El presidente de la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes del Perú (ANABIF), Aly Carlos Villarroel, responsabilizó al Ministerio de Salud por provocar un desabastecimiento de suero fisiológico al ordenar la inmovilidad de todos los sueros de Medifarma.El representante de las farmacias en entrevista con Exitosa criticó la decisión del ministro de Salud, César Vásquez, al sostener que dicha inmovilidad de todos los productos de Medifarma afectará el bolsillo de los pacientes.

«Son lamentables las soluciones que ha planteado el Ministerio de Salud, porque al suspender el registro sanitario y ordenar la inmovilidad del suero fisiológico ha provocado un desabastecimiento en el sector público, lo cual ha provocado una escasez en el sector privado. Esto ha generado un problema en todo el sector farmacéutico que se va a trasladar en los próximos días a los pacientes», afirmó.

Pide a empresas que no se ‘disparen’ precios de sueros

Asimismo, Aly Carlos Villarroel exhortó a los empresarios que no se aprovechen de la situación y no aumenten excesivamente el precio del suero fisiológico.

«El precio normal está entre cuatro y 6 soles en el mercado, pero en estos momentos ha estado entre 19 y 20 soles (…) Esperemos que los fabricantes, los productores y los distribuidores no se aprovechen de esta situación. O malos empresarios no aprovechen esta situación (…) Hoy ya no hay en las boticas y farmacias, sobre todo, aquellas que están cercanas a los hospitales», sostuvo Villarroel.

Hospital Loayza informa que no suministró suero mortal

A través de un comunicado, El Hospital Nacional Arzobispo Loayza aseguró que ninguno de sus pacientes ha sido afectado por el suero fisiológico defectuoso de Medifarma vinculado con la muerte de cuatro pacientes en diversas regiones del Perú. El nosocomio, aclaró que, tras un riguroso análisis en sus áreas de Emergencia y Cuidados Intensivos (UCI), no encontraron evidencia de que dicho suero haya sido administrado a los pacientes.

«El Hospital Nacional Arzobispo Loayza realizó la verificación con las áreas implicadas como: Los servicios de emergencia y Cuidados Intensivos e Intermedio, NO encontrándose pacientes que hayan sido afectados por un suero defectuoso, o que sufran consecuencias de la aplicación de este», indican en el comunicado.

Qué mejor aliado para la presidenta que el propio Congreso. Una vez más Dina Boluarte queda bien librada de cualquier investigación luego que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República decidiera archivar la denuncia constitucional presentada por el ex ministro de Trabajo Rudecindo Vega, quien la acusara por la presunta infracción de los artículos 2, (incisos 3,4,13,15 y 17), 22,23,27,139 (incisos 3,14,38,39, 45 y 90) de la Constitución y el presunto delito de abuso de autoridad.

Según Vega, su destitución fue una represalia política por sus críticas a la gestión de Dina Boluarte en entrevistas y medios de comunicación. Argumentó que su remoción no respondió a criterios administrativos, sino a una decisión arbitraria impulsada por la presidenta y la exministra.

Asimismo, la acusación también recaía sobre la ex ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hania Pérez de Cuéllar por supuestamente presionar para remover de su cargo en el Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales (Conafovicer).

El informe de calificación presentado por el equipo técnico de la SAC recomendaba declarar improcedente la denuncia y el archivamiento respectivo. Fue aprobado por mayoría: 14 votos a favor, cero votos en contra y 2 abstenciones.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por presunto abuso de autoridad

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En la misma sesión, la SAC también resolvió archivar otra denuncia constitucional presentada por el congresista José Vega contra el expresidente Martín Vizcarra, la excanciller Elizabeth Astete y la exministra de Salud Pilar Mazzetti.

Este segundo caso también fue cerrado con 14 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, bajo el argumento de que no existían fundamentos sólidos para continuar con el proceso.

Se quedó con la herida abierta. La destituida directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), que solo duró 2 días, no se quedó callada tras su salida y apuntó directamente hacia el ministro de Salud, César Vásquez, deslizando la idea de que lo habría hecho solamente para salvar su puesto dentro de dicha cartera.

Y es que el ministro Vásquez anunció ayer, en plena sesión de la comisión de Salud del Congreso de la República, que Sonia Delgado ya no iba más al frente de la Digemid, argumentando que lo hacía para garantizar la transparencia en la regulación de medicamentos.

Ante ello, Delgado, durante una entrevista en Canal N, respondió que en la actualidad no tiene ningún vínculo con ninguna empresa farmacéutica, descartando así cualquier conflicto de intereses. En ese sentido, consideró que tanto los medios de comunicación, como los congresistas, se valieron de noticias falsas para generar una presión y ella sea destituida.

