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Política

Alcalde López Aliaga ganó más de S/ 1.5 millones con la Caja Metropolitana con Susana Villarán

Durante la gestión edil de Susana Villarán la Caja Metropolitana suscribió—sin concurso público—un contrato con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance SA’, para colocación de bonos titulizados de créditos ‘Caja Gas’. En suma, entre 2012 y 2013, la Caja municipal pagó un total de S/1 millón 550 mil, a ambas empresas pertenecientes a Rafael López Aliaga.

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Dos años después de haber votado a favor y de haber firmado la aprobación para entregar el ‘cobro de peaje’ a la corrupta empresa OAS, el exregidor municipal y hoy alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, a pocos meses de iniciarse la gestión municipal de Susana Villarán como alcaldesa metropolitana, el 15 de junio del 2011, fundó la compañía ‘ACRES Sociedad Titulizadora SA’, teniendo como socios a ‘ACRES Investments SA’, empresa dirigida por él, y a Javier Riofrio Orrego, su socio en otras firmas.

El 15 de junio se constituyó el grupo ‘ACRES Investments’. Fuente: SUNARP.

Esta empresa de López Aliaga, con los supuestos procesos de titulización, prácticamente tercerizaba obligaciones de pagos y/o deudas. Entre tanto, su directorio lo conformaban, además de López Aliaga (como gerente general), Javier Riofrio, Rui Baracco y el chileno Andrés Muñoz Ramírez, quien era el socio operador. Este ciudadano chileno a inicios del siglo XXI se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo Comercial y Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos de Interbank; pero desde 2011, tras salir del conglomerado empresarial de los Rodríguez Pastor, Muñoz Ramírez se convirtió en accionista y miembro del directorio de algunas empresas vinculadas a Rafael López Aliaga, entre ellas, ‘ACRES Real Estate SA’ (Digital Ventures), ‘ACRES Investments Peru SA’, ‘ACRES Sociedad Agente de Bolsa’ y ‘Energías Eólicas del Perú SA’.

Asimismo, Lopez Aliaga también fundó la empresa consultora, de asesoría financiera ‘ACRES Finance SA’. Lo hizo a través de ‘ACRES Investments SA’, como su representante, el 19 de octubre de 2011, e incorporando también como socio y presidente del directorio a Andrés Muñoz Ramírez. Y apenas al mes siguiente, es decir, el 18 de noviembre, la oficina de Logística de la Caja Metropolitana convocó justamente a Muñoz Ramírez para que la empresa realice una asesoría externa en gestión integral de riesgos. Entre tanto, él mantenía una relación estrecha con dos funcionarios de confianza de Susana Villarán. Se trata de Ángel Calderón, exgerente de la Oficina de Riesgos de la Caja Metropolitana; y José Miguel Castro, hombre de confianza de la exalcaldesa acusada por recibir coimas y expresidente del directorio de la Caja Metropolitana.

El 20 de diciembre de ese mismo año, Calderón mediante un informe enviado a la gerencia general de la “Caja”, justificó la necesidad de contratar a Muñoz Ramírez, mediante un proceso de contratación directa. Y al poco tiempo, el 20 de febrero de 2012, la Caja Metropolitana suscribió un contrato de asesoría externa con Andrés Muñoz para que diagnóstique los riesgos de los productos del área de banca comercial, y de ‘Caja Gas’.

En aquella época, La Caja Metropolitana le pagó 80 mil soles. Es decir, este primer pago lo dividieron en cuatro armadas de S/20 mil cada una, justo un mes antes de la suscripción del contrato. Por su parte, la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz Ramos, mientras investigaba el caso, según su tesis refirió que simularon un proceso de selección y firma del contrato con el fin de favorecer a Muñoz Ramírez. “El servicio para el cual fue contratado Muñoz no fue brindado”, sostuvo Díaz Ramos en su acusación fiscal.

Caja Metropolitana pagó a Andrés Muñoz 80 mil soles. Abajo, el primer recibo que emitió el consultor, sin fecha para disfrazar el primer pago.

Sin embargo, Muñoz Ramírez no se durmió y el 10 de enero mediante un correo electrónico enviado al gerente general de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco, le planteó “formalizar en un mandato la ejecución de la emisión de bonos titulizados de la cartera Caja Gas”, y que le cabía como “anillo al dedo” al rubro de ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, empresa de Rafael López Aliaga, constituida siete meses antes. Fue así que, en la sesión del directorio de la Caja Metropolitana del 9 de agosto de 2012, el entonces mandamás de la “Caja” presentó la propuesta para titulizar la cartera ‘Caja Gas’ hasta por S/40 millones; y el directorio autorizó a Vivanco para que contrate de manera directa—sin licitación—a una empresa titulizadora, para concretar la titulación.

Correo electrónico enviado por Muñoz Ramírez al gerente general de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco.

Y luego de unos meses, el 4 de octubre de ese año, la Caja Metropolitana suscribió, directamente y sin concurso público, un contrato con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance SA’ para el proceso de estructuración, titulización y colocación de bonos titulizados de la cartera de crédito ‘Caja Gas’.

