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Política

Avalancha de irregularidades en la gestión de la alcaldesa Jessica Vargas

Pese a las advertencias de la Contraloría, la Municipalidad de Barranco no ha corregido las fallas en el servicio de grúas y depósito vehicular. Un segundo informe oficial emitido el 26 de mayo revela que persisten las irregularidades y han surgido nuevas, afectando la calidad del servicio y la transparencia en la contratación con el Consorcio “Grúas Barranco 24”, conformado por las empresas, ‘Grúas Plus SAC’ y ‘Orlandini Racing SAC’.

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La Contraloría General de la República ha vuelto a poner la lupa sobre la Municipalidad de Barranco, revelando nuevas irregularidades en el servicio de grúas y depósito vehicular que opera bajo la administración de la alcaldesa Jessica Vargas Gómez. Lo que inicialmente fue presentado como una serie de “observaciones menores” por la propia alcaldesa, ha terminado siendo una cadena de fallas administrativas y técnicas que comprometen la legalidad, calidad y transparencia de un servicio que debería proteger a los vecinos, y no perjudicarlos.

Primeras alertas ignoradas

El primer informe de control, identificado como el Hito de Control N° 004-2025-OCI/2166-SCC, ya había advertido sobre cinco situaciones adversas vinculadas a la ejecución del contrato público N° 001-2023-CS-MDB-1. Este contrato regula el servicio de grúas y depósito vehicular en el distrito barranquino. Sin embargo, lejos de asumir una posición de autocrítica o iniciar una investigación interna, la alcaldesa Jessica Vargas minimizó los hallazgos. En la última Sesión Ordinaria de Concejo Municipal, afirmó que no veía observaciones de gravedad, y que todo debía ser analizado por el gerente legal de la comuna.

Más hallazgos: Segundo informe de Contraloría

Pese a las respuestas evasivas desde el despacho municipal y a la vergonzosa ‘venia’ de los regidores oficialistas, la Contraloría continuó con su trabajo de fiscalización. El pasado 26 de mayo de 2025 se emitió un segundo informe (Hito de Control N° 005-2025-OCI/2166-SCC) donde se identificaron cuatro nuevas situaciones adversas, que profundizan las dudas sobre cómo se está ejecutando este contrato público del servicio de grúas y depósito vehicular.

Hito de Control N° 005-2025-OCI/2166-SCC, identificó más irregularidades.

1. Grúa no acreditada presta el servicio

La primera irregularidad detectada revela que se viene utilizando una grúa que no fue incluida ni acreditada en el contrato inicial. El consorcio adjudicado, GRÚAS BARRANCO 24, ofreció el servicio con grúas específicas: BNY-933, BVP-740, BNF-856 y BFI-862. Sin embargo, en una inspección al depósito municipal el 13 de mayo, se halló operando la grúa de arrastre de placa BMD-898, la cual no fue acreditada para la firma del contrato.

Fuente: Acta n.° 001-2025-OCI/MDB-SCC2 de mayo de 2025.

Lo más preocupante es que al advertirse que la grúa de placa BMD-898 no fue acreditada para el perfeccionamiento del contrato, la Comisión de Control solicitó a la Gerencia de Administración y Finanzas, el documento de verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos de la grúa. Documentación que no ha sido alcanzada hasta la fecha de emisión del informe.

Esta grúa ha prestado servicio activo con regularidad durante doce (12) días, entre el 17 de febrero y el 16 de marzo, sin que exista documentación que acredite que cumple con las condiciones técnicas exigidas por las bases del proceso; lo que evidencia que no solo opera como retén. Para colmo, el supervisor del servicio —Ricardo Gordillo Guadalupe— declaró desconocer completamente las Bases Integradas y los Términos de Referencia del contrato.

Detalle de los días y horas de servicio prestado por la Grúa de arrastre BMD-898.

La municipalidad de Barranco, por tanto, ha permitido que un vehículo no autorizado preste un servicio público, sin verificar si cumple con los requisitos mínimos. Esto pone en riesgo la calidad del servicio y abre la puerta a posibles sanciones legales.

Fuente: Contraloría.

2. Formatos mal usados y procedimientos alterados

Otro punto crítico del informe señala un uso irregular y desordenado de los documentos que registran las infracciones y el internamiento de vehículos. Según la normativa, el acta de constatación de una infracción debe llenarse en el momento en que se detecta el mal estacionamiento, antes de que el vehículo sea remolcado. Sin embargo, la Contraloría detectó que estos documentos están siendo llenados después del internamiento del vehículo al depósito municipal, lo cual distorsiona el procedimiento sancionador.

Acta de Constatación verificada por OCI.

Como si fuera poco, hay formatos que simplemente no se están utilizando. Por ejemplo, el formulario de «Orden de Liberación y/o Salida del Vehículo» no se emplea en ningún momento del proceso. Este documento es clave para establecer los montos a pagar por guardianía y remolque, pero su omisión impide dejar constancia formal de esos cobros.

