Política
Antauro Humala: «Es cada vez más evidente la incapacidad de Vizcarra como gobernante»
Han pasado 15 años desde el Andahuaylazo, una rebelión provocada por reservistas denominados etnocaceristas y liderados por Antauro Humala, quien fue sentenciado a 19 años de prisión por los delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de fuego y daño agravado y secuestro agravado en perjuicio del Estado y de un grupo de efectivos de la Policía Nacional.
Antauro Humala, actualmente (en el Penal Ancón II) se considera un preso político y secuestrado por el Estado antinacional y lavajatista. A pesar de todo, en las últimas elecciones intentó postular al Congreso de la República con el partido político Unión por el Perú, pero su apelación fue declarada infundada por el Jurado Nacional de Elecciones.
En esta entrevista exclusiva para Lima Gris, Antauro Humala Tasso, responde sobre la coyuntura nacional, la gestión del presidente Vizcarra, el caso Richard Swing, la pena de muerte, la CONFIEP, el Ministerio de Cultura, Abimael Guzmán, Mario Vargas Llosa y sobre el matrimonio gay.
Además, nos da algunos alcances de lo que aplicaría en un posible gobierno liderado por el etnocacerismo.
1.- En 2005, después del Andahuaylazo, nunca se hizo una investigación sobre los francotiradores que habrían sido puestos por Otto Guibovich y que dispararon a los policías. Solo quedó usted como autor de los homicidios, pese a no encontrarse en el lugar de los hechos. Después de 15 años ¿cuál es su reflexión sobre lo sucedido en Andahuaylas?
Toledo, presidente «fujiconstitucional» durante el andahuaylazo, así como su entonces ministro de economía y ( mandamás de Proinversión) Kuczynski, están actualmente presos por macrocorrupción lavajatista. Ahora —con las delaciones provenientes de Brasil— se sabe que siete semanas antes de esa rebelión se suscribió en Río de Janeiro la «coima presidelincuencial» de $ 35 millones de dólares por Interoceánica del Sur. Ambos, factores nocivos para la República: Fujiconstitución proextranjera y macrocorrupción presidencial (lavajatismo) son denunciados en el Manifiesto Político de aquella segunda rebelión etnocacerista efectuada en Andahualyas del 2005, que suscribí y leí sobre el techo de un patrullero perteneciente a la comandancia policial capturada. Ello explica, también, el pánico de Toledo ( ebrio en Punta Sal), quien al verse desnudado en su corruptela y traición por dicha rebelión reservista dispone la perpretación de un crimen de Estado (asesinato por francotiradores de las FF/00 de cuatro policías mediante disparos de larga distancia y desde retaguardíia) a fin de atribuirlas a los rebeldes con la intención de denigrar su causa ante la opinión pública y a la vez «legitimar» una inmediata e indiscriminada acción represiva. Para tal efecto se emplea los «servicios» del general Guibovich (reincorporado al Ejército por Toledo), Jefe de la Primera Brigada de Fuerzas Especiales. Por todo lo expuesto, obviamente me siento orgulloso del «Andahuaylazo»; los hechos, o sea, la historia, la justifican.
2.- Usted simpatiza con la pena de muerte, pero eso implica la renuncia al Pacto de San José ¿Realmente lo cree viable?
Está escrita no solo en la «fujiconstitución», también se contempla en todas las 14 constituciones anteriores habidas en dos siglos de república criolla, por causal de Traición a la Patria. El planteamiento etnocacerista (Frente Patriótico) simplemente «extiende» esa figura a la macrocorrupción presidencial en la medida que atenta contra la «frontera vertical»: espacio aéreo, suelo, subsuelo, mar territorial y lecho marino; es decir, hipotecando la soberanía estatal/nacional al interés extranjero. Y si ello implica la (necesaria) renuncia al Pacto de San José de Costa Rica (al que, por cierto, Estados Unidos de Norte América no se ha adherido), pues se tendrá que hacer.
3.- Algunas personas se asustan cuando escuchan su nombre, mientras que otras creen que usted es la opción para el cambio, y eso ha sido reflejado en las últimas elecciones al poner 13 congresistas de UPP en el actual Congreso. ¿Cómo explica ese contraste?
La bancarrota política, social y económica de la «Republiqueta globoneoliberal» (1992 – 202…) es tan evidente y escandalosa por su esencia montesinista (etapa dictatorial fujimorista) como lavajatista (etapa timocrática) ahora recontra calateada con el caos gubernamental e ira popular catalizada con la peste cotidiana que —no me cabe duda— se ha generado un escenario nacional que el marxismo de antaño hubiera clasificado como «situación revolucionaria», donde el mínimo chispazo puede encender la gran pradera de resentimiento quincuacentenario; que para el sector pro-extranjero se revela como la «inundación de los bárbaros», pero para las grandes mayorías traicionadas significará el «diluvio de la justicia», parafraseando a González Prada, cuyo discurso adquiere más vigencia que nunca.
4.- Esta pandemia encontró al Perú económicamente mucho más fuerte de lo que pensábamos. Siempre nos dijeron que no había dinero cuando en realidad los grupos de poder nunca quisieron darnos educación ni salud de calidad. ¿Por qué cree que no se invirtió en salud y educación, siendo esto un derecho constitucional?
Porque la educación libera. Un populorum cholo cultivado intelectualmente equivaldría a la transformación radical de una (globo) colonia de humanoides en (etno)nación de ciudadanos.
