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Política

Alejandro Toledo: Caso Almeyda y Jorge Adrianzén Prato

Con el expresidente Alejandro Toledo preso en Barbadillo, recordamos uno de los casos más sonados del gobierno toledista. En esta historia la Fiscalía y el Congreso de la República investigaron la presunta coima de 2 millones de dólares.

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Alejandro Toledo, César Almeyda y Jorge Adrianzén Prato.

Con el retorno del expresidente Alejandro Toledo al país, se viene develando el manto oscuro que por algunos años ocultó las denuncias por presunta corrupción que generaron graves escándalos durante el gobierno del hoy preso Toledo Manrique. No solo Odebrecht encierra una gran historia de corrupción, también aquí recordaremos el Caso Almeyda, un grave escándalo que remeció los cimientos del gobierno toledista.

Gracias a la maquinaria de la corrupción de esos años, el caso Almeyda, quedó en el olvido, debido a la aparente complicidad de fiscales, jueces y parlamentarios encargados de la investigación. Toledo jamás declaró sobre el tema, su gobierno guardó un rotundo silencio sobre la serie de indicios de colusión con la cervecera Bavaria. Tampoco se aclaró la participación del asesor César Almeyda, que fue enviado al directorio de CONASEV (Comisión de Valores) durante los meses del proceso de compra de la cervecera y mucho menos se esclareció el papel de Jorge Adrianzén Prato, quien actualmente ocupa el cargo de Director Secretario en el Consejo Directivo del Club Regatas Lima.

Portada del diario El Comercio de 15 de junio de 2004.

A esto se suma que dos ministros del gobierno de Toledo terminaron trabajando para la empresa Bavaria. Esos exministros fueron Fernando Zavala y Pedro Pablo Kuczynski. Zavala fue reclutado para la gerencia corporativa y un cargo en Panamá, y PPK como integrante del directorio. Un gran premio para los hombres de confianza de Toledo que lograron concretar un gran negociado donde la mayor parte de las compra-ventas de un postor a otro, se hicieron sin pagar impuestos que fácilmente podrían sobrepasar los US$300 millones de dólares, sin que la SUNAT haga nada.

En el negociado cervecero manipularon los reglamentos que ordenan los procesos de transferencia y fusión de empresas, y se permitió arreglos directos entre grandes grupos, sin intervención de terceros. Un verdadero faenón cervecero.

PPK y Fernando Zavala.

César Almeyda, el hombre de confianza de Toledo

En el informe titulado “Los faenones cerveceros” del ex congresista Javier Diez Canseco, se cuenta con detalle todos los entretelones del Caso Almeyda. En la publicación se señala “Almeyda, de profesión abogado, gozaba de gran confianza de Toledo y de su esposa, que le habría encargado la administración de la famosa cuenta “Blue Bay” donde se trasladaron recursos de la pareja presidencial”.

César Almeyda, hombre de confianza de Toledo.

Además, se agrega: “Desempeñó seis cargos de primer nivel en los dos primeros años del régimen toledista. En septiembre del 2002, fue nombrado director de la CONASEV con un especial mandato que según él mismo procedía “de la más alta autoridad” y entró efectivamente con la pata alzada ordenando remover al gerente general (Carlos Puga) y a la gerente de asesoría jurídica (Ada Fernández). Parecía un presidente con todo el poder, pero el cargo seguía ejercido por Carlos Eyzaguirre, que se sometió a las exigencias del amigo presidencial”.

Los hermanos Adrianzén

En medio de las oscuras negociones por la compra de las acciones de la empresa Backus, el ex congresista Javier Diez Canseco en su informe menciona: “El gerente Puga denunció su destitución como una violación de la autonomía del ente regulador y de los procedimientos. Sin embargo, el directorio votó confirmando su salida del puesto. Asimismo, aprobó nombrar a los reemplazantes a propuesta de César Almeyda: José Moquillaza para el cargo Gerente General y a Augusto Adrianzén para el cargo de Gerente de Asesoría Jurídica. Adrianzén era el hermano de Jorge Adrianzén Prato, amigo de César Almeyda, compañero suyo de la misma Facultad de Derecho en la Universidad San Martín de Porres y hombre de su confianza en el Indecopi”.

