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Política

Zoraida Ávalos y Marianella Ledesma ¿las nuevas defensoras de Vizcarra?

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Últimamente algunas magistradas, más allá de cumplir con sus verdaderos roles para lo que fueron designadas, pareciera que pretenden ser abogadas defensoras del presidente Martín Vizcarra.

Recordemos que hace solo dos meses la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos decía que los audios difundidos desde Palacio son maniobras para pretender desacreditar el trabajo de la Fiscalía en su lucha contra la corrupción. Asimismo, en otro programa dominical afirmó en vivo: “Si hubiera evidencia de un acto de corrupción de Martín Vizcarra, tendríamos que denunciarlo”.

Pero luego todos hemos sido testigos que, con esa imagen de fiscal acusadora, ella ha tomado una notoria postura de parcialidad en todo lo que tenga que involucrar al presidente Vizcarra.

Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Por ejemplo: se ufanaba de que investigaría al presidente; pero hoy vemos que pese a las evidencias de actos de corrupción en las que habría incurrido el mandatario, ella viene ejerciendo lo contrario y a pesar que tuvo en sus manos los actuados de la investigación contra los exfuncionarios del entorno presidencial realizada por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y que en su informe se sustenta la tesis de que existirían indicios de que el propio Presidente de la República habría ejercido influencias en otros funcionarios para la contratación de Richard Cisneros Carballido; así como, habría tratado de influenciar a sus funcionarios más cercanos para brindar testimonios “coordinados” ante la Fiscalía. 

A pesar de ello… y eso, sin contar las recientes aseveraciones de los colaboradores eficaces que han revelado cómo se dieron las coimas a Martín Vizcarra de parte de la constructora ICCGSA cuando éste era gobernador regional. A pesar de todo eso, la Fiscal de la Nación solo ordenó emitir un comunicado desde su despacho que reconoce que el presidente debe ser investigado preliminarmente, pero que debido a su inmunidad presidencial y a que tiene antejuicio político, tuvo que suspender la pesquisa hasta el 28 de julio de 2021.

Es decir, se amparó inapropiadamente en el artículo 117º de la Constitución que, si bien señala que el presidente de la República no puede ser acusado durante su periodo quinquenal, tampoco señala que éste no pueda ser investigado.  Y, además como abogada ella sabe perfectamente que la ley no impide hacer lo que no prohíbe (Artículo 2º inciso 24 a.- de la CPP.); en este sentido, la doctora Ávalos no hizo uso de su prerrogativa como Fiscal de la Nación para investigar al presidente y, además, se inhibió de solicitar al Congreso iniciar un antejuicio político contra Vizcarra. Y mucho menos pretende avanzar con las pesquisas investigativas para que vayan dejando el terreno listo para la acusación a Martín Vizcarra el 28 de julio de 2021.

¿Recuerdan cuando Zoraida Ávalos aseguró que iba a querellar a Karem Roca si es que no se rectificaba por sus declaraciones en el audio que la involucraría por su cercanía a Martín Vizcarra y Miran Morales? Han pasado casi dos meses de ello y aún no vemos la querella anunciada.

Marianella Ledesma ¿Presidenta del TC, o abogada de Martín Vizcarra?

La Presidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma no ha parado de adelantar opinión desde hace algún tiempo. Primero lo hizo cuando mostró su preocupación por la Reforma Constitucional aprobada por el Congreso, en la cual se eliminaron la Inmunidad Parlamentaria y la Inmunidad Presidencial; y consideró que dicha Reforma era inconstitucional.

Presidente Martín Vizcarra y Marianella Ledesma.

Tal como lo comentó flagrantemente en RPP y adelantando opinión:

“¿Qué recojo a la luz de la opinión pública y de los medios de comunicación? Que no hay una compatibilidad entre lo que el Congreso dice y la población señala. La segunda reflexión es que escucho -pero no mi opinión- este es un tema inconstitucional que en la próxima legislatura se ratificará. Entonces, ¿vamos a esperar que se consuma una reforma con abiertas reglas de inconstitucionalidad? y esa es una de las deficiencias que tiene la Constitución, que deberíamos ir a un control constitucional previo”.

