenciario que designe el Instituto Nacional Penitenciario”, leyó el juez.

Sobre el caso Hugo Bustíos

Daniel Urresti Elera, quien anteriormente había sido miembro del Congreso y candidato a la presidencia, ha sido sentenciado a una pena de 12 años de prisión por su participación como coautor en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, específicamente por el cargo de asesinato agravado con alevosía. Este delito fue cometido en contra del periodista Hugo Bustíos Saavedra.

En la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, existe un apuro por aprobar un Proyecto de Ley (PL) que beneficiaría a solo un pequeño grupo de empresarios de energías renovables. Lo sorprendente que esto ocurre a pesar que el COES y Fonafe se han pronunciado en contra del PL que busca modificar la ley de la generación eléctrica.

Para ampliar el debate y conocer qué cosas más se tejen detrás del Proyecto de Ley, Lima Gris conversó con Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), quien nos comentó que probablemente exista una presión muy fuerte de un pequeño grupo que está buscando algún tipo de interés particular en perjuicio de todos los peruanos. Además, agregó “A nosotros nos corresponde exigir que las políticas públicas tienen que beneficiar a todos los peruanos y que en consecuencia se requiere un debate más amplio, y que sea técnico y profesional”.

Aquí la entrevista.

¿Cuál es la posición de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos respecto al Proyecto de Ley que busca modificar la Ley de generación eléctrica?

Primero, mostrar nuestra sorpresa por el apresuramiento en aprobar un Proyecto de Ley que no cuenta con la opinión técnica de los dos organismos técnicos más importantes. Uno es el COES, que es el organismo técnico responsable del sistema integrado de electricidad, que es el responsable a su vez del tema de las tarifas eléctricas, y, en segundo lugar, la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, que es el responsable de garantizar la competitividad económica del país.

Pero el COES y el Fonafe (MEF) ya han opinado negativamente sobre el Proyecto de Ley que busca modificar la ley de generación eléctrica.

Así es, ya han opinado negativamente en anteriores oportunidades, y esto es porque el proyecto de ley que se ha aprobado en la Comisión de Energía y Minas, lo que va a generar es un incremento en la tarifa del gas natural, y esto es porque se incrementaría el costo de transporte y distribución al haber menos demanda, una cuestión muy sencilla de entender. Y siendo el tema del gas natural la principal fuente de generación eléctrica, esto va a terminar influyendo también en el costo de las tarifas eléctricas.

¿En qué porcentaje se incrementaría el costo del gas natural de aprobarse ese Proyecto de Ley?

Nosotros hemos mencionado que el riesgo que se pueda incrementar el costo del gas natural va entre el 8% y 28%, y esto va a tener un impacto inevitablemente en las tarifas eléctricas. Entonces, en primer lugar, no es cierto que con el ingreso de las energías renovables va a haber una reducción de las tarifas eléctricas, sino, todo lo contrario. En segundo lugar, inevitablemente va a subir de precio el gas natural; como tú sabes el día de hoy tiene un precio regulado. Esto va a afectar a más de 1 millón y medio de usuarios, más de cuatro mil empresas que hoy utilizan el gas natural como la principal fuente de energía y miles de transportistas que usan GNV, y también va a ponerle obstáculos a la masificación del gas natural que es la prioridad número uno del gobierno.

Al parecer desde NIMEM no entienden esto…

Recordemos que la transición energética del Perú significa migrar nuestra matriz de diésel y gasolina altamente contaminante a gas natural, una energía verde que además producimos al 100% y que tiene tarifa regulada y que nos permitiría reducir en 80% el costo de los combustibles y recudir hasta en 14 veces las emisiones de CO2. Entonces, cuando hablamos de transición energética nos estamos refiriendo a migrar al gas natural. Sé que vamos a tener una matriz bastante amplia, y por eso nosotros estamos de acuerdo en tener una matriz amplia, pero la principal energía de la transición energética es el gas natural. Entonces, es un contrasentido total que se termine incrementando el gas natural.

Hay que entender también que las energías renovables no garantizan la seguridad del sistema eléctrico, debido a que dependen de las condiciones climáticas.

