Política
Angélica Sánchez: “La Corte Suprema ha emitido un fallo a beneficio de Luz del Sur, que nos va a perjudicar a los usuarios”
Las abusivas tarifas de Luz del Sur vienen afectando a miles de usuarios, que en medio de la pandemia tienen que lidiar con los excesivos costos de energía eléctrica. A esto se suma que a inicios de año la empresa Luz del Sur pasó a manos de una corporación estatal china. Por ese motivo el Frente Nacional de los Pueblos del Perú viene realizando diversas protestas y plantones en contra del monopolio y del alza de las tarifas eléctricas.
La semana pasada una nueva protesta se realizó en la puerta del Ministerio de Energía y Minas, varios ciudadanos afectados por Luz del Sur señalaron que el Ministerio de Energía no respeta el compromiso del acercamiento a la mesa de trabajo, compromiso que el propio ministro prometió. Por ese motivo entre los gritos se escuchaba frases como: “ministro incapaz”, “ministro traidor del pueblo” y “no al monopolio eléctrico”.
Conversamos con la señora Angélica Sánchez, Presidente del Frente Nacional de los Pueblos del Perú. En esta entrevista nos comentó sobre la permanente lucha que viene realizando a favor de los consumidores y lamentó el papel que vienen realizando instituciones como Indecopi y Osinergmin.
También señaló que el Ministro de Energía y el Congreso de la República no los atienden, a pesar de haber solicitado en varias oportunidades audiencias para tratar el tema eléctrico que perjudica. Aquí la entrevista.
¿Por qué se realizó la protesta en la puerta del Ministerio de Energía y Minas?
Bueno, el año pasado nosotros solicitamos una audiencia con el ministro de Energía y Minas de ese entonces, para ver el tema del 12 % de interés que nos están subiendo a base de impacto por el terrorismo y que hoy en día estamos en pacificación, y nos siguen cobrando el 12%. El otro es el tema de la venta de las acciones mayoritarias de Luz del Sur a la empresa china Three Gorges Corporation. El otro tema es la política de electrificación a pueblos donde no está llegando la luz. Dentro de todo esto solicitamos también el ajuste de la tasa de actualización para determinar las tarifas de electrificación donde el Estado debe reconocer la Inversión del sector eléctrico, manteniendo el foco de energía de Petroperú. Lo otro es el monopolio de la concentración del sector eléctrico ante la integración vertical, mediante la compra de la empresa Luz del Sur. Otro de los temas es que no hay claridad en los actos administrativos de Indecopi, sobre esa resolución administrativa nosotros hemos solicitado la nulidad y nos mandan una resolución diciendo que no procede la nulidad porque no somos parte del proceso.
¿A quién beneficia Indecopi?
Justo a Indecopi nosotros le hemos puesto “traidora a los pueblos”, porque prácticamente ellos están cerrando filas a favor de las grandes empresas transnacionales que se va a venir en el futuro. Los usuarios nos sentimos desprotegidos. A dónde recurrimos cuando vamos al Ministerio de Energía y Minas, y te dicen que Indecopi y Osinerming son pilares en el tema consumidor. Estos están adscritos a la Presidencia del Consejo de Ministros, entonces vamos y tocamos la puerta del Presidente del Consejo de Ministros y le hemos solicitado que se sancione al anterior jefe de Indecopi por no haber cumplido todos los protocolos o actos administrativos que no están bien. Hasta la fecha no hemos tenido la audiencia con el Presidente del Consejo de Ministros porque todos están sujetos por la pandemia.
¿Ustedes pidieron que se investigue al señor Ivo Gagliuffi?
Sí, el 8 de septiembre del 2020, nosotros ingresamos con oficios 020 FRENAP, al señor Walter Martos Ruiz (Presidente del Consejo de Ministros) y le pido ahí: Solicito se investigue la Resolución 07 2020 Indecopi, con el fin de que se declare la nulidad. También solicitamos se investigue al Ex Presidente del Indecopi y funcionarios que promovieron dicha resolución, porque afecta los intereses de los ciudadanos.
Después de ese plantón y pedido ¿Cuál ha sido la respuesta del Premier Martos?