Como se aprecia en la imagen anterior, el Acta de Constatación consigna: 10:44 horas del día 15 del mes de mayo del año 2025 , tanto en el primer párrafo como antes de la firma; sin embargo, el Acta de Internamiento de Vehículo, registra como fecha de internamiento: 09:50 horas del día 15/05/2025; lo que revelaría que primero se internó el vehículo y luego se constató la infracción, lo cual es incorrecto, dado que, el Acta de Constatación de la Infracción debe ser emitida antes del Acta de Internamiento del Vehículo.

Acta de Internamiento de vehículo.

El caos administrativo llega al extremo de que incluso se ha modificado arbitrariamente el formato oficial 12. En el acta de entrega de vehículos, por ejemplo, se ha sustituido la fecha de salida del auto por la fecha de ingreso al depósito, generando una evidente confusión.

De la visita realizada el 16 de mayo de 2025 a las instalaciones del depósito vehicular, conforme consta en el Acta N° 007-2025-OCI/MDB-SCC2, el Coordinador del Contratista manifestó cuáles son los Formatos que se generan como parte de las fases de internamiento y retiro de los vehículos intervenidos, siendo estos:

Durante la fase de Internamiento: el acta de Internamiento del vehículo y el acta de constatación. y durante la fase de retiro: el acta de control, la resolución de sanción, el acta de notificación y finalmente, el acta de entrega del vehículo.

Por tanto, no se viene empleando el Formato: ‘Orden de Liberación’ y/o ‘Salida del Vehículo’, lo que fue constatado como resultado de la revisión de la documentación generada, advirtiéndose que, la determinación del tiempo de internamiento, del pago por servicio de guardianía y del pago por servicio de remolque no queda registrado en ningún formato, lo que fue confirmado por el asistente del Coordinador, señor Christian Vera Paniccia, quien, mediante el Acta N° 007-2025-OCI/MDB-SCC2 de 16 de mayo de 2025, manifestó que: “No se genera un documento en el que se determina el cobro por los días de la guardianía (…)”.

Dicha situación genera un descontrol, respecto al pago a realizarse por dichos conceptos; dado que, si bien el recibo de caja señala el monto que se ha pagado por Guardianía y Remolque, el formato ‘Orden de Liberación’ y/o ‘Salida de vehículo’, contempla información importante que debe registrarse para determinar adecuadamente los montos a pagar por los servicios de guardianía y de Remolque.

Este manejo irregular de los documentos crea un descontrol generalizado en el proceso de sanción por estacionamiento en zonas prohibidas. Lo que debería ser un procedimiento riguroso, termina siendo un sistema arbitrario y opaco.

Acta de Entrega de Vehículo.

3. Informes de supervisión imprecisos y posibles pagos indebidos

La Contraloría también encontró deficiencias graves en los informes del supervisor del servicio de grúas. Estos documentos son fundamentales para validar los pagos que realiza la municipalidad al contratista. Sin embargo, los informes solo consignan la cantidad de vehículos intervenidos por tipo de grúa, pero no indican las horas trabajadas, ni el cumplimiento de los horarios pactados.

Al contrastar los informes con la información de Tesorería, se detectó que se habrían pagado horas adicionales no trabajadas. En total, se registraron más de 20 horas de servicio acumulado por encima del horario contractual, sin que el supervisor lo advierta ni justifique. Este hecho podría configurar un pago indebido al contratista, y deja al descubierto la falta de fiscalización por parte del área usuaria.

De la verificación de la información de la Subgerencia de Tesorería en relación al pago efectuado al Contratista por el período del 17 de febrero de 2025 al 16 de marzo de 2025, proporcionada con el Informe N° 0101-2025-SGT-GAF-MDB de 14 de mayo de 2025, y los informes emitidos por el Supervisor del servicio, N° 02-2025-SGFCA-GFSC-MDB de 05 de marzo de 2025 y N° 021-2025-SGFCA-GFSC-MDB del 03 de abril de 2025, se advierte que en los informes del Supervisor solo se reporta la cantidad total de vehículos intervenidos, por día y por cada grúa, mas no el cumplimiento de las condiciones en las que debe prestarse el servicio, ni las horas trabajadas por día y tipo de grúa; de tal forma que se pueda validar las horas de servicio reportadas en la liquidación de pago del servicio presentado por el contratista.

Mas aún, se requiere que el Supervisor del servicio efectúe un control de las horas de servicio de las grúas por cuanto, a través del Acta N° 003-2025-OCI/MDB-SCC2 de 15 de mayo de 2025, manifestó que el horario de servicio de las grúas es de Domingo a jueves de 08:00 am a 8:00 pm. y viernes y sábado de 08:00 am. a 11:00 pm. Sin embargo; de la revisión del horario de servicio prestado por las grúas en el período del 17 de febrero de 2025 al 16 de marzo de 2025; se advirtió que el horario del servicio prestado es distinto, apreciándose que difieren del horario reportado entre una hora y media a dos horas y media.

Como consecuencia de la situación descrita, presuntamente se habría pagado al contratista por horas de servicio no prestados efectivamente.

Detalle de los días y horas de servicio de la grúa lateral y de arrastre.

