Este martes 04 de marzo, la empresa Real Plaza SRL y sus apoderados han sido denunciados por 3 asociaciones defensoras de consumidores, entre ellas, el Centro de Protección al Ciudadano EQUIDAD, el Centro de Consumidores Inmobiliarios del Perú (ADCIP) y la Asociación Peruana de Protección y Defensa de Consumidores y Usuarios Proconsumo.

Dicha denuncia ha sido interpuesta ante la Comisión de Protección al Consumidor número dos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), para que en su condición de autoridad de consumo, ordene y ejecute acciones preventivas y correctivas de protección al colectivo de consumidores a nivel nacional, tras evidenciar a través de los diversos medios y por opinión de expertos, la responsabilidad y culpa de la empresa Real Plaza y de sus gerentes y/o apoderados Misael Shimizu Mitsumasu, Garlet Noemí Rodríguez Ortiz y Luis Alonso Santa María Torres, en los hechos fatídicos del pasado viernes 21 de febrero y su actuar negligente por acciones de omisión y acción culposa, vulnerando los derechos de los consumidores.   

Petitorio

Dichas vulneraciones se habrían materializado por haber incumplido diversos artículos del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Entre ellas, por no informar las deficiencias en sus 11 locales o centros comerciales, ocultando información relevante a los consumidores de las deficiencias tanto en la arquitectura, estructuras, mantenimiento y otros, que han determinado su posterior cierre o clausura por la autoridad municipal en once locales en distintos distritos y ciudades del Perú.

Asimismo, por señalar falsamente y de modo inexacto que la empresa en mención y sus locales cumplen con los más altos estándares de construcción y mantenimiento, siendo totalmente lo contrario, ya que por su incumplimiento se determinó el cierre de sus locales.

Por la demora en la activación de los seguros médicos de atención de salud, lo cual generó riesgo a la salud y a la vida para los heridos de la tragedia acontecida en Real Plaza Trujillo.

Por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad a sus consumidores y visitantes del Real Plaza Trujillo, cuyo techo se cayó el pasado 21 de febrero, así como del Real Plaza Huancayo, que fue clausurado por la comuna huancaína por defectos estructurales.

Por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad a sus consumidores y visitantes del patio de comidas de Real Plaza de Cusco, que fue clausurado 15 días por el municipio de la ciudad imperial.

Además, por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad a sus consumidores y visitantes del Real Plaza Villa María del Triunfo, el 25 de febrero de 2025 por presentar estructuras oxidadas y filtración de humedad.

Asimismo, expusieron y no garantizaron la seguridad a sus consumidores y visitantes del Real Plaza Puruchuco, clausurado por la Municipalidad de Ate, el 25 de febrero del presente año.

Por haber expuesto y no garantizar la seguridad a sus consumidores del Real Plaza Santa Clara, también clausurado por la comuna de Ate, el 25 de febrero del mismo año.

También, por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad a sus consumidores del Real Plaza Piura, clausurado por la municipalidad de Piura el pasado 24 de febrero, por no reunir las condiciones técnicas establecidas para el funcionamiento de locales públicos.

Asimismo, por haber expuesto a sus consumidores y visitantes del Real Plaza Guardia Civil de Chorrillos, clausurado por la comuna chorrillana el 27 de febrero del 2025 por inminente riesgo para la vida, al detectar 30 faltas graves, incluyendo tener estructuras oxidadas. 

Por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad a sus consumidores y visitantes del Real Plaza Centro Cívico, clausurado por la MML, el 27 de febrero por falta de mantenimiento en las conexiones eléctricas.

También, por haber expuesto y no haber garantizado la seguridad de sus consumidores y visitantes del Real Plaza Juliaca, clausurado por la comuna provincial de San Román el pasado 25 de febrero, por encontrar fallas estructurales y otras deficiencias que comprometen la seguridad del recinto comercial.

Asimismo, se pide que se ordene a la denunciada que reembolse todos los gastos efectuados por los consumidores afectados (aproximadamente 78 personas) por la tragedia del pasado 21 de febrero del 2025, en su local del Centro Comercial Real Plaza Trujillo.

Que se reembolse los egresos de costas y costos del presente procedimiento a las entidades accionantes. Que se asigne un porcentaje de la multa a las asociaciones de consumidores denunciantes que cuenten con convenio ante Indecopi, para sus fines de protección a los consumidores.

Que se sancione con el máximo de la multa establecida, de 450 UIT, por cada de una de las infracciones (13) mencionadas en el primer numeral de esta denuncia, a la denunciada Real Plaza y a los Gerentes y/o Apoderados, por tratarse de un caso que aún no se soluciona y que continúa afectando intereses difusos de miles de consumidores y usuarios.