Cuando fuimos a ver en qué estado estaba el expediente de la hoja de ruta, nos mandaron a otra oficina. Nosotros le dijimos exclusivamente «queremos reunirnos con el Presidente del Consejo de Ministros, porque ya estamos cansados de que nos reciba A, B o C y siempre se lavan la mano, porque ellos no tienen actos resolutivos de jerarquía de decisión, pero sí el Premier», entonces es ahí donde dijimos que vamos a insistir con el Premier. Pero nos dijeron que su agenda está muy recargada, que el Premier estaba con el Presidente Vizcarra y que no tiene tiempo porque retoma el tema de Covid. El tema para ellos no es de mucha relevancia, están ahorita en el tema del Covid, y estoy de acuerdo con que vea el tema del Covid, porque de alguna otra manera es la protección sanitaria que se debe tener con responsabilidad en el nivel del Estado, pero no se puede dejar de ver lo que está sucediendo al interior de las instituciones del Estado, en este caso Indecopi y Osinergmin.
Las altas tarifas de Luz del Sur están afectando a muchas familias, ¿Cómo ve esa situación?
Hace unos días nos recibió el Gerente de la empresa de Luz del Sur. Dice que el tema del Covid afectó. Todos hemos tenido que estar en casa y hubo mayor consumo de Luz, y que eso de repente ha sido el efecto que ha duplicado el monto y es por eso que el gobierno ha sacado programas sociales para pagar. Entonces yo se lo expliqué y le manifesté: usted podrá tener razón, pero técnicamente dentro de una verificación de luz, no hubo una competencia de la empresa privada para transparentar los costos, eso ha quedado al libre albedrío. Al final Luz del Sur ha subido el porcentaje, pero si uno quiere reclamar nos dicen: primero pague y después reclame.
Esto es un abuso de Luz del Sur.
Luz del Sur convulsiona de reclamos, esto es exceder a la necesidad de la gente. Al final tú vas en una desesperación a Indecopi, y como Indecopi no está preparado, no hay una respuesta clara o no hay una buena política, cómo respaldas o velas por ese usuario que está desprotegido por el Estado. Ahora, se supone que esas dos instituciones -pilares en el tema de consumo- están adscritas a la Presidencia del Consejo de Ministros, y ¿quién está cerca del Premier? Vizcarra. Entonces, ellos debieron llamar a una mesa de trabajo porque tienen capacidad de autoridad administrativa para decirle qué está pasando. Y eso no ha sucedido, y el señor nos explica que el alza de la luz es por el Covid, porque hemos estado encerrados cuatro meses. Eso no se justifica: que la empresa recupere al libre albedrío y nos saque dinero. Al final ¿quién los fiscaliza a ellos? Los usuarios somos los que tenemos que seguir pagando la irresponsabilidad de los funcionarios. No han sabido hacer su trabajo.
También se le echó la culpa al Congreso.
El Congreso tiene la responsabilidad porque ellos son los que emiten las leyes y nosotros regularizamos y lo implementamos, pero acá es un tema técnico, el Congreso es un tema político. Por eso lo sesgan, las responsabilidades de los actos administrativos en función a la oferta y la demanda, hacia a un daño colateral. Porque al final, ese daño colateral, nosotros los usuarios somos los que estamos pagando, y ¿quién nos paga a nosotros el daño colateral?
El fallo a favor de Luz del Sur causará un incremento en las tarifas eléctricas ¿Han hablado sobre esto con el ministro de Energía?
Eso queremos hablarlo directamente con el ministro de Energía y Minas. Le dijimos: nosotros necesitamos sentarnos con el ministro, no con el gerente, no con el representante, no con el Viceministro, si no con el Ministro. El ministro tiene una decisión política que tomar acá, al margen del fallo de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema puede decirle a la empresa privada Luz del Sur, ustedes ganaron, pero quien tiene la autoridad de la decisión dentro de la Política de Gobierno son el MINEM con la PCM y el Presidente, sin embargo, ya nos enteramos que Luz del Sur muy tendenciosamente va a la Corte Suprema para coaccionar al Ministerio de Energía y Minas, y decir yo he ganado al nivel del Poder Judicial, por lo tanto tendría que hacer una demanda en oposición, tendríamos que hacerlo constitucionalmente, inclusive eso es un trabajo fuerte. Un fallo judicial no está por encima de una decisión política del Estado. Pero tendríamos que nosotros accionar la vía constitucional de los usuarios y sacar también nuestra plataforma de lucha como iniciativa constitucional para favorecer a los usuarios. Lamentablemente ni Indecopi ni Osinergmin quieren proteger al usuario.
¿Qué opina sobre la aparición de algunos voceros y periodistas a favor de Luz del Sur, a favor del monopolio?
