Pedro Gamio Aita, exviceministro de Energía, parece haberse convertido en el rostro visible —y a la vez en la sombra— de los intereses privados que han colonizado el sector energético peruano. Su tránsito por cargos públicos, empresas privadas, medios de comunicación y ahora el Congreso, evidencia un patrón que, más que coincidencia, sugiere una estrategia estructurada de influencia.

Hagamos un recordaris: durante la pandemia del coronavirus, a inicios del 2021 Pedro Gamio Aita, de pronto se convirtió en el ‘vocero’ de Luz del Sur y decía textualmente “hay que cumplir las sentencias del Poder Judicial”. En aquel tiempo, Gamio Aita, se opuso a que el Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado (COES) elaborara la propuesta técnica para modificar los procedimientos, que luego debía evaluar Osinergmin.

Pero su historial se remonta más atrás. En 2007, durante el segundo gobierno de Alan García, Gamio Aita, en su calidad de viceministro de Energía, firmó un documento que concedía a la empresa suiza Minera Volcán un beneficio tributario por US$32 millones de dólares. Lejos de ser un acto aislado, su intervención favoreció directamente a uno de los principales actores del sector extractivo.

El también excandidato del partido Morado, Pedro Gamio Aita, quien anteriormente colaboraba con la SPR (Asociación Peruana de Energías Renovables) con el objetivo de sacar adelante el ‘lobby eléctrico’. Luego de ello, Gamio fue designado en julio del 2024 como miembro de directorio de Petroperú. Sin embargo, su permanencia fue breve: tras la renuncia del directorio completo, en septiembre también abandonó el cargo.

Ministro Montero y Pedro Gamio como conductores en programa radial de RCR.

No obstante, Gamio Aita no se ha quedado quieto y se recicló rápidamente como asesor de la bancada de Acción Popular en el Congreso, manteniendo así sus vínculos con el aparato político. Es decir, mantiene sus nexos a nivel empresarial, parlamentario y gubernamental; específicamente con el Ministerio de Energía y Minas, capitaneado actualmente por Jorge Luis Montero Cornejo, amigo y partner de Gamio Aita, quienes juntos conducían un programa de radio en la plataforma de la Red de Comunicación Regional (RCR) impulsando una tenaz campaña a favor de grupos económicos protagonistas del millonario lobby de las energías renovables.

En otros términos, el exviceministro Pedro Gamio se habría convertido en el titiritero del ministro Montero Cornejo, ¿Con qué fines? ¿Acaso con el objetivo de cautelar un próximo ‘reglamento’ afín al lobby eléctrico?

Al parecer, la puerta giratoria en el sector energía hoy se mantiene más lubricada. Y Pedro Gamio, tras saber sido exviceministro de Energía, adquirió los conocimientos necesarios en el ámbito del derecho público y administrativo; sin embargo, aquel expertise no parece estar al servicio del bien común, sino de conglomerados de energía eléctrica que cargan el costo sobre los hombros de los usuarios peruanos.

¿Hasta cuándo el Estado peruano permitirá que los intereses empresariales se filtren impunemente en sus decisiones más estratégicas?

Tiene 36 años y gana más que un congresista. Cuando una reportera del dominical Cuarto Poder fue a visitarla a su despacho se percató que una inmensa imagen del líder y fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, estaba detrás de la autodenominada ‘hija política’ Yessenia Lozano, quien viene recibiendo un inusitado apoyo de parte del mismísimo presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, quien también es militante de APP.

La joven bachiller en abogacía en la actualidad se desempeña como jefa del Centro de Modalidades Formativas, una oficina creada en el año 2023 durante la gestión del congresista José Williams, y tiene como finalidad la contratación de practicante pre profesionales y profesionales.

«Ámbito de aplicación exclusiva a estudiantes y egresados, pertenecientes al tercio superior, de carreras profesionales necesariamente indispensables para el buen funcionamiento del Congreso», indica la resolución del Congreso 019-2022-2023-CR.

