La gestión del Miunedu garantiza una enseñanza alineada con lo que realmente necesita el mercado laboral. Y eso no es todo: 26 institutos públicos ya aplican el Modelo de Excelencia del Minedu, priorizando carreras con alta demanda y formando a los profesionales del futuro con herramientas como inglés técnico, habilidades digitales e innovación.

Un licenciamiento que abre puertas

Desde 2023, el Ministerio de Educación ha intensificado el proceso de licenciamiento de Instituciones de Educación Superior Tecnológica (IES e IEST), con el objetivo de asegurar estándares de calidad y mejorar las oportunidades laborales para miles de jóvenes.

Tan solo en lo que va del año, 20 instituciones han sido licenciadas: 8 IES públicos, 10 privados y 2 escuelas tecnológicas privadas, en regiones como Ica, Ayacucho, La Libertad, Puno, Cusco, Lima y más. En 2023 fueron 48 institutos los que obtuvieron el licenciamiento. En total, desde 2018, ya son 188 instituciones autorizadas, que hoy forman a más de 312 mil estudiantes.

“El licenciamiento no es un trámite más. Es una garantía de calidad y una puerta directa al empleo para nuestros jóvenes”, destacó el ministro de Educación, Morgan Quero. Además, el Minedu brinda acompañamiento técnico a las instituciones y a las direcciones regionales de Educación para fortalecer la infraestructura, la gestión y los recursos pedagógicos.

El Modelo de Excelencia: formar técnicos con visión de futuro

De forma paralela, el Minedu impulsa el Modelo de Servicio Educativo Superior Tecnológico de Excelencia, una apuesta por modernizar los institutos públicos y responder directamente a las necesidades de los sectores productivos.

Este modelo no solo actualiza los estándares de calidad, sino que pone en el centro del aprendizaje a carreras clave como energía, manufactura, finanzas y logística, incorporando además inglés técnico, habilidades digitales, innovación y emprendimiento. A la fecha, 26 institutos públicos han adoptado este enfoque, beneficiando a más de 8 mil estudiantes.

Educación tecnológica con visión digital

Además, el Minedu trabaja en actualizar los programas de estudio en tecnologías de la información. En alianza con el sector productivo y la academia, se están incorporando competencias de vanguardia como inteligencia artificial, machine learning y big data, con el objetivo de preparar profesionales a la altura de los nuevos desafíos digitales.

Inversión récord para la educación superior técnica

El compromiso con la educación técnica es firme. Desde el 2023, el Gobierno ha incrementado de forma sustancial el presupuesto para fortalecer la formación tecnológica. Los programas presupuestales 107 y 147 pasaron de S/700 millones a más de S/1097 millones, una inversión que refleja la apuesta del Estado por el talento joven como motor del desarrollo nacional.

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante Barrios, enfiló sus críticas contra la Junta de Fiscales Supremos por no restituir a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, pese a la resolución emitida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Desde sus redes sociales, el legislador acusó a los fiscales supremos de “ponerse por encima de la ley” y de desacatar abiertamente una decisión legal y vinculante.

“No hay dos fiscales de la Nación, ni tampoco una disputa por la titularidad del Ministerio Público”, escribió Muñante en un mensaje publicado en su cuenta de X, insistiendo en que la única titular legítima es Benavides Vargas.

La reacción del congresista refleja la creciente desesperación de sectores de derecha, que buscan a toda costa devolverle el control del Ministerio Público a una figura altamente cuestionada por sus presuntos vínculos con una red de corrupción. La narrativa de “restitución inmediata” ha sido impulsada desde el Congreso y medios afines, en un intento por debilitar a la no menos cuestionada Delia Espinoza y revertir la feroz crisis institucional con una solución política disfrazada de legalidad.

Muñante y sus aliados insisten en desconocer la autonomía del Ministerio Público cuando no les favorece, revelando una agenda que más prioriza intereses, antes que justicia.

