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A 25 años de la captura de Abimael Guzmán
I.
Ha pasado mucho tiempo –un cuarto de siglo– desde que las pesadillas dejaron de durar veinticuatro horas. Es decir, desde la caída del demonio –más propiamente, el pobre diablo– que estaba detrás de este encantamiento atroz. Es decir, desde la captura de aquel que fue encumbrado por cientos de infelices como Puka Inti, el mismo que terminó como un simple e inerme Cachetón –sobrenombre endilgado al más funesto AG de nuestra historia, por los operadores del GEIN– y aún nadie se atreve a ser claro respecto del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (seguramente no faltarán los ineptos que le nieguen dicha categoría por no estar inscritos en el sistema electoral peruano –una “ironía”, en fin–).
Sería fácil atribuir esta falta de claridad a la mediocridad típica del medio político y no optaremos por esta vía, aunque la consideramos correcta en parte. En verdad, el trasfondo de esta oscuridad es la falta de recursos intelectuales, pero sobre todo la falta de arrestos para encarar al monstruo de frente por parte de la gran mayoría de involucrados en la política o en el análisis político contemporáneo.
Si hasta la fecha se tiembla al escuchar cualquier mención de terrorismo y si no se quiere conceder al Movadef la condición política que, sin duda tiene, se prepara de gratis o una nueva insurgencia homicida y ruin como la del oscuro sendero que amerita estas líneas o la irrupción de una nueva dictadura corrupta y cobarde como la que representó el Fujimorato. Condiciones todas, que se agravan dadas la absoluta debilidad y la basta inopia del actual gobierno.
La confrontación, en este sentido, debe ser, en todo momento, política e intelectual, pero, sobre todo, oportuna ya que si se desatase el ruin zombie que es el terrorismo la salida inmediata sería militar y tendría que postergarse la discusión que proponemos.
En todo caso, en este período de nuestra historia debemos vencer definitivamente a Sendero Luminoso, pero también al fujimorismo y, al mismo tiempo reestructurar o fundar nuevos movimientos políticos en todo distantes de la lacra y el oprobio que simbolizan la mayoría de “fuerzas” políticas actuales.
Pero dónde podríamos empezar si los más nefastos individuos gozan de todas las prerrogativas que faculta u otorga la falsa democracia que padecemos, hasta el extremo de haber disputado las dos últimas segundas vueltas presidenciales y ser la mayoría parlamentaria más truculenta de los últimos tiempos. Sin embargo, reitero, es menester iniciar la confrontación.
La democracia ha sido establecida con fines persuasivos y dialécticos y si no se puede discutir todo lo que atañe a la política de un modo frontal es en vano que haya elecciones cada cierto tiempo. Es obvio, para algunos, que la absoluta ausencia de contenidos en la política peruana actual hace imposible toda forma de discusión benéfica para la ciudadanía. Razón de más para actuar intelectualmente en contra de ella.
Por otro lado, es imposible problematizar la captura de Abimael Guzmán sin sustraer lo que el fujimorismo asume como un logro suyo y sin considerar el funesto devenir de los principales responsables de la operación en sí, es decir, Vidal, Jiménez y Miyashiro, pero dejaremos eso para después.
Más apremiante es definir porque la gente llama terroristas sin más a los senderistas sin considerar que, sobre todo, son comunistas. Esto podría llevar, como hace la derecha bruta y achorada, a identificar el terrorismo con el comunismo, pero solo si y solo si se tiene como condición necesaria el hecho de ser derechistas y achorados, es decir que nadie con un coeficiente intelectual de ochenta en adelante podría identificar ambos términos.
Sin embargo, creer que los senderistas fueron solo unos “guerrilleros” o agentes de la verdadera “revolución” popular es otro equívoco malsano de todos aquellos que no han superado el estadio de la toma de poder y la lucha armada.
Para aquellos que, como yo, no avalamos ningún tipo de dictadura, la dictadura del proletariado nos es tan fatídica como cualquier otra pese a su supuesto afán reinvindicacionista. Sin duda, la explotación existe aún en medios académicos y profesionales, pero casi nadie dice nada al respecto ni siquiera cuando se materializa una huelga tan prolongada como la del magisterio que fue pésimamente conducida por las dos partes en conflicto. Es terrible que este extremo haya perdido actualidad en la agenda política actual por casi todos los involucrados, los que contentos ante un sistema que les da la opción de poder hacer otra cosa, nunca inciden en realizar una variación en sus grises vidas.
Por ejemplo, los funcionarios públicos que en atención a sus grandes responsabilidades pasan hasta doce horas en las oficinas ministeriales pese a defender al régimen y a su supuesta entrega al país son, sin duda alguna, víctimas de la opresión de un sistema que no les otorga otras posibilidades de realización porque ni siquiera un genio luego de varios años trabajando a ese ritmo en tediosas actividades administrativas podría desarrollarse en nada, imagino a Einstein metido en este embrollo y lo creo incapaz de resolver el más simple teorema al cabo de pocos meses. El profesor de una universidad privada que además de sus horas de clase debe realizar trabajos administrativos en lugar de investigar y escribir no solo sobre los temas de su especialidad sino sobre todos los temas que le pasen por la mente es otra prueba de esta explotación. Ni que decir de los miles de jóvenes y no tan jóvenes, subempleados o tercerizados pero forzados a cumplir con las exigencias que corresponden a un trabajador contratado o con un salario más elevado o, peor aún, presos durante su jornada laboral como los desgraciados muchachos fallecidos en el incendio de las oprobiosas Galerías Nicolini hace unos meses o forzados a prostituirse en los lejanos asientos mineros informales de la selva.
Los ejemplos citados demuestran el hundimiento del actual sistema que rige nuestro país y si a esa lista le sumamos los beneficios exorbitantes que reciben los grandes regentes del poder económico como las exoneraciones tributarias y la insultante impunidad de todo aquel que puede comprar a la “justicia” nacional obtendremos la firme conclusión de que este país requiere de una transformación urgente pero esta no puede deberse al comunismo mucho menos si se vale de estrategias terroristas, aunque el liberalismo, en tanto doctrina política del capitalismo tampoco ofrece alternativas dignas para la ciudadanía.
