Más allá de la casi nula aprobación que hoy tiene la presidenta de la República Dina Boluarte, debido a los cuestionamientos conocidos durante su primer año y medio de mandato, por los escándalos de corrupción, por el ‘caso Rolex’ y por las contrataciones irregulares infestadas en toda su administración, que serían patrocinadas por su hermanísimo Nicanor Boluarte, han conllevado a que la población, sienta una aversión colectiva; sobre todo, si los propios ministros de Estado vienen orquestando una campaña de protección y blindaje hacia la mandataria.

Es por ello, que, a través de las redes sociales, se ha anunciado un cacerolazo en contra de la presidenta de la República y también del Congreso, por tomar una acción casi cómplice con el gobierno.

La manifestación se realizará este viernes 31 de mayo a las 21:00 horas. Esta fecha coincide con el día del cumpleaños de la presidenta, quien cumplirá 62 años

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, informó que la comuna que lidera administrará en lo sucesivo el Centro Comercial Parque Cánepa, tras la finalización del contrato de concesión vigente.

Para el alcalde Canepa se había vuelto un negocio inmobiliario

El alcalde se pronunció sobre el término de la concesión del C. C. Parque Cánepa con la empresa ‘Construcciones Listos S. A. C’ y aseguró que la propia municipalidad tomará las riendas de la administración del negocio, a partir del próximo 21 de julio de 2024.

“No vamos a concesionar a ninguna empresa. La municipalidad va a administrar Parque Cánepa. Esto se ha vuelto un negocio inmobiliario y no quieren soltar la ‘mamadera”’, afirmó Rubén Cano durante una ceremonia ofrecida en el palacio municipal de La Victoria.

También destacó que el dinero obtenido por el alquiler de los más de 350 stands del centro comercial será invertido en obras para el mejoramiento urbano del distrito victoriano, como en la construcción de pistas, veredas, áreas verdes y cámaras de seguridad. Sin embargo, la intervención de la Municipalidad de La Victoria en la futura administración del C. C. Parque Cánepa ha generado polémica en los vecinos del distrito, dividiendo a los empresarios y a los ciudadanos.

Por un lado, los vecinos apoyan la decisión de la Municipalidad, debido a que los impuestos cobrados a los antiguos concesionarios del emporio comercial no se han visto reflejados en recursos para la localidad en todos estos años.

“Nosotros venimos a respaldar al alcalde, porque ya son como 30 años que la constructora tiene el Parque Cánepa y no hay recursos. Los impuestos no han sumado al distrito para hacer obras”, admitió un ciudadano a Canal N.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso del Parlamento aprobó por unanimidad con 11 votos a favor, admitir a trámite la denuncia constitucional presentada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, contra la legisladora por Loreto Rosío Torres, por el caso ‘Mochasueldos’.

El grupo de trabajo parlamentario admitió a trámite la denuncia contra la legisladora de Alianza para el Progreso (APP) por el presunto delito de concusión.

De acuerdo a la denuncia constitucional 456°, “La congresista habría doblegado la voluntad de sus trabajadores, tanto de su despacho como del personal de confianza de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando ejerció la presidencia de la misma”.

Dicha denuncia sindica a la parlamentaria de haber obligado a sus trabajadores de entregar un monto fijo de sus salarios mensuales; así como, cualquier bono extraordinario.

“Se obligó a los trabajadores de la denunciada para que entreguen un monto fijo de sus remuneraciones mensuales y que adicionalmente entreguen cualquier bono extraordinario”, se lee en el documento.

Hay que precisar que la denuncia cumplió con todos los requisitos establecidos en los literales a) y c) del artículo 89° del Reglamento del Congreso y por tanto, se admitió a trámite por ser procedente y se acumula con las denuncias 361 y 370, por investigar hechos similares.

Como se recuerda, Rosío Torres habría obligado a que sus trabajadores del despacho parlamentario le depositen una parte de sus sueldos a su sobrino, Juan Daniel Pérez Guerra. A raíz de ello, el 1 de marzo del 2024, la Fiscalía presentó ante el Congreso, dos denuncias constitucionales contra las congresistas Rosío Torres Salinas y Heidy Juárez Calle, por el caso ‘Mochasueldos’.

En ese sentido, el Poder Judicial (PJ) el 8 de marzo declaró fundado el requerimiento para levantar el secreto bancario de la congresista Rosío Torres. La medida la tomó el juez del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley.

La mañana de este miércoles 29 de mayo, la Fiscalía ha realizado un allanamiento a la oficina del congresista de la bancada de Acción Popular, Darwin Espinoza, ubicada en la sede ‘Fernando Belaunde Terry’ del jirón Huallaga, en el centro histórico de Lima.

Esta nueva diligencia se da en el marco de las investigaciones por el presunto uso de recursos públicos del Parlamento para que el congresista organice su partido político con miras a las elecciones generales del 2026 y en el que, a través de un reportaje se evidenció que los trabajadores de su despacho congresal realizaban actividades ajenas a su función en la región Ancash.

Dos camionetas del Ministerio Público llegaron al edificio congresal, e intervinieron la oficina del parlamentario quien está seriamente cuestionado e investigado de forma preliminar por usar irregularmente los recursos públicos del Estado.

Hace más de un mes la Fiscalía realizó diligencias en la oficina de Darwin Espinoza

Cabe recordar que el pasado 16 de abril, un equipo de fiscales ya había realizado una diligencia de constatación en la oficina del congresista Darwin Espinoza, acusado de utilizar recursos del Parlamento y al personal de su despacho para promover la inscripción de su propio partido: ‘Movimiento Regional Adelante Áncash’.