En una muestra más del desgobierno y la politización que afecta al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, finalmente acató –a regañadientes– el mandato judicial que ordenaba la reposición del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas. Su terquedad, más que un gesto de firmeza, fue una negativa abierta a respetar la ley.

Desde que el Tribunal Constitucional dispuso su reincorporación, y pese a que la Junta Nacional de Justicia restituyó su título en abril, Espinoza Valenzuela se negó por semanas a asignarle un despacho, desobedeciendo al Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Esta actitud no solo puso en entredicho su capacidad de liderar una institución ya golpeada por la crisis, sino que expuso una peligrosa indiferencia ante las resoluciones judiciales.

Gálvez Villegas, quien fue separado en 2021 sin condena firme, estaba en su derecho de regresar. No obstante, la máxima autoridad del Ministerio Público prefirió alargar el conflicto y tensar aún más la situación institucional. Fue necesaria la amenaza de una denuncia por «omisión de funciones» para que Delia Espinoza terminara por firmar la Resolución N.º 1874-2025-MP-FN, publicada el 20 de junio, asignando finalmente a Tomás Gálvez la Fiscalía Suprema de Familia.

Este episodio evidencia un patrón preocupante: Espinoza Valenzuela no solo está enfrascada en una pugna interna con Patricia Benavides por el liderazgo de la Fiscalía, sino que también actúa al margen de la Constitución y los fallos del Poder Judicial. Su obstinación no es digna de una fiscal de la Nación. Si no está dispuesta a cumplir la ley, debería, como sugiere el propio Gálvez, dar un paso al costado.

Dios los cría. Desde la izquierda buscan formar un frente que le dé batalla a la derecha en las próximas Elecciones del 2026, y para ello no importa juntar “perro, pericote y gato”.

Ni buen recobró su libertad Antauro Humala en el año 2022 dejó en claro que tenía toda la intención de incursionar en la política para estar cerca del poder, ya que desde las armas le había sido proscrito. Así, de manera no oficial, estuvo vinculado con el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), donde salía cada cierto tiempo a exponer su ideología para muchos extremista.

Luego de que el pasado 28 de enero la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema ratificara la cancelación de la inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O. en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el líder etnocacerista que purgó condena por el recordado ‘Andahuaylazo’ anunció que el exmandatario Pedro Castillo y él se unirán bajo los colores de Juntos por el Perú (JPP) del congresista Roberto Sánchez.

“Esta coalición es un bloque nuevo y aquí estoy dando la primicia, la presentación de un bloque nacionalista”, indicó Humala Tasso.

En ese sentido, Antauro explicó que la coalición con Castillo obedece a que tienen como enemigo común a la derecha peruana.

“Este bloque va a causar polémica porque está creciendo. Vamos a informar de qué se trata y voy a hablar con los compatriotas”, manifestó.

Además, adelantó que el anuncio oficial se realizará en una conferencia de prensa en Lima junto al exministro Sánchez y a un delegado de Pedro Castillo. En otro momento, aseguró que el expresidente Castillo “tuvo errores”.

Consultado sobre las personas que integrarán la plancha presidencial, Antauro mencionó que esta no está definida, pero que esta deberá estar formada por los mejores dirigentes de los partidos de la coalición.

“Seguramente nosotros vamos a liderar las listas de diputados y senadores. Yo no puedo ser candidato (presidencial), solo puedo liderar una lista al Senado”, sostuvo.

El dato:

Cabe precisar que además de los grupos de izquierda antes mencionados, a la coalición también se unirá otro partido de izquierdo que -según Antauro- todavía no puede ser revelado. Sin embargo, aclaró que no se trata de Perú Libre.

