Todos los caminos llevarían a algunos de los principales miembros del exclusivo centro recreacional Lima Marina Club. Un informe del semanario ‘Hildebrandt en sus Trece’ (H13) ha revelado más nombres que estarían involucrados en la red de corrupción de la empresaria inmobiliaria Sada Goray, Salatiel Marrufo, y el ex ministro de Vivienda Geiner Alvarado, entre otros.

Estos nuevos personajes son piezas clave dentro del Lima Marina Club: nos referimos a Fernando Pazos Huayamares, uno de los seis empresarios que cuentan con una oficina dentro del club, y el otro es Gonzalo Bedoya Robinson, quien hasta hace un mes cumplía el rol de director del Lima Marina Club. ¿Cuál será la reacción del club respecto a estos oscuros personajes?

De acuerdo al expediente fiscal del caso Marka Group, Fernando Pazos mantenía vínculos con Sada Goray debido a que el primer fue uno de los tantos que le entregó dinero para el financiamiento de la compra de predios; todo eso con la venia y visto bueno del Fondo Mi Vivienda.

Asimismo, durante la confesión sincera del ex periodista Mauricio Fernandini – quien cumplía el papel de intermediario de las coimas – indicó que durante una reunión entre Goray y Marrufo la primera mencionó que el dinero solicitado por Marrufo (4 millones de soles) llegaría gracias a “su amigo de apellido Pazos”. Cabe mencionar que esa reunión tuvo lugar por coincidencias del destino en el restaurante “La Cuadra de Salvador”, cuyo accionista mayoritario es nada menos que Fernando Pazos.

“Marrufo les dice: ‘esto les va a costar cuatro millones de soles’, reaccionando Pilar Tijero Martino y diciéndole que esos cuatro millones es al ‘cash’ o podríamos entregar una casa o departamento, respondiendo Marrufo que lo óptimo era al cash, pero no se negaba a otra oferta. En ese momento interviene Sada Goray y le dice que no estaba en el mejor momento de liquidez, y que su amigo de apellido Pazos le estaba prestando plata en efectivo porque con los bancos era muy difícil trabajar”, cita textual de la declaración de Fernandini.

Por su parte, explica el citado semanario H13, “Gonzalo Bedoya tiene relación con Sada Goray desde el 2019, cuando su empresa, Inmobiliaria Campanario, firmó un contrato de “gerenciamiento” con Marka Group. Estallado el escándalo, el 26 de diciembre Bedoya salió en auxilio de la empresa de Goray y adquirió el 100% de las acciones de MK S.A.C., la razón social con la que el grupo empresarial vendía las viviendas para los peruanos de bajos recursos”.

Fernando Pazos, en declaraciones para H13, respondió, a modo de explicación, sobre la confesión de Mauricio Fernandini y los 4 millones de soles a favor de Salatiel Marrufo y la procedencia de la misma que “lo único que podría decir es que yo no soy ese señor Pazos”.

En tanto, Gonzalo Bedoya ha admitido los vínculos con Goray y Marka Group; nos referimos al “contrato de gerenciamiento” del año 2019 y la compra de MK Social. El primero, sostiene Bedoya, cortó cualquier vinculo en diciembre del año pasado, dos meses después que se destapara el informe sobre Marka Group; en tanto, la compra del segundo fue truncada el pasado 26 de abril pese a que había ya un contrato de por medio.

El informe señala más nombres que estarían inmersos en la tremenda red de corrupción, sin embargo, el tiempo y los movimientos u omisiones que ellos realicen otorgarán más pruebas que los comprometan. Eso sí, el nerviosismo de alguno de ellos poco a poco los van delatando.

Ahora le dicen la ‘cogotera’. María del Carmen Alva, legisladora de Acción Popular y ex presidenta del Congreso de la República, vuelve a sumergir al pleno parlamentario en el escándalo. Durante el último pleno parlamentario, una escena impactante quedó capturada por las cámaras de los medios de comunicación que cubrían la sesión: Alva, fuera de sí, agarró del cuello a su colega Francis Paredes, del Bloque Magisterial, presionándola para que cambie su voto a favor de la propuesta del retorno a la bicameralidad.

En las imágenes se veía esta increíble escena: Alva jaloneaba y sometía a Paredes, recordando el incidente ocurrido en agosto del año 2023 con la congresista Isabel Cortez, conocida como ‘Chabelita’. El tenso momento alcanzó su clímax cuando la legisladora de Acción Popular, sin ningún reparo, baja violentamente la pantalla de la tablet de su colega izquierdista.

En medio de este caos, el legislador Jorge Marticorena, de Perú Bicentenario, se interpuso para proteger a Paredes y evitar que cediera ante la abrumadora presión.

Cerca al escaño de Paredes se encontraban los congresistas de Fuerza Popular, Arturo Alegría y Rosangella Barbarán. La reprochable actitud de Alva crispó el ambiente dentro de las bancadas de izquierda y motivó que suelten algunos ademanes y expresiones ininteligibles en su contra.

Uno de los que más se mostró en desacuerdo con lo visto fue el parlamentario de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, quien agitaba los brazos en señal de rechazo a la presión ejercida por Maricarmen Alva, cuyos gestos evidenciaban frustración y enojo.

Pese a esto, la acciopopulista continuó con sus intenciones desesperadas de persuadir a Paredes, quien finalmente no cambió su voto a favor de la bicameralidad. El pleno del Parlamento consiguió aprobar la propuesta, pero deberá pasar por referéndum.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa nacional, la congresista ‘cogotera’ salió a minimizar su reprochable actitud. “Yo he estado conversando. Las mujeres venimos, nos abrazamos, nos agarramos del brazo. Yo he estado en mi curul y me dicen: ‘mira qué barbaridad están sacando’. Yo sé muy bien cómo me comporto. Soy una persona de gestos, de abrazar… No es presión, yo no falto el respeto a nadie. No agrandemos, tenemos muy buena relación”, afirmó.