Según el contrato, el pago serían S/300 mil, más IGV, dividido en tres cuotas; y un pago de honorarios de éxito del 1.5% del monto colocado, más el IGV, pagados a la fecha de colocación de bonos. No obstante, fueron estipulaciones que figuraban en papel. Porque igual que lo que sucedió con Andrés Muñoz, las empresas de Rafael López Aliaga cobraron parte de sus honorarios antes de firmar el contrato.

Primer pago, según factura, por S/ 118 mil, emitida por ‘Acres Finance’ el 3 de octubre de 2012, un día antes de firmar el contrato con la Caja Metropolitana. El pago se realizó el 9 de octubre.

El Ministerio Público determinó que el contrato fue elaborado por ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance SA’, y no por la Caja Metropolitana de Lima. De acuerdo con la investigación fiscal, la contratación de ambas empresas de “Porky” se hizo “sin que existiera una necesidad real”. Sin “ningún informe técnico que respalde la propuesta de la necesidad de titulización, el monto de la emisión de los bonos, ni el plazo de la operación de titulación”. Al poco tiempo, el 31 de diciembre de 2012, el gerente general de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco suscribió el contrato de Fideicomiso de Titulación y contrato de Emisión de Bonos de titulización por S/ 40 millones con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’.

Contrato entre Caja Municipal de Lima y ‘Acres Sociedad Titulizadora’, de Rafael López Aliaga.

Gestión de Susana Villarán favoreció a López Aliaga

Desde que López Aliaga fundó su compañía ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, dicho contrato con la Caja Municipal de Lima, prácticamente fue su primera operación comercial. Por lo que, la gestión municipal de la exalcaldesa Susana Villarán no solo se saltaba los plazos, sino también, la ley, con el fin de favorecer a Muñoz Ramírez y a López Aliaga. De acuerdo con la Fiscalía y la propia Contraloría General de la República, el pago efectuado a la empresa del dueño de Renovación Popular, defraudó y causó un perjuicio millonario a la Caja Metropolitana.

Entre 2012 y 2013, la Caja Metropolitana pagó un total de S/1 millón 550 mil en contratos con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, ‘ACRES Finance’, ambas empresas de Rafael López Aliaga y con el socio de este, Andrés Muñoz Ramírez.

López Aliaga involucrado en corrupción de Caja Municipal

El 21 de diciembre de 2020, la fiscal Vanessa Díaz acusó a 11 personas por el caso de la Caja Metropolitana. En cuanto a Andrés Muñoz Ramírez, la fiscal le imputó los delitos de colusión agravada y falsedad genérica, y pidió al Poder Judicial una condena de 12 años y 11 meses de prisión. Asimismo, la fiscal Manuela Villar, de lavado de activos, señala que Rafael López Aliaga tuvo participación en toda la trama de corrupción en la Caja Metropolitana.

En julio del 2022, la fiscal Villar formalizó la investigación preparatoria a Rafael López Aliaga, por el delito de lavado de activos, contra la administración pública, por el caso de la Caja Municipal de Lima Metropolitana, con el agravante de integrar una organización criminal. La Fiscalía identificó aumentos de capital, bajo la modalidad de capitalización de acreencias entre las compañías de López Aliaga, por S/223 millones 908 mil 180. entre ellas, la offshore ‘ACRES Investments International Ltd Inc’., registrada en Nevada por Mossack Fonseca, el 28 de junio de 2011 y que tiene como único accionista a Rafael López Aliaga.

Hay que remarcar que ‘ACRES Investments International Ltd Inc’. es accionista mayoritaria de ACRES Investments SA, que a su vez es accionista de ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance’ y de acuerdo a la tesis fiscal, todas estas empresas, están lideradas y controladas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

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Política

¿Luna Gálvez y la doble moral frente a las AFPs? [VIDEO]

El oscuro pasado de José Luna Gálvez es recordado en las redes sociales.

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En tiempos donde la desmemoria es moneda corriente y la indignación se diluye entre titulares virales, recordar quién es quién en la política peruana se convierte en un deber ciudadano. José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú, congresista y dueño de la tristemente célebre Universidad Telesup, ha vuelto al ruedo con un nuevo disfraz: el de defensor del pueblo ante las AFP. Pero detrás de su retórica populista, se esconde un oscuro historial de cálculo político y acusaciones de presunta corrupción que no pueden quedar impunes.

En las redes sociales como Tik Tok al actual congresista lo recuerdan entre más sombras que luces. La cuenta de Joco Opina detalle el paso de Luna Gálvez en la política peruana.

@joco_opina #retiroafp #onp @lilidoris @AméricoGonza #ilichlopez #guidobellido #pepeluna #podemosperu #joselunagalvez ♬ 大气震撼 史诗宣传 励志 – HD235( 音乐)

De enemigo de los retiros a oportunista electoral

Uno de los primeros cuestionamientos señala: «Durante años, Luna Gálvez fue un firme defensor del sistema privado de pensiones. Se opuso sistemáticamente a los retiros de fondos y protegió los intereses de las AFP, mientras millones de trabajadores apenas podían tocar un sol de su propio dinero. Sin embargo, hoy aparece presentando un proyecto de ley para un nuevo retiro, en un intento desesperado por reposicionarse políticamente».

