Política
American Horror History

El 4 de Julio de 1776 los padres de la patria norteamericana redactaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, bajo el paradigma de la igualdad; pero esos hombres iguales no eran todos los hombres que se habían constituido en suelo norteamericano y la Constitución diseñada posteriormente bajo el abstracto preámbulo: “Nosotros el pueblo” no incluía a todos los estadounidenses. La esclavitud, que venía desde los primeros asentamientos de colonos, se aparejó con el nacimiento oficial del país. Se puede decir, sin embargo, que estos padres de la patria no veían la esclavitud como una próspera y honorable institución sino como una especie de perversidad funcional con la cual no estaban necesariamente conformes.
De hecho ellos mismos a nivel personal y político tuvieron actitudes para controlar y (en un futuro) disminuir dicha institución. Que su abolición oficial haya comenzado luego del separatismo de los estados sureños que se ampararon en la potestad estatal y llevaron al país a una desgastante guerra civil, de profundas resonancias actuales, es reflejo de los profundos desencuentros y contrariedades de una sociedad que en su épica histórica intentó mostrarse como el lugar de los sueños y la libertad. Pero ese intento de igualdad que comenzó luego de la guerra de secesión no tuvo el camino libre; muchos estados buscaron los modos de perpetuar la opresión amparados en su potestad de decidir las leyes, así, no solamente los afroamericanos vieron acotadas sus reivindicaciones sino también las numerosas etnias indígenas, muchas de ellas desaparecidas en los albores de las guerras de independencia. Sin ir más lejos y en pleno siglo XX la construcción del monumento a la épica norteamericana en el monte Rushmore, lugar considerado sagrado por la etnia sioux, expresa muy bien las fracturas del estabilishment norteamericano con sus coterráneos.
Esta herencia dolorosa y controversial lejos de disminuir se ha ido actualizando callada o de modo grandilocuente en el imaginario norteamericano, opiniones y argumentos en dichos sentidos siguen generando recuerdos y heridas que polarizan a sus ciudadanos. Por eso el discurso de Donald Trump – en el sentido que Norteamérica se encuentra en una lucha contra unos intereses que buscan destruir la historia y el modo de vida americano que comenzó desde la llegada de Colón en 1492 – no solamente demuestra una inexactitud histórica sino que remueve los mismos sentimientos que el país del norte no puede superar.
Inexactitud, pues la llegada de Colón a América en la búsqueda de una ruta comercial hacia las Indias no generó per se ningún modo de vida americano. Descontando que Colón llegó con el aval de la monarquía española, luego de haber ofrecido su empresa a la corona británica, quienes rechazaron sostener dicho proyecto por el costo económico que representaba para un imperio envuelto en constantes gastos para mantener su poderío bélico frente a las demás naciones hegemónicas de la época.
Así pues y como es sabido la corona española tomo posesión de los dominios americanos, por lo que la llegada de los colonos británicos al norte del continente – espacio geográfico que la corona española no había tenido interés en explotar – se produjo mucho después, luego de la ocupación de este lugar por franceses, holandeses y miembros de otras naciones. Hablar así de un modo de vida americano desde 1492 es un despropósito. Fueron, además, los ingentes recursos que la tierra americana les proporcionaba a los colonos británicos más el tráfico esclavista y la política colonial lo que proporcionó las bases de su prosperidad económica, y esto a su vez les dotó de recursos para erigirse como un esforzado rival contra el imperio británico. Pero ni aún en vísperas de la consolidación de su independencia se podía hablar cabalmente de un modo de vida americano, de hecho los estados eran políticos en su interior, pero muy poco unidos; los protestantes, puritanos, agricultores, esclavistas y traficantes de los diversos estados de la futura nación tenían menos cosas en común aparte del sueño de independencia; fue recién ante las duras coacciones británicas que el ansia de libertad se erigió como parangón y nacieron los sueños federados. La guerra de independencia no fue pues por defender un modo de vida americano estable y cabal, sino por el derecho de consolidar formalmente un proyecto de vida americano que comenzaba a dar sus primeros pasos.
