La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, expresó su deseo de que una mujer sea elegida como la próxima jefa de Estado del Perú en las elecciones generales de 2026. Dichas aseveraciones las dio durante una actividad oficial en Huarochirí, y resaltó la capacidad de las mujeres para asumir el liderazgo del país, destacando su compromiso con el trabajo sin buscar beneficios personales.

«Aquel 28 de Julio cuando entregue la banda presidencial al nuevo presidente o nueva presidenta. Ojalá y sea una mujer, porque las mujeres le ‘ponemos punche’ para hacer las cosas y no estamos sacando la calculadora para ver en qué nos beneficiamos», refirió la mandataria.

Dina Boluarte defendió su gestión y aseguró que ha hecho más que otros presidentes

En otro momento, la cuestionada presidenta, que también está investigada por la Fiscalía de la Nación, defendió su gestión y afirmó que su administración ha logrado más en un corto período de tiempo que otros presidentes durante sus mandatos completos. Por lo que resaltó los avances obtenidos en diversas áreas del país, y añadió que a pesar de las críticas y las voces que desmerecen sus logros, ella junto a su equipo de trabajo ha logrado consolidar importantes avances para la tranquilidad del país.

“Aunque algunas voces quieran decir o desconocer y desmerecer el esfuerzo que la presidenta Boluarte, los ministros, gobernadores y alcaldes hemos realizado, hemos hecho mucho más que otros presidentes durante sus 5 años de Gobierno, Uno de nuestros legados que vamos a dejar para la tranquilidad de nuestras familias peruanas es que nuestra economía quede consolidada», expresó la aún jefa de Estado.

Imagínese construir una hermosa casa de tres pisos, con áreas verdes, piscina, área para picnic, y que no cuente con una puerta de ingreso. Así se encuentra la vía de acceso al nuevo aeropuerto Jorge Chávez, presentando un puente que no conduce a nada y una pista que en su hora punta puede convertirse en una trampa para los transportistas debido a la peligrosidad de la zona.

Y es que los encargados de construir la nueva infraestructura del aeropuerto solo se encargaron de la pista de aterrizaje, edificios administrativos, zonas de embarque y demás, pero no se encontraban obligados, dentro del contrato, de responder por las vías de ingreso y salida; eso era y es tarea del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De acuerdo a un fulminante artículo publicado en el medio internacional Bloomberg, se detectaron gravísimos problemas de gestión y planificación en la construcción del principal aeropuerto del Perú. El proyecto, que demandó una inversión de 2.000 millones de dólares, ha sido señalado por presentar retrasos, sobrecostos y dificultades administrativas que han afectado su desarrollo.

Según el portal, la obra que debía modernizar la infraestructura aeroportuaria de la capital peruana ha experimentado múltiples contratiempos que han generado preocupación en distintos sectores.

Así, en el informe titulado “Nice Airport, If you can get to it: No subway, No highway, No bridge (Gran aeropuerto, si puedes llegar hasta él: Sin subterráneo, sin carreteras, sin puentes) detalla que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez ha sufrido postergaciones en su cronograma original, lo que ha afectado las expectativas sobre su operatividad.

Asimismo, se cuestiona el incremento del presupuesto inicial, el cual deja entrever que no existe una eficiencia en el uso de los recursos, historia recurrente en incontables concesiones que empiezan con un costo inicial y luego aparecen inflados algunos precios, los cuales con el tiempo dan pie a presuntos actos de corrupción.

De otro lado, el medio internacional también resaltó problemas administrativos que han dificultado la ejecución del proyecto, mencionándose la poca coordinación entre el Ejecutivo y la empresa encargada de la obra.

De acuerdo con el análisis del medio, el desarrollo del nuevo aeropuerto tenía como objetivo modernizar la conectividad aérea de Lima y fortalecer su posición como un hub en la región. Sin embargo, los contratiempos han puesto en duda la capacidad de gestión del proyecto, generando cuestionamientos sobre su administración.

Finalmente, también se pone en discusión el severo contraste en una obra destinada a ser un ejemplo a nivel Sudamericano y sus alrededores, donde la mayoría de personas corresponde al sector D y E en los índices de pobreza, ahondándose en la poca participación del Estado en esos estratos.

El excongresista fujimorista Óscar Medelius Rodríguez, quien fue asesinado por dos sicarios el último lunes 10 de febrero, de 20 balazos en el distrito de Carabayllo, logró obtener jugosos contratos con la Municipalidad del Callao, que le permitieron ganar cerca de S/ 6 millones.

