Política
Alcalde López Aliaga ganó más de S/ 1.5 millones con la Caja Metropolitana con Susana Villarán
Durante la gestión edil de Susana Villarán la Caja Metropolitana suscribió—sin concurso público—un contrato con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance SA’, para colocación de bonos titulizados de créditos ‘Caja Gas’. En suma, entre 2012 y 2013, la Caja municipal pagó un total de S/1 millón 550 mil, a ambas empresas pertenecientes a Rafael López Aliaga.

Dos años después de haber votado a favor y de haber firmado la aprobación para entregar el ‘cobro de peaje’ a la corrupta empresa OAS, el exregidor municipal y hoy alcalde de Lima, Rafael Lopez Aliaga, a pocos meses de iniciarse la gestión municipal de Susana Villarán como alcaldesa metropolitana, el 15 de junio del 2011, fundó la compañía ‘ACRES Sociedad Titulizadora SA’, teniendo como socios a ‘ACRES Investments SA’, empresa dirigida por él, y a Javier Riofrio Orrego, su socio en otras firmas.

Esta empresa de López Aliaga, con los supuestos procesos de titulización, prácticamente tercerizaba obligaciones de pagos y/o deudas. Entre tanto, su directorio lo conformaban, además de López Aliaga (como gerente general), Javier Riofrio, Rui Baracco y el chileno Andrés Muñoz Ramírez, quien era el socio operador. Este ciudadano chileno a inicios del siglo XXI se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo Comercial y Vicepresidente Ejecutivo de Riesgos de Interbank; pero desde 2011, tras salir del conglomerado empresarial de los Rodríguez Pastor, Muñoz Ramírez se convirtió en accionista y miembro del directorio de algunas empresas vinculadas a Rafael López Aliaga, entre ellas, ‘ACRES Real Estate SA’ (Digital Ventures), ‘ACRES Investments Peru SA’, ‘ACRES Sociedad Agente de Bolsa’ y ‘Energías Eólicas del Perú SA’.
Asimismo, Lopez Aliaga también fundó la empresa consultora, de asesoría financiera ‘ACRES Finance SA’. Lo hizo a través de ‘ACRES Investments SA’, como su representante, el 19 de octubre de 2011, e incorporando también como socio y presidente del directorio a Andrés Muñoz Ramírez. Y apenas al mes siguiente, es decir, el 18 de noviembre, la oficina de Logística de la Caja Metropolitana convocó justamente a Muñoz Ramírez para que la empresa realice una asesoría externa en gestión integral de riesgos. Entre tanto, él mantenía una relación estrecha con dos funcionarios de confianza de Susana Villarán. Se trata de Ángel Calderón, exgerente de la Oficina de Riesgos de la Caja Metropolitana; y José Miguel Castro, hombre de confianza de la exalcaldesa acusada por recibir coimas y expresidente del directorio de la Caja Metropolitana.
El 20 de diciembre de ese mismo año, Calderón mediante un informe enviado a la gerencia general de la “Caja”, justificó la necesidad de contratar a Muñoz Ramírez, mediante un proceso de contratación directa. Y al poco tiempo, el 20 de febrero de 2012, la Caja Metropolitana suscribió un contrato de asesoría externa con Andrés Muñoz para que diagnóstique los riesgos de los productos del área de banca comercial, y de ‘Caja Gas’.
En aquella época, La Caja Metropolitana le pagó 80 mil soles. Es decir, este primer pago lo dividieron en cuatro armadas de S/20 mil cada una, justo un mes antes de la suscripción del contrato. Por su parte, la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz Ramos, mientras investigaba el caso, según su tesis refirió que simularon un proceso de selección y firma del contrato con el fin de favorecer a Muñoz Ramírez. “El servicio para el cual fue contratado Muñoz no fue brindado”, sostuvo Díaz Ramos en su acusación fiscal.

