Sí, lo volvió a hacer Fuerza Popular. La Comisión de Constitución, presidida por el fujimorista Fernando Rospigliosi, aprobó recientemente un dictamen para conceder una amnistía a efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú (PNP) y Comités de Autodefensa que vienen siendo procesados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

Tal iniciativa legislativa busca beneficiar a aquellos efectivos que enfrentan denuncias, investigaciones, procesos judiciales o incluso sentencias firmes por crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, excluyendo únicamente a los acusados de terrorismo o corrupción.

Esta propuesta pretende cerrar procesos penales relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, catalogadas por el Ministerio Público como “ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas, torturas, y tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Según los promotores, esta medida responde a la necesidad de resolver casos prolongados, argumentando que algunos procesos han excedido un “plazo razonable”.

“Hoy, 25 años después, existen cientos de militares y policías, en realidad son más de mil procesados o investigados sin sentencia firme muchos de ellos con condiciones de salud y económicas precarias que permanecen atrapados en un limbo judicial que no resuelve su situación jurídica ni permite a sus familias reconstruir sus vidas”, refirió el parlamentario fujimorista.

Expertos aseguran que se estaría perpetuando la impunidad

Desde la Defensoría del Pueblo subrayan que una amnistía debe responder a “situaciones excepcionales” y respetar “criterios de proporcionalidad y razonabilidad”, o será “inválida por inconstitucional”.

Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga califica la propuesta como “jurídicamente inviable” por contravenir los compromisos internacionales del Perú. Similar postura tiene la fiscal Diana Paico, de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos, alerta que la iniciativa “violentaría el derecho al debido proceso, a la verdad y a la justicia de las víctimas”. Aprobar esta ley, advierte, expondría al Perú a sanciones internacionales, comprometiendo su compromiso con los tratados ratificados desde 1981.

Los opositores enfatizan que la amnistía no solo perpetuaría la impunidad, sino que abandonaría a las víctimas y sus familias, negándoles justicia por crímenes documentados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

El dato:

La votación en el grupo de trabajo encabezado por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular) concluyó con 15 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.

Más que una cirugía necesitará la mandataria, Dina Boluarte, de tanto fruncir el ceño al enterarse que solo dos bancadas del Congreso le vienen mostrando su apoyo con relación al voto de confianza al primer ministro Eduardo Arana, quien este jueves 12 se presentará en el Parlamento para recibir la investidura.

Hasta el momento 52 legisladores anunciaron que no le darán el voto de confianza al premier Arana y los demás ministros, pues muchos de ellos indican que se trata del mismo Gabinete Ministerial, pero con los cargos modificados.

Entre las bancadas parlamentarias que ya manifestaron su negativa se encuentran: Podemos Perú, Bancada Socialista, Perú Libre, Bloque Democrático, Acción Popular, Juntos por el Perú-Voces del Pueblo y ahora se suma a la lista Renovación Popular.

En declaraciones para Canal N, la representante de la bancada celeste, Patricia Chirinos, señaló que su grupo no le dará el voto de confianza al gabinete ministerial, argumentando que el gobierno de Dina Boluarte no le inspira confianza.

«Renovación Popular no le va a dar el voto de confianza al gabinete Arana. Nosotros creemos que el gobierno de la señora Dina Boluarte ya está de salida. No hay un respeto de un solo peruano a la señora (…) No hay confianza en ella, no hay confianza en su gabinete«, declaró.

Asimismo, Chirinos Venegas recordó que ningún integrante de su grupo parlamentario respaldó la autorización del viaje de la mandataria a la República Francesa donde tiene previsto participar en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano.

En efecto, la jefa de Estado durante estas últimas semanas se la ha pasado viajando en vez de atender los serios problemas que aquejan a la ciudadanía como las extorsiones, la minería ilegal y, en relación a esto último, el intento por querer reducir el área protegida en las Líneas de Nasca.

