Trabajando para los ‘dueños del país’. Al votar por la derogación de la Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza Para el Progreso, Acción Popular y Perú Libre favorecieron los intereses de los bancos y dejaron desprotegidos a los millones de peruanos ante la codicia del oligopolio financiero.

Así lo advirtió el líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, al señalar que, tras la derogatoria de la Ley 31143, los bancos tendrán plena libertad para subir las tasas de interés por encima del 200 % y de crear comisiones y penalidades sin control del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ni de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

“Son más de 9 millones de usuarios que hoy cuentan con al menos una tarjeta de crédito, o pagan un préstamo o una hipoteca, incluso los que tienen una cuenta de ahorro serán los primeros que sufrirán este golpe, pues los bancos podrán imponer sus nuevas condiciones de inmediato”, sostuvo el líder de Podemos Perú.

Explicó que la Ley contra la Usura, aprobada en el año 2021, eliminó los abusos y codicia del oligopolio de cuatro bancos que dominan el mercado financiero, al eliminar comisiones abusivas, penalidades exageradas como el cobro por amortizar una deuda o moras diarias por retrasos en pago de cuotas mensuales.

“Como siempre los congresistas de estas bancadas han preferido favorecer a los bancos, aunque para ello dejen sin protección a los trabajadores, emprendedores y pequeños empresarios, al permitir que sigan acumulando riquezas a costa del trabajo y sacrificio de peruanos”, recalcó que buscará, tanto en el Congreso como en las calles, restituir la ley en defensa de millones de usuarios.

El portavoz de la bancada Podemos Perú advirtió que la derogatoria de la ley contra la usura llega en el peor momento, cuando los peruanos siguen sufriendo la crisis económica, la falta de empleo y la ola de despidos.

Recalcó que la Ley 31143 es necesaria para el sistema financiero peruano que está bajo el control de cuatro bancos; agregando que no es competitivo ni transparente, con conflictos de intereses y con organismos reguladores débiles.

“No es suficiente para los banqueros ganancias de más de S/10,325 millones el 2024, y quieren seguir esquilmando a trabajadores y pequeños empresarios”, dijo.

Otra vez con sus berrinches. El ex presidente Pedro Castillo, obediente a todo lo que le indican las cabezas que sí son pensantes, otra vez habría intentado paralizar el juicio que se le realiza en su contra por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

Como hace ocho años, donde el entonces dirigente sindical acató la orden que se tire al suelo para llamar la atención, el ex mandatario una vez más busca el sinsentido a las cosas, tratando de dilatar lo máximo posible el juicio oral. Primero despidiendo a sus abogados, luego exigiendo que lo juzgue la justicia española porque, según él, el código penal es español, otra que supuestamente los jueces ya tendrían una decisión del caso; un poco más y va a pedir que no lo miren o le hablen de cierta manera porque se va a sentir ofendido.

Ahora, el ex mandatario acusó sufrir una descompensación, siendo auxiliado al hospital II de Vitarte. El INPE comunicó ese incidente a la Sala Penal de la Corte Suprema, proporcionándole un médico legista para la revisión de su salud. Luego del chequeo se determinó que su estado de salud es estable y no presenta signos de deshidratación.

Pese al pedido del abogado de oficio de Pedro Castillo, en suspender la audiencia por la ausencia de su defendido, la Sala consideró continuar con la audiencia indicando que no existe justificación para suspender el juicio, pues se trata de una situación provocada y no espontánea, en vista de la huelga de hambre que el golpista inició. Explica que en vista que el acusado señaló en una anterior audiencia su deseo de no declarar basta con la presencia de su abogado.

La Fiscalía pide 34 años de pena privativa de libertad contra el expresidente y 25 años contra los exministros Bettsy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta. Asimismo, solicita el pago de S/ 65 419 038.53 como reparación civil en favor del Estado.

Desde el gran incendio de Mesa Redonda ocurrido en el año 2001, donde murieron alrededor de 400 personas, intentos infructuosos se han dado por querer ordenar esa zona repleta de vendedores ambulares, cajas y estibadores que obstaculizan el paso de los camiones de bomberos, bombas de agua con baja presión, y almacenes construidos de manera ilegal en los pisos altos de los edificios colindantes. Varias gestiones municipales han pasado y nadie consigue recuperar todo ese espacio dominado además por mafias que lotizan las áreas públicas.

El pasado 3 de marzo ocurrió un incendio en Barrios Altos que hasta la fecha no puede ser sofocado precisamente por las deficiencias recurrentes que se hayan en el camino. Ante ello, el Consejo de Ministros aprobó, en su sesión de este miércoles, declarar en emergencia el sector de Barrios Altos (Cercado de Lima) en donde hace más de 10 días se produjo un devastador incendio que ha afectado a varias viviendas.

Así lo anunció el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, quien declaró que la medida de excepción, ya que se había anunciado días atrás, tiene como propósito garantizar que las autoridades locales puedan tener los instrumentos legales para realizar las tareas de rehabilitación que correspondan.