Luego, en septiembre durante el contexto del pedido de la primera Vacancia Presidencial, ella aseveró que no aceptó la Medida Cautelar presentada por el Poder Ejecutivo para detener el Proceso de Vacancia porque ésta se ha debilitado. Esa opinión ensombrece su rol de magistrada que debe ser imparcial para ejercer una objetividad jurídica constitucional. 

Aquí sus declaraciones que son absolutamente reprobables y que se refirieron a la vacancia:       

  “El tribunal ha analizado que el procedimiento de vacancia, diríamos, se ha diluido ¿A la luz de qué? ¿Cuál es el indicador que hemos utilizado? Las propias declaraciones de los voceros parlamentarios que dijeron que no apoyarían y los líderes políticos que han dicho que tampoco apoyarían la vacancia. Por lo tanto, el escenario en el que se podría dar esta situación de vacancia consideramos que se ha debilitado y que no justificaría, en ese escenario y por ahora, dar un tipo de tutela”.

Y ahora la señora Ledesma vuelve a la carga con fuerza, porque continúa adelantando opinión y ha vuelto a dar declaraciones políticas sobre el nuevo proceso del Pedido de Vacancia Presidencial que en estos momentos se está tramitando en el Congreso. Ella ha aseverado que un sector del Parlamento busca privilegiar sus afanes de conquista del poder. Ante aquella opinión, el Primer Vicepresidente del Congreso, Luis Valdez pidió enfáticamente que la magistrada respete la institucionalidad del Poder Legislativo, porque es una falta de respeto que opine que el Congreso solo busca desequilibrar al Ejecutivo solo por llevar a cabo un proceso de Vacancia Presidencial por incapacidad moral, y que es absolutamente constitucional.

Por lo pronto, ante aquel imperdonable desatino que ha cometido la señora Ledesma, el Procurador Público del Congreso de la República Manuel Peña Talavera, ya le hizo llegar al Vicepresidente del Pleno del Tribunal Constitucional, una solicitud de inhibición de la tribuna Marianella Ledesma en las sentencias referidas al Congreso; entre ellas el proceso de la Vacancia Presidencial, por haber adelantado opinión en plena coyuntura del Proceso Competencial, que aún no se resuelve.

¿Qué sucede con estas señoras? ¿Acaso no tienen vergüenza? Ellas fueron elegidas para investigar y acusar en el caso de Zoraida Ávalos los presuntos delitos que atenten contra el Estado, porque es la titular de la carga de la prueba y por tanto su rol persecutor no debe ser socavado por “circunstancias políticas”; aunque su designación está siendo cuestionada por un nuevo escándalo que pone en entredicho la legitimidad de su cargo; pues, de acuerdo a un informe del diario La República, la doctora Zoraida Ávalos se reunió con el exasesor del Partido Podemos José Luis Cavassa, para que intervenga a través de sus influencias ante el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para aumentarle el puntaje en su ascenso como Fiscal Suprema, ya que había desaprobado el examen escrito.

Y en el segundo caso, la magistrada Marianella Ledesma fue elegida para interpretar la Constitución en su máxima instancia durante el proceso de una demanda, sin afanes ni tintes políticos.

No obstante, es menester recordar que la ex-Fiscal de la Nación del régimen del fujimorato, Blanca Nélida Colán fue puesta en ese cargo para bloquear las investigaciones y graves acusaciones que iban en contra de Alberto Fujimori y por ello purgó cárcel por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.                                         

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Congresista Guido Bellido responde a campaña de desprestigio: “Esta farsa caerá”

En medio de renovadas acusaciones mediáticas, el congresista Guido Bellido Ugarte ha utilizado su cuenta oficial de X (antes Twitter) para responder de manera enfática a lo que califica como una “campaña de desprestigio” orquestada desde sectores del poder político, mediático y de inteligencia.

