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Política

Vizcarra y su clan son denunciados ante Fiscalía por crímenes de lesa humanidad y genocidio

Pese a que, desde el 1 de marzo de 2020, al 22 de mayo último hubo 180,764 muertos, los gobiernos de Vizcarra y de Sagasti omitieron sincerar las cifras y cometieron un ocultamiento grotesco.

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Martín Vizcarra, y sus exministros de Salud, Víctor Zamora, Pilar Mazzetti, Óscar Ugarte, María Antonieta Alva (titular del MEF), Vicente Zeballos (premier) y otros funcionarios como Fiorella Molinelli (EsSalud), Farid Matuk y Antonio Quispe (ambos miembros de Prospectiva) fueron los responsables directos de adoptar las medidas preventivas para detener la pandemia de la covid-19.

 Sin embargo, luego de los resultados catastróficos y del vil ocultamiento de cientos de miles de muertos por causa de la Covid, y aunque la prensa “comprada” también haya sido cómplice de tal despropósito, todos ellos ya tienen que ser denunciados por crímenes de lesa humanidad y genocidio, por haber realizado una acción sistemática de exterminio masivo.

La misma opinión es compartida por los miembros de la Comisión Especial para el sinceramiento de las cifras de fallecidos por Covid-19 del Congreso, tras conocerse, que desde el Gobierno recién se ha actualizado la cifra de 69,342, a 180,764 decesos oficiales por la Covid, hasta el 22 de mayo de 2021.

Estas cifras que fueron ocultadas por el gobierno de Vizcarra, se revelaron gracias al Grupo de Trabajo Técnico (GTT), que se creó el 13 de abril, y que determinó la cantidad de 5,484 muertos por millón de habitantes en nuestro país, y que nos ubica en el primer lugar en mortalidad en el mundo y en un lamentable quinto lugar en cantidad de muertos, luego de Estados Unidos, Brasil, India y México.

Cabe recordar que durante el mandato de Martín Vizcarra, en pleno inicio de pandemia, el 27 de marzo de 2020, la Contraloría General de Republica, emitió un informe oficial, luego de que el gobierno publicara el Decreto Supremo de fecha 19 de marzo, que ordenaba adquirir las pruebas rápidas, donde advirtieron que estas pruebas no debían adquirirse, ni utilizarse, porque son un riesgo para la salud de las personas, ya que, a través de ellas se obtenían resultados con falsos negativos y por tanto, no se podía acceder a una atención hospitalaria, porque en el falso certificado decía negativo.

Pese, a que ese informe llegó a todos los despachos ministeriales a través de varios correos confidenciales, el gobierno vizcarrista y sus funcionarios no se inhibieron y continuaron en su operación de comprar pruebas rápidas; en lugar de adquirir pruebas moleculares, camas UCI, y plantas de oxígeno; entre tanto, todo ello se configuró como una acción sistemática porque, gracias al informe de Contraloría, el dolo está casi probado. 

Informe de Contraloría del 27 de marzo de 2020.

Asimismo, el vocero de Acción Popular (AP) Franco Salinas, sostiene que la cifra real de fallecidos dada recientemente por el Ejecutivo, amerita una denuncia constitucional por crímenes de lesa humanidad y genocidio para Vizcarra y sus ministros que manejaron la pandemia desde marzo de 2020:

“Estoy evaluando presentar una denuncia constitucional por crímenes de lesa humanidad y genocidio a Vizcarra, Víctor Zamora, Pilar Mazzetti y María Antonieta Alva, por este pésimo manejo de la pandemia y por ocultamiento de la verdad respecto a los decesos. Hubo un manejo negligente de las cifras y eso debe sancionarse”, manifestó.

A su vez, el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) Omar Chehade aseveró que, sea este Congreso o el que asuma desde el 28 de julio próximo, tendrá que crear una nueva Comisión de la Verdad para determinar además de las cifras reales de personas fallecidas, las responsabilidades penales, civiles, políticas y administrativas que hubiera:

“Si hubo Comisión de la Verdad por 69 mil muertos por el terrorismo en 15 años, con mayor razón debería existir por 180 mil muertos en apenas un año, vergüenza nacional del régimen de Vizcarra y el gobierno morado, que escondan cifras”.