En este extremo es necesario pensar de verdad, porque casi nadie señala que el liberalismo es anterior al comunismo y que el marxismo es precisamente una respuesta a lo que el capitalismo tiene de negativo para la humanidad. Que el marxismo haya sido utilizado para causar inclusive peores daños a la especie humana es una especie de paradoja sustentada en la negación del mismo y en la falta de evolución de sus “teóricos” y “representantes”. Que el liberalismo se siga considerando el menos malo de los sistemas políticos es una claudicación de todos los que no hacen frente a aquellos que no se preocupan por el otro, los que gozosamente proclaman la “naturaleza” egoísta del ser humano como si el ser humano no fuera, en gran parte, una construcción artificial, sobre todo, en lo que respecta a su cultura y el uso de su inteligencia.
Es necesario repensar el marxismo introduciendo en él una inclaudicable lucha por la libertad del individuo. Es necesario repensar el liberalismo introduciendo en él una inclaudicable lucha por el bienestar de los otros.
En este punto radica la controversia definitiva, ¿qué modelo debemos ofrecer a la población, si esta está cada vez más estupidizada tanto por la basura propalada por los medios de prensa masivos como por la televisión nacional?
Cómo podemos hacerle entender al pueblo peruano, la magnitud negativa de su turbulenta historia reciente si se ha consentido que Alan García sea dos veces presidente pese a la barbarie y abierta corrupción de su primer gobierno; si, en su momento, se avaló en un porcentaje infamamente alto al golpe del cinco de abril de 1992; si Paniagua no se atrevió a destruir el fujimorismo destruyendo su máximo legado, la constitución de 1993, ni tampoco fue forzado por el principal interesado, el supuesto depositario del Poder Constituyente, el pueblo; si cada cinco años se elige a presidentes con un historial tan turbio como un descenso al averno; si hasta un tipo sombrío y secundario como Humala, involucrado en violaciones de los derechos humanos llegó a la presidencia y fue ampliamente apoyado por la izquierda, quizás la misma izquierda que nunca se detuvo a enfrentar con grandeza al senderismo, esa misma izquierda que condena entre comillas al senderismo pero cree que los emerretistas son presos políticos, vamos; si un hombre con un prontuario lobbysta tan extenso como PPK es el actual presidente solo porque su candidatura impedía el ascenso de Keiko Fujimori; y finalmente, qué podemos alegar en defensa de nuestro pueblo, si el fujimorismo ha puesto en jaque dos veces, en seis años, a nuestra endeble democracia haciendo uso de medios “democráticos”. Con qué rostro podemos hablar de dignidad nacional y de lucha por una sana memoria histórica si el fujimorismo es la actual mayoría parlamentaria.
II.
La tragedia que significó el terrorismo para nuestro país halla su más intenso correlato no solo en las despreciables historias de los militantes de la extrema izquierda sino, también, en el fin de los principales involucrados en la gesta que encarceló a Abimael Guzmán. Tomemos como referencia a tres “valiosos” representantes de la Policía Nacional y el GEIN, es decir, a Antonio Ketin Vidal, Marco Miyashiro y Benedicto Jiménez, quienes deberían ser considerados héroes nacionales y sin embargo… ahora, es imposible que se recurra a sus figuras como paradigmas de hidalguía y nobleza.
Ketin Vidal, cuya cercanía y defensa de Vladimiro Montesinos, demostrada ampliamente por diversas investigaciones de Gustavo Gorritti, está descalificado a perpetuidad para recibir cualquier tratamiento honorifico precisamente a causa de esa repugnante asociación.
Miyashiro es en la actualidad un integrante más de la nefasta agrupación conocida como Fuerza Popular y eso no puede justificarse de ninguna forma.
Benedicto Jiménez, el otrora “Sheriff” y autentico creador del GEIN, es, ahora, otro corrupto cualquiera, infaustamente vinculado con la mafia del infame Rodolfo Orellana.
Estos dos “ejemplos” finales nos enseñan la imposibilidad de ser un héroe de modo permanente en nuestro país y nos hacen recordar la célebre frase de The Dark Knight de Christopher Nolan, “muere siendo un héroe o vive lo suficiente para que te conviertas en un villano”.
A su manera, los terroristas, nos muestran el otro lado de esa misma moneda, intentaron ser “héroes” y creyeron que podrían liberar al pueblo, sin embargo, gracias a su dogmatismo y a su enfermiza “ideología” atentaron contra el pueblo mismo y se hicieron dignos del desprecio de todo el país al asesinar a tanta gente inocente, además, de haber traumatizado a miles de compatriotas con el ritmo atroz de sus múltiples atentados sobre la ciudad de Lima y otras.
Debo enfatizar que el desprecio ante situaciones y entidades como las que hemos descrito es legítimo y saludable. Debo precisar que este desprecio, en relación con los terroristas y los corruptos, debería ser perdurable en nuestra memoria histórica para que sean señalados todo el tiempo con toda la crudeza necesaria a fin de que no vuelvan a repetirse nunca más actos de tan baja naturaleza como los que estos protagonizaron.
Muchos senderistas-terroristas serán liberados este año. Sus cuerpos podrán gozar de cierta libertad de tránsito, pero sus mentes, salvo prueba en contrario, seguirán apresadas y debo señalar que todos ellos padecen dicha condición no desde el momento de su captura sino desde que iniciaron su militancia en el infausto sendero más oscuro de la política peruana.
Entender esto y entender que ellos y todos los que son como ellos no merecen ningún perdón salvo que demuestren un honesto arrepentimiento y siempre y cuando hayamos llegado a comprenderlos sería una buena muestra de entereza histórica, pero es prácticamente una fantasía, varias veces irrealizable.
Del mismo modo, debemos ser inflexibles en nuestro desprecio a Alberto Fujimori y todo lo que él y su legado partidario representan.
Finalmente, se puede ser enemigo del terror y señalar la cobardía con todas sus letras respecto de los terroristas-senderistas –sobre todo, la de su endeble líder endiablado– pero sería una bajeza no reconocer lo mismo en aquellos que supuestamente fueron sus vencedores. Me refiero, obviamente, a uno de los más infaustos protagonistas de aquellas épocas tan turbias, Vladimiro Montesinos y al adecuado correlato del infierno que hemos señalado, es decir, Alberto Fujimori.
III.
Es necesario especular hasta qué punto Sendero Luminoso representó a la izquierda más comprometida con la “revolución” y hasta qué punto es una de las fuerzas políticas más nocivas y cobardes de todos los tiempos.
El primer punto es evidente. Mientras los más torvos termocéfalos de la izquierda se habían resignado a participar de las elecciones por razones de cálculo político, cobardía o por comodidad, solo Sendero protagonizaba y materializaba lo que las demás facciones “revolucionarias” no se atrevían a concretar. En este punto, se esclarece el segundo componente del problema propuesto, puesto que sus atentados y crueles excesos contra civiles y las tácticas terroristas intimidatorias y homicidas deslegitimaron y hundieron cualquier reivindicación social que hayan intentado lograr o alcanzar a través de la lucha armada.