5.- Siendo las fuerzas armadas las más capacitadas para manejar situaciones de catástrofe y defensa nacional ¿Por qué cree que el Gobierno confió más en un comando COVID integrado en su mayoría por sociólogos y antropólogos?
Es cada vez más evidente la incapacidad de Vizcarra como gobernante. Sin embargo, ello no implica que sea un «hábil» empresario (lavajatista); por algo el presidelincuente Kuczynski lo eligió como su vicepresidente y ministro de Transporte para la cutra del proyecto de Chinchero. Creo, pues, que Vizcarra teme darle «poder» a las FFAA en la crisis pestífera que nos agobia, ya que podría dar paso a que sea reemplazado por «necesidad nacional». Recuérdese que su mentor y compinche —Kuczynski— en 1968 siendo alto funcionario belaundista, también fue un «damnificado» (fugado a Miami) del golpe (etno)nacionalista del General Velasco.
6.- La CONFIEP ha dicho que esta crisis sanitaria hará que millones de peruanos regresen a la pobreza, pero presionan para que los peruanos regresen a trabajar sin importar el riesgo para su salud y la de sus familiares. De salir usted elegido presidente ¿se enfrentaría a la CONFIEP?
Inexorablemente, en tanto mantengan el colonialismo mental de seguir subordinando la soberanía nacional al libre mercado (en verdad al libre saqueo) extranjero. Y es que para Roque Benavides —su interlocutor más visible— el capital (extranjero) crea el trabajo (nativo). Para nosotros es al revés. La colusión es obvia.
7.- ¿Qué opina del presidente Martín Vizcarra y el personaje Richard Swing?
Evidentemente existe entre ambos una relación de bribonería. Lo lamentable y peligroso es que uno de ellos sea presidente de la República.
8.- En estos diez años el Ministerio de Cultura no ha generado un impacto positivo para el país. El problema es estructural ya que ha servido como caja chica para los diferentes gobiernos y otros Richard Swing. Esto ha generado que los trabajadores del sector cultural sean ignorados, pues hasta hoy no existen políticas públicas para la cultura. ¿Qué haría usted en el sector cultural?
El Ministerio de Cultura del periodo Kuczynskista/vizcarrista en cuanto «caja chica presidencial», equivale al PetroPerú del periodo toledista. Creo que cuando personajes de la farándula atorrante son denominados artistas («divas», «divos», etc), todos promocionados por la TV basura de brodcasters privados, pues la tarea de rescate y reivindicación cultural de lo autóctono es necesidad pública. Como decía Arguedas: «desmariconizar lo mariconizado».
9.- Esta pandemia ha demostrado que no basta con tener millones de dólares para enfrentar este virus si no hay educación. Y lamentablemente el nivel de la educación en el Perú permite formar mano de obra barata. Usted es una persona que recibió una educación privilegiada ¿Qué ofrece el etnocacerismo en ese sector?
Efectivamente, la política económico/educativa instaurada acá desde nuestra «inserción a Occidente» vía globocolonización quincuacentenario es la del «cholo barato». No requiere de premios Nobel, sino de millones de lamperos. De ahí lo trascendente de la lucha magisterial asolada por tres problemas: currículas de domesticación (mutilación de los cursos de historia, geografía y otros); salarios humillantes y déficit proteínicos de un alumnado semi-anémico. Entiéndase que en un país donde campean los comedores públicos, jamás producirá un premio Nobel en ciencias.
10.- La columna principal del periodismo es cuestionar el poder, pero hoy muchos medios se han convertido en relacionistas públicos del poder, y eso resulta peligroso. ¿En un posible gobierno regularía la publicidad Estatal en los medios de comunicación?
No habría publicidad estatal en ningún medio de prensa, salvo en el diario oficial «El Peruano». En cuanto a los medios privados de TV de señal abierta, estos deberán ser expropiados y entregados a la sociedad civil popular organizada: Magisterio, gremios agropecuarios, sindicales, universidades, etc. Y es que el verbo colectivo no debe estar en poder del individuo (menos aún si se trata de brodcasters extranjeros que anteayer se vendían en la salita del SIN de Montesinos), ayer percibían dádivas de empresas vinculadas al lavajatismo y hoy se mercenarizan —vía publicidad/subvención estatal— a la línea gubernamental Kuczynskista/vizcarrista. Urge revisar, en este aspecto, el «Plan Inka» de Velasco.
11.- El caso Richard Swing, al inicio tuvo más difusión en el programa de espectáculos Magaly TV ¿Cree que este es un síntoma de la farandulización de la política?
Por supuesto. Véase, sino, al «periodista estrella» del grupo El Comercio, Fernando Vivas, que inicia su carrera como cronista farandulero. Incluso Magaly Medina, también, tuvo un periodo de «periodismo político» en Frecuencia Latina.
12- ¿Usted también piensa que Rafael Rey y José Chlimper deben dejar el directorio del BCR?
Principalmente el señor Chlimper, inmerso en tráfico de dinero lavajatista en pro de la campaña de Keiko Fujimori.
13.- El Perú tiene la Pesquería de una sola especie más rica del planeta: la anchoveta. Sin embargo, más del 98% se quema para hacer harina para cerdos y pollos. Con tan sólo con el 1% de la pesca de anchoveta se podría garantizar un aporte proteico de alta calidad para un Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, ¿Por qué cree que ninguno de los últimos gobiernos ha tocado el tema pesquero, capital para la seguridad de la nación peruana?