Sin embargo, Muñoz Ramírez no se durmió y el 10 de enero mediante un correo electrónico enviado al gerente general de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco, le planteó “formalizar en un mandato la ejecución de la emisión de bonos titulizados de la cartera Caja Gas”, y que le cabía como “anillo al dedo” al rubro de ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, empresa de Rafael López Aliaga, constituida siete meses antes. Fue así que, en la sesión del directorio de la Caja Metropolitana del 9 de agosto de 2012, el entonces mandamás de la “Caja” presentó la propuesta para titulizar la cartera ‘Caja Gas’ hasta por S/40 millones; y el directorio autorizó a Vivanco para que contrate de manera directa—sin licitación—a una empresa titulizadora, para concretar la titulación.

Y luego de unos meses, el 4 de octubre de ese año, la Caja Metropolitana suscribió, directamente y sin concurso público, un contrato con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance SA’ para el proceso de estructuración, titulización y colocación de bonos titulizados de la cartera de crédito ‘Caja Gas’.
Según el contrato, el pago serían S/300 mil, más IGV, dividido en tres cuotas; y un pago de honorarios de éxito del 1.5% del monto colocado, más el IGV, pagados a la fecha de colocación de bonos. No obstante, fueron estipulaciones que figuraban en papel. Porque igual que lo que sucedió con Andrés Muñoz, las empresas de Rafael López Aliaga cobraron parte de sus honorarios antes de firmar el contrato.

El Ministerio Público determinó que el contrato fue elaborado por ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance SA’, y no por la Caja Metropolitana de Lima. De acuerdo con la investigación fiscal, la contratación de ambas empresas de “Porky” se hizo “sin que existiera una necesidad real”. Sin “ningún informe técnico que respalde la propuesta de la necesidad de titulización, el monto de la emisión de los bonos, ni el plazo de la operación de titulación”. Al poco tiempo, el 31 de diciembre de 2012, el gerente general de la Caja Metropolitana, Óscar Vivanco suscribió el contrato de Fideicomiso de Titulación y contrato de Emisión de Bonos de titulización por S/ 40 millones con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’.

Gestión de Susana Villarán favoreció a López Aliaga
Desde que López Aliaga fundó su compañía ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, dicho contrato con la Caja Municipal de Lima, prácticamente fue su primera operación comercial. Por lo que, la gestión municipal de la exalcaldesa Susana Villarán no solo se saltaba los plazos, sino también, la ley, con el fin de favorecer a Muñoz Ramírez y a López Aliaga. De acuerdo con la Fiscalía y la propia Contraloría General de la República, el pago efectuado a la empresa del dueño de Renovación Popular, defraudó y causó un perjuicio millonario a la Caja Metropolitana.
Entre 2012 y 2013, la Caja Metropolitana pagó un total de S/1 millón 550 mil en contratos con ‘ACRES Sociedad Titulizadora’, ‘ACRES Finance’, ambas empresas de Rafael López Aliaga y con el socio de este, Andrés Muñoz Ramírez.
López Aliaga involucrado en corrupción de Caja Municipal
El 21 de diciembre de 2020, la fiscal Vanessa Díaz acusó a 11 personas por el caso de la Caja Metropolitana. En cuanto a Andrés Muñoz Ramírez, la fiscal le imputó los delitos de colusión agravada y falsedad genérica, y pidió al Poder Judicial una condena de 12 años y 11 meses de prisión. Asimismo, la fiscal Manuela Villar, de lavado de activos, señala que Rafael López Aliaga tuvo participación en toda la trama de corrupción en la Caja Metropolitana.
En julio del 2022, la fiscal Villar formalizó la investigación preparatoria a Rafael López Aliaga, por el delito de lavado de activos, contra la administración pública, por el caso de la Caja Municipal de Lima Metropolitana, con el agravante de integrar una organización criminal. La Fiscalía identificó aumentos de capital, bajo la modalidad de capitalización de acreencias entre las compañías de López Aliaga, por S/223 millones 908 mil 180. entre ellas, la offshore ‘ACRES Investments International Ltd Inc’., registrada en Nevada por Mossack Fonseca, el 28 de junio de 2011 y que tiene como único accionista a Rafael López Aliaga.
Hay que remarcar que ‘ACRES Investments International Ltd Inc’. es accionista mayoritaria de ACRES Investments SA, que a su vez es accionista de ‘ACRES Sociedad Titulizadora’ y ‘ACRES Finance’ y de acuerdo a la tesis fiscal, todas estas empresas, están lideradas y controladas por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
Política
Congresista Bellido pide ‘cuestión previa’ contra proyecto de ley que favorece a grandes corporaciones turísticas
El legislador Guido Bellido hoy en el pleno afirmó que con el nuevo dictamen: “No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, brindar beneficio presupuestario a las grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga”, y planteó una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía.