La empresa ‘Organización Mercantil de Recursos y Operaciones S. A. C’. (OMERO S. A. C.), donde Medelius Rodríguez figura como gerente general desde agosto de 2022, ganó millonarios contratos con el municipio chalaco por la adquisición de ‘mezclas asfálticas en caliente’ que se usaron previo a la repavimentación de hasta 6 avenidas y 28 urbanizaciones.

Fueron tres los contratos que ganó la constructora OMERO S. A. C. El primero por un monto de S/ 2’660,536, el segundo por S/ 2’443,583 y el tercer contrato por S/ 696,465; es decir, en total Medelius Rodríguez se embolsilló S/ 5’800,585, casi 6 millones de soles.

Cabe resaltar que Lourdes Fernández, quien también resultó herida, pero sobrevivió al ataque al excongresista, figura como subgerente de OMERO S. A. C., la empresa de Medelius Rodríguez, que se dedica a la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, actividades de apoyo para explotación de minas y canteras, y construcción de edificios.

Empresa de Óscar Medelius en principio fue descalificada de la licitación

Según información, en la etapa de licitación en 2023, la empresa OMERO S. A. C. no acreditó la experiencia suficiente en el rubro, según un documento de la Municipalidad del Callao. Por ello fue descalificada del proceso. Sin embargo, posteriormente estos datos fueron corregidos mediante la oferta técnica económica presentada por Medelius Rodríguez. En este documento se especifica que cuenta con experiencia en la especialidad, al haber contratado con D&H Contratistas Generales S. A. C. -propiedad de su amigo, el también acribillado Juan Miguel Huidobro García- y Corporación La Universal S. A. C., cuya gerente general es también Lourdes Fernández.

Pese a que la capacidad contractual de la empresa OMERO S. A. C. ascendía a solo S/ 500,000, esta recibió ganancias de más de S/ 5 millones en tres contratos con la Municipalidad del Callao.

¿Dónde quedó la integridad de la que tanto hablaba? El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, hace muchos años apoyó la iniciativa de entregarle la concesión a la empresa brasileña OAS por 30 años. Es decir, cuando se desenvolvía en el cargo de regidor metropolitano para satisfacer la decisión de su líder Luis Castañeda Lossio, prácticamente entregó el cobro de peajes de ‘Lima Amarilla’ a la corrupta constructora, calificándola como un «acto de fe». 

Exitosa dio a conocer mediante documentos ediles, que el actual burgomaestre metropolitano, participó como regidor durante la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 25 de junio de 2009 en donde mostró su apoyo, votando a favor mediante su firma y hasta expresó que OAS estaba haciendo una «muestra de fe» en el Perú con su inversión en el ominoso proyecto Línea Amarilla.

Rafael López Aliaga se mostró incondicional con la empresa OAS

El registro es claro y detalla que, junto con otros regidores de entonces, entre ellos Marisa Glave, la actual congresista Norma Yarrow, y otros personajes políticos, se dio inicio a la mencionada sesión. Y se hizo la presentación de los beneficios del proyecto de peaje que declaraba “de interés” la propuesta privada presentada por la brasileña OAS.

En aquel momento, en su intervención, el «Regidor López Aliaga Cazorla», según el escrito, detalla que consideraba el proyecto como bueno, habiéndose dado poco tiempo para verlo en detalle y que no era una cosa, ni veloz ni sorpresiva.

En otro punto, continúa lanzando alabanzas a OAS y se señala: «Estamos hablando de casi diecisiete años de retorno de capital. Es una muestra de fe en nuestro país, muy grande. Es el único proyecto que ha visto en su vida, que no piden garantía de nada, no piden garantía del Banco Mundial, ni del BID, ni de nadie, o sea, ellos dicen: Apuesto contra un peaje, contra un túnel que voy a hacer debajo del río Rímac, que descongestiona la ciudad».

«Porque he visto el tráfico en los próximos treinta años, un escenario de treinta años de congestionamiento», es el argumento en resumen que refirió López Aliaga durante la Sesión de Concejo. Asimismo, en el mismo documento, folios más abajo, se detalla la votación que tuvo lugar durante la sesión.

«No habiendo intervenciones, lo somete a votación, siendo APROBADO POR MAYORÍA, con las abstenciones de los señores regidores Glave Remy y Oshiro Oshiro». Es dentro de esa mayoría en que se encuentra el voto a favor de la Concesión a OAS, del actual alcalde de Lima Metropolitana Rafael López Aliaga.

De esa manera, y luego de más de tres quinquenios se corrobora que el burgomaestre metropolitano López Aliaga, junto a su líder Luis Castañeda Lossio, dieron un apoyo incondicional a la corrupta empresa brasileña OAS, a tal punto de haberle otorgado una concesión para el cobro de peajes de Línea Amarilla por 30 años, que implicaban US$ 571 millones.

