Este viernes 21 de marzo, altos mandos militares y policiales llegaron a Palacio de Gobierno en sus vehículos oficiales escoltados por sus unidades, luego de que la mandataria Dina Boluarte Zegarra sostuviera reuniones con los ministros de Estado.

Los altos oficiales que ingresaron a la sede presidencial son Luis Polar Figari, Comandante General de la Marina de Guerra del Perú (AP), Carlos Enrique Chávez Cateriano, Comandante General de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y Víctor José Zanabria Angulo, Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP); según señala Exitosa, tras el registro de sus cámaras.

Ellos habrían sido convocados a una reunión de último minuto con la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra, luego de que mantuvo reuniones con su ministro más cercano, el titular de Educación Morgan Quero, y los ministros de Justicia Eduardo Arana; de Salud César Vásquez, y de Economía y Finanzas José Salardi, quien luego ingresó a Palacio de Gobierno.

Estas repentinas reuniones se llevan a cabo, en medio de la tensión política que hoy se da dentro del Congreso de la República, por la moción de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. ¿Acaso el Gobierno coordina una protección militar y policial?

La congresista de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña Peralta advirtió que está en contra de censurar al ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, y a cualquier ministro del Gobierno de Dina Boluarte, por lo que pidió responsabilidad a sus colegas parlamentarios para «no desestabilizar al país».

Si censuramos al ministro, ¿quién garantiza que el próximo trabajará mejor?

Mientras se debate las mociones de censura en contra del titular del Interior, Juan José Santiváñez, debido a la creciente ola criminal que azota al país, previamente diversos parlamentarios se pronunciaron sobre la supuesta salida del ministro en mención, entre ellos la congresista apepista María Acuña Peralta, quien aseguró de forma tajante que no respaldará la salida de Santiváñez Antúnez del portafolio del Interior.

«Nunca estoy de acuerdo con votar por la censura, ni por este ministro (Santiváñez) ni por ningún otro. Hay que darle la oportunidad a la estabilidad del Perú. (…) Los congresistas debemos ser responsables antes de interpelar o censurar. No podemos hacerlo por simpatías o antipatías», aseveró la acuñista.

Asimismo, advirtió que los cambios constantes de ministros en el gabinete desestabilizarían al país y no se sabría quién sería el siguiente a tomar el mando del Mininter. Acuña Peralta, también reveló que el discurso de Santiváñez Antúnez en el Pleno el día de ayer (jueves 20 de marzo) «la convenció».

«Si censuramos al ministro, ¿quién nos garantiza que el próximo hará un mejor trabajo? Lo que yo pido es que, si se presenta otro ministro, este venga con un plan claro y tiempos definidos para combatir la inseguridad», culminó la legisladora Acuña Peralta.

Mientras diversos gremios se organizan para protestar contra la delincuencia y la indiferencia de los Poderes del Estado en Perú, por no emprender duras medidas para contener a la inseguridad, la presidenta de la República Dina Boluarte se pronunció sobre la marcha contra el crimen organizado, programada para este viernes 21 de marzo, y aseguró que detrás de esta movilización están grupos «caviares» con intenciones políticas, con el único objetivo de desestabilizar a su gobierno.

Boluarte asegura que los «caviares» promueven la marcha

Pese a la innegable crisis de inseguridad que azota a todas las regiones del país, la mandataria acusó al sector “caviar”, al que responsabiliza de actos de desestabilización; y aunque no mencionó nombres específicos, aseveró que estos grupos buscan recuperar el poder que han perdido.

«Y por ello, mañana, que también están anunciando por ahí otra marcha provocada y convocada por este sector que ha perdido el poder. Y lo voy a decir sin temor: a quienes se les denomina los ‘caviares'», afirmó la presidenta Boluarte; sin embargo, reconoció que el derecho a la protesta está vigente en el país, aunque advirtió que cualquier acto de violencia será reprimido.

Boluarte pidió que no haya actos vandálicos

Finalmente, la jefa de Estado exhortó a quienes participen en la marcha, a hacerlo respetando el Estado de derecho y no caer en incidentes violentos.