De acuerdo al Reglamento del Congreso las personas que cuentan solamente con el título de bachiller tienen un tope de sueldo no mayor a los 6 mil soles correspondiente al de técnico, sin embargo, Lozano percibe 19 mil soles en aquella oficina que lo primero que resalta es la imagen del popular ‘plata como cancha’.

Al respecto, el titular del Congreso, Eduardo Salhuana, ha salido a manifestar que la ‘hija política’ de Acuña Peralta efectivamente cuenta con una maestría, no obstante, esa información no aparece en el registro de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

 «Ella tiene título profesional, cumple con lo que señala el estatuto que exige 5 años de experiencia profesional y ser licenciado en alguna profesión escrita», manifestó Salhuana, en defensa de Lozano.

En tanto, desde APP también justificaron la contratación de Yessenia Lozano argumentando que es una manera de “abrir las puertas” a la juventud.

“La señora que hoy es cuestionada con esta designación es una joven que ha participado en política, no de ahora, ella ha sido alcaldesa escolar desde los 14 años y si hoy se trata o se intenta que la juventud participe de manera activa en la política del Perú creo que debemos abrir las puertas no solamente de los partidos políticos, sino de las instituciones que permitan formar nuevos cuadros, nuevos valores y esto fortalezca la institucionalidad, la democracia del país”, manifestó el secretario general de APP, Luis Valdez.

Solo falta que César Acuña le haga un busto dorado a su autodenominada ‘hija política’ y lo coloque al frente del Palacio Legislativo. ¿Tanta influencia tiene una joven abogada sobre uno de los hombres más poderosos del país?

La democracia peruana no está simplemente en crisis. Está siendo socavada desde sus cimientos por prácticas que, de confirmarse judicialmente, constituirían no solo irregularidades administrativas, sino atentados directos contra la voluntad ciudadana y la legalidad electoral.

¿Cómo podemos llamar “democracia” a un sistema donde la afiliación política de miles de ciudadanos podría haber sido falsificada?

Informes periodísticos recientes de Cuarto Poder, Punto Final y Panamericana han revelado indicios graves de afiliaciones presuntamente irregulares en múltiples organizaciones políticas. Lo que estos reportajes sugieren —y lo que diversas autoridades, entre ellas el Congreso de la República deben investigar a fondo— es un patrón sistemático en el cual miles de ciudadanos habrían sido inscritos en partidos políticos sin su consentimiento informado ni su firma auténtica.

Entre los partidos mencionados en estos informes se encuentran agrupaciones lideradas por figuras públicas como Marisol Pérez Tello (Primero la Gente), Martín Vizcarra (Perú Primero), Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo) e incluso Nicanor Boluarte (Ciudadanos por el Perú), hermano de la actual presidenta. Mencionar estos nombres no implica prejuzgar su responsabilidad penal, pero sí destacar que estos señalamientos requieren una respuesta institucional clara, transparente y, sobre todo, conforme a derecho.

Un reciente informe del RENIEC, revelado por el programa dominical Panorama, confirma la gravedad de las irregularidades en la inscripción de partidos políticos peruanos. Tres agrupaciones se destacan por el nivel de falsificación detectado: «Perú Primero» del expresidente Martín Vizcarra, con 5,117 inscripciones invalidadas, incluyendo 1,634 fichas donde se identificó que un mismo puño falsificó múltiples firmas; «Voces del Pueblo» del congresista Guillermo Bermejo, donde se encontraron 4,428 firmas manipuladas y sorprendentemente el 83% de 25,249 registros fueron declarados no válidos, hallándose incluso huellas dactilares repetidas; y «Ciudadanos por el Perú», vinculado a Nicanor Boluarte (hermano de la actual presidenta), reportado en tres ocasiones por 2,298 firmas fantasmas, con 1,681 de 2,350 fichas mostrando convergencias del mismo puño gráfico. Este escándalo evidencia un patrón sistemático de falsificación que compromete seriamente la integridad del sistema electoral peruano y la legitimidad de estas organizaciones políticas.

