Prácticamente la Policía Nacional del Perú (PN) se encuentra abandonada a su suerte, mientras los criminales han tomado las calles del Perú entero y hacen de las suyas extorsionando y asesinando ante el pavor de los ciudadanos. sin embargo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, ha salido a revelar una situación que llena de más preocupación a la opinión pública y que debería alertar a las autoridades para que inmediatamente tomen medidas urgentes.

En esa línea, Santivañez Antúnez declaró que la PNP se encuentra desabastecida de armas de fuego, lo que limitaría su efectividad en la lucha contra la delincuencia.

La Policía no tiene armas, municiones, ni chalecos antibalas

Durante conferencia de prensa, tras la sesión de Consejo de Ministros, el cuestionado titular del Mininter indicó que la Policía Nacional carece de pistolas, municiones, chalecos antibalas, entre otros elementos que resultarían fundamentales para combatir el crimen. En ese sentido, han decidido declarar en desabastecimiento a la PNP a fin de acortar los plazos de adquisiciones y así lograr cerrar la preocupante brecha existente. Santiváñez Antúnez informó que existe un déficit de 7 mil fusiles para luchar contra los criminales.

«Se está declarando en desabastecimiento a la Policía Nacional, esencialmente en 3 rubros: desabastecimiento de pistolas y municiones, chalecos antibalas y fusiles. Eso nos va a permitir procesos de adquisición mucho más rápido», manifestó Santiváñez.

Aseguró que están comprometidos en la lucha contra la criminalidad

Pese a las deficiencias, el ministro Santiváñez resaltó que se encuentra comprometido en la lucha contra la delincuencia. En esa línea, indicó que serán retirados los agentes PNP que estén involucrados en organizaciones criminales.

Ante las declaraciones del titular del Mininter, el exdirector general de la PNP, general (r) Eduardo Pérez Rocha, aseguró que la Policía Nacional está abandonada ante la falta de herramientas de trabajo. Según indicó, hace más de 40 años no se ha comprado «armamento de puño», municiones ni portatropas.

«La Policía Nacional está abandonada. El último presidente que compró patrulleros fue Ollanta Humala; después ya no se han comprado y se ha dado una ley para que sean las regiones (quienes compren el equipamiento)», declaró y tras el anuncio de Santiváñez acerca del retiro de agentes PNP coludidos con la delincuencia en Trujillo, el ministro del Interior informó que trasladará efectivos de Lima hasta la ‘Ciudad de la eterna primavera’.

Esta medida fue duramente criticada por el exdirector general de la PNP argumentando que los agentes PNP limeños tendrán complicaciones para infiltrarse en las organizaciones criminales de Trujillo. Y es que, para Pérez Rocha, el agente debe de ser del lugar.

«(Santiváñez dice) ‘voy a llevar a la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior para que supervisen el trabajo’. Esto no tiene nada de solución del problema», mencionó.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, declaró a la prensa que el Perú vive un periodo de estabilidad social, pese a la crisis de inseguridad que cada peruano experimenta día a día.

Ministro de Trabajo Maurate defiende al gobierno de Dina Boluarte

Asimismo, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aseguró que vivimos en un país democrático, e indicó que el Perú puede ser visto como una nación económicamente estable.

«Vivimos en un país democrático. Cada persona tiene su mirada y su opinión. Nosotros miramos un país que está estable económicamente y que estamos tratando de presentar a Perú de la mejor manera para que venga inversión. La presidenta ya está terminando sus actividades en Davos», sostuvo Maurate.

Asimismo, instó a diferenciar la estabilidad social con la criminalidad que vive el país y afirmó que este mal ocurre en todos los países del mundo.

«Hay que diferenciar la estabilidad social que vive el Perú de la criminalidad. De hecho, en todos los países del mundo hay criminalidad. Ocurre en todos los países del mundo (…) Hago una invocación para que todos los actores sociales cierren filas en torno a la Policía Nacional del Perú», culminó el titular del MTPE.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén Olaya, en declaraciones a la prensa, mencionó que el Ejecutivo está implementando varias medidas legislativas y operativas, con el fin de enfrentar la situación de inseguridad con más efectivos policiales y militares, así como la creación de un plan de control territorial para una respuesta más rápida a las emergencias. En esa línea, instó al Congreso de la República que tipifique el delito de terrorismo urbano, para de esa manera endurecer las penas contra los criminales.

