Lo volvieron a hacer. Mientras millones de peruanos se encuentran despreocupados, muchos pasando tiempo con sus hijos o de vacaciones por el interior del país o fuera de ella, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en segunda votación (14 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones) el texto sustitutorio del dictamen recaído en los proyectos de ley 3153, 4597 y otros, que restituye el financiamiento privado a las organizaciones políticas.

Según la norma, las organizaciones políticas podrán recibir aportes anuales de hasta 200 UIT, superando el límite anterior de 120 UIT. Autógrafa ahora será enviada al Ejecutivo para su promulgación.

«Las organizaciones políticas pueden recibir aportes o ingresos procedentes de la financiación privada, mediante: a) Las cuotas y contribuciones en efectivo o en especie de cada aportante como persona natural y persona jurídica nacional, incluido el uso de inmuebles, a título gratuito, no superen en un año calendario el equivalente a 200 unidades impositivas tributarias por aportante», se lee en el texto sustitutorio.

Además, establece que los abogados y dirigentes de estas organizaciones sean financiados con recursos públicos. Sin embargo, el texto final aprobado incluye una restricción para que todo el dinero que se emplee para financiar el patrocinio y asesoría legal de los directivos, representantes y voceros de partidos políticos se vea obligado a ser devuelto en caso reciban una sentencia firme o ejecutoriada. 

Durante el debate, la congresista Ruth Luque rechazó la aprobación de la norma en la Comisión Permanente, argumentando que este órgano carece de competencia para modificar leyes orgánicas, según una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2020.

No obstante, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), presidente de la Comisión de Constitución, defendió que la votación correspondía a una ley ordinaria, no a una orgánica, y afirmó que cualquier objeción debía ser planteada ante el Tribunal Constitucional. Tras rechazar la solicitud de reconsideración planteada por Luque, se ratificó el dictamen.

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Comisión Permanente del Congreso ratificó, en segunda votación, la norma que restituye el financiamiento privado a partidos políticos

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El dato:

En la actualidad solo las personas naturales y personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro pueden realizar donaciones a las organizaciones políticas. Hasta el año 2018, las empresas podían aportar a las campañas electorales en el Perú, pero esto se modificó con el destape el caso Lava Jato.

Jalón de orejas. Gran indignación ha generado la reciente declaración del nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Ángel Delgado Silva, quien durante una entrevista ofrecida a RPP, se refirió en torno a la presunta red de prostitución enquistada dentro de su nuevo centro de trabajo, indicando que su gestión tratará de “reconstruir” esa mal imagen guardaba por toda la ciudadanía.

“Sobre las ruinas, sobre lo que ha sido el epicentro del antro de corrupción, tratar de reconstruir y pasar de la crítica hacia una propuesta”, manifestó para el citado medio el día de ayer.

Justamente por esas ligeras declaraciones, el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República (SITRACON), a través de una carta enviada por su Secretario General, le hacen saber su descontento e incomodidad por referirse de esa manera a una institución tan importante del Estado, conminándole a mantener una postura administrativa más que política, así como conocer plenamente las funciones y competencias que implican su alto cargo dentro del Parlamento.

“Es preocupante que un funcionario del Servicio Parlamentario se exprese de esa manera de la oficina que jefatura, toda vez que la palabra antro alude a un local o establecimiento de mal aspecto o de mala reputación. Tanto fue el impacto de dicha expresión, que el periodista Fernando Carvallo la repitió al finalizar la entrevista”, se lee en la misiva de ayer.

“No podemos pretender mejorar la imagen del Congreso si nuestros propios funcionarios no cuidan sus expresiones públicas, lo cual a todas luces se emiten sin ninguna prueba objetiva o como resultado de una investigación”, continúa el escrito firmado por Julio Vizcarra, secretario general del sindicato.

Asimismo, le sugieren que evalúe con mayor prudencia la idea de reestructurar la Oficina Legal y Constitucional, indicando que se contrataría nuevo personal para dicho despacho que no se ajustaría a la necesidad y perfiles requeridos.

El Gobierno del Perú, a través de Cancillería, ha afirmado hoy que el candidato opositor Edmundo González es realmente «el presidente electo de Venezuela» tras los comicios del pasado 28 de julio y quien, por tanto, debería tomar posesión del cargo el próximo viernes.