Jorge Adrianzén Prato.

Hay que recordar que “el ingreso de Almeyda y los cambios en las gerencias de CONASEV ocurrieron en el contexto de la guerra cervecera matizada con denuncias de una y otra parte. Pero cuando nombró a sus gerentes de confianza ya sólo faltaban 16 días para que Bavaria pusiese sobre la mesa su pedido de excepción para efectuar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para la compra de acciones de Backus, operación que iba a bordear los US$ 600 millones de dólares”.

La presencia de los hermanos Adrianzén en medio de las operaciones despertó suspicacias, y la sospecha de un presunto lobby que fue calculado para concretar la compra de las acciones de Backus. Además, “el registro migratorio de Almeyda arrojó, desde el 2002 hasta junio del 2010, un total de 94 movimientos de los cuales entre el 2002 y el 2006 hay 9 con destino a Holanda y tres a Panamá. Desde el 2008, cuando le fue permitido judicialmente viajar, hay cinco viajes más a Holanda y dos a Panamá”, revela el informe.

Tras encontrar indicios delictivos, César Almeyda terminó recluido en el 2003 en el penal de Lurigancho (San Jorge), luego de 34 meses de prisión salió en libertad en diciembre del 2006.

Jorge Adrianzén Prato y la investigación en el Congreso

El abogado Jorge Eliseo Adrianzén Prato, actual Director Secretario del Club Regatas Lima, fue sindicado como presunto involucrado en el sonado Caso Bavaria. El 05 de julio de 2004 fue citado a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República que fue presidido por el ex congresista Javier Velásquez Quesquén.

¿Qué dijo Jorge Adrianzén Prato en el Congreso? Pues intentó negar su relación con César Almeyda: «Jamás he trabajado directa o indirectamente con César Almeyda. Tampoco he sido su asesor, y no he tenido relación laboral ni compartí alguna oficina con él», aseveró Jorge, hermano de Augusto Adrianzén, ex gerente de asesoría legal de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV).

Pero lo que no puedo negar Jorge Adrianzén Prato, es que en dos o tres oportunidades él habría visitado a César Almeyda. En ese momento aclaró que sus relaciones con el ex asesor presidencial eran puramente amicales, derivadas de haber sido compañeros de estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.


Parte de la declaración de Jorge Adrianzén en el Congreso.

La presentación de Jorge Adrianzén Prato en el Congreso fue para recoger su testimonio respecto a investigaciones sobre la denuncia de Hugo Durán Alcalde, quien mencionó que la empresa Bavaria le habría pagado dos millones de dólares a César Almeyda Tasayco para favorecer a la cervecera colombiana que competía con la venezolana Polar en la compra de la empresa nacional Backus y Johnston.

Sobre el tema de la presunta corrupción Jorge Adrianzén respondió: «Jamás yo y mi hermano nos hemos prestado a esa clase de actos. No somos peleles para hacer lo que otras personas quisieran que hagamos». En esa fecha las respuestas de Adrianzén Prato eran atentamente escuchadas por los ex congresistas Javier Velásquez, Aurelio Pastor Valdivieso y Jorge Mera Ramírez.

Recordemos que a la sesión del Congreso no se presentó Jaime Carbajal Pérez, sindicado de haber transportado el dinero desde Panamá para pagar los dos millones de dólares a Almeyda.

Actualmente Jorge Adrianzén Prato se encuentra vinculado a la política, según su declaración jurada presentada en el Jurado Nacional de Elecciones, en el 2022 se presentó para regidor distrital de Miraflores con el partido Político Podemos Perú, del congresista José Luna Gálvez, investigado por presunta organización criminal, en el caso denominada los “Gángster de la Política”.

Declaración Jurada de Jorge Adrianzén Prato en el JNE.

