Tras varios días de silencio frente al informe titulado: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales”, publicado por el portal Lima Gris, la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes ENSABAP, emitió un comunicado oficial en el que rechaza tajantemente las afirmaciones difundidas, calificándolas de “falsas y tendenciosas”.

El pronunciamiento, firmado por la Secretaría General, afirma que la institución sale a aclarar el contenido del reportaje “en honor a la transparencia institucional y del correcto uso de los recursos públicos”. Según la universidad, la publicación genera confusión y afecta la imagen de una institución que —según recalcan— actúa conforme a los principios de legalidad, ética y transparencia.

Deslindan responsabilidades

El comunicado también intenta desligar de responsabilidad a la actual directora general, Eva López Miranda, señalando que durante su gestión, iniciada en 2021, no se han efectuado pagos con fondos institucionales a favor de los docentes demandantes. Agregan que la mayoría de los procesos judiciales iniciaron en años anteriores y que han sido heredados por la administración vigente.

En esa línea, la universidad asegura que las sentencias que reconocen “beneficios sociales” a docentes —una vez que adquieren calidad de cosa juzgada— son gestionadas y pagadas directamente por el Ministerio de Educación, a través de la Procuraduría Pública y con recursos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Así, afirman que la UNABAP no tiene competencia directa, ni presupuesto asignado para ejecutar dichos pagos.

Finalmente, niegan que la universidad esté reservando dinero propio para cumplir con las indemnizaciones y reiteran que la publicación periodística “carece de rigor informativo”.

La respuesta de Lima Gris: contradicciones y documentos judiciales

Frente al pronunciamiento institucional de Bellas Artes, Lima Gris responde que, contrario a lo afirmado en el comunicado, sí intentó recabar la versión de las autoridades involucradas antes de la publicación del informe. De hecho, la Unidad de Investigación se comunicó oportunamente con la directora general Eva López, con su esposo Mauro Yrigoyen y con otros docentes implicados en el caso.

La única respuesta recibida, fue una escueta declaración de la directora general López Miranda, indicando que cualquier información debía canalizarse exclusivamente a través de la Secretaría General, a cargo de Mabel Lizarzaburu Rodríguez. No obstante, esta tampoco emitió respuesta directa, alegando que debían cumplirse procedimientos formales mediante correos institucionales.

Por lo tanto, Lima Gris refuta que su informe carezca de rigurosidad, o que haya buscado desinformar, y subraya que fue precisamente la falta de voluntad institucional para brindar descargos oportunos lo que motivó la publicación sin sus versiones.

Embargo judicial contradice afirmaciones de ‘Bellas Artes’

Más allá de las declaraciones, existe un hecho documentado que desmiente parte del pronunciamiento de la UNABAP. En efecto, mediante la Resolución N° 34 del Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente del Poder Judicial, con fecha 2 de enero de 2024, se declaró fundada una solicitud de EMBARGO en forma de retención sobre los fondos de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú.

La resolución judicial ordena expresamente embargar y retener un total de S/ 2,898,987.44 (más de dos millones ochocientos mil soles) de los fondos no ejecutados correspondientes al presupuesto institucional del ejercicio económico 2023. Además, dispone que tanto la directora general como el secretario general adopten todas las acciones necesarias para ejecutar dicha retención.

Esto contradice y desmiente directamente la afirmación institucional de Bellas Artes, de que los pagos serán cubiertos exclusivamente por el Ministerio de Educación con dinero del MEF, y no con fondos de la propia universidad. El documento judicial, de carácter vinculante, confirma que los recursos provendrán del presupuesto no utilizado de la propia UNABAP, como parte del cumplimiento de una sentencia laboral firme.

¿Quién daña la imagen institucional?

Lima Gris concluye que no es el medio, ni la publicación la que afecta la imagen de Bellas Artes, sino la situación generada por un grupo de docentes que judicializó sus vínculos laborales para obtener beneficios económicos, y por la falta de transparencia de las autoridades bellasartinas para informar a la comunidad académica y a la ciudadanía sobre el destino de los fondos públicos.

En un contexto donde la legalidad y la transparencia deben ser pilares de la gestión universitaria, el comunicado de la UNABAP no solo evita asumir responsabilidad institucional, sino que omite hechos verificables que hoy obran en los registros del Poder Judicial.

Continúan los puyazos. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó hoy admitir a trámite la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por archivar una investigación contra el fiscal supremo Pablo Sánchez.

Se trata de la denuncia constitucional n.° 570, interpuesta por el parlamentario Alejandro Muñante y otros, por la presunta infracción al artículo 159, numeral 1 de la Constitución Política y la posible comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal.