No existe en el orden de la guerra nada más ruin que atacar a civiles, ni existe nada más grave que matar a traición a gente desarmada, rendida o que sea, simplemente, inocente. Un guerrero no puede mancharse con la ignominia de atentar contra personas indefensas.
Obviamente, los sádicos senderistas no tuvieron nobleza ni ninguna otra cualidad que les hiciera aproximarse a la figura del guerrero.
Abimael Guzmán, el muelle conductor de este rebaño infernal, representa con plenitud, esta desgracia y este sinsentido, la ausencia total de una ética valiosa para cualquiera que sea distinto a los miembros de esta secta tenebrosa.
En síntesis, el honor en un senderista es imposible.
Los crímenes de Sendero Luminoso fueron atroces, cobardes e injustificados, marcaron a toda una generación y más o menos normalizaron la brutalidad en nuestro país, tanto así que la feroz represión fujimorista fue asumida, desde esas fechas, por los seguidores del gran entuerto “naranja”, como un saludable escarmiento contrasubversivo.
Por ello, los senderistas no pueden ser considerados “guerreros” ni “guerrilleros”. Tampoco puede hallarse en sus planteamientos un solo aspecto liberador para nadie. Fueron, ciertamente, el ala más radical de la izquierda peruana en un tiempo en el que la lucha armada había perdido toda posibilidad de ejercicio para la mayoría de los militantes de ese momento, los que hasta ahora no se cansan de repetir que SL no conocía la realidad nacional y que no habían realizado una lectura adecuada de las posibilidades revolucionarias que tenía el Perú en aquellas épocas. Al mismo tiempo, SL fue la horda homicida-política más sanguinaria y abyecta que ha tenido este país. Este último punto debe ser enfatizado hasta el infinito.
Haber militado en Sendero hace que seas considerado de la peor manera –con toda la justicia del caso–, pero tras varias décadas encerrados, la mayoría de “sacos largos” serán prontamente liberados.
Ante esta realidad debemos preguntarnos: ¿qué podremos hacer con ellos, si para agravar las cosas no tienen siquiera el más mínimo gesto de arrepentimiento?
Acaso algunos pueden deducir de esta actitud, una supuesta superioridad “moral” sobre los que se “doblegaron”, sobre los que descaradamente fingen arrepentimiento y sobre los que niegan en todos los idiomas su participación terrorista, pero en el fondo todo aquello es intrascendente salvo que se asuma como principio indeclinable que el arrepentimiento genuino es una condición sin la cual no deberían ni podrían reincorporarse a nuestra sociedad.
IV.
El terrorismo fue una experiencia terrible y traumática que padecimos, pero el resto de los elementos que he enumerado no por menos graves dejan de ser males a los que también debemos oponernos. Si alguna esperanza existe para el Perú es que las nuevas generaciones sean más valientes y lúcidas que las precedentes. Lo que nos hace falta y lo que debemos desarrollar es, lucidez, carácter y valentía, a partes iguales. El primer acto sería llamar a las cosas por su nombre. El segundo, sería llevar a cabo una revolución verdadera que respete la vida y la libertad de todos. Acaso, la búsqueda de una nueva utopía.
POST SCRIPTUM.
El problema que atañe a toda revolución es su imprevisibilidad. Tocqueville con su habitual perspicacia problemática se preguntó: “¿por qué unos principios análogos y unas teorías políticas parecidas llevaron a los Estados Unidos solo a un cambio de gobierno y a Francia a una subversión total de la sociedad?” La respuesta más simple es considerar solo a las distintas realidades sociales y económicas de estos dos países como hizo, en parte, Albert Soboul. La más compleja es la que se aparta del marco estricto de la historia académica y resuelve que el mal es una fuerza demasiado intensa en los seres humanos como para estar contenida por demasiado tiempo. El Régimen del Terror solo puede atribuirse a un ejercicio sin límites del mal, derivado de un ejercicio ilimitado del poder. Este periodo fue tan desenfrenado que llevó a todos los grandes criminales revolucionarios a la muerte, ya sea por mano de civiles o por la efectiva guillotina que no perdonó ni a Marat, en el primer caso, ni a Robespierre, en el último, grandísima pareja de asesinos.
Todo uso del terror es una manifestación del mal y debemos oponernos a él, en todas sus formas
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Profesor de Bellas Artes amenaza con querellar a sus colegas por difundir publicación periodística
Mauro Yrigoyen Fajardo, docente y esposo de la directora de Bellas Artes, ha amenazado con denunciar a profesores que compartieron una nota periodística que lo vincula a millonarios beneficios judiciales.
Una reciente publicación de Lima Gris titulada: “Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales” ha reavivado tensiones dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP). El informe periodístico revela que la actual directora general, Eva Dalila López Miranda, su esposo, el profesor Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo, y un grupo de docentes cercanos a la gestión, interpusieron demandas judiciales para obtener millonarios pagos por presuntos beneficios laborales, pese a que existirían fundamentos administrativos que cuestionan la legalidad de tales compensaciones.
Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtienen millonarios pagos, tras demandar a la institución donde laboran
Frente a la difusión de esta información —de acceso público y de interés institucional— el profesor Yrigoyen Fajardo ha optado por una respuesta que ha sido calificada por sus colegas como intimidatoria: ha amenazado con querellas por difamación a quienes compartan o comenten el contenido de la mencionada nota.
«Dejen de replicar una nota que la hace suya al publicarla y que no se ajusta a la verdad, o les haré una querella por difamación», se lee en el mensaje del docente Mauro Yrigoyen.
La advertencia se realizó en un grupo de WhatsApp denominado “DOCENTES_ENSABAP”, donde participan profesores de la casa de estudios. En dicho espacio, Yrigoyen Fajardo afirmó que las demandas iniciadas en 2014 por un grupo de 22 docentes —incluyéndose él mismo— fueron procesos ganados legalmente y que aún se encuentran en etapa de liquidación. También señaló que no se ha percibido monto alguno, y que el desembolso no le corresponde a la universidad bellasartina, sino al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General del Estado. Además, alegó que se está atentando contra su honor por bajezas personales.