Por eso las palabras de Trump en el contexto de la pandemia tienen analogías escabrosas con el pasado. Si en el interín de las guerras de independencia Washington ordenó a sus tropas inocularse el virus de la viruela -que había comenzado a diezmar a los habitantes del país– para controlar sus efectos y decidir los hombres que eran aptos para la guerra; y si Wilson en el contexto de la Primera Guerra Mundial no priorizó las implicancias de la gripe española por enfocarse en la participación norteamericana en el contexto bélico; Trump por el contrario enmarca las protestas recientes –que expresan fracturas antiquísimas– en el contexto de una guerra cultural. Así la mascarilla, lejos de ser una medida sanitaria, se ha convertido en un emblema político.
El coronavirus -como la viruela en el contexto de las guerras por la independencia y la gripe española en el contexto de la primera guerra mundial– se ha vuelto el telón de fondo de una guerra enmarcada por Trump: la guerra cultural. Que se libra no solamente en el espacio físico sino también en el virtual. Sin embargo, no ver el otro aspecto de las protestas sería tener sesgado el panorama; el justo reclamo de Black Lives Matter a raíz de la muerte de George Floyd ha degenerado en varios casos de vandalismo y destrucción de monumentos, no necesariamente de personalidades racistas o de confederados de la guerra civil, sino también de personalidades que en muchos casos fueron artífices de la derrota de los proyectos de confederación.
Un replanteamiento de los sucesos no puede hacerse pues tumbando cualquier tipo de símbolo del pasado, solamente por pertenecer al pasado, sin tener una claridad mínima sobre qué expresaban dichas manifestaciones. Aunado a eso la censura moral e ideológica en diversos medios norteamericanos, las diversas posturas en redes y las decisiones de varios empresarios basados en una corrección política han llevado a un grupo nutrido de intelectuales a publicar una carta en la revista Harper’s advirtiendo sobre la escalada de intolerancia. En resumen; han dicho que Trump representa un peligro para la democracia, pero ciertas actitudes progresistas a favor de la justicia social y la inclusión, desarticulan el debate, pues en lugar de generar espacios de discusión recurren a la censura, al boicot y al ostracismo de las opiniones discordantes rebajando así el ideal democrático por el que dicen luchar.
El punto de advertencia de los firmantes genera un breve cisma en la unidad del progresismo norteamericano, pero la discordancia desde el interior no se agota en ellos. En el lado republicano son muchas las personalidades que desde la entrada al gobierno de Trump le han puesto el alto a sus posturas políticas, desde la carta de un alto funcionario de la administración norteamericana, quejándose por el errático comportamiento del presidente, publicado el año pasado en The New York Times, hasta los diversos libros de funcionarios de las altas esferas que retratan a Trump como un energúmeno que genera inseguridades en su propia administración; pasando por el proyecto Lincoln, de republicanos que buscan deshacerse políticamente de su líder. Así pues incluso desde adentro se genera un clima polar en los proyectos de los diversos actores políticos.
Con miras a las elecciones de noviembre varios políticos demócratas y republicanos coinciden en que Trump no ha prestado atención a la llamada trama rusa, además de criticar su aislacionismo frente a los aliados tradicionales en el espectro geopolítico norteamericano y su acercamiento a líderes de tendencia dictatorial. Joe Biden su rival demócrata en las elecciones de noviembre ha capitalizado estas ideas y comienza a ascender en las lides electorales. Mientras tanto Trump sigue apelando a las palabras que su ya catequizado auditorio conoce: guerra, democracia, historia, libertad. Como decía Gotfried Benn: “Palabras, palabras … sustantivos, solamente tienen que abrir las alas y milenios caen de su vuelo”.
Política
Congresista Bellido pide ‘cuestión previa’ contra proyecto de ley que favorece a grandes corporaciones turísticas
El legislador Guido Bellido hoy en el pleno afirmó que con el nuevo dictamen: “No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, brindar beneficio presupuestario a las grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga”, y planteó una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía.