De esta manera los denunciantes solicitan a la Secretaría Técnica que admitan a tramite la presente denuncia y en su oportunidad declararla FUNDADA en todos sus extremos, de acuerdo a los argumentos expuestos. 

Amor y sexo dentro de prisión. En el Perú el reo puede recibir visitas según lo dispuesto por el Código de Ejecución Penal y su Reglamento, específicamente en el Decreto Legislativo N° 654 y el Decreto Supremo N° 015-2003-JUS, el cual precisa que se deben de cumplir ciertos requisitos para dar pase a los famosos venusterios, encontrándose, dependiendo del establecimiento penitenciario, los siguientes:

Internos con sentencia condenatoria firme, el reo debe demostrar estar casado o mantener una relación de convivencia, realizarse periódicamente chequeos sanitarios, cumplir con las reglas de comportamiento, así como otras reglas por el centro penitenciario. Todo ello le da acceso a una habitación condicionada para tener relaciones sexuales con su pareja.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo, presidida por Josué Gutiérrez Cóndor, acaba de presentar un Proyecto de Ley (PL) al Congreso de la República para establecer que “la visita íntima es un derecho de toda persona privada de la libertad”, dejando abierta la posibilidad que los venusterios estén disponibles para todos los reos y no solo para los que se porten bien o demuestren estar casados a manera de recompensa.  

La propuesta legislativa busca efectuar modificaciones al texto único ordenado del Código de Ejecución Penal para “prevalecer el derecho de igualdad ante la ley y la no discriminación por razón de sexo, entre varones y mujeres”.

En específico, se pretende modificar el artículo 41 de dicho código para que indique: “La Administración Penitenciaria estimula e intensifica las comunicaciones y visitas en cuanto sean beneficiosas para el interno y evita aquellos contactos con el exterior que le resulten perjudiciales. La visita íntima es un derecho de toda persona privada de libertad».

Además, se busca incorporar el texto 41-A que señale: “Previa solicitud de la persona privada de libertad, el director del establecimiento penitenciario concederá una visita íntima de manera quincenal, con la pareja que designe, bajo las recomendaciones de seguridad, higiene, planificación familiar y profilaxis médica, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento”.

En su exposición de motivos, el proyecto señala que, en la actualidad, la visita íntima es tratada como un beneficio penitenciario y que está a discrecionalidad de la autoridad penitenciaria. Además, suele ser negada a las mujeres encarceladas “de manera arbitraria e injustificada”.

Además, en su fundamento técnico indican que, conforme lo ha establecido el Tribunal Constitucional, la visita íntima consiste en ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad. “Esta oportunidad de intimidad que realizan el interno/a y su pareja es una de las diferentes maneras de plasmar el libre desarrollo de la personalidad que continúa incólume aún en prisión”, agregan.

Como se recuerda, la fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, presentó una denuncia contra 11 congresistas por mostrar su respaldo a la ley que permite percibir doble sueldo a exmilitares y expolicías que actualmente despachan como parlamentarios. Y a pesar de cuestionarlos por cobrar doble, ella contrató a su excolega, el jubilado fiscal Víctor Cubas Villanueva, pese a sus 77 años de edad, para que se desenvuelva como Vocero de la Fiscalía desde noviembre del 2024, permitiendo que tenga doble percepción de haberes.

Según su constancia de haberes, el vocero fiscal Víctor Cubas Villanueva, recibe más de S/21 mil entre pensión y sueldo. Y también registró un ingreso económico adicional por planilla de obligación judicial en diciembre de 2024. En detalle, el actual vocero del Ministerio Público percibe un sueldo de S/7,838,40 de la planilla de pensionistas; pero también cobra S/14,855 mensuales como parte de su labor como portavoz.  

Víctor Cubas a sus 77 años cobra doble

De acuerdo a la Constancia de Pagos de Haberes y Descuentos, Víctor Cubas percibe una pensión de S/8,100 mensuales como exfiscal supremo. Sin embargo, con los descuentos de ley, la boleta total se reduce a S/7,838.40. Asimismo, tiene una remuneración de S/12,000 mensuales, que con los reintegros e incrementos de ley arrojó un total de S/14,855.08 como boleta total.

Hace dos meses cobró tres sueldos

Asimismo, en diciembre del año pasado, Víctor Cubas Villanueva tuvo tres ingresos. El tercero corresponde a la planilla por obligación judicial que corresponde a un devengado de pensión por mandato judicial de S/59,424 que con los descuentos correspondientes se redujo a 45,892,37 soles. Es decir, en el mes navideño percibió un ingreso total de S/83,741.26, que con los descuentos de ley se redujo a S/68,585.85. 