¿Por qué este cambio repentino? Porque el retiro es inevitable. El clamor popular es ensordecedor, y hay múltiples proyectos de ley en marcha. Luna lo sabe. Sabe también que su imagen está deteriorada. Por eso reaparece, buscando colgarse de una victoria que no le pertenece.

La bancada invisible

«Cuando se votó la reciente reforma del sistema privado de pensiones, Podemos Perú tenía 11 congresistas. Sólo dos votaron a favor. El resto, simplemente, no fue. Ni siquiera se abstuvieron. No existieron. Esta ausencia no es casual: es una muestra más de que su aparente compromiso con la ciudadanía es, en realidad, cálculo electoral» se menciona en el video.

El pasado de los Luna

«José Luna Gálvez no solo es cuestionado por su ambigüedad política. Su trayectoria está marcada por múltiples investigaciones por presunta corrupción y crimen organizado. Según la Fiscalía, Luna habría liderado una organización criminal durante dos años para copar la ONPE con funcionarios afines. Usó la Universidad Telesup como base de operaciones para presuntos pagos ilegales, con el fin de manipular procesos electorales.

En el caso OAS, el Ministerio Público lo investiga por presunto lavado de activos. Habría recibido 50 mil dólares de la empresa brasileña OAS para financiar encuestas en la campaña del exalcalde Luis Castañeda Lossio. Además, transfirió 180 mil soles a la cuenta de Castañeda entre 2013 y 2015, dinero que, según la fiscalía, provendría del esquema corrupto del caso Lava Jato».

Y si todo esto fuera poco, Luna Gálvez aparece vinculado a los Cuellos Blancos del Puerto, ya que habría financiado campañas de exconsejeros del CNM a cambio de favores políticos y judiciales.

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Política

Secretario General de APP: Luis Valdez Farias y sus visitas al poder

¿Puede un secretario de partido ‘coordinar’ con varios ministros a nombre de un Gobierno Regional sin cargo formal? Las reuniones de Luis Valdez, sus vínculos y antecedentes revelan el perfil de un ‘operador político’ con más poder del que su rol partidario aparenta.

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El secretario general del partido Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farias, ha sostenido reuniones con diversas autoridades del Ejecutivo; es decir con diversos ministros en fechas clave, lo que llama poderosamente la atención por su frecuencia y el nivel de los funcionarios involucrados.

Según registros oficiales, Valdez Farias se reunió con el entonces presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, el 28 de enero de 2025. También sostuvo reuniones con varios ministros de Estado: Morgan Quero, titular de Educación, el 7 de enero de este año; Durich Whittembury, de Vivienda, el 15 de octubre de 2024; Raúl Pérez Reyes, cuando dirigía el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el 26 de marzo de este año; y Jorge Montero Cornejo, de Energía y Minas, el pasado 5 de mayo.

La lista también incluye a exministros: Julio Díaz Zulueta, del Interior, el 13 de mayo, justamente el último día de su gestión en el Mininter; José Salardi, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 12 de febrero; Juan José Santiváñez, también del Mininter, el 28 de enero; y José Arista, exministro del MEF, el 27 de agosto de 2024.

Pero las reuniones no se limitaron a ministros. El 28 de enero de 2025, Valdez también visitó al presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Steve Valdivieso Payva, cuyo organismo gestiona la política de recursos humanos del Estado y vela por la meritocracia en el sector público.

Asimismo, el pasado 9 de abril, se reunió con el jefe del INEI, Gaspar Humberto Morán Flores, entidad encargada de generar la información estadística valiosa y geográfica oficial del país.

Reuniones de Luis Valdez con varios ministros. Fuente transparencia.

El hecho de que un secretario general de un partido político como Alianza para el Progreso (APP) tenga acceso tan directo y frecuente a altos funcionarios del Gobierno resulta, como mínimo, inusual. Según los registros de visitas, Valdez Farias justifica estas reuniones alegando que actúa en representación del gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, quien pasa más tiempo fuera del país, que gestionando los problemas urgentes de su región.

Esto abre varias preguntas: ¿Puede un secretario de partido coordinar directamente con varios ministros a nombre de un Gobierno Regional? ¿Luis Valdez tiene algún cargo formal en el GORE La Libertad? ¿Actúa como asesor informal de Acuña Peralta?

Más allá de las dudas, lo cierto es que APP se ha comportado como un aliado clave del Gobierno de Dina Boluarte, inclinando sus votos en el Congreso a favor del Ejecutivo en momentos decisivos. Las múltiples reuniones de Valdez Farias con ministros solo refuerzan esa relación.

Además, su nombre no es ajeno a las polémicas. Luis Valdez Farias fue quien llevó al cuestionado Jorge Torres Saravia —investigado por proxenetismo— a trabajar en el Congreso como hombre de confianza. También fue señalado por la compra de una lujosa casa en La Molina por S/ 3,3 millones a nombre de su esposa, Ana Paula Ganoza, cuyos ingresos declarados no superaban los S/ 4.000 mensuales. Pero él salió a defender a su cónyuge y declaró que fue quien pagó la propiedad.

En diciembre del 2024 el Congreso y APP estuvieron en medio de prostitución, violación y asesinato.

