Una empresa predestinada a destruirse desde sus entrañas, no sin antes ser ‘canibalizada’ por sus propios funcionarios. La Contraloría General de la República detectó que Petroperú, empresa estatal de hidrocarburos, ha perdido un total de S/ 3 615 091 debido a una deficiente gestión a la hora de adquirir servicios para realizar mantenimiento y proyección en sus activos en Loreto, Piura, Ucayali. La negligencia se habría dado por irresponsabilidad de ocho funcionarios.

El primer perjuicio suma un total de S/ 2 514 076.61 y es que la empresa pagó este monto por servicios de restitución de ribera en zona de caseta de bombas contraincendio y de relleno de arena para dicha restitución de ribera en la Estación 1 del Oleoducto Norperuano (ONP) en Loreto, por las sumas de S/ 1 920 803.11 y S/ 593 273.50, respectivamente.

Sin embargo, luego de dos meses de finalizar estos trabajos, la estructura metálica hacia el lado del río colapsó y el material de relleno se perdió. Vale decir que estos trabajos se realizaron por pedido del Supervisor de la Estación al observar que el río Marañón erosionó la ribera y los terrenos adyacentes a la estación se habían dañado y ponía en riesgo la infraestructura del ONP.

Otro perjuicio económico de S/ 264 987.00 se produjo por el mayor pago del Impuesto a la Renta del ejercicio gravable 2017. Esta situación se generó por el accionar negligente de funcionarios de Petroperú al no cautelar que la capitalización del Mantenimiento Mayor del Horno de Proceso – Activo N° 204733-10 “XIII Inspección General UDP – Planta de Tratamiento”, ubicado en la Refinería de Talara (Piura), se realice en diciembre del 2015 con una vida útil de cinco años, sino que se efectuó con una vida útil de 15 años, por lo que no se procedió con arreglo a la normativa aplicable.

Dicha situación recién fue corregida el 21 de agosto de 2017 en el Sistema ERP-SAP y eso provocó un gasto de depreciación de S/ 898 261 que no era deducible para el cálculo de la determinación de la renta neta del ejercicio gravable 2017, al comprender a ejercicios anteriores (Diciembre 2015 y Enero a Diciembre 2016) en la cual se adicionó dicho concepto para determinar la renta neta imponible. Ello ocasionó un mayor pago por concepto de impuesto a la renta por S/ 264 987.

Mientras que con el informe de Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad N.º 015 -2024 -2 -0084, se evaluó la ejecución del servicio integral de operaciones fluviales de embarque y descarga de hidrocarburos en Pucallpa (región Ucayali), que estuvo a cargo de una empresa privada de logística.

La ejecución del presente servicio permitió determinar un perjuicio económico por S/ 836 027.78 como consecuencia de no haberse debitado al operador privado los excedentes a los LMP por concepto de variaciones volumétricas en 24 embarques por un total de 1922.29 barriles (conformado por 282.40 barriles de Destilados Medios y 1639.89 de Gasolinas), que se registraron durante la ejecución del contrato entre diciembre del 2022 y agosto del 2023.

En el limbo. El Perú tiene más de un millón y medio de jóvenes (entre 15 y 29 años) que ni estudian ni trabajan (conocidos como ‘nini’), cifra al cierre del 2023 que evidencia un crecimiento de 2,4 %, respecto al año anterior, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

En el limbo. El Perú tiene más de un millón y medio de jóvenes (entre 15 y 29 años) que ni estudian ni trabajan (conocidos como ‘nini’), cifra al cierre del 2023 que evidencia un crecimiento de 2,4 %, respecto al año anterior, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“El segmento nini representa el 20,1 % de la población juvenil en el país, el mismo que carece de programas educativos y tiene una limitada participación laboral”, afirmo Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

Al respecto, el abogado laboralista Jorge Toyama expresó su preocupación por esta cifra, ya que constituye un incremento de 300,000 jóvenes en esa condición respecto al año 2019, antes de la pandemia.

En el 2019, se registraron 1.3 millones de jóvenes “nini”, en el 2020 la cifra aumentó a los 2.5 millones, en plena pandemia, en tanto que el 2023 cifra cerró con 1.6 millones de “nini”, 300,000 más que en la etapa prepandemia,

En entrevista con Canal N, el abogado señaló que en el Perú existen 8 millones de jóvenes, de los cuales un millón trabaja y son formales; es decir, cuentan con derechos laborales.

Adicionalmente, hay 4 millones de jóvenes que trabajan en la informalidad; un millón y medio estudia alguna carrera técnica o universitaria, en tanto que 1.6 millones ni trabajan ni estudian, la mayoría mujeres.

Rumbo a una educación “elitista”

De otro lado, Toyama llamó la atención que en el segmento de los jóvenes que estudian, si bien el número ha aumentado, se registra una disminución de estudiantes en las universidades públicas. 