Nosotros fuimos bien claros con los miembros que estuvieron ahí, y el que nos atendió es el señor José Oporto Vargas. En el tema de los voceros hay dirigentes que están siendo subvencionados y asalariados por Luz del Sur. Si hay dirigentes que son asalariados, entonces hay periodistas, hay congresistas y gerentes que están asalariados por Luz del Sur, pero eso no te lo dicen, no sabes cómo medirlos, no sabes cómo descubrirlos, porque es un poder oscuro. Entonces son cosas en las que uno tiene que tener mucho cuidado, porque inclusive te tiran la puntería y te desinflan la llanta. Todas esas cosas son muy delicadas. Luz del Sur está proponiendo y asalariando a representantes del Congreso, del periodismo, de dirigentes que trabajan en campo, para que se les apoye y hagan ver que están de acuerdo con lo que se dice, o sea, lo estaban maquillando. La población que no sabe, que no conoce, que no tiene cultura ignoramos muchas cosas, nos comemos todo el problema.
¿Qué opina del abogado Julio Arbizú?
El abogado Julio Arbizú, sale en la televisión, sale en los periódicos, da entrevista como si fuera él una persona consciente, porque hay que ser consciente en lo que haces, en lo que dices y en lo que te propones hacer, porque si tú eres una persona de lucha, de justicia, que busca en beneficio del pueblo, muéstrate tal como eres, no solamente saliendo en la televisión disfraces tu personalidad para poder conseguir otros objetivos y después traicionar por atrás al pueblo, entiende, o sea la sinceridad no está visto en el campo de la acción, sino esta visto para la prensa, para la televisión, o sea yo vendo mi imagen y soy justiciero, no es así, es al revés todo lo que ahorita el peruano ya está prácticamente siendo conocedor, digamos, ya no nos vamos a dejar. Estamos batallando y no vamos a dejar de hacerlo hasta conseguirlo.
Hace unos días en el programa de Lucar en Exitosa, entrevistaron al ex viceministro Pedro Gamio, que apoya el fallo para favorecer a Luz del Sur. ¿Qué piensa de ese señor?
Por lo mismo que ya le mencioné, Inicialmente por el otro señor Arbizú, los que se muestran en la televisión, sean funcionarios, sean periodistas, sean dirigentes, prácticamente son personas tendenciosas a un poder oscuro que ellos mismos ya no saben en su consciencia a donde están trabajando, a traicionar justamente al tema de los consumidores, entonces es por demás de que salgan en la televisión a decir, voy a defender a la causa del pueblo a nombre del pueblo, cuando por otro lado están haciendo otra cosa, entonces doble discurso, doble moral, doble todo y al final todo sale a la luz.
El miércoles de la semana pasada por la presión de la protesta en la puerta del MINEM ingresaron tres personas ¿Qué pasó en esa reunión?
Luego de la protesta coordinamos con el jefe de asuntos sociales y el señor que nos recibió, que era el representante del ministro y viceministra, nos dice los temas a tratar. Entonces lo que pedimos es no reunirnos con ellos, sino, con el ministro, porque ya tenemos antecedentes de documentos ingresados que nunca se nos contestaron, y más aún ahora que nos sentimos más preocupados porque la Corte Suprema ha emitido un fallo a beneficio de Luz del Sur que nos va a perjudicar a todos nosotros ¿dónde estamos? Es por eso que solicitamos la audiencia con el ministro.
Entonces, esa reunión no llegó a nada porque no aceptaron conversar con esas personas subalternas, sino con el propio ministro.
Porque los subalternos no tienen carácter resolutivo, no deciden, porque siempre van a decir: vamos a consultar con el ministro, vamos a consultar con la presidenta. Entonces, nosotros hemos solicitado una audiencia con el ministro para ver ese tema sobre el fallo Judicial que tiene Luz del Sur a favor y ¿cuál va a ser su consecuencia de ese fallo?, ¿Cuál va ser el pronunciamiento de las autoridades de Energía y Minas?, y ¿Cuál va ser la última solución que se va a dar para el beneficio del pueblo?
Esperamos conocer la posición del ministro Incháustegui, porque sería lamentable que esté apoyando a las transnacionales que buscan el monopolio, y eso es peligroso.
Por eso es que nosotros le manifestamos que no estamos de acuerdo con el monopolio y que se transparente, se regularice bien claramente los actos administrativos resolutivos, ¿cómo va quedar con los transportadores, los distribuidores y los generadores?, porque eso no está claro. ¿Cómo va quedar con el tema de la resolución del Poder Judicial?, y otro es, las políticas de implementación de electrificación que muchos pueblos no lo tienen ¿Cuántos millones se está llevando la empresa privada? hay muchos pueblos que no tienen luz. Muchos usuarios desconocen la cultura de lo que es los servicios básicos como la luz, el gas y otros puntos más.