En el Perú, si una organización política inscribe su partido utilizando firmas falsas, enfrenta consecuencias legales muy graves. De acuerdo con la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 28094), específicamente el artículo 5, literal h), modificado por la Ley N° 31981 (2024), “La responsabilidad penal en caso de fraude en la recolección de firmas recae sobre el responsable que el estatuto de la organización política determine, así como sobre el responsable de la hoja de adherentes​”. Si se detecta la falsificación de firmas, los implicados pueden enfrentar procesos penales por fraude, falsificación de documentos, falsedad ideológica o fraude procesal, delitos sancionados por el Código Penal peruano.

Las autoridades competentes —Fiscalía, JNE y RENIEC— deben actuar con celeridad, garantizando el debido proceso y respetando la presunción de inocencia, pero sin permitir que la impunidad se normalice.

De acuerdo al Artículo 91. de la misma ley, establece: “El Jurado Nacional de Elecciones solicita al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil que compruebe la autenticidad de las firmas y la numeración de los Documentos Nacionales de Identificación correspondientes a los adherentes a que se hace referencia en el inciso b) del artículo 88”. En ese sentido, el RENIEC, según el reportaje, identificó más de 238,000 firmas con “indicios visibles de falsificación”.

Según una investigación de Latina Noticias, a través del programa «Punto Final», el escándalo de falsificación de firmas también alcanza al partido «Primero la Gente» de Miguel del Castillo y de la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, “donde se detectaron 4,039 firmas falsas utilizadas para su inscripción”. La investigación “recogió testimonios de 120 supuestos militantes en 14 distritos de Lima, quienes negaron categóricamente haberse afiliado al partido”. La indignación de los ciudadanos consultados es legítima. Pero debe traducirse en exigencia institucional, en reformas urgentes y en fiscalización ciudadana sostenida. El caso adquiere mayor gravedad al revelarse la existencia de un mercado negro de firmas falsificadas, donde un informante confesó que «se cobra en promedio 6 soles por ficha llena», evidenciando que esta práctica corrupta podría estar institucionalizada como un negocio lucrativo que socava completamente la legitimidad del proceso de inscripción de partidos políticos en Perú.

Lo preocupante es que el artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, en su lista de causales de cancelación, no contempla la anulación o cancelación de la inscripción de un partido, incluso cuando un partido político, se haya inscrito utilizando firmas falsas y se comprometa su legitimidad.

Hay declaraciones que, lejos de aclarar, agravan el desconcierto. Representantes como Marcos Ceballos, de Primero la Gente, han sugerido que, si RENIEC validó firmas cuestionables, “La responsabilidad recaería exclusivamente en dicha entidad”. Esta afirmación —aunque legalmente debatible— elude una cuestión ética y política esencial: los partidos deben garantizar que sus procesos de afiliación sean genuinos, verificables y transparentes.

En paralelo, se advierte una estrategia de control mediático por parte de algunos de los líderes implicados. El expresidente Martín Vizcarra, actualmente inhabilitado e investigado por presuntos actos de corrupción, ha optado por presentarse en canales de youtubers, como Cristo Rata en diciembre de 2024 y Carlos Orozco en abril de 2025, para negar cualquier implicación en estos hechos. Tiene derecho a defenderse, pero la victimización es innecesaria. Los ciudadanos también tienen derecho a exigir explicaciones en foros institucionales, no sólo en espacios diseñados para controlar el relato público.

Vizcarra con el llamado Cristo Rata.

Los partidos políticos están llamados a ser vehículos de expresión ciudadana. Pero si estos vehículos se convierten en franquicias que se compran con firmas presuntamente falsas y se mantienen con recursos de procedencia dudosa, estamos frente a una grave desviación de su función constitucional.

Si no corregimos ahora, las elecciones de 2026 podrían reproducir los mismos vicios: listas elaboradas sobre la base de militantes fantasmas, sin legitimidad, sin consentimiento real, sin democracia. La democracia no puede sostenerse sobre registros manipulados ni sobre sistemas cómplices del engaño. O saneamos el sistema desde su raíz, o aceptamos —como sociedad— que la representación política en el Perú es una farsa legalizada.

Y si aceptamos eso, entonces no nos quedará más que prepararnos para lo inevitable: un Estado capturado, no por los votos, sino por el fraude institucionalizado.