Las reuniones, los vínculos y los antecedentes dibujan el perfil de un ‘operador político’ con más poder del que su cargo formal como secretario general de partido sugiere.

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Política

Los partidos de izquierda, ¿otra vez juntos, pero no revueltos?

Se acerca la fecha límite para la presentación de alianzas ante el JNE, pero nuevamente las rencillas estarían apareciendo dentro de la izquierda peruana. ¿Habrá ‘humo blanco’ esta vez?

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Pocas son las veces en el Perú en que un candidato de izquierda logra colocarse la banda presidencial, y por contraposición el peruano ha elegido una figura más de centro o de derecha, ansiando con ello la siempre eterna promesa de convertirnos en un país de primer mundo.

El caso de Pedro Castillo podría catalogarse como algo sui géneris, pues a falta de unos cuantos meses no aparecía como los favoritos en las encuestas, mezclándose en ese vergonzoso 1 % donde van a parar los demás candidatos. Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando se le vio luchando palmo a palmo con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la que posteriormente vencería en segunda vuelta. Pedro Castillo, candidato por Perú Libre, movimiento de izquierda, se había convertido en presidente de la República para asombro y pavor de propios y extraños.

En esas mismas elecciones, el otro partido de izquierda que estaba participando era Juntos por el Perú, de Verónika Mendoza, quedando en el sexto lugar en primera vuelta.

En el año 2011, Ollanta Humala, candidato de la alianza ‘Gana Perú’, se alzó con la victoria al superar (nuevamente) a Keiko Fujimori, la candidata insignia de los partidos de derecha. Para derrotar a la ‘china’ tuvo que firmar un acuerdo político con varios partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista Peruano o el Partido Socialista, quienes lo consideraban aquel militar de formación izquierdista que reordenaría las cosas en el Perú. Grande fue su decepción cuando lo vieron pasar a Ollanta del ‘polo rojo’ al ‘polo blanco’, significando con ello que había vendido su alma al diablo para que pueda gobernar tranquilamente sin que lo incomoden los grandes grupos de poder.

Ollanta Humala y su inconfundible ‘polo rojo’ durante principios de su campaña y su ‘polo blanco’ cuando quiso ganarse la simpatía de las grandes empresas.

El otro partido de izquierda que participó en esas elecciones fue Despertar Nacional, que tenía a Ricardo Noriega como candidato presidencial, obteniendo el 0.15 % de los votos válidos en primera vuelta.

Habría que retroceder hasta el año 1968 para encontrar al que muchos hombres de izquierda denominan como el verdadero representante de su ideología en la figura de Juan Velasco Alvarado, el ‘Taita’, quien a punta de bota y fusil derrocó al entonces presidente Fernando Belaunde Terry para quedarse con el poder.

Basándose en su Gobierno Revolucionario, nacionalizó bancos, la industria petrolera, la pesca, la minería, así como restringió la libertad de prensa. Pese a esos atropellos, el ‘Taita’ Velasco es adorado hasta la actualidad por traer la reforma agraria, así como mejorar considerablemente la educación y revalorar las lenguas indígenas.

Al entenderse que él accedió a la presidencia de la República a base de un golpe de Estado, no es posible mencionar que fue elegido de manera popular en las urnas.

¿Izquierda hay una sola?

Revisando esos antecedentes, solo encajaría el caso de Ollanta Humala donde verdaderamente distintos movimientos de izquierda, por tan solo unos cuantos meses, se aliaron para que gane finalmente su candidato elegido. Luego de él, las rencillas internas terminaron por fragmentarlos, presentando cada uno a su candidato, sea de izquierda radical, moderada o centro izquierda, o lo que muchos ahora califican como los ‘caviares’, aquella izquierda acomodada que planifica una restructuración del país desde un café en Barranco.

Recientemente, en un intento de concordia entre los distintos movimientos de izquierda, se pretende presentar una alianza conformada por Verónika Mendoza (Nuevo Perú), Guillermo Bermejo (Voces del Pueblo), Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores y Emprendedores), y Miguel Castillo (Primero la Gente), a manera de crear un distanciamiento con las posturas de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y lo que tenga en mente hacer el radicalista de Antauro Humala.

Precisamente estos dos últimos nombres vienen generando una disputa en el partido de Juntos por el Perú debido a la cercanía de Sánchez con Antauro Humala, la cual viene siendo mal vista por los demás partidarios.

¿Se consumará la unión entre Humala y Roberto Sánchez? Foto: GLR.

Tal parece que esos desencuentros terminarán por ‘pasarle la factura’ el próximo año cuando se realicen los comicios electorales, observando nuevamente como ese terrible 1 % termina ocultado todas las aspiraciones de la izquierda. El tiempo sigue corriendo y aún se ven muchos rostros de descontento que no quieren ni a uno ni a otro como el rostro de la izquierda.

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Política

Nuevo escándalo en el Ministerio de Cultura: oscuras y gordas manos sobre las Líneas de Nasca

La gestión del ministro Fabricio Valencia modificó el perímetro de protección de las Líneas de Nasca, reduciendo su extensión sin sustento técnico. Detrás de esta decisión que solo busca beneficiar a los mineros informales, estaría la presión de un partido político.