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Directora y profesores de Bellas Artes tras más de 5 millones de soles por beneficios judiciales
La Directora General de Bellas Artes, su esposo Mauro Yrigoyen y un grupo de docentes obtuvieron millonarios pagos tras demandar a la institución donde laboran. A través de procesos judiciales, lograron beneficios que, en algunos casos, superan el medio millón de soles por persona. En total, los requerimientos económicos de este grupo ascienden a la millonaria suma de más de 5 millones de soles.
La actual directora general de la Universidad Nacional Autónoma de Bellas Artes del Perú (UNABAP), antes Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú (ENSABAP), Eva Dalila López Miranda, su esposo Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo y un grupo de docentes allegados, han protagonizado una serie de demandas judiciales contra la institución. A través de estas acciones legales, han obtenido y buscan obtener millonarios pagos por supuestos beneficios laborales, pese a que existen fundamentos legales y administrativos que indicarían que tales compensaciones no les corresponden.
Una estrategia judicial
Desde hace varios años, un grupo de docentes vinculados a la Dirección ha instaurado una práctica sistemática de llevar al ámbito judicial diversos reclamos laborales. Esta tendencia, definida por trabajadores internos como el “modus operandi de judicializar todo”, ha resultado en múltiples juicios contra Bellas Artes, los cuales han permitido a los demandantes obtener beneficios económicos que en condiciones regulares serían improbables.
Mauro Yrigoyen, Eva López y Antonio Pimentel.
Entre los casos más llamativos se encuentra el uso de demandas judiciales para obtener grados académicos sin haber cumplido los requisitos establecidos por ley. En algunos expedientes, jueces han ordenado que se reconozca el grado de bachiller a docentes que solo contaban con un título profesional a nombre de la Nación, sin tesis ni el proceso universitario correspondiente. Es la primera vez que un juez dispone homologar un título profesional como equivalente al grado académico de bachiller sin sustentación de tesis.
Grado de Eva Dalila López Miranda (Directora General de Bellas Artes).
Grado de Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (Esposo de la Directora General).
Grado de Herminio Andía Chávez (Director de Centro Pre Bellas Artes (Cepreba).
Demandas por beneficios millonarios
El patrón se repite en el terreno económico. Eva López Miranda, en su rol de directora general, junto con su esposo Mauro Yrigoyen Fajardo y otros colaboradores cercanos, han interpuesto demandas para exigir pagos por nivelación de sueldos, bonificaciones por preparación de clases y otros conceptos. Algunos de estos montos alcanzan cifras que superan el medio millón de soles por persona.
Esposo de la Directora General de Bellas Artes demandó a la escuela por nivelación de sueldos.
Por ejemplo:
Mauro Jacobo Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora) ha solicitado el pago de S/ 484,519.74.
Herminio Andía Chávez, actual director del Centro Pre Bellas Artes (Cepreba), exige S/ 573,641.92.
Antonio Pimentel Nieto, exdirector de dicho centro, demanda S/ 326,068.74.
A esto se suma un juicio global por S/ 2’898,987.44 ya en etapa de ejecución.
En total, los requerimientos judiciales interpuestos por Mauro Yrigoyen Fajardo y este grupo ascenderían a aproximadamente S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro mil quinientos dos soles), monto que representa una carga presupuestal que afectaría las arcas de la institución universitaria.
¿Les corresponde por ley?
La base legal a la que apelan estos docentes para justificar sus demandas es la Ley N.º 29944, Ley de Reforma Magisterial. En particular, argumentan tener derecho a beneficios señalados en el artículo 41° de dicha ley, como vacaciones, asignaciones, compensaciones por tiempo de servicio, subsidios por luto y otros.
Sin embargo, existe una omisión crucial: el artículo 4° de la misma norma establece como requisito indispensable para acceder a estos beneficios ser profesional de la educación, es decir, contar con título de profesor o licenciatura en educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas.
Al revisar la situación académica de los demandantes, se observa que muchos no cumplen con este requisito. Según información de SUNEDU, ni la directora Eva López Miranda, ni su esposo Mauro Yrigoyen, ni sus funcionarios cercanos como Herminio Andía Chávez y José Lino Ayala, cuentan con títulos pedagógicos que los acrediten como profesionales de la educación.
En consecuencia, su inclusión en el régimen de la Ley 29944 es jurídicamente cuestionable. De hecho, por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por ley, los beneficios reclamados no deberían ser reconocidos. Más aún, se sostiene que parte de lo ya cobrado podría haber sido obtenido de manera irregular y, por tanto, debería ser devuelto.
Reincorporados, no nuevos contratados
Otro punto crítico es el régimen laboral al que pertenecen estos docentes. Según la Ley N.º 26860 de 1997, que reorganiza la Escuela Nacional de Bellas Artes, el personal que ingresó a laborar después de su entrada en vigencia se sujeta al régimen laboral de la actividad privada. Sin embargo, los docentes demandantes no ingresaron como nuevos contratados, sino que fueron reincorporados o repuestos por orden judicial, lo cual implica que mantienen su régimen original: el del Decreto Legislativo N.º 276 (administrativo público).
Como se recuerda, el 27 de junio de 2012, una sentencia del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo presentada por Mauro Yrigoyen Fajardo y otros docentes, por despido arbitrario. En consecuencia, se ordenó a la Escuela Nacional de Bellas Artes la reposición de Eva Dalila López Miranda, Herminio Andía Chávez, Serafín López Fabián, José Lino Ayala, Juan Marcelino León Dextre y Martina Martínez Rodríguez. Este grupo de docentes ha mantenido una relación muy estrecha y “coordinada” desde entonces.
Sentencia del TC falló a favor de la “cofradía” de docentes bellasartinos.
Pese a ello, en sus demandas utilizan como argumento la Ley del Profesorado N.º 24029, que también requiere título profesional de profesor para pertenecer a la carrera pública. Una vez más, muchos de los demandantes no cumplen ese requisito básico, por lo que su inclusión en dicha carrera y los beneficios asociados también carecerían de sustento legal.
En busca de más millones
La controversia alcanzó un punto álgido con la Resolución N.º 33 del 28 de diciembre de 2023, emitida por el juzgado que atiende el pedido del Sr. Mauro Yrigoyen Fajardo. En dicha resolución, se autoriza el embargo en forma de retención de hasta S/ 2’898,987.44, ordenando que la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú retenga fondos no ejecutados del presupuesto 2023 para cubrir el pago.
Resolución N° 33 que atiende pedido de Mauro Yrigoyen y se autoriza embargo.
Este hecho se torna aún más preocupante cuando se revela que el propio demandante conocía con anticipación el monto no ejecutado en el área de Recursos Humanos. Tal como consta en documentos oficiales, el presupuesto del área en 2023 fue de S/ 2’495,048, de los cuales solo se ejecutaron S/ 1’107,088, quedando S/ 1’387,960.46 sin usar.