Tengo conocimiento que la próxima protesta o plantón será en el Congreso de la República.
Por supuesto, porque el Congreso de la República nosotros hemos emitido varios documentos, uno de los documentos que hemos emitido es al presidente de la comisión de consumidores, lo hemos llamado cuantas veces hemos podido, no nos llama al teléfono, están ocupados en sus temas, en otros temas de repente de que ellos crean conveniente en beneficio del pueblo a nombre del pueblo, hemos solicitado junto con la comisión fiscalizadora del congreso, igualmente cierran la puerta, entonces pues allí hay muchas cosas que evaluar, las acciones, las conductas de los representantes del congreso, dicen que luchan por el pueblo, pero solamente el tiempo es el mejor resultado, el mejor juez, que demuestre que tal personaje, tal congresista, tal autoridad, tal líder, luchó a carta cabal, y si eso no existe y no se ve en lo es la materialización de la solución al pueblo, todo es una mentira, todo es un engaño, y el pueblo está cansado.
¿Qué le diría al Presidente Vizcarra y al ministro Incháustegui?
Al presidente Vizcarra y al Ministro de Energía, le diría que no se deshumanicen. Aquí el tema es uno, Humanidad, el derecho propio que le corresponde a todos los peruanos como a él, como al ministro y como a un peruano en común. Y si está en el cargo es para que ejerza la gestión pública, no en beneficio de los monopolios, sino en beneficio del peruano a la cual ellos tienen el sillón del ministerio y el sillón presidencial, porque si no fuera por el pueblo ellos no estuvieran sentados ahí. Y al final ellos se deben al pueblo, pero como no les interesa ello, porque poco o nada les interesa, porque ya están en el poder, lo único que hacen es distribuir los intereses para los monopolios y al pueblo que le parta un rayo. Eso es lo que yo les diría así de simple.
Política
Ministro de Educación Morgan Quero, investigado por discriminación, es defendido con fondos del Minedu
¿Uso legítimo o abuso de recursos públicos? ¿Por qué se normalizó el despilfarro de dinero?
El Ministerio de Educación aprobó —mediante resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU — otorgar defensa legal al ministro de Educación Morgan Quero Gaime con fondos públicos, pese a estar denunciado por presunta discriminación contra el pueblo Awajún.
En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE— el Ministerio de Educación a venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.
Con la Resolución de Secretaría General N.º 111-2024-MINEDU de fecha 2 de julio de 2024, el Ministerio de educación aprobó la defensa legal de Ana del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación, por presunta comisión del delito contra la humanidad en la modalidad de discriminación e incitación a la discriminación. Acusación que comparte junto al actual ministro de Educación Morgan Niccolo Quero Gaime.
En efecto, mediante la Resolución de Secretaría General N.º 208-2024-MINEDU, publicada el 31 de octubre de 2024, se declara procedente el otorgamiento del beneficio de defensa legal a favor del actual titular del sector.
Cabe señalar que, el actual representante del MINEDU, es investigado por la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Lima, en el marco de una investigación preparatoria, a raíz de sus declaraciones del 10 de junio de 2024, en las que afirmó:
“[…] Si es una práctica cultural, lamentablemente, que sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, entonces nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad en relación con los descargos que correspondan […]”.
Estas declaraciones se emitieron en relación con los casos de violencia sexual contra menores de edad ocurridos en la UGEL Condorcanqui, vinculados a poblaciones nativas Awajún y Wampis.
La norma Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 185-2016-SERVIR-PE, “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y ex servidores civiles”. – Anexo 2, toda vez que en su numeral 6.2 de la establece cuándo NO procede otorgar defensa legal. Entre los supuestos menciona:
Literal b) Cuando el solicitante no tenga la calidad de denunciado, investigado, procesado, imputado, demandado, testigo, tercero civilmente responsable de ser el caso haya sido citado para la actuación de alguna prueba en los procesos, procedimientos previos o investigaciones a que se refiere el numeral 5.2 del Artículo 5 de la presente Directiva, los hechos imputados no estén vinculados a omisiones, acciones o decisiones en el ejercicio regular de sus funciones o bajo criterios de gestión en su oportunidad como servidor civil o ex servidor civil de la respectiva entidad, derivadas del ejercicio de la función pública.(el subrayado es nuestro)
¿Se justifica el uso de recursos del Estado para defender declaraciones que podrían constituir actos discriminatorios? ¿Acaso las presuntas declaraciones discriminatorias forman parte del «ejercicio regular» de funciones del ministro Morgan Quero? ¿Es un «criterio de gestión» insultar a un pueblo originario como el Awajún?