Solo dos bancadas defienden gobierno de Dina Boluarte

En contraposición, la bancada de Somos Perú confirmó que le dará el voto de confianza al premier Arana, así lo manifestó el vocero de dicha agrupación Héctor Valer para el diario a República. El parlamentario enfatizó que la decisión fue tomada en conjunto en su partido político. Con ello, el titular de la PCM solo tiene asegurado 7 votos.

Por su parte, el vocero de Honor y Democracia, Jorge Montoya, también ratificó que le darán el visto bueno al gabinete Arana este jueves.  «Consideramos que le debemos dar la confianza, salvo que presenten algo que sea en contra de lo que queremos», dijo Montoya.

Fuerza Popular y APP aún no se pronuncian, ¿continúan las negociaciones?

Llama la atención que a menos de 48 horas las dos bancadas más influyentes del Congreso como lo son Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP) no hayan salido a manifestar sus intenciones. Cabe mencionar que ambas agrupaciones, aliadas de Dina Boluarte, tienen 35 votos que podrían inclinar la balanza.

Imagine que el Congreso quiere construir una nueva sede y elige un terreno donde el suelo es inestable a simple vista por todos los que pasan por ahí. Los expertos les recomiendan realizar un estudio previo o de factibilidad, pero ellos no hacen mucho caso a las recomendaciones y optan por iniciar la obra, desembolsando una enorme cantidad de dinero para ello. Pasan los meses y los expertos le anuncian que resulta “inviable” la obra por cuestiones más que evidentes. Pues bien, algo similar acaba de ocurrir.

En octubre del año 2022, la Mesa Directiva del Congreso, presidida en ese entonces por el congresista José Williams, aprobó la restauración del Museo del Congreso y de la Inquisición, ambos considerados como patrimonios culturales de la nación. Para su restauración se destinó casi 14 millones de soles para que culmine, a más tardar, en el año 2024.

Pasó el tiempo y para el 30 de setiembre del año 2024 ya se había desembolsado S/ 4,885,846, pero el avance físico de la obra alcanzaba solo el 33.78 %, según el informe de ejecución del Área de Ingeniería e Infraestructura del propio Congreso.

En febrero de este año se detectó severos problemas técnicos que demorarían más tiempo de lo previsto en resolverse, así que se decidió paralizar la obra al 34.4 % de ejecutado.

Ya el 29 de abril del año en curso, mediante Acuerdo de Mesa n.° 159, se decidió resolver el contrato con la empresa Qhapaq Ñan S.A.C. al detectarse en un informe técnico que la obra presentaba una “inviabilidad técnica”, así que se paralizó de manera permanente la restauración. Ya en ese momento se había derrochado más de 5 millones de soles provenientes del dinero de todos los peruanos.

5 millones de soles por no realizar un estudio técnico preliminar

Durante la época virreinal en lo que ahora es el Museo del Congreso y la Inquisición funcionaba el Tribunal del Santo Oficio, edificación que tiene más de 300 años de construcción y por su notoria antigüedad requería una intervención realizada por especialistas. Ante ese tipo de edificaciones de tipo colonial es conveniente haber realizado un estudio técnico previo para determinar la factibilidad de la restauración, tal como lo advirtió un especialista en restauración entrevistado por el citado documental.

“Es necesario siempre hacer análisis preliminares que sean exhaustivos. También prever cualquier protocolo de actuación frente a eventuales hallazgos o descubrimientos, en especial en lugares con una carga histórica tan fuerte como el Museo del Congreso”, mencionó.

Por su parte, la abogada Cecilia Cruz, experta en contratación pública, calificó el proceso como un “caso de ineficiencia”, advirtiendo además que podría tratarse de otro ejemplo del mal uso de los recursos públicos.

Congreso anuncia que obra se reanudará, pero ahora estará a cargo de PROLIMA

En tanto, el Congreso de la República, por intermedio de su Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, indicó que la finalización de la restauración estará a cargo del Programa Municipal para la Restauración del Centro Histórico de Lima (PROLIMA).