En ese sentido, indicó que el estado de emergencia comprende la zona comprendida entre los jirones Jauja, Ancash, Huánuco, prolongación Lucanas, jirón Santa Rosa y jirón Huanta, ante los daños ocasionados como consecuencia de este gran incendio urbano.

Adrianzén precisó que se aprobaron tres decretos supremos sobre estados de emergencia durante la sesión de ayer.

En esa línea, indicó que se contempla la inclusión de más de 600 nuevos distritos en la lista de aquellos declarados en dicha condición por las intensas lluvias, ubicados en 21 regiones.

«Tenemos por ejemplo distritos de la región Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Ucayali y Callao, por el impacto de las precipitaciones pluviales que se han presentado en el país», detalló.

Todos recordamos la tristemente célebre frase “El puente no se cayó, se desplomó”. Lo que mucha gente no sabe es que el creador de la frase, es el ingeniero José Luis Justiniano Martínez cuestionado funcionario de la gestión del fallecido alcalde Luis Castañeda Lossio, perteneciente al recordado partido Solidaridad Nacional, que actualmente cambió el color amarillo por el celeste.

Según un informe de Diario UNO, el creador de la frase Justiniano Martínez, ha sido premiado por el actual alcalde Rafael López Aliaga con el cargo de Gerente Central de Infraestructura de EMAPE. Es decir, este señor continúa dirigiendo las millonarias obras de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Tras una revisión de los antecedentes de Justiniano Martínez, Diario UNO encontró un extenso prontuario de procesos penales por los cargos de colusión agravada con defraudación patrimonial al Estado, y hasta procesos civiles por alimentos, como puede verse a continuación:

Nos preguntamos ¿Cómo logró un alto cargo con este rosario de denuncias? El cuestionamiento es claro, a pesar del prontuario que ostenta, ha podido acceder desde el inicio de la gestión de Rafael López Aliaga, al cargo de Gerente Central de Infraestructura de una Entidad con un presupuesto tan importante como Emape.

El medio local también señala “Resulta más inexplicable aún, que desde el día 07 de marzo del 2025, Justiniano Martínez ha sido nombrado Gerente General de EMAPE, es decir, el alcalde le ha incrementado el poder de decisión y de gestión, a pesar de conocer su historial de denuncias y procesos.

Ante la información expuesta, es inevitable preguntarse por qué se ha reciclado a un funcionario de gestiones anteriores con estos antecedentes, y por qué se le premia con tan importantes cargos.

Otra pregunta obvia es, de resultar elegido presidente del Perú el hoy alcalde López Aliaga, ¿este es el tipo de funcionarios que nombrará para conducir el destino del país? Preocupante. No se puede ser potencia mundial con esta clase de funcionarios.

En la misma semana en que USAID liquidó el 83% de sus inversiones a nivel mundial (alrededor de 5 mil contratos fueron cancelados de golpe), en el Congreso de Perú se adelantó en un día el debate del proyecto de ley que transparenta la participación de las ONG’S en el país. 

El congresista Alejandro Aguinaga en el debate refirió sobre la opacidad de las ONG’S: «es el momento de asumir la responsabilidad de tomar la decisión y que estos fondos lleguen a su destino final».

La parlamentaria Elizabeth Medina a su vez mencionó sobre estás organizaciones yendo más allá en sus especulaciones: «omiten presentar su declaración anual que representa la intención de ocultar el manejo de sus fondos y esto puede configurar un presunto caso de lavado de activos (…) Basta ya de lucrar con la pobreza de nuestro país».

La legisladora Susel Paredes pidió una cuestión previa para la devolución del proyecto a la comisión de Relaciones Exteriores, la cual fue a votación pero fue finalmente rechazada. De inmediato continuó el debate.

El congresista Muñante se refirió a las ONG’S de manera dura: «No rinden cuenta a nadie, no pagan impuestos y guían la política del país». También señaló que algunas de estas ONG’S promueven desestabilización en el país. Reclamó con el proyecto de ley una mayor transparencia.

El parlamentario Guillermo Bermejo a su vez se pronunció refiriéndose a la USAID como instrumento imperialista de Estados Unidos en contrapeso a los movimientos sociales. También mencionó la infiltración de agendas conservadoras y pro sionistas que no se cuestionan por lo que adelanto su rechazo por no incluirse un mayor control con caras a una más genuina defensa de la soberanía. 

Luego se fue a un cuarto intermedio.

Media hora después se fue a votación de exoneración de segunda votación que se aprobó Finalmente la ley fue aprobada. Ahora el dinero internacional para las ONGs será fiscalizado por la Sunat, APCI y la Unidad de Inteligencia Financiera.

La bancada de Renovación Popular, a través de las parlamentarias Norma Yarrow y Patricia Chirinos, presentó el proyecto de ley n.° 10497/2024-CR que establece la clausura inmediata de almacenes de naturaleza clandestina. Esta iniciativa también establece mejorar la fiscalización y multas para cualquier infractor que atente contra la seguridad y los bienes públicos, en especial los asignados a las municipalidades.