Resolución 34 que se integra como parte de la Resolución 33.
El 28 de marzo de 2025, mediante la Resolución N.º 38, el juzgado aprobó las pericias de parte de los demandantes y otorgó un plazo de diez días para que Bellas Artes cumpla con abonar los siguientes montos:
Mauro Yrigoyen Fajardo (esposo de la directora López Miranda) : S/ 484,519.74
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Mauro Yrigoyen Fajardo.
Serafín López Fabián: S/ 479,368.34
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Serafín López Fabián.
Herminio Andía Chávez: S/ 573,641.92
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Herminio Andía Chávez.
Antonio Pimentel Nieto: S/ 326,068.74
Cuadro de reintegro e intereses a favor de Antonio Pimentel Nieto.
Estas cifras no incluyen los S/ 611,919.88 ya cobrados entre 2011 y 2014 (según se indica, en promedio 27 mil soles por persona, (incluida la directora López Miranda), ni el juicio general de casi tres millones en ejecución.
Total estimado:
S/ 5,374,502 (cinco millones trescientos setenta y cuatro millones) en beneficios judiciales.
Resolución N.º 38 que ordena a Bellas Artes abonar cientos de miles de soles a los docentes demandantes.
¿De dónde saldrá el dinero?
El origen de los fondos para cubrir estos pagos ha generado alarma. Documentos judiciales demuestran que la Dirección de Planificación de Bellas Artes liderada por el señor Alfredo Ocrospoma proporcionó a la Secretaría General de la escuela mediante el FUT N.º 8643, información detallada sobre la ejecución presupuestal de los años 2016 al 2023. Esa data fue utilizada para identificar los saldos disponibles, los cuales están siendo comprometidos judicialmente para pagar los beneficios en litigio.
Por ejemplo, del presupuesto 2023 de S/ 2’495,048 asignado a Recursos Humanos, solo se ejecutó S/ 1’107,088, dejando disponible S/ 1´387,960.46; cantidad suficiente para cubrir lo solicitado judicialmente.
Una ejecución presupuestal en crisis
La ejecución presupuestal general de la institución también ha sido motivo de pronunciamiento por parte del Sindicato de Trabajadores Administrativos. En un comunicado fechado el 24 de junio de 2025, el gremio alerta que “la ejecución presupuestal se hace agua”.
Pronunciamiento del Sindicato de Trabajadores de Bellas Artes.
Según el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Bellas Artes ha ejecutado apenas S/ 4´133,880 de un presupuesto total de S/ 14´687,497, es decir, menos del 30% a mitad de año.
El sindicato se pregunta con ironía si la razón detrás de esta baja ejecución es el deseo de reservar fondos para el cumplimiento de sentencias judiciales como las aquí descritas. Mientras tanto, los recursos que deberían invertirse en mejoras académicas, obras, equipos, atención estudiantil y otros fines prioritarios, siguen sin ejecutarse. ¿Será que no hay ejecución para luego pagar millonarios beneficios que están judicializados?
Un detalle importante, aquí la directora Eva López sería juez y parte, ya que ella dirige Bellas Artes, y al mismo tiempo impulsa procesos judiciales que la benefician directamente.
Eva López.
El caso de la UNABAP revela un patrón preocupante: el uso del aparato judicial para obtener beneficios económicos personales a costa del presupuesto público, incluso cuando existen fundamentos legales para cuestionar dichas demandas. La falta de títulos pedagógicos, el régimen laboral inaplicable, el conocimiento previo del presupuesto disponible y la sospechosa inejecución de fondos institucionales conforman un escenario que merece la atención de las autoridades fiscalizadoras.
Lima Gris intentó comunicarse vía telefónica con Mauro Yrigoyen Fajardo, su esposa Eva Dalila López Miranda, Antonio Pimentel Nieto, Herminio Andía Chávez, y Serafín López Fabián, para que brinden sus descargos respectivos, y se les dejó un mensaje en el chat del WhatsApp.
Hasta el cierre del informe la única funcionaria que respondió el mensaje fue la directora general Eva Dalila López Miranda; sin embargo, se abstuvo de responder las preguntas que se le formuló y únicamente indicó que todas las consultas le sean derivadas a la secretaria general de la UNABAP, Mabel Lizarzaburu Rodríguez, con quien luego de entablar comunicación se le formuló las preguntas correspondientes; sin embargo, tampoco respondió las mismas.
Mientras tanto, la universidad más importante de formación artística del país enfrenta una crisis financiera que afecta directamente su misión educativa. Finalmente, el Ministerio de Educación, hasta el cierre de este informe, tampoco se pronuncia oficialmente sobre este escandaloso caso.
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El controvertido viaje de la alcaldesa de Barranco a Israel
Mientras Barranco afronta caos urbano y obras inconclusas, su alcaldesa Jessica Vargas hará una gira a Israel para asistir a la MUNI EXPO 2025. La agenda incluye visitas a zonas de conflicto, memoriales de ataques terroristas y encuentros políticos. Es decir, será parte de la campaña proisraelí.
El pasado 7 de julio, la Municipalidad Distrital de Barranco recibió una invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Israel dirigida a la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, para participar en la MUNI EXPO 2025. El evento, organizado por la Federación de Autoridades Locales de Israel, se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de julio en Jerusalén y Tel Aviv. La invitación fue canalizada por la Secretaría General a través de Jorge Luis Rey de Castro y remitida a la Gerencia Municipal para su evaluación.
Invitación a la alcaldesa de Barranco Jessica Vargas para viaje a Israel.
Desde el primer momento, el procedimiento burocrático siguió su curso. El gerente municipal, Manuel Milenco Espinoza Loarte, solicitó un dictamen legal a la Gerencia de Asesoría Jurídica, bajo la dirección de Jorge Aurelio Alferrano D’Onofrio, para determinar la procedencia del viaje. En su informe, Alferrano concluyó que el Consejo Municipal debía autorizar o rechazar la solicitud, dado que los costos del viaje (pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, visitas técnicas, transporte interno y entrada al evento) serán asumidos por los organizadores, a excepción del seguro médico y de viaje.
Memorándum enviado por el Gerente Municipal al Gerente Legal de la MDB.
No obstante, en un matiz significativo, el asesor legal recomendó que, en caso de no obtener la autorización del Consejo, la alcaldesa podía optar por hacer uso de su descanso vacacional para asistir al evento, siempre que se dejara constancia oficial de la encargatura del despacho edil al teniente alcalde, Jaime Chihuán León.