4. Se deja de cobrar por guardianía vehicular

La última situación adversa señalada en el informe es quizás la más reveladora en cuanto al perjuicio económico para la comuna barranquina. La Contraloría constató que en el servicio de guardianía vehicular no se está cobrando como establece el TUSNE (Texto Único de Servicios No Exclusivos).

Por ejemplo, se identificó que al menos nueve (9) vehículos intervenidos los días 10 y 14 de marzo de 2025 y que pasaron una noche en el depósito no pagaron la tarifa diaria de S/. 20,70 por cada uno de los vehículos, simplemente porque el personal interpreta —erróneamente— que se debe cobrar solo cuando se supera un plazo de 24 horas exactas.

Vehículos intervenidos los días 10 y 14 de marzo, a cuyos propietarios no se les cobró por servicio de guardianía.

En relación a ello, mediante el Acta N° 006-2025-OCI/MDB-SCC2 de 15 de mayo de 2025, el Cajero asignado al servicio de grúas y el Supervisor del servicio, Ricardo Gordillo Guadalupe, manifestaron que: “(…) la Resolución emitida para la cobranza del derecho de guardianía indica que se cobrará a las 24:00 horas a más, el monto por día que es de S/20,70 (…)”.

Lo expresado por el personal no guarda correspondencia con lo dispuesto en el TUSNE de la Municipalidad de Barranco, en cuyo Anexo 1, correspondiente a la Subgerencia de Fiscalización y Coactiva Administrativa, establece el “Servicio de Guardianía por vehículo”, para el caso de vehículos livianos x día la tarifa de S/ 20.70, no precisándose en ningún lado que la tarifa sea por día de 24 horas, como lo manifiesta y viene aplicando el personal responsable de su cobro.

Tarifas de Servicio de Guardianía por vehículo.

Esta interpretación no se encuentra en la norma, y ha sido aplicada por el personal sin sustento legal. Como consecuencia, la Municipalidad de Barranco deja de percibir ingresos legítimos y necesarios correspondientes por el servicio de guardianía.

Documentación vinculada al hito de Control.

¿Desinterés o encubrimiento?

El informe fue formalmente enviado el pasado 26 de mayo por Ángel Jesús Barrera Castro, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI), a la alcaldesa Jessica Vargas. En el documento se exige que la comuna adopte medidas correctivas y remita un informe en un plazo de cinco días hábiles. Sin embargo, no hay evidencia pública de que tales acciones se hayan ejecutado hasta el momento.

Oficio remitido por el jefe de OCI a la alcaldesa de Barranco.

Durante la última Sesión Ordinaria de Concejo (N° 11), realizada el pasado viernes 6 de junio, la alcaldesa Jessica Vargas, lejos de responder con firmeza institucional, ha vuelto a minimizar públicamente los hallazgos y la gravedad del asunto, calificando los señalamientos como “observaciones no graves”, dilatando una vez más la posibilidad de una intervención correctiva desde la gestión local.

Ante los “cuidadosos” cuestionamientos del teniente alcalde Jaime Chihuán —actualmente en campaña política como probable candidato de Barranco por Avanza País—, la alcaldesa se limitó a decir que ya se había dado trámite al documento, y que estaba a la espera de un informe del área legal.

“Yo tengo el informe de la Contraloría y no veo observaciones de gravedad”, afirmó con ligereza Vargas Gómez, añadiendo que se analizará administrativamente si corresponde o no aplicar sanciones. Según su declaración, la licitación de las grúas se llevó a cabo según ley, y la alcaldía no puede intervenir sin respaldo legal.

Esto fue lo que respondió la alcaldesa sobre las grúas:

“Ya se dispuso que corra a tramite, como corresponde dar respuesta a este documento. Entonces vamos a esperar para que el doctor Alferrano nos pueda hacer una exposición más completa. Tendríamos que esperar que el área legal nos informe, porque recuerden que eso es a través de una licitación pública. Se ha hecho un convenio con la empresa. No es que acá decidimos, no es que yo (…) en favor o en contra, sino que hay un tema legal y de respeto jurídico. Es un acto administrativo; es una licitación pública, y vamos a tomar en cuenta esta solicitud.

Yo acá tengo el informe de la Contraloría. Y de gravedad… no veo alguna observación. Sí hay observaciones que se tendrán que superar, y se verá administrativamente si hay alguna sanción, o si no se está cumpliendo con el contrato; pero sería adelantar opinión. 

Yo como alcaldesa debo cumplir la normativa. No voy a hacer algo que está prohibido en las normas, sino, que me gusta que todo esté analizado y bien dirigido para no cometer errores; y si no tengo el respaldo legal y bien evaluado, estudiado en todas las aristas, pues tenemos que llevarlo, no ahorita, en estos momentos”.

Sesión Ordinaria de Concejo (N° 11) del viernes 6 de junio.

Grúa municipal continúa remolcando vehículos pese a fallo del TC

La señora alcaldesa menciona que ella no hará algo que esté prohibido por ley. Sin embargo ¿Por qué en Barranco continúan las grúas y el depósito vehicular a sabiendas que estas han sido declaradas ilegales? ¿Acaso están esperando que el MTC inicie una demanda contra la MDB? 