Fue precisamente el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, durante una entrevista ofrecida para RPP, que la presidenta de la República, Dina Boluarte, le hizo saber la postura de nuestro país al candidato opositor a través de una video llamada, ratificándole su apoyo como legítimo ganador de los comicios de su país.

Así las cosas, el representante de la diplomacia peruana ha reconocido que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela es el órgano competente para designar al triunfador de las elecciones, pero que Perú, como otros países y ciudadanos, tiene «la potestad de reconocer» a González como el verdadero vencedor.

“Es claro para nosotros que el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano es la única entidad que puede proclamar a los candidatos ganadores, y eso es lo que continuamos sosteniendo. Nadie puede arrogarse esa potestad. Pero lo que no nos pueden quitar a nosotros, como a ningún otro país o a cualquier ciudadano, es la potestad de reconocer, de ver a alguien como algo que uno reconoce que es. Y eso para el Perú Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela”, manifestó.

Por tanto, el ministro Schialer ha subrayado que, en caso de que el actual presidente, Nicolás Maduro, toma posesión del cargo el próximo 10 de enero, será considerado por Perú como un dictador. «A partir de ese día, para Perú él ya no es un presidente legítimamente elegido», ha dicho.

“Sin duda, es un autócrata. Hasta el 10 de enero fenece su periodo legal, digamos, constitucionalmente legítimo. Vamos a llamarlo así. Pero a partir de ese día, para el Perú, él ya no es un presidente legítimamente elegido. Nosotros no reconocemos la victoria proclamada por el CNE”, sostuvo.

El ministro adelantó que esta noche viaja a Panamá, donde sostendrá una reunión con otros cancilleres de la región, “para ver cuáles son los próximos pasos que vamos a tomar como comunidad internacional”.

Finalmente, confirmó que acompañará a la mandataria a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, que se desarrollará entre el 20 y 24 de enero próximo.

Videíto manda. La aún trabajadora del Congreso, Isabel Cajo, quien actualmente labora para el congresista Edwin Martínez por tener un “buen corazón”, hace unos días presentó una denuncia en una comisaría del distrito de Magdalena del Mar indicando que había sido víctima del robo de su celular mientras ella se encontraba caminando junto a su mascota.

Según narra la joven de 26 años vinculada a una presunta red de prostitución dentro del Congreso “El día 27 de diciembre del 2024, a las 20:10 horas aproximadamente (…) fue el caso que al sacar su celular (…) se apareció de manera intempestiva una motocicleta de color negra conducida por un sujeto de contextura gruesa, ropa oscura, casco cargando una caja de color negro, el mismo que le arrebató su celular, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido”.

Sin embargo, cámaras de video vigilancia del referido distrito demuestran todo lo contrario, evidenciando que nunca se apareció un sujeto para arrebatarle su celular. “Ella no fue víctima de robo ni tuvo incidente alguno como lo ha manifestado (…) Los videos muestran a la señorita paseando con su mascota con absoluta tranquilidad y luego acompañada de otra persona”, se lee en un comunicado oficial emitido por la comuna.

La joven de 26 años recibe un salario mensual superior a los 7 mil soles como personal de confianza del parlamentario Edwin Martínez, quien hace una semana salió a defender su permanencia en su despacho porque él evalúa a las personas de “buen corazón” y que son eficientes en su trabajo, omitiendo que la agraciada mujer tenía una cuenta de OnlyFans donde compartía imágenes de ella en lencería, dejando poco para la imaginación.

Antes de unirse al equipo del este legislador, laboró en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, bajo la dirección de Jorge Torres Saravia, señalado como el responsable de montar la presunta red en la institución del Estado.

Precisamente el alcalde de Magdalena, Francis Allison, presentó su carta de renuncia a la militancia de Alianza para el Progreso (APP), uno de los partidos más involucrados en este escándalo que salió a la luz tras el asesinato de la abogada Andrea Vidal Gómez, siendo consciente tal vez que dicho partido estaría tratando de ocultar información relevante al caso.

Caras nuevas. Ayer se desarrolló la ceremonia de presentación de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el periodo 2025 -2030, estando presidida por Gino Ríos Patio. A la ceremonia de instalación acudieron la jefa de Estado, Dina Boluarte, así como la titular del Poder Judicial, Janet Tello.