Porque el oligopolio pesquero los tuvo —y tiene— estándares a priori. Soy un convencido de que un gobierno patriótico deberá priorizar ante todo la pesca de consumo humano, empezando a rescatar, fortalecer y promocionar la flota artesanal a expensas del necesario desmontaje de por lo menos el 80 % de la industria harinera, en gran parte responsable de la desnutrición masiva de nuestra población infantil, casi en 50% anémica.
14.- En los últimos 10 años se han importado cientos de miles de toneladas de papa, maíz, trigo, arroz, quinua, carne, leche en polvo, soya, etcétera, siendo nosotros productores de todos estos recursos, perjudicando al erario público, al productor nativo y al pueblo peruano. ¿Qué haría el etnocacerismo en un eventual gobierno?
En el programa de «10 puntos patrióticos/soberanos» del etnocacerismo (pilar central del Frente Patriótico) se contempla el «cerrar toda importación que compita con la producción nativa», así como el «subordinar el libre mercado a la nación soberana».
15.- La selva está desapareciendo por la acción de grandes empresas cultivadoras de palma aceitera, minería ilegal y la tala indiscriminada, pero también por la acción sistemática de poblaciones migrantes empobrecidas, ¿cómo solucionaría este grave problema?
Ante todo, ha de considerarse que históricamente tanto Europa como los Estados Unidos de Norteamérica deben también su desarrollo a la tala de sus antiguos bosques o selvas en pro de la expansión de sus áreas agropecuarias. A nosotros y el resto de países sudamericanos se nos prohíbe lo mismo (salvo Brasil que hace caso omiso) a fin de salvaguardar la Amazonía «(último) pulmón planetario». Y claro, lo es, más aún en pleno calentamiento global debido principalmente a los humos de la industralización del Hemisferio Norte. ¿Qué hacer entonces? Pues apelar a un mecanismo de «compensación». Entiendo que las llamadas «lonas de carbono» apuntan a ello (conservar la selva a cambio de compensación económica). Hemos, entonces, de profundizar esta herramienta, si se quiere de «chantaje justiciero/conservacionista» ante el consejo de seguridad de la ONU.
16.- ¿Cree usted que vivimos en un narcoestado? ¿cómo lo enfrentaría?
Totalmente. Y lo solucionaríamos legalizando el libre cultivo agrococalero empadronándolo vía ENACO, en tanto se rescate el agro nativo agobiado de tanta importación vía tramposos TLC’s. Refiérase que el 80% del campesinado cocalero son expaperos, exmaiceros, extrigueros, ex-etcéteras, quebrados por el Estado antinacional. Asimismo, siguiendo el ejemplo uruguayo, se legalizaría, tanto para fines terapéuticos como recreativos, el cultivo, comercio y consumo libre de canabis (el consumo individual está permitido según el código penal, pero paradójicamente su compra/venta es ilegal). Se trata de «dejar sin chamba al narcotraficante y a la DEA», de tal manera que, en el caso de la cocaína ésta deje de ser exportada clandestinamente en la barriga del burrier, en el avión presidencial o en la avioneta colombiana; sino que se exporte —como materia prima (hoja de coca)— con el sello franco y soberano de «Aduanas del Perú», por supuesto, previo convenio del Estado Peruano a Estado norteamericano como de la UE. Incluso presupuestalmente saldría —esta fórmula a entablar con los países consumidores— mucho más barato que el actual e inútil presupuesto antidrogas: vuelos de interdicción, bases antinarcóticos, DEA, DIRANDRO, CEDRO, manutención carcelaria de decenas de miles de reos por tráfico ilícito de drogas, manutención de la población de Adictos, etc. Soberanía pura.
17.- ¿En un eventual gobierno suyo legalizaría el matrimonio gay?
No. Además la palabra «gay» no existe en el castellano. Se dice: maricón.
18.- Mario Vargas Llosa ha sido garante de varios presidentes. En una eventual candidatura suya ¿es consciente que será su tenaz opositor?
Sería de grandísima ayuda.
19.- ¿Qué opina usted del último intento de la liberación de Abimael Guzmán? ¿cree que sigue vigente el “Pensamiento Gonzalo”?