Por su parte, los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres del Congreso pidieron a Francisco Sagasti determinar las responsabilidades conforme al subregistro de fallecidos por la Covid-19 y en caso lo ameriten, aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.

Este grupo congresal mediante un pronunciamiento recordó que. “desde el 1 de diciembre de 2020 se aprobó un informe sobre la cifra de fallecidos a consecuencia de la pandemia Covid-19 al mes de octubre de 2020”; allí se concluyó que las cifras de muertos que fueron reportados por el Minsa, Diresas Geresas y el Sinadef, no tenían relación entre ellas; complicando de esa manera una gestión de trabajo que diera con las cifras reales de fallecidos por la Covid-19 y evidenciando así un subregistro, que hoy ha sido descubierto.

“Ante tal problemática, solicitamos a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo que prioricen en su respectivo Plan de Gobierno el fortalecimiento del sistema de salud para atender oportunamente la crisis sanitaria por la Covid-19 que venimos atravesando”, dice un párrafo del pronunciamiento de la Comisión Especial.

Finalmente, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas y Afectados-Covid Perú (AVA Covid), Yorry Wharton, recordó que en marzo de 2021 presentaron una denuncia penal contra Vizcarra y los que resulten responsables por el delito contra la humanidad en la modalidad de genocidio y el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de la sociedad peruana. Sin embargo, hasta el momento, la denuncia con Carpeta Fiscal 58-2021, aún se encuentra en la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación y el estado legal del proceso continúa “en trámite”:

 “En nombre de las familias peruanas que claman justicia y quedaron devastadas, fruto del desprecio a la vida demostrado por el expresidente Vizcarra, es imperioso acelerar el proceso y lograr una condena por el delito de genocidio”, manifestó Wharton, y agregó que Vizcarra encarna “la peor gestión del mundo respecto al manejo y el tratamiento de la crisis sanitaria”.

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Política

JNE declara infundada vacancia de Arturo Fernández y podría regresar a la alcaldía de Trujillo

Polémico personaje político podría retornar al sillón municipal en el mes de junio.

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Cuando la Ciudad de la Eterna Primavera estaba empezando nuevamente a florecer, un polémico personaje podría volver a poner de cabeza esa ciudad con sus irreverencias y caprichos. Arturo Fernández regresaría al sillón municipal de Trujillo en el mes de junio y se quedaría ahí hasta el 2026. Esto después de que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declarara infundado el pedido de vacancia en su contra.

La autoridad fue sentenciada a un año de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de difamación agravada contra una teniente de la Policía Nacional del Perú (PNP), que se originó por comentarios ofensivos hechos durante una transmisión en vivo en Facebook; sin embargo, para los magistrados, este fallo no lo inhabilita de ejercer un cargo público.

Durante la audiencia, que se llevó a cabo el miércoles 17 de abril, el abogado de Arturo Fernández reiteró que el proceso judicial contra su patrocinado todavía no ha concluido, ya que está pendiente que resuelvan un recurso de queja. Este argumento habría sido clave a la hora que de que el Pleno tome una decisión.

Ustedes tienen conocimiento de que hay un recurso de queja y mientras este recurso no se resuelva, la condición del sentenciado César Arturo Fernández Bazán no se encuentra firme, es decir, es una resolución no consentida, no ejecutoriada (…). Por lo cual, pido que se declare la improcedencia del recurso de apelación”, afirmó el letrado Jean Paul Silva León.

No obstante, Grego Quiroz Diaz, abogado y exconsejero regional, expresó su desconcierto ante la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones. “En realidad, no entiendo la razón por lo cual el JNE ha declarado infundada la apelación cuando se cumplía con todos los elementos y requisitos. Legalmente esto no debió suceder. Hay que esperar la resolución para conocer el argumento del órgano electoral que lo ha llevado a declarar infundada la vacancia. Fernández Bazán seguirá suspendido hasta que culmine su sentencia, salvo que reciba otra condena por otro expediente”, señaló al medio trujillano N60.

Arturo Fernández, quien impulsó la instalación de los huacos eróticos en Moche, retornaría al sillón municipal en junio, eso quiere decir que Mario Reyna solo ocuparía el cargo de burgomaestre hasta dicha fecha.