Asimismo, líneas más abajo, precisó que la Oficina de Auditoría Interna del Parlamento realizará acciones de control para determinar “responsabilidades y el correcto uso de los fondos públicos”, pero todo eso se pudo evitar si antes de iniciar la obra se realizaba un estudio técnico.

Lo que no se mencionó en el comunicado es cuánto más dinero se terminará desembolsando y la fecha de culminación de la restauración.

¿Para qué sirve la Comisión de Ética si todas las faltas y hasta delitos de los congresistas solamente son sancionadas con una palmadita en la espada? Cada vez que ocurre una irregularidad, normalmente denunciada por algún medio periodístico, dicho grupo de trabajo anuncia que procederá con investigarlo a profundidad, pero en la mayoría de los casos termina siendo archivado o sancionado levemente pese a la gravedad de la falta.

Poco o nada se hizo con el caso de los parlamentarios que conformarían la presunta organización criminal denominada como ‘Los Niños’; tampoco se hizo mucho sobre los legisladores calificados como ‘Mochasueldos’; y nada que ver con aquellos congresistas viajeros y que les gusta hacer mal uso de las instalaciones del Parlamento.

Así, con esos antecedentes y para no perder la costumbre de nunca hacer nada, dicha comisión solo amonestará ‘simbólicamente’ a la congresista Janet Rivas (Perú Libre) por presuntamente contratar a una anciana de 74 años que vive en Cañete para que sea su asesora técnica; sin embargo, tal “asesora” nunca se le veía por los pasillos del Congreso.

La parlamentaria perulibrista solo recibirá una “amonestación escrita de carácter público”, como medida simbólica por llevar supuestamente a una “trabajadora fantasma”.

Como se recuerda, un informe del año pasado del dominical Cuarto Poder reveló que María Augusta Francia Benavente, de 74 años de edad, fue inscrita como asesora de la congresista Janet Rivas, percibiendo por ello 7 mil soles mensuales; el detalle es que la septuagenaria indicó no tener conocimiento de ello, pero en la planilla aparecía su nombre desde noviembre del 2023.

Ante ello, Rivas argumentó que la supuesta asesora laboraba de manera remota por problemas de salud y que reportaba sus funciones por WhastApp. Tal versión fue desmentida por varios colaboradores de la congresista, manifestando que nunca vieron a la señora Francia en el despacho congresal.

Ética la ‘blinda’, pero no la Fiscalía

Similar suerte no tiene la congresista Rivas en el Ministerio Público, pues su caso se viene desarrollando desde el fuero judicial por el presunto delito de peculado doloso en agravio del Estado. La Fiscalía sospecha que la congresista no solo habría incurrido en irregularidades administrativas, sino que pudo haber canalizado fondos públicos sin sustento alguno.

Carrera contra el tiempo. Todo lo que no revisaron durante el segundo periodo legislativo (del 1 de marzo al 15 de junio), el Pleno del Congreso de la República sesionará este martes 10, miércoles 11 y jueves 12 para debatir importantes dictámenes de proyecto de ley y tratar temas de interés nacional.

La sesión del martes será semipresencial y empezará a las 15:00 horas. Previamente, el presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, convocó a los miembros de la Junta de Portavoces a una sesión a partir de las 9:00 horas con el objetivo de coordinar los temas de la agenda parlamentaria programada para los próximos días.

Mientras que la reunión del miércoles también será semipresencial y comenzará a las 10:00 horas.

En cuanto a la última sesión, la del jueves, cabe mencionar que esa sí será de manera presencial pues el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, acudirá al Congreso en compañía de los demás ministros de Estado con el objeto de exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión con la intención de obtener el voto de confianza.

Según el artículo 82 del Reglamento, “al inicio de su exposición, el presidente del Consejo de Ministros entrega la versión completa a cada uno de los congresistas”.