Informe del Gerente Legal, que eleva autorización de viaje al Consejo Municipal.
¿Un viaje de “interés nacional”?
Más allá de los tecnicismos legales, el informe jurídico de Alferrano citó la Ley N° 27619, que regula los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. Esta norma establece, en su artículo 2°, que los viajes deben estar debidamente sustentados en un interés nacional o institucional. La pregunta inevitable es: ¿responde este viaje a una necesidad urgente del distrito o representa un genuino interés institucional? ¿O estamos frente a otro caso de turismo diplomático disfrazado de gestión pública?
Informe del abogado Alferrano señala que viaje obedece a un interés institucional.
La agenda oficial del evento deja dudas razonables. Incluye actividades con un marcado tinte político e incluso militar, como visitas a zonas afectadas por ataques con misiles iraníes, recorridos por kibutzim atacados por Hamás el 7 de octubre de 2023, y encuentros con sobrevivientes de estos eventos, como la fatídica Fiesta Nova.
Itinerario a seguir el 14 de julio en Israel.
También se contempla un diálogo con el periodista Henrique Cymerman, especialista en temas de Medio Oriente, y recorridos por lugares históricos y turísticos como el Monte Bental, la Galilea, el Mar de Galilea, Cesarea Marítima, y el Museo del Holocausto Yad Vashem.
Itinerario a seguir el 16 de julio en Israel.
Uno se pregunta: ¿qué beneficio directo o indirecto obtiene el distrito de Barranco de estas actividades geopolíticas? ¿De qué manera la visita a un sitio de conflicto bélico en el Mediterráneo oriental se traduce en mejoras para la congestión vial, la seguridad ciudadana, el ordenamiento urbano o la gestión ambiental de este pequeño distrito limeño?
Un distrito que espera soluciones
Mientras la alcaldesa prepara su maleta, Barranco sigue sumido en problemas urgentes y cotidianos. Las obras inconclusas en la avenida 28 de Julio y Alfonso Ugarte mantienen cerradas vías clave del distrito, generando congestionamiento vehicular, desvíos improvisados y el malestar creciente de los vecinos. Se han tenido que habilitar ambos sentidos en la avenida Grau como medida de emergencia, un reflejo claro del desorden urbano. La paciencia de los barranquinos se agota ante demoras sin explicación técnica clara ni cronogramas realistas de ejecución.
La sensación general es que la gestión edil prioriza el protocolo internacional por encima de las urgencias vecinales. En un contexto donde cada día de inacción pesa sobre la calidad de vida de los ciudadanos, la imagen de una alcaldesa ausente en una gira que difícilmente se traducirá en mejoras concretas para su distrito no es bien recibida.
Sesión extraordinaria y votos divididos Ante la solicitud de autorización del viaje, el Secretario General, Rey de Castro convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, celebrada el miércoles 9 de julio por la mañana.
Secretario General Rey de Castro convocó a Sesión de Consejo para tratar autorización de viaje.
El resultado no fue unánime, pero bastó para aprobar la solicitud. Cuatro regidores votaron a favor del viaje: Juan Mariluz, Aldair Santa Cruz, Cristina Vásquez y Marcos Montes de Oca. Tres se pronunciaron en contra: Jaime Chihuán, Katia Tataje y Fiorella Muñoz. Resulta particularmente llamativo que dos de los votos en contra provinieran de regidores afines a la actual administración (Chihuán-Tataje), lo cual sugiere un posible desacuerdo interno.
Esta división política no es menor. Revela que, incluso entre los aliados, existe incomodidad sobre la forma en que se priorizan las actividades de la alcaldesa. Para muchos, el mensaje es claro: se está más interesado en las relaciones internacionales que en los vecinos de siempre.
¿Turismo disfrazado de gestión?
El itinerario de la alcaldesa Jessica Vargas en Israel refuerza la impresión de que el viaje tiene más de turismo que de gestión municipal. Desde cenas de bienvenida hasta visitas a sitios religiosos, memoriales del Holocausto, mercados y calles históricas, la agenda está salpicada de actividades de carácter más simbólico y cultural, que técnico o administrativo. Aunque se prevé la asistencia a la MUNI EXPO y algunas reuniones con autoridades israelíes, la proporción de actividades turísticas parece desproporcionada para un viaje que se ampara en el supuesto “interés institucional”.
El viernes 18 de julio, por ejemplo, la agenda incluye visitas al Monte Bental, un volcán en inactividad en el Golán; y a lugares cristianos en Galilea, como Capernaum, Tabgha y Yardenit en el Río Jordán, donde se realizan bautismos simbólicos. Un día después, la alcaldesa paseará por las ruinas de Cesarea Marítima, ciudad portuaria construida por el rey Herodes hace más de 2000 años. ¿Cuál es el valor técnico de esta experiencia para la administración de un distrito de 3 km² al sur de Lima?
El viernes 18 de julio la alcaldesa visitará el volcán Bental y el Río de Jordán.
¿Una nueva tendencia en la política local?
Este tipo de viajes internacionales no es un fenómeno aislado. En los últimos años, varios alcaldes y autoridades locales han aprovechado invitaciones diplomáticas para justificar desplazamientos al extranjero, muchas veces sin resultados tangibles. La ciudadanía empieza a ver con escepticismo estos periplos, que suelen coincidir con periodos de crisis interna o baja aprobación política.
Alcaldesa Jessica Vargas viajó en marzo de 2024 a Punta Cana con invitación falsa.
En el plano nacional, es inevitable recordar el caso de la presidenta Dina Boluarte, cuyas prioridades personales —como cirugías estéticas, viajes oficiales y aumentos de sueldo— han sido objeto de crítica por parte de la opinión pública, mientras el país enfrenta problemas estructurales profundos. ¿Está ocurriendo lo mismo en la escala distrital? ¿Se está replicando esta lógica—al estilo Boluarte—de desconexión entre la agenda del poder y las necesidades del pueblo?
La alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas Gómez, viajará a Israel con la venia del Concejo Municipal. Sin embargo, su decisión revela una preocupante desconexión con la realidad de su distrito. El contexto no acompaña: grúas implacables que aún operan pese a la ilegalidad de sus operaciones; calles colapsadas, obras sin terminar y vecinos molestos por la falta de respuestas concretas. Mientras tanto, se opta por asistir a un evento en el extranjero cuyo impacto en la gestión local es, como mínimo, cuestionable.