Además, según el número de expediente N° 012-06, el 25 de mayo del 2007, el señor Jorge Adrianzén Prato fue sentenciado por el 20 Juzgado Penal de Lima por el delito de libramiento indebido. Es decir, por girar cheques sin fondos.

Sentencia del 20 Juzgado Penal de Lima.

Los sobornos

En el informe del ex congresista Javier Diez Canseco también se menciona que “El diario El Comercio afirmó que tenía un testigo capaz de probar que, en el proceso de exoneración de obligaciones legales de procedimiento en la compra de Backus, otorgado por la Comisión de Valores (CONASEV), hubo un soborno y que los implicados hayan dicho que la mitad del dinero era para el Presidente de la República, Alejandro Toledo, era una bomba de muchos megatones. Quizás por eso la revista “Semana” de Colombia escribió al respecto: es difícil pensar que toda la denuncia sobre Bavaria fue inventada por el diario El Comercio”.

Fuente: Diario El Comercio 15/06/2004

“El Comercio decía que Hugo Durán, chofer de Alberto Farfán, socio y amigo del asesor presidencial César Almeyda, había presenciado el traslado y el contado del dinero traído en una maleta por el lobista Jaime Carbajal y había escuchado directamente una conversación en la que se establecía el reparto de los fondos recibidos. La fórmula para distribuir US$ 2 millones de dólares era, según Durán, la siguiente: US$ 500,000 dólares para Almeyda, US$ 450,000 para repartir entre Farfán y Jaime Carbajal (que habría actuado como lobista de Bavaria, transportando el dinero en un maletín); US$ 50 mil para gastos operativos y US$ 1 millón para el Presidente Alejandro Toledo. Durán no se había limitado, sin embargo, a la denuncia periodística. Recurrió a la fiscalía anticorrupción para exponer su información ante la autoridad encargada de investigar estos procesos”, menciona Diez Canseco.

“Durán explicó que el dinero se contó en la casa de Carbajal para organizarlo por paquetes. Una vez distribuidas las partes a repartir, se llevó el dinero que no era para Carbajal a la casa de Farfán, adonde llegó Almeyda a recogerlo personalmente. La respuesta de todos los implicados por Durán fue negarlo todo y el Presidente Toledo simplemente se negó a hablar. Pero entonces apareció un nuevo elemento. Se trataba de un registro de los libros del aeropuerto Albrook, especializado en vuelos privados, en los que consta que Carbajal fue intervenido con una maleta que contenía US$ 1.7 millones de dólares, cuando se hacía un registro de rutina. Al ser interrogado por las autoridades, Carbajal habría dicho que era dinero de Bavaria, para el pago de comisiones”, detalla el informe.

Fuente: Diario El Comercio 15/06/2004

El Comercio argumentó que se realizaron varias comunicaciones entre la aduana y la empresa Bavaria y se hizo una consulta con la propia ex presidente de Panamá, Mireya Moscoso. Después de cinco horas se autorizó la salida del avión.

Hoy Toledo se encuentra en la prisión de Barbadillo, pero muchos de los funcionarios que fueron responsables de los oscuros negociados de su gobierno se encuentran libres.

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Política

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía

La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

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La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.

Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Hace unos días, el PJ suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del cargo de Fiscal Suprema.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.

La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.

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Política

Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio

Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

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Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Resolución n.° 000040-2025-DP/SGDP, de renuncia de Mónica Tiburcio.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.

¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?

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Política

Congreso perverso: cuando la planilla se reparte entre familiares

Al menos 30 grupos de hermanos fueron contratados sin restricción. Mientras el país exige transparencia, en el Congreso se reparten puestos como favores políticos. Parlamentarios de bancadas como APP y Fuerza Popular han convertido la planilla estatal en un feudo familiar, contratando hermanos, militantes y operadores sin pudor ni mérito.