Si bien es cierto que el ministro actuaba en calidad de funcionario público al momento de las declaraciones, ello no implica per se que sus expresiones estén cubiertas por el marco funcional de su cargo. En este caso, las expresiones atribuidas al ministro —según la denuncia presentada por la congresista Ruth Luque Ibarra — no solo carecen de justificación funcional, sino que colisionan especialmente si éstas contravienen principios constitucionales como el respeto a la dignidad humana, la igualdad ante la ley y la protección de los pueblos indígenas (artículos 1, 2 y 89 de la Constitución Política del Perú).
El caso del ministro Morgan Quero es particularmente indignante. Un alto funcionario acusado de emitir declaraciones discriminatorias contra el pueblo originario Awajún, y el Estado —nuestro dinero— pagando por su defensa. Como si las palabras que hieren a nuestras etnias fueran parte del deber ministerial. Como si ofender fuera una prerrogativa del cargo.
Resulta profundamente preocupante que, ante esta denuncia, algunos actores políticos y gremiales hayan salido a respaldar al ministro sin siquiera considerar la realidad estructural de exclusión que enfrentan las comunidades Awajún y Wampis no solo en el departamento de Amazonas.
Este caso amerita una revisión urgente por parte de la Procuraduría General del Estado, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. La defensa legal con fondos públicos debe proteger el cumplimiento del deber, no blindar actos reprochables.
El artículo 77 de la Constitución establece que el uso de los recursos públicos debe estar orientado a fines de interés general. En consecuencia, el financiamiento de la defensa legal de un ministro acusado de realizar expresiones discriminatorias genera un conflicto ético-administrativo, pues se estaría utilizando dinero de todos los peruanos para proteger actos que podrían constituir una afectación directa a un sector históricamente vulnerado como el pueblo Awajún.
En términos de control de legalidad, corresponde evaluar si este acto administrativo —aunque aparentemente válido en su forma— resulta ilegítimo por su contenido y por la finalidad que persigue.
¿Es este el Perú que queremos? ¿Uno donde la discriminación se protege con fondos públicos mientras las comunidades indígenas luchan por ser escuchadas?
Según la Resolución de Secretaría General N.º 087-2025-MINEDU, se formalizó una modificación presupuestaria por 970,950 soles al rubro Defensa Judicial del Estado. Si bien este fondo está legalmente destinado a la defensa jurídica del Estado como institución, existe el riesgo de que parte de estos recursos termine beneficiando a funcionarios de alto nivel involucrados en procesos legales por actos realizados durante su gestión. Esto abre una legítima preocupación ciudadana: ¿estamos financiando con recursos públicos una defensa que debería ser personal?
Política
Minedu cubre defensa del exministro Daniel Alfaro y el actual ministro Morgan Quero y otros 17 funcionarios
Con dinero de todos los peruanos se paga a abogados que defienden a exfuncionarios y funcionarios con problemas legales en el Ministerio de Educación.
Durante la gestión del ministro de Educación, Morgan Niccolo Quero Gaime, entre abril de 2024 y abril de 2025, la Secretaría General del Ministerio de Educación emitió 21 resoluciones mediante las cuales se concedió defensa legal a 19 personas —entre funcionarios y exfuncionarios— involucrados en procesos judiciales, investigaciones fiscales y administrativas, en el marco de presuntas responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones.
En el ajedrez político del Perú, hay piezas que se mueven solas. No importa si están en jaque, si cometieron errores, o si su jugada fue torpe: el tablero se inclina siempre a su favor. ¿Por qué? Porque el Estado ha decidido que ciertos jugadores merecen protección. No importa el color de su ficha ni las reglas del juego.
En aplicación de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 284-2015-SERVIR-PE, que aprueba la Directiva N.º 004-2015-SERVIR/GPGSC, denominada “Reglas para acceder al beneficio de defensa y asesoría de los servidores y exservidores civiles” —modificada por las Resoluciones N.º 185-2016-SERVIR-PE y N.º 103-2017-SERVIR-PE—, ha venido otorgando defensa legal a funcionarios y exfuncionarios. Esta normativa, en su numeral 6.1, establece, entre otros requisitos, que para acceder a dicho beneficio se debe presentar una solicitud expresa dirigida al titular de la entidad, cumpliendo con lo dispuesto en el numeral 6.3 de la Directiva.