Gobierno no cambiará a ministros Juan José Santivañez y Julio Demartini

Con respeto al tema de los titulares de portafolios que vienen siendo cuestionados, como es el caso del titular del Midis, Julio Demartini, el titular del MTC Raúl Pérez-Reyes, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez y el titular de Salud, César Vásquez, el jefe del Gabinete Ministerial descartó que vayan a ser cambiados. Es decir, el Ejecutivo no tiene previsto cambiar a ningún miembro del gabinete ministerial, aunque subrayo que permanentemente tanto su cargo, como el del resto de ministros, están a disposición de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

“Si usted me pregunta si hay cambios en el gabinete ministerial, no está previsto. En todo caso, reitero, solo la presidenta puede decidir sobre ello”, remarcó Adrianzén.

En otro momento, el jefe de la PCM también destaca varias dificultades que complican la eficacia de estas estrategias. Un tema recurrente es el déficit de recursos, como la falta de presupuesto suficiente para realizar cambios de personal y la necesidad de renovaciones dentro de las fuerzas policiales. “Este tipo de ‘cambio de colocación’ es vital para evitar que los agentes se familiaricen demasiado con las estructuras criminales locales y, de alguna manera, se conviertan en parte del problema”, sostuvo.

Por lo visto, desde hace algunos años en el Congreso no existe la austeridad y pese a su altísima desaprobación ellos continúan “gestionándose” exorbitantes pagos y bonos extraordinarios para sus bolsillos con un afán de darle la espalda a una población que debido a estas acciones no se ve representada porque no ve leyes promulgadas en beneficio de ellos.  

El Parlamento en este mes de enero del 2025 hizo depósitos de más de 20 mil soles a cada trabajador del Congreso, por concepto de bono, además de sus remuneraciones. Según un informe de Panamericana, los exorbitantes depósitos de este nuevo bono ascendieron a S/20, 786.

Es un convenio colectivo que otorga beneficios únicos en el Estado y ninguna otra entidad pública ni privada han otorgado incentivos con esos montos; casi el doble de lo que ha sido la inflación acumulada en los años 2023 y 2024. Recibir un bono por ‘cierre de pliego’ de S/20 mil, probablemente sea el mejor bono que se ha pactado en el Estado.

En medio del aumento de la canasta básica familiar y el incremento de los gastos de los servicios, como el agua la luz y los streaming, al Congreso se le antojó realizar un acuerdo para repartir bonos de S/20 mil, según consta en la Negociación Colectiva suscrita por el entonces presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, y el Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON).

“Acuerdo Trigésimo: Bonificación especial extraordinaria por Cierre de Pliego, a pagarse en el mes de enero de los años 2024 y 2025, de una (01) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, adicional a las que se ha venido percibiendo en cada oportunidad de pago, para el personal activo del congreso de la República. Para tal efecto, el trabajador debe contar con vinculo laboral vigente a la fecha de suscripción de la presente Convención Colectiva de Trabajo y al momento en que se efectué el abono respectivo”, se lee en el capitulo IV denominado Demandas de cierre de Pliego.

Pero esos no son todos lo beneficios que han recibido los trabajadores. Ellos también recibirán dos bonificaciones de S/200 cada una; y además se les aumentó el sueldo en 15 % a partir de la entrada en vigencia del presente convenio colectivo.

Vicepresidenta del Congreso Patricia Juárez defiende el millonario bono de los trabajadores

Por su parte, la vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos, señala al respecto: “A nosotros como Mesa Directiva, lo único que nos corresponde en este caso es el cumplimiento de los Convenios Colectivos, no negociados por nosotros, no pactados por nosotros. Nosotros lamentablemente tenemos que cumplir”.

Para el abogado laboralista Ricardo Herrera el convenio podría ser ilegal e incluso nulo debido a que lo estipulado en el documento es irregular porque aplica a todos los trabajadores, incluyendo a los de cargos de confianza, algo prohibido por ley.

Él señala que, tras la aprobación del bono de 20 mil soles, existiría un conflicto de interés y por tanto debería entrar a tallar tanto la Procuraduría Pública del Congreso de la República y el Ministerio de Economía.

“La Ley 31188 establece que los beneficios pactados, según convenio colectivo o emitidos en un laudo arbitral, no se aplican al personal de confianza, y tampoco al personal de dirección. Sin embargo, este convenio colectivo dice que se aplica a todos los trabajadores del Congreso sea cual sea su régimen laboral, con lo cual podría hallarse un conflicto de interés, en cuanto a que trabajadores de dirección y de confianza puedan beneficiarse de lo pactado en el convenio colectivo. Esto evidentemente va contra la ley y por ende es un aspecto ilegal. Y si no ha habido un informe de la oficina de presupuesto que diga de dónde va a sacar el dinero para poder pagar este bono, el convenio colectivo es nulo y así lo debería demandar la Procuraduría Pública del propio Congreso de la República o del Ministerio de Economía y Finanzas”, asevera Herrera.

