Mientras ciudadanos ayacuchanos vienen firmando planillones para impulsar su próxima revocatoria y ad portas de realizarse la audiencia virtual del Poder Judicial que determinará si incautan o no, el par de aretes de oro con diamantes adquiridos en Casa Banchero que le habría prestado a la mandataria Dina Boluarte, el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, reapareció en ExpoAndes y al ser consultado por las investigaciones del ‘caso Rolex’, afirmó ante la prensa que no cometió actos ilícitos.

“Todas las acusaciones han sido archivadas y algunas que quedan pendientes de investigación. No hemos cometido ningún acto ilícito.”, remarcó.

“Eso lo dejo a mis abogados que están haciendo la defensa, estoy con la conciencia tranquila porque no he cometido un acto ilícito”, detalló.

Las vías del distrito de Sancos están bloqueadas debido al sismo en Arequipa

En vista que el alcalde de Sancos en Ayacucho solicitó el apoyo de las autoridades para que, con maquinaria pesada puedan desbloquear las vías, ya que entre mil a dos mil personas se encuentran aisladas tras el sismo registrado hace unas horas en Arequipa, Oscorima al ser consultado, respondió que Defensa Civil ya se movilizó a la zona y añadió que ya gestaron la llegada de maquinaria pesada para despejar las carreteras.

“Nosotros también nos vamos a ir el día de mañana, llevando apoyo y están pidiendo maquinarias para aperturar las carreteras que han sido afectadas por este sismo (…) felizmente creo que no hay personas heridas ni daños materiales en domicilios. Estamos esperando todavía la información que está llegando para poder llevar al Consejo de Ministros y declarar el estado de emergencia”, concluyó.

Tuvieron que pasar diez largos años para que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tenga que comparecer ante la justicia por el sonado caso ‘Cócteles’. Desde este lunes 1 de julio se dará inicio a una serie de juicios orales maratónicos debido a la complejidad del caso. A la hija del dictador Alberto Fujimori se le acusa por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia.

De acuerdo a la agenda prevista, la primera de las audiencias comenzará desde las 9 de la mañana del lunes en la sala número 1 de la sede “Carlos Zavala Loayza”, ubicada al costado del Palacio de Justicia, que contará con un tribunal de jueces que cambió repentinamente hace unos meses, cuando como presidenta de la sala se dispuso el nombramiento de Mercedes Caballero García, en reemplazo de quien estuvo dirigiendo el proceso desde sus inicios, Nayko Coronado Salazar.

Junto a Keiko Fujimori también serán citados otros 38 acusados en el caso que promete acaparar la atención de la prensa nacional e internacional.

Al respecto, existen en su totalidad un aproximado de 48 implicados en el caso, además de los acusados; y entre estos últimos, se han determinado dos personas jurídicas, el mismo partido de Fuerza Popular, al que la Fiscalía les ha atribuido la condición de organización criminal; y MVV Bienes Raíces, empresa inmobiliaria de su exesposo, Mark Vito Villanela. Existen también otros siete acusados especiales que recibirán un trato jurídico diferenciado debido a su colaboración con las investigaciones de la Fiscalía, la misma que se ha venido efectuando desde hace 10 años, cuando se dio inicio a este caso.

Las imputaciones principales que pesan contra Keiko Fujimori son la comisión de presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia; y según lo detallado por el Ministerio Público, el partido político Fuerza Popular habría lavado al menos unos 17.3 millones de dólares.

El caso ‘Cócteles’

Este sonado caso se originó en el año 2014 cuando se descubrieron falsos aportantes y participantes fantasmas en las actividades de campaña del fujimorismo para las elecciones de 2011. Las acusaciones se endurecieron con la aparición de un correo electrónico en el que Marcelo Odebrecht promovía una reunión con Keiko Fujimori, ofreciéndole un aporte adicional de 500 mil dólares.

Con el transcurso de las investigaciones se pudo conocer que el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, declaró que la constructora brasileña aportó 1,2 millones de dólares a la campaña de Fuerza Popular en 2011.