Hay que recordar que el Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucionales las ordenanzas municipales que autorizaban el uso de grúas para remolcar vehículos mal estacionados y enviarlos a depósitos. Esta decisión implica que los municipios ya no pueden multar a los conductores por mal estacionamiento y secuestrar sus vehículos mediante grúas, porque esa labor solo obedece a la Policía Nacional (PNP), por mandato del MTC.

¿Una gestión sin control?

Lo que este caso revela es más profundo que simples errores administrativos. Hay indicios de negligencia sistemática, falta de control interno, omisiones en la supervisión y una preocupante indiferencia política ante las observaciones de un organismo de control superior.

El servicio de grúas y depósito vehicular es un tema sensible que afecta directamente a los ciudadanos. No solo por las onerosas multas o la incomodidad de tener un vehículo internado y retenido, sino por el derecho a recibir un servicio transparente, justo y enmarcado en la ley.

El hecho de que una grúa no autorizada haya operado durante semanas sin control, que se hayan alterado los documentos del procedimiento sancionador, y que incluso se hayan omitido cobros reglamentarios, debería haber generado una respuesta inmediata y firme desde la Alcaldía de Barranco. Pero en lugar de ello, y demostrar transparencia, la gestión de la señora Jessica Vargas optó por relativizar los hallazgos y trasladar la responsabilidad al abogado del área legal.

¿Seguirán haciéndose de la vista gorda?

La Contraloría ha cumplido con su deber: detectar, documentar y advertir sobre riesgos que afectan la legalidad y eficiencia del servicio de las grúas y el depósito vehicular. El siguiente paso depende exclusivamente de la municipalidad de Barranco.

La alcaldesa Jessica Vargas tiene la obligación, no solo legal sino también ética, de actuar y de mostrar transparencia ante los ciudadanos. Ignorar o minimizar estas observaciones, como ya lo ha hecho, no solo pone en duda su capacidad de gestión, sino también su compromiso con la verdad y el bienestar de los vecinos de Barranco.

Aquí lo que está en juego no es solo la legalidad del contrato firmado con el Consorcio “Grúas Barranco 24”, conformado por las empresas, ‘Grúas Plus SAC’ y ‘Orlandini Racing SAC’. Una vez más, está en juego la confianza de la ciudadanía barranquina en sus autoridades.

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Política

José Jerí es candidato oficial a la presidencia del Congreso, pese a investigación por presunta violación

Legislador José Jerí enfrenta una denuncia por presunta agresión sexual y una investigación por posible enriquecimiento ilícito, tras detectarse un aumento patrimonial de S/97 mil a más de un millón de soles. Pese a estos cuestionamientos, Somos Perú respalda su candidatura a la Mesa Directiva.

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El congresista José Jerí fue confirmado como candidato de la bancada Somos Perú para integrar la nueva Mesa Directiva del Congreso en el periodo legislativo 2025-2026. A través de un comunicado publicado en la red social X, el grupo parlamentario hizo oficial su postulación, que ya venía siendo comentada desde hace semanas en el Congreso.

Nota de prensa de Somos Perú.

En el mismo anuncio, se informó sobre otros cambios internos, como el nombramiento de la congresista Ana Zegarra como nueva vocera, en reemplazo de Héctor Valer. La bancada expresó que Jerí fue elegido por su “capacidad para promover el diálogo y construir consensos” dentro del Parlamento.

Sin embargo, su postulación se da en medio de serias investigaciones fiscales. El legislador del partido del corazón es acusado de presunta agresión sexual contra una mujer que lo señala de haberla atacado y ultrajado durante una reunión en las celebraciones por Año Nuevo en la provincia de Canta. Por este caso, el pasado 15 de julio, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, decidió que la fiscal suprema Zoraida Ávalos continúe con la investigación.

Uno de los aspectos que agrava la situación legal de Jerí es que el Poder Judicial le ordenó seguir un tratamiento psicológico en un centro de salud cercano a su domicilio, medida que debía cumplirse en un plazo de 15 días. Sin embargo, no existen pruebas oficiales de que haya cumplido con esta disposición judicial.

Frente a las acusaciones, el congresista ha insistido en su inocencia y ha asegurado estar colaborando con el Ministerio Público. Según ha declarado, las denuncias en su contra formarían parte de una “campaña de desprestigio”.

Además del caso de presunta agresión, José Jerí también es investigado por un posible enriquecimiento ilícito. En enero de este año, se detectó un incremento en su patrimonio, que de S/97 mil habría pasado a más de un millón de soles sin justificación clara.

Pese a estos cuestionamientos, Somos Perú respalda su candidatura a la Mesa Directiva del Congreso.

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Política

Las ‘arrugas’ de Boluarte

A menos de una semana del mensaje de 28 de julio, poco se cumplió de lo dicho por la mandataria el año pasado.

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La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, le tomó más de tres horas decir lo que su gobierno tenía en mente hacer en los próximos 365 días, sin embargo, más fue el tiempo que se tomó en pronunciar su discurso que lo que se realizó de manera efectiva.