Sendero Luminoso hace por lo menos una década que dejó de ser un peligro de seguridad nacional. Derrotados en la lucha armada por el Ejército, aspiran —vía MOVADEF— ingresar a la vía electoral. La ONPE, o sea el Estado contra el cual insurgieron, debiera permitirle la inscripción en vez de anularla leguleyamente por presión de la derecha bruta y achorada. Quizás se tiene «horror» que supere (a diferencia del APRA alanista, del PPC de Lourdes Flores, o de Solidaridad Nacional de Castañeda) la valla electoral del sistema electoral peruano. Refiérase que el siglo pasado, entre los 30 y 50, al APRA (que captura cuarteles y efectúa rebeliones) se le adjetivó de «terrorista»; a los mismos etnocaceristas del Andahuaylazo, Toledo nos adjetivó también así; pese a que reservistas y el suscrito éramos veteranos de la guerra contrasubersiva, en la cual lamentamos haber arriesgado el pellejo por una «Santa Puta Democracia», ahora revelada —por las delaciones lavajatistas— como «timocracia» o democracia de timadores: «presidelincuentes» sucesivos en los últimos 30 años. En cuanto al reciente Habeas Corpus (ya denegado por el Poder Judicial) presentado por los abogados de Guzmán, respecto a su detención domiciliaria por efectos de contraer el COVID 19, creo que si en realidad está infectado, pues al igual que los presidelincuentes Toledo y Kuczynski (que han hecho tanto daño como él) debiera —por principio de equidad— otorgársele. Compartí cautiverio con Guzmán (y con Montesinos) en la Base Naval y puedo decir que, además de ser más viejo que Fujimori y PPK, esta(ba) en peor estado de salud, aparte de soportar peores condiciones de carcelería. Reitero: Ni Sendero Luminoso ni Guzmán constituyen peligros contra la Seguridad Nacional. El llamado «Pensamiento Gonzalo», que en verdad no existe (aparte de la llamada «entrevista del siglo» publicada por la revista Marka en 1989 y su tesis universitaria, ¿Qué obra ha escrito Guzmán exponiendo su pensamiento? ), fue solo propaganda en su periodo de lucha armada, fracasada por estar —al igual que el resto de la izquierda peruana (criolla, caviar o chanfainita)— infectada de colonialismo mental, esta vez «maoísta» y mostrarse alérgica al «etnicismo» (Factor etnocultural) tawantinsuyano en un país milenario como el nuestro. Se desconsidera que la manera coherente de ser izquierdista en el Perú, arranca por ser etnonacionalista.
20.- ¿Se arrepiente de algo?
Por supuesto.
Política
El negocio de las armas: una alianza oscura tras FAME
Una reunión en un restaurante de Miraflores reveló un negocio oscuro en el que se mezclan poder político, negocios de armas y funcionarios públicos
El 21 de febrero, se realizó una reunión clandestina en Miraflores. Este encuentro, realizado inmediatamente después de la salida discreta de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, involucró a figuras clave vinculadas al comercio de armamento en el país. Cuarto Poder mostró imágenes de la reunión que involucra a tres personajes claves.
Jorge Garboza, director de la ONG «Las manos que ayudan de corazón» y señalado como intermediario de Nicanor Boluarte, Paulo César Zevallos Rivarola, gerente temporal de la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), y el empresario Diego Alfaro Di Natale, conocido por su relación con el proveedor de armas israelí IWI, se reunieron de manera casual en un restaurante en Miraflores.
Lo que parecía un encuentro sin mayores implicancias pronto dejó claro que las piezas del negocio comenzaban a encajar. En una conversación de tono confiado, Garboza relató su encuentro con Nicanor, mientras que Alfaro actuaba como puente entre Garboza y Zevallos. El objetivo de la reunión era claro: asegurar que Zevallos obtuviera el nombramiento definitivo como titular de la Gerencia Comercial de FAME, lo que finalmente ocurrió el 1 de marzo.
FAME, la empresa estatal encargada de la fabricación y comercialización de armas para el Ejército y la Policía Nacional, ha sido objeto de controversia. En 2024, la Contraloría detectó irregularidades en la compra de fusiles de la empresa israelí IWI, con la que FAME mantiene contratos millonarios. Sin embargo, el encuentro en el restaurante dejó en evidencia cómo estos contratos parecen estar entrelazados con favores políticos y empresariales.
La relación de Diego Alfaro con IWI es crucial, ya que representó a la empresa que vendió al Perú 10,000 fusiles ARAD7 por 23 millones de dólares. Mientras tanto, FAME, en sociedad con IWI, ha firmado acuerdos millonarios con el Estado para proveer armamento a la policía, incluida una transacción de 19 millones de dólares.
Más allá de la reunión en el restaurante, otros encuentros entre los involucrados, como las visitas previas de Alfaro a Zevallos en su despacho y su viaje a España en 2024, apuntan a una conexión más profunda, que no solo involucra negocios, sino también posibles implicaciones legales, ya que varios de los participantes enfrentan investigaciones fiscales.
El encuentro de 15 minutos, aunque fugaz, tuvo consecuencias inmediatas. El pedido hecho durante la conversación se materializó con la designación de Zevallos como titular de FAME, lo que demuestra cómo, en el corazón de este negocio de armas, las decisiones claves se toman en espacios ajenos a una institución, y lejos de la mirada pública.
La falta de respuesta por parte de FAME y de los involucrados deja una sombra de impunidad, mientras el país enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones. En reuniones clandestinas, donde los intereses políticos y económicos se entrelazan, se define el destino de cargos clave, bajo la influencia del poder presidencial.
Política
Patricia Muriano contó todo sobre el oscuro gobierno de Dina Boluarte
El Secretario General de Palacio de Gobierno involucrado en las presuntas firmas falsas. La información brindada por Muriano Peralta podría acabar con el gobierno de Dina Boluarte.
La situación de la presidenta Dina Boluarte se ha vuelto cada vez más insostenible. En los últimos días, su amiga de confianza y exasistente presidencial, Patricia Muriano, ha comenzado a delatarla, lo que podría llevarla a enfrentar graves consecuencias legales. La excolaboradora de la mandataria ha comenzado a colaborar con la Fiscalía desde Estados Unidos, confirmando hechos clave que podrían marcar el fin del gobierno de Boluarte.
Uno de los factores que más resuena en el Palacio de Gobierno es la figura de Patricia Muriano. Según su testimonio ante la Fiscalía, Muriano ha confirmado que la presidenta se sometió a una cirugía estética en junio de 2023 y que, durante su recuperación, se falsificaron firmas en varios Decretos Supremos. Esta información ha causado gran revuelo, ya que, según Muriano, la mandataria estaba incapacitada para ejercer funciones en ese período, sin embargo, se firmaron al menos tres decretos durante su reposo.