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El trazo milenario de las Líneas de Nasca, inscrito en la memoria de la humanidad como Patrimonio Mundial, acaba de ser redibujado. Y no por arqueólogos o científicos, sino por burócratas y, según diversas fuentes del sector cultural, por presiones políticas desde el Congreso disfrazadas de legalidad técnica. Con la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, firmada por la viceministra Moira Novoa Silva, el Ministerio de Cultura ha aprobado una nueva delimitación del área de la Reserva Arqueológica de Nasca y Palpa. Lo que a simple vista parece una actualización cartográfica, en realidad podría ser un golpe encubierto al corazón del patrimonio peruano.

La nueva resolución que lleva la rúbrica de la viceministra Moira Novoa reemplaza el plano aprobado en 2004, reduciendo el perímetro de protección de más de 297 km a 249 km. Aunque el documento sostiene que esta modificación «no afecta el área inscrita como Patrimonio Mundial ni su zona de amortiguamiento», existen cuestionamientos sobre la verdadera motivación detrás de este cambio. Semanas atrás hubo fricciones en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica. Tras resistencia ante la nueva delimitación, volaron cabezas.

Presión política

Según altos funcionarios del ministerio de Cultura, el ministro Fabricio Valencia habría cedido ante presiones del partido político Alianza por el Progreso (APP), liderado por César Acuña, cuyos intereses —coincidencia o no— están vinculados a la minería informal.

Recientemente, César Acuña declaró: “Qué tiene que ver que tengamos militantes de mineros informales en APP». Creo que son como dos millones de mineros. ¿Se les puede prohibir participar en un partido? Al parecer, para el dueño de APP, los mineros informales no son ningún problema.

A esto se suma un documento importante al que tuvimos acceso. Se trata del oficio que envió el alcalde provincial de Nasca, Wilman Jorge Bravo Quispe, a la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN). En ese documento, el alcalde del partido Alianza por el Progreso pide la transferencia interestatal de un predio de 600 mil m2, ubicado en el sector Poroma, altura del kilómetro 471 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito y provincia de Nasca. Lo alarmante es que el sector de Poroma se encuentra dentro de la zona de las líneas de Nasca, en la pampa de San José, en la provincia de Nasca. Este sector forma parte del complejo arqueológico que incluye las Líneas de Nasca.

Alcalde Wilman Jorge Bravo Quispe afiliado al partido de César Acuña.

El predio de los 600 mil m2 en Nasca, el alcalde lo solicita a título “gratuito”, para, según él, ejecutar el proyecto denominado: “Mejoramiento, ampliación y recuperación del servicio de limpieza pública, con planta de valorización de servicios sólidos en la provincia de Nasca”.

Este pedido de la Municipalidad Provincial de Nasca, el 28 de febrero pasado fue declarado improcedente y lo archivaron de manera definitiva. Semanas después la presión política comenzó y hace unos días, entre reuniones privadas lejos del Ministerio de Cultura, se terminó de desarrollar la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, que ha sido firmada por la viceministra Moira Novoa y publicada en el diario oficial El Peruano.

Una resolución sin sustento técnico

Lo alarmante es que la nueva delimitación, lejos de responder a un sustento técnico sólido, se apoya en informes contradictorios. El mismo documento admite que la Dirección de Sitios del Patrimonio Mundial recomendó incluir “la totalidad de la zona de amortiguamiento” hacia el este, una sugerencia que no ha sido respetada en su totalidad. Peor aún, la Dirección de Monumentos reconoce que dentro del nuevo polígono existen bienes inmuebles que aún deben ser saneados y delimitados para su “mejor protección”. En buen castellano: Están dejando abiertas zonas vulnerables al ingreso de actividades que podrían arrasar con siglos de historia.

Fuente: Ministerio de Cultura.

Este aparente “reordenamiento técnico” tiene un tufo a privatización encubierta. Al reducir el área de protección, se liberan espacios que antes estaban bajo tutela del Estado. ¿Con qué fin? Según especialistas y exfuncionarios del propio ministerio, el nuevo trazo beneficiaría de forma directa a grupos de mineros informales, quienes han sido una amenaza constante para el patrimonio arqueológico del sur del país. De hecho, no es la primera vez que Nasca está bajo asedio: basta recordar los casos de destrucción ocasionados por maquinaria pesada o invasiones agrícolas en los últimos años.

Fuentes del Ministerio de Cultura aseguran que la Resolución Viceministerial de las Líneas de Nasca habría sido una negociación política que implica mantener al ministro Fabricio Valencia en el cargo, teniendo como soporte el apoyo de congresistas para su permanencia, tras el reciente escándalo de las órdenes de servicio a favor de Shirley Hopkins.

El ministro Valencia debe ofrecer una explicación pública y transparente, pero sabemos que no lo hará. El Ministerio de Cultura no puede seguir funcionando como una oficina de favores políticos. Menos aún cuando lo que está en juego no es una calle o una obra pública, sino uno de los legados más asombrosos del mundo antiguo.

El silencio de Moira Novoa

Nos comunicamos con la viceministra Moira Rosa Novoa Silva para recoger su descargo por haber firmado la Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, pero no respondió.