Gremios y Empresarios de turismo a través de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (APETUR), enviaron un oficio a 23 congresistas de las bancadas de Acción Popular y Podemos Perú, que representan a diversas regiones del país, exigiendo que presenten ‘cuestión previa’ en contra del Proyecto de Ley 9796, acumulado a otros, Nueva Ley General de Turismo, para que regrese a la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, con el fin de desacumular el Proyecto de Ley 10209, y pueda ser dictaminado de forma independiente.
Asimismo, denuncian que en el nuevo texto sustitutorio del dictamen de la nueva ley general de turismo se ha eliminado la obligación legal de que Mincetur deba aprobar programas de turismo social que beneficien a grupos excluidos del turismo, considerando que dicho detalle sí se encontraba en el texto primigenio de la vigente ley general del turismo.

Además, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas denuncian que CANATUR y algunos congresistas que serían sus aliados, se confabularon los días 12 y 13 de diciembre del 2024, para excluir a las agencias de viaje y turismo y a las empresas que presten el servicio turístico de transporte turístico, para que sean excluidas del texto sustitutorio del Proyecto de Ley 7208, cuyo titulo es: “Ley que modifica la Ley 31556, Ley que promueve medidas de reactivación económica de micro y pequeñas empresas de los rubros de restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos”.
Finalmente, el presidente de APETUR, Rolando Concha López solicitó una audiencia con los integrantes de las bancadas a las que se le cursó el oficio para poder sustentar la necesidad de que presenten un Proyecto de Ley que modifique a la Ley 32219, que es la que pretende modificar a la Ley 31556, que promueve la reactivación económica de las micro y pequeñas empresas turísticas y de restaurantes y alojamientos.
Por su parte, en el Pleno de hoy en el Congreso, el legislador Guido Bellido durante su intervención mencionó que, para los cusqueños, este predictamen se aprobó en una sesión en la Municipalidad Metropolitana de Lima en presencia del alcalde de Lima Rafael López Aliaga, aprobado solo con 5 votos favor; es decir, un predictamen que fue exonerado de la Comisión de Descentralización, cuando el tema de turismo tiene que ver con todo el país, y también fue exonerada de la Comisión de Economía, y han desaparecido el turismo social.
“Aquí claramente se muestra que el propósito es beneficiar a la corporación que maneja el turismo en el país, en detrimento de los intereses del propio país. No solo están contentos con eliminar el beneficio social, sino, con beneficio presupuestario a esas grandes empresas como las del señor Rafael López Aliaga, y planteo una cuestión previa para que retorne a la Comisión de Descentralización y Economía”, concluyó Bellido Ugarte.
Política
Congreso plantea exigir antecedentes penales y policiales para comprar motos
Proyecto de ley impulsado por legislador exfujimorista y actual apepista Lizarzaburu señala que su iniciativa fortalece la seguridad ciudadana y por la creciente ola de crímenes perpetrados utilizando las motos.

El congresista, exfujimorista y actualmente de Alianza Para el Progreso (APP), Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu, ha presentado el Proyecto de Ley n.° 11037/2024-CR denominado: “Ley que fortalece la seguridad ciudadana, a través de la incorporación de los artículos 4-B y 4-C en la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre para la adquisición y responsabilidad de las transacciones de los vehículos menores motorizados”, que en resumidas cuentas plantea exigir antecedentes penales, policiales y otros requisitos de rigor para comprar motocicletas en el Perú. En el documento propuesto se indica que el objetivo ayudar a prevenir delitos.