Gremios y Empresarios de turismo a través de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR), enviaron un oficio a 23 congresistas de las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, que representan a diversas regiones del país, exigiendo que presenten ‘cuestión previa’ en contra del Proyecto de Ley 9796, acumulado a otros, Nueva Ley General de Turismo, para que regrese a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, con el fin de desacumular el Proyecto de Ley 10209, y pueda ser dictaminado de forma independiente.
Asimismo, denuncian que en el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la nueva ley general de turismo se ha eliminado la obligación legal de que Mincetur deba aprobar programas de turismo social que beneficien a grupos excluidos del turismo, considerando que dicho detalle sí se encontraba en el texto primigenio de la vigente ley general del turismo.

Además, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas denuncian que CANATUR y algunos congresistas que serían sus aliados, se confabularon los días 12 y 13 de diciembre del 2024, para excluir a las agencias de viaje y turismo y a las empresas que presten el servicio turístico de transporte turístico, para que sean excluidas del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 7208, cuyo titulo es: “Ley que modifica la Ley 31556, Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos”.
Finalmente, el presidente de APETUR, Rolando Concha López solicitó una audiencia con los integrantes de las bancadas a las que se le cursó el oficio para poder sustentar la necesidad de que presenten un Proyecto de Ley que modifique a la Ley 32219, que es la que pretende modificar a la Ley 31556, que promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas turísticas y de restaurantes y alojamientos.
Por su parte, en el Pleno de hoy en el Congreso, el legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, aprobado solo con 5 votos favor; es decir, un predictamen que fue exonerado de la Comisión de Descentralización, cuando el tema de turismo tiene que ver con todo el país, y también fue exonerada de la Comisión de Economía, y han desaparecido el turismo social.
“Aquí claramente se muestra que el propósito es beneficiar a la corporación que maneja el turismo en el país, en detrimento de los intereses del propio país. No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, con beneficio presupuestario a esas grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga, y planteo una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía”, concluyó Bellido Ugarte.
El legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga. @GuidoBellidoU pic.twitter.com/79HWyFGc4A
— Revista Lima Gris (@Limagris) May 8, 2025
Política
Congreso plantea exigir antecedentes penales y policiales para comprar motos
Proyecto de ley impulsado por legislador exfujimorista y actual apepista Lizarzaburu señala que su iniciativa fortalece la seguridad ciudadana y por la creciente ola de crímenes perpetrados utilizando las motos.

El congresista, exfujimorista y actualmente de Alianza Para el Progreso (APP), Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, ha presentado el Proyecto de Ley n.° 11037/2024-CR denominado: “Ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para la adquisición y responsabilidad de las transacciones de los vehículos menores motorizados”, que en resumidas cuentas plantea exigir antecedentes penales, policiales y otros requisitos de rigor para comprar motocicletas en el Perú. En el documento propuesto se indica que el objetivo ayudar a prevenir delitos.

La iniciativa propone que se incluyan los artículos 4-B y 4-C en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el nuevo texto sería de la siguiente manera:
Artículo 4-B. De la adquisición de los vehículos menores motorizados
Para la adquisición de los vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, serán indispensables los siguientes requisitos:
• Licencia de conducir.
• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) legalizado.
• Antecedentes Penales.
• Antecedentes Policiales
• Para el caso de extranjeros, además, condición migratoria habilitante vigente.
Además, señala que los mismos requisitos serán necesarios para el alquiler de los citados vehículos motorizados, previo registro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, el artículo 4-C hace referencia a la «responsabilidad administrativa de las transacciones de vehículos menores motorizados».
«Las personas naturales y jurídicas que, al transferir, alquilar, prestar, donar o permutar vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos; no hayan cumplido con acreditar ante el MTC, lo previsto en el artículo 4-B de la presente Ley, alcanzan responsabilidad administrativa», señala.

MTC deberá crear registro de compra de motos
En las disposiciones complementarias finales se establecen que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la Ley en un plazo «no mayor de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor». Asimismo, la iniciativa establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cree el Registro de Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados.
En la exposición de motivos, el proyecto de ley argumenta que las razones se deben a que durante los últimos años se ha presenciado un «incremento exponencial de los delitos que se comenten utilizando como medio de transporte a los citados vehículos motorizados». En tanto, consideran que con las nuevas exigencias y requisitos se podrá ejercer un debido control sobre las motos lineales.
«Así, las autoridades tendrán las herramientas necesarias para una debida fiscalización y un monitoreo permanente con el propósito de la prevención de ilícitos», añaden en la iniciativa legal.
Política
Tu firma por tres gaseosas [VIDEO]
Movimiento por la unidad de los Pueblos, del ex ministro de Salud Hernando Cevallos, te da bebidas para afiliarte a su partido.