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Política

Congreso aprueba por insistencia creación de la universidad San Juan de Lurigancho

Informe final para la creación del centro de educación superior había sido observado por el Ejecutivo. Distrito más poblado del país finalmente podrá contar con una propia universidad.

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Con el propósito de promover el acceso a la educación superior, por amplia mayoría (94 votos a favor), el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de insistencia de los proyectos de ley 3716, 4298 y 4590, recaído en la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo, que modifica la Ley 29659, que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, a fin de preservar su autonomía universitaria conforme a lo dispuesto en la Ley Universitaria.

El presidente la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José María Balcázar Zelada (PB), sustentó el texto destacando la necesidad de respaldar la propuesta en beneficio de miles de jóvenes.

“San Juan de Lurigancho amerita tener su propia universidad, al poseer una población que supera el millón de habitantes, sin incluir a las zonas aledañas de Lima”, sostuvo.

En esta misma línea el congresista José Jerí Oré (SP), en su calidad de presidente la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, coincidió en desestimar cada una de las observaciones presentadas por el Ejecutivo, teniendo en cuenta que la universidad ya posee un terreno y un pliego presupuestal.

“En la Ley de Equilibrio Financiero aprobada en diciembre pasado, se le asignó 3 millones de soles para que inicie su funcionamiento. Luego de la aprobación de esta insistencia, se van a iniciar las acciones para que comience a operar”, detalló el congresista de Somos Perú.

Después de 13 años el distrito más poblado del país contará con su propia universidad.

Durante el debate las congresistas Margot Palacios Huamán (PL) y Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN), lamentaron las observaciones realizadas por el Ejecutivo, teniendo en cuenta la gran población que posee el referido distrito.

La congresista Noelia Herrera Medina (RP), sostuvo que la oportunidad educativa, será siempre la base fundamental para el desarrollo, no sólo de la población de San Juan de Lurigancho (SJL) sino de todos los peruanos.

Seguidamente, la parlamentaria Susel Paredes Piqué (CD-JPP), justificó la aprobación del texto, considerando la educación pública vital para el país. “La educación es la herramienta más eficaz de movilidad social, de entendimiento, de conocer nuestras realidades distintas y de superarnos como peruanos”, agregó.

De igual manera, los congresistas Alejandro Cavero Alva (Avanza País) y Martha Moyano Delgado (FP), se mostraron a favor de la iniciativa, considerando que SJL puede llegar a convertirse en un gran centro de innovación, tecnología y educación, en favor del país.

Participaron también del debate los legisladores Américo Gonza Castillo (PL), Alex Paredes Gonzales (BMCN), Wilson Soto Palacios (AP), Francis Paredes Castro (PP), José Elías Avalos (PP), Guido Bellido Ugarte (PB), Rosangella Barbaran Reyes (FP), entre otros.

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Archivan investigación que comprometía a Kenki, Hiro y Sachi Fujimori por el caso Limasa

Hijos del dictador Alberto Fujimori eran acusados de utilizar empresa para el presunto delito de lavado de activos.

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Solo queda un gran silencio por delante. La Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Especializada en Delitos de Lavado de Activos archivó de manera definitiva la investigación que se les seguía a Kenji, Hiro y Sachi Fujimori, y otros, por el presunto delito de lavado de activos relacionados con la ex empresa Limasa (ahora denominada Integrated Global Logistics), entre los años 2014 y 2016.

“Declara no haber mérito para formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Kenji Fujimori Higuchi, Hiro Fujimori Higuchi, Sachie Fujimori Higuchi (…) por la presunta comisión del delito de lavado de activos, en agravio del Estado y archívense definitivamente los actuados“, se puede leer en la resolución.

El caso

El escándalo de la empresa LIMASA es un caso en el que se involucra directamente a Kenji Fujimori y sus hermanos, descendientes del expresidente Alberto Fujimori. Este caso se centra en la investigación de supuestos actos de corrupción y manejo irregular de fondos relacionados con la empresa LIMASA, dedicada a la gestión de residuos, entre los años 2014 y 2016.