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El Congreso de la República, lejos de ser una institución al servicio del pueblo, se ha convertido en una agencia de empleo para militantes, familiares y amigos de los legisladores. Lo revelado por el periodista Martín Hidalgo no sorprende, pero sí indigna: hay al menos 30 grupos de hermanos contratados dentro del Parlamento gracias al uso descarado de influencias por parte de congresistas que actúan como si el Estado fuera su chacra personal.

Lo más grave es que este modus operandi no solo es conocido, sino también tolerado por las bancadas más poderosas. Fuerza Popular y, aún más escandalosamente, Alianza para el Progreso (APP) han convertido al Congreso en su feudo, donde colocan a militantes, amigos y familias enteras sin el menor rubor. No se trata de casos aislados, sino de una práctica sistemática que deja en evidencia el profundo desprecio que estos partidos tienen por la ética pública y el servicio al país.

Uno de los recientes casos más graves, tiene que ver con la congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, Rosio Torres, quien contrató a Cecilia Salazar y a su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido de César Acuña. ¿Y qué dijo Eduardo Salhuana presidente del Congreso y también de APP? que no hay norma que prohíba el hecho de la parlamentaria por Loreto.

‘Mochasueldo’ Rosío Torres de APP, es respaldada por su colega Eduardo Salhuana.

Los contratos se distribuyen sin vergüenza, como si fueran favores políticos pendientes tras campañas financiadas en la sombra. Son hermanos, primos, esposas, hijos y operadores de campaña que de pronto aparecen con sueldos del Estado, sin mérito alguno y muchas veces sin siquiera cumplir con las funciones que se les asignan. Todo esto es posible gracias a la «organización parlamentaria», ese espacio discrecional en el que cada congresista puede disponer de puestos como quien reparte caramelos.

Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur Salazar, son militantes de APP.

Mientras tanto, el servicio parlamentario profesional, aquel que requiere carrera y mérito, queda relegado. ¿Para qué formar cuadros técnicos si con un carnet partidario basta para asegurarse un puesto? Esta es la lógica de la ‘dedocracia’ parlamentaria que ha colonizado el Legislativo.

El blindaje es otra constante. Entre ellos se tapan, se protegen, se callan. Cuando un escándalo estalla, se finge indignación en los pasillos, pero las comisiones de ética duermen el sueño eterno. Nadie investiga, nadie sanciona. La impunidad es parte del sistema.

Lo más trágico es que esto se hace con dinero de todos los peruanos. El Congreso, lejos de representar al pueblo, ha sido capturado por cúpulas partidarias que reparten cargos como botín. Si no se interviene con una reforma real y profunda, el Congreso seguirá siendo el refugio de mediocres, corruptos y familiares bien conectados.

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Política

Nuevo revés de ‘Porky’: Corte de los EE.UU. falla a favor de Rutas de Lima y ahora Municipalidad de Lima deberá pagarle cerca de 200 millones de dólares

Corte de Apelaciones del distrito de Columbia ratificó que no existen pruebas suficientes de corrupción para anular el contrato firmado el año 2013.

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Al parecer tendrá que requerir más días para “meditar” ya que recientemente la Corte de Apelaciones del distrito de Columbia, en los Estados Unidos, ratificó el pasado 24 de junio dos laudos arbitrales internacionales que ordenan a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dirigida por Rafael López Aliaga, el pago de aproximadamente 200 millones de dólares a Rutas de Lima.

Como se recuerda, la MML y el consorcio Rutas de Lima (inicialmente liderada por Odebrecht y en la actualidad bajo el control de Brookfield Insfrastructure), firmaron en el año 2013 un contrato de concesión en tres vías de la capital, la Panamericana Norte, Sur y Ramiro Prialé, por un plazo de 30 años, donde se acordó el cobro de peajes a favor de la concesionaria, y que las mismas podían estar sujetas a incrementos paulatinos a lo largo de los años tras nuevos acuerdos pactados en los años 2014 y 2016.

