De terror. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057) que instauraría una serie de nuevas regulaciones laborales en la administración pública. De acuerdo con la iniciativa que agrupa los proyectos de ley 7107, 7156 y 7267 -2023 (presentados por los parlamentarios Carlos Alva, Isabel Cortez y Waldemar Cerrón, respectivamente), de aprobarse en el Pleno, se procedería a crear una comisión tripartita que incluiría a miembros del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y representantes de organizaciones de trabajadores estatales para conducir un análisis exhaustivo que derive en reformas sustanciales en el régimen laboral del sector público.

Una vez aprobada por el pleno, según el dictamen aprobado, en 30 días hábiles se conformaría la mencionada comisión que tendría un plazo de 120 días hábiles para elaborar un informe detallado, proporcionar un diagnóstico sobre la situación actual del servicio público y la unificación de los regímenes laborales y de servicios.

“Con esta ley (Servir) se pretende ejecutar la desvinculación laboral; esto es, realizar despidos masivos bajo el manto escondido del término desvinculación del servidor público, contrario a lo establecido en nuestra Constitución Política del Estado”, sostiene el congresista Waldemar Cerrón, quien se opone a la ley Servir porque, según afirma, afecta los derechos a la negociación colectiva, a la huelga, igualdad y no discriminación, y la garantía de carrera administrativa.

Por otro lado, la congresista Susel Paredes expresó su preocupación por la falta de criterios meritocráticos en la administración pública sin la Ley Servir. “Cada presidente que viene trae su gente, y cuando su gente no califica, bajan los perfiles. Hemos visto eso con Castillo y con Dina Boluarte,” argumentó Paredes, enfatizando la necesidad de profesionales que ingresen y asciendan por concurso para garantizar una carrera del servicio civil basada en la meritocracia.

Pronunciamiento de Servir

Al respecto la Autoridad del Servicio Civil emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por las “graves repercusiones” que dicho proyecto tendría en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, entre los cuales se encuentran:

• Obstaculizará la implementación de un sistema reconocido internacionalmente por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha calificado como fundamental para garantizar una carrera pública basada en el mérito.
• Afectaría los logros obtenidos para que el Perú cuente con políticas públicas orientadas a la modernización del Estado, la competitividad nacional, la integridad y la lucha contra la corrupción. Además, retrasaría el proceso de adhesión del Perú a la OCDE.
• Implicaría la interrupción del derecho de los servidores públicos y los ciudadanos a participar en concursos públicos basados en el mérito para ocupar cargos en el servicio civil.

El dato:

El Servir se creó en 2013 con el objetivo de administrar los recursos humanos del sector público. Su finalidad es también promover la reforma del Servicio Civil, fomentando un enfoque basado en el mérito para la selección de funcionarios públicos.

¿El objetivo es quedarse hasta julio del 2026? El Pleno del Congreso rechazó la admisión a debate de las tres mociones de vacancia presentadas contra la presidenta Dina Boluarte. En la última votación de la tercera moción de vacancia los resultados arrojaron 32 votos a favor, 47 en contra y 20 abstenciones.

En las mociones archivadas que fueron iniciativas presentadas con las firmas de congresistas de izquierda, se cuestionaba a la presidenta por supuestamente interferir en las investigaciones por los ‘casos Rolex’ y “Waykis en la sombra”. También se incluyó en la moción un presunto abandono del cargo por 12 días.

Prácticamente, con las tres mociones de vacancia, se suman a otras cinco previamente presentadas y también rechazadas. Para que la solicitud sea admitida, se requería del voto de por lo menos el 40% de los congresistas hábiles; es decir, entre 48 a 52; sin embargo, no se llegó a completar los votos y pasaron al archivo.

Quiénes presentaron las tres mociones de vacancia

La primera moción recopiló veintiocho firmas, incluyendo a legisladores de diversas agrupaciones, lo que la convirtió en multipartidaria. Dicha moción tuvo el apoyo de bancadas como Perú Libre con siete congresistas, Cambio Democrático, Juntos por el Perú con ocho, el Bloque Magisterial con cuatro, Perú Bicentenario con dos, Podemos Perú con uno y seis congresistas sin afiliación.

Se debe recordar que la primera moción fue anunciada por la congresista Ruth Luque, junto con Susel Paredes.

La segunda moción recopiló veintiséis firmas y también fue impulsada por Ruth Luque y Cambio Democrático-Juntos por el Perú. La agrupación recabó las firmas necesarias para que sea presentada.