Este miércoles en una entrevista para Exitosa, el coronel de la PNP en retiro, Harvey Colchado, atribuyó la decisión de su pase al retiro, debido a las investigaciones contra la corrupción que habría realizado en altas esferas políticas.

Durante el diálogo, el exjefe de la Diviac aseveró que ha sido el «poder corrupto» el que lo ha llevado a no formar parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

«He investigado este sistema corrupto durante diferentes gobiernos a lo largo de mi carrera policial. Ese poder corrupto me ha sacado afuera de mi institución», declaró Colchado.

Colchado habló sobre la investigación contra Dina Boluarte y su hermano Nicanor

El coronel en retiro y exjefe de la Diviac relató que la investigación contra la presidenta Dina Boluarte inició el 7 de noviembre del 2023, luego de que una denuncia periodística revelara que el hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte habría interferido en el nombramiento de subprefectos y prefectos. Tras el reportaje, el equipo de Colchado asumió el caso y contó que «desde el primer día» desde el Gobierno iniciaron las represalias contra su equipo. Una muestra de ello fue la salida del exministro del Interior Vicente Romero Fernández para luego sacar al comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada. Colchado sostiene que Angulo habría confirmado que lo presionaron para que se dé su pase al retiro; sin embargo, no podía hacerlo porque no se cumplían los requisitos.

«En enero fue destituido el comandante Angulo y entró Zanabria. Ahí empezaron los ataques para poder retirarme de la Diviac. Lo lograron a través de una publicación que salió en las redes sociales de una torta», concluyó Colchado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) liderada por la congresista de Alianza para el Progreso (APP) María Acuña Peralta, quizás debería llamarse “Comisión del Blindaje”, pues, no solo acaban de blindar a la parlamentaria ‘mochasueldo’ Rosio Torres (APP) al archivar su denuncia constitucional. Y esta vez, archivaron una denuncia constitucional contra el exencargado de Palacio de Gobierno, Francisco Sagasti, al considerar que los hechos señalados en dicha imputación contra el político morado, ya forman parte de otras denuncias en etapa final de acusación. 

Francisco Sagasti fue denunciado por favorecer la contratación de Bruno Pacheco

En la sesión parlamentaria se hizo referencia al principio que impide procesar dos veces a una persona por los mismos hechos, salvo que se presenten nuevas pruebas en un nuevo periodo legislativo anual. La denuncia contra Sagasti se debe a la designación del secretario general del Despacho Presidencial, Bruno Pacheco, durante el gobierno de Pedro Castillo. Según la acusación, el político morado se reunió con dicho funcionario para influir en la modificación de los requisitos para el cargo que inmediatamente iba a asumir. 

Como se recuerda, Francisco Sagasti bajó la valla para que Bruno Pacheco pueda convertirse en Secretario General de Palacio. De exigir 10 años de experiencia en cargos públicos, un segundo idioma y título con grado de maestría; la encargatura presidencial del partido Morado cambió los requisitos y dejó la valla en el suelo, pudiéndose designar a un Secretario General sin tener estudios ni experiencia en cargos públicos.

Además, el informe de calificación elaborado por la secretaría técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señala que Sagasti también fue acusado de ordenar ilegalmente y de manera inconstitucional, el pase al retiro de 18 tenientes generales, tras la designación de César Cervantes Cárdenas como comandante general de la Policía Nacional del Perú, pese a que, de acuerdo al escalafón policial, no le correspondía. 

Sin embargo, la SAC liderada por María Acuña Peralta determinó que este caso ya está incluido en una denuncia previa que se encuentra en su etapa final de evaluación por ello fue archivado.

Pese a ello, en una entrevista para un portal que recibió dinero de USAID, Francisco Sagasti criticó el trabajo de los actuales congresistas y aseguró que a ellos solo les interesa «proteger a sus cómplices». Del mismo modo, sostuvo que en el Congreso y el Ejecutivo hay autoridades que van en contra del sentido común o de las leyes.

«Les importa (a los congresistas) salvar el pellejo, les importa proteger a sus cómplices (…) lo que no les importa un cuerno es el país y ese es el tema (…) Desgraciadamente, hemos elegido en el Congreso y el Ejecutivo autoridades que ya no solo van en contra del sentido común o de las leyes, sino van en contra del mínimo necesario para poder convivir en paz», expresó el exencargado de Palacio.