“Si bien la cantidad de estudiantes ha aumentado, lo que llama la atención es que la gran mayoría estudia en universidades privadas, y cada vez menos en las universidades públicas. Hoy día hay menos estudiantes en las aulas de las universidades públicas que la etapa prepandemia”, afirmó.

Según dijo, esto se debería a que hay una sensibilidad en las familias peruanas de que la calidad y las eventuales huelgas en las universidades públicas “no genera un aporte adecuado para su futuro profesional”.

Para el jurista, esta situación es preocupante, porque la educación se “elitiza”, porque solo aquellos que pueden pagar estudian.

Muchos peruanos terminan a fin de mes estirando su sueldo ya que cada vez los productos de primera necesidad siguen elevándose, pero los ingresos no llegan a cubrirlos. El último incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) se dio en el año 2022, estableciéndose la suma de 1,205 soles, sin embargo, debido a la inflación ese monto no se ajusta con la realidad.

Ante ello, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, manifestó que el aumento podría evaluarse en la segunda mitad del año si la economía sigue creciendo y que eso sería un acuerdo entre empleadores y trabajadores.

“Lo importante es que crezca la economía. Los ingresos ya crecieron en promedio 100 soles [entre marzo y mayo]. Eso es una buena noticia, pero ya la [discusión del incremento] de la remuneración mínima vital (RMV) podría ser también a partir del segundo semestre, sería un buen momento si es que seguimos creciendo”, dijo Maurate en declaraciones a la prensa desde el Ministerio de Cultura.

Consultado sobre el monto al que ascendería el nuevo sueldo mínimo, el titular del MTPE descartó que pudiera llegar a los 1,545, tal como lo han planteado desde el Congreso de la República. El objetivo sería evitar un incremento de la informalidad con un aumento brusco de la RMV.

“No creo [que se vaya a subir a dicho monto]. Va a tener que ser un acuerdo entre empleadores y trabajadores porque tiene que ser también un un incremento mirado técnicamente. No solamente hay que mirar el lado político, menos de manera populista. No podemos hacer un incremento irresponsable, tenemos que ver básicamente que la economía siga creciendo como lo está haciendo y haremos un acuerdo entre empleadores y trabajadores”, anotó luego de la firma entre el MTPE y la Embajada de España sobre la declaración de intenciones en favor del fortalecimiento del capital humano.

Cabe indicar que la economía peruana creció 5.28% en abril del 2024, por encima de lo previsto por los analistas, impulsada por los sectores Agropecuario, Pesca, Manufactura, Construcción, Electricidad, Gas y Agua, Transporte, entre otros, informó el fin de semana el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

El dato:

La última vez que se incrementó la RMV fue en mayo del 2022, cuando aumentó de 930 a 1,025 soles.

Durante la sesión del Pleno realizada ayer se aprobó en segunda votación que los trabajadores independientes aporten de manera obligatoria para tener una pensión en su vejez, en el marco del proyecto de la ley de modernización del sistema previsional peruano. Cabe mencionar que la primera votación de ese dictamen se realizó el pasado 29 de mayo.

El dictamen contempla que los trabajadores independientes, afiliados al sistema de pensiones, que perciban ingresos y que constituyan rentas de cuarta categoría o quinta categoría, se les aplique una tasa de aporte obligatorio.

Dicha tasa se aplicaría de forma gradual a partir del primero de enero del tercer año posterior a la entrada en vigor de la presente ley (aprobada en primera votación), aplicándose durante dicho año una tasa de 2%, la cual se incrementará en un punto porcentual cada dos años hasta un máximo de 5%.

El dictamen también plantea que la tasa se aplicará sobre los ingresos percibidos en cada recibo por honorario emitido por el trabajador independiente.

Asimismo, establece que las personas, empresas y entidades obligadas a llevar contabilidad, de acuerdo con el artículo 65 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, están obligadas a retener los aportes señalados cuando paguen o acrediten rentas de cuarta categoría o quinta categoría.

En el caso de los trabajadores independientes que perciban ingresos no sujetos a retención o cuando el agente de retención no cumpla con la obligación de retener los aportes, el agente retenedor es solidariamente responsable por los aportes no pagados y por las obligaciones derivadas de ellos.

Situación en la SNP y en el SPP

Por otro lado, el dictamen establece que para los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), estos aportes tienen naturaleza tributaria y su administración está a cargo de la Sunat.

Para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), los plazos para la declaración, retención y pago, así como las disposiciones relacionadas con estos procesos, se efectúan de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente del SPP.

Los aportes a que se refiere el presente artículo se determinan mensualmente y deben ser declarados y pagados en los plazos establecidos en el artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Supremo 133-2013-EF, Código Tributario.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha actualizado el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) a S/121,500 para el periodo de junio 2024 a agosto 2024.