El apagón total en España el día de ayer interpela al servicio eléctrico peruano que se debate entre apostar por energías renovables inseguras y aumentos en las utilidades del sindicato de trabajadores eléctricos en un año electoral y con un déficit fiscal a la vuelta de la esquina.

Meses atrás en este verano fuimos testigos de un apagón total en Chile que abarcó el 90% del territorio del país del sur. Hoy atestiguamos como la historia se ha vuelto a repetir, está vez en España, por la cual el servicio de toda la península se cortó (a excepción de Canarias y Baleares). 

Si bien el suministro eléctrico está volviendo a algunas zonas de España, como informó la Red Eléctrica del país, luego de que un corte de electricidad afectara a toda la península Ibérica y partes de Francia.

“Ya hay suministro eléctrico en zonas de Cataluña, Aragón, País Vasco, Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Extremadura y Andalucía”, declaró la empresa de electricidad en un comunicado. Los gobiernos de España y Portugal están teniendo reuniones de emergencia para abordar los apagones. Por su parte el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, señaló que el corte probablemente se originó en España. Mientras tanto, corren rumores que achacan la responsabilidad de los hechos a un ciberataque ruso, otras fuentes más críticas con el gobierno español señalarían la causa en la dependencia energética de España respecto a fuentes de energía del extranjero y a una pobre gestión. Cabe señalar que en las últimas décadas tanto las tradicionales fuentes de energía a base de carbón o caídas de agua, vienen siendo desmanteladas mientras se apuesta por energías renovables las cuales no cuentan con la capacidad de suplir al gas o al petróleo que España tiene que importar de Argelia, por ejemplo. 

Además, afirmó que el gobierno aún desconoce la causa del corte, pero que “no se originó en Portugal” y que “todo indica” que el problema se originó en España. Esto podría asemejarse a lo acontecido en Chile este verano, dónde un apagón nacional, inédito en toda su historia, dejó al 90% del país a oscuras. Cabe mencionar que también Chile se ha orientado a una apuesta radical por las energías renovables que han repercutido en subidas de las tarifas de luz.

Mientras tanto 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, comentó que los semáforos han dejado de funcionar y les ha pedido a los ciudadanos de la capital española que minimicen sus desplazamientos y permanezcan en sus lugares de residencia. Y es que el tráfico en la capital española se congestionó tras el apagón. “Estaba conduciendo y de repente no había semáforos (…) Era una especie de jungla”, declaró Luis Ibáñez Jiménez a CNN. “Vi venir un autobús enorme y tuve que acelerar mucho para adelantarlo”.

El metro de Madrid informó en un comunicado que todo el servicio se había interrumpido debido a la “falta de suministro eléctrico”. Los medios locales informaron que se habían evacuado partes del metro.

Este apagón nacional es un hecho inédito que no ha ocurrido ni siquiera durante la guerra civil española.

Perú: un problema que se avecina

Mientras tanto, Perú continúa a paso firme por implementar políticas de energías renovables que podrían comportar un posible aumento de las tarifas como ocurrió en Chile. Se debe recordar que la experiencia en otros países señala que la implementación de las renovables viene acompañada en sus primeros y largos años por subsidios del Estado, que en ocasiones se externalizan en los recibos de luz.

Por otro lado, en un giro sospechoso de populismo, el Congreso de la República aprobó en primera votación un dictamen que pretende aumentar las utilidades de los trabajadores del sector eléctrico, un incremento de 5 a 10%. Siendo este un año electoral, dicho incremento parecería ser una especie de acuerdo con el sindicato con fines de captar o clientelizar un sindicato. Los beneficiados de este incremento son un universo de 7 mil trabajadores que ganan hasta 18 sueldos anuales.

De concretarse dicho aumento, comprometería al Estado a cumplir con un endeudamiento en el marco de una economía estancada y un Estado al borde del déficit fiscal. En última instancia el Estado para cumplir su compromiso podría en efector externalizar dicho costo aumentando las tarifas de luz. Se espera que el congresista Wilson Soto se reúna en las próximas semanas con el ministro del sector con el fin de una evaluación técnica. Mientras tanto, el fantasma de un apagón se cierne como una posibilidad en Perú si sus políticas siguen fielmente el derrotero de Chile y España.