En aquella ocasión, la mandataria se despachó hablando sobre mejorar la salud y la educación en el país, pero teniendo a un ministro de Educación como Morgan Quero es más que evidente que esa cartera no es prioridad para ella. Así también desde el sector Salud, las colas no han desaparecido ni la carencia de medicamentos desde que el ministro César Vásquez se encuentra al frente de ese portafolio, al contrario, la situación se ha agravado durante los últimos meses tras las denuncias de tomógrafos presuntamente averiados de manera intencional.

En el aspecto del crimen organizado es más que notorio que la jefa de Estado no ha sabido conducir correctamente sus esfuerzos y todas sus estrategias solo fueron ‘flor de un día’, como los tan ineficientes y repetidos estados de emergencia en distintos departamentos del Perú. Es ahí donde la población no encuentra una respuesta clara por parte del Ejecutivo, llegando a sospechar incluso que estarían coludidos con las más poderosas organizaciones criminales, dejándolos delinquir libremente o realizar el mínimo esfuerzo por capturar a sus cabecillas.

En el ámbito económico, pocos son los proyectos originales de su mandato, arrogándose en varias ocasiones obras iniciadas en otros gobiernos, como por ejemplo el nuevo aeropuerto Jorge Chávez o el megapuerto de Chancay. Para buena fortuna de Boluarte, aún permanece inmóvil Julio Velarde al frente del Banco Central de Reservas del Perú (BCRP); es finalmente él quien le otorga algo de estabilidad a la moneda nacional tras tantos conflictos sociales ocurridos durante los últimos meses.

La jefa de Estado se llena la boca diciendo que estamos mejor a nivel económico, pero la realidad es completamente distinta. A propósito de ello, a casi millón y medio de peruanos no les alcanza su sueldo mínimo para costear media canasta familiar, la misma que borda aproximadamente S/. 1,700.

Otro factor relevante que representa una ‘cruz’ para la mandataria es lo relacionado a la minería ilegal, la misma que representa millones de soles en pérdida al año para la recaudación del país, sin mencionar que también ha significado un coste de decenas de vidas en regiones como La Libertad, Arequipa o Madre de Dios. Ese conflicto se ha visto agudizado hace menos de 10 días con el bloqueo de carreteras en el sur del país, paralizaciones que han significado millones de soles en pérdidas para los agricultores.

Ahora, a un año de que deje el sillón presidencial, ¿volverá a repetir su extenso y vacío discurso sabiendo que no cuenta con el tiempo suficiente para concretar sus promesas? De ser así de aburrido, mejor sería dejarla hablando sola a tener que soportarla repitiendo hasta el cansancio que tiene enemigos que solo se encargan de hacerle “terrorismo de imagen”. Para hacerle vivas y aplaudir como focas están sus ministros y los congresistas que oportunamente han visto conveniente archivar sus denuncias. El 28 de julio los volveremos a ver cómo agachan la cabeza nuevamente.

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Política

Fiscalía: López Aliaga es denunciado por pagar S/97 millones al ‘estudio legal’ de su amigo

Burgomaestre metropolitano contrató al bufete ‘Boies Schiller Flexner’, vinculado a su amigo Martín De Luca, por casi 98 millones de soles, pese a sus asesorías desfavorables en el caso ‘Rutas de Lima’. Por ello, el estudio Arbizu & Gamarra lo denunció penalmente por presunta colusión y negociación incompatible.

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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfrenta una denuncia penal presentada ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La acusación se basa en la firma de contratos por más de 97 millones de soles con el estudio de abogados estadounidense ‘Boies Schiller Flexner’, de propiedad de su amigo personal Martín De Luca.

La denuncia fue presentada por el estudio jurídico Arbizu & Gamarra, dirigido por los exprocuradores Julio Arbizu y Ronald Gamarra. Según el documento, López Aliaga habría incurrido en los delitos de colusión y negociación incompatible al favorecer presuntamente al bufete con contratos sin procesos competitivos transparentes.

El vínculo personal entre el alcalde y el abogado Martín De Luca, ciudadano argentino y socio de Boies Schiller Flexner, ha sido reconocido públicamente por el propio burgomaestre López Aliaga. De hecho, ambos coincidieron en enero de 2025 durante la ceremonia de investidura presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Pocas semanas después en el mes de marzo, la Municipalidad Metropolitana de Lima firmó dos contratos adicionales con el estudio legal de su amigo por un total de 10,8 millones de dólares, lo que ha despertado sospechas sobre un posible conflicto de intereses.

Sede del Bufete ‘Boies Schiller Flexner LLP’ en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo con los denunciantes, esta cercanía pudo haber influido en la elección del bufete, que desde 2023 desde la gestión de López Aliaga, representa a la MML en tribunales norteamericanos. Sin embargo, los resultados obtenidos por este estudio han sido muy desfavorables, especialmente por haber perdido en el proceso para anular dos laudos arbitrales que actualmente obligan al municipio de Lima a pagar aproximadamente 200 millones de dólares a la concesionaria Rutas de Lima.