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En un extenso mensaje, el ex primer ministro niega cualquier vínculo con el terrorismo y denuncia una estrategia sistemática de persecución política que tendría como finalidad el control ilegítimo del Poder Ejecutivo.

Esta farsa caerá: ni vínculos con terrorismo, ni obstrucción a la justicia; solo persecución para seguir usurpando el Poder Ejecutivo”, sentenció Bellido al inicio de su publicación. El congresista recordó que, durante la segunda vuelta electoral del 2021, fue víctima —junto a otros miembros de Perú Libre— de acusaciones basadas en el testimonio de un supuesto informante relacionado con Sendero Luminoso, al que califica como “un agente lumpen usado por la DIRCOTE”.

Bellido sostiene que esas imputaciones, promovidas desde el Ministerio Público con apoyo de ciertos medios de comunicación, buscaron frenar el ascenso electoral de Pedro Castillo y asociar al partido ganador con la violencia terrorista. “La campaña sucia tenía un objetivo claro: evitar que Pedro Castillo ganara las elecciones”, escribió el parlamentario cusqueño.

Sin embargo, señala que, tras la victoria electoral, las maniobras no cesaron. A su juicio, hubo una articulación entre operadores del sistema judicial y servicios de inteligencia del Ejército para montar acusaciones de obstrucción a la justicia. Estas denuncias surgieron con mayor intensidad cuando asumió la presidencia del Consejo de Ministros en julio de 2021. “Se montó una falsa acusación con el objetivo de desestabilizar el gobierno y usurpar el Poder Ejecutivo”, afirmó.

El congresista no escatimó en señalar con nombre y apellido a quienes considera responsables de estas maniobras: “Son aquellos que lucran con el terrorismo, hacen política basada en el miedo, obtienen millones en su nombre y causan la muerte de personas inocentes bajo esa bandera”.

Asimismo, lanzó duras críticas contra la prensa que ha difundido estas denuncias. Bellido apuntó directamente a los medios de comunicación que califica como “sensacionalistas” y subordinados a intereses empresariales. “Se dedican exclusivamente a difamar a quienes no están alineados con su agenda o no sirven a los intereses económicos de los dueños de estas corporaciones”, escribió, sin hacer distinciones.

La publicación del congresista Guido Bellido surge en un contexto de creciente polarización política y judicialización de exfuncionarios vinculados al gobierno de Pedro Castillo, hoy en prisión preventiva por cargos de presunta rebelión y corrupción. Bellido Ugarte, quien presidió el Consejo de Ministros entre julio y octubre de 2021, ha sido una de las figuras más visibles —y polémicas— del oficialismo, y sostiene que las imputaciones en su contra responden a un “linchamiento político” con fines de control del poder.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha respondido a estas acusaciones. No obstante, la publicación del congresista ha reavivado el debate sobre la politización de la justicia, el uso de los medios como herramientas de presión y la fragilidad institucional del país.

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Política

Un voto de confianza más que conversado

Premier Arana acudirá el 12 de junio al Congreso para solicitar el voto de confianza.

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Aunque muchos no lo deseen, Dina Boluarte terminará su mandato en julio de 2026, luego de haber creado ‘puentes’ con las principales bancadas del Congreso de la República; sin ellos, su nefasto gobierno habría durado menos que el de Pedro Castillo que no tuvo ‘muñeca’ ni tino para saciar el hambre de los parlamentarios.

Tras la renuncia de Gustavo Adrianzén al premierato su reemplazante fue el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana Melchor, quien este 12 de junio tendrá que acudir con todo su Gabinete Ministerial al hemiciclo del Legislativo, buscando (o ratificando) el voto de confianza.