El gran show del chotano. Faltaba que se aparezca en la audiencia con el pelo desordenado, vistiendo una camisa raída, con la cara con sueño y sin un zapato, vociferando ¡soy inocente! Al mismo estilo que el ex dictador Alberto Fujimori. Cuando se trata de Pedro Castillo todo se puede esperar.

El ex mandatario se presentó esta mañana sin abogado a la instalación del juicio oral en su contra por el intento de golpe de Estado a finales del año 2022. Por ello la Fiscalía solicita 34 años de prisión preventiva por el presunto delito de rebelión y abuso de autoridad.

Castillo Terrones, recluido de manera preventiva en el penal de Barbadillo, indicó horas antes que no cuenta con defensa legal, detallando a través de un escrito dirigido a la Sala Penal Especial, que todo ese proceso se trata de una “pantomima” donde “todo parece estar confinado”.

“Tampoco acepto un abogado de la defensa pública. (…) De todos mis abogados he prescindido de sus servicios. Los he subrogado ayer, en el contenido de este escrito está claramente”, agregó.

Minutos después, la sala resolvió asignar un defensor público al exmandatario y aclaró que, formalmente, solo había prescindido de uno de sus abogados, Luis Medrano, pero no de los otros tres, por lo que su defensa “continúa subsistiendo”. Por su parte, el juez supremo José Antonio Neyra, quien lidera la sala, le recalcó al exmandatario que sus intervenciones “no pueden ser políticas”.

Cabe recordar que en el juicio oral también están comprendidos la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y su antecesor, Aníbal Torres. Aunque el exministro del Interior, Willy Huerta, se desmarcó de la intentona, quedó incluido también en el proceso, además de tres ex oficiales policiales. A los seis implicados se les acusa de ser coautores del delito de rebelión.

Turbulencias por delante. Gran incertidumbre entre toda la ciudadanía por saber cuándo finalmente se inaugurará el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, la cual en un principio iba a ser entregada para finales de enero de este año. Según los expertos, la conclusión del aeropuerto podría retrasarse hasta mediados de año, sin embargo, desde Ositrán ya vienen avisando que de no cumplir con las fechas pactadas podría conllevar a una dura sanción.

De esta manera, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) sancionará a la empresa Lima Airport Partners (LAP) si es que no cumple con entregar el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez operativo para el próximo 30 de marzo.

Al respecto, Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán, en entrevista para RPP, se refirió a la filtración de una serie de comunicaciones entre LAP y sus proveedores sobre una posible prórroga de la entrega del aeropuerto. Según dijo, la concesionaria ha mantenido la fecha inicial, por lo que si no la cumple serán pasibles de sanciones.

“A nosotros lo que nos interesa es lo que haga LAP, no lo que hagan sus proveedores. El 30 de marzo tiene que estar el aeropuerto operativo y si no lo está habrá sanciones contra LAP”, sostuvo.

“Ositrán (sancionará) son sanciones o penalidades que tienen relación con el daño y deben ser proporcionales al daño, pero mayores para ser disuasivas y que quien lo infringe no incumpla. Hay una fórmula para sacarlo”, añadió.

La funcionaria indicó que una posible falta a esta entrega significaría que LAP habría incumplido con el contrato de concesión, el cual indica que deben entregar el terminal operativo y no solo infraestructura y equipamiento operando.

¿Caviares en la Fiscalía? Como era de esperarse, la Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela salvó a su colega, el fiscal Supremo Pablo Sánchez Velarde de ser procesado por obstruir a la justicia y decidió no denunciarlo constitucionalmente y archivó la carpeta fiscal, a pesar que él ordenó paralizar una diligencia de exhibición e incautación en las oficinas de la ONG IDL-Reporteros en julio de 2018, luego de que el propio Gustavo Gorriti lo llamara vía celular para increparle por la diligencia, esto tras la difusión de los famosos “CNM audios”.

“Se dispone: no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Pablo Wilfredo Sánchez Velarde en su condición de fiscal de la Nación), por la presunta comisión del delito contra la administración de justicia, en la modalidad de OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA; archívese definitivamente la presente carpeta fiscal”, se lee en el documento.

Esta decisión fue sellada en la disposición de la Fiscalía N° 04, en la que indicó que, en esa fecha, el entonces Fiscal de la Nación Pablo Sánchez exigió mediante llamada telefónica al fiscal Rodrigo Rurush Castillo la suspensión de dicha diligencia, ya que, supuestamente no había presentado el documento necesario para llevar a cabo el acto fiscal, a pesar que se trataba de un pedido de exhibición.