Con las energías renovables se afecta la confiabilidad del sistema eléctrico. Hoy, tenemos garantizado energía y potencia al 100%, esto quiere decir que, si se cae alguna fuente de energía, inmediatamente tienes fuentes alternativas que te permiten entrar, entre ellas la energía térmica que es gas natural. Pero si entran las energías renovables, como sabemos están sujetas a las condiciones climáticas. Entonces, las energías renovables no te dan 100% de confiabilidad. Esto quiere decir que va a haber momentos de riesgo en los cuales no se va a garantizar el suministro de energía en perjuicio principalmente de las empresas que requieren un suministro permanente para la continuidad de las operaciones. Además, esto afectará negativamente a todos los hogares peruanos. Entonces, bajo esos argumentos lo que nosotros estamos pidiendo es que haya un debate mucho más amplio, que se recojan las opiniones del COES, del Ministerio de Economía y de todos los expertos y que se dé absoluta garantía de que no va a ver incremento de tarifas.

¿La Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha solicitado algún informe referente al tema de las tarifas eléctricas al Ministerio de Energía?

Nosotros le hemos pedido al viceministerio de electricidad, que nos demuestre con un modelo financiero y económico que no va a haber incremento de tarifas, pero no lo ha mostrado. Y esto como es un tema que impacta a todos los peruanos, nuestra posición como Sociedad Peruana de Hidrocarburos es defender el derecho de todos los peruanos, es decir, de todos los consumidores, para que un cambio regulatorio no nos termine generando un mayor costo, o sea, un perjuicio a 33 millones de peruanos, y todo en beneficio de un grupo muy pequeño de empresas que se beneficiarían con esta norma.

Desde el MINEM y también algunos congresistas están difundiendo desinformando a la población ¿por qué cree que sucede esto?

Tú sabes que desde hace cuatro años tenemos a un gremio que está detrás de este tema haciendo una gestión de intereses muy profunda desinformando a la opinión pública y tratando de influir negativamente. Nuestra posición es que estos temas tienen que tratarse de manera transparente y abierta. Nosotros en el Perú necesitamos que las políticas públicas sean en beneficio de las grandes mayorías y no en beneficio de algunos cuantos. Yo sé que ustedes en Lima Gris tienen una unidad de investigación que es muy responsable y muy profesional, y si hacen una investigación para saber a quiénes va a beneficiar este proyecto de ley, se van a dar cuenta que es un pequeño grupo de empresas que hace mucho tiempo están detrás de este tema. Este proyecto de ley tiene cuatro años, ya es la sexta u octava vez que lo resucitan en la Comisión de Energía y Minas, y esto ha sido rechazado innumerables veces, debido a que no tiene las condiciones técnicas. Lo que ocurre es que hay probablemente una presión muy fuerte de un pequeño grupo que está buscando algún tipo de interés particular en perjuicio de todos los peruanos. A nosotros nos corresponde exigir que las políticas públicas tienen que beneficiar a todos los peruanos y que en consecuencia se requiere un debate más amplio, y que sea técnico y profesional.

¿Se tiene una idea equivocada de las energías renovables?

Lo que ocurre es que hay gente que cree que las energías renovables son energías más eficientes que el gas natural, y eso es un gravísimo error. El gas natural es una energía verde, es una energía incluso más amigable que muchas de las energías renovables y es el recurso más importante que tenemos en el Perú. Entonces, nuestra posición es que todos puedan participar, pero hagámoslo de una manera en que no terminemos generando un grave costo a todos los peruanos.

¿La Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha solicitado algún pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema? Lo pregunto porque hemos notado un gran silencio de parte del MEF.

Sí, nosotros hemos solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas que se pronuncie sobre el tema y que haga un análisis más profundo. De hecho, el día viernes pasado, que fue aprobado el dictamen, estaba citado el Ministro de Economía y Finanzas (Alex Contreras), pero recordarás que el ministro estaba en Nueva York difundiendo oportunidades de inversión privada para nuestro país, lo cual es excelente. Obviamente, por eso el ministro pidió que se postergara su presentación para esta semana, pero pese a la solicitud del ministro se decidió aprobar el dictamen entre gallos y medianoche sin esperar la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa es una de las razones por lo cual nosotros observamos el tema. Se ha pedido una reconsideración, así que esperamos que la Comisión apruebe la reconsideración y abra un debate mucho más amplio. Este es un debate que requiere además mostrar los números.