Adicionalmente, se pudo conocer que el presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, reveló que su entidad entregó 3,650,000 dólares a dicha campaña. Y a su vez, el fallecido empresario Juan Rassmuss Echecopar aportó a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular otros 7,6 millones de dólares; según lo advertido por el Ministerio Público.

Este jueves 27 de junio, la Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, por el presunto delito de haber omitido consignar sus vínculos con cuestionadas empresas privadas al momento de asumir el cargo.

Los hechos que se denuncian se refieren a las declaraciones públicas presentadas por el denunciado en su condición de presidente de la República, al momento de asumir el cargo, negando sus vínculos con las empresas Odebrecht y CyM Vizcarra Ingenieros Contratistas. Además, por omitir consignar en su declaración jurada de intereses en el año 2018, su condición de vicepresidente del directorio y gerente de operaciones en la empresa CyM Vizcarra SAC Ingenieros Contratistas.   

Por entonces, Vizcarra Cornejo, no habría renunciado a sus acciones en la compañía CyM Vizcarra Ingenieros Contratistas. Por este caso, el Congreso de la República inhabilitó al exmandatario, en el 2022, para ejercer cargos públicos. Como se sabe, en 2023, el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima reafirmó su inhabilitación tras declarar infundada la demanda de amparo que presentó su defensa legal.

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia constitucional contra el expresidente de la República Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y nombramiento ilegal, en agravio del Estado, tras haber designado al expresidente del Congreso Daniel Salaverry Villa como presidente de Perupetro S.A.

Según el comunicado del Ministerio Público, los hechos que se denuncian están referidos al referido nombramiento que se dio, mediante la Resolución Suprema N° 002-2022-EM del 9 de enero de 2022, a pesar que no cumplía con los requisitos legales para el cargo.  

La designación de Salaverry Villa fue firmada por el exmandatario hoy encarcelado y por el entonces ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzales Toro.

La Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó un dictamen que propone diversas modificaciones al Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957) y que busca dejar en libertad, bajo ciertas restricciones a los sentenciados o detenidos, que hayan cumplido más de 80 años de edad.

En el texto de la iniciativa legislativa se indica que tiene como fin “garantizar el principio de presunción de inocencia y brindar mayor protección al personal de la Policía Nacional del Perú”.

Sobre el proyecto de ley

A través de su cuenta de X, la parlamentaria Ruth Luque de la bancada ‘Cambio Democrático-Juntos por el Perú’ indicó que la propuesta fue aprobada por la mayoría de integrantes del grupo parlamentario y que se encuentra lista para ser aprobada en el Pleno, en una próxima sesión fijada para el lunes 1 de julio.

“El dictamen acaba de aprobarse por mayoría, pero además está incorporado un supuesto de responsabilidad restringida por edad para mayores de 80 años por razones humanitarias”, indicó.

Como se puede leer en el texto, la norma plantea que “los mayores de ochenta años por razones humanitarias afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 288° o 290° del nuevo Código Procesal Penal”. En esa línea, se indica que el juez puede determinar la liberación de los sentenciados que superan la edad referida, siempre y cuando se cumpla bajo ciertas restricciones.

Sin embargo, Ruth Luque ha cuestionado de que dicha ley podría beneficiar a algunos presos polémicos.

Estas serían las restricciones

En el texto legislativo, se indica que la liberación se podría dar mediante el cumplimiento de las siguientes restricciones.

“La obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside, de no concurrir a determinados lugares, o de presentarse a la autoridad en los días que se le fijen, la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no afecte el derecho de defensa; o la prestación de una caución económica, si las posibilidades del imputado lo permiten. La caución podrá ser sustituida por una fianza personal idónea y suficiente”.

El Perú se ha convertido en una fiesta de feriados nacionales durante los últimos años. Y al parecer esta tendencia de desactivar la producción nacional podría continuar pues, recientemente, se presentó una propuesta legislativa en el Congreso de la República que podría prosperar todos los meses de julio.

El pasado 12 de junio, la legisladora por Huánuco, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, del Bloque Magisterial, presentó el proyecto de ley 8160/2023-CR que busca establecer un nuevo feriado en el mes de julio para un sector específico de la población laboral activa.