La iniciativa propone que se incluyan los artículos 4-B y 4-C en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, y el nuevo texto sería de la siguiente manera:
Artículo 4-B. De la adquisición de los vehículos menores motorizados
Para la adquisición de los vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos, serán indispensables los siguientes requisitos:
• Licencia de conducir.
• Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) legalizado.
• Antecedentes Penales.
• Antecedentes Policiales
• Para el caso de extranjeros, además, condición migratoria habilitante vigente.
Además, señala que los mismos requisitos serán necesarios para el alquiler de los citados vehículos motorizados, previo registro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Mientras tanto, el artículo 4-C hace referencia a la «responsabilidad administrativa de las transacciones de vehículos menores motorizados».
«Las personas naturales y jurídicas que, al transferir, alquilar, prestar, donar o permutar vehículos menores motorizados de la categoría L de la clasificación vehicular contenida en el Anexo I del Decreto Supremo 058-2003-MTC, Reglamento Nacional de Vehículos; no hayan cumplido con acreditar ante el MTC, lo previsto en el artículo 4-B de la presente Ley, alcanzan responsabilidad administrativa», señala.

MTC deberá crear registro de compra de motos
En las disposiciones complementarias finales se establecen que el Poder Ejecutivo deberá aprobar el reglamento de la Ley en un plazo «no mayor de noventa días hábiles contados desde su entrada en vigor». Asimismo, la iniciativa establece que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cree el Registro de Adquisiciones de Vehículos Menores Motorizados.
En la exposición de motivos, el proyecto de ley argumenta que las razones se deben a que durante los últimos años se ha presenciado un «incremento exponencial de los delitos que se comenten utilizando como medio de transporte a los citados vehículos motorizados». En tanto, consideran que con las nuevas exigencias y requisitos se podrá ejercer un debido control sobre las motos lineales.
«Así, las autoridades tendrán las herramientas necesarias para una debida fiscalización y un monitoreo permanente con el propósito de la prevención de ilícitos», añaden en la iniciativa legal.
Política
Tu firma por tres gaseosas [VIDEO]
Movimiento por la unidad de los Pueblos, del ex ministro de Salud Hernando Cevallos, te da bebidas para afiliarte a su partido.

De acuerdo a su página oficial, el Movimiento por la Unidad de los Pueblos (MUP), aparece como un “movimiento político que lucha por la transformación del país hacia un Perú justo, soberano e igualitario”. A priori se leen palabras sensatas, sin embargo, investigando un poco más en sus redes sociales se observa que exigen la liberación del expresidente Pedro Castillo.
Justamente, el ex ministro de Salud castillista Hernando Cevallos figura como su coordinador nacional, quien en una oportunidad fue a visitarlo al penal de Barbadillo. Asimismo, desde el MUP se han organizado varias marchas a favor de la liberación de Castillo Terrones, acusando directamente al Congreso de la República y a los “grandes medios” de ser los verdaderos golpistas.

Más allá de esos pronunciamientos o actividades, poco o nada se sabe sobre la ideología de ese movimiento político. Quiénes son sus caras más visibles, sus representantes. Empero, sus tantas declaraciones a distintos medios, nos dan a entender que buscan una Asamblea Constituyente, el mismo discurso de varios partidos de izquierda.
“Somos un movimiento democrático y popular, reconocemos el valor de la democracia representativa, pero reivindicamos la necesidad de la participación directa y permanente del pueblo en las gestiones y decisiones del Estado, una democracia participativa que se asienta sobre la base de la organización y el poder popular, levantando las banderas de cambios profundos que el país necesita como una asamblea popular constituyente”, fueron las declaraciones de Hernando Cevallos difundidas por la revista Caretas el 22 de octubre del 2023.