«Hermanas y hermanos, si mañana van a salir a marchar y en un Estado de derecho democrático, con una Constitución, es correcto. Pero no vayan a cometer actos vandálicos, que eso sí ya no es un derecho», concluyó la cuestionada mandataria.

En un ambiente de incertidumbre y con el ejército en las calles mientras se prepara una gran marcha, se define el destino del titular del Interior. Sorprendentemente hoy se verán las tres mociones por separado con dos horas de debate cada una. Preparen la cancha será un día largo.

El Pleno del Congreso abordará tres mociones de censura contra el titular del Mininter, éstas fueron impulsadas por Susel Paredes (Bloque Democrático Popular), Jaime Quito (Bancada Socialista) y Diego Bazán (Renovación Popular). Las mociones   fueron presentadas entre el domingo y lunes últimos. Una cuarta moción impulsada por Fuerza Popular fue ingresada el último martes, por lo que no fue considerada para esta sesión por estar fuera de tiempo. 

 Ayer, jueves, Santiváñez se presentó ante el pleno para exponer los resultados de su gestión por acuerdo de la Junta de Portavoces, después de lo cual se quedó por más de una hora supuestamente haciendo lobby para su permanencia.

Se requieren 66 votos en el pleno de hoy para censurar al ministro del Interior.

Por otro lado, Edward Málaga confirmó que el congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, ha pedido una licencia por viaje, pese a que es el encargado de sustentar una de las tres mociones contra el ministro Santiváñez, situación por la que debería estar presente en el hemiciclo. Extraño, muy extraño.

Si bien fue Susel Paredes quien con espíritu de niña exploradora venía recolectando firmas hace varias semanas, no fue hasta el domingo, fecha en la que se asesinó a uno de los vocalistas de Armonía 10, que consiguió la totalidad para ser presentada. A su moción se sumaron oportuna o oportunistamente las presentadas por Diego Bazán, Jaime Quito y Fuerza Popular.

Aunque los cuatro documentos a favor de la salida de Santiváñez dan la sensación de que su renuncia es inminente, lo cierto es que muchos de los congresistas que firmaron una de las mociones, también lo hicieron con las demás, por lo que existen dudas sobre si se logrará alcanzar los 66 votos requeridos.

De caer Santiváñez hoy podría generar un efecto dominó que arrastre al premier Adrianzén próximamente. Se percibe un congreso afilando los dientes. En un hipotético desenlace Shakespeariano, se juega entre los analistas de pasos perdidos con la teoría de un saque de Salhuana por otro de la presidencia del Congreso, quizá Jáuregui para que ante una posible vacancia en el horizonte lleve a un nuevo gobierno transitorio. No queda claro si esto ocurra en otoño, Pero el tiempo corre, y la caída de Santibáñez podría ser el catalizador de un cambio tectónico político.

La convocatoria continúa creciendo. Miriam Ramírez, presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú (Acopri), ha confirmado que su congregación participará en la marcha contra la criminalidad y contra la falta de acción del Gobierno de Dina Boluarte programada para este viernes 21 de marzo desde las 5:00 p. m. en la plaza San Martín. Y resaltó que la única motivación de todos los padres participantes es la protección de sus hijos y rechazó cualquier intento de politización del movimiento.

“Todos estamos indignados”

Asimismo, la progenitora Ramírez indicó que los padres de familia marcharán junto a artistas, ciudadanos y otros sectores que han manifestado su indignación ante la creciente ola de violencia y criminalidad que vive el país, ante la indiferencia del Gobierno.

«Nosotros vamos a ir a marchar, como lo están haciendo los actores, los artistas y los cantantes. Pero también está el ciudadano de a pie. Todos estamos indignados», expresó la representante de Acopri.

En un discurso previo, la presidenta Dina Boluarte afirmó que la movilización estaría impulsada por un sector denominado «caviar». En respuesta, Miriam Ramírez aseguró que no se debe politizar el clamor ciudadano, pues las cifras demuestran que el país enfrenta un grave problema de violencia e inseguridad.