Mientras el país atraviesa una crisis económica y miles de ciudadanos luchan por llegar a fin de mes, el Congreso de la República vuelve a dar una muestra clara de desconexión y derroche. Una de sus unidades ejecutoras ha firmado un contrato de alquiler por S/ 480 mil anuales para ocupar el sexto piso de un edificio en la avenida San Luis 1361. La cifra, que equivale a S/ 40 mil mensuales, resulta escandalosa considerando que el Congreso ya cuenta con numerosas oficinas en el Centro Histórico de Lima, muchas de las cuales están subutilizadas.

La operación ha sido oficializada mediante una resolución directorial que no ofrece mayor justificación técnica ni argumenta por qué se optó por ese predio en particular. Aunque se menciona que se evaluaron doce postores, no se detallan los criterios que llevaron a adjudicar el contrato al consorcio ‘Pisano SAC’, empresa cuyo gerente general Luis Arturo Luy Chung, figura como militante de Somos Perú, partido político con representación congresal. Este vínculo ha encendido las alarmas sobre posibles conflictos de interés y favorecimientos indebidos.

Más preocupante aún es el hecho de que el gasto no se limita al alquiler. La resolución autoriza el uso de fondos públicos para costear el transporte diario en taxi de ida y vuelta entre la sede del Congreso y el local en San Luis. Con un costo estimado de S/ 30 por trayecto y hasta S/ 80 diarios por persona, el gasto operativo se dispara de forma absurda y sin justificación clara.

Desde el Congreso se intenta justificar esta decisión argumentando que el local servirá para la implementación de oficinas relacionadas con la futura bicameralidad. Sin embargo, no existe un plan concreto aprobado para dicha reforma, lo que convierte este alquiler en una apuesta costosa e innecesaria.

La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es simple: ¿era realmente necesario alquilar un nuevo espacio cuando ya existen oficinas disponibles en pleno centro de Lima? Para varios parlamentarios, la respuesta es un rotundo no. Denuncian que este tipo de decisiones solo refuerzan la imagen de un Congreso que gasta sin control y prioriza intereses políticos por encima del bienestar ciudadano.

En tiempos de austeridad, este tipo de gastos injustificados representan no solo una burla a la población, sino también una señal clara de que la reforma que realmente necesita el Congreso es la de su propia ética.

La pugna en la cúpula del Ministerio Público ha alcanzado un nuevo punto de tensión. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dio un ultimátum de 24 horas a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para restituir en el cargo a Patricia Benavides, tal como ordena la Resolución N.º 231-2025-JNJ.

A través de un oficio firmado por Magnolia Martínez Hidalgo, directora de Procedimientos Disciplinarios, la JNJ señaló que Espinoza no ha cumplido con el mandato de reponer a Benavides en el cargo, pese a que el pleno del organismo anuló el proceso disciplinario que originó su suspensión.

“Requiérase a la señora Delia Milagros Espinoza Valenzuela […] que en el día cumpla con lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución N.º 231-2025-JNJ, esto es, reponga a la señora Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación”, señala el documento. Además, la JNJ advierte que, en caso de desacato, se podrían tomar medidas más drásticas, incluyendo el uso de la fuerza pública.

Por su parte, Espinoza Valenzuela ha reiterado por tercera vez su pedido a la JNJ para que se le remita la resolución completa y el acta que respalda la decisión del pleno, asegurando que necesita esos documentos para formalizar la reposición. El Ministerio Público informó del requerimiento a través de un comunicado en la red social X.

Este nuevo episodio agrava la confrontación institucional entre Espinoza y Benavides, en un escenario donde el liderazgo del Ministerio Público permanece en entredicho. La presión crece mientras la JNJ exige cumplimiento inmediato, y Espinoza responde con demandas formales para documentar su accionar.

La crisis continúa escalando y la incertidumbre se instala en el sistema de justicia peruano.

Mala hija. Todo comenzó cuando el dominical Cuarto Poder difundió una nota sobre cómo había llegado a trabajar dentro del Congreso la joven abogada Yessenia Lozano, desempeñándose como jefa del Centro de Modalidades Formativas y colocar dentro de sus documentos tener una maestría.