De acuerdo a su página oficial, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), aparece como un “movimiento político que lucha por la transformación del país hacia un Perú justo, soberano e igualitario”. A priori se leen palabras sensatas, sin embargo, investigando un poco más en sus redes sociales se observa que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Justamente, el ex ministro de Salud castillista Hernando Cevallos figura como su coordinador nacional, quien en una oportunidad fue a visitarlo al penal de Barbadillo. Asimismo, desde el MUP se han organizado varias marchas a favor de la liberación de Castillo Terrones, acusando directamente al Congreso de la República y a los “grandes medios” de ser los verdaderos golpistas.

Más allá de esos pronunciamientos o actividades, poco o nada se sabe sobre la ideología de ese movimiento político. Quiénes son sus caras más visibles, sus representantes. Empero, sus tantas declaraciones a distintos medios, nos dan a entender que buscan una Asamblea Constituyente, el mismo discurso de varios partidos de izquierda.
“Somos un movimiento democrático y popular, reconocemos el valor de la democracia representativa, pero reivindicamos la necesidad de la participación directa y permanente del pueblo en las gestiones y decisiones del Estado, una democracia participativa que se asienta sobre la base de la organización y el poder popular, levantando las banderas de cambios profundos que el país necesita como una asamblea popular constituyente”, fueron las declaraciones de Hernando Cevallos difundidas por la revista Caretas el 22 de octubre del 2023.

Ese mismo movimiento ahora pretende afiliar a los ciudadanos entregándoles, según ellos de manera voluntaria, tres botellas de gaseosa para que firmen un planillón.
Un reportaje de 24 horas evidenció a dos señoras, con planillones, lapiceros y botellas, sentadas muy cerca al hospital Daniel Alcides Carrión, “regalando” gaseosas, pero con la condición de que el ciudadano otorgue sus datos personales y estampe su firma en una planilla de inscripción.
“Estamos regalando tres gaseosas con tu DNI”, se escucha a una de las mujeres en el video difundido por el programa de Panamericana.
Lastimosamente muchos de los incautos ciudadanos aceptan tal ofrecimiento y firman las hojas sin siquiera revisar el contenido ni a qué partido político se están afiliando. “Somos una sociedad que normaliza el clientelismo político”, advierte el ex ministro de Justicia, José Tello.
Política
¿Cuánto debería ganar Dina Bolaurte?
Mandataria en la actualidad percibe 16 mil soles, pero si su remuneración estuviera sujeta a su desempeño y popularidad ¿ganaría lo mismo?

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugiere que nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría que ganar por lo menos 35 mil soles por su condición de jefa de Estado, y que hasta sus ministros ganan más que ella.
Sin embargo, si evaluáramos tal remuneración considerando su desempeño en el sillón de Pizarro muchos de los ciudadanos consideran que la ‘madre de todos los peruanos’ debería solamente recibir un poco más del sueldo mínimo, una tarjeta por navidad y año nuevo y su pavo congelado.
Y es que nuestra presidenta desde que asumiera en el 2022 no da muestra de mejoría alguna. Recluida detrás de sus ministros, Boluarte Zegarra desde un principio quiso apartarse de los medios de prensa, esquivándolos, rechazándolos, tildándolos de “enemigos de la patria”, de “confabuladores” que solo ponen noticias negativas en sus portadas y que nunca ponen sus logros.
La primera presidente mujer de la historia del Perú anuncia todas las semanas, luego de concluido el Consejo de Ministros, que su gobierno está comprometido por brindarle la paz y tranquilidad a todos los peruanos y que salgamos tranquilos a la calle porque no nos va a pasar absolutamente nada, ya que la Policía y las Fuerzas Armadas “prácticamente” han desarticulado a las bandas criminales. Unos minutos después, un ciudadano es acribillado en la puerta de su casa.
Su desolador 3 % de aprobación es la clara muestra de que algo no anda bien con su gestión. Algunas empresas en el Perú, y otras empresas en el mundo, les pagan a sus empleadores de acuerdo a su desempeño. Viendo que Boluarte va perdiendo la batalla contra la inseguridad, más preocupada en ocultar sus cirugías, salimos a la calle a formular la siguiente pregunta al ciudadano de a pie: ¿cuánto debería ganar Dina Boluarte?
Las respuestas fueron variopintas.
- “Esa señora al contrario debería de pagarnos todo lo que nos ha robado”.
- “Que su wayki le pague su sueldo”.
- “Que venda todas esas joyas, esos relojes que tiene escondido. Con eso que se pague todas las cirugías que quiera”.
- “Le daría un sol para su pasaje y se largue. Vieja corrupta”.
Conociendo la indignación de las personas, muchas respondiendo ‘al vuelo’ nuestra pregunta, solamente cabría recomendarle a nuestra mandataria que de una vez por todas dé la cara (o lo que quede de ella) y empiece a hacer su tarea como máxima autoridad para que así justifique los miles de soles que gana y que los peruanos, con nuestro sudor, se lo venimos pagando.
Política
PJ: Julio Demartini niega responsabilidad por caso ‘Qali Warma’
El extitular del Midis, quien continúa trabajando como asesor para el Gobierno, reapareció en audiencia judicial y aseguró que no hay evidencia de que haya favorecido a algún proveedor. Asimismo, refirió que el caso ‘Qali Warma’ se basa en especulaciones.