Y la tercera moción de vacancia, hoy archivada, fue promovida por Perú Libre, que logró reunir veintiséis firmas provenientes de Perú Libre, Cambio Democrático, Juntos por el Perú, el Bloque Magisterial, Perú Bicentenario y congresistas no afiliados.

Resulta preocupante que los legisladores que integran el Parlamento no ejerzan su función principal que es fiscalizar y cuestionar las acciones de la presidenta Dina Boluarte; tal como establece la Constitución y el propio Reglamento del Congreso. Por lo que estarían incurriendo en el presunto delito de omisión de funciones, y podrían ser denunciados, conforme lo establece el artículo 377° del Código Penal.

Artículo 377. Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales

El funcionario público que, ilegalmente, omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa.

Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.

Cada vez más personas buscan talleres donde explotar todo su talento, ya sea en la danza, la música o el teatro, recurriendo a plazas o centros comerciales para juntarse con otros jóvenes para ensayar. Resulta positivo que ahora los jóvenes inviertan su tiempo practicando danzas típicas o modernas, o que se desenvuelvan ante un público pasajero para escenificar una obra teatral.

A propósito de ello, el Pleno de Congreso ha aprobado, por unanimidad, el dictamen del proyecto de ley que propone la creación de la Universidad de Arte Escénico (UNAE), sobre la base de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro, ubicada en Lima.

Se trata de los Proyectos de Ley 2300, 6793 y 6846 de autoría de los parlamentarios Susel Paredes Piqué (CD-JP), Alex Paredes Gonzales (BMCN) y Waldemar Cerrón Rojas (PL), respectivamente. Obtuvo 100 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones.

El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José Balcázar Zelada (PB), explicó que la propuesta legislativa permitirá contar con docentes más calificados y mejor preparados, ya que todos sus profesores deben tener como mínimo una maestría para enseñar en los estudios de pregrado.

Agregó que en el país existe una gran cantidad de personas con inclinación en el arte y muchos ciudadanos persiguen su formación a través de instituciones que les permiten esta posibilidad de mejorar sus condiciones con el perfeccionamiento de sus calidades a través de un centro de instrucción de maestros que les puedan brindar conocimientos adecuados.

Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), se encargará de la elaboración de la respectiva guía de adecuación, a fin de elevar el nivel de formación artística en el país.

A su turno, Cerrón Rojas resaltó las diversas manifestaciones artísticas representadas en aquellas personas que hacen danza, música, canto y otros, por su disciplina y por su aporte a la cultura de nuestro país.

En tanto, Paredes Gonzales y Paredes Piqué coincidieron en señalar que el dictamen de creación de la universidad fortalece a la institución.

“En esta escuela, los profesores han estudiado en otros países donde existen los grados de magister, doctor, lo que se quiere es dar la categoría de universidad”, señaló la parlamentaria Susel Paredes.

El dictamen aprobado indica en sus disposiciones complementarias finales que la Universidad Nacional de Arte Escénico (UNAE) se financiará con el presupuesto asignado por el Estado a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro.

Hace unos días la presidenta de la República, Dina Boluarte, manifestó que su intención es permanecer hasta el 2026 en el sillón de Pizarro, a pesar de que cada día van apareciendo más indicios de que ella habría cometido actos de corrupción gracias a favorecimientos indebidos de sus ‘waykis’. Ajena a la realidad de millones de peruanos, ella intenta crear una realidad alterna solo para el exterior, aseverando que existe un “gobierno fuerte”. Al parecer, tantas joyas en su cuello y brazos la han enceguecido de no percatarse que tiene en sus narices un país al borde del abismo.

Es así que las bancadas de Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú han presentado una nueva moción de vacancia contra la “mamá de todos los peruanos” para que se declare su “permanente incapacidad moral” por la desactivación del Equipo Especial de policías que prestaban apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).

En la moción, se le acusa a Dina Boluarte de intervenir indebidamente en las investigaciones policiales y fiscales relacionadas con su familia. Por ejemplo, se cuestiona que el 7 de mayo Boluarte haya convocado al coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), tan solo tres días antes de la detención de su hermano, para discutir temas relacionados con las investigaciones en curso.