Fue en el año 2017 donde se inició la disputa legal entre Rutas de Lima y la MML tras la implementación del peaje ‘Nueva Chillón’, en el distrito de Puente Piedra. Indignados vecinos empezaron a hacer protestas a lo que ellos consideraban como un cobro abusivo de parte de la concesionaria y en respuesta la comuna limeña decidió cancelar el cobro de manera unilateral, indicando entre sus argumentos que dicho contrato resultaba nulo porque la empresa matriz era Odebrecht, la misma que habría sobornado a funcionarios para quedarse con dicha concesión. Entre los involucrados de ese presunto soborno también se incluye a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.  

Fue así que en el año 2020 el primer laudo arbitral resolvió que la MML debía pagar 68 millones de dólares más intereses a favor de Rutas de Lima, monto que con el tiempo se ha elevado a 190 millones de dólares. En el año 2022, un segundo laudo otorgó otros 7 millones a favor del consorcio por la demora en aplicar los ajustes tarifarios.

Declaraciones de ‘Porky’ terminaron inclinando la balanza a favor de Rutas de Lima

Un gran detalle que no se le ha escapado a la jueza Ana C. Reyes, de la Corte de Columbia, fueron las reiteradas declaraciones del alcalde de Lima, quien se oponía públicamente en pagarle a la concesionaria. Tales declaraciones le permitieron a la jueza sacar una conclusión.

“No pagaré ni un solo mango”, “(La Municipalidad) no paga nada a grupos criminales”, “No pagamos a delincuentes”, “(La Municipalidad) tiene mecanismos de defensa contra bandas criminales”, son algunas frases dichas por el alcalde y tomadas en cuenta por la magistrada.

“La Corte no recompensará tal conducta dilatoria al eximir a (la Municipalidad de) Lima de la obligación predeterminada (…) de presentar una fianza para posponer la ejecución y cumplimiento del fallo. La Corte deniega la petición del solicitante para suspender la ejecución y el cumplimiento del fallo”, resolvió la jueza.

Quizás sea que ahora el alcalde de Lima requiera de un “traductor” a su costado, porque cada vez que declara al público lo estaría haciendo sin tomarse un segundo para pensar en lo que dice. Esta vez la justicia estadounidense le “explotó” en la cara al popular ‘Porky’.

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Política

Rosío Torres coloca a madre e hija en el Congreso y Salhuana afirma que no es ilegal

La congresista de APP, denunciada por “mochasueldo” e investigada por la Fiscalía, contrató a Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur, ambas militantes del partido. Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y también de APP, remarcó que no hay norma que prohíba el hecho.

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La congresista Rosío Torres Salinas, de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a protagonizar un escándalo que evidencia el uso clientelista de recursos públicos en el Congreso. Esta vez, la parlamentaria —investigada por el caso de recortes salariales conocido como “mochasueldo”— ha sido señalada por contratar en su entorno inmediato a una madre y su hija, ambas militantes del mismo partido de César Acuña Peralta.

El reportaje de Cuarto Poder reveló que Cecilia Salazar, asesora principal de Torres Salinas e involucrada en la presunta red de recortes, fue reemplazada temporalmente por su hija, Alexandra Tafur Salazar, como trabajadora del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento. La contratación de ambas no solo expone la precariedad ética que impera en ciertos sectores del Legislativo, sino también el descaro con el que se normaliza el nepotismo encubierto bajo la excusa de la legalidad.

Cecilia Salazar y su hija Alexandra Tafur Salazar, son militantes de APP.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también miembro de APP— confirmó la relación familiar y reconoció que, si bien no existe una norma explícita que lo prohíba, el hecho es “éticamente cuestionable”. Una declaración tibia, que más parece una maniobra para ganar tiempo que un verdadero compromiso con la transparencia.

Este episodio revela una práctica común pero silenciada: el uso de cargos públicos como botín político, donde los puestos se reparten entre amigos, militantes y familiares. Que Rosío Torres haya confiado su despacho a personas investigadas por delitos, y que además pertenezcan a su círculo íntimo, debería ser suficiente para exigir su separación inmediata del cargo y una investigación seria desde el Congreso.