En aquella ocasión, Los fiscales llegaron alrededor de las 09:00 a.m. a la oficina del cuestionado legislador en el edificio Fernando Belaunde Terry.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha publicado la Resolución N° 089-2024-PLENO_JNJ, que oficializa la destitución de la ex fiscal de la Nación Patricia Benavides Vargas y de su hermana, la exjueza Emma Benavides Vargas, ambas sancionadas por faltas muy graves. 

El último jueves 23 de mayo, se dio el fallo, e indican que ambas hermanas serían partícipes de actos ilícitos y se ordenó la cancelación de sus títulos y la inscripción de la destitución en sus registros personales; es decir, se registrará en la nómina nacional de sanciones contra servidores civiles, administrada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil. También se dispuso enviar un oficio a los titulares del Poder Judicial y Fiscalía de la Nación.

El documento incluye considerandos y fundamentos detallados en más de cien folios, no solo sobre Patricia Benavides Vargas, sino también sobre su hermana Emma Benavides Vargas y la exfiscal, Azucena Inés Solari Escobedo.

Resolución de la Junta Nacional de Justicia.

Se declara infundados varios aspectos de la defensa de Patricia Benavides, como la nulidad del informe de instrucción y la inexistencia de causa probable. Este fallo decisivo concluye con la destitución de Patricia Benavides Vargas de su cargo por interferencia en la investigación seguida a su hermana Enma y por dar un trato degradante a la exfiscal Bersabeth Revilla Corrales. 

Asimismo, el fallo ordena la destitución de Emma Benavides Vargas por su actuación como juez superior y por mentir a la ciudadanía sobre sus antecedentes disciplinarios.

Además, Azucena Inés Solari Escobedo también es destituida por su falta de independencia e imparcialidad como fiscal suprema provincial. 

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la fiscal suprema Delia Espinoza, inició una investigación preliminar contra la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, su hermana Emma Benavides y los jueces Bacilio Cueva, María Vidal y Jacqueline Tarrillo.

La indagación se realiza por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

El Ministerio Público informó que los hechos materia de investigación giran en torno al presunto favorecimiento a la ex fiscal de la Nación, Benavides Vargas, en el proceso de amparo que inició ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima contra la Junta Nacional de Justicia.

Comunicado del Ministerio Público.

Mediante un comunicado difundido este martes 28 de mayo por el Ministerio Público, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos es la instancia que ha iniciado esta nueva etapa en la diligencias contra la exfiscal suprema.

Asimismo, la Fiscalía recuerda que Patricia Benavides es señalada junto a su hermana Enma Benavides por la presunta comisión de los delitos de cohecho activos específico y cohecho pasivo específico.

“Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos informa que ha iniciado investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, y los jueces Bacilio Luciano Cueva Chauca, Enma Rosaura Benavides Vargas, María Delfina Vidal La Rosa y Jacqueline Tarrillo Meneses por la presunta comisión de los delitos de cohecho activos específico y cohecho pasivo específico”, se lee en el mencionado documento.

Luego de que los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieran la tarde de ayer en la funeraria San Martín S.R.L., en la avenida Honorio Delgado, en el distrito de San Martín de Porres, a Jesús Santos Victorio Acuña (56) y Jesús Abraham Victorio Vallejos (24), padre e hijo; es decir, el tío y primo político, respectivamente de Jackeline Salazar, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Ángulo, dio más detalles sobre la intervención, realizada por el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), a los parientes de la empresaria.

Jackeline Salazar tras ser liberada, acudiendo a dar su manifestación. foto: Violeta Ayasta / @photo.gec)

La respuesta de Víctor Zanabria sobre los parientes de Jackeline Salazar

El general Zanabria, mencionó que la Policía Nacional del Perú ha encontrado una serie de vinculaciones, tanto de carácter presencial y telefónico, entre los familiares de la propietaria del gimnasio Soulfit y los responsables del acto criminal.

Ante ello, el director de la Policía pone en evidencia la vinculación del tío y del primo de la empresaria, con algunos de los integrantes de la organización criminal que la mantuvieron secuestrada por 11 días.

Para Víctor Zanabria, estos enlaces y vinculaciones han sido elementos de convicción para que el Ministerio Público pueda solicitar la detención respectiva. «Acá hubo un manejo de informaciones con la finalidad de atemorizar a la familia», concluyó.

El Poder Judicial, a través de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó su decisión de desestimar un recurso presentado por la defensa técnica del expresidente Pedro Castillo, con el cual pretendía archivar la investigación en su contra, por el presunto delito de ‘organización criminal’.

“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declara firme la resolución que declaró infundado el recurso de excepción de improcedencia de acción para archivar investigación por organización criminal contra el expresidente Pedro Castillo Terrones”, se lee en comunicado del Poder Judicial en su red social.

Así lo determinó el tribunal supremo, que preside el magistrado César San Martín Castro, por desistimiento de recurso de apelación por parte de la defensa técnica de Castillo Terrones, que ahora está a cargo de William Paco Castillo, exabogado de Alberto Fujimori.

Por su parte, el defensor Paco Castillo desistió en su intento de anular el proceso por el presunto delito de organización criminal, recurso que había sido presentado previamente por la defensa legal de Castillo.

“Hemos decidido en nuestra visión técnico jurídica desistirnos del recurso de apelación por cuanto lo que resuelva no resulta para nuestra estrategia legal relevante”, indicó.

Expresidente Castillo y su abogado defensor en audiencia por acusación por presunta organización criminal. Crédito: Justicia TV.

El recurso de improcedencia de acción buscaba el archivamiento de la investigación preparatoria que se le sigue al expresidente, por el presunto delito de organización criminal, relacionado con los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.