¿Amor al chancho o al chicharrón? Era el año 2016 cuando una mujer en un mercado se le acercó al entonces candidato presidencial Alfredo Barnechea para ofrecerle un suculento chicharrón, a lo que el refinado postulante rechazó de manera poco delicada, fulminando así sus intenciones de sentarse en Palacio.

Diez años después, siempre con el partido de la lampa, el educado candidato ha preferido en esta ocasión juntarse con la población pujante y no optar por algún local miraflorino con vista al mar. De esta manera Alfredo Barnechea, graduado de Harvard y ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha dicho “presente” para las Elecciones Presidenciales a realizarse el próximo año.

El ahora hombre de 72 años fue visto este último fin de semana por Gamarra, conversando con algunos comerciantes dedicados al rubro de la venta de ropa y la comida, a fin de conocer sus inquietudes y lo que esperan del próximo gobierno.

Cabe precisar que Barnechea se encuentra en calidad de «precandidato«, esto, debido a que más aspirantes acciopopulistas participarán de unas elecciones primarias para definir quién será el encargado de representar al partido de la Lampa en los próximos comicios.

¡Cierren el Congreso! ¡Quemen ese nido de ratas! ¡Ese Congreso no me representa! Cuando ocurre cada protesta social se pueden leer pancartas y banderolas exigiendo el cierre definitivo del Palacio Legislativo, aquel recinto donde actualmente alberga a 130 congresistas, y los que en su mayoría están conformados por las bancadas de Fuerza Popular (21), Podemos Perú (13) y Alianza para el Progreso (14).

Curiosamente esos tres partidos son considerados como las tres fuerzas que más daño hacen al país cuando se trata de promover o bloquear un proyecto de ley. Sumando las tres bancadas, su peso a nivel de votación llega a 44, llegando a más de la mitad de votos necesarios para una reforma constitucional (se requieren 87 votos).

Por esa razón, y muchas otras más, es que se siente un descontento por parte de la población apta para votar, pues consideran que muchas veces nuestros legisladores están ahí solo para satisfacer intereses particulares, y no tanto para beneficio de la población.

Esa apatía política se puede percibir mucho más en los jóvenes del Perú. Una encuesta realizada en diciembre del año pasado por la Universidad de Piura (UDEP) nos recuerda que alrededor del 40 % de los jóvenes universitarios les resulta completamente “indiferente” una postura política del próximo presidente, esto debido a los recurrentes casos de presunta corrupción donde siempre aparece el nombre de un jefe de Estado, ya sea formado en la izquierda o en la derecha.

En esa misma línea, 60 % de ellos respondió que no se identifican con ningún partido político o ideología. Sin embargo, aclara la politóloga Andrea Paico para RPP, no es lo mismo que no estén interesados en la política, lo que pasa es que ellos se encuentran indignados con los actuales partidos políticos que se ofrecen “en vitrina”, estando involucrados al menos una vez al mes en algún escándalo con tintes de corrupción.

Qué hay en la ‘parrilla electoral’, ¿más de lo mismo?

Las Elecciones ya se anunciaron que serán en abril del 2026 y ya se van perfilando algunos candidatos, entre ellos se pueden destacar el comediante Carlos Álvarez; el actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga; el ex rector de la UNI, Alfonso López Chau; el economista Hernando de Soto; o el actual congresista Guillermo Bermejo, por mencionar a solo alguno de ellos, sin descartar la participación de Keiko Fujimori o César Acuña, ambos líderes de las dos fuerzas congresales con mayoría en el Parlamento.

Hecho una rápida observación de los confirmados y potenciales candidatos, el joven votante con mucha razón ve de manera pesimista lo que le puede deparar al país. Guiándonos nuevamente por la encuesta de la UDEP, el 81 % de los jóvenes considera que los partidos políticos actuales no se preocupan por el bien común. Pero ese desencanto no es exclusivo del Perú, en América Latina y otras partes del mundo también se replica la misma problemática.