Bajo este marco, se han aprobado 19 defensas legales a favor de funcionarios y exfuncionarios del sector. Aunque se argumenta que el procedimiento se ajusta a la norma, en la práctica se configura un sistema desigual donde los beneficios se otorgan de manera selectiva. Mientras a algunos se les rechaza la solicitud sin mayor explicación, otros —incluido el exministro Daniel Alfaro, el ministro Morgan Quero Nicollo y exfuncionarios— reciben el respaldo del Estado como si se tratara de un privilegio garantizado.
Daniel Alfaro fue ministro de Educación del investigado expresidente Martín Vizcarra.
Entre los beneficiados destacan:
- Ruth Marina Vilca Tasayco, exjefa encargada de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 063-2024-MINEDU, Expediente N° 12819-2023, 04/04/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al MINEDU).
- Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación (Resolución N° 077-2024-MINEDU, Expediente N° 04529-2021, 18/04/2024, presunta comisión del delito de exhibiciones obscena en material educativo).
- Leoncio Delgado Uribe, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 080-2024-MINEDU, Expediente N° 01938-2023 y Expediente N° 17692-2021-0-1801-JR-LA-84, 25/04/2024 y 03/03/2025, ambos por presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
- Willy Arturo Olivera Absi, exjefe de la Oficina De Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 082-2024-MINEDU y N° 120-2024-MINEDU, Expedientes distintos, 25/04/2024 y 2/07/2024, presunta indemnización por daños y perjuicios al Estado).
- Raúl Antonio Moral Guillén, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 083-2024-MINEDU, PAD, 26/04/2024, presunto incumplimiento de funciones).
- Víctor Enmanuel Luján Ccorahua, excoordinador Regional en Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 09 de la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación (Resolución N° 101-2024-MINEDU, PAD, 22/05/2024, presuntamente, incumplimiento de funciones).
- Ana Del Pilar López Rodas, exdirectora general de la Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe, y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural del Ministerio de Educación (Resolución N° 111-2024-MINEDU, investigación fiscal, 2/07/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
- Catalina Julietta Horna Melo, , excoordinadora del Área de Estudios y Proyectos de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 126-2024-MINEDU, Expediente judicial, 11/07/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Hernán Jesús Navarro Franco, exencargado de la Unidad de Planeamiento y Normatividad de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación(Resolución N° 160-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 181-2024-MINEDU y N° 238-2024-MINEDU, expedientes distintos, 27/09/2024 y 13/12/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Ministerio de Educación).
- Ruth Angélica Ho González, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resoluciones N° 183-2024-MINEDU y N° 184-2024-MINEDU, casos fiscales, 1/10/2024, presunta negociación incompatible).
- Daniel Alfaro Paredes, exministro de Educación, (Resolución N° 193-2024-MINEDU, juicio oral, 16/10/2024, presunta omisión funcional),
- Morgan Niccolo Quero Gaime, actual ministro de Educación (Resolución N° 208-2024-MINEDU, denuncia fiscal, 31/10/2024, presunto delito contra la humanidad, discriminación).
- Eric Franklin Paz Meléndez, exjefe de la Oficina de asesoría Jurídica del Ministerio de Educación(Resolución N° 215-2024-MINEDU, Expediente N° 05605-2024, 13/11/2024, presunta, indemnización por daños y perjuicios en perjuicio de la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) del Ministerio de Educación).
- Iván Jimy La Rosa Tong, exjefe de la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación (Resolución N° 238-2024-MINEDU, Expediente N° 03001-2024, 9/09/2024, Presunta, indemnización en perjuicio del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – Ministerio de Educación.
- Fiorella Angélica Noguera Mendieta (Resolución N° 018-2025-MINEDU, caso fiscal, 22/01/2025, presunta negociación incompatible).
- Yovana Alfaro Ramos, exjefa de la Oficina de Logística de la Oficina General de Administración del Ministerio de Educación (Resolución N° 026-2025-MINEDU, caso fiscal, 30/01/2025, presunta negociación incompatible).
- María Julia Martínez Reyes, excoordinadora macrorregional de la Unidad de Supervisión de Obras y Mantenimiento de la Oficina de Infraestructura Educativa (Resolución N° 037-2025-MINEDU, Expediente N° 04492-2024, 14/02/2025, presunta indemnización de daños y perjuicios al Ministerio de educación).