Sabiendo de antemano que no iba a contar con los votos suficientes para evitar su censura, el entonces premier Adrianzén decidió ‘inmolarse’ y ofrecer su ‘cabeza en bandeja’ para así evitar el primer ‘strike’ de un gabinete ministerial en la era Boluarte. De no haber realizado tal movida, Dina Boluarte y compañía en estos momentos solo tendrían una ‘bala de plata’, la cual era sumamente riesgosa si no se escogía correctamente al nuevo primer ministro. De haber persistido con Adrianzén estarían a merced del Congreso y eso significaba una amenaza muy fuerte para las aspiraciones de la chalhuanquina.

A los hechos eso nunca sucedió y ahora estamos solo hablando de un nuevo premier que ya contaría con la aprobación de la mayoría de bancadas en el Congreso; es por ello que Arana y compañía acudirán más que confiados el próximo 12 de junio para recibir la aprobación del Legislativo.

“Hemos compatibilizado las agendas y ya hemos dispuesto que la fecha de presentación del Gabinete sea el jueves 12 de junio, a partir de las 9 horas”, indicó el premier Arana luego de haber sostenido una reunión con el presidente del Parlamento, el congresista de Alianza para el Progreso (APP), su tocayo Eduardo Salhuana.

Tocayos. Todo estaría arreglado para que se le dé la confianza a Arana. Foto: Congreso.

Asimismo, Arana Melchor también mencionó que ha cursado invitaciones formales a las diferentes bancadas con el objetivo de sostener encuentros previos a su exposición ante el pleno, las cuales se realizarán el lunes 2 y martes 3 de junio.

 “Tenemos una agenda prevista para exponer nuestros lineamientos de trabajo, pero también para escuchar y recoger las propuestas de los legisladores”, añadió.

Desde las bancadas de izquierda ya se viene anunciando que no le darán el voto de confianza al gabinete de Arana, pero pesará más ese tridente compuesto por Fuerza Popular, Renovación Popular y APP, sí, la misma bancada del presidente del Congreso.

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Política

Seis funcionarios del Mincetur viajarán a Australia con todo pagado

Cada pasaje aéreo a Oceanía costará 3,100 dólares, mientras que el viático diario asignado por el pliego presupuestal del Mincetur a cada funcionario será de 385 dólares. En total, entre pasajes y estadía, el ministerio desembolsará $31,690 dólares, lo que equivale aproximadamente a 115,668 soles.

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Seis servidores del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) viajarán a la ciudad de Brisbane, Australia, del viernes 6 al sábado 14 de junio de este año, para participar en reuniones del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), en las que se discutirán prioridades del acuerdo.

Resolución Ministerial n.° 145-2025-Mincetur.

Por tratarse de un tema de interés institucional, asistirán a las reuniones los siguientes funcionarios del Viceministerio de Comercio Exterior: Gerardo Antonio Meza Grillo, director encargado de la Dirección de Asia, Oceanía y África; Celia Pamela Beatriz Huamán Linares, Alexandra Cecille Brun Coronado y Ángela Lucía Rodríguez Fernández, todas ellas también pertenecientes a esa dirección. Además, viajarán Ángela Rossina Guerra Sifuentes, de la Dirección de Norteamérica y Europa, y Victoria Marisol Palacios Surco, encargada de la Dirección de Asuntos Multilaterales.

Según lo dispuesto, cada pasaje aéreo a Oceanía en clase económica costará 3,100 dólares, mientras que el viático diario asignado por el pliego presupuestal del Mincetur a cada funcionario será de 385 dólares. En total, entre pasajes y estadía, el ministerio desembolsará $31,690 dólares, lo que equivale aproximadamente a 115,668 soles.

La Resolución Ministerial n.° 145-2025-Mincetur autoriza el viaje de los mencionados funcionarios para representar al Perú en los encuentros del CPTPP. Además, se establece que, al retornar al país, deberán presentar un informe detallado a la ministra Úrsula Desilú León Chempén, con las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de cuentas correspondiente.