Además, señala que “la cuestión de confianza que plantee el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, será debatida y votada en la misma sesión o en la siguiente, según lo que acuerde en forma previa el Consejo Directivo o en el acto el Pleno del Congreso. El resultado de la votación será comunicado de inmediato al presidente de la república, mediante oficio firmado por el presidente del Congreso y uno de los vicepresidentes. Si el Pleno negara su confianza al Consejo de Ministros, el presidente de la república aceptará la renuncia del presidente del Consejo de Ministros y de los demás ministros, que debe realizarse de inmediato”.

Denuncian ante la Fiscalía Especializada de Restos Arqueológicos y Monumentos de Nasca y Palpa al ministro de Cultura, Fabricio Valencia Gibaja y la viceministra de patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Moira Rosa Novoa Silva, por los delitos de Cohecho pasivo propio, Omisión de deberes de funcionarios públicos, Atentado contra monumentos arqueológicos declarados como patrimonio paleontológico del Perú y  abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios, todos ellos tipificados en el Código Penal peruano. 

Asimismo, fueron denunciados el Director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, Víctor Eduardo Injante Tipismana, La responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura Ica, Jeanette Agueda Gutiérrez Achulla, la coordinadora del área de Patrimonio Arqueológico Inmueble de la DDC Ica, Miriam Roxana Moquillaza Ramos, el responsable del Sistema de Gestión Nasca-Palpa de la DDC de Ica, Johny Isla Cuadrado, el procurador público del Mincul, Henmer Alva Neyra, el actual gobernador Regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, el Director Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Ica, Javier Antonio Borjas Olaechea, y el alcalde de Nasca, Wilman Jorge Bravo Quispe; y contra todos los que resulten responsables en dicha investigación. También fue denunciado el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo por el delito de Atentado contra Monumentos Arqueológicos, tipificado en el articulo 226° del Código Penal.

Esta acusación interpuesta por el ciudadano residente en Nasca-Ica, Leonardo Favio Rojas Escajadillo se fundamenta en la reciente Resolución Viceministerial N° 000128-2025-VMPCIC/MC firmada por la viceministra Novoa Silva, la cual redujo más de 2 mil metros cuadrados del área de protección de las Líneas de Nasca y Palpa, afectando gravemente las zonas que tienen restos y evidencias arqueológicas; los mismos que han permanecido con protección durante varias décadas.  

Asimismo, la denuncia cuestiona a la reciente resolución Viceministerial N° 00134-2025-VMPCIC/MC publicada el domingo 8 de junio, por pretender aparentar una verdadera enmienda jurídica, y porque configuraría una maniobra falsa y encubridora orientada a eludir la responsabilidad administrativa, civil y penal derivada de la emisión irregular y viciada del acto anterior. En tanto, el nuevo dispositivo no reconoce expresamente la nulidad del acto administrativo precedente, a pesar que la causal de nulidad es objetiva y manifiesta.

Por tanto, se pide iniciar una investigación penal contra los funcionarios responsables; así como declarar la nulidad de ambas resoluciones viceministeriales; y que finalmente, se restituya el perímetro original del territorio arqueológico vulnerado.

Se quiso pasar de listo. Luego de que la jueza de investigación preparatoria nacional, Margarita Salcedo, declarara el pasado 29 de mayo la caducidad de la comparencia con restricciones contra el ex presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el otrora “candidato de lujo”, ni corto ni perezoso, alistó sus malestas y se quiso ir a los Estados Unidos.

El ex mandatario, en una silla de ruedas, se aprestó este último sábado a abordar su vuelo, pero la alerta de Migraciones se activó y su ‘sueño americano’ fue truncado. Minutos despues de que se activara la alerta migratoria que tiene vigente, el fiscal Carlos Puma Quispe y la fiscal adjunta Leidi Gálvz Sánchez, ambos de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, acudieron al nuevo aeropuerto Jorge Chávez para verificar que el ex mandatario intentaba salir del país.