A pesar de estos fracasos legales, la gestión de López Aliaga continuó contratando al mismo estudio norteamericano, lo que también es cuestionado por el informe legal. Se denuncia que estas contrataciones se realizaron de forma directa, sin competencia efectiva y con procedimientos declarados reservados o poco transparentes.

Paralelamente, la MML decidió poner fin a su relación con el estudio Foley Hoag LLP, favorito del exalcalde Jorge Muñoz Wells, y que brindó servicios legales entre 2019 y 2024. Esta firma también había representado a la Municipalidad en los arbitrajes contra Rutas de Lima, pero fue retirada en mayo de 2025 tras perder los casos.

El caso sigue en investigación, mientras crecen las críticas por el manejo de fondos públicos en los contratos legales de la actual gestión municipal.

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Política

Mincul: Designan a encargado de Unidad Ejecutora-Naylamp en Lambayeque

El abogado Orlando Alonso Barrantes Ravines será el responsable temporalmente en reemplazo del también director de la DDC de Lambayeque, Carlos Eduardo Wester La Torre.

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El titular de la cartera de Cultura Fabricio Valencia Gibaja, mediante Resolución Ministerial N° 000418-2024-MC designó temporalmente del 21 al 27 de julio de 2025 al abogado Orlando Alonso Barrantes Ravines como responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp-Lambayeque del Pliego 003, la cual depende de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque (DDC), en adicción a sus funciones.

Resolución Ministerial n.° 000418-2024-MC.

En vista que el responsable de dicha Unidad Ejecutora, y también director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, Carlos Eduardo Wester La Torre hará uso de sus vacaciones durante esas fechas, las labores interinas serán asumidas por Barrantes Ravines.   

Como se recuerda, en febrero del 2011 según la Resolución Directoral N° 000014-2021-UE005/MC el entonces director y responsable de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp, arqueólogo Luis Alfredo Narváez Vargas, excluyó a Orlando Alonso Barrantes Ravines como Secretario Técnico del PAD de dicha Unidad Ejecutora, debido a una denuncia interpuesta por el fiscal Omar Ramos Gaona contra el mencionado abogado, por presuntamente haber incurrido en inconducta funcional y por supuesto abuso de autoridad en su intervención en el Complejo Arqueológico Morro, en puerto Eten, en Chiclayo.

Parte resolutiva de la Resolución Directoral n.° 000014-2021-UE005/MC del 2011.
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Política

General PNP Víctor Zanabria gasta millones en ‘autos de lujo’

Mientras cientos de comisarías del país enfrentan la delincuencia con patrulleros obsoletos, el comandante general Víctor Zanabria autorizó la compra de camionetas de alta gama para los altos mandos policiales, incluyendo un Audi que él mismo se adjudicó.

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En un país donde la inseguridad ciudadana se agrava cada día y cientos de comisarías operan con vehículos en estado deplorable, el alto mando de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha decidido priorizar la compra de autos de alta gama para sus propios oficiales. La medida, autorizada por el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), teniente general Víctor Zanabria Angulo, ha generado una ola de críticas tanto dentro como fuera de la institución.

La adquisición incluye 168 vehículos, entre ellos camionetas Audi para los tenientes generales, como el propio Zanabria Angulo, quien se adjudicó uno de estos lujosos automóviles. Según el portal del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE), también se compraron 40 camionetas Toyota RAV4 para los generales (por S/5.2 millones) y 120 Toyota Corolla para los coroneles (por S/11.9 millones). El monto total supera los S/18 millones.

Comandante General de la PNP Víctor Zanabria, autorizó la compra de 168 vehículos.

Contraste indignante con la realidad policial

Mientras estas compras se realizan, muchas comisarías en el país operan con patrulleros destartalados, sin combustible suficiente, equipos de comunicación obsoletos y personal mal equipado. Esta realidad contrasta de forma escandalosa con el nivel de gasto para satisfacer las necesidades de confort y estatus de una minoría de oficiales de alto rango.

Los vehículos fueron adquiridos tras un proceso de licitación que incluyó a 13 empresas automotrices, y finalmente fueron adjudicados a las concesionarias Euroshop y Autoespa. Cada vehículo Audi costó S/200,834, las Toyota RAV4 se compraron por S/131,683 cada una, y los Corolla a S/99,292.

Beneficiados y justificaciones legales

Entre los beneficiados, además de Zanabria Angulo, figuran el jefe del Estado Mayor de la PNP, Óscar Arriola; el inspector general Jhony Veliz; y el jefe de Operaciones, Carlos Céspedes. Las autoridades se amparan en una normativa del Ejecutivo que permite el financiamiento de vehículos oficiales. Sin embargo, la ley no establece marcas ni especificaciones de lujo, por lo que la elección recayó completamente en el criterio del Comando Policial.