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) es un acuerdo comercial entre 11 países de la región Asia-Pacífico, diseñado para fomentar el libre comercio, reducir aranceles y promover normas comunes en temas como inversión, propiedad intelectual, comercio electrónico, trabajo y medio ambiente.

El CPTPP usa el término “progresista” más como una etiqueta diplomática y política que como una garantía de políticas con enfoque social. Su carácter progresista es más nominal que estructural.

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Política

Congresista Susel Paredes sobre la reducción del perímetro de las Líneas de Nasca: «Todo recorte a zonas arqueológicas son negativas» [VIDEO]

Desde el Congreso la parlamentaria criticó el accionar del Ministerio de Cultura.

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La reciente decisión del Ministerio de Cultura de reducir el perímetro de protección de las Líneas de Nasca ha despertado una ola de críticas, entre ellas, la de la congresista Susel Paredes, quien alertó sobre los riesgos que esta medida representa para la integridad de uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del continente.

“Todo recorte a zonas arqueológicas, zonas de amortiguamiento, son negativas, porque los espacios de las zonas arqueológicas siempre son tentación para las invasiones. Mira nomás Chan Chan, es un escándalo, está invadido inmensamente”, sostuvo Paredes en declaraciones a Lima Gris, subrayando que estas modificaciones abren la puerta a la destrucción progresiva del patrimonio cultural.

El Ministerio de Cultura, a través de una resolución firmada por la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Novoa Silva, aprobó la modificación del polígono de protección de la zona arqueológica de Nasca, lo que implica un recorte de su zona de amortiguamiento. La medida ha generado preocupación entre especialistas, activistas y algunos sectores del Congreso, quienes cuestionan la falta de transparencia en la decisión y temen consecuencias irreversibles.

“La zona de Nasca no solamente son las líneas, hay inmensa cantidad de restos de momias en donde sea que tú abras el suelo”, advirtió Paredes. “Eso tiene que estar muy resguardado. No debe recortarse en ningún caso los límites de las zonas arqueológicas, ni los polígonos, ni las zonas de amortiguamiento, porque lo que necesitamos es protegerlas”.

La congresista también apuntó al trasfondo político de la decisión. “Que APP gobierna con el fujimorismo y con Dina Boluarte, eso es un hecho que lo demuestran los votos y las designaciones en distintas instancias del Estado”, declaró, sugiriendo que detrás del recorte podrían existir intereses particulares ligados al control del territorio.

Consultada sobre posibles acciones parlamentarias, Paredes señaló que solicitará información directa sobre la resolución emitida. “Lo que sí puedo hacer es yo misma pedir la información”, dijo, dejando abierta la posibilidad de convocar a la viceministra de Cultura a la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El caso ha puesto nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sitios arqueológicos frente a decisiones administrativas que, lejos de garantizar su protección, podrían facilitar su degradación. En el caso de Nasca, los expertos coinciden en que cualquier intervención debe estar regida por criterios técnicos estrictos y por una política de preservación que respete el valor histórico, cultural y espiritual del lugar.

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Política

Anthony Lastra, ¿el ‘gurú’ de Dina Boluarte?

Pastor evangélico fue consejero espiritual de Pedro Castillo y Lilia Paredes, y ahora estaría aconsejando a la jefa de Estado que cree en un diálogo “interreligioso”.

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A lo largo de la historia del Perú, distintos presidentes recurrieron a curanderos, chamanes, espiritistas, consejeros espirituales o videntes, para que les brinden una visión “más allá de lo evidente”; normalmente lo hacían para conocer quiénes eran sus enemigos, a develar a personajes cercanos de su entorno que en verdad los estaban traicionando. Así, se cuenta que el expresidente Alan García visitaba a los maestros de las huaringas, o que Alberto Fujimori era un asiduo cliente de chamanes y ‘brujitas’. El caso más mediático y conocido fue del expresidente Martín Vizcarra, quien permitía ingresar a su despacho al vidente conocido como Hayimy.