¿A usted no le genera suspicacia o desconfianza que el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República sea el parlamentario Jorge Flores Ancachi, investigado por el caso “Los Niños”?

Nosotros somos un gremio y como comprenderás no podemos opinar sobre suspicacias o rumores, lo único que pedimos es que se respete la institucionalidad y que se actué en beneficio de todos los peruanos, eso es lo que exigimos, y por eso es necesario un debate amplio, transparente, público y con data, es lo que estamos pidiendo. Al final que la decisión sea la mejor para los peruanos. También es importante que los medios de comunicación se involucren en el tema y puedan difundir de manera objetiva —así como ustedes lo hacen— para poder explicar a la opinión pública sobre los pros y cons del proyecto de esta naturaleza. Nosotros estamos de acuerdo con la promoción de las energías renovables, pero no a costo de poner en riesgo la masificación del gas natural y no cuando se está afectando también la competitividad del país y el riesgo de tarifas eléctricas.

¿La Sociedad Peruana de Hidrocarburos insistirá en reunirse con el ministro de Economía?

Por supuesto que sí, ya lo hemos solicitado y también estamos solicitando un mayor debate en la Comisión de Energía y Minas, esperemos que se apruebe la reconsideración y se nos invite a nosotros al igual que otros técnicos y también al COES y al MEF a participar de este debate, porque en ese debate técnico vamos a demostrar que el proyecto de ley que busca modificar la ley de generación eléctrica no es conveniente para la sociedad peruana.

Para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para los congresistas de la Comisión de Energía y Minas del Congreso?

Que es importante un debate más amplio, transparente y que el debate de este proyecto de ley tiene que poner por delante los intereses del país.

Tras 16 años de uso y abuso de las fotopapeletas de tránsito, desde tempranas horas de hoy, las 129 cámaras que se usaban en el Callao para emitir fotopapeletas a los conductores que pasaban por las vías de la provincia constitucional serán usadas para reforzar la seguridad ciudadana. Así lo anunció esta madrugada el alcalde de esa jurisdicción, Pedro Spadaro.

El burgomaestre, junto a serenos del municipio y la Policía Nacional, llegó a la medianoche al local que funcionaba como la central de monitoreo para tomar el control directo de la imposición de fotopapeletas.

Esta acción es parte de la culminación del contrato de la Municipalidad del Callao y el consorcio Tránsito Ciudadano, encargado de registrar lo que consideraban faltas al reglamento de tránsito.

“El viernes pasado se ha dado por terminado el contrato de concesión que lamentablemente ha tenido en los últimos 16 años la Municipalidad Provincial del Callao y que, con argucias legales, han pretendido, a través de pedidos ante arbitrajes, quedarse más tiempo”, indicó Spadaro a la prensa.

El alcalde señaló que la indicación es que, desde este martes, las 129 cámaras continuarán verificando las infracciones de tránsito, pero además realizará el trabajo de seguridad ciudadana.

Fotopapeletas irregulares serán anuladas

Durante la toma del local, el alcalde Spadaro denunció una serie de abusos e irregularidades en la imposición de fotopapeletas por parte del consorcio Tránsito Ciudadano. Explicó, por ejemplo, que en una vía que había sido reducida, debido a una ciclovía, a 2.60 m, se seguía aplicando este tipo de multas, lo que consideró incorrecto.

Manifestó que estas fotopapeletas serán “anuladas de forma inmediata por parte de la Municipalidad Provincial del Callao”.

Precisó que en los días posteriores la municipalidad dará a conocer las acciones que desarrollarán para anular “las papeletas abusivas y arbitrarias” y las formas para devolver el dinero de las que ya fueron pagadas.

Spadaro denunció que la empresa concesionaria no tenía como objetivo educar a los conductores a través de las multas, sino que tenía un fin lucrativo para la empresa. “Eso es lo que vamos a desterrar a partir de hoy”, dijo.

Cabe indicar que la transferencia del control de este ente fiscalizador se desarrolló sin ningún inconveniente.

Finalmente, el burgomaestre del primer puerto precisó que el consorcio Tránsito Ciudadano emitía aproximadamente 2.000 papeletas diarias, de las cuales eran notificadas entre 1.200 a 1.600, lo que equivale entre tres a cuatro millones de soles que la empresa facturaba mensualmente.