Pero eso no era todo. En el citado medio se lograba observar cómo una inmensa imagen del líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, se asomaba en una pared de su oficina como si se tratara del presidente de la República.

Ante tales cuestionamientos, el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que Yessenia Lozano efectivamente había vulnerado el principio de neutralidad al exhibir la imagen del infame ‘Plata como cancha’. Según la Resolución n.°1830-2022-JNE, el JNE declara infundada la apelación presentada por la autodenominada “hija política” de Acuña Peralta.

En su fallo del pasado 19 de junio, el JNE confirmó la resolución del JEE, destacando que la exhibición de propaganda política en un espacio oficial constituye una infracción clara al deber de neutralidad electoral.

“La señora recurrente, como funcionaria pública, infraccionó el principio de neutralidad, en un contexto en el cual ya se encontraba convocado el proceso electoral de las EG 20266, siendo que, en este caso, no solo se trata de una mera exhibición de la imagen del fundador de un partido político, sino que se trata de la muestra del nombre y símbolo de una organización política inscrita en el ROP del JNE, el cual cuenta con inscripción vigente para participar en proceso electoral”, se lee en el fallo.

Lozano, en su apelación, argumentó que es “usual que, en las oficinas de los servidores públicos, estos guarden fotografías de seres queridos, personajes que admiran e incluso imágenes religiosas, las que corresponden a su esfera privada”, sin embargo, para el JNE “ello no resulta de recibo para desvirtuar el hecho denunciado”.

Finalmente, el JNE considera el hecho de que el propio Congreso anunció, tras el reportaje, que se procedería a retirar el cuadro de César Acuña. “Lo que abunda a determinar que el hecho denunciado se cometió”, aseveran.

El dato:

Al ser una primera infracción, no se impondrá sanción de multa. Esta recién procedería con una segunda infracción.

Por tener las uñas largas. En marzo de este año se había dado un adelanto de fallo y este fin de semana se conoció con mayor detalle la condena de 8 años de prisión para el expresidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry.

La magistrada Norma Carbajal, de la Sala Penal Especializada de la Corte Suprema, indicó que el excongresista de Fuerza Popular fue condenado por el delito de peculado.

“Habiendo quedado probada la autoría por los delitos de peculado doloso. […] La sala penal por mayoría resuelve condenar a Salaverry como autor de los delitos de peculado doloso para sí y por apropiación para otros. Imponer la pena de 8 años de pena privativa de la libertad de carácter efectiva», mencionó la jueza Carbajal.

De acuerdo con el Ministerio Público, el exlegislador habría utilizado de manera irregular S/ 10.000, un monto asignado por la Dirección General de Administración del Congreso para cubrir gastos relacionados con la semana de representación. Este dinero debía ser empleado para actividades en su región de representación, La Libertad, durante su periodo como congresista de Fuerza Popular entre 2017 y 2018. Sin embargo, Salaverry no cumplió con asistir a las actividades programadas en varias ocasiones y tampoco devolvió los fondos asignados.

Asimismo, el fallo establece que Daniel Salaverry deberá pagar una indemnización de 119.578 soles a favor del Estado. Asimismo, se le impuso una multa de 360 días, equivalente a 71.699 soles. Además de las sanciones económicas, el excongresista ha sido inhabilitado por un periodo de cinco años para ejercer cualquier cargo público.

Cabe mencionar que la decisión emitida en la ejecución de la condena se encuentra suspendida hasta que esta quede firme por una sala superior.

Entre las medidas que se le impusieron a Daniel Salaverry están el pasar por un control biométrico los primeros días de cada mes, el impedimento de ausentarse de su lugar de residencia sin permiso judicial, concurrir a todos los llamados de los jueces y fiscales bajo apercibimiento de revocar la suspensión de la sentencia, es decir, de darle prisión efectiva.