La propuesta del informe de calificación fue sustentada, debatida y aprobada hoy en sesión ordinaria de la SAC, bajo la conducción de su presidenta, la congresista María Acuña (APP). El grupo de trabajo aprobó su admisión a trámite con 11 votos a favor.

El caso

De acuerdo con la denuncia, en julio de 2018, Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, tuvo una presunta intervención irregular en una diligencia fiscal que se llevaba a cabo en las instalaciones del local del Instituto de Defensa Legal (IDL) para la incautación de documentos, en el contexto de la filtración y publicación de los denominados “CNM audios”.

Dicha intervención se habría dado a través de una llamada al fiscal que desarrollaba dicha diligencia, precisa el texto de la denuncia constitucional.

Se indica que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, emitió el27 de enero del 2025 una disposición fiscal a través de la cual estableció no haber mérito para formular denuncia constitucional contra Sánchez Velarde por estos hechos, en lugar de haberse inhibido por decoro.

Al respecto, Acuña Peralta explicó que el siguiente paso será que la denuncia sea remitida a la Comisión Permanente. De aprobarse en dicha instancia, deberá regresar a la Subcomisión para que se lleve a cabo la investigación y elaboración del informe final respectivo en un plazo de 15 días.

«Hoy hemos aprobado admitir a trámite la denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, en el sentido de que presuntamente habría favorecido a Pablo Sánchez. Hoy lo que corresponde es que esta denuncia vaya a la Permanente, se apruebe allí y regrese a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en 15 días para delegar la denuncia y llevemos a una investigación y lleguemos a un informe final», dijo a Canal N.

Además, la presidenta de la Subcomisión indicó que, si bien habrá un cambio en la presidencia de dicho grupo de trabajo, debido al inicio de la nueva legislatura, quien la suceda en el cargo deberá continuar con el trámite de la misma. 

Frente a las críticas sobre un posible uso político del proceso, Acuña negó que exista persecución: “He actuado dentro del reglamento del Congreso, sin saltarme plazos ni por presión de bancadas. No he venido a perseguir a ningún funcionario público”.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, expresó su “extrañeza y preocupación” por no haber sido considerada en la mesa de trabajo convocada por la presidenta Dina Boluarte para abordar el proceso de formalización minera, una problemática crítica que involucra no solo aspectos económicos, sino también legales y penales.

A través de un oficio dirigido a la jefa de Estado, Espinoza Valenzuela cuestionó que el Ministerio Público haya sido marginado de una reunión de alto nivel en la que sí fueron invitados representantes de los tres poderes del Estado, incluyendo la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. En contraste, su institución —clave en la lucha contra delitos asociados a la minería ilegal, como el crimen organizado y el lavado de activos— no fue tomada en cuenta.

“Preocupa y causa extrañeza que no se haya convocado al Ministerio Público”, enfatizó la fiscal de la Nación.

La jornada, anunciada de forma sorpresiva por Boluarte Zegarra el domingo por la noche, se realizó este lunes con la participación del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; la presidenta del Poder Judicial; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; así como representantes de gremios mineros, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. También asistió el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento, Paul Gutiérrez.

Sin embargo, el Ministerio Público no fue convocado oficialmente, ni se cursó invitación alguna a un representante. Así lo confirmaron fuentes fiscales. Frente a ello, Delia Espinoza recordó que su institución forma parte de la Comisión Multisectorial de seguimiento a la formalización minera y erradicación de la minería ilegal, lo que refuerza su participación activa y constante en estos temas.

En su carta, Espinoza remarcó que dejar fuera al Ministerio Público representa un riesgo para la eficacia y legitimidad de las políticas que se pretendan formular, ya que la formalización minera no solo implica regulación técnica o económica, sino que está íntimamente ligada a delitos graves como la trata de personas, el tráfico de insumos químicos, corrupción y lavado de dinero.

“Cualquier proceso de formalización debe estar sustentado en la legalidad y en la defensa del Estado de derecho. La presencia del Ministerio Público es coherente y necesaria”, escribió la fiscal de la Nación.

Defensor del Pueblo minimiza rol del Ministerio Público

Consultado sobre esta exclusión, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, minimizó la necesidad de que la Fiscalía participe en el encuentro. “¿Qué tendría que hacer ahí el Ministerio Público? Nada”, declaró, alegando que la convocatoria se limitó a los tres poderes del Estado, y que la Fiscalía no forma parte de ese esquema.