Durante esta reunión, según trascendió, la presidenta realizó varias preguntas incisivas al coronel Moreno, como: “¿Por qué usted no ha puesto a disposición al coronel Harvey Colchado a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional?”. Se reporta que esta pregunta se refería a la destitución de Colchado como jefe de la Diviac después del allanamiento de la residencia de Boluarte en marzo de 2024, en el marco de un caso de relojes Rolex.

Los 28 congresistas que apoyan la moción (7 de Perú Libre, 8 de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, 4 del Bloque Magisterial, 2 de Perú Bicentenario, 1 de Podemos Perú, y 6 No Agrupados) afirman que Boluarte Zegarra ha violado varias disposiciones constitucionales y ha abusado de su posición para obstruir la justicia. También indicaron que la presidenta habría “cometido delitos utilizando indebidamente su cargo de jefa de Estado y de la Nación para tal efecto”. Añaden que la desactivación del equipo especial que apoyaba al Eficcop fue una maniobra para evitar la investigación de su entorno.

Como se recuerda, el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial 0610-2024-IN que desactivó el equipo policial de apoyo al Eficcop. Esta medida, según el ministerio, se tomó debido a la “duplicidad de funciones” entre este equipo y la Diviac. Sin embargo, la medida fue criticada por diversos sectores que la consideraron una forma de obstrucción a la justicia.

El dato:

Esta sería la sexta moción de vacancia contra la mandataria, las cinco anteriores no alcanzaron los votos requeridos para su debate y pasaron a su archivo.

El sexto en la lista. El abogado Juan José Santiváñez Antúnez juramentó hoy a las 2 de la tarde como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), reemplazando del renunciante Walter Ortiz, quien permaneciera poco más de un mes al frente de dicha cartera.

Santiváñez Antúnez, se desempeñaba hasta la fecha como viceministro de Orden Interno desde abril de este año, y en dos ocasiones anteriores (mayo 2020 y febrero – marzo 2024) fue jefe de gabinete de asesores en el Mininter.   

El primer civil en asumir la jefatura del Mininter es un abogado que hasta este 16 de mayo se desempeñaba como viceministro de Orden Interno de dicho portafolio, cargo al que juramentó hace tan solo un mes en reemplazo del general PNP (r) Miguel Núñez Polar. Asimismo, se ha desempeñado dentro del Mininter como jefe del gabinete de asesores.

El letrado es egresado de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con maestrías en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Según su hoja de vida, tiene también un máster en Litigación Oral por la California Western School of Law (USA), y máster en Acción Política y Participación Ciudadana por la Universidad Rey Juan Carlos (España), por la que obtuvo la calificación “Summa Cum Laude”.

Nuevo ministro del Interior y sus fuertes lazos con la Policía

Juan José Santiváñez fue abogado de miembros de la Policía en casos vinculados a presuntos actos de corrupción, como el del general general Héctor Petit Amésquita, implicado en la presunta adquisición a precio sobrevalorado de rancho policial y equipos de protección contra la Cco-19, en el 2020.

Santiváñez también fue abogado del general PNP José Figueroa, quien en 2018 fue señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Intocables Ediles, vinculada al cobro de extorsiones a comerciantes ambulantes y liderada aparentemente por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba.

Asimismo, mencionó haber sido abogado “a nivel administrativo” de Enrique Prado Ravines y otros involucrados en el caso del Escuadrón de la Muerte, que entre 2012 y 2016 presuntamente llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales de sospechosos delincuentes.

En 2023, se supo de otros casos similares en los que Juan José Santiváñez actuó como abogado de tres generales de la Policía Nacional implicados en presuntos ascensos irregulares durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, en el 2021. Santiváñez Antúnez representó legalmente a Luis Enrique Legua Egocheaga, Eduardo Espinoza López y Fredy Aristo del Carpio, acusados de pagar una ‘coima’ para acceder a un ascenso.

“Son defensas que yo asumí en el ejercicio de mi profesión porque toda persona tiene derecho a su defensa”, manifestó en febrero de este año para RPP, luego de haber sido designado nuevamente como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, en la gestión del exministro Víctor Torres.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Galdo, que perdió el control el 23 de abril pasado en un lamentable hecho en la ciudad imperial, cuando agredió a un periodista, al arrebatarle el micrófono para luego arrojarlo al suelo, solo porque le formuló una pregunta incomoda, ha salido a pronunciarse en favor de la presidenta Dina Boluarte y se suma a los ministros que han ejercido su férrea defensa hacia el gobierno, como si fueran los voceros oficiales.