Insistimos con el siguiente mensaje: “Buenos días, viceministra Moira Novoa. Estoy llamándola para recoger su descargo sobre la reciente Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC, referente a las Líneas de Nasca, que lleva su rúbrica. Es fundamental tener la versión de su despacho”. Finalmente, hasta el cierre de este informe no contestó.

Viceministra Moira Novoa Silva.

Modificar el perímetro de Nasca sin consulta pública, sin evaluación internacional y con informes que reconocen vacíos y riesgos, es un acto de negligencia institucional —cuando no de complicidad— con intereses ajenos a la cultura.

María Reiche sobre las Líneas de Nasca mencionó: “Tenemos aquí el testimonio en gran escala y único en el mundo del primer despertar de las ciencias exactas en la evolución de la humanidad”.

Lamentablemente, en la actualidad también tenemos el testimonio de la involución humana en la gestión del ministro Fabricio Valencia Gibaja y la viceministra Moira Novoa Silva.

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Política

Adrianzén en la ONU: el premio consuelo para el escudero de Dina Boluarte

Gustavo Adrianzén no es ajeno a sostener gobiernos oscuros. Su afán por aferrarse al Estado refleja un descaro institucionalizado. Su nombramiento ante la ONU no solo es inmerecido e injustificable: es una vergüenza y deshonor a la diplomacia, a la meritocracia y a un país harto del clientelismo.

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Para representar al Perú ante las Naciones Unidas no basta con lucir un traje diplomático o exhibir una sonrisa en cócteles internacionales. Se requiere, como mínimo, una sólida formación académica en relaciones internacionales, derecho internacional, ciencias políticas o economía, así como experiencia comprobada en negociaciones multilaterales, derechos humanos, medioambiente, desarme y cooperación internacional. Y por supuesto, el dominio de idiomas: inglés y francés son esenciales para poder desempeñarse con solvencia en una de las organizaciones multilaterales más importantes del planeta.

Un bufón en la ONU.

Sin embargo, todo esto parece ser irrelevante para el gobierno de Dina Boluarte. En su lógica clientelista y autoritaria, los cargos se otorgan no por méritos, sino como premios a la obediencia ciega y subalterna. Es así como se explica la reciente designación de un bufón como Gustavo Adrianzén Olaya como representante permanente del Perú ante la ONU. Un personaje que no solo carece del perfil técnico, sino que ni siquiera habla inglés. ¿Cómo se supone que interactúe con sus pares? ¿Llevará un intérprete colgado del brazo a cada encuentro? ¿O simplemente se limitará a asentir mientras se sirve otra copa de vino?

Resolución Suprema n.º 070-2025-RE que nombra a Adrianzén en la ONU.

Este es el sello de un régimen que opera al margen del sentido común y de la decencia institucional. Boluarte Zegarra, que asumió la presidencia en medio de una severa crisis de legitimidad y que ha gobernado con represión y desconexión, ahora premia a sus fieles vasallos con cargos diplomáticos dorados. Adrianzén Olaya, quien salió por la ‘puerta trasera’ de la Presidencia del Consejo de Ministros, no mereció jamás este encargo. Pero ahí lo tenemos, partiendo rumbo a Nueva York para asistir a recepciones lujosas, disfrutar cenas pomposas y cobrar un salario envidiable en dólares, a costa del erario público.

Mientras tanto, en el Perú, las balas del crimen organizado no discriminan entre mineros, bodegueros o transeúntes. Y el mismo Adrianzén Olaya, en su paso por la PCM, no hizo más que repetir su lealtad incondicional a Boluarte Zegarra, dejando de lado cualquier compromiso real con los intereses nacionales. Prometió una “amplísima vocación de servicio” a la presidenta, y vaya que cumplió: sirvió exclusivamente a ella.

Hace apenas dos semanas, en una conferencia de prensa plagada de hipocresía, Gustavo Adrianzén anunció su renuncia a la PCM, no sin antes dejar en claro que estaba disponible para otro «trabajito» en el Estado. Dicho y hecho. El «trabajito» llegó: una embajada de lujo. Este tipo de favores políticos no solo son inmorales, son insultantes para una ciudadanía que exige transparencia, meritocracia y dignidad.

¿Y cómo olvidar su defensa servil ante el escándalo del aumento del sueldo presidencial? En lugar de exigir explicaciones, salió a proteger a Dina Boluarte, echándole la culpa al MEF y a Servir, como si los peruanos fueran ingenuos. Pero su historial no comienza ahí. En 2015, como ministro de Justicia de Ollanta Humala, fue el ejecutor del oscuro encargo de destituir a la procuradora Julia Príncipe, quien osaba investigar a Nadine Heredia. Misión cumplida, renunció y se desvaneció del radar político.

El vasallo de Nadine se convirtió en Premier y ahora en embajador.

Hoy, una década después, vuelve a escena como el escudero de la presidenta Boluarte, repitiendo el mismo libreto de sumisión, de encubrimiento y de obediencia enfermiza. ¿Quién garantizó la salida secreta de Nadine hacia la embajada de Brasil? Las preguntas persisten, y los rostros se repiten.

Gustavo Adrianzén no es nuevo en el arte de sostener gobiernos oscuros. Su tenacidad para aferrarse al aparato público es proporcional a su descaro. Su nombramiento en la ONU no solo es injustificable: es una burla. Una vergüenza y deshonor a la carrera diplomática, a los estándares internacionales, y sobre todo, a un país hastiado de improvisación, clientelismo y decisiones de baja estofa.