Sin embargo, esta afirmación contrasta con la invitación cursada a la presidenta del Poder Judicial, que, al igual que la Fiscalía, tampoco es un poder del Estado en el sentido estricto, sino un órgano autónomo del sistema de justicia.

Salhuana pide que se incluya a la Fiscalía

Por su parte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, consideró necesario que la fiscal de la Nación se incorpore al diálogo. Aunque recordó que Espinoza ha rechazado en el pasado algunas invitaciones del Legislativo, reconoció que su rol es fundamental en este tipo de debates.

“La fiscal de la Nación también tiene que poner de su parte. Pero creo que su participación en esta mesa es importante. Exhorto al Ejecutivo a que se le invite para que participemos todos”, declaró.

¿Una omisión deliberada o una descoordinación institucional?

La falta de invitación a Delia Espinoza —justificada por algunos como una cuestión de formato— podría interpretarse también como una omisión deliberada en medio de un contexto político sensible. La Fiscalía es uno de los actores que investiga casos de minería ilegal, corrupción pública e incluso redes delictivas con nexos en el poder local y regional, precisamente en zonas mineras informales.

En un tema tan complejo como la formalización de la minería —con fuertes presiones gremiales, tensiones sociales y millonarios intereses de por medio—, la ausencia del Ministerio Público deja fuera al principal organismo encargado de perseguir el delito, justo cuando se pretende diseñar políticas que separen la informalidad de la ilegalidad.

Delia Espinoza ha dejado claro que quiere estar presente. Su mensaje no es solo un reclamo institucional, sino una advertencia sobre la necesidad de abordar el problema de la minería ilegal con todos los actores del sistema de justicia. Y en esa mesa, el componente penal no puede quedarse vacío.

¿En qué momento legislarán a favor del país? El pasado 2 de julio, el congresista Jorge Flores Ancachi (Acción Popular) presentó el Proyecto de Ley (PL) n.° 11822/2024-CR, que busca modificar artículos sustanciales de la Ley 26834, conocida también como la Ley de Áreas Naturales Protegidas.

De acuerdo con el texto, se propone modificar nueve artículos e incorporar tres disposiciones complementarias. Los cambios que se proponen abren la posibilidad de que se realicen actividades extractivas en áreas protegidas, donde actualmente están prohibidas.

Entre las modificaciones se busca permitir la explotación de recursos en parques nacionales y santuarios nacionales e históricos y otorgar mayor injerencia en estas áreas por parte del Ministerio de Energía y Minas, institución responsable de la extracción de hidrocarburos en el país.

El PL presenta como justificación la posibilidad de generar el aumento del canon y sobrecanon que sirvan para el cierre de brechas sociales y de infraestructura. La propuesta se encuentra actualmente en las comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República.

No es la primera vez que se pretende cambiar la norma que rige para las áreas protegidas. En 2023, una propuesta del Ejecutivo planteaba modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas para abrir estos espacios a la exploración y explotación de gas y petróleo. Sin embargo, la norma no fue aprobada.

Diversas instituciones civiles y de pueblos indígenas se han manifestado en contra de esta nueva propuesta. “Con esta modificatoria de la ley se legalizaría la extracción de hidrocarburos en espacios intangibles. Sería un impacto grave no solamente a la diversidad biológica, sino que también se promueve un retroceso y debilitamiento de toda la normativa ambiental”, señala Vanessa Cueto, coordinadora del Programa Sostenibilidad de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

En un análisis legal publicado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) se señala que se trata de un PL inconstitucional que debe ser archivado porque “constituye un retroceso para la institucionalidad ambiental de nuestro país y una vulneración al derecho humano a un ambiente sano y equilibrado”, por lo que considera que debería “ser observada por el Ministerio del Ambiente”.

Los cambios que ponen en riesgo las áreas protegidas

La nueva propuesta de ley indica que cuando el desarrollo de un proyecto para la extracción de recursos renovables o no renovables sea declarado de necesidad pública e interés nacional se permitiría su explotación, así como la modificaciones y transformaciones de la zona.

Otro de los cambios se refiere a la creación y modificación legal de las áreas protegidas. En la ley vigente se indica que “la reducción física o modificación legal” de un área natural protegida “solo será aprobada por ley”. En el nuevo proyecto de ley las modificaciones en las áreas protegidas serán aprobadas por decreto supremo y refrendadas por “el ministro del Ambiente y por uno o más ministros a cuyo ámbito de competencia correspondan”.