Ese mismo movimiento ahora pretende afiliar a los ciudadanos entregándoles, según ellos de manera voluntaria, tres botellas de gaseosa para que firmen un planillón.
Un reportaje de 24 horas evidenció a dos señoras, con planillones, lapiceros y botellas, sentadas muy cerca al hospital Daniel Alcides Carrión, “regalando” gaseosas, pero con la condición de que el ciudadano otorgue sus datos personales y estampe su firma en una planilla de inscripción.
“Estamos regalando tres gaseosas con tu DNI”, se escucha a una de las mujeres en el video difundido por el programa de Panamericana.
Lastimosamente muchos de los incautos ciudadanos aceptan tal ofrecimiento y firman las hojas sin siquiera revisar el contenido ni a qué partido político se están afiliando. “Somos una sociedad que normaliza el clientelismo político”, advierte el ex ministro de Justicia, José Tello.
Política
¿Cuánto debería ganar Dina Bolaurte?
Mandataria en la actualidad percibe 16 mil soles, pero si su remuneración estuviera sujeta a su desempeño y popularidad ¿ganaría lo mismo?

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sugiere que nuestra presidenta de la República, Dina Boluarte, tendría que ganar por lo menos 35 mil soles por su condición de jefa de Estado, y que hasta sus ministros ganan más que ella.
Sin embargo, si evaluáramos tal remuneración considerando su desempeño en el sillón de Pizarro muchos de los ciudadanos consideran que la ‘madre de todos los peruanos’ debería solamente recibir un poco más del sueldo mínimo, una tarjeta por navidad y año nuevo y su pavo congelado.
Y es que nuestra presidenta desde que asumiera en el 2022 no da muestra de mejoría alguna. Recluida detrás de sus ministros, Boluarte Zegarra desde un principio quiso apartarse de los medios de prensa, esquivándolos, rechazándolos, tildándolos de “enemigos de la patria”, de “confabuladores” que solo ponen noticias negativas en sus portadas y que nunca ponen sus logros.
La primera presidente mujer de la historia del Perú anuncia todas las semanas, luego de concluido el Consejo de Ministros, que su gobierno está comprometido por brindarle la paz y tranquilidad a todos los peruanos y que salgamos tranquilos a la calle porque no nos va a pasar absolutamente nada, ya que la Policía y las Fuerzas Armadas “prácticamente” han desarticulado a las bandas criminales. Unos minutos después, un ciudadano es acribillado en la puerta de su casa.
Su desolador 3 % de aprobación es la clara muestra de que algo no anda bien con su gestión. Algunas empresas en el Perú, y otras empresas en el mundo, les pagan a sus empleadores de acuerdo a su desempeño. Viendo que Boluarte va perdiendo la batalla contra la inseguridad, más preocupada en ocultar sus cirugías, salimos a la calle a formular la siguiente pregunta al ciudadano de a pie: ¿cuánto debería ganar Dina Boluarte?
Las respuestas fueron variopintas.
- “Esa señora al contrario debería de pagarnos todo lo que nos ha robado”.
- “Que su wayki le pague su sueldo”.
- “Que venda todas esas joyas, esos relojes que tiene escondido. Con eso que se pague todas las cirugías que quiera”.
- “Le daría un sol para su pasaje y se largue. Vieja corrupta”.
Conociendo la indignación de las personas, muchas respondiendo ‘al vuelo’ nuestra pregunta, solamente cabría recomendarle a nuestra mandataria que de una vez por todas dé la cara (o lo que quede de ella) y empiece a hacer su tarea como máxima autoridad para que así justifique los miles de soles que gana y que los peruanos, con nuestro sudor, se lo venimos pagando.
Política
PJ: Julio Demartini niega responsabilidad por caso ‘Qali Warma’
El extitular del Midis, quien continúa trabajando como asesor para el Gobierno, reapareció en audiencia judicial y aseguró que no hay evidencia de que haya favorecido a algún proveedor. Asimismo, refirió que el caso ‘Qali Warma’ se basa en especulaciones.