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Sonia Delgado, exjefa de Digemid: César Vásquez debe renunciar como ministro de Salud y yo se lo he dicho

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Delgado dijo que la presión que sintió desde que asumió la dirigencia de la Digemid fue notoria y que el ministro se vio condicionado a destituirla, pues los parlamentarios comenzaron a mencionar una interpelación. “Era lógico, la visión que todos tienen ahora, era o Sonia Delgado o el ministro de salud. Porque estaban hablando de una interpelación”, recalcó.

Es así que Sonia Delgado consideró que una vez que se solucione la crisis sanitaria que atraviesa el país, alguien tiene que asumir la responsabilidad política por las muertes causadas por el suero defectuoso de Medifarma y esa persona debe ser el ministro César Vásquez. En ese sentido, reveló que le recomendó dejar su cargo como titular del Ministerio de Salud.

“Lo que sí me queda claro es que aquí hay una responsabilidad política ante los lamentables sucesos por pérdida de vidas humanas. (…) Bueno yo pienso, y es más, este se lo he comentado de una manera muy amable, porque igualmente le he agradecido por la confianza. Él sabe del de las competencias, de la capacidad de gestión que yo tengo, es que se tiene que asumir la solución en este momento. Y eso sí es responsabilidad de él, pero apenas se solucione el tema del abastecimiento del suero fisiológico, él tiene que renunciar y se lo he dicho de una manera muy amable”, comentó.

Por Leonardo Serrano Zapata

El 31 de marzo de 2025, pasada las 10 de la noche en el distrito de Chilca, una estudiante —a quien llamaremos Lucía para preservar su identidad— salió de clases como de costumbre, con su mochila al hombro y la mente llena de las lecciones aprendidas en el CEBA Nuestra Señora de la Asunción ubicado en el distrito Chilca provincia de Cañete. Caminaba con paso rápido, evitando calles solitarias, como siempre lo hacía. Sin embargo, aquella noche, algo rompería su rutina para siempre.

Mientras avanzaba, un mototaxi se detuvo bruscamente a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, dos individuos descendieron, la interceptaron e intentaron bruscamente someterla para subirla al motaxi que no contaba con placa. Su corazón se aceleró y, con todas sus fuerzas, logró zafarse y correr hacia una zona iluminada, donde milagrosamente encontró ayuda. El peligro se disipó, pero el miedo quedó impregnado en su piel.

Este no es un caso aislado. Muchas estudiantes de escuelas nocturnas en el país enfrentan riesgos similares al salir de sus centros educativos. La falta de iluminación en las calles, la escasa presencia de seguridad y la vulnerabilidad de quienes estudian en horarios nocturnos convierten el trayecto a casa en un desafío diario. Mientras tanto, las comisarías carecen de presupuesto para trasladar a las víctimas a un examen médico legista, y el Centro de Emergencia Mujer de Cañete no tiene la capacidad operativa para brindarles atención inmediata lo que pone en riesgo a las víctimas y desnuda una realidad sobre las políticas públicas a favor de las poblaciones vulnerables.

Las escuelas nocturnas desempeñan un papel fundamental en la educación de jóvenes y adultos que buscan una oportunidad para mejorar su futuro en los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA). Sin embargo, es urgente que el despacho del ministro de Educación Morgan Quero, junto con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Ministerio del Interior, tomen medidas concretas para garantizar su seguridad.

Lo preocupante es que el Minedu, que maneja un presupuesto equivalente al 5.1 % del PBI, no ha distribuido material educativo para los CEBA modalidad presencial y no se cuenta con una normativa actualizada para la modalidad a distancia, la normativa vigente es del 2014 y limita que los CEBA brinden servicio a distancia: La Resolución de secretaria general N° 613-2014- Minedu, indica; que la modalidad a distancia es exclusiva para estudiantes mayores de 18 años, además en el literal c. Del artículo 6.2. “Respecto a la infraestructura y mobiliario, entre otros aspectos, es necesario verificar la disponibilidad de un espacio físico implementado con equipos informáticos y con conectividad a internet para el uso de los tutores virtuales. Ello incluye la plataforma e-learning, la cual debe contemplar las secciones indicadas en el anexo 2”.

 Los CEBA públicos no cuentan con recursos económicos para la creación de plataformas individuales, esto requiere inversión en desarrollo tecnológico, mantenimiento y soporte técnico.

Además, existe acceso desigual a internet y dispositivos en la población estudiantil, esto hace necesario un entorno digital unificado y accesible desde diversos dispositivos. En Pandemia la modalidad EBA no recibió dispositivos, tablet o laptop. Es decir, no se preocuparon por disminuir la brecha digital.