La fiscalía de la Nación centró su atención en las actividades financieras de esta empresa constituida por los hermanos Fujimori, especialmente por la forma en comofue utilizada para presuntamente canalizar fondos ilícitos. De acuerdo con las investigaciones, los Fujimori habrían desviado recursos del Estado hacia cuentas y empresas controladas por ellos, en un esquema de lavado de dinero y apropiación indebida de recursos públicos.

A medida que avanzaba la investigación, se recopiló una serie de pruebas, incluyendo registros bancarios, testimonios de colaboradores cercanos y análisis de transacciones financieras, que apuntaban a una red de corrupción sofisticada.

Inmutables. Al parecer nada ni nadie puede alterar al clan Fujimori.

Según la Dirección de Investigación de Lavado de Activos de la PNP, que remitió los informes contables correspondientes, Kenji Fujimori registró un desbalance patrimonial de S/466.747 soles. Asimismo, su hermana Sachi Fujimori y su esposo, Marc Koenig, registraron entre los dos un desbalance de S/1 millón 395 mil 691 soles; mientras que Hiro Fujimori registró un total de S/1 millón 159 mil 54 soles. Estos desbalances fueron detallados por un informe extenso del medio Ojo Público en el 2021.

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Gobierno de México suspende solicitud de visa para peruanos hasta el 6 de mayo

Exigencia estaba prevista para este sábado 20 de abril, lo cual ocasionó gran malestar entre los nacionales que tenían pensado hacer turismo en México.

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El Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador ha postergado la exigencia de visa para ciudadanos peruanos que quieran ingresar a dicho país. La disposición, que entraba en vigor el 20 de abril, fue extendida y ahora entrará en vigencia el lunes 6 de mayo.

La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y firmada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dispone la “reforma el diverso por el que se da a conocer la aplicación temporal de la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas en pasaportes ordinarios” de los peruanos.

La Secretaría de Gobierno (Segob) argumentó que la norma responde al incremento “sustancial” en el número de peruanos que ingresan al territorio, con un perfil que “no se ajusta al del visitante o turista genuino y presentan inconsistencias en su documentación”.

Cabe precisar que en el año 2012 México dispuso eliminar el requisito de visa para los peruanos que visitaran el país durante un máximo de 180 días. Tras esta disposición, los ciudadanos de nuestro país se ubicaron entre las diez nacionalidades que más visitan la nación azteca.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció la postergación de la medida temporal que requiere la visa a los ciudadanos peruanos para ingresar a su territorio.

Gobierno del Perú dio marcha atrás en exigir visa a los mexicanos

Como se recuerda, en respuesta a la nueva exigencia de México en exigir visa a los peruanos, el Gobierno del Perú, a través de un Decreto Supremo, estableció el requisito de visa para los ciudadanos mexicanos que visiten el Perú; sin embargo, días después el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se decidió revocar la norma.

Mediante un comunicado se precisa que “esta acción responde al llamado de diversas voces del sector turismo y afines, y honra nuestro compromiso con los principios de la Alianza del Pacífico (…) Asimismo, reafirma nuestro espíritu en favor de la integración regional y los lazos de amistad y de cooperación con el pueblo mexicano”.

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Comisión de Ética blinda a congresista Edgar Tello por caso “mochasueldo” y solo lo sancionaron por pedir donación

El grupo de trabajo rechazó la denuncia del caso ‘Mochasueldos’. Cabe recordar, que en 2023 Edgar Tello fue denunciado por haber recortado el sueldo a sus trabajadores, hostigar a una de ellas que se encontraba embarazada y haber solicitado $8 mil dólares al gobierno de Taiwán.

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La Comisión de Ética del Congreso que lidera el legislador Diego Bazán, aprobó el informe final en contra del legislador Edgar Tello Montes, del Bloque Magisterial por haber vulnerado el Código de Ética Parlamentaria.

Sin embargo, y como generalmente es habitual, dicho grupo de trabajo rechazó la denuncia del caso ‘Mochasueldos’, pero sancionó al congresista con 60 días de multa por pedir donaciones.

El informe final del Exp 130-2022-2023/CEP-CR fue aprobado por 14 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención en la Comisión de Ética.