Nuestra actual jefa de Estado, Dina Boluarte, tampoco querría quedarse atrás, siendo ella muy creyente de lo que la ciencia no puede llegar a explicar, vinculándosela con el pastor evangélico Anthony Lastra, pues siempre es tener dos ojos en la espalda.

El pastor ya es un ‘caserito’ dentro de Palacio de Gobierno, pues fue guía espiritual del entonces expresidente Pedro Castillo y de su esposa Lilia Paredes, quien por cierto ha manifestado abiertamente ser evangélica.

Lastra, en sus redes sociales, aseguró haber tenido un rol activo en la salida de la entonces ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, a quien calificó de “hija del diablo” por mostrarse a favor del aborto y de una política pro LGBT.

“… le dije al presidente Castillo que la saque porque si no venía juicio de Dios a su vida y él la sacó”, escribió el pastor Lastra, quien ahora estaría hablándole al oído a la máxima autoridad del país.

A propósito de ello, mediante un comunicado, el Gobierno de Boluarte ha salido a rechazar que el pastor evangélico tenga una relación laboral o espiritual con los organismos del Estado, añadiendo en la parte final que la mandataria “es una mujer de profunda fe católica”, pero abierta a un “diálogo interreligioso”.

Y es que tal mensaje sale luego de que se difundiera una foto oficial donde sale Lastra junto con Boluarte y el ahora premier Eduardo Arana.

Lastra, caminando a la par con Dina Bolaurte. Foto: Gobierno.

El dato:

Lastra considera al Partido Morado de ser “la peor vergüenza del país” al fomentar el matrimonio civil para personas del mismo sexo, tildándolos de ser “hijos de Satanás” por encontrarse a favor de la despenalización del aborto.

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Política

Un Congreso legal, pero no legítimo

Un famélico 4 % de aprobación es el resultado inobjetable que algo anda mal detrás de la Plaza Bolívar.

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Cada quinquenio nos hacemos la misma pregunta: ¿es este Congreso el peor de la historia? Nuestra Constitución Política ha sido tan manoseada con pequeñas modificaciones que no se ha requerido una nueva Carta Magna para darnos cuenta que se trata de una distinta, alterada, variada, modificada, todo para beneficio de aquellos que se hacen llamar ‘padres de la Patria’ y para aquellos que se jactan de ser los líderes de los partidos políticos.

El cambio más reciente va relacionado con el retorno de la bicameralidad en el Congreso, donde volveremos a ver a los senadores y diputados. Para que ocurra eso se tuvieron que modificar 53 artículos de la Constitución (artículos 2, 39, 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 150, 157, 161, 162, 182, 183, 191, 194, 201, 203 y 206).

Antes que nada, corresponde mencionar que legalidad no es lo mismo que legitimidad, centrándonos solamente en el ámbito político y no jurídico. La legalidad es entendida cuando una institución se ha conformado de acuerdo a las leyes prescritas; en este caso los parlamentarios fueron elegidos mediante voto popular, corroborado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En contraposición, si una autoridad asume un cargo de manera autoritaria o no respetando ‘las reglas del juego’, se entiende por ello que se encuentra de manera ilegal.

En cambio, la legitimidad puede entenderse a la validación que tienen las autoridades frente a la población. Esto puede variar dependiendo al buen o mal desempeño que tengan estos desde sus puestos; así, un Congreso legitimado es aquel que cuenta con la aprobación de las personas y ello se obtiene cuando se ven leyes productivas y no inclinadas solo para beneficio de unos cuantos.

Recientemente, una encuesta elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) arrojó resultados previsibles, otorgándole un 4 % de aprobación a nuestro atribulado y errático Congreso de la República.