Finalmente, es importante precisar, que el Minedu cuenta con la plataforma, Perú Educa, una infraestructura consolidada, con herramientas de aprendizaje virtual, acceso a contenido educativo, seguimiento docente y soporte técnico, esto debería ser suficiente para modificar la norma y permitir que los CEBA puedan brindar el servicio público en la modalidad a distancia, incluso para los estudiantes desde los 14 años.

Lucía y muchas otras estudiantes solo quieren aprender sin miedo. El derecho a la educación no debería estar condicionado por la inseguridad o el limitado acceso a la infraestructura tecnológica. Es momento de actuar y brindar a los estudiantes de los CEBA la protección que merecen, pues muchos de ellos provienen de contextos de marginalidad y vulnerabilidad.

Este martes 1 de abril, durante su presentación ante la Comisión de Salud del Congreso, el ministro de Salud, César Vásquez Sanchez, dio una revelación que involucra a un grupo de emporios farmacéuticos comerciales que ostentarían su poder y contó que le informaron extraoficialmente que el Ministerio Público ha archivado la investigación por el delito de colusión que estaba siguiendo contra el laboratorio Medifarma y otras compañías de fármacos.

“Nosotros hemos denunciado el 24 de julio del año pasado y yo lo dije en presencia de todos los medios de comunicación, que junto a 14 laboratorios más, formaban parte de una red criminal que yo les llamé ‘La Red de las Medicinas’ y que no me hicieron caso y que estaban detrás de una campaña de desestabilización en mi contra, porque obviamente era incómodo para ellos”, advirtió el titular del Minsa.

Indecopi investiga a Medifarma por concertación de precios

“Indecopi inició las investigaciones. Hoy con mucha frustración, extraoficialmente me he informado que la Fiscalía ha archivado el caso. Cuando hay evidencias y hemos denunciado formalmente, no públicamente, que esta empresa junto a 14 más concentraban precios. Buscaban que en las licitaciones que hacían, se paguen precios mayores a los del mercado”, añadió.

De acuerdo a lo informado por el ministro César Vásquez, con dicho modus operandi malvado, los laboratorios habrían logrado retrasar las compras del Estado. Asimismo, aseguró que luego de una presunta campaña mediática sobre un “aparente desabastecimiento brutal”, tuvo que realizar compras directas a través de los hospitales, las cuales pueden llegar a costar “tres, cuatro, hasta cinco veces más”.

“(Es) un modus operandi malvado, criminal que yo denuncié penalmente y que pocos me acompañaron en esa lucha. Esas empresas, porque pertenecen a grupos económicos que han estado acostumbrados a manejar el país a su antojo, hoy ven las consecuencias. Están matando a los peruanos. Están presionando, mandándome mensajes y haciendo lo necesario, seguramente, para que a mí me saquen del cargo, porque hay intereses mayores”, concluyó.

Indecopi inició proceso sancionador por colusión

El 16 de julio del 2024, la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia del Indecopi (DLC) inició un procedimiento administrativo sancionador (PAS) de oficio, contra quince empresas y cinco personas naturales. Las firmas privadas habrían cometido el delito de colusión en procesos convocados por el Estado, durante 14 años, entre diciembre de 2006 y febrero de 2020. Mediante este procedimiento se pretendía determinar si hubo coordinación de propuestas y abstenciones en las subastas del Ministerio de Salud y del Seguro Social de Salud (EsSalud). De esa manera, habrían ganado licitaciones de compras de medicamentos en ambas entidades públicas y sanitarias.

Según la información que brindó el Indecopi en julio del año pasado, las 15 empresas investigadas fueron: Medifarma S.A. Braun Medical Perú S.A. Instituto Quimioterápico S.A. Perulab S.A. Jobal Pharma E.I.R.L. Laboratorios AC Farma S.A. Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L. Laboratorios Americanos S.A. Laboratorios Lansier S.A.C. Laboratorios Portugal S.R.L. Laboratorios Unidos S.A. Pereda Distribuidores S.R.L. Pharmagen S.A.C. OQ Pharma S.A.C. y Teva Perú S.A.

Se le venció el tiempo. La gestión de Sonia Delgado al frente de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) sería tan breve como una curita en una herida, pues fue el propio titular del Ministerio de Salud (Minsa), César Vásquez, quien anunciara en plena Comisión de Salud del Congreso que ya no iba más.

Y es que habían surgido muchas críticas respecto a su designación, como su pasado por el partido de César Acuña, APP, o sus nexos con farmacéuticas las cuales se beneficiaron mucho gracias a sus contactos precisamente con la Digemid.