Esta cifra ha disminuido S/920, en comparación con el trimestre anterior, cuando el monto de cobertura del fondo era de S/ 122 420.

La medida continúa asegurando que las cuentas de ahorro, depósitos a plazo y cuentas CTS en bancos, financieras y cajas municipales y rurales de ahorro y crédito estén protegidas; sin embargo, se excluye a las cooperativas de ahorro y crédito.

¿Qué es el Fondo de Seguro de Depósitos (FDS)?

El Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) protege los ahorros y CTS depositados en entidades supervisadas por la SBS: bancos, financieras, cajas municipales y rurales.

Este fondo es crucial para la seguridad financiera de los ahorristas. Este respaldo garantiza que, en caso de quiebra de alguna entidad financiera asegurada, los ahorristas puedan recuperar su dinero, incluyendo los intereses ganados, hasta el monto máximo establecido.

Un ejemplo reciente de la importancia del FSD fue la intervención de la ‘Caja Raíz’ en agosto de 2023. La SBS ordenó la disolución de la entidad el 11 de agosto, y para el 15 de agosto, el FSD ya había comenzado a devolver el dinero a los ahorristas, cubriendo completamente los ahorros del 96.3% de los clientes.

Cabe destacar que este «seguro» es gratuito para los depositantes y se activa automáticamente, sin necesidad de inscripción previa y aplica de manera independiente para cada entidad financiera. Por ejemplo, una persona puede tener ahorrados S/121,000 en un banco y S/121,000 en una caja, y ambos depósitos estarían protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD).

¿Cuáles son las entidades financieras que están cubiertas por el FSD?

Actualmente, un total de 41 entidades financieras en Perú están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos (FDS). En la nómina se incluyen a:

16 bancos:  BBVA, Interbank, BCP, Scotiabank, Falabella, Ripley, Mibanco, BanBif, Pichincha, GNB, Bancom, Alfin, Citibank, Santander, ICBC y Bank of China.

8 financieras: CrediScotia, Compartamos, Confianza, Oh!, Efectiva, Credinka, Proempresa y Qapaq.

12 cajas municipales: Piura, Cusco, Arequipa, Huancayo, Sullana, Trujillo, Ica, Tacna, Maynas, Lima, Del Santa y Paita.

5 cajas rurales: Incasur, Los Andes, Cencosud Scotia, Prymera, Del Centro.

Se debe remarcar que, si una nueva entidad financiera ingresa al mercado peruano, no contará con la cobertura del FSD, hasta cumplir 24 meses de aportes. Un ejemplo de esta situación es el banco BCI, que comenzó sus operaciones en Perú a mediados de 2022 y aún no está cubierto por el FSD.

Están excluidas las Cooperativas de Ahorro y Crédito

Las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) no están cubiertas por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD). Sin embargo, estas entidades han establecido su propio mecanismo de protección llamado Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC), que ofrecerá una cobertura máxima de S/10,000. Este nuevo fondo entrará en vigencia a partir de enero de 2025, proporcionando una medida adicional de seguridad para los ahorristas en las cooperativas.

Una medida populista. El Poder Ejecutivo finalmente ha autorizado la ley del retiro del 100% de la CTS (Compensación por Tiempo de Servicios) y publicó la norma en el diario oficial El Peruano. De esta manera, miles de trabajadores formales podrán tener libre acceso a sus depósitos de CTS que perciben dos veces al año.

“Se autoriza, por única vez y hasta el 31 de diciembre de 2024, a los trabajadores comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, aprobado por el Decreto Supremo 001-97- TR, a disponer libremente del cien por ciento (100 %) de los depósitos por compensación por tiempo de servicios (CTS) efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición”, señala la norma oficial.

Según la ley aprobada, los trabajadores podrán “disponer libremente del cien por ciento (100 %) de los depósitos por compensación por tiempo de servicios”. Esto quiere decir que podrán retirar y mover todo el dinero que tengan acumulado en sus cuentas CTS, inclusive contando el que les será depositado en la segunda parte del 2024.

Esto significa que los trabajadores no tendrán que estar desempleados para retirar estos montos, dado que su libre acceso fue aprobado por el Congreso, con la justificación de reactivar la economía, tal como sucedió con el sétimo retiro de la AFP.

Hace falta su Reglamento para el retiro de la CTS

Cabe mencionar que los trabajadores formales aún tendrán que esperar un tiempo más para poder acceder a sus cuentas CTS, dado que el siguiente paso es que el Poder Ejecutivo apruebe el reglamento en los próximos días.

Así, la norma publicada señala que el Gobierno “aprobará el reglamento de la presente ley en el plazo máximo de diez días calendario contados desde su entrada en vigor”.