- Nataly Luza Chacón, Especialista Senior en Remuneraciones de la Oficina de Gestión de Personal de la Oficina General de Recursos Humanos (Resolución N° 085-2025-MINEDU, PAD, 9/04/2025, presunta falta disciplinaria).
Casos improcedentes, no recibieron el beneficio de defensa legal de parte del Ministerio de Educación: Roberto Carlos Arrieta Casas – R.M. N.º 140-2024-MINEDU – 05/08/2024 y Rubén Jaramillo Zavala – R.M. N.º 141-2024-MINEDU – 05/08/2024.
Entre los funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Educación involucrados en procedimientos judiciales y administrativos durante el 2024 y 2025, destacan; Ruth Marina Vilca Tasayco, exresponsable del Programa de Nacional de Dotación de Materiales Educativos del Ministerio de Educación, como se recuerda habría estado involucrada en la compra de computadoras por 146 millones de soles, en la gestión del ex ministro de Educación Jaime Saavedra, lo que provocó su interpelación y censura.
En el caso de Rossana María Zurita Silva, exasesora Pedagógica para la Dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación, estaría implicada en la investigación por ser coautora del texto escolar en el que se incluía un enlace con contenido sexual inapropiado para los estudiantes de tercer grado de Educación Secundaria, situación que ocasionó la interpelación de la exministra de Educación Flor Pablo Medina en el gobierno de Martín Vizcarra.
Política
La buena fortuna de Vladimir Cerrón: en cuestión de meses anulan dos sentencias en su contra y ahora el Gobierno ya no ofrece recompensa por su captura
Cabe recordar que sobre el fundador de Perú Libre aún recae una orden de 24 meses de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’.
Dos de tres. “Abran campo para la reaparición de Vladimir Cerrón”, pareciera decir la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ya viene contando los días para su salida de Palacio de Gobierno, no sin antes retirar del camino las piedras y obstáculos del escurridizo líder de Perú Libre, quien en los últimos meses la buena fortuna, y ciertos fallos legales, le vienen sonriendo de par en par.
Y es que hasta hace unos días se ofrecía por el ideólogo del partido del lápiz hasta 500 mil soles por su captura, pero al realizarse una consulta rápida al portal de recompensas del Estado su nombre ya no figura en la lista de los más buscados.
Como se recuerda, a finales de diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) le anuló una condena efectiva de 3 años y 6 meses por el denominado caso ‘Aeródromo Wanka’. En esa ocasión la Corte había concluido que no se había demostrado el delito de colusión simple, ya que la firma del contrato entre el gobierno regional de Junín y el Consorcio Aeródromo Wanka no evidenciaba concertación dolosa ni intención de perjudicar al Estado.
Meses después, en marzo del año en curso, el mismo alto tribunal también le anuló la condena impuesta por negociación incompatible en el caso ‘La Oroya’. De acuerdo al TC, tanto la sentencia original como la resolución de apelación carecían de motivación suficiente al no establecer con claridad los hechos que demostrarían un favorecimiento indebido a un contratista ni el rol específico de Cerrón Rojas en los supuestos delitos.
En ambas ocasiones el ex gobernador de Junín denunció ser un “perseguido político”.
Sin embargo, aún queda en pie una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y los presuntos aportes ilegales de su partido que habrían favorecido las campañas de Pedro Castillo y Dina Boluarte.
Resulta relevante recalcar que en la actualidad el líder de Perú Libre no cuenta con condena alguna en su contra, así como de no tener inhabilitación alguna para ejercer cualquier cargo de elección popular, pudiendo postularse como alcalde, diputado o senador.
El dato:
No solo Vladimir Cerrón ha sido borrado del mapa del Programa de Recompensas del Mininter. El ex ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, también abandonó la lista de los más buscados. Él se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años.
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Política
IRTP es copado por Fuerza Popular, Ninoska Chandía prepararía terreno para campaña electoral
La presidenta del IRTP ratificó a exjefe de prensa de Fuerza Popular, Christian Peralta Navarrete. Primero aceptó su renuncia y al día siguiente lo designó como su asesor II. Anteriormente él trabajó en el Parlamento gracias a los fujimoristas y habría formado un grupo de ‘cuentas falsas’ contra opositores. Con el nuevo ROF ratificaron a más ‘allegados’ en sus cargos de confianza.
Las movidas y reacomodos dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP,) continúan bajo la jefatura de su presidenta ejecutiva Ninoska Chandía Roque. Como se recuerda, el mes pasado, exactamente el 10 de marzo, mediante Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE designó bajo el régimen CAS como hombre de su confianza a Christian Clemente Peralta Navarrete en el cargo de Asesor de la Jefatura Institucional de la entidad estatal.