Además, aunque los vehículos deben ser devueltos a la institución policial al pasar al retiro, existe la posibilidad de que los oficiales los compren a mitad de precio, como lo confirmó el general PNP (r) José Baella, quien criticó la decisión, señalando que en un contexto de creciente criminalidad, la Policía debería enfocar sus recursos en tecnología, armamento, movilidad y condiciones dignas para el personal en las calles. “Se debe tener criterio. Estas compras no son una prioridad cuando las comisarías no pueden operar con eficiencia”, advirtió.

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Política

Pese a medida cautelar, la Policía sigue utilizando caballos para contener las protestas

En 2022, Sala Constitucional del PJ reconoció a los equinos como seres sintientes, recalcando que en la actualidad existen otros métodos más efectivos y modernos para contener las movilizaciones sociales.

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Existiendo drones, motos y otros vehículos, aún se persiste en utilizar, como si estuviéramos en el siglo XIX, caballos para repeler o disuadir multitudes. Los tiempos han cambiado y utilizar equinos como por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) resulta desfasado e injustificado, entendiéndose que vivimos en un mundo civilizado.

En agosto del año 2022, la Primera Sala Constitucional de Lima otorgó una medida cautelar presentada por el Instituto Peruano de Asesoría Legal del Medio Ambiente y la Biodiversidad (IPALEMA) con la que se suspendía el artículo del Reglamento de la PNP que autoriza el empleo de la denominada Policía Montada en eventos o espectáculos públicos; sin embargo, se ha hecho caso omiso de dicha orden judicial.

La sentencia, dictada con los votos de los jueces superiores Ordóñez Alcántara y Tapia Gonzales, concluye que el uso de caballos en operativos policiales no supera el test de proporcionalidad. Según el fallo, “el uso de vehículos de transporte terrestre administrados por la Policía Nacional del Perú, así como de armas disuasivas como las bombas lacrimógenas, constituyen medios idóneos para efectuar un control de multitudes en escenarios de manifestaciones o eventos públicos”.

“(La medida cautelar) dice que no pueden sacar a los caballos mientras se resuelve para los eventos de multitudes, para los espectáculos, para el control de multitudes donde exista la violencia (…) porque existen otros métodos, como las unidades motorizadas”, dijo Sonia Córdova, presidenta de IPALEMA para Canal N.

La activista mencionó que la Policía ha usado caballos en protestas registradas en Arequipa, así como en conflictos con mineros. Indicó que el 14 de julio se ha solicitado a la Sala Constitucional que haga efectiva la advertencia que se le hizo en febrero de 2024 a la PNP para que se denuncie el incumplimiento ante el Ministerio Público y que se inicie un procedimiento disciplinario con posible destitución contra los efectivos responsables.

El dato:

El Ministerio del Interior apeló la sentencia y será la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema la instancia que tendrá la última palabra en este caso.

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Política

López Aliaga no asistió a reunión técnica con el MTC sobre trenes de Lima

El ministro de Transportes y Comunicaciones lamentó la ausencia del alcalde de Lima y dijo: “¿Yo qué puedo hacer? El que está postulando a la candidatura presidencial es él, no yo”. Diversos sectores cuestionan su falta de compromiso y diálogo ante un proyecto de alto impacto metropolitano.

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En un contexto donde la coordinación técnica entre autoridades es crucial para el avance de proyectos de infraestructura, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, decidió no participar en la reunión convocada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), prevista para el martes 22 de julio. La cita tenía como objetivo definir aspectos técnicos del proyecto ferroviario Lima–Chosica, una iniciativa esperada por miles de limeños que enfrentan diariamente problemas de movilidad.

La ausencia del burgomaestre fue confirmada por el propio ministro de Transportes, César Sandoval, quien lamentó públicamente la decisión de López Aliaga. Desde Chiclayo, donde participaba en una actividad oficial, Sandoval declaró: “Lamento mucho, porque desprecia la convocatoria y es su naturaleza de ser. ¿Yo qué puedo hacer? El que está postulando a la candidatura presidencial es él, no yo”.

A pesar de su frustración, el titular del MTC señaló que el encuentro seguirá adelante con el equipo técnico que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha designado como representante. “Con él o sin él, el municipio estará representado”, precisó.

López Aliaga presentó en el Parque La Muralla, vagones sin infraestructura operativa.

La decisión de López Aliaga responde, según sus propias palabras, a un malestar con el enfoque del ministro Sandoval. Acusó al MTC de adoptar una postura política frente al proyecto ferroviario, y señaló “tratos discutibles” como argumento para justificar su ausencia. “Yo solo he dado amor a este señor”, ironizó el alcalde de Renovación Popular en declaraciones a la prensa, insinuando un trato despectivo por parte del Ejecutivo.

Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada por diversos sectores, que consideran que su negativa a participar en una mesa técnica revela una falta de compromiso institucional frente a un proyecto de impacto metropolitano. En lugar de buscar diálogo o resolver las discrepancias de forma técnica y directa, López Aliaga ha optado por una actitud confrontacional y ausente.

No obstante, su ausencia en espacios de decisión estratégica como esta reunión deja dudas sobre su verdadero interés en concretar un avance tangible. Frente a proyectos de alto interés ciudadano, se espera que las autoridades estén a la altura del cargo, no solo con discursos, sino con presencia, responsabilidad y voluntad de diálogo.