A favor votaron Kira Alcarraz (Podemos Perú), María Taipe (Fuerza Popular), Rosangella Barbarán (FP), Héctor Ventura (FP), María Zeta (FP), Juan Carlos Lizarzaburu (FP), Ruth Luque (Cambio Democrático), Jorge Marticorena (Perú Bicentenario), Elías Varas (PB), Javier Padilla (Renovación Popular), Margot Palacios (Perú Libre), Javier Padilla (Renovación Popular), Margot Palacios (Perú Libre), Ruth Trigoso (APP), Nelcy Heidinger (APP) y Diego Bazán (Avanza País).

Cabe recordar, que en el año 2023 el congresista Edgar Tello fue denunciado por haber recortado el sueldo a sus trabajadores, hostigar a una de ellas que se encontraba embarazada y por haber solicitado $8 mil dólares al gobierno de Taiwán.

Luego de las averiguaciones como parte del proceso, el informe final señala que se ha acreditado que el parlamentario solicitó a la Oficina Económica de Taipéi ayuda para las ollas comunes por un monto de $8 mil dólares.

Asimismo, se acreditó que su despacho canalizó dicho monto y actuó como supervisor de la adquisición de las ollas, cocinas y utensilios debiendo dar cuenta de dicho cumplimiento a la mencionada oficina.

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Comisión de Ética aprueba investigar al congresista Darwin Espinoza por el presunto uso indebido de recursos del Estado

Reporte televisivo evidenció que oficina del parlamentario de Acción Popular se fomentaba la inscripción de su nuevo partido político.

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‘Niño’ travieso y descarado. La Comisión de Ética del Congreso de la República aprobó este jueves iniciar una indagación contra Darwin Espinoza, vocero de Acción Popular, por presuntamente usar recursos del Congreso para impulsar la inscripción de su partido político “Adelante Áncash”.

La votación registrada en la sesión que empezó a las 8 a.m. terminó con 18 votos a favor y una sola abstención, la de Kira Alcarraz (Podemos Perú).

Diego Bazán (Avanza País), presidente de la comisión, señaló antes de someter al voto este caso que la presidencia de Ética estaba proponiendo de oficio denunciar a Darwin Espinoza en base al informe emitido por el programa “Punto Final” sobre el supuesto uso de trabajadores y bienes de su despacho para promover la inscripción del movimiento regional “Adelante Áncash”.

“Existen elementos de convicción que determinarían aparentemente una responsabilidad”, aseveró en alusión a los tres hechos cuestionados según el reportaje de “Punto final” contra Espinoza: el uso de la cuenta de Reniec para verificar a militantes de los padrones del movimiento regional, el emplear a trabajadores parlamentarios para recolectar firmas, y usar bienes del Congreso como papel y la impresora de su despacho.

Parlamentario se encuentra hasta el cuello de investigaciones; una sobre el caso ‘Los Niños’ y ahora sobre el caso “chapafirmas”.

Bazán había adelantado que este jueves se votaría el caso de Espinoza, luego que se frustrara la sesión ordinaria que habían programado para el lunes por falta de quórum ante las ausencias de legisladores de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso (APP).

“Vamos a realizar una sesión de manera extraordinaria el jueves en la mañana, antes de la sesión del pleno, para que no haya ninguna excusa de ningún parlamentario”, aseguró este lunes.

En una entrevista a RPP otorgada el martes 16 de abril, Bazán reiteró sus cuestionamientos a los otros integrantes de Ética por no haberse presentado y así haber frustrado la realización de la sesión en la cual verían, además del caso de Darwin Espinoza, informes finales contra dos legisladores acusados por “mochasueldos”.

“Lo que ha sucedido el lunes me ha avergonzado particularmente […] De los nueve, solo tres entregaron licencia válida. Dos por temas de salud, uno porque estaba fuera del país. Los demás, queda claro que son descuentos que se van a aplicar”, señaló en alusión a los parlamentarios de Fuerza Popular y APP.

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Gobierno de Dina Boluarte no observará retiro de AFP

El ministro de Economía, José Arista anunció la decisión del Ejecutivo y “pediría al Congreso que autorice con un piso mínimo de cuatro meses”, sostuvo en conferencia de prensa.

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, anunció que el Gobierno de Dina Boluarte ha decidido no observar la ley que autoriza el retiro de fondos de las AFP hasta por 4 UIT (S/ 20.600), aprobada el pasado 11 de abril por el Congreso.