Han transcurrido apenas 42 días desde su designación, y mediante Resolución de Jefatura n.° 000022-2025-IRTP-JE, del martes 22 de abril, la señora Chandía Roque resuelve aceptar la renuncia de Peralta Navarrete; y al día siguiente, mediante la Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril, decide contratar nuevamente a Peralta Navarrete como servidor de confianza, esta vez como Asesor II (bajo el régimen laboral D.L 1057).
Con nuevo ROF en IRTP hay todo un ‘mejunje’ interno
Resulta que desde la jefatura del IRTP liderada por Ninoska Chandía y desde la Oficina de Gerencia General comandada por José Ernesto Vidal Fernández, dieron el visto bueno a un ramillete de personajes que ya pertenecían a la casa televisora y radial, tras haber elaborado informes y memorandos dirigidos a la Oficina de Gestión de Talento Humano “confirmando” que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), “los elegidos” cumplen con la totalidad de requisitos exigidos para los cargos asignados.
Es decir, las “ratificaciones” se basaron en el nuevo Reglamento de Organización Y Funciones del IRTP (ROF), que la señora Ninoska aprobó el 06 de febrero del 2025, el cual consta de 02 títulos y 81 artículos, dizque porque era necesario, en honor a la “modernización de la gestión del Estado”.
Servidores fueron ‘ratificados’ en sus cargos de confianza
Pero no solo el extrabajador de la bancada de Fuerza Popular y del exministro Demartini, Christian Clemente Peralta Navarrete, acaba de ser ratificado y/o reasignado en el IRTP, como asesor II de la Jefatura de la entidad.
La señora Ninoska Chandía también designó a Graciela Elizabeth Ramírez Alberca, en el cargo de Asesora II, quien apenas hace 4 meses Julio Demartini la designó como asesora en el Midis; a Víctor Raúl Ahumada Bastidas, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General; a Nelly Flor Ramos García, también como Asesora I de la Gerencia General; a Rogger Mauro Gallardo Kruger, como Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; a Carlos Alfredo Castro Gao, como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a Jorge Ricardo Tisnado Ipanaque, como Jefe de la Unidad de Logística; y a Jean Carlos Chávez García, como Jefe de la Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Ex jefe de prensa de Fuerza Popular continúa como asesor de IRTP
El Asesor II de la jefatura del IRTP, Christian Clemente Peralta Navarrete tiene en su historial una serie de nombramientos vinculados al partido de Keiko Fujimori y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. No solo llegó al Congreso que tuvo mayoría fujimorista (73 curules) en 2016, sino que lo hizo como parte de la jefatura de comunicaciones del Legislativo, por lo que tuvo a su cargo el canal de televisión del Congreso.
Ese mismo año, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un reportaje en el que se indicaba que Peralta Navarrete había creado al interior del Parlamento un “escuadrón fujitroll” encargado del “asesinato simbólico de los adversarios”, una serie de publicaciones en redes sociales para confrontar a los enemigos u opositores a Fuerza Popular.
En junio del 2018, luego de un reportaje en Cuarto Poder que hizo eco de la denuncia hecha por Hildebrandt en sus 13, Peralta Navarrete negó públicamente que estuviese a cargo de una red de ‘fujitrolls’.
“Efectivamente, se ha fortalecido el área de Redes Sociales. El Congreso, al igual que los medios, se está volviendo multiplataforma (…) antes teníamos a dos personas (…) Toda la vida dicen que yo particularmente dirijo una red de ‘fujitrolls’ y eso es falso”, afirmó luego de ser cuestionado por la contratación de 12 personas más en esta área.
Un artículo difundido por Ojo Público afirma que entre noviembre del año 2023 y febrero del 2024, Christian Peralta Navarrete también fue asesor del cuestionado exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, que dejó el cargo a finales de enero de este año, en medio del escándalo de corrupción por el Caso ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. En febrero del 2024, Demartini nombró a Christian Peralta Navarrete en la Oficina de Comunicación e Imagen del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, aunque este nombramiento se mantuvo solo por unos días, entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de ese año. Al menos hasta junio del año 2024, se reportó que Peralta Navarrete era el subgerente de comunicaciones de EsSalud; y actualmente, continúa formando parte del circulo de confianza de la allegada a Nicanor Boluarte, la presidenta ejecutiva del IRTP, Ninoska Chandía Roque.
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