Un aspecto crucial en la investigación es la misteriosa «puerta 6» de Palacio de Gobierno. Este acceso, que no tiene ningún tipo de registro ni control, fue utilizado por varias personas cuya entrada no quedó registrada en los documentos oficiales. Entre ellas se encontraría Ney Guerrero Orellana, un conocido productor televisivo, quien habría ingresado por este portón sin que nadie pudiera confirmar su presencia. Este acceso sin control genera sospechas sobre las actividades que se habrían realizado detrás de esas puertas, sin dejar evidencia alguna.
Cuarto Poder confirmó la visita de Ney Guerrero.
Muriano, quien tenía la responsabilidad de garantizar que los salones de reuniones estuvieran «libres de chuponeos», también podría tener información valiosa sobre otras irregularidades. Según su círculo cercano, la exasistente fue la encargada de filtrar estos salones y evitar cualquier tipo de grabación de conversaciones.
Pero el impacto de Muriano va más allá de las cirugías estéticas de la presidenta. Durante su testimonio, ha hablado sobre la falsificación de firmas en los decretos emitidos mientras Dina Boluarte estaba en recuperación. Estos decretos son claves en la investigación, ya que incluyen temas como la alimentación saludable y el estado de emergencia en varios distritos. Además, en ese mismo período se firmaron resoluciones supremas y actas de consejos de ministros que presentan diferencias evidentes en las firmas, lo que refuerza la sospecha de falsificación.
Patricia Muriano, quien fue una de las personas más cercanas a la presidenta, comenzó a distanciarse de ella a finales de 2023, a raíz de un aumento en la desconfianza. En diciembre de ese año, Muriano presentó su renuncia, pero esta fue rechazada. En marzo de 2023, finalmente dejó su cargo y, desde ese momento, ha decidido contar todo lo que sabe. Aunque le pidieron que no hablara con nadie, ha decidido colaborar con la justicia desde su refugio en Estados Unidos.
La situación legal de Dina Boluarte se complica a medida que nuevos detalles salen a la luz, y la figura de su exasistente Patricia Muriano parece ser clave en la resolución de este escándalo. Con la colaboración de Muriano, la Fiscalía podría abrir nuevos frentes de investigación, lo que pone en riesgo el futuro político de la presidenta. En los próximos días, se esperan más revelaciones que podrían llevar a Boluarte a enfrentarse a un juicio y, posiblemente, a la cárcel.
El desenlace de este caso sigue siendo incierto, pero lo que parece claro es que la confianza en la presidenta se ha desmoronado, y la verdad detrás de la «puerta 6» y los Decretos falsificados podría ser el golpe final a su gobierno.
Política
Nuevo escándalo en Condorcanqui: Subprefectos y un ministro de Educación en medio de irregularidades
Tras la denuncia de violaciones masivas de niñas y adolescentes de los grupos étnicos Wampís y Awajún, aparece un nuevo caso que involucra al Ministerio de Educación y al Ministerio de Interior en la región Amazonas.
Por Leonardo Serrano Zapata
En medio de la crisis educativa que vive Condorcanqui (Amazonas), nuevas denuncias salpican al actual Subprefecto Provincial, Romer Orrego Ikam. Según documentos oficiales y testimonios a los que se tuvo acceso, Orrego estaría presuntamente apoyando al Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado «San Marcelo» para operar de manera irregular en las sedes de Nieva y El Cenepa.
Esta institución, dirigida por los hermanos Rosales, ha estado ofreciendo formación docente sin contar con las autorizaciones necesarias. Según la Resolución Directoral N.º 00085-2020-MINEDU-VMGP-DIGEDD-DIFOID y el reciente Oficio N.º 00130-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD, esta institución «no cuenta con licenciamiento ni con filial autorizada por el Ministerio de Educación».
El 12 de noviembre de 2024, mediante Oficio N.º 02302-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID dirigido al propio Orrego Ikam, el MINEDU estableció categóricamente que: «El Instituto de Educación Superior Pedagógica privado ‘San Marcelo’ no cuenta con autorización para brindar servicios en un lugar distinto al de su local ubicado en el distrito de San Miguel, provincia y región de Lima, ni para brindar servicios educativos bajo la modalidad a distancia».
El caso llegó incluso al Congreso de la República. El legislador Guido Bellido Ugarte, mediante Oficio N° 1175-2024-2025-GBU/CR del 12 de diciembre de 2024, solicitó información al MINEDU, quien confirmó la irregularidad del IESP «San Marcelo» en su Informe N° 00040-2025-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DIFOID del 17 de enero de 2025.
La gravedad del caso aumenta tras la difusión de un audio en redes sociales el pasado 10 y 11 de marzo de 2025. Según el denunciante Luis Chigkim Catip, en dicha grabación se escucharía al Subprefecto Orrego Ikam negociando el retiro de una denuncia contra los hermanos Rosales por presuntamente intermediar en la apertura de sedes no autorizadas. En el audio, Orrego habría sugerido reducir de 5,000 a 2,000 soles el monto solicitado para desistir de la denuncia por presunta estafa.