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Política

Y se fue por donde vino: Hernando de Soto presentó su renuncia a Progresemos

Tras una pugna intestina, economista acusó al presidente de dicho partido de no cumplir con el ‘Acuerdo’ firmado el año pasado.

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Amores perros. El economista de 83 años, Hernando de Soto, cumplió con su palabra y presentó su carta de renuncia al partido político Progresemos, acusando de no respetar el ‘Acuerdo Político’ firmado en julio del año pasado entre los dirigentes y él. El excandidato presidencial explicó que su desistimiento se debe a motivos “éticos y morales”.

«Hoy renuncio a Progresemos para poder luchar contra el crimen organizado, para construir una formalización y capitalización rápida y efectiva y una adaptación realista a la nueva coyuntura internacional, con un plan concreto basado sobre resultados exitosos en el Perú y en el extranjero», se lee en su comunicado.

Como se recuerda, de Soto y el presidente de Progresemos, Paul Jaimes, firmaron un acuerdo donde se marcaban las estrategias y equipos para combatir el crimen organizado, apartando a los ciudadanos que cuenten con procesos judiciales o estén acusados de corrupción. Al contrario de ello, manifiesta el ahora excandidato de Progresemos, se afilió a personas con antecedentes penal. “¿Cómo podemos luchar contra el crimen organizado, si el partido alberga en sus filas a personajes cuestionados?”, manifestó en su pronunciamiento.

La respuesta del presidente de Progresemos

En tanto, Paul Jaimes, presidente de Progresemos, en declaraciones para Perú21, no dudó en responderle.

Según contó Jaimes, la última conversación con De Soto fue todo menos conciliadora. La reunión ocurrió a las 7:00 p.m., apenas dos horas y media antes de que el economista anunciara su renuncia públicamente. No hubo humo blanco. De acuerdo con el dirigente, de Soto pretendía tomar el control total del partido.

Jaimes afirmó que el economista insistió en que se cumpla un supuesto acuerdo firmado en julio del 2024, que lo colocaría como presidente de la Comisión Política, un cargo que —según el estatuto de Progresemos— equivale en la práctica a liderar el partido. 

Para jaimes, ese documento no pasaba de ser un preacuerdo; en cambio para de Soto significaba un documento oficial que lo catapultaba como el candidato presidencial.

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Política

Santiváñez: el jefe que desde Palacio de Gobierno controla el Mininter

En lugar de depurar el aparato público, la presidenta Boluarte sin ninguna vergüenza ha blindado a sus incondicionales y otorga poderes en la sombra. Juan José Santiváñez sigue enquistado en el poder, símbolo de un régimen que castiga al ciudadano y premia a los suyos. La pregunta es: ¿hasta cuándo?

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El gobierno de Dina Boluarte no solo ha sido señalado por su falta de liderazgo y por una creciente represión frente a la protesta social, sino también por su insólita capacidad para reciclar personajes cuestionados. El caso de Juan José Santiváñez Antúnez representa, tal vez, el rostro más obsceno de esta estrategia: censurado, repudiado y con investigaciones fiscales en curso, hoy ocupa cargos clave en el núcleo más cercano del poder.

Santiváñez Antúnez, abogado de policías implicados en delitos graves y exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior durante el gobierno de Martín Vizcarra, debió renunciar tras revelarse sus vínculos con uniformados acusados de corrupción. A pesar de ello, el gobierno de Dina Boluarte decidió reintegrarlo, primero como viceministro de Orden Interno y luego como titular del Ministerio del Interior en abril de 2024.

Mientras fue ministro, Santiváñez reconoció que la PNP no tenía armas ni municiones para enfrentar a la delincuencia.

Su corta gestión como ministro fue un fracaso anunciado. Las promesas de combatir la inseguridad se diluyeron en el caos de cifras alarmantes y nulas respuestas institucionales. La contratación de un portavoz con un sueldo mayor al del vocero presidencial y sus vínculos con la Diviac mientras ostentaba altos cargos demuestran su enfoque instrumental y político del aparato estatal. Censurado por el Congreso con 79 votos y acusado de “incapacidad” para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana, debió dar un paso al costado. Pero ese retiro no fue una caída, sino una maniobra de reposicionamiento y blindaje.

Apenas semanas después, Santiváñez reapareció como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, una oficina creada a su medida dentro de Palacio, gracias al respaldo del secretario general Ernesto Vílchez. Desde allí, ha recibido más de 80 visitas en poco más de un mes, muchas de ellas provenientes del mismo Ministerio del Interior del que fue expulsado.

El patrón es claro: altos mandos policiales, viceministros, asesores y hasta su antigua escolta se han reunido con él. La designación del actual ministro del Interior, Carlos Malaver, fue precedida por visitas a su despacho. ¿Quién gobierna realmente el sector Interior?

La gravedad del asunto no termina allí. Santiváñez ocupa simultáneamente un asiento en el Consejo Directivo de Sucamec, organismo encargado de supervisar armas, explosivos y servicios de seguridad privada. Dos cargos públicos, dos remuneraciones posibles, y una serie de privilegios en abierta contradicción con los principios de ética pública. Todo esto, mientras es investigado por presuntos delitos de organización criminal y encubrimiento personal.