Esto tiene una explicación que para la mayoría de ciudadanos resulta muy fácil de entender, pero que para algunas personas solo se trata de una ‘guerra sucia’ para desprestigiar a los ‘padres de la Patria’. Tal vez su desaprobación se deba a los excesivos gastos que realizan mes a mes, contratando personal que nunca se aparece en sus despachos; o recortándoles el sueldo a sus trabajadores, aceptando ellos de “manera voluntaria”; o quizás porque prefieren votar de manera virtual cuando hay sesiones plenarias; o quién sabe, somos crueles al no permitirles que impulsen sus partidos políticos utilizando los recursos del Estado; o peor aún, les ponemos mala cara cuando nos enteramos que votaron a favor de leyes totalmente perjudiciales para el país; o, sencillamente, vemos cómo aprueban la bicameralidad.

Es por ello (y muchas cosas más) que el Poder Legislativo ha perdido legitimidad ante la población.

Bastará ver cómo al final del segundo periodo legislativo, que acaba este 15 de junio (a tan solo dos semanas) nuestros eruditos congresistas, entre gallos y medianoche, promulgan leyes sin mucho debate de por medio o análisis técnico; entonces, volveremos a preguntarnos una vez más ¿será acaso este el peor Congreso de la historia?

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Política

Gobierno impulsa la educación con la entrega de nueva infraestructura escolar en San Juan de Lurigancho y otras regiones del país

La educación pública da un salto de calidad: 144 nuevos colegios con infraestructura moderna serán entregados en todo el país.

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En medio de un contexto de constantes desafíos para el sector educativo peruano, el Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación (Minedu), ha dado pasos importantes en la mejora de la infraestructura escolar, con resultados tangibles que empiezan a transformar el acceso a una educación digna y moderna. A la fecha, y bajo la gestión de la presidenta Dina Boluarte, se han culminado 144 colegios entre diciembre de 2022 y mayo de 2025, beneficiando a más de 107 mil estudiantes en todo el país.

En el distrito más poblado del Perú, San Juan de Lurigancho, ya se evidencian los frutos de esta política. Po ejemplo, los colegios IE Francisco Bolognesi y el IE Tomás Alva Edison, están siendo modernizados en su totalidad. Estos colegios también son parte del ambicioso programa de Escuelas Bicentenario, una iniciativa que el ministro de Educación Morgan Quero viene impulsando.

Construcción del IE Francisco Bolognesi en San Juan de Lurigancho.

La nueva infraestructura también se puede admirar en distritos como Carabayllo. Además, estos colegios contarán con espacios educativos modernos, seguros y equipados con tecnología adecuada para el aprendizaje del siglo XXI. Ambas instituciones no solo brindarán infraestructura de primer nivel, sino que también dignificarán el proceso de enseñanza y aprendizaje para miles de niños y jóvenes del distrito más poblado del país que cuenta con más de 1 millón 300 mil habitantes.

I.E. 2051 en Carabayllo.

Moderna infraestructura educativa en las regiones

El proyecto de Escuelas Bicentenario ha logrado culminar, hasta la fecha, 38 colegios en Lima Metropolitana, Callao y Junín, beneficiando a más de 59,485 estudiantes. Estas escuelas destacan por su diseño arquitectónico moderno, espacios pedagógicos funcionales y entornos seguros, lo que representa un avance significativo en comparación con la precaria infraestructura que durante décadas afectó el rendimiento escolar en diversas zonas del país.

Pero el esfuerzo no se detiene ahí. En total, se han construido 73 nuevos colegios, de los cuales 28 fueron ejecutados por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) en regiones como Lima, Cajamarca, Áncash, Moquegua, Puno, Tacna, San Martín, Junín, Piura e Ica, beneficiando a 25,337 estudiantes. A esto se suman 45 escuelas reconstruidas en el marco del plan de Reconstrucción con Cambios, ubicadas principalmente en Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura, con una cobertura de 5,879 alumnos.

Por su parte, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) ha concretado la edificación de 33 instituciones educativas más, distribuidas en las regiones de Áncash, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Lima y Piura, alcanzando a más de 17 mil estudiantes.