Esta vez la titular del Mincetur durante su estancia en Arequipa se pronunció ante la nueva moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, presentada por las bancadas de izquierda en el Congreso y dijo que la vacancia es una facultad que tiene el Parlamento, pero que debe haber “razonabilidad”.

“Considero que el Congreso está haciendo un ejercicio de las facultades que tiene como sucede en cualquier país democrático. Si esa moción avanza, esperemos que haya razonabilidad y sustento, porque los peruanos queremos seguridad, tranquilidad, trabajo”, sostuvo Galdo.

Además, consideró que no existen fundamentos para destituir a la presidenta Dina Boluarte del cargo que ocupa desde el 7 de diciembre de 2022 y confió que la moción será rechazada por la mayoría de los congresistas.

“Yo esperaría que esta moción se rechace, considero que no existen fundamentos para que prospere, pero por supuesto que respeto el libre ejercicio de las funciones del Congreso que democráticamente pueden optar por esas alternativas. Confío en que no va a prosperar”.

Ministra de Comercio Exterior Elizabeth Galdo fue denunciada por haber agredido a periodista en Cusco.

Elizabeth Galdo respalda incondicionalmente a la presidenta Dina Boluarte

“Yo respaldo a la presidenta, porque veo que es una persona que está completamente dedicada las 24 horas a trabajar por sacar adelante a nuestro país. Además, es una persona resiliente, fuerte, que nos da mucha fuerza e impulso a todos los ministros”, indicó.

La ministra de Comercio Exterior Elizabeth Galdo se encuentra en Arequipa, con motivo de las reuniones del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) que se celebrarán en noviembre.

Finalmente la Comisión de Energía y Minas, presidida por el congresista de Perú Libre Segundo Quiroz, aprobó el dictamen de los Proyectos de Ley N.º 2543/2021-CR, 2691/2021-CR, 3394/2022-CR y 3619/2022-CR, proyectos que tienen en común la posibilidad del micro y pequeño empresario a pasar del mercado regulado al mercado libre energético, pues de esa manera se verían beneficiados en las tarifas de electricidad al elegir a qué empresa generadora contratar.

Al respecto, Lima Gris conversó con Daniel Hermoza, director de la Mypes Unidas del Perú (MUP) para que nos explique los motivos de la demora en aprobarse una ley que beneficiaría a cientos de miles de micro empresarios, así como de quiénes estarían detras en impedir que se se concretice finalmente en una ley.

Aquí la conversación:

¿Por qué hay tanta oposición para que se aprueben los proyectos de ley para la reducción de la valla eléctrica?

Obviamente los intereses de las empresas chinas que están manejando ahora Enel como Luz del Sur para que se evite, digamos, la posibilidad que la Mype pueda adquirir la electricidad directamente de los generadores, lo cual les va a traer en el futuro una disminución en los ingresos que ellos pretenden tener a costa. Cabe saber claramente que una Mype tiene un alto consumo que no se puede comparar a la de un consumidor residencial. Entonces, creo que eso básicamente ese ha sido el motivo por el cual existe una oposición férrea.

Desde el 2020 que comenzamos nosotros a pedir al Congreso de la República en reiterados proyectos de ley. Creo que desde la experiencia Mype es la lucha que más proyectos de ley se han presentado en los últimos casi cuatro años sobre la misma materia a pesar de que se pedía de que se bajara la vaya a 50 el Congreso ha encontrado una fórmula un poco negociadora, imagino con el sector de la distribución, que ha bajado tres tramos. Primero a 150, luego a 100 y ahora a 50 para el 2019. No es una fórmula que no hubiéramos esperado, pero peor es no tener absolutamente nada; por lo menos tenemos esperanza de que dentro casi 5 años podamos a comenzar a adquirir, sobre todo los más pequeños, la energía directamente a los generadores.

Para tener bien en claro los conceptos, ¿podría mencionar la diferencia entre generador y distribuidor?

Por supuesto. Los generadores sonlos produce la energía, vale decir a través de las hidroeléctricas, a través del gas, de las generadoras del ciclo combinado, que utilizan gas para poder generar la electricidad, o eventualmente las de energía renovable como la eólica o la solar; esos son los que producen la electricidad. Los distribuidores son aquellos que se dedican a la comercialización de la energía, que son los que les venden a los usuarios regulados, tanto Mypes como domiciliarios.

El Ministerio de Energía y Minas se pronunció respecto a esos proyectos indicando que se generaría un doble pago y que eso perjudicaría al consumidor final.