El nuevo Pleno de la JNJ estará conformado por: María Cabrera Vega, vicepresidenta; y Francisco Távara Córdova, Jaime de la Puente Parodi, Víctor Chanduví Cornejo, Germán Serkovic González y Rafael Ruiz Hidalgo. Todos seleccionados vía concurso público de méritos presidido por Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo.

El discurso del nuevo presidente de la JNJ estuvo centrado en los acuerdos que se pueden llegar a adoptar si todos velan por un propósito en común y no en un “deseo individual”.

“La independencia reclama principalmente una responsabilidad inalterable con la verdad, la ética y el servicio a la sociedad. Es la sociedad precisamente la que espera que la actuación de la junta sea impenetrable a la corrupción, que intenta condicionar la decisión de los agentes públicos”, expresó.

Los nuevos miembros reemplazarán las funciones de Antonio de la Haza Barrantes, Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Inés Tello de Ñeco, María Zavala Valladares, Marco Falconí Picardo y Guillermo Thornberry Villarán, miembros salientes que concluirán sus labores en distintas fechas.

Cabe precisar que Marco Falconí seguirá en el cargo hasta el 20 de enero debido a una sentencia del Tribunal Constitucional, por lo que Ruiz Hidalgo recién asumirá sus funciones en dicha fecha.

Por su parte, los miembros suplentes nombrados fueron, entre otros, Cayo César Galindo Sandoval, Mónica Roxana Rosell Medina, Iván Pedro Lino Vásquez, Freddy Widmar Hernández Rengifo, Roque Augusto Bravo Basaldúa, Iris Estela Pacheco Huancas y Jorge Félix Balarezo Rengifo.

Denuncia contra el nuevo presidente de la JNJ

En tanto, de acuerdo a una información difundida por el portal Epicentro TV, Ríos Patio habría usado a procuradores para defenderse en su demanda de divorcio presentada por su ex esposa quien lo acusó de violencia psicológica.

«Él estaba utilizando los recursos del Estado para su interés personal, para temas familiares. Yo denuncié eso. Y el caso llegó a la fiscalía por un caso de peculado de uso», declaró al diario La República la abogada Elena Tello, defensa de la entonces esposa de Ríos Patio.

La Fiscalía en Delitos Aduaneros del Callao formalizó investigación preparatoria contra el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, por los presuntos delitos de contrabando y receptación aduanera agravada. Además, se ha declarado compleja la investigación, de modo que pueda continuar realizando «diligencias complementarias que conduzcan al esclarecimiento de los hechos».

La familia de Oscorima también está implicada en contrabando de relojes Rolex

El Ministerio Público informó este lunes 6 de enero, que también ha formalizado investigación preparatoria contra el hijo de Oscorima Núñez; se trata de Wilfredo Oscorima Loja; y su sobrino, Fritz Hinostroza Oscorima, por la presunta comisión de los delitos de contrabando y receptación aduanera agravada.

«Fiscalía en Delitos Aduaneros del Callao (1.ᵉʳ Despacho) formalizó investigación preparatoria contra Wilfredo Oscorima L., Fritz Hinostroza O. y Wilfredo Oscorima N. por presunta comisión de delitos de contrabando y receptación aduanera agravada», se lee en el mensaje del Ministerio Público en su cuenta de X.

Wilfredo Oscorima y Dina Boluarte estrechamente vinculados al ‘Caso Rolex’ 

Como se recuerda, la investigación preliminar se origina a partir del ingreso ilegal de relojes Rolex y joyas de alto costo que, según se indica, Oscorima Núñez habría ‘prestado’ a la presidenta Dina Boluarte. Asimismo, las diligencias están a cargo de la Fiscalía del Callao y apuntan a que habría existido un ingreso ilegal de relojes Rolex y joyas de alto valor que «Oscorima le habría entregado» a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Según la tesis fiscal, se sospecha que los relojes Rolex y otras joyas de lujo fueron introducidos al Perú sin haber realizado el pago de los impuestos correspondientes, afectando de esa manera las arcas del Estado.