Durante la audiencia de apelación del Poder Judicial por el impedimento de salida del país, el exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, se dedicó a defender su trayectoria profesional de más de 30 años en el servicio público y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno y que no tuvo ninguna injerencia en las contrataciones del cuestionado Programa Alimentario, “Qali Warma”.
Asimismo, enfatizó que el caso en su contra se basa en meras especulaciones mediáticas y en el desconocimiento de los procedimientos administrativos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
“Estamos hoy aquí por hechos originados en noticias de medios de comunicación, en especulaciones. Pero la realidad es que he estado, estoy y estaré en el país, enfrentando cualquier investigación, porque mi interés principal es que esto se esclarezca”, declaró Demartini ante los jueces.
El exministro afirmó que las contrataciones bajo investigación se realizaron a través de un procedimiento especial y autónomo dentro del programa alimentario, el cual no se rige por las reglas tradicionales de compras del Estado, y aclaró que los ministros no intervienen, en esos procesos.
“Ese procedimiento especial de compras tiene autonomía técnica, y las decisiones las toma el equipo especializado del programa, no los ministros”, puntualizó.

Negó sus vínculos con investigado Martín Riepl
En otro momento, Juli Demartini, negó cualquier vínculo con los empresarios que vienen siendo investigados. “No conozco al señor Riepl, ni social, ni laboral, ni profesionalmente. No tengo relación alguna con su empresa, y ni siquiera tengo registro de haber sido entrevistado por él en calidad de periodista”, indicó y sostuvo que no hay, ni habrá evidencia de que haya favorecido a proveedor alguno.
“No he dicho jamás ‘contraten a tal persona’. Eso es impensable. Las contrataciones se basan en informes técnicos, con respaldo de entidades como el Sename, la Digesa o el Ministerio de Agricultura”, concluyó.
Política
Gobierno extingue 14 programas de ministerios y pasarán a formar parte de la ANIN
Ministro de Economía José Salardi anunció la desactivación de Provias Descentralizado, Plan Copesco, Programa Nacional de Telecomunicaciones y otros 11 programas de diversos ministerios, para formar parte de la nueva Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

El ministro de Economía y Finanzas, José Antonio Salardi Rodríguez, anunció la extinción de 14 programas de infraestructura que pasarán a ser parte de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), la misma que se encuentra adscrita a la Presidencia del Concejo de Ministros (PCM) Estos son:
Provías Descentralizado.
Provías Nacional.
Programa Nacional de Telecomunicaciones – PRONATEL.
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED.
Programa Nacional de Inversiones en Salud – PRONIS.
Programa Nacional de Saneamiento Urbano – PNSU.
Programa Nacional de Saneamiento Rural – PNSR.
Programa Agua Segura para Lima y Callao – PASLC.
Programa Subsectorial de Irrigación – PSI.
Plan Copesco Nacional – PCN.
Programa Nacional de Vivienda Rural – PNVR.
Programa Mejoramiento Integral de Barrios – PMIB.
Programa Nuestras Ciudades – PNC.
Plan Nacional de Diversificación Productiva – PNDP.
El titular del MEF, indicó que actualmente existen múltiples entidades que ejecutan proyectos sin que haya una articulación territorial eficiente, lo que ha generado duplicidades administrativas y una fragmentación operativa.
“Hoy en día tenemos 14 programas que ejecutan inversiones a nivel nacional, tenemos 14 gerencias de administración, de logística, de recursos humanos. Es decir, se sobreponen muchas funciones. (…) Por eso, la medida que se va a tomar es la de extinguir estos programas y sus inversiones van a ser incorporadas en la cartera de proyectos del ANIN”, afirmó Salardi.
Según el MEF, ahorrarán miles de millones
Asimismo, destacó que, solo durante el segundo semestre de 2025 (de junio a diciembre), el ahorro estimado debido a la eliminación de estos programas será de aproximadamente S/ 2.500 millones.