El Ministerio de Educación ha señalado que esta inversión responde a una política de Estado orientada a cerrar las brechas históricas en infraestructura educativa. Para muchos estudiantes, esto significa dejar atrás años de estudiar en aulas prefabricadas, con techos de calamina y sin acceso a servicios básicos, y entrar en contacto, por primera vez, con una escuela moderna y digna.

En un país donde la desigualdad educativa se manifiesta desde los primeros años de formación, la construcción de estos nuevos colegios representa un paso firme hacia una educación más equitativa. La comunidad educativa de San Juan de Lurigancho, y de muchas otras regiones del país, comienza a ver materializado un derecho largamente postergado: estudiar en condiciones que permitan desarrollar todo su potencial.

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Política

¿Luna Gálvez y la doble moral frente a las AFPs? [VIDEO]

El oscuro pasado de José Luna Gálvez es recordado en las redes sociales.

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En tiempos donde la desmemoria es moneda corriente y la indignación se diluye entre titulares virales, recordar quién es quién en la política peruana se convierte en un deber ciudadano. José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú, congresista y dueño de la tristemente célebre Universidad Telesup, ha vuelto al ruedo con un nuevo disfraz: el de defensor del pueblo ante las AFP. Pero detrás de su retórica populista, se esconde un oscuro historial de cálculo político y acusaciones de presunta corrupción que no pueden quedar impunes.

En las redes sociales como Tik Tok al actual congresista lo recuerdan entre más sombras que luces. La cuenta de Joco Opina detalle el paso de Luna Gálvez en la política peruana.

@joco_opina #retiroafp #onp @lilidoris @AméricoGonza #ilichlopez #guidobellido #pepeluna #podemosperu #joselunagalvez ♬ 大气震撼 史诗宣传 励志 – HD235( 音乐)

De enemigo de los retiros a oportunista electoral

Uno de los primeros cuestionamientos señala: «Durante años, Luna Gálvez fue un firme defensor del sistema privado de pensiones. Se opuso sistemáticamente a los retiros de fondos y protegió los intereses de las AFP, mientras millones de trabajadores apenas podían tocar un sol de su propio dinero. Sin embargo, hoy aparece presentando un proyecto de ley para un nuevo retiro, en un intento desesperado por reposicionarse políticamente».

¿Por qué este cambio repentino? Porque el retiro es inevitable. El clamor popular es ensordecedor, y hay múltiples proyectos de ley en marcha. Luna lo sabe. Sabe también que su imagen está deteriorada. Por eso reaparece, buscando colgarse de una victoria que no le pertenece.

La bancada invisible

«Cuando se votó la reciente reforma del sistema privado de pensiones, Podemos Perú tenía 11 congresistas. Sólo dos votaron a favor. El resto, simplemente, no fue. Ni siquiera se abstuvieron. No existieron. Esta ausencia no es casual: es una muestra más de que su aparente compromiso con la ciudadanía es, en realidad, cálculo electoral» se menciona en el video.

El pasado de los Luna

«José Luna Gálvez no solo es cuestionado por su ambigüedad política. Su trayectoria está marcada por múltiples investigaciones por presunta corrupción y crimen organizado. Según la Fiscalía, Luna habría liderado una organización criminal durante dos años para copar la ONPE con funcionarios afines. Usó la Universidad Telesup como base de operaciones para presuntos pagos ilegales, con el fin de manipular procesos electorales.

En el caso OAS, el Ministerio Público lo investiga por presunto lavado de activos. Habría recibido 50 mil dólares de la empresa brasileña OAS para financiar encuestas en la campaña del exalcalde Luis Castañeda Lossio. Además, transfirió 180 mil soles a la cuenta de Castañeda entre 2013 y 2015, dinero que, según la fiscalía, provendría del esquema corrupto del caso Lava Jato».

Y si todo esto fuera poco, Luna Gálvez aparece vinculado a los Cuellos Blancos del Puerto, ya que habría financiado campañas de exconsejeros del CNM a cambio de favores políticos y judiciales.

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