En una época donde se demanda austeridad, eficacia y transparencia, la autoridad edil parece seguir una ruta contraria. La interrogante sigue en el aire: ¿estamos ante un viaje institucional o ante un sofisticado periplo turístico financiado en parte por terceros, pero legitimado por la estructura del Estado?
Actualidad
Pataz se levanta: Rondas campesinas inician paro indefinido y bloquearán vías clave
Anunciaron que el paro será indefinido. Exigen al Gobierno central atención urgente a sus demandas.
En un acto de protesta contundente, las Rondas Campesinas de la provincia de Pataz, en la región La Libertad, han anunciado e iniciado un paro indefinido que incluye el bloqueo de puentes estratégicos y aeródromos usados por empresas mineras. La medida fue formalizada mediante un comunicado firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Pataz, con el respaldo de sus principales dirigentes.
El paro, según el documento difundido este martes, surge como respuesta a lo que consideran una sistemática exclusión de los pequeños mineros del proceso de formalización, así como una política estatal que favorece abiertamente a las grandes compañías mineras en desmedro de las comunidades locales.
Entre los puntos de bloqueo mencionados se encuentran el Puente Mamahuaje, Puente Antonio Raimondi, Puente Calemar y Puente Marcos. Asimismo, las Rondas de los distritos de Pías y Huayo han anunciado que tomarán control de los aeródromos utilizados por las empresas mineras, interrumpiendo así el tránsito aéreo relacionado con estas actividades.
“Alertamos a la población a abastecerse de alimentos y medicinas, pues no habrá paso para vehículos de carga de las empresas mineras”, advierte el comunicado, dejando entrever la magnitud de la paralización.
Exigencias al Estado
Las Rondas Campesinas exigen al gobierno central y al Congreso de la República la atención urgente de tres demandas concretas:
- La exclusión arbitraria de pequeños mineros en el proceso de formalización. Exigen que se revise y corrija lo que consideran una marginación injusta, que deja fuera a gran parte de quienes dependen de esta actividad para sobrevivir.
- La aprobación de una ley que beneficie a la mayoría de pequeños mineros del país, garantizando su derecho al trabajo frente a la hegemonía de la gran minería y la minería transnacional.
- El derecho al trabajo digno para las familias de la provincia de Pataz, que actualmente se ven perjudicadas por decisiones centralistas y políticas que no consideran la realidad local.
Con el lema “¡Basta de saqueo y mentiras!”, las Rondas han declarado que no cederán hasta obtener respuestas. “Si no hay solución, no habrá producción minera en Pataz”, enfatiza el comunicado. Se trata, según sus palabras, de una lucha justa y legítima en defensa de la dignidad de la provincia.
Un paro con raíces sociales y económicas
La provincia de Pataz ha sido históricamente una zona de intensa actividad minera, tanto formal como informal. Sin embargo, el proceso de formalización iniciado por el Estado en los últimos años ha dejado fuera a decenas de pequeños productores, que ahora enfrentan criminalización y pérdida de sustento. Para muchos de ellos, la minería artesanal es su única fuente de ingreso.
La Central Única de Rondas Campesinas denuncia que, mientras las grandes corporaciones continúan explotando los recursos con protección estatal, los pequeños mineros son acosados, perseguidos y privados de sus derechos. En ese contexto, el paro representa no solo una protesta económica, sino también una reivindicación social frente a lo que consideran un modelo extractivista excluyente.
La medida ha generado expectativa y preocupación en toda la región, especialmente por el posible impacto en el abastecimiento de bienes y en la operatividad de las empresas mineras, muchas de las cuales podrían paralizar su producción debido a los bloqueos logísticos.
Desde Lima, hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Ministerio de Energía y Minas ni de la Presidencia del Consejo de Ministros, a pesar de la advertencia explícita de que el paro será indefinido.
El comunicado concluye con una promesa firme: “Defenderemos nuestro derecho al trabajo amparado en la Constitución”. Las Rondas Campesinas, organizadas y determinadas, han dejado claro que no abandonarán su lucha hasta lograr una respuesta estatal concreta y satisfactoria.
Actualidad
Condenaron a 20 años de prisión a integrantes de ‘Los injertos del Tren de Aragua’
Proxenetas venezolanos pensaron que en el país la impunidad aún manda.
Creyeron que en el Perú todo se podía hacer sin consecuencias. Pero no fue así. Cuatro integrantes de la banda criminal venezolana ‘Los injertos del Tren de Aragua’ fueron condenados a 20 años de prisión por el delito de explotación sexual de 10 mujeres extranjeras en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Tony Suárez (22), María Griman (27), Izmaury Galindo (26) y Yohan Pedra (34) deberán además pagar, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 20 000 a favor de las víctimas, según informó la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte.
La investigación reveló que las mujeres habían sido engañadas con la promesa de trabajo en Chile. Pero al llegar a Lima, se les informó que no podían continuar su viaje. Allí comenzó la pesadilla: fueron retenidas y obligadas a ejercer la prostitución, bajo amenazas de muerte.
Ante la gravedad de los hechos y tras recibir pedidos de auxilio, las autoridades lograron ubicar el 3 de septiembre de 2022 un inmueble en la urbanización Fiori, en Lima norte, donde operaba esta red criminal. Allí fueron detenidos los delincuentes venezolanos y se rescató a las víctimas.
La fiscal Luisa Inés Quispe Asmat presentó pruebas contundentes en el juicio: peritajes psicológicos, testimonios, actas de intervención, informes policiales y documentos incautados. Todo confirmó el accionar violento y sistemático del grupo criminal.
Este caso deja una lección clara: el Perú no es tierra sin ley, y quienes llegan del extranjero a delinquir creyendo que no habrá castigo, se equivocan. La justicia puede tardar, pero llega. Y en este caso, fue firme contra quienes buscaron lucrar con el sufrimiento humano.
Actualidad
Más de 140 mil escolares se benefician con mejoras en 168 colegios
El Ministerio de Educación invierte más de 14 millones de soles para garantizar ambientes seguros y adecuados para el aprendizaje.
El Ministerio de Educación (Minedu) ha destinado más de S/14 millones para mejorar las condiciones de 168 colegios públicos en 31 distritos de Lima Metropolitana, beneficiando directamente a casi 140 mil escolares. Esta intervención incluye desde reparaciones estructurales hasta la entrega de mobiliario escolar, con el objetivo de asegurar entornos seguros y funcionales para estudiantes y docentes.