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Política

Red de Ollas Comunes de Lima exige a López Aliaga una disculpa pública

Las madres de las ollas comunes piden que el alcalde de Lima se rectifique inmediatamente por sus agravios y el desprecio hacia su labor. Además, rechazan la desinformación que ejerció sobre nutrición infantil y advierten que, al atacar a una de ellas, ataca a todas. En suma, demandan respeto.

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El alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, no puede evitar estar en el centro de la polémica tras haber lanzado insultos desmedidos y profundamente ofensivos contra Abilia Ramos, presidenta de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, quien días antes denunció la entrega de sangrecita de pollo en mal estado por parte de una empresa contratada por la Municipalidad.

En lugar de responder con responsabilidad ante una denuncia pública que involucra directamente a su gestión edil en la provisión de alimentos básicos para familias vulnerables, el alcalde de Renovación Popular optó por atacar personalmente a la dirigente. “Una olla que estamos localizando, que es politizada, que está ligada a una señora de izquierda, mentirosa, asesina y ladrona”, declaró López Aliaga en un acto público, desatando la indignación de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Hace unos días las organizaciones de SJL, rechazaron los insultos de López Aliaga.

Las declaraciones no solo carecen de evidencia y sustento, sino que constituyen una grave falta de respeto hacia una mujer que representa a cientos de madres que, desde 2020, sostienen la alimentación comunitaria en los barrios más golpeados por la crisis económica y social. Lejos de responder con altura a una crítica legítima, López Aliaga optó por el insulto, el desprecio y la desinformación.

Frente a ello, la ‘Red de Ollas Comunes de Lima’ a través de un pronunciamiento público expresó su más enérgico rechazo a las expresiones del alcalde.

“No es solo una falta de respeto personal; es una agresión contra todas las mujeres que, desde el año 2020, respondemos a la desidia del Estado con organización y solidaridad. Nos parece indignante que una autoridad municipal que además pretende postular a la presidencia de la República, se exprese con desprecio hacia quienes hemos sostenido y seguimos sosteniendo la alimentación de miles de familias durante la pandemia y luego, con el alza del costo de vida, la falta de presupuesto y el aumento en el precio de los alimentos”, señalaron.

Recordaron, además que el trabajo de las ollas comunes es voluntario, sostenido con esfuerzo y dignidad, y ha sido fundamental durante la pandemia y la posterior crisis alimentaria.

El detonante del conflicto fue la denuncia sobre la entrega de sangrecita de pollo en pésimo estado a varias ollas comunes de San Juan de Lurigancho. Lejos de anunciar una investigación o verificar las condiciones de la entrega, el alcalde de Lima se refugió en el ataque verbal y la descalificación ideológica. Una estrategia que, según diversos analistas, busca distraer la atención pública de la verdadera gravedad del caso: el posible uso de recursos municipales para entregar alimentos en condiciones inadecuadas.

Reciente pronunciamiento de la Red de Ollas Comunes de Lima, que rechaza insultos de López Aliaga.

La ‘Red de Ollas Comunes’ también cuestionó duramente las afirmaciones del burgomaestre respecto a una supuesta disminución de la anemia infantil en Lima, atribuida únicamente a la entrega de sangrecita. Consideraron que esta visión es “simplista, peligrosa e irresponsable”, ya que invisibiliza las múltiples causas del problema, como el acceso limitado a alimentos nutritivos, servicios de salud deficientes y la falta de educación alimentaria.

“Expresamos nuestra extrañeza frente a las declaraciones del acalde que sin respaldo técnico afirma que gracias a su gestión se ha reducido la anemia en Lima Metropolitana, de 70% a 30%. Reducir el problema de la anemia a la entrega de sangrecita es una visión simplista y peligrosa. La anemia es un problema de salud pública multicausal, vinculado a múltiples factores como el acceso a alimentos nutritivos, agua segura, servicios de salud, vivienda adecuada y reducación alimentaria. Invisibilizar esa complejidad con fines propagandísticos es irresponsable”, también señalaron en el pronunciamiento.

A esto se suma la preocupación por el uso político de cifras sin respaldo técnico, justo en momentos en que el alcalde ha manifestado sus intenciones de postular a la presidencia de la República.

Las lideresas de las ollas comunes exigen una rectificación inmediata y una disculpa pública por parte de Rafael López Aliaga. “No se trata solo de una falta de respeto a una compañera. Es un agravio a todas las mujeres que sostenemos con nuestras manos la alimentación de miles de familias peruanas”, expresaron con firmeza.

Desde la sociedad civil, distintas voces se han sumado al repudio. El silencio o la tibieza frente a declaraciones de este calibre normaliza el abuso de poder, la violencia política y la criminalización de la protesta social.

Porque cuando una autoridad insulta sin pruebas a una mujer que exige transparencia, lo que está en juego no es solo su honor: está en juego la dignidad de miles que luchan día a día contra el hambre, la indiferencia estatal y, ahora, también contra la agresión desde el poder.

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