La respuesta: el poder de la palabra

Tal como sucede en la vida cotidiana en cualquiera de las situaciones, ya sea en el ámbito familiar, amical o laboral, cuando una persona dice que va a realizar algo y no lo cumple, un poco de confianza se va perdiendo por parte del receptor; y si incumple de manera reiterativa con honrar su palabra, ya el otro sujeto sencillamente habrá construido una idea de su autoridad de mentiroso y poco responsable.

Claro que a nivel gubernamental esas promesas no son algo sencillas como “mañana te pago”, sino que representan un esfuerzo colectivo como construir una carretera o terminar de edificar un colegio o una posta médica, sin embargo, muchos de esos candidatos, con tal de ganarse el voto de los ciudadanos, prometen cosas cayendo en el populismo.

Es importante recordarles a los potenciales candidatos para presidente, senadores, diputados o gobernadores que no caigan en promesas difíciles de cumplir al menos en un solo periodo, que pongan sobre todo la sinceridad y transparencia, y que por supuesto tomen en cuenta la forma y el fondo de hacer las cosas.

El cuestionado rector renunciante de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y precandidato presidencial por el partido ‘Ahora Nación’ Alfonso López Chau, se encuentra inmerso en un claro conflicto de intereses, tras haber consumado su plan, de elegir en una Asamblea Universitaria a su amigo y hombre de confianza, el vicerrector Arturo Talledo Coronado, como el nuevo rector que lo reemplazará. Mientras tanto, la vicerrectora Shirley Chilet Cama y un numeroso grupo de colegas docentes acudirán a Sunedu para denunciar las acciones del ingeniero López Chau.

Vicerrectora se levantó de la mesa y abandonó la Asamblea Universitaria

“No estoy dispuesta a usurpar funciones que no me han sido conferidas como vicerrectora académica y como miembro de la Asamblea Universitaria, dado que solo el hecho de debatir estos puntos me convertiría en cómplice. Muchas gracias a todos y procederé a retirarme”, exclamó la vicerrectora Shirley Chilet Cama, tras reclamarle en su propia cara al rector de la UNI Alfonso López Chau quien es acusado de abuso de autoridad, aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible.

En tal sentido, el rector y su grupo cercano de docentes buscaría apoderarse de la UNI con el objeto de asegurar en el poder a personajes de su partido ‘Ahora Nación’.

La arquitecta y vicerrectora Chilet Cama advirtió que el objetivo de la Asamblea Universitaria convocada fue ilegal, ya que la misma, no estaba facultada de acuerdo a ley para designar o elegir a rectores o vicerrectores.  

De acuerdo a un informe periodístico, López Chau habría realizado una oscura maniobra y cambió la normativa de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con el objetivo de que su amigo el vicerrector Arturo Talledo Coronado asumiera el mando de la casa de estudios. Anteriormente, de acuerdo a la Ley Universitaria, la UNI habitualmente elegía a un nuevo rector con elecciones generales y/o universales, pero en marzo de este año, el entonces rector y precandidato presidencial logró diseñar un nuevo artículo para el estatuto, y mediante dicha resolución, en adelante, es la Asamblea Universitaria la que ahora podría elegir a un nuevo rector. Lo que configura un evidente conflicto de intereses. De esa manera López Chau consumó su plan, debido a que su amigo y hombre de confianza, el vicerrector Talledo Coronado fue elegido como nuevo rector en dicha asamblea.

La Asamblea Universitaria de la UNI, finalmente dio por electo a Arturo Talledo Coronado, trasgrediendo así toda jurisprudencia universitaria y habría logrado que todo su grupo controle la universidad de ingenieros, poniendo en juego un presupuesto de 200 millones de soles anuales. Prácticamente, la UNI pasaría a ser gobernada por el partido político ‘Ahora Nación’ quien desde el 8 próximo de mayo pondrá como rector a Talledo Coronado.