La crisis política e institucional que vive el Congreso de la República, al parecer no le importa ni al presidente del Parlamento Eduardo Salhuana y mucho menos a la bancada de Alianza para el Progreso (APP), porque a pesar de las sospechosas contrataciones de personal ligado a dicho partido acuñista, quienes aún se encuentran enquistados en el Legislativo, y pese a la presunta existencia de una ‘red de prostitución’ que operaría en dicho Poder del Estado; todo se mantiene igual, y no se ven muestras claras de querer sancionar a los responsables de las contrataciones, como el caso del exjefe de la Oficia  Legal y Constitucional del Congreso, el presunto proxeneta Jorge Torres Saravia, quien precisamente fue contratado directamente por el actual oficial Mayor Giovanni Forno Flórez.

Como se recuerda, el abogado Forno Flórez, hace unas semanas en medio de su interrogatorio en la Comisión de Fiscalización, de pronto perdió la memoria y se olvidó de la identidad de quién fue el que le entregó la ‘hoja de vida’ para contratar a Jorge Torres Saravia. Es decir, él fue el responsable directo de su contratación; pero con su repentina amnesia, y su alevoso silencio, sin duda buscaría proteger a sus titiriteros de Alianza para el Progreso (APP).

No por algo, el propio expresidente del Legislativo, Alejandro Soto negó todas las acusaciones en su contra, de ser el que recomendó contratar a Torres Saravia y señaló: «Todas las contrataciones las realizó el Oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno: El presidente y la Mesa Directiva no contrata personal. Hay un acuerdo de Mesa por el cual se le delega toda la potestad para contratar al señor Forno. El Oficial Mayor es el encargado de hacer las contrataciones, en coordinación con el jefe de Recursos Humanos, y que ambos son los que evalúan los Curriculum Vitae (CV) de cada postulante», respondió a la prensa.

Asimismo, negó que él le haya entregado a Forno Flórez el CV de Torres Saravia, aseverando que recién lo conoció en el Congreso: «Yo hablo por mí, no puedo hablar por terceros. Alguien le ha tenido que entregar el CV [a Forno], pero esa persona no soy yo. Yo soy de la región del Cusco [y] el señor Jorge Torres Saravia es de la región del norte. Yo no lo conocía al señor, yo lo conocí en el Parlamento», afirmó.

Mientras que diversos congresistas pertenecientes a diferentes bancadas, a través de un oficio (S/N 2024-2025/CR), han pedido a Eduardo Salhuana el cese inmediato del Oficial Mayor del Parlamento, este simplemente partió a China y dejó empoderado al abogado Giovanni Forno Flórez al mando de la Oficialía Mayor. No obstante, a raíz de la irresponsabilidad ejercida por Salhuana Cavides, desde el Parlamento, viene presentando una moción de censura contra su dirección en la Mesa Directiva del Legislativo.

Seguirán embarrados. El Poder Judicial (PJ) decidió declarar improcedente la solicitud presentada por el partido Renovación Popular, de Rafael López Aliaga, para excluirlos de la investigación preparatoria que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado, en el marco del caso Lava Jato.

La agrupación política de ‘Porky’ presentó la solicitud el 14 de junio del año pasado para que se extinga la acción penal en su contra y sea excluido de dicho proceso en su condición de persona jurídica.

La decisión fue emitida este lunes por el magistrado Ubaldo Callo Deza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, tras concluir que no se cumplen los presupuestos para la figura de extinción de la acción penal. La resolución se anunció tras concluirse el debate entre el abogado de Renovación Popular, el Ministerio Público y la Procuraduría, en la audiencia respectiva realizada esta mañana. 

Renovación Popular, ex Solidaridad Nacional

El partido liderado por Rafael López Aliaga buscaba ser excluido del proceso que se le sigue por los presuntos aportes ilegales de las empresas brasileras Odebrecht y O.A.S para financiar las campañas electorales del entonces Solidaridad Nacional, en los años 2011 y 2014. Las investigaciones fiscales apuntan a que dicha agrupación política buscaba darle apariencia de legalidad al dinero ilícito a través de la figura de aportes de campaña. 

Cabe resaltar que José Luna Gálvez, congresista de Podemos Perú, también se encuentra inmerso en este caso. A la vez, afronta otra investigación preparatoria por las presuntas irregularidades detectadas en la inscripción de su actual partido político ante la Oficina Nacional de Procesos electorales (ONPE).