Funciones de la ANIN
La Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), es una entidad pública creada mediante la Ley N° 31841, promulgada el 21 de julio de 2023. Su misión principal es gestionar proyectos de infraestructura pública de gran envergadura. Esta entidad se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y posee autonomía funcional, administrativa, técnica y económica.
La ANIN tiene como objetivo principal ejecutar proyectos de infraestructura que superen los S/ 200 millones, así como aquellos entre S/ 40 y S/ 200 millones en situaciones de emergencia o con alto impacto territorial. Entre sus funciones se incluyen la formulación, ejecución y mantenimiento de estos proyectos, la gestión de contratos y convenios, y la supervisión de estudios técnicos y consultorías especializadas. Asimismo, está facultada para ejercer funciones de adquisición y expropiación de inmuebles necesarios para la ejecución de obras, así como para coordinar con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) en el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050.
Los proyectos gestionados por la ANIN se rigen por modalidades de contratación que incluyen contratos de ingeniería de uso estándar internacional, convenios de administración de recursos con organismos internacionales y contratos de fideicomiso con COFIDE.
Política
Dina Boluarte ‘premia’ a Juan José Santiváñez y ahora lo coloca en la Sucamec
Censurado ex ministro fue designado como miembro del Consejo Directivo de la Sucamec.

Continuará metiendo ‘bombazos’ a los “enemigos de la patria”, pero esta vez desde la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) gracias a Dina Boluarte.
Esta mañana se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema n.° 069-2025-IN donde se indica la designación del ex ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien fuera censurado por el Congreso por no ofrecer soluciones contra la delincuencia y la extorsión. En esa resolución se precisa que Santiváñez Antúnez ingresará al Consejo Directivo de la Sucamec.

De acuerdo al Decreto Legislativo 1172 en su octavo artículo, el “Consejo Directivo es el órgano máximo de la SUCAMEC… responsable de establecer las políticas institucionales y la dirección de la SUCAMEC”. Curiosamente, en artículo siguiente en su literal “e” también se precisa que el miembro del Consejo Directivo deberá “gozar de reconocida solvencia moral”, algo que muchos ciudadanos le han cuestionado al ex ministro Santiváñez.
Como se recuerda, el pasado 17 de abril Santiváñez fue incorporado como jefe de la Oficina General de Monitorio Intergubernamental, un puesto calificado como de confianza. Es así que el censurado ex ministro podrá estar cerca de la jefa de Estado.
El dato:
La SUCAMEC, o Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Interior. Su función principal es controlar, regular, fiscalizar y sancionar las actividades relacionadas con la seguridad privada, armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil en el país.
Política
Respuesta a Carta Notarial del excanciller Óscar Maúrtua
Tras publicación de un artículo de opinión titulado “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, el diplomático Óscar Maurtua, nos ha enviado una carta notarial pidiendo rectificación y reedición de la nota. Aquí la respuesta de Lima Gris.

Nos llegó a la redacción una carta notarial, remitida por el señor Óscar Maúrtua de Romaña, en la cual manifiesta su enfado e indignación por el artículo de opinión de nuestro columnista Luis Felipe Alpaca, publicado el pasado 2 de mayo, titulado: “Turismo Diplomático a costa del erario público: un privilegio injustificable”, porque considera que se afecta su honor. Asimismo, solicita rectificación y reedición de la nota periodística en mención, y aduce que es inexacta e incompleta.
Seguidamente, Lima Gris ha procedido a realizar las precisiones correspondientes, conforme a la solicitud del remitente.

A continuación, el párrafo con las precisiones actualizadas:
“A estos casos se suma el de Óscar Maúrtua, excanciller del Perú, quien fue denunciado por apropiación indebida de fondos destinados a víctimas del terremoto de 2001. Sin embargo, en 2008, la Corte Superior de Justicia anuló el proceso y archivó el caso. Asimismo, el exlegislador Álvaro Gutiérrez lo denunció constitucionalmente por su presunta participación en maniobras para favorecer a la aerolínea chilena LAN, que no cumplía con sus obligaciones fiscales en el país. Durante el mandato del expresidente sentenciado por corrupción Alejandro Toledo, Maúrtua participó en el avión parrandero; que era toda una fiesta con mucho alcohol en el avión presidencial con otros personajes del oficialismo con recursos del Estado. Actualmente, Maúrtua sigue siendo una figura prominente dentro del mundo de la diplomacia”.
“En septiembre del 2021 el Congreso citó al excanciller Maúrtua por la reunión secreta entre Castillo y Maduro. Sin embargo, Maúrtua aclaró que dicha reunión no fue secreta, sino espontánea y breve”.
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