El proyecto de autoría de Medina Hermosilla establece que el 11 de julio sea designado como el ‘Día del Docente Universitario y feriado no laborable’.

En el texto se lee: “Declárese el día 11 de julio de cada año, como el Día del Docente Universitario, el cual será considerado como feriado no laborable para todos los docentes universitarios dentro del territorio nacional, sea del sector público o privado”.

Dentro de las disposiciones del proyecto de la congresista que también es docente de educación física, se establecen las compensaciones económicas para aquellos docentes que trabajen durante este nuevo feriado.

“Aquellos docentes que laboren en dicho día, tendrán derecho al pago de la retribución correspondiente por la labor efectuada, con una sobretasa de 100 %, además de percibir demás derechos referidos en el Decreto Legislativo 713″, se estipula.

Por lo pronto, la iniciativa ya fue derivada a la Comisión de Educación del Congreso para su evaluación. Según el reglamento parlamentario, en caso de recibir una opinión favorable del grupo de trabajo, el siguiente paso sería su debate y posible aprobación en el pleno.

En el proyecto también se precisa que, desde el año 2009 ya se celebra el “Día del Docente Universitario” justamente el 11 de julio, según una resolución de la Asamblea Nacional de Rectores, pero que, por lo general, en dicha fecha no se beneficia con un día no laborable a los docentes del sector privado.

Históricamente, esta fecha ha servido para otorgar un descanso remunerado a los docentes de universidades públicas, aunque esto no siempre se ha aplicado en las universidades privadas, remarcó la autora de la iniciativa legislativa. En ese sentido, se apunta a incorporar este derecho a todos los docentes universitarios de instituciones privadas.

“Usualmente, cuando llega el 11 de julio, en universidades nacionales se suele dar un agasajo con su correspondiente suspensión de labores, para reconocer la importante labor de estos profesionales. Sin embargo, esto no es común en universidades privadas, las cuales, al estar enfocadas en la ganancia económica, buscan omitir cualquier tipo de descanso para sus trabajadores”, indica el texto legislativo.

¿Alguien le cree? El ministro de Educación, Morgan Quero, anunció hoy en un evento de “aprendizaje” en Cerro Juli, en Arequipa que en los próximos días viajará a la región Amazonas, para tratar los casos de violación realizados por malos maestros en contra de niñas escolares en la comunidad Awajún de la provincia amazónica de Condorcanqui.

A pesar de sus anteriores aseveraciones que agraviaron a las mujeres de dicha localidad, al mencionar que la “violencia sexual contra las adolescentes seguramente es una práctica cultural”, el ministro Morgan Quero, hoy dice: “Vamos a ser implacables con los casos de violación”.   

El titular del Minedu contó a RPP que ya se ha reunido con los apus de las comunidades de Condorcanqui para establecer redes de protección para las escolares.

“Vamos a estar allí, seguramente en los próximos días. Quiero señalar enfáticamente que vamos a ser implacables con los casos de violación por parte de maestros… que se han disfrazado de maestros, pero que en el fondo son violadores”, declaró desde la ciudad blanca.

Quero también pidió al Congreso (si es que antes no lo censuran) discutir en la siguiente legislatura el proyecto de ley, planteado por el Ejecutivo, para declarar imprescriptible los delitos de hostigamiento y violación sexual en el sector Educación.

Ministros de Educación, Mujer y Cultura se ‘zurraron’ en la Comisión de Pueblos Amazónicos

Dejaron con los ‘crespos hechos’ a los dirigentes amazónicos y no asistieron al Congreso. Los ministros de Educación, Morgan Quero, de la Mujer, Ángela Hernández y de Cultura, Leslie Urteaga, fueron citados en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República, para que expliquen sobre las denuncias de niñas ultrajadas en la comunidad Awajún; sin embargo, brillaron por su ausencia.

La sesión estuvo programada para el martes 25 de junio desde las 10:00 a.m. con el objetivo de obtener respuestas sobre las supuestas medidas adoptadas por los ministerios involucrados en la eliminación de la problemática, pero ellos nunca se hicieron presentes.