Proyecto busca facilitar labor de López Aliaga

En el documento, se lee que el objetivo de modificar la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley n.°27972), y la derogación de artículos de la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, permitiría «fortalecer las facultades de fiscalización municipal sobre el uso indebido de inmuebles», y se establecería «medidas de inspección, sanción y clausura inmediata» bajo la normativa de zonificación y seguridad urbana.

Asimismo, se pretende sancionar a cualquier usuario que cause daño a bienes municipales. La medida obligaría al infractor asumir el costo de reparación o reposición mediante la empresa concesionaria a cargo del mantenimiento. Para ello, las dos parlamentarias sugieren que se incluya un nuevo inciso en el Artículo 49° de la Ley N°27972, a fin de que se establezca formalmente en la normativa municipal.

“Todo usuario que, por acción u omisión, causa daño a un bien mueble o inmueble de propiedad de la Municipalidad deberá asumir el costo de su reparación o reposición del daño ocasionado. El pago se efectuará a través de la gerencia concesionaria (…), encargada del mantenimiento y conservación del bien afectado», se lee en el documento legislativo.

La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final de las denuncias constitucionales acumuladas contra el ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, acusándolo de haber infringido el artículo 134 de la Constitución al disolver el Parlamento en el año 2019.

Con 19 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se determinó su inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública.

#LoÚltimo

Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar a Martín Vízcarra por 10 años de ejercer cargos públicos

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/9FRBas6I7g

— Canal N (@canalN_) March 12, 2025

Asimismo, el ex primer ministro Salvador del Solar fue sancionado con una inhabilitación de 5 años por plantear una cuestión de confianza sin aprobación del Consejo de Ministros.

#LoÚltimo

Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitar a Salvador del Solar por 5 años de ejercer cargos públicos

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/YUkkdG36e8

— Canal N (@canalN_) March 12, 2025

Según el informe aprobado, “la suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley; consecuentemente, el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”. Esta interpretación fue clave en la decisión del Congreso de la República, que consideró que Vizcarra actuó fuera de sus facultades constitucionales al cerrar el Legislativo.

Durante la sesión, se informó que Vizcarra envió un documento anunciando su inasistencia, argumentando que el informe en su contra había ignorado los descargos que presentó previamente. No obstante, la Mesa Directiva calificó su ausencia como injustificada y continuó con el trámite de la acusación constitucional.

Por su parte, el abogado de Salvador del Solar, Luciano López, defendió a su patrocinado asegurando que “se le pretende sancionar a pesar de que no existen pruebas razonables que derroten su presunción de inocencia y pese a la fuerza de la cosa juzgada”.

Finalmente, se designó a los legisladores María Acuña y Héctor Ventura como miembros de la Subcomisión Acusadora para sustentar el informe ante el Pleno del Congreso. Ahora, el Consejo Directivo deberá fijar la fecha para el debate y votación final de las sanciones impuestas a los exfuncionarios.

La parlamentaria del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Katy Ugarte Mamani, ha presentado el proyecto de ley 10472/2024-CR, denominado «Ley que incentiva la prohibición del uso del celular en horario escolar en las instituciones educativas del Perú», con el objetivo de restringir el uso de dispositivos móviles en los colegios públicos y privados del país con el objetivo de mejorar la concentración de los estudiantes, fomentar la interacción social y reducir los problemas asociados al uso excesivo de la tecnología.

La propuesta legislativa se sustenta en el impacto negativo que despliegan los celulares en la salud de los escolares. Por lo que, de acuerdo a un estudio publicado en la Revista de la Facultad de Medicina de Katmandú, el uso prolongado de teléfonos inteligentes puede generar fatiga visual, dolor ocular y somnolencia en jóvenes sanos. Asimismo, el uso excesivo de estos aparatos representa un riesgo para la salud mental de los estudiantes.

Uso excesivo de celulares genera ansiedad

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 61% de niños y adolescentes en el país ha experimentado algún tipo de ciberacoso, mientras que el 74% de los casos de cyberbullying se registra en jóvenes de entre 12 y 14 años. Asimismo, estudios han demostrado que la constante exposición a pantallas y redes sociales puede generar estrés, ansiedad y aislamiento en los escolares.  Además, si esta práctica se mantiene de manera constante en menores de 15 años, podría afectar seriamente su visión en el futuro.

Ley deberá ser reglamentada por el Minedu

De acuerdo a datos sustentados por la congresista Ugarte Mamani, actualmente, el 66.8% de los estudiantes pospone sus actividades académicas debido al uso del celular, mientras que el 76.4% presenta bajos niveles de autorregulación.

En caso de aprobarse la ley, y buscar su implementación, esta deberá ser reglamentada por el Ministerio de Educación en un plazo máximo de 90 días calendario a partir de su publicación. En este período, se establecerán los procedimientos y mecanismos específicos para aplicar la prohibición de teléfonos móviles en las instituciones educativas, tanto públicas, como privadas, del país.