Le encantan las grabaciones. Fiel a su estilo, el ex asesor del fallecido dictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, bordeando casi los 80 años, se ha animado a crearse una cuenta en la conocida plataforma Tik Tok para deleite de sus seguidores que hasta el momento suman algo de 20 mil. Y es que el recordado ‘Doc’ aún cuenta con una legión de ciudadanos que se muestran a favor de sus radicales métodos para acabar con los terroristas y organizaciones criminales.

Cabe recordar que actualmente el ‘Tío Vlady’ se encuentra cumpliendo una condena de 25 años de prisión por los crímenes de Barrios Altos, La Cantuta, entre otros.

Hace unos días se dio cuenta de su afiliación al partido político Por amor al Perú, que aún no cuenta con inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Willy Quintanilla, personero legal de la agrupación, sin embargo, ha confirmado la inscripción del exasesor presidencial e incluso ha expresado su intención de postularlo nada menos que a la Presidencia de la República en los comicios del próximo año.

Su reclusión en la Base Naval del Callao, donde cumple varias condenas por los crímenes de Barrios Altos —donde fueron asesinadas 15 personas, entre ellas un niño—, la masacre de la Cantuta —donde fueron secuestrados y asesinados un docente universitario y 9 estudiantes—, corrupción, lavado de activos, entre otros, no le ha impedido a Montesinos activar una cuenta en la red social Tik Tok bajo el nombre de vladimiro.montesi3 , donde ya aparecen numerosos y variados videos sobre distintos temas, desde el rescate de rehenes de la residencia del embajador de Japón en Lima en 1997 hasta sus esporádicas apariciones en las audiencias de los diferentes procesos que se le siguen en el Poder Judicial.

Su abogada, Estela Valdivia, confirmó para Perú21 que efectivamente esa cuenta de Tik Tok es oficial, sin embargo, no quiso brindar más detalles si su patrocinado tiene pensado incursionar en la política.

A propósito de ello, es importante recalcar que la excarcelación de Vladimiro Montesinos se encuentra prevista para junio de 2026, es decir, después de los comicios generales de abril. Además, actualmente tiene otros juicios en curso como el referido a los llamados ‘sobre bomba’ en el que se le imputa haber ordenado el envío de sobres con explosivos a personas incómodas para el régimen fujimorista.

No cabe duda que con sus reiteradas respuestas el congresista Edwin Martínez Talavera pretende burlarse una vez más de sus electores y hace solo unas horas se refirió a la contratación y labores que desempeñó la extrabajadora de su despacho, Isabel Cajo Salvador, la joven que está vinculada a una presunta ‘red de proxenetismo’ y ‘prostitución’ en el Congreso que habría sido liderada por el investigado y hombre ligado a Alianza para el Progreso, Jorge Torres Saravia.

El legislador Martínez Talavera, quien hace un mes generó polémica al afirmar que la joven mujer presuntamente violada por su colega José Jerí “debió haberse controlado”, esta vez argumentó que Isabel Cajo pese a que no tenía grandes méritos profesionales, contaba con actitud y vocación.

Estas afirmaciones las dio en una entrevista con Exitosa, y añadió que, de no haber presentado su renuncia, él no la habría sacado de sus labores, pues cumplía con su trabajo. Asimismo, continuó enfatizando sus motivos en que, existen casos de grandes profesionales que no cuentan con eso que él llamó «actitud».

«Posiblemente, pero hay muchos grandes profesionales que no son nada más que tecnócratas de laboratorio. (¿Qué la diferenciaba, que tener un Only Fans? Le preguntó la conductora) Actitud. Uno para trabajar en temas políticos tiene que tener actitud, decisión y vocación de servicio», respondió Martínez Talavera.

Edwin Martínez detalló que la joven extraía información necesaria para hacer el sustento de los proyectos de ley, complementándolo con un trasfondo social y otros puntos necesarios para que el destino de los proyectos no sea el archivo.

«Un proyecto de ley tiene sí o sí, trasfondo político. (…) Ese es un trabajo que merece tener la intención de hacer la cosa bien y extraer toda la documentación necesaria para poder sustentar el proyecto de ley. Si no tienes un buen sustento técnico, con trasfondo social, definitivamente los proyectos de ley se quedan archivados», remarcó.

«Si ella no hubiera renunciado, yo no la hubiera botado tampoco”

El legislador también afirmó que la joven Cajo Salvador presentó su renuncia tiempo antes de su salida, pero debido a que se encontraba trabajando en un proyecto de ley, él le pidió que terminara con dicha labor antes de dejar el despacho.

«Si ella no hubiera renunciado al cargo, tenga la plena seguridad de que yo no la hubiera botado tampoco, porque no encuentro falta alguna de una trabajadora que, mientras ha estado en mi despacho ha cumplido con su trabajo», concluyó el parlamentario.