Pese a que salió por la ‘puerta falsa’ del Mininter, mandataria lo mantiene en el poder tras las sombras.

Lo más indignante es que el Estado ha financiado su defensa legal. Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, durante el segundo semestre de 2024, el Ministerio del Interior aprobó cuatro resoluciones para pagarle más de 410 mil soles en honorarios legales. El mismo Estado que lo investiga por posibles vínculos con redes criminales ha decidido protegerlo con fondos públicos.

Este escándalo no es solo un síntoma de corrupción. Es la prueba de que en el gobierno de Dina Boluarte, el castigo es simbólico y el poder real se mantiene intacto. Censuras, renuncias o investigaciones no significan destierro: significan protección e impunidad. Santiváñez es la encarnación del poder que no necesita legitimidad democrática, porque su influencia se construye entre pasillos oscuros, favores políticos y una estructura estatal que se ha rendido ante la lógica del blindaje.

Boluarte y Santiváñez aliados en el poder.

En lugar de limpiar el aparato público, la mandataria Boluarte ha optado por blindar a los suyos. Así, Santiváñez permanece, enquistado, como una pieza clave de un régimen que castiga al ciudadano, pero recompensa a sus leales. La pregunta ya no es si caerá. La verdadera interrogante es: ¿hasta cuándo se sostendrá este secuestro del Estado por parte de los mismos a quienes debería fiscalizar?

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Política

SUSALUD, ¿una entidad desconectada del paciente y del ciudadano?

Lee la columna de Rafael Romero

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Por Rafael Romero

¿Cómo atiende la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) los derechos del paciente? ¿Cómo investiga este organismo del Estado peruano, a través de sus áreas pertinentes, las denuncias por supuesta negligencia médica (p.ej. en el EXP PAS 03454-2022-IFIS)?

Se acumulan evidencias que nos hacen dudar, realmente, del personal de SUSALUD acerca de su idoneidad e imparcialidad frente a las denuncias y reclamos contra las IPRESS.

“La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”, dice un apotegma antiguo, lo que implica exigir a todos los estamentos de SUSALUD garantías de transparencia y de buenas prácticas, sobre todo para impedir por todos los medios el “reinado” de una puerta giratoria que haría del personal de SUSALUD uno muy “interesante” para las clínicas privadas.

¿Quiénes son y qué pergaminos exhiben los actuales integrantes de la Intendencia de Fiscalización y Sanción (IFIS) de la Superintendencia Adjunta de Regulación y Fiscalización de SUSALUD?

Tiene que haber un personal con seriedad en las investigaciones que realizan, cuya objetividad sea de elevado nivel, pues el fiscalizador no pocas veces en los organismos del Estado confunde sus deberes, tergiversa conceptos, inaplica normas legales de primer orden, pero si aplica dispositivos y directivas absolutamente desvinculadas de la realidad, generando con todo ello impunidad.

En efecto, toda esa malla de despropósitos si no son debidamente supervisados al final dan como resultado la procrastinación y el “no ha lugar” de las infracciones, y por tanto finalmente no existen las sanciones.

Es inaceptable que asuntos graves sean pasados en la IFIS por agua de malvas. Por ejemplo, denuncias de información falsa y de adulteración de documentos en las clínicas privadas tienen que ser abordadas con el celo que el caso exige. ¿Qué hacer y cómo sancionar a una clínica donde, valga la redundancia, aparecen las pruebas de adulteración?

Obviamente un tema tan delicado no debería ser tratado de forma benévola por la IFIS, acaso con el objetivo de dejar los casos en el archivo, sino que debe conllevar a una sanción ejemplar. Solo así tendría sentido la misión y la visión de un ente regulador y fiscalizador como SUSALUD, por supuesto respetando y cumpliendo el debido proceso.

Pero hay otro problema para el paciente, para sus familiares y los denunciantes. Es el tiempo que pierden y la forma cómo se deja de resolver urgentes cuestiones de manera célere y justa. ¿Se puede graduar y medir cuánto se afecta en SUSALUD al paciente por la no apertura diligente de un PAT, hecho con el cual al final se afecta al administrado por el incumplimiento de funciones de la IFIS?

No obstante, lo anecdótico también está presente en esta investigación periodística. ¿Qué es lo anecdótico? Que el actual superintendente de SUSALUD, Juan Carlos Velasco Guerrero, y su directora de la Oficina de Comunicación Corporativa, Ruby Violeta Cubas Urbina, estarían incursos en faltas a la Ley de Ética en la Función Pública, pues contamos con las capturas de pantalla de los correos electrónicos y los mensajes de WhastApp solicitándoles una entrevista periodística; pero su respuesta ha sido la indiferencia, el silencio y su propia autocensura para no atender a la prensa.

Esto es delicado poque va más allá de la fina cortesía institucional, pues al ser servidores públicos deberían tener presente las directivas de la PCM, SERVIR y la Defensoría del Pueblo en provecho de las buenas prácticas, de la transparencia, la honestidad, la probidad y la integridad.

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