De acuerdo a un reportaje del portal Salud con Lupa se reveló que Delgado Céspedes es accionista de dos empresas farmacéuticas, Delpher SAC y Somefarm SAC, las cuales asesoran en temas regulatorios, como la obtención de registros sanitarios. En la primera, ella sería dueña del 50 % de las acciones y, en la segunda, sería accionista minoritaria. 

Al respecto, el titular del Minsa indicó que removerá a Sonia Delgado de la Digemid y que nombrará a su reemplazo «en las próximas horas».

«Así es que, en esta sesión, en aras de dejar bien claro que nosotros, como gestión, no queremos una sola sombra de duda en la transparencia que estamos haciendo, yo, públicamente hoy, le agradezco los servicios a la directora de Digemid y voy a proceder, en las próximas horas, a designar un nuevo funcionario al frente de esa institución”, remarcó. 

Sí, señores, es verdad. El ministro de Salud acaba de despedir en vivo y frente a los congresistas a la nueva jefa de la Digemid, Sonia Delgado. Duró dos días en el puesto. ¿Por qué? Por sus conflictos de interés, que se los vengo mencionando desde ayer. Este país es el deshueve. pic.twitter.com/gUfzyKj0pq

— Paolo Benza (@paolobenza) April 1, 2025

El médico y congresista Luis Raúl Picón Quedo aseveró que el ministro de Salud, César Vásquez Sanchez, debería dar un paso al costado en el cargo por tener responsabilidad política y cuestionó la designación de Sonia Marisol Delgado Céspedes como nueva directora de la DIGEMID, por considerar que habría un «conflicto de intereses», en su calidad de accionista de dos empresas farmacéuticas, Delpher SAC y Somefarm SAC, las cuales asesoran en temas regulatorios justamente ante dicha entidad adscrita al Minsa.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Salud y Población, Picón Quedo, en diálogo con RPP, consideró que la presidenta Dina Boluarte debería retirar de la cartera ministerial de Salud a Cesar Vásquez, tras las muertes ocurridas por el uso de un producto médico defectuoso.

«Creemos que hay cinco muertes a nivel nacional y, aproximadamente, 20 pacientes en estado crítico. Desde ya, de todas maneras, hay responsabilidad política al respecto […], y creemos que se debe, de todas maneras, asumir esto, en el sentido de que [el ministro de Salud] debería dar un paso al costado», afirmó Picón Quedo.

Al momento de ser consultado acerca de la posibilidad de que el ministro César Vásquez no decida renunciar al cargo, o no sea apartado del portafolio por parte de la presidenta Dina Boluarte, el legislador Picón Quedo señaló que la bancada de Podemos está impulsando una moción de interpelación en su contra.

“Hay corriente [en el Parlamento] en el sentido de una moción de interpelación […], con la bancada de todos los integrantes de Podemos Perú […] La bancada de Podemos Perú está en ese trabajo. [Es una moción de] interpelación», concluyó el presidente de la Comisión de Salud.

El Poder Judicial, a través de la Sala penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia que preside el juez supremo César San Martín Castro, rechazó por unanimidad y declaró infundado el recurso de casación presentado por la exprimera dama, Nadine Heredia Alarcón, para no ser procesada por el delito de colusión agravada en el caso Gasoducto Sur Peruano.

«Declararon infundado el recurso de casación, por las causales de inobservancia de precepto constitucional e infracción de precepto material interpuesto por la encausada Nadine Heredia Alarcón», se lee en el documento oficial.

La próxima semana dictarán sentencia contra Ollanta Humala

El Poder Judicial informó que la sentencia del juicio oral contra el expresidente Ollanta Humala Tasso y otros procesados de su entorno será conocida el próximo martes 8 de abril, durante una audiencia presencial.

Como se sabe, Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón, así como otros investigados, son imputados por presuntamente haber incurrido en el delito de lavado de activos, por aparentemente haber recibido dinero ilícito de constructoras brasileñas Odebrecht y OAS y del Gobierno de Venezuela para las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011. Entonces, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, desde febrero del 2022, viene llevando a cabo el juicio oral y de acuerdo al pedido del Ministerio Público, el exmandatario nacionalista podría ser condenado a 20 años de cárcel, mientras que, su esposa, Nadine Heredia, recibiría 26 años y seis meses de prisión.

Sería el 2do presidente juzgado por caso ‘Lava Jato’

En caso que Ollanta Humala Tasso sea condenado a 20 años de cárcel, sería el segundo expresidente de la República en ser sentenciado por el caso «Lava Jato». Como se recuerda, hace apenas unos meses, en octubre del 2024, el exjefe de Estado, Alejandro Toledo Manrique fue condenado a 20 años y seis meses de cárcel y actualmente cumple prisión en el Penal de Barbadillo.