Además, invocó al Congreso que el retiro de la CTS, aprobado este miércoles 17 de abril en la Comisión de Economía y ayer en la de Trabajo, sea respetando un mínimo de cuatro meses de desempleo.

“El Ejecutivo, en Consejo de Ministros ha analizado el tema el día de hoy y ha decidido no observar esta ley. Y al mismo tiempo aprovecho esta tribuna para invocar al Congreso a que esta norma referida al retiro de la CTS sea respetando un mínimo, que yo estimo debería ser cuatro meses de desempleo. Como ustedes saben, la Compensación por Tiempos de Servicios permite a un profesional mantener ingresos en el tiempo en que está cambiando de trabajo, el promedio es de cuatro meses. Yo pediría al Congreso que autorice con un piso mínimo de cuatro meses”, refirió en conferencia de prensa.

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen propuesto por la Comisión de Economía con 97 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones, que recoge los aportes de los proyectos de ley 3585, 4190, 4201, 4378, 4556, 4799, 4992, 5761, entre otros, que permite el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), sin ninguna excepción, de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En la sesión también se votó el dictamen de modernización del sistema de pensiones en el país, sin embargo, la iniciativa no tuvo el respaldo de la mayoría de congresistas. Votaron a favor solo 20 legisladores, 74 en contra y se contabilizaron 10 abstenciones.

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Ministro Morgan Quero reincorporará a profesores que fueron cesados por no rendir evaluaciones

El titular de Educación defiende la norma de reincorporación de profesores cesados que el Congreso aprobó por insistencia y anunció que la medida beneficiará a miles de docentes. «Vamos a capacitarlos y evaluarlos», advirtió Quero Gaime.

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El ministro de Educación (Minedu), Morgan Quero Gaime, defiende la Ley de la Carrera Pública Magisterial que el Congreso aprobó por insistencia el ultimo 4 de abril para el retorno de profesores cesados por desaprobar o no rendir evaluación y acaba de confirmar que se reincorporarán a la Carrera Pública Magisterial (CPM) a un gran grupo de docentes que fueron cesados en el 2014.

Según estimaciones del portafolio educativo, entre 2 mil y 3 mil docentes se verían beneficiados con esta medida.

Quero Gaime afirmó que los profesores, antes de ser reincorporados serán sometidos a un proceso de capacitación y evaluación.

«Vamos a capacitar y evaluar a todos los profesores. Cada vez que un maestro pasa de una escala a otra tiene que ser evaluado de manera muy precisa», refirió.

El titular del porfolio explicó que su decisión se basa en el reconocimiento de la importancia de la experiencia de los profesores en el sistema educativo, a pesar de no haber participado en la integración inicial a la Carrera Publica Magisterial. Además, refirió que la exclusión de estos docentes fue por motivos políticos y disputas sobre el proceso de evaluación.

De esa manera, el último 10 de abril fue publicada la ley que incorpora al magisterio a docentes interinos que fueron cesados en 2014, por no cumplir con los requisitos de evaluación vigentes en esa fecha.

La disposición, publicada en el diario oficial El Peruano, lleva la firma del titular del Parlamento, Alejandro Soto, y del vicepresidente, Arturo Alegría.

«Se autoriza al Ministerio de Educación a realizar una evaluación excepcional y por única vez, para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial, a aquellos profesores que fueron nombrados interinamente durante la vigencia de la Ley 24029, Ley del Profesorado, y retirados del servicio público magisterial en aplicación de la Resolución de Secretaría General 2078-2014-MINEDU», se lee.

Foto: Andina.

¿Cuáles son los requisitos para ser reincorporados?

Los profesores que deseen ser reincorporados deberán acreditar el título en educación obtenido desde 26/11/12 hasta el 25/11/14; asimismo, deberán constatar que han ejercido como tal (profesores) en la modalidad de contratado por 30 (o más) meses de manera continua o interrumpida. Además, aquellos profesores que no hayan tenido un título bajo la vigencia la ‘Ley del Profesorado’, pero que lo hayan obtenido hasta el 25/11/12, también serán incorporados en caso, lo acrediten.

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