Cabe recordar que Romer Orrego Ikam, quien defendió públicamente al Ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime en junio de 2024, fue designado como Subprefecto poco después, reemplazando a María Clarivel Huaman Jintach, quien fue sentenciada por solicitar pagos indebidos para el otorgamiento de garantías personales.
Como consecuencia de esta situación irregular, decenas de estudiantes que confiaron en esta institución han quedado en el limbo, ya que, según la normativa vigente, «el marco normativo que rige la trayectoria académica en la Formación Inicial Docente no admite regularizaciones».
Acta de firmas de denuncia Subprefecto.
Un acta del Juez de Paz de Condorcanqui, con participación del Comandante PNP William Herrera Cotera, muestra que ya existe un «pedido de destitución del señor Subprefecto ROMER ORREGO IKAM por haber pruebas contundentes sobre la negociación y estar involucrados directamente con el Instituto San Marcelo». Este documento hace referencia al aparente vínculo con Gilmer Nilton Rosales Sánchez, quien fue candidato por Fuerza Popular a la Alcaldía de Condorcanqui en las Elecciones Regionales y Municipales 2022.
Es urgente que tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio del Interior se pronuncien sobre estas graves acusaciones. Mientras tanto, en una región que sufre por la falta de profesionales docentes calificados en EIB, el Subprefecto anuncia que la atención de su despacho será virtual, limitando aún más el acceso a servicios gubernamentales en esta apartada provincia amazónica.
Por parte del ministro de Educación Morgan Quero existe un gran silencio. Por otro lado, ministro Diaz Zulueta, los ciudadanos necesitamos muestras de transparencia y lucha concreta contra la corrupción. No cometa el error del ex ministro Santiváñez que con la RM N° 1066-2024-IN de fecha 16 de agosto de 2024, decidió absolver a la ex subprefecta de la Provincia de Condorcanqui Rosemary Pioc Tenazoa, con la excusa de que se perdió el expediente de la denuncia. ¡El colmo!
Política
Colegio Médico del Perú investiga a cirujano Mario Cabani por presunto intercambio de favores
El CMP inició investigación ética y disciplinaria en contra de Mario Cabani, cirujano de la presidenta Dina Boluarte porque habría gestionado puestos en entidades del Estado para personas allegadas a cambio de cirugías estéticas realizadas en su clínica.
El Colegio Médico del Perú (CMP) ha iniciado de oficio una investigación ética y disciplinaria contra Mario Cabani Ravello, cirujano estético de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, por presuntas irregularidades en su práctica profesional y por ende por incumplir las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión médica en Perú.
Esta investigación surge tras la publicación de un informe que en los medios de comunicación difunde documentos y correos electrónicos en el que se indica que el cirujano plástico habría solicitado puestos en el Estado para personas de su confianza y entorno, tras realizar intervenciones quirúrgicas a la mandataria Dina Boluarte.
Según el comunicado oficial del CMP N° 31-2025, el caso será evaluado por su comité ético, el cual analizará si Cabani Ravello incurrió en faltas deontológicas, específicamente relacionadas con el principio de imparcialidad y la conducta profesional en su relación con la presidenta. Si se encuentran irregularidades, podrían aplicarse sanciones disciplinarias al cirujano.
Este caso ya se encuentra en investigación preliminar en el Ministerio Público y ha cobrado más relevancia, tras la difusión de dos audios y de un correo electrónico, en el que Cabani Ravello habría solicitado a la exsecretaria personal de Boluarte Zegarra, Patricia Muriano Peralta, cargos en diversas entidades estatales, como EsSalud y PromPerú, para allegados suyos.
Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte
Finalmente, la exsecretaria de la presidenta de la república Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, si bien no llegó a aterrizar a suelo peruano, procedente de Estados Unidos para declarar presencialmente ante el Ministerio Público por el caso denominado ‘cirugías’; de todas maneras, realizó la diligencia y lo hizo de manera virtual ante el fiscal supremo Hernán Mendoza quien investiga el caso de las intervenciones quirúrgicas de la mandataria. Durante la comunicación en línea, Muriano Peralta ofreció detalles sobre las operaciones estéticas a las que se sometió Boluarte Zegarra en 2023.
Muriano Peralta no solo coordinó las consultas con el cirujano plástico Mario Cabani, encargado de realizar los procedimientos estéticos, sino que también tiene datos específicos sobre el financiamiento de dichas intervenciones.
En la diligencia virtual la exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte confirmó detalles de la rinoplastia y otros procedimientos estéticos que la presidenta se realizó el año pasado. Asimismo, corroboró un audio que reveló la relación entre ambas, así como la posible manipulación de la historia clínica de Boluarte Zegarra. También, habría revelado que la jefa de Estado habría permanecido dos días hospitalizada en la clínica Cabani.
De acuerdo con las investigaciones, Mario Cabani habría realizado al menos cinco procedimientos quirúrgicos a Dina Boluarte en el año 2023, entre los cuales se destacan una rinoplastia y una abdominoplastia. Asimismo, la clínica del doctor Cabani, ‘Cabani Health’, entregó a la Fiscalía documentos relacionados con las operaciones, incluidos correos electrónicos y cartas notariales que exigirían el pago de los procedimientos.
Un detalle que ha generado suspicacias, es la falta de facturas y la ausencia de la historia clínica de la presidenta de la República, la cual, según Muriano Peralta, habría sido retirada personalmente por Boluarte Zegarra.