Durante la audiencia de apelación del Poder Judicial por el impedimento de salida del país, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se dedicó a defender su trayectoria profesional de más de 30 años en el servicio público y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno y que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones del cuestionado Programa Alimentario, “Qali Warma”.
Asimismo, enfatizó que el caso en su contra se basa en meras especulaciones mediáticas y en el desconocimiento de los procedimientos administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
“Estamos hoy aquí por hechos originados en noticias de medios de comunicación, en especulaciones. Pero la realidad es que he estado, estoy y estaré en el país, enfrentando cualquier investigación, porque mi interés principal es que esto se esclarezca”, declaró Demartini ante los jueces.
El exministro afirmó que las contrataciones bajo investigación se realizaron a través de un procedimiento especial y autónomo dentro del programa alimentario, el cual no se rige por las reglas tradicionales de compras del Estado, y aclaró que los ministros no intervienen, en esos procesos.
“Ese procedimiento especial de compras tiene autonomía técnica, y las decisiones las toma el equipo especializado del programa, no los ministros”, puntualizó.

Negó sus vínculos con investigado Martín Riepl
En otro momento, Juli Demartini, negó cualquier vínculo con los empresarios que vienen siendo investigados. “No conozco al señor Riepl, ni social, ni laboral, ni profesionalmente. No tengo relación alguna con su empresa, y ni siquiera tengo registro de haber sido entrevistado por él en calidad de periodista”, indicó y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno.
“No he dicho jamás ‘contraten a tal persona’. Eso es impensable. Las contrataciones se basan en informes técnicos, con respaldo de entidades como el Sename, la Digesa o el Ministerio de Agricultura”, concluyó.
Política
Gobierno extingue 14 programas de ministerios y pasarán a formar parte de la ANIN
Ministro de Economía José Salardi anunció la desactivación de Provias Descentralizado, Plan Copesco, Programa Nacional de Telecomunicaciones y otros 11 programas de diversos ministerios, para formar parte de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

El ministro de Economía y Finanzas, José Antonio Salardi Rodríguez, anunció la extinción de 14 programas de infraestructura que pasarán a ser parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la misma que se encuentra adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) Estos son:
Provías Descentralizado.
Provías Nacional.
Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.
Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.
Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.
Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.
Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC.
Programa Subsectorial de Irrigación – PSI.
Plan Copesco Nacional – PCN.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR.
Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB.
Programa Nuestras Ciudades – PNC.
Plan Nacional de Diversificación Productiva – PNDP.
El titular del MEF, indicó que actualmente existen múltiples entidades que ejecutan proyectos sin que haya una articulación territorial eficiente, lo que ha generado duplicidades administrativas y una fragmentación operativa.
“Hoy en día tenemos 14 programas que ejecutan inversiones a nivel nacional, tenemos 14 gerencias de administración, de logística, de recursos humanos. Es decir, se sobreponen muchas funciones. (…) Por eso, la medida que se va a tomar es la de extinguir estos programas y sus inversiones van a ser incorporadas en la cartera de proyectos del ANIN”, afirmó Salardi.
Según el MEF, ahorrarán miles de millones
Asimismo, destacó que, solo durante el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), el ahorro estimado debido a la eliminación de estos programas será de aproximadamente S/ 2.500 millones.