Eso es totalmente falso. Lo que pasa es que hay que entender que el Estado también tiene distribuidoras. El Estado también distribuye en las demás provincias; Lima nomás tiene este fenómeno de las empresas privadas: Enel y Luz del Sur. Pero en cuanto a las regiones es el Estado a través de FONAFE que son dueñas de las distribuidoras; por ejemplo, Adinelsa, Hidroandina, Distriluz que son parte del grupo de FONAFE, y es lógico y entendible que el Estado no sea una parte neutral al momento de emitir su opinión, sino que al contrario resulta una parte interesada dado que posee empresas que están en el sector distribución. Entonces, también en algunas regiones muchas Mypes podrán adquirir la energía al generador; eso va a quitarles de repente.

El hecho de que exista este dictamen (y ojalá se apruebe la ley) es lo siguiente: esta ley no quitaría el hecho de que Luz del Sur, Enel o las distribuidoras del Estado puedan negociar con el empresario. Yo le puedo decir a Luz del Sur que la hidroeléctrica de Machu Picchu o del Mantaro me está dejando 20% más barata la luz de la que tú me vendes. Y Luz del Sur o cualquier otra distribuidora podrá salir a igualar la oferta. Lo que pasa es que las distribuidoras no están acostumbradas a la competencia, ese es el problema de fondo. No podemos seguir con este modelo que fue diseñado con cierta lógica en la década del noventa cuando se dio la Ley de Concesiones Eléctricas; esa ley obedece a una realidad distinta a la que estamos viviendo hoy.

Entre los argumentos de las distribuidoras indican que al reducirse la valla estarían perdiendo muchos clientes pues elegirían la opción de usuario libre.

Eso también es totalmente falso por dos motivos fundamentales. Primero, eso se demuestra porque todos los años, yo diría hasta mensualmente, todas las distribuidoras hacen contratos de ampliación de oferta, es decir, hacen adicionales a los contratos porque demandan más energía, y eso se debe fundamentalmente al ingreso de aproximadamente 50 mil viviendas nuevas al año en todo el Perú que obviamente demandan electricidad.

Todos los años ingresan nuevas viviendas al mercado del consumo de energía, al igual que los centros comerciales. Y a todo eso hay que sumarle que todos los años ingresan al mercado alrededor de 10 mil a 20 mil nuevas empresas, que también van a demandar mayor cantidad de energía. Por lo tanto, no es tan cierto de que pierden, porque todos los años van incrementando su oferta. Ese argumento se desbarata por sí solo; no es que pierdan, sino que van a dejar de seguir ganando más de lo que deberían ganar. Recuerda que una de las pocas empresas en el Perú que generan utilidades son las distribuidoras.

Al inicio de la conversación mencionó que habrían intereses de algunas empresas chinas que en la actualidad vienen copando el sector energético.

Eso no tengo la menor duda. Los chinos tienen que haber evaluado el mercado esclavista que tiene la distribución de energía fundamentalmente en Lima, y cual juego de monopolio les interesa mucho tener la distribución de un mercado cautivo que no tiene competencia. Ellos al invertir lo que han invertido en estas distribuidoras no quieren que ese mercado cautivo desaparezca. Este tipo de normas les causa a ellos un malestar que no debería ocurrir porque no es que los saquen del cuadro, sino que de aprobarse la ley ahora tendrán que acostumbrarse a competir y no quieren competir.

El Juzgado Supremo de Tutela de Derechos del Poder Judicial (PJ) programó la audiencia de tutela de derechos solicitada por la indagada, presidenta de la República, Dina Boluarte, para el próximo martes 21 de mayo.

La audiencia será de manera virtual

Así fue dispuesto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, de acuerdo al Expediente 00018-2024-4—5001-JS-PE-01, cuyo magistrado supremo es Saúl Peña Farfán.

Dicha instancia resolvió que la sesión tenga lugar alrededor de las 03:00 p.m. del próximo martes 21 de mayo y se desarrollará de manera virtual y deberá contar con la presencia obligatoria del representante de la Fiscalía de la Nación.

“Convocar para el día martes 21 de mayo de 2024, a las 15:00 horas, la realización de la audiencia de tutela de derechos, solicitada por la indagada Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la cual se llevará a cabo a través del aplicativo Google Hangouts Meet”, se lee en el documento de la Corte Suprema de Justicia.