Es decir, los congresistas, algunos de ellos señalados como ‘mochasueldos’, les habrían subido la remuneración a sus propios trabajadores de confianza y a sus asesores; sin embargo, desde el Sindicato de Trabajadores, sostienen que solo fueron beneficiados los miembros del sindicato.

Estos exorbitantes bonos y aumento de sueldos para los trabajadores del Congreso se dan en medio de una seria denuncia por una presunta ‘red de prostitución’ que habría funcionado en las instalaciones del Legislativo y en medio de una producción legislativa que podría se catalogada como la más deficiente de los últimos años, con leyes populistas e inconstitucionales para favorecer a la criminalidad y a políticos implicados en investigaciones fiscales. Sin embargo, desde la actual Mesa Directiva presidida por Alianza para el Progreso (APP), no se pretende anular dicho convenio, pese a la indignación ciudadana que de cerca ha constatado y viene constatando que la Representación Nacional no representa a nadie que sea parte de la sociedad, sino a ellos mismos.

Ya no es la señal de todos los peruanos, sino de unos cuantos en el poder. El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, confirmó la eliminación del Consejo Directivo del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), luego de la actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de dicha institución que comprende TV Perú, Canal IPe, y Radio Nacional.

Según el nuevo reglamento, la Alta Dirección del IRTP estará conformada únicamente por la jefatura y la gerencia general, eliminando así el Consejo Directivo que funcionaba como contrapeso en las decisiones. El primer ministro argumentó la decisión señalando que la normativa actual no exige la existencia de un Consejo Directivo en organismos públicos ejecutores como lo es el IRTP.

“En los organismos públicos ejecutores la norma no exige la existencia de un Consejo Directivo. Estos organismos públicos ejecutores se caracterizan por eso, por la necesidad de ejecutar inmediatamente las políticas. La existencia de estos Consejos Directivos podría ralentizar decisiones”, dijo a la prensa, sin embargo, otorgarle un poder absoluto a su presidenta ejecutiva, Ninoska Chandía Roque (ex jefa de prensa de Dina Boluarte), podría conllevar en que ella pueda decidir a quiénes contratar, qué noticias salgan al aire, el formato de las entrevistas, todas ellas acomodadas posiblemente para no incomodar al gobierno de Dina Boluarte.

#ContraCorriente | La todopoderosa Ninoska Chandía: concentración de poder en IRTP

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— Willax Televisión (@willaxtv) January 23, 2025

Pronunciamiento del Consejo de Prensa Peruana

Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó la decisión que el Ejecutivo tomó sobre el IRTP, que elimina sus principales instancias de gobierno corporativo: el Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva. “El nuevo reglamento las reemplaza con una “jefatura”, que no solo reduce el nivel de jerarquía anterior, sino que es representada por una sola persona, mientras que en el anterior esquema ejercían cinco profesionales», expresaron a través de un comunicado.

El CPP señaló que el esquema anterior ayudaba a proteger al IRTP de las presiones políticas y gubernamentales, ya que el Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva permitían un manejo más democrático y consensuado de la institución. Pero que con la eliminación las dos instancias harían al IRTP más susceptible a injerencias políticas.

«Ahora, entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Cultura y la nueva jefatura del canal, no existen contrapesos ni balances. Ello resulta muy preocupante, sobre todo considerando que esta organización ha dado a conocer presiones políticas y censura dentro del canal que, en teoría, es de todos los peruanos, no del gobierno», recalcó el CPP.

Por hacerse de la ‘vista gorda’. La legisladora del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque Ibarra, acaba de presentar una denuncia constitucional contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, por observar la ley que buscaba restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. La congresista Luque indicó que todos los denunciados habrían vulnerado principios fundamentales establecidos en nuestra Constitución Política.

La legisladora señaló que la observación de la norma se realizó de manera tardía, lo que constituye una “grave afrenta” en la lucha contra la inseguridad ciudadana, un problema que afecta a gran parte de la población peruana. Además, sostuvo que los funcionarios denunciados habrían incumplido su deber de trabajar al servicio de la Nación, tal como lo exige la Constitución.

Asimismo, advierte que la decisión del Ejecutivo podría haber favorecido a personas cercanas a la presidenta Boluarte. Entre los presuntos beneficiarios mencionados se encuentran su vocero, Fredy Hinojosa, y su hermano, Nicanor Boluarte. Aunque no se detallaron pruebas específicas en el informe, la congresista subrayó que esta situación genera serias dudas sobre la imparcialidad y transparencia en la actuación del Gobierno.