No se trata solo de una “falta ética”. Se trata de un patrón de conducta reiterado. Cecilia Salazar, madre de Alexandra, ha sido acusada por un extrabajador del despacho de haber sido cómplice directa en el cobro ilegal de parte de los sueldos del personal. Que hoy siga operando en el Congreso como “trabajadora de confianza” de Torres Salinas, parlamentaria por Loreto, y que su hija Alexandra haya sido colocada en un cargo público, es una afrenta a la ciudadanía.

Mientras tanto, el presidente del Congreso promete “evaluar” y “revisar” si existen más casos similares. La pregunta es: ¿necesita más evidencias para actuar? ¿O la complicidad partidaria seguirá imponiéndose sobre la ética pública?

El Congreso no puede seguir funcionando como agencia de empleos. La permanencia de Rosío Torres y su entorno cercano en puestos clave es un insulto a los peruanos que esperan integridad, no favores ni redes de impunidad.

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Política

‘Ley General de Turismo’ proyecta 34 mil nuevos empleos hacia 2030

La nueva normativa busca impulsar el desarrollo sostenible del sector, formalizar a miles de prestadores turísticos, atraer inversiones y fortalecer la economía local en todas las regiones del país, generando un movimiento económico superior a 17 mil millones de dólares.

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La presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, anunció este jueves que el Ejecutivo está sentando las bases para consolidar un turismo fuerte, sostenible y descentralizado, capaz de generar al menos 34 mil nuevos puestos de trabajo en todo el país. Así lo señaló durante la ceremonia de promulgación de la nueva Ley General de Turismo, realizada en Palacio de Gobierno.

En el acto participaron el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides; la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León Chempén, así como otras autoridades del sector.

“El turismo no solo es una fuente de ingresos para miles de familias peruanas; también constituye un motor clave para el crecimiento económico y un pilar fundamental en la promoción de nuestra cultura y diversidad ante el mundo”, expresó la mandataria.

Boluarte Zegarra destacó que la promulgación de esta norma representa un hito en la modernización del sector turístico, al fomentar su desarrollo competitivo y sostenible. Según detalló, la ley permitirá la formalización de al menos cinco mil nuevos prestadores de servicios turísticos en las denominadas zonas especiales de desarrollo, lo cual contribuirá significativamente a dinamizar las economías locales.

Además, precisó que se espera una reducción del 30 % en la oferta informal en los destinos turísticos priorizados, mediante la implementación de controles efectivos y el fortalecimiento del apoyo a las micro y pequeñas empresas del sector (mypes).

Uno de los avances más relevantes que trae la nueva normativa es la ampliación del régimen de recuperación anticipada del IGV, que ahora beneficiará a más de 5,900 empresas turísticas, en contraste con las menos de mil que podían acceder bajo el esquema anterior.

Además, subrayó que, con esta ley, se proyecta alcanzar más de mil millones de dólares en nuevas inversiones turísticas públicas y privadas hacia 2030, lo que generaría un movimiento económico superior a los 17 mil millones de dólares. Esta cifra representa un crecimiento de más del 52 % respecto al desempeño del sector en 2024. Asimismo, reafirmó el compromiso de su gobierno con el fortalecimiento institucional del turismo, al proyectar la llegada de más de cinco millones de turistas internacionales por año al 2030, cifra que representa una meta ambiciosa pero alcanzable.

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Política

Perú estudia salir del ‘Sistema Interamericano de Derechos Humanos’

¿Avance o retroceso? El titular del Minjusdh, Juan Alcántara anunció que la Cancillería liderará una comisión multisectorial encargada de evaluar rigurosamente la permanencia del Perú en el SIDH.

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El reciente anuncio del ministro de Justicia, Juan Alcántara, sobre la conformación de una comisión liderada por la Cancillería para evaluar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) marca un momento clave y delicado en la política exterior y de derechos humanos del país. Esta decisión, impulsada por el premier Eduardo Arana y respaldada por el Ejecutivo, pone sobre la mesa una discusión que tiene implicancias jurídicas, diplomáticas y éticas de gran magnitud.