«Si va a ser así, entonces el Perú entero ya es caviar. No podemos seguir con amenazas ni politizarlo todo. Las cifras no mienten, estamos viviendo la violencia de las violencias. Si seguimos así, llegaremos a un punto sin retorno. Nos agrada que en esta última semana se hayan puesto las pilas, pero es tarde, señores. Tarde», indicó Mirian Ramírez.

“Tenemos que proteger a nuestros hijos porque ustedes no lo están haciendo”

Finalmente, la presidenta la Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú (Acopri), resaltó el temor de los padres de familia, quienes se ven obligados a tomar medidas de protección para sus hijos ante la falta de una estrategia efectiva de protección y seguridad.

«¿Qué quieren que hagamos como madres y padres de familia? ¿Que no expresemos nuestro desacuerdo con una estrategia que no está funcionando? Esto ya no es una simple protesta, es un grito de desesperación. Tenemos que proteger a nuestros hijos porque ustedes no lo están haciendo. Por eso vamos a salir juntos a marchar», concluyó.

La Asociación de Padres de Familia de Colegios Privados del Perú rechaza cualquier vinculación política. La protesta representa la indignación y la frustración ciudadana, ante la violencia y la criminalidad creciente y la exigencia de soluciones concretas por parte del indiferente Gobierno de Dina Boluarte.

 “Cállate pues hermano, déjame hablar”, dijo en un momento el congresista Edwin Martínez mientras el clima de la polémica se encendía en el hemiciclo.  El Pleno del Congreso dejó en cuarto intermedio el dictamen de ley que propone crear incentivos fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas y audiovisuales en Perú. Mientras tanto, la batalla cultural se volvió a levantar en el Congreso donde se habló de todo menos de lo esencial.

La discusión se fue por la tangente de la guerra cultural en torno a los contenidos ideológicos de algunas películas peruanas financiadas en parte por los estímulos del gobierno.

El congresista Alex Flores al respecto se pronunció advirtiendo:

“Estamos queriendo entrometernos dentro del arte (…) toda producción lleva una carga ideológica”.

El congresista conocido como El Niño que preside la Comisión de Economía refirió sobre la norma que el artículo 13.3 señala “no puede beneficiarse de los estímulos económicos señalados en el art. 13 y 14 obras cinematográficas o audiovisuales destinadas a pautas publicitarias, propaganda electoral o en beneficio de una organización política o aquellas que atenten al Estado de Derecho o contravengan la defensa, la seguridad o el orden interno del país o que vulneren los principios reconocidos en la Constitución”.  Por lo mencionado según El Niño, podría haber una censura.

El congresista Ilich López Ureña (AP) afirmó que “se requiere tener un dictamen que no genere controversias y que vaya en beneficio del país”.

Por su parte, Ruth Luque señaló que la actitud que se viene llevando respecto al tema cultural “no permiten la contraposición de ideas ni de posiciones”.

En la misma línea retórica crítica a los estímulos al cine el parlamentario Edwin Martínez, quien avivó la polémica en su breve intervención.

“Todo cuesta poeta. Amar, vivir, soñar. Todo cuesta, nada es gratis en la vida”. Luego se refirió a las películas victimizadas que “pretenden cambiar la historia del Perú”.  Y después el Congreso se encendió como no había pasado durante la intervención de Santiváñez en la mañana, cuando Martínez dijo:

“Cuando ustedes, los terroristas dinamitaban el suelo patrio…” haciendo un gesto con el brazo que parecía señalar a los congresistas de la bancada de izquierda. La bancada de izquierda se puso a gritar furiosa.

“Le pido retire la palabra” le exigió el presidente del Congreso Salhuana que presidía la sesión. El congresista Martínez respondió: “yo me refiero a los terroristas de los 80 y 90”.

Finalmente, retiró la palabra y continuó en el minuto que le estaba de tiempo para solo empeorar las cosas al ser un momento interrumpido y decir: “cállate pues hermano, déjame hablar”. Finalmente pidió un aplauso por el soldado peruano.