A más tardar, el lunes 27 de mayo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprobaría este reglamento y el acceso a las cuentas de CTS se podría acceder desde el siguiente día.

Por otro lado, cabe recordar que no se encuentran comprendidos en recibir el pago de la CTS los siguientes casos:

• Los trabajadores que laboran menos de cuatro horas diarias
• Los trabajadores que perciben remuneración anual integral
• Los que perciben el 30% o más de las tarifas que paga el público
• Los trabajadores del régimen laboral agrario que han optado por cobrar su CTS conjuntamente con su remuneración (Ley 30110 y DS 005-2021-Minagri)
• Los trabajadores de las microempresas contratados después de su inscripción de la empresa en el Remype.

Tiraron la toalla. El nuevo Directorio de Petróleos del Perú (Petroperú), informó a la opinión pública que le solicitó a su Junta General de Accionistas (JGA) la posibilidad de privatizar la empresa estatal de hidrocarburos con el fin de contar con una “espalda financiera” más amplia. A través de un comunicado institucional, la entidad señaló que requiere alrededor de 2 mil 200 millones de dólares adicionales para recuperar la estabilidad financiera; sin embargo, alertó que resultaría irresponsable solicitar tal cantidad al Estado peruano debido a los “usuales apetitos políticos”, ya que “nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos”.

Tal y como expresó la institución en su comunicado, las condiciones financieras que requiere la empresa son tan anchas que afectaría a su accionista; es decir, al Estado peruano y, por consecuencia, tomaría los recursos de los ciudadanos. Como mencionado anteriormente, los cálculos de la empresa señalan un financiamiento adicional de 2 mil 200 millones de dólares.

“En las actuales circunstancias de un Petroperú con gobernanza y gestión empresarial expuesta a los usuales apetitos políticos, sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado, ya que nada asegura que la empresa no retorne en el futuro cercano a solicitar más apoyo estatal, en desmedro de la caja fiscal y el bolsillo de los contribuyentes peruanos”, señaló la empresa del Estado.

Por tal motivo, el Directorio argumentó que estar bajo gestión de un particular sería la mejor opción para lograr el retorno a la autosostenibilidad financiera y una mejor producción operativa. Así, la compañía del Minem solicitó su autonomía ante la Junta General de Accionistas, al igual que ante el Gobierno nacional, esperando una respuesta afirmativa para “continuar con una gestión que puede y debe ser cumplida en beneficio del Perú”.

Cifras que matan. Ahora se sabe el porqué de la mandataria en posponer el informe del Instituyo Nacional de Estadística e Informática (INEI) respecto a la pobreza monetaria del año pasado. No había que ser un experto, pues basta con darse una vuelta por las calles de la ciudad para apreciar que son más las personas que se dedican a la venta ambulatoria o que se suben a los buses de transporte público a solicitar una limosna. La situación se agrava en el interior del Perú donde los recursos esenciales son solamente una eterna promesa de los candidatos políticos.

De acuerdo al reporte del INEI publicado hoy a las 10:30 a.m., la pobreza monetaria se elevó de 27.5% a 29%. En cifras reales, la población peruana en condición de pobreza alcanzó los 9 millones 780.540 de personas— más de 596.000 comparado con el año 2022—, quienes no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir la canasta básica de consumo.

Cabe indicar que la canasta básica se elevó a S/446 por persona el año pasado. Para una familia con cuatro integrantes corresponde un monto de S/1.784. En otras palabras, si un peruano gana por debajo de ese importe es considerado pobre.  

La gravedad recae cuando se observa que la pobreza extrema se elevó de 5,0% a 5,7%, una cifra que supera incluso a los niveles de pandemia (5,1%), por lo que 1 millón 922.000 personas se encuentra en esta condición extrema, es decir 249.000 peruanos más regresaron a esta situación, debido a que sus ingresos mensuales están por debajo de los S/251.

Si tomamos en cuenta los últimos cuatro años, en 2023 se registró un aumento de 991.000 personas viviendo en condiciones de pobreza extrema en comparación con el 2019. Para considerar a una persona en esta condición es porque su gasto no cubre el costo de la canasta básica de consumo alimentaria.

Pese a todo esto, desde el Poder Ejecutivo piden “no ser alarmistas” por estos resultados porque confían que las cifras disminuirán. “El gobierno pretende que lo tomen con responsabilidad y sin alarmismo”, sostuvo el premier Gustavo Adrianzén.

Por su parte, desde el Congreso de la República, se ha elevado un oficio con carácter de urgencia a la Presidencia del Consejo de Ministros para que explique las razones que motivaron a frenar -en un primer momento- la publicación del informe sobre la pobreza en el Perú. La responsable de dicha carta es la legisladora Sigrid Bazán, quien indicó que también “está solicitando el acta de la última sesión de Consejo de Ministros”.