El hecho de que la Cancillería esté a cargo de esta comisión responde a criterios de competencia institucional. El Ministerio de Relaciones Exteriores, liderado por Elmer Schialer, posee la atribución exclusiva de conducir la política exterior del país, y por tanto, la eventual denuncia o retiro de tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, recae en su ámbito. No obstante, esta formalidad no exime al Estado peruano de asumir las consecuencias que implicaría alejarse de un sistema que ha sido tradicional en la protección de derechos fundamentales, durante las últimas décadas, especialmente en contextos donde la justicia interna ha sido insuficiente.

El SIDH ha sido históricamente una herramienta de protección para las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en la región. Casos emblemáticos en el Perú, como los de La Cantuta, Barrios Altos o los abusos en penales durante la época de la subversión, encontraron justicia internacional cuando los mecanismos nacionales fallaron.

No obstante, también se han registrado excesos por parte de diversos sectores, en especial algunas ONG que, de manera cuestionable, han instrumentalizado el discurso de los derechos humanos para obtener financiamiento millonario de fundaciones internacionales, promoviendo con ello una agenda progresista. En algunos casos, incluso han recurrido a demandar al Estado con el aparente objetivo de obtener indemnizaciones cuantiosas. A esto se suma la creciente y desproporcionada injerencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo cual ha generado preocupación en distintos sectores del país.

La CIDH impone su agenda: Hace unas semanas rechazó amnistía para militares que enfrentaron al terrorismo.

El Ejecutivo plantea que esta evaluación se hará de manera multisectorial —incluyendo al Congreso, la sociedad civil y la academia—, es decir, esta comisión deberá tomar una decisión en un espacio real de deliberación democrática.

La soberanía democrática se fortalece cuando el país se sujeta a estándares supranacionales que garantizan el respeto a la dignidad humana; sin embargo, esta es insoslayable y bajo ningún concepto debería socavarse con algún tipo de injerencia internacional inapropiada.

En conclusión, esta comisión debe ser transparente, técnicamente sólida y abierta al escrutinio público. De lo contrario, podría sentar un precedente regresivo en la protección de derechos humanos en el Perú.

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Política

Rechazan apelación de Pedro Castillo y seguirá en prisión preventiva por 18 meses

La Corte Suprema declaró infundada la solicitud de cesación de prisión preventiva presentada por la defensa del expresidente, quien enfrenta cargos por rebelión, abuso de autoridad y perturbación del orden público.

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El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema declaró infundada la solicitud de ‘cesación de prisión preventiva’ presentada por el abogado del expresidente Pedro Castillo. Con esta decisión, se confirma la vigencia de la medida coercitiva de 18 meses, dispuesta el 5 de julio de 2024 por la Sala Penal Permanente.

La resolución forma parte del proceso penal que se le sigue a Castillo Terrones por su presunta responsabilidad en delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Entre los cargos más graves figura el delito de rebelión, contemplado en el artículo 346° del Código Penal, además de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

El Poder Judicial ha considerado que no existen elementos nuevos que justifiquen una variación de la medida. Para el tribunal, los delitos imputados son de suficiente gravedad como para sustentar la prisión preventiva, en tanto se continúa desarrollando el juicio correspondiente.

La defensa del exmandatario alegó que la medida resulta excesiva y desproporcionada, pero su apelación fue rechazada. Según la Corte Suprema, las condiciones jurídicas que motivaron la decisión original se mantienen vigentes, así como el riesgo procesal que representa el imputado.

Castillo se encuentra actualmente recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple la prisión preventiva impuesta. Esta medida fue ratificada tras la revisión de los elementos presentados en la investigación fiscal, entre ellos su intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022, que dio origen a su detención y posterior procesamiento.

El proceso judicial avanza con audiencias periódicas, aunque no exentas de controversia. En las últimas semanas, se han registrado enfrentamientos verbales entre los magistrados y la defensa legal, reflejando el clima tenso que rodea el caso.

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