Además, en el caso de áreas protegidas marinas, “donde sea posible el aprovechamiento de recursos hidrobiológicos”, lo debe refrendar el ministro de Producción. En el caso de que las áreas naturales protegidas “incluya áreas donde exista evidencia de la presencia o el posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, incluyendo las áreas promocionales y otras de similar naturaleza en cualquier parte del territorio nacional”, también lo deberá refrendar el ministro de Energía у Minas.

Una tercera modificación que se cuestiona tiene que ver con la aprobación del plan maestro de cada área protegida. Se propone que la aprobación de este plan de gestión, así como de sus modificaciones y actualizaciones, cuente con la opinión del ministro de Energía y Minas cuando exista evidencia de la presencia o del posible aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos.

La SPDA también cuestiona la participación del ministerio en los procesos de creación, aprobación y modificación de las áreas protegidas y señala que incluir a este ministerio significa “colocar una presión sobre gran parte del territorio nacional, reduciendo procesos técnicos a procesos politizados”.

La organización también señala que la creación de un área protegida es reconocida internacionalmente como herramienta de conservación importante, por lo que establecer medidas de este tipo contradice la postura del Estado peruano para dar cumplimiento a las metas internacionales de conservación, como el Convenio de Diversidad Biológica.

En la zona de Gambetta Alta, en el Callao, decenas de familias viven a escasos centímetros de los rieles por donde circulará el tren de pasajeros recientemente traído desde Estados Unidos. Este convoy forma parte del anunciado servicio ferroviario Lima–Chosica. Sin embargo, la proximidad de las viviendas a la vía férrea —menos de un metro en algunos casos— incumple abiertamente la norma técnica, que exige una franja de seguridad de al menos 20 metros a cada lado.

Cuarenta años en terreno público

Los vecinos reconocen haber ocupado el terreno de manera informal desde hace décadas, incluso antes de que existiera el proyecto de reactivación del tren. No cuentan con títulos de propiedad, pero afirman que ninguna autoridad se ha acercado a informarles qué ocurrirá ahora que el tren de pasajeros podría comenzar a operar con mayor frecuencia.

“Nadie nos ha dicho nada. No sabemos si nos van a desalojar ni cuándo. Estamos en el limbo”, declaró un residente.

Acostumbrados al riesgo

Aunque la cercanía al tren siempre ha representado un peligro, los vecinos del Callao afirman que ya estaban habituados. Relatan que cuando el tren pasaba, cerraban puertas y se mantenían dentro de casa. Sin embargo, en el pasado ya se han producido accidentes, incluso con consecuencias fatales para personas y animales.

“Siempre hemos tenido cuidado, pero si este nuevo tren pasa cada hora, no sabemos qué puede pasar”, alertó un morador.

El tren donado por la empresa Caltrain, de mayor tamaño y diseñado para transporte de pasajeros, podría operar con una frecuencia mucho mayor, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en tramos sin cercos ni señalización mínima.

“Es más ancho, y si uno está cerca, lo puede arrastrar”, advirtió un vecino.

Hasta ahora, ni el Ministerio de Transportes, ni las autoridades locales del Callao han informado sobre planes de mitigación, reubicación o medidas de seguridad. Los vecinos afirman estar dispuestos a dialogar y reconocer su condición de ocupantes informales, pero exigen información clara y anticipada. Temen que, si no se actúa pronto, la puesta en marcha del tren termine en una tragedia evitable.

La exprimera ministra Betssy Chávez Chino anunció el inicio de una huelga de hambre absoluta desde el penal Anexo Mujeres de Chorrillos, donde cumple prisión preventiva por su implicación en el caso del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

En una carta difundida, la también exministra de Cultura y Trabajo acusa «actos ilegales, arbitrarios y humillantes» al interior del establecimiento penitenciario femenino, los cuales —según sostiene— vulneran sus derechos fundamentales. Chávez, sindicada como presunta coautora del delito de rebelión, denuncia haber sido víctima de hostigamientos sistemáticos.

Entre los agravios señalados, afirma que se le prohíbe el uso de los baños los fines de semana, se le restringe el tránsito por los pasadizos del penal y no se le permite recibir la visita de su defensa legal de lunes a jueves. Además, asegura que también se le ha limitado la visita ordinaria de familiares y amigos.

Cabe recordar que, a inicios de julio, Chávez Chino denunció intentos de chantaje sexual y cobros de cupos dentro del penal, sin que hasta el momento se conozcan avances concretos en esas investigaciones.

Con esta medida de protesta, la exprimera ministra busca llamar la atención sobre las condiciones de su detención y exigir un alto a lo que califica como tratos degradantes e injustificados.