Las obras se vienen realizando de forma progresiva durante todo el año y contemplan la instalación de mallas raschell contra la radiación solar, renovación de carpetas, sillas y mesas, mantenimiento de estructuras metálicas, y acondicionamiento de puertas, ventanas y otros ambientes. Ante las lluvias persistentes, se ha priorizado la atención en los distritos más afectados, como San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En estos sectores ya se trabaja en instituciones como Sol de Los Milagros, Juan Guerrero Quimper, José Olaya Balandra y Bartolomé Mitre.
La intervención se ha dividido en cuatro etapas. Las dos primeras, desarrolladas entre marzo y mayo, beneficiaron a más de 57 mil estudiantes en 61 colegios con una inversión de S/4.5 millones. Actualmente, se ejecuta una tercera fase en 51 instituciones, con S/4.7 millones destinados para mejorar la educación de más de 40 mil escolares. A partir del 7 de julio, arranca una cuarta etapa que atenderá a 56 colegios adicionales, con una inversión similar y más de 41 mil beneficiarios.
Estas acciones del Minedu se respaldan en las leyes 32272 y 32260, que permiten intervenciones inmediatas y financiamiento directo en instituciones educativas públicas afectadas por daños estructurales o emergencias climáticas.
Los colegios intervenidos están ubicados en distritos como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, El Agustino, Lurín, Ate, Los Olivos, Comas, Chorrillos, Ventanilla, entre otros, abarcando un amplio sector de Lima Metropolitana.
Actualidad
Mineros informales bloquean siete carreteras tras ser excluidos del REINFO
La exclusión de más de 50 mil mineros del REINFO expone el fracaso de una política de formalización que nunca llegó a los territorios.
Las tensiones en el sector minero estallaron este lunes 7 de julio, luego de que el Gobierno excluyera a más de 50.000 mineros de la pequeña minería y minería artesanal del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). La medida ha desencadenado bloqueos en al menos siete vías nacionales, interrumpiendo el tránsito en regiones clave como La Libertad, Arequipa, Cusco e Ica.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, señaló que solo 31.500 mineros han cumplido parcialmente con los requisitos del REINFO y deberán completar cinco etapas adicionales antes de diciembre de 2025. Estas incluyen la formalización laboral, acuerdos de acceso a superficie, firma de contratos con los titulares de concesiones y la incorporación al nuevo Fondo Minero, un mecanismo diseñado para canalizar recursos hacia el desarrollo sostenible del sector.
Por su parte, la presidenta Dina Boluarte justificó la exclusión afirmando que cerca de 45.000 mineros llevaban más de cuatro años sin avanzar en su formalización, a pesar de una prórroga otorgada desde noviembre de 2024. Además, se identificaron 1.500 casos de uso irregular de permisos, incluyendo su alquiler o tercerización en zonas ya concesionadas, lo que habría generado conflictos legales y sociales.
Siete carreteras bloqueadas
De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), todas las interrupciones en vías nacionales están vinculadas directamente a protestas por parte de mineros informales y pequeños productores. El monitoreo realizado en coordinación con la Policía Nacional, Defensa Civil y concesionarias viales muestra las siguientes rutas afectadas:
Trujillo – Agallpampa – Quiruvilca (km 121), La Libertad: interrumpida por huelga de mineros.
Longitudinal de la Costa Sur (km 443), Ica, Nasca: bloqueada por protesta de la Confederación Nacional de Pequeña Minería.
Mara – Velille (km 37+600), Cusco, Chumbivilcas: vía cerrada por manifestación de mineros artesanales.
Mara – Velille (km 121), Cusco, Chamaca: nuevo punto de bloqueo reportado por la misma confederación.
Costa Sur (km 619), Arequipa, Chala: interrupción por movilización de pequeños mineros.
Costa Sur (km 782), Arequipa, Camaná: manifestación de pobladores vinculados a la minería informal.
Sierra Norte (km 129+500), La Libertad, Quiruvilca: protesta de mineros artesanales.
La situación genera serias afectaciones al transporte de carga, alimentos y personas, además de evidenciar un problema estructural no resuelto: la informalidad minera y la incapacidad del Estado para implementar una política de formalización efectiva y sostenida en el tiempo.
Desde el Gobierno, el mensaje es claro: quienes no cumplan con los pasos establecidos quedarán fuera del proceso. Sin embargo, la falta de acompañamiento técnico, la demora institucional y la débil presencia estatal en zonas mineras explican en parte el fracaso de la formalización. Hoy, esa deuda estalla en las carreteras.
Actualidad
Miguel Ángel Requejo: una ‘tentativa de homicidio’ que exige justicia
La jueza Kharla Orellana Sánchez dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo, acusado de embestir con su camioneta en el restaurante ‘El Charrúa’.
En un país donde la impunidad muchas veces se confunde con indulgencia, el Poder Judicial ha ordenado nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Requejo Astochado, el sujeto imputado por tentativa de homicidio calificado, omisión de socorro y otros cargos, tras haber embestido con su vehículo el restaurante «El Charrúa», en La Molina. Este hecho, que dejó cuatro heridos y cuantiosos daños materiales, pudo haber terminado en una tragedia de dimensiones mayores.
La noche del miércoles 2 de julio, Requejo Astochado —según la acusación fiscal— condujo y estrelló su automóvil directamente contra el establecimiento gastronómico, poniendo en grave riesgo la vida de comensales y trabajadores. Entre los lesionados figuran Augusto Fernando Ramengui Quintanilla, Mario Rodolfo Barbacci Quintanilla, Aníbal Aliaga Masías y Dante Ricardo Consiglieri Chávez. Más allá del impacto físico y económico, lo ocurrido revela una profunda irresponsabilidad criminal que hoy intenta disfrazarse de arrepentimiento.
Durante la audiencia, la fiscal Karen Rosario Cueva Quispe fue categórica: el acusado no solo huyó de la escena sin brindar auxilio a los heridos —lo cual evidencia su desprecio por la vida ajena— sino que además tiene antecedentes por lesiones dolosas. A pesar de autodenominarse empresario, no presentó prueba alguna de arraigo laboral. ¿Cómo confiar entonces en que no intentará fugar del país?
Lo más llamativo, sin embargo, fue el cambio de actitud del imputado al escuchar la decisión de la jueza Kharla Orellana Sánchez, quien finalmente acogió el pedido fiscal, dictando 9 meses de prisión de preventiva y dispuso su reclusión hasta abril de 2026. En ese momento, el acusado rompió en llanto y pidió perdón entre balbuceos, apelando a la conmiseración con frases como «El restaurante es como mi casa» o “no sé qué pasó, perdí mis lentes”.
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