Como se recuerda, al expresidente se le viene investigando por unas presuntas irregularidades en la campaña presidencial del partido Peruanos por el Kambio entre el 2015 y el 2016. En este caso se le atribuye al exgobernante los delitos de lavado de activos agravado, falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal.

18 meses de impedimento de salida del país para PPK

En un principio el Ministerio Público había solicitado que se revise el impedimento de salida del país contra el exmandataria para este lunes a las nueve de la mañana, pero debido al intento de salida de PPK, la jueza Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, dictó ayer 18 meses de impedimento, rechazando el pedido de 36 meses de la Fiscalía al consideralo desproporcionado.

En tanto, el expresidente adujo, mediante un comunicado, que Migraciones “vulneró todos” sus “derechos constitucionales” al impedirle el pasado sábado abordar un avión para reencontrarse con su esposa Nancy Lange, a la que no ve, indicó, desde hace más de siete años, fecha que coincide en el momento donde decide renunciar a la presidencia del Perú tras revelarse los infames “Mamanivideos”; a la par, el Congreso evaluaba vacarlo tras conocerse su vinculación con la constructora brasileña Odebrecht.

Con la plata de todos. La suerte que tienen algunos ciudadanos que sin mucho mérito y esfuerzo se pueden llevar a sus bolsillos hasta 15 mil soles por el solo hecho de ser “personal de confianza” de la Mesa Directiva del Congreso de la República que, una vez más, demuestra con acciones el porqué de su pobre aprobación.

Un informe del dominical Cuarto Poder reveló que la Mesa Directiva, presidida por el congresista Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) viene realizando contrataciones sin pasar por el concurso público, es decir, pueden ingresar a trabajar al Poder Legislativo con el solo hecho de solo saber sumar y restar.

Pero esto no viene de ahora, sino desde el año 2022, cuando la Mesa Directiva era presidida por el parlamentario José Williams (Avanza País). En efecto, gracias al Acuerdo de Mesa n.° 072-2022-2023/MESA-CR se creó el denominado “Módulo de Personal de Confianza Adicional de la Organización Parlamentaria”, permitiendo una suerte de ‘puerta giratoria’ para que los congresistas contraten “asesores” sin tantos pergaminos o experiencia laboral.

Otro despilfarro en el Congreso

El citado medio detalló que durante la gestión de José Willams, en 2023, el gasto en estas contrataciones ascendió a S/2 076 722. Su sucesor, Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso), elevó el monto a S/3 194 476. Pero fue Eduardo Salhuana Cavides (Alianza para el Progreso) quien impuso una marca preocupante: en apenas nueve meses de gestión, se gastaron S/3,5 millones en este tipo de personal.

Así, solo en abril del 2025 se destinó cerca de medio millón de soles en sueldos para 58 trabajadores con el rótulo de “personal de confianza”. Entre los afortunados figuran: Yeshira Peralta Salas, cuñada nada menos que del congresista Alejandro Soto; Jimmy Torres Siás, asesor del presidente del Congreso. Sin maestrías ni una trayectoria destacada en el servicio público, percibe un sueldo de 15 mil soles mensuales y ha viajado en múltiples ocasiones al extranjero acompañando al titular del Legislativo.

#CuartoPoder
Según el propio acuerdo de Mesa Directiva, el personal del llamado módulo de confianza no pasa por concurso público. Es el presidente del Congreso quien decide a quién contratar

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— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) June 9, 2025

La ‘mesa’ está servida

Por otro lado, algunos congresistas manifestaron desconocer tal “Módulo de Personal de Confianza”, ya que solo la Mesa Directiva maneja ese tipo de contratos “adicionales”. Parlamentarios como Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial) o Guido Bellido (Podemos Perú) mencionaron no tener conocimiento de tal módulo. En tanto, los demás congresistas que conforman la Mesa Directiva evitaron pronunciarse al respecto; por un lado, Waldemar Cerrón optó por el silencio, mientras que Alejandro Cavero, prefirió evadir a los periodistas.