Impulsan moción de censura contra ministros de Educación y de la Mujer por discriminación hacia niñas Awajún

Las congresistas Ruth Luque, Flor Pablo y Susel Paredes presentaron una moción de censura contra los ministros de Educación, Morgan Quero y de la Mujer, Ángela Hernández, por discriminación en agravio de niñas Awajún y Wampis, al incurrir en comentarios que justifican abusos sexuales y por no acudir a las comisiones del Congreso para rendir explicaciones, pese a la gravedad de los hechos.

A través un documento, las legisladoras Ruth Luque, Flor Pablo y Susel Paredes presentaron la medida y también llamaron a que otros colegas se sumen al pedido de censura.

La Superintendencia Nacional de Migraciones sencillamente ha realizado un correctivo y deja sin efecto la Resolución de Superintendencia 000177-2029 publicada hace cinco años y que también exigía visa y ha emitido la Resolución N° 000121-2024-MIGRACIONES, que establece que los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al Perú, deberán presentar tanto un pasaporte ordinario vigente, como una visa, expedida por una oficina consular peruana.

En ese sentido, a partir del 2 de julio, regirá la nueva regulación para los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país.

Martín Vizcarra decretó la ‘ley de visa’ para ciudadanos venezolanos

La nueva disposición recientemente publicada por Migraciones, no es nueva, ya que hace cinco años, exactamente el 12 de junio del 2019, el gobierno del expresidente Martín Vizcarra emitió la Resolución de Superintendencia N° 000177-2019 que exigía que desde el 15 de junio de dicho año los ciudadanos venezolanos solo podrán ingresar al Perú de manera legal con pasaporte ‘vencido’ y visa.

En ese sentido, la diferencia entre la norma expedida hace cinco años y la actual expedida hace unas horas, consiste en que, para las tres calidades migratorias; llámese, Calidad Migratoria Temporal, Calidad Migratoria Residente y Calidad Migratoria Residente en su versión Humanitaria, anteriormente, el Estado peruano exigía visa y pasaporte ordinario venezolano, tanto, vigente, o por vencer, e incluso vencido.

Y con la nueva Resolución N° 000121-2024, la Superintendencia de Migraciones simplemente, ya no aceptará pasaportes ordinarios venezolanos vencidos, o que estén por vencer. Y en adelante, solo se aceptarán los que sean vigentes. La resolución detalla los documentos que los ciudadanos venezolanos deben presentar para el control migratorio al ingresar al Perú.

La nueva normativa indica que se requiere la presentación de un pasaporte ordinario venezolano “vigente” y la visa adecuada, emitida por una oficina consular peruana.

Documentos a presentar

Con la nueva norma, y solo por única vez, se permitirá que los ciudadanos venezolanos que ya se encuentren en el Perú soliciten un cambio de calidad migratoria, aun si sus pasaportes están vencidos. Esta excepción aplica solo si el último ingreso al país se efectuó antes del 2 de julio de 2024 y siempre que se cumplan los demás requisitos y condiciones inherentes a cada procedimiento migratorio.

Aquí, los documentos que deberán presentar los ciudadanos venezolanos:

-Pasaporte Ordinario Venezolano Vigente: Este documento debe estar en vigor para que el titular pueda ingresar al país.

-Visa Peruana: Debe ser otorgada por una oficina consular peruana y corresponder al tipo de calidad migratoria que se solicita, ya sea temporal o residente.

-Para la Calidad Migratoria Temporal y Residente: Se requiere un pasaporte ordinario venezolano vigente y la visa correspondiente.

-Visa Humanitaria: Para obtener la calidad migratoria residente, además del pasaporte ordinario venezolano vigente, se necesita una visa humanitaria vigente, también otorgada por una oficina consular peruana.

-Por otro lado, en la resolución se contempla una disposición especial para aquellos ciudadanos venezolanos que ya se encuentren en el país. Específicamente, se admite por única vez la presentación de solicitudes de cambio de calidad migratoria para aquellos con pasaportes vencidos, siempre y cuando:

Su último ingreso al Perú se haya realizado antes del 2 de julio de 2024; permanezcan en territorio nacional y cumplan con los demás requisitos y condiciones inherentes a cada procedimiento.