Gorriti manda en la Fiscalía

Como se sabe, el exfiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde enfrentaba una investigación iniciada en abril de 2024, a raíz de las declaraciones del fiscal provincial adjunto Rodrigo Rurush Castillo, quien en 2018 estuvo a cargo de la diligencia judicial en las oficinas de la ONG IDL; sin embargo, fue amenazado por Sánchez Velarde con el objetivo de proteger al operador oenegero Gustavo Gorriti.

“El señor Sánchez me llamó desde el número de su teléfono de asistente para preguntarme: ‘¿Estás realizando la diligencia en IDL?’, a lo que respondí afirmativamente, y él contestó: ‘Suspende inmediatamente la operación o asume las consecuencias’”, declaró el fiscal Rurush.

¿También no solicitaron el Bono Yanapay? Los congresistas de la República, no solo los de ahora sino también los que los precedieron, tienen esa pésima costumbre de exigir más de lo que el Estado les puede ofrecer. Cuentan con seguridad personal, chofer, asistentes, asesores, quieren comer buffet, tienen aire acondicionado y demás comodidades mientras la mayoría de los peruanos sudan la gota gorda, les pagan los pasajes cuando tienen semana de representación, les entregan un bono navideño, gratificación y cuanto beneficio se puede uno imaginar, y todavía tienen el cuajo de pedir más. No cabe duda de que el apelativo de ‘Otorongos’ les cae como anillo al dedo.

Ahora, el Congreso ha otorgado un bono de escolaridad equivalente a un sueldo completo a sus trabajadores. Este pago se entrega a todos los empleados parlamentarios, sin importar si tienen hijos en edad escolar, e incluso beneficia a pensionistas.

En enero, más de 3,300 trabajadores del Legislativo cobraron este bono, lo que significó un desembolso superior a los 25 millones de soles.

Al respecto, el congresista Wilson Soto, de Acción Popular, defendió la medida señalando que este tipo de beneficios no son exclusivos del Parlamento, sino que también se otorgan en otras entidades estatales, como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Central de Reserva y Petroperú. Sin embargo, la congresista Tania Ramírez de Fuerza Popular evitó pronunciarse sobre el tema, indicando que corresponde al área administrativa del Congreso definir los alcances de este beneficio.

Por su parte, el economista Carlos Adrianzén cuestionó duramente la entrega de este bono, señalando que impacta negativamente en la economía del país en un momento de crisis fiscal. “Cuando la situación fiscal empeora, la pobreza se deteriora severamente. Es un acto de extrema irresponsabilidad”, advirtió. Además, alertó que este tipo de gastos pone en riesgo el grado de inversión y el prestigio económico del país.

El dato:

Actualmente, el Decreto Supremo 002-2025 del Ministerio de Economía establece que los servidores públicos pueden recibir un máximo de S/400 por escolaridad. Sin embargo, el Congreso, al estar bajo el régimen de la actividad privada y fuera de la Ley Servir, define sus propios límites. 

El apestado. La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó ayer el informe final que recomienda suspender por 60 días al parlamentario Darwin Espinoza (Podemos Perú), además del descuento de sus haberes por ese periodo.

La decisión se tomó luego de declarar fundada una denuncia de oficio en su contra relacionada con actividades proselitistas dentro de su despacho congresal. La votación del informe se resolvió con 5 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Con la aprobación, el siguiente paso será remitir la recomendación al pleno del Congreso que deberá decidir si se ratifica la sanción.

El informe, que corresponde al Expediente N.º 172-2023-2024/CEP-CR, concluyó que existen elementos suficientes para acreditar que el legislador utilizó su despacho parlamentario para favorecer el partido político de su hermano, incurriendo en un uso indebido de recursos públicos y vulnerando principios éticos.

Entre los bienes usados se reporta el de una impresora con la que se imprimieron documentos relacionados a la referida organización política. También, desde su oficina se realizaron más de cuatro mil consultas al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), hecho que atenta contra las normas del convenio suscrito entre el Congreso y el Reniec.

Congresista Espinoza se defiende

Durante la sesión, Darwin Espinoza negó las acusaciones y dijo que es falso que haya utilizado indebidamente a trabajadores de su despacho para la recolección de firmas, pues los funcionarios mencionados lo hicieron fuera de su horario laboral. Asimismo, refirió que resulta “paradójico” que él promueva la inscripción de un movimiento regional cuando él presentó un proyecto de ley contra estos y que la sanción es “injusta”.

“Las únicas fichas son las que aparecen en ese video. […] Ahora hay que corroborar todo lo que dice la prensa. […] No es justo que se me pida 60 días de suspensión por algo que ni siquiera está comprobado. Es más, los informes técnicos del área de sistemas dicen que no hubo una impresión de ficha y si los señores han realizado alguna obtención de firmas, yo no puedo estar supervisando lo que mis trabajadores hacen en su tiempo libre», mencionó.