Política
Teniente alcalde de Chorrillos recibió ‘fajo de dinero’ para presunta coima a tribuno del JNE [VIDEO]
A través de un video se capta al primer regidor de Alianza para el Progreso (APP) Richard Cortez Melgarejo recibir una fuerte cantidad de billetes en una reunión privada. Tras la propalación del audiovisual, el Consejo Municipal lo encaró y lo suspendió. Asimismo, el alcalde Fernando Velazco, le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».
El Municipio de Chorrillos, a través del Concejo Municipal, fue escenario de un escándalo tras la difusión de un video en el que se observa al teniente alcalde de las filas de Alianza para el Progreso (APP), Richard Cortez Melgarejo, recibiendo fajos de dinero, en medio de una reunión privada.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal, el alcalde Fernando Velazco presentó el material audiovisual ante los regidores y vecinos. En el video, Cortez Melgarejo discute sobre un proceso de vacancia y menciona contactos con miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En el audiovisual que se expuso frente a los 13 regidores que conforman el Concejo Municipal y algunos ciudadanos del distrito, el teniente alcalde de Alianza Para el Progreso (APP) intenta persuadir a su interlocutor para que le brinde un “apoyo económico” en lo que denomina una “línea de confianza con proyección al futuro”. Asimismo, Cortez Melgarejo habla sobre el proceso de vacancia aparentemente ‘obstruido’ en alguna instancia del JNE, y las soluciones que le encuentra a este trámite.
«Lamentablemente, este jurado está un poco desprestigiado. Entonces, estas situaciones, de cuestión de interpretación se manejan de otra forma. Yo he buscado la forma de contactarme con alguno de los cinco tribunos para así evitar que, al final, algún intermediario me termine engañando o mintiendo. A través del doctor Acevedo he logrado contactarme con uno de los tribunos. He tenido una conversación directa, seria y concisa. Para mí, es una batalla que voy a ganar», expresa el teniente alcalde en la conversación con uno de los presuntos ‘aportantes’.
El interlocutor le termina dando una ‘inicial’ pecuniaria a Cortez Melgarejo: «Toma, te estoy dando 5 (mil soles). Una señal de buena voluntad. A más tardar, mañana te estoy dando 35 (mil soles)».
Posteriormente, en otra parte del video, que recopila varias grabaciones, Richard Cortez Melgarejo influye en otra persona, a la que revela, conoció a través de un tercero al que llama ‘Tejada’, para que se sume a la recolección de fondos que, según exclama, ya tiene acumulado 150 mil soles. En seguida, este nuevo ‘aportante’ le da un nuevo fajo de billete, Cortez Melgarejo cuenta la suma y lo mete a su bolsillo.
Concejo Municipal lo suspendió
Tras observar las reveladoras imágenes, los demás integrantes del Consejo Municipal increparon fuertemente a Richard Cortez Melgarejo por su presunto acto de corrupción y anunciaron la suspensión de sus funciones por contravenir los principios éticos de la función pública. Tras conocer dicha decisión, el teniente alcalde trató de defenderse, pero terminó protagonizando una fuerte discusión con el alcalde de Chorrillos Fernando Velazco, y tras abandonar la sesión, la autoridad edil le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».
🚨 Teniente alcalde de Chorrillos y militante de Alianza Para el Progreso, Richard Cortez Melgarejo, fue captado recibiendo 'plata como cancha'.
— Revista Lima Gris (@Limagris) March 28, 2025
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Política
‘Renovación Popular’ defiende a ‘Fuerza Popular’ y rechaza a Fiscal de la Nación por pretender su cancelación
A través de un comunicado, el partido ‘celeste’ de propiedad de Rafael López Aliaga se solidariza con el partido de Keiko Fujimori, debido a la disposición de la fiscal Delia Espinoza, que podría determinar la extinción del partido ‘naranja’ y el de Carlos Álvarez, ‘País para Todos’.
El partido político de Rafael López Aliaga, ‘Renovación Popular’, se pronunció con respecto a la medida dispuesta por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, y rechazó que busque declarar la ilegalidad de las organizaciones políticas ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’. Mediante un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) exhortaron a Espinoza Valenzuela a «avocarse a su función» y no utilizar políticamente sus facultades fiscales. Asimismo, el (CEN) indicó que aquello solo interferiría en el proceso electoral convocado.
Renovación Popular, mediante sus redes sociales, compartió el comunicado oficial, en donde expresó su rechazo ante lo establecido por la mandamás del Ministerio Público.
Fiscalía inició diligencias por denuncia de ilegalidad contra dos partidos políticos
Como se sabe, último jueves 27 de marzo, la Fiscalía inició diligencias contra los partidos ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’, por presuntamente haber incurrido en «conductas antidemocráticas».
Según el artículo 14 de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas, la Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación o defensor del Pueblo, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos, siendo los siguientes:
1- Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.
2- Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.
3- Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo Y/o el narcotráfico.
‘Renovación Popular’ exige a Delia Espinoza que se avoque a sus funciones.
«RP manifiesta el rechazo rotundo a la utilización política de la facultad de investigar que tiene la fiscal de la Nación, pretendiendo interferir en el proceso electoral ya convocado», se lee en el primer punto anunciado por la agrupación celeste que lidera López Aliaga.
Además, aseguró que sus militantes defenderán el Estado de Derecho y el sistema democrático de gobierno, y garantizarán el respeto irrestricto al derecho constitucional de elegir y ser elegidos que tienen todos los peruanos. Por último, RP exhortó a Delia Espinoza a avocarse exclusivamente a sus funciones, y no interferir en asuntos políticos.
«Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin. El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación», concluyó el CEN del partido.
Política
Declaraciones de exsecretaria complican a Dina Boluarte: tras cirugías, publicaron tres decretos con firma falsa de la presidenta
Patricia Muriano teme por su vida y no desea volver a Perú. Sin embargo, declaró ante Fiscalía de forma virtual por más de 6 horas y estaría tramitando residencia en Estados Unidos como ‘perseguida política’ del gobierno. Su próxima declaración está programada para inicios de abril.
La exsecretaria personal de la presidenta Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, pese a que no llegó a Perú para apersonarse al Ministerio Público, y a pesar que el abogado de la mandataria Juan Carlos Portugal intentó frustrar la diligencia, ella declaró de forma virtual ante la Fiscalía durante más de 6 horas por el ‘caso Cirugías’. Según el informe de Hildebrandt en sus Trece, se indica que Muriano Peralta declaró que tres decretos fueron publicados con la firma falsa de la jefa de Estado y todas las intervenciones fueron operaciones de rejuvenecimiento.
En la declaración ante el equipo del fiscal supremo Hernán Mendoza Salvatierra, encargado del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del MP, Muriano Peralta reconoció su voz y ratificó que el audio difundido es suyo y confirmó que el contenido de este es verídico. De igual modo, ratificó que la expresidenta Dina Boluarte fue sometida a cinco intervenciones quirúrgicas.
Abogado de Boluarte intentó frustrar declaración
Según se dio a conocer, la defensa técnica de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, tal como lo hizo en diciembre pasado, nuevamente se opuso a que Patricia Muriano declarara ante el Ministerio Público. Sin embargo, el equipo fiscal admitió el testimonio de la examiga de Dina Boluarte, quien ha manifestado que está dispuesta a colaborar con todo lo que se pueda con la investigación del ‘caso cirugías’, pero solo lo hará de forma virtual, ya que no desea volver al Perú y teme por su vida. Incluso, ya habría empezado a tramitar su residencia en Estados Unidos argumentado que es una perseguida política del gobierno de Dina Boluarte Zegarra.
Entre las cosas más importantes que reveló y confirmó, fue que al menos tres decretos supremos que se publicaron en el diario oficial ‘El Peruano’ llevaban una firma falsa de la mandataria. Esto debido a que la presidenta Dina Boluarte se encontraba indispuesta después de las intervenciones estéticas realizadas entre el 28 y 30 de junio del 2023.
Además, mencionó que, si bien el internamiento fue de 48 horas, la jefa de Estado se mantuvo en reposo absoluto hasta el 9 de julio del 2023. En relación a ello, también indicó que el médico Mario Cabani la visitó en dos oportunidades en su vivienda de Surquillo. Sin embargo, él no fue el único galeno que supervisó su estado de salud, porque la expresidenta de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, también estuvo en la Clínica Cabani en la fecha que se realizaron las operaciones a la presidenta Dina Boluarte. Por lo que ella se habría encargado personalmente de supervisar la recuperación postoperatoria de la mandataria.
Muriano es presionada por circulo cercano de la presidenta
Según se ha podido conocer, Patricia Muriano le ha dicho a su círculo más cercano que ha estado recibiendo presiones del círculo de seguridad de la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra para que desconozca el audio en el que se le escucha confirmar las operaciones estéticas de la mandataria, y que niegue que fuera su voz.
Política
Alcalde de Lima designa como nuevo gerente de Emape a ingeniero que dijo polémica frase “no se cayó, se desplomó”
José Luis Justiniano será recordado por tratar de explicar torpemente el derrumbe de un puente que no duró ni 10 años.
¡Qué estaremos pagando! El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, incapaz hasta la fecha de poder reordenar Mesa Redonda y Mercado Central, investigado por traer vagones de tren a sobrecosto, desaparecido durante el último incendio en Barrios Altos pero que sí se encontraba muy predispuesto a tomarse cuanta foto sea posible con un famoso streamer extranjero, ahora acaba de designar a uno de los ingenieros incondicionales del ex burgomaestre Luis Castañeda Lossio, nos referimos al ingeniero José Luis Justiniano Martínez, como el nuevo gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).
Y es que más que se le recuerde al ingeniero Justiniano Martínez por sus magníficas obras en la ciudad, es recordado solamente por su frase “no se cayó, se desplomó” luego que tratara de explicar la caída del puente de la Solidaridad en el año 2017, luego de la crecida del río Rímac.
El entonces gerente de Infraestructura Vial de Emape, Justiniano Martínez, dijo que la estructura había sido diseñada “por los mejores especialistas del medio” y “de acuerdo a las normas vigentes”.
“No se ha caído, solamente se ha desplomado su apoyo externo. Yo le estoy hablando técnicamente. Usted no me va a entender quizás nunca, porque es periodista”, mencionó al ser interrogado por América TV.
Ahora, de acuerdo a la plataforma oficial del Estado peruano, el ingeniero comenzó a laborar el 8 de marzo de este año en esta dependencia de la Municipalidad de Lima.
Será Justiniano Martínez quien tenga a cargo la firma de acuerdos y convenios con entidades públicas, privadas y organismos internacionales, así como la dirección, ejecución y supervisión del cumplimiento de las decisiones de la empresa. También será responsable de aprobar modificaciones presupuestarias y otras acciones administrativas.
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