Ya al cierre, el presidente del Congreso mencionó que “Paddington se filmó en Colombia, tal vez por falta de incentivos al cine peruano”.

El proyecto de ley cayó en el limbo del cuarto intermedio antes de cerrarse la sesión de la tarde e irse todos a almorzar. La batalla cultural, va a continuar.

Con un tono suave que invita a la piedad de sus verdugos, el ministro que hoy ha roto el récord de ministro del Interior con mayor tiempo de permanencia (10 meses y 5 días), se presentó ante el Congreso para el descargo de la moción de censura que se vota el día de mañana. Ante un parlamento que lo recibió con indiferencia y lo despidió a gritos, así fue la cerca de media hora de disertación de la defensa de su gestión.

Pero empecemos por el final de su disertación con un mensaje claro a su némesis, el Ministerio Público:

“Si no actuamos de forma articulada la lucha contra la delincuencia siempre será insuficiente (…) No voy a negar que hemos tenido diferencias con la Fiscalía, pero quiero decir con claridad que pese a todo lo sucedido el país no necesita enfrentamientos con sus instituciones. Necesita que trabajemos juntos, pero con instituciones que no sean indiferentes. Por eso hacemos un llamado y convocamos al Poder Judicial, al Congreso y a una nueva fiscalía que nos sentemos y tracemos la estrategia (…) sin agendas ocultas y sin revanchismos (…) Invoco a la posibilidad de seguir trabajando”.

En su alocución, Santiváñez refirió los logros de su gestión cuando enumeró el rearme policial y logros en número de detenciones.  Recordó recibir “una PNP sin chalecos antibalas” y que ahora “tenemos 3700 unidades de patrullas nuevas (…)  Hemos comprado después de 40 años más de 31 mil pistolas próximas ha llegar”. Mencionó también la defensa legal de la policía como aspecto clave para su trabajo a través de 200 nuevos abogados asignados al personal policial que pudiera o es judicializado en la lucha por abatir a los delincuentes.

Luego apeló a la unidad política del país: “Tengan por seguro que la delincuencia está celebrando esta división entre los poderes del Estado”.

 También denunció la narrativa de parte de la prensa. Calificó que lo que hacen es “exacerbar la percepción” y añadió: “Nos están saboteando”.

Sobre la Fiscalía señaló: “No es admisible que la fiscalía haga uso de abuso de sus atribuciones con fines políticos” esto a raíz del allanamiento a su hogar. Luego insinuó el que no trabajaba así con los delincuentes. Volviendo a la investigación que le sigue el ministerio público dijo, “Si esto pasa con ministro ¿qué pasará con un ciudadano a pie?”.

Defendió que su política viene dando resultados. Mencionó la desarticulación de dos bandas que han venido extorsionando a colegios, así como las medidas en acciones contra la extorsión como es el cortar la comunicación entre extorsionadores y víctimas a través del corte de las líneas con cooperación de las empresas telefónicas. “Cada llamada menos es una víctima menos” y luego refirió, “Estamos dotando a la policía en más tecnología y patrullas”. Prometió la asignación de más fondos para operaciones encubiertas. Y anunció que mil agentes de las fuerzas armadas de inteligencia se sumen al esfuerzo policial.

“Todos los policías están ahora en la calle”, refiriéndose a la reasignación del personal, incluido los que se dedican a la docencia de la escuela policial. Sobre el endurecimiento de penas se refirió al proyecto de terrorismo urbano con penas de cadena perpetua. También mencionó endurecer las penas de los que compren objetos robados, pasen de 2 a 4 años, a un régimen de 8 a 10 años de pena efectiva.

Refirió de la brecha de 60 mil policías que faltan en el servicio. Perú tiene 140 mil efectivos que no han aumentado desde 1997 mientras la demografía nacional sí que aumentó. Habló el ministro de sumar cien mil agentes más (no preciso cómo sería a través de medidas concretas). Mencionó también la compra de un avión multipropósito, así como la compra de mochilas tácticas, vehículos y armamento. Esto con un financiamiento de mil millones de soles.