Funciones de la ANIN
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), es una entidad pública creada mediante la Ley N° 31841, promulgada el 21 de julio de 2023. Su misión principal es gestionar proyectos de infraestructura pública de gran envergadura. Esta entidad se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posee autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.
La ANIN tiene como objetivo principal ejecutar proyectos de infraestructura que superen los S/ 200 millones, así como aquellos entre S/ 40 y S/ 200 millones en situaciones de emergencia o con alto impacto territorial. Entre sus funciones se incluyen la formulación, ejecución y mantenimiento de estos proyectos, la gestión de contratos y convenios, y la supervisión de estudios técnicos y consultorías especializadas. Asimismo, está facultada para ejercer funciones de adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de obras, así como para coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
Los proyectos gestionados por la ANIN se rigen por modalidades de contratación que incluyen contratos de ingeniería de uso estándar internacional, convenios de administración de recursos con organismos internacionales y contratos de fideicomiso con COFIDE.
Política
Dina Boluarte ‘premia’ a Juan José Santiváñez y ahora lo coloca en la Sucamec
Censurado ex ministro fue designado como miembro del Consejo Directivo de la Sucamec.

Continuará metiendo ‘bombazos’ a los “enemigos de la patria”, pero esta vez desde la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) gracias a Dina Boluarte.
Esta mañana se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN donde se indica la designación del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fuera censurado por el Congreso por no ofrecer soluciones contra la delincuencia y la extorsión. En esa resolución se precisa que Santiváñez Antúnez ingresará al Consejo Directivo de la Sucamec.

De acuerdo al Decreto Legislativo 1172 en su octavo artículo, el “Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUCAMEC… responsable de establecer las políticas institucionales y la dirección de la SUCAMEC”. Curiosamente, en artículo siguiente en su literal “e” también se precisa que el miembro del Consejo Directivo deberá “gozar de reconocida solvencia moral”, algo que muchos ciudadanos le han cuestionado al ex ministro Santiváñez.
Como se recuerda, el pasado 17 de abril Santiváñez fue incorporado como jefe de la Oficina General de Monitorio Intergubernamental, un puesto calificado como de confianza. Es así que el censurado ex ministro podrá estar cerca de la jefa de Estado.
El dato:
La SUCAMEC, o Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Interior. Su función principal es controlar, regular, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con la seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil en el país.
Política
Respuesta a Carta Notarial del excanciller Óscar Maúrtua
Tras publicación de un artículo de opinión titulado “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, el diplomático Óscar Maurtua, nos ha enviado una carta notarial pidiendo rectificación y reedición de la nota. Aquí la respuesta de Lima Gris.

Nos llegó a la redacción una carta notarial, remitida por el señor Óscar Maúrtua de Romaña, en la cual manifiesta su enfado e indignación por el artículo de opinión de nuestro columnista Luis Felipe Alpaca, publicado el pasado 2 de mayo, titulado: “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, porque considera que se afecta su honor. Asimismo, solicita rectificación y reedición de la nota periodística en mención, y aduce que es inexacta e incompleta.
Seguidamente, Lima Gris ha procedido a realizar las precisiones correspondientes, conforme a la solicitud del remitente.

A continuación, el párrafo con las precisiones actualizadas:
“A estos casos se suma el de Óscar Maúrtua, excanciller del Perú, quien fue denunciado por apropiación indebida de fondos destinados a víctimas del terremoto de 2001. Sin embargo, en 2008, la Corte Superior de Justicia anuló el proceso y archivó el caso. Asimismo, el exlegislador Álvaro Gutiérrez lo denunció constitucionalmente por su presunta participación en maniobras para favorecer a la aerolínea chilena LAN, que no cumplía con sus obligaciones fiscales en el país. Durante el mandato del expresidente sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, Maúrtua participó en el avión parrandero; que era toda una fiesta con mucho alcohol en el avión presidencial con otros personajes del oficialismo con recursos del Estado. Actualmente, Maúrtua sigue siendo una figura prominente dentro del mundo de la diplomacia”.
“En septiembre del 2021 el Congreso citó al excanciller Maúrtua por la reunión secreta entre Castillo y Maduro. Sin embargo, Maúrtua aclaró que dicha reunión no fue secreta, sino espontánea y breve”.
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