Cabe recordar, que la Contraloría General de la República, también identificó pagos irregulares por más de S/ 900,000 autorizados por el rector López Chau para funcionarios administrativos en régimen CAS, sin sustento presupuestario, ni cumplimiento de normas legales. Los pagos se realizaron entre 2021 y 2022, y fueron considerados un perjuicio económico para la universidad. Sin embargo, la Asamblea Universitaria no aplicó sanciones, ni destituyó de la UNI a López Chau.

Finalmente, tras la grave acusación de la vicerrectora Chilet Cama, contra López Chau, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, aprovechamiento indebido del cargo y negociación incompatible ¿Qué hará al respecto el jefe de Sunedu Manuel Castillo Venegas? Asimismo, ¿qué acciones tomará el procurador público? ¿Y la Fiscalía, qué espera que no abre una investigación preliminar de oficio?

Cuando tu padre es el actual alcalde de Chaclacayo y amigo cercano del alcalde de Lima, perteneciente además al partido Renovación Popular, las llaves de la ciudad (y también las plazas) están prácticamente aseguradas.

La figura televisiva y empresaria Alejandra Baigorria se casó este último sábado 26 de abril con el exfutbolista Said Palao, eligiendo como lugar para realizar su boda religiosa la Iglesia San Pedro, en el Centro de Lima. Posterior a ello, se dirigieron a la Plaza Mayor de Lima, la cual lucía oportunamente cerrada para los flamantes esposos. Sin embargo, ha llamado mucho la atención de propios y extraños que la plaza más importante de la capital luzca completamente vacía, sin que exista una fuerte razón social que amerite obstaculizar el libre tránsito peatonal.

Todo se trataría de una suerte de ‘compadrazgo’ entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con el alcalde de Chaclacayo, Sergio Baigorria, ambos pertenecientes a la agrupación política Renovación Popular, para favorecer indebidamente a la hija de este último, permitiéndole poder desplazarse libremente, evitando que los ciudadanos de a pie malogren su sesión fotográfica.

Previamente, el popular ‘Porky’ había prometido casar por civil a los novios y efectivamente el último sábado ofició la boda. Cabe recordar que los alcaldes distritales o provinciales pueden celebrar un matrimonio por la vía civil, de igual manera lo puede hacer un notario público o un juez encargado del Registro Civil.

Sin embargo, no se encuentra dentro de sus potestades del burgomaestre limeño el cierre intempestivo de espacios públicos como la Plaza Mayor, sin que haya de por medio la alteración de la seguridad pública. En el caso particular, ‘Porky’ cerró toda la plaza para que la hija de su amigo se pasee tranquilamente para su sesión fotográfica.

Rafael Lopez Aliaga mandó a cerrar la Plaza Armas para Said Palao y Alejandra Baigorria. Un lugar publico, solo para la hija del Alcalde de Chaclacayo de Renovación Popular ¡Indignante! pic.twitter.com/IuWIezqnae

— Chacotero (@ChacoteroPeru) April 26, 2025

Al respecto, la congresista Susel Paredes fue una de las primeras en criticar dicha disposición, haciendo énfasis en la relación amical entre el alcalde de Lima con el Chaclacayo.

“Cerrar un espacio público central como la Plaza Mayor por un familiar de tu compañero de partido es la peor forma de hacer política y de gobernar nuestra ciudad. Prebendas y amiguismo. Lima no merece esto”, escribió la parlamentaria en su cuenta de X.

Se junta con youtubers, pero no acude a un incendio

Cabe recordar que López Aliaga fue duramente criticado por no asistir al incendio ocurrido en un almacén clandestino en Barrios Altos, alegando que es una “alcalde gerente”, añadiendo que no es un “alcalde figuretti”.

Sin embargo, sí se le vio muy distendido y sonriente cuando recibió al youtube Speed, tanto así que lo nombró simbólicamente alcalde de Lima por un día, se paseó junto a él dentro del Palacio Municipal, y hasta le entregó un ramo de flores y un diploma.

Ahora, nuevamente ‘Porky’ posa ante las cámaras para decir que fue él quien casó a la hija de su amigo, olvidándose todos los problemas de la ciudad, cosas que sin lugar a dudas son más importantes.