La parlamentaria cusqueña indicó que, según distintos medios de comunicación, el titular del Mininter habría elaborado varios informes para justificar las observaciones a la norma. Sin embargo, estos documentos habrían sido emitidos recién el 13 de enero de este año, lo que, según la legisladora, refuerza la percepción de que la decisión fue tomada sin un análisis adecuado y en perjuicio de la seguridad ciudadana.

Como se recuerda, la norma en cuestión buscaba restablecer la figura de la detención preliminar en casos de no flagrancia, una herramienta que, según sus defensores, es crucial para combatir delitos graves y garantizar la eficacia de las investigaciones policiales. La detención preliminar permite a las autoridades detener a sospechosos por un período limitado mientras se recopilan pruebas suficientes para formalizar una acusación.

Hasta el momento, la única persona en pronunciarse sobre el tema es el premier. En conferencia de prensa, Adrianzén expresó su confianza en que la denuncia constitucional no prosperará.

El dato:

La denuncia constitucional presentada por la parlamentaria Luque ahora deberá pasar por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña, de la bancada Alianza para el Progreso de César Acuña.

El excongresista de la República, Daniel Abugattás, falleció este miércoles 22 de enero a los 69 años, tras una prolongada lucha contra una enfermedad, según confirmaron fuentes cercanas a su familia. Su deceso marca el fin de una era en la política peruana, donde fue reconocido por su influencia y participación activa en los debates y decisiones trascendentales de la nación.

Abugattás fue una figura destacada en la política peruana, especialmente conocido por su liderazgo dentro del Partido Nacionalista Peruano. Durante su carrera política, ocupó el cargo de congresista por dos periodos consecutivos, y alcanzó la presidencia del Congreso de la República entre julio de 2011 y julio de 2012, período en el que desempeñó un papel crucial durante el mandato del expresidente Ollanta Humala.

Una de las gestas más simbólicas de su carrera ocurrió cuando Abugattás fue el encargado de tomar el juramento a Humala en su investidura como presidente de la República el 28 de julio de 2011, un acto que marcó el comienzo de un nuevo gobierno de cambio en el país. Además, su cercanía con Humala lo llevó a ser vocero del Partido Nacionalista durante la campaña presidencial de 2006-2011, en la que el futuro presidente logró una destacada victoria electoral, lo que le permitió acceder a una curul en el Congreso.

Desde 2005, Abugattás jugó un rol protagónico en la vida política del país al unirse a Ollanta Humala para fundar el Partido Nacionalista Peruano, un movimiento que buscaba promover una visión nacionalista y de cambio en la política del país. Con el tiempo, el partido se integró a Unión por el Perú, una coalición que permitió consolidar su influencia en el Congreso.

Uno de los momentos más destacados de su carrera fue su participación como presidente de la comisión encargada de investigar el escándalo de los ‘PetroAudios’ en 2008, un caso que reveló presuntos actos de corrupción en el segundo gobierno de Alan García relacionados con el sector petrolero. Abugattás fue clave en la conducción de esta investigación, que desató una serie de interrogantes sobre la transparencia en la gestión pública.

El legado de Daniel Abugattás perdura no solo por su rol como legislador y dirigente político, sino también por su capacidad de mantenerse firme en sus convicciones y contribuir de manera significativa a los debates más importantes del país en tiempos de convulsión política. Su fallecimiento es un recordatorio del importante papel que desempeñó en la historia reciente del Perú.

Una más del peor presidente que tuvo el Perú. El ex presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, reapareció durante la audiencia virtual del Poder Judicial (PJ) donde su defensa legal trató de evitar la instalación de un juicio oral que sigue por el presunto delito de rebelión.

Durante su intervención, el exmandatario recurrió nuevamente a la victimización, alegando que durante su mandato siempre ha sido víctima de discriminación por ser un hombre de campo. «Yo soy un hombre rural, con su sombrero, del campo, oliendo a trabajo. Decían que yo huelo mal, no se me acostumbraba y no me querían dar la mano en el tiempo del Covid, yo huelo a pueblo, esa es la razón que me tiene acá», dijo Castillo Terrones.

Asimismo, Castillo Terrones solicitó que se varíe la prisión preventiva en su contra por arresto domiciliario y el uso de grillete, alegando que cuenta con una vivienda en Lima donde reside su familia.

Como se recuerda, el 7 de diciembre del año 2022, el chotano leyó un mensaje a la Nación anunciando la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para presidentes dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.

En enero del año pasado la Fiscalía de la Nación solicitó al PJ imponer 34 años de prisión contra Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.

Cabe precisar que sobre Pedro Castillo hay una segunda prisión preventiva. Esta es de 36 meses por presuntamente liderar una red criminal en los casos Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.