Lo más crudo fue el número de detenciones detenidas por Fiscalía lo que agudiza el enfrentamiento institucional. Señaló que desde el 1 de enero al 19 marzo del año en corrientes fueron 91 mil los detenidos de los cuales 12 mil son extranjeros. Así mismo anunció que se han desarticulado “23 bandas criminales y más de cien millones de dinero incautado”.  Sin embargo, también señaló que el 92% de los detenidos han sido liberados “y no por la policía nacional del Perú”. “Han sido liberados por la fiscalía y no por el ministerio de Interior”.

En una mirada retrospectiva refirió que en el mismo período Pero que va de enero a mayo del 2024 fueron 89 mil los detenidos y que se liberaron 83 mil. Es decir, no avanzan.  Es decir, la Fiscalía sería la responsable de la actual situación.

En el Parlamento Nacional Cada año se destina una ‘lluvia de miles de soles’, para pagar los servicios de los estudios de abogados de los congresistas que tienen problemas legales, por estar investigados por Fiscalía. Por ejemplo, en agosto del 2024 los favorecidos fueron los acuñistas Alejandro Soto y Luis Kamiche, Óscar Zea del Bloque Magisterial y César Revilla de Fuerza Popular. Aquella vez, se desembolsó S/189,710 para que se defendieran.

Y este año 2025, la nada despreciable gollería les toca a los legisladores Patricia Chirinos, Kelly Portalatino, Hilda Portero y Luis Cordero Jon Tay.  Ellos son investigados de manera preliminar por el Ministerio Público por diversos presuntos delitos asociados a la corrupción y que van desde tráfico de influencias, cohecho activo, cohecho pasivo, e incluso participación en una organización criminal.

La decisión que autoriza el desembolso se adoptó el último martes 11 de marzo en cuatro acuerdos de la Mesa Directiva del Congreso que preside el apepista Eduardo Salhuana. Por lo que, cada uno de los cuatro colegas parlamentarios serán financiados para sus “defensas legales” con una cifra de S/42,800, equivalentes a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Es decir, el Estado pagará un total de S/171, 200.

En uno de los acuerdos, se fijó que el privilegio de contratación de defensa legal se brinda por una única vez a los legisladores por conductas relacionadas con el desempeño de sus funciones parlamentarias.

Patricia Chirinos

La hoy legisladora de Renovación Popular, viene siendo investigada por el presunto delito de peculado doloso, por utilizar boletos aéreos pagados por el Congreso para trasladarse a la ciudad de Trujillo y participar en la fiesta de cumpleaños de su colega de bancada, Diego Bazán.

Kelly Portalatino

La congresista de Perú Libre y ‘amiga’ incondicional de Vladimir Cerrón, tiene una investigación preliminar de la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos contra la administración de justicia, en la modalidad de presunta negociación incompatible en agravio del Estado. El 5 de febrero pasado, la Fiscalía, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional en su contra, por presuntas irregularidades en su gestión como ministra de Salud durante el gobierno del hoy detenido Pedro Castillo.

Según Fiscalía, Portalatino habría inducido al entonces jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Salud, José Celis para que tome en cuenta la contratación de Romy Vásquez para el servicio de asistente administrativo en el Minsa.

Hilda Portero López

La legisladora de Acción Popular, Hilda Portero, tiene una investigación en el Ministerio Público, por haber sido parte del denominado grupo ‘Los Niños’, que habrían hecho tratos oscuros con el expresidente Pedro Castillo. De acuerdo al testimonio de una colaboradora eficaz, ella habría sido parte del grupo de parlamentarios que se vieron favorecidos con licitaciones de obras durante el mandato castillista, a cambio de que voten en contra de las entonces voceadas vacancias presidenciales.

Luis Cordero Jon Tay

El exfujimorista y hoy miembro de la bancada de Podemos Perú, está investigado por los presuntos delitos de cohecho activo específico y cohecho pasivo impropio y por su supuesta participación en una ‘organización criminal’ liderada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Cabe mencionar que este legislador es hermano de la hoy suspendida parlamentaria María Cordero Jon Tay, en tanto dure el proceso penal por el recorte de sueldos a un trabajador.