Betssy Chávez denunció ser víctima de chantaje s3xual y corrupción en penal anexo Mujeres de Chorrillos. pic.twitter.com/4H9gbdUORp

— Revista Lima Gris (@Limagris) July 11, 2025

Van y vienen, pues no les ata una ideología política definida y tampoco pertenecen a una escuela definida de pensamiento. Sí, la mayoría de nuestros congresistas saltan de bancada y bancada hasta encontrar una que les brinde las posibilidades de seguir creciendo en cuanto a sus intereses personales. Atrás quedaron aquellos bloques claramente definidos de izquierda, centro o derecha, donde los contrapuntos eran el tema central, y no los escándalos de cada uno de nuestros ‘padres de la patria’.

Ya faltan pocos días para la elección de una nueva Mesa Directiva en el Congreso y ya varios legisladores vienen analizando la posibilidad de ser parte de lo que será la última de este mandato. De esta manera, el parlamentario Alex Paredes acaba de presentar de manera formal su renuncia a la bancada compuesta por el Bloque Magisterial, anunciando su incorporación a Somos Perú.

Mediante carta dirigida al portavoz de este grupo, Héctor Valer, Paredes sustentó su solicitud argumentando su inscripción partidaria y cumplimiento del Reglamento del Congreso. Adjuntó su carta de renuncia al anterior grupo parlamentario como requisito procedimental.

En paralelo, la congresista Elizabeth Medina también anunció el último lunes 14 de julio, su renuncia al Bloque Magisterial, con miras a la nueva legislatura, incorporándose también a Somos Perú.

Previamente, la congresista Kelly Portalatino también presentó su carta de renuncia a la bancada de Perú Libre, el último 11 de julio.

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Portalatino agradeció a Perú Libre por la oportunidad que le dieron de ser militante y congresista para “trabajar en beneficio de las clases sociales más vulnerables”.

Indicó también que su renuncia no responde a motivos ideológicos o el programa partidario, con el cual dijo haber sido consecuente durante su periodo de militancia. Según precisó, su decisión se da por motivos personales.

El dato:

Con la incorporación de Medina y Paredes, la bancada de Somos Perú contaría con 7 integrantes. Estos son: José Jerí, Alfredo Azurín, Héctor Valer, Jorge Morante, Ana Zegarra, José Pazo, Alex Paredes y Elizabeth Medina.

Mientras el discurso oficial insiste en la lucha contra la corrupción, el gobierno de Dina Boluarte parece operar con una lógica opuesta. Una de sus decisiones más reveladoras es el respaldo que mantiene —y refuerza— a Ismael Sutta Soto, un funcionario cusqueño con un pesado historial de investigaciones fiscales y observaciones de la Contraloría, pero que hoy ostenta no uno, sino dos cargos clave en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Desde hace dos semanas, Sutta no solo continúa como viceministro de Transportes, cargo que asumió el 28 de junio del 2023, sino que también ha asumido el cargo interino de viceministro de Comunicaciones, desde el 30 de junio de este año. Un ascenso político a pesar de sus graves antecedentes, que genera preguntas incómodas sobre los verdaderos criterios del Ejecutivo para designar a sus altos funcionarios. ¿Por qué se le premia? ¿Qué lo hace intocable?

Su cercanía con el círculo presidencial es una explicación recurrente. Fuentes del sector sostienen que su permanencia responde a una cuota de poder que le garantiza protección política, incluso ante un rosario de acusaciones graves.

Ismael Sutta tiene cuatro carpetas fiscales activas en el Cusco, región donde fue regidor y gerente municipal. Entre los presuntos delitos que se le imputan figuran peculado, concusión, abuso de autoridad, delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. La más reciente data de febrero de 2025, cuando un ciudadano denunció haber pagado a alguien que se identificó como él para obtener una licencia de conducir, en un caso aún bajo investigación en la Fiscalía Anticorrupción.

Pero las observaciones no terminan ahí. Informes de la Contraloría atribuyen a Sutta Soto responsabilidades civiles y administrativas por irregularidades cometidas en la Municipalidad del Cusco, entre 2019 y 2022, que habrían ocasionado pérdidas por más de 700 mil soles al Estado. El caso más alarmante: la prescripción de miles de papeletas de tránsito sin justificación técnica, con un perjuicio de más de 620 mil soles para la comuna.

A pesar de este historial, teñido de presunta corrupción, el gobierno de Dina Boluarte, no solo lo mantiene en su cargo, sino que lo promociona. El mensaje es claro: la meritocracia y la transparencia son prescindibles cuando se trata de lealtades políticas. En el Perú de Boluarte, los cuestionados no son sancionados, se les asciende.