“Soy muy feliz como soy, me gusta mi personalidad, me gusta el carácter que tengo, porque gracias al carácter que tengo y cómo me manejo estamos en democracia”, sentenció la ex presidenta de la Mesa Directiva del Congreso.

Un psiquiatra para esta señora, urgente pic.twitter.com/DgNwmH5O2N

— Tío Vlady (@vladynz) June 9, 2023

A estar más que preparados y que no nos tome desprevenidos. Este jueves 8 de junio, el gobierno de Dina Boluarte oficializó la declaratoria de estado de emergencia por un periodo de 60 días ante el “peligro inminente” que representa la presencia del Fenómeno del Niño en nuestro país.

De acuerdo con el Decreto Supremo 072-2023-PCM publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, los gobiernos regionales que deberán acatar esta medida son Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco.

Asimismo, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna y Tumbes también deberán de cumplir con la disposición.

Además, se conoció que las acciones de respuesta deben tener una conexión directa y causal con los eventos a los que responden. Estas acciones pueden ser modificadas según las necesidades y elementos de seguridad que surjan durante su ejecución.

“Se aplica lo dispuesto en el inciso 1) del artículo 137 de la Constitución Política del Perú, en lo que concierne a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”, se lee en el documento oficial.

En cuanto al presupuesto que se utilizará para la implementación de las acciones previstas, este proviene de los pliegos involucrados sin requerir recursos adicionales al Tesoro Público.

El estado de emergencia fue declarado de acuerdo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, basándose en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el reglamento de la Ley que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd).

En ese sentido, corresponde a la “Norma Complementaria sobre la Declaratoria de Estado de Emergencia por Desastre o Peligro Inminente, en el marco de la Ley 29664″.

Según el pronóstico del Senamhi, se espera que las temperaturas mínimas y máximas del aire durante el trimestre de junio a agosto de 2023 varíen según las regiones.

En la costa peruana, se pronostica que las temperaturas mínimas y máximas estarán por encima de lo normal. Las autoridades han comunicado que se mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”. También se prevé un aumento de entre 2 y 3 grados Celsius en la temperatura.

Según el especialista en climatología del Senamhi, Yuri Escajadillo, se espera que las condiciones de El Niño Costero continúen con una magnitud de fuerte a moderada hasta el inicio de la primavera de este año. Para el trimestre de junio a agosto de 2023, se pronostican cambios en el clima.

El dato:

Durante un episodio de El Niño, las temperaturas de la superficie del mar en la región central y oriental del Pacífico tropical aumentan por encima de lo normal. Esto provoca cambios en los patrones de circulación atmosférica, lo que a su vez tiene implicaciones para el clima a nivel mundial.

Los intocables. Ayer se cumplieron seis meses de gobierno de la presidenta Dina Boluarte y todo parece indicar que tanto el Ejecutivo como el Legislativo han optado por la vía neutral de ajustarse pero no ahorcarse mutuamente, es decir, en la actualidad se habría entrado en un status quo donde ninguno de ellos se interpone en sus gestiones.

Las protestas sociales surgidas a fines del año pasado y principios de este hacían tambalear a la mandataria por sucesión, quien no contaba, en un principio, con apoyo del Parlamento pero que poco a poco habría tejido alianzas con algunos legisladores, eso sumado al apoyo incondicional de las Fuerzas Armadas que estuvieron a su lado en los momentos más caldeados, lograron que la jefa de Estado salga airosa de las protestas, pero eso sí, a un alto costo: más de 60 fallecidos.

Bajo ese panorama la Comisión Permanente del Congreso de la República envió al archivo la denuncia constitucional contra la mandataria y ex ministros de su gestión por su responsabilidad respecto de los muertos y heridos producto de la represión policial en el marco de las protestas contra el Gobierno y se registraron desde diciembre de 2022 hasta marzo del presente año.

Además de Boluarte Zegarra, la denuncia incluía al ex presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el ex ministro de Defensa y actual jefe del Gabinete, Alberto Otárola, y el ex ministro del Interior, César Cervantes, por el rol que desempeñaron dentro del Gobierno durante las protestas sociales.

Esta denuncia constitucional fue presentada por los congresistas Ruth Luque, Sigrid Bazán, Isabel Cortez, Edgard Reymundo, así como Roberto Sánchez, y ya había sido declarada improcedente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 5 de mayo.

Entonces, el informe de calificación que propuso la improcedencia de la denuncia constitucional contra la presidenta y exministros fue aprobado con 11 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones.

De acuerdo con el informe de la Subcomisión, durante el periodo que es materia de la denuncia constitucional hubo diversos actos de violencia contra las fuerzas del orden y en perjuicio de la infraestructura pública.

Asimismo, se recuerda que existe un marco legal para la respuesta de las fuerzas militares y policiales durante los estados de emergencia.

También se señala que lo ocurrido desde el 7 de diciembre de 2022 hasta febrero de 2023 está en proceso de investigación en el Congreso y Ministerio Público, por lo cual no se define aún la responsabilidad de algún funcionario en ellos.

Ante la decisión de la Comisión Permanente, la legisladora Sigrid Bazán solicitó a la Mesa Directiva del Congreso una reconsideración de la votación; sin embargo, su pedido no procedió debido a que la Comisión Permanente no permite reconsiderar las votaciones.

Desde que el congresista Jorge Luis Flores Ancachi asumió la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, se comenzó a enfatizar en el tema de las energías renovables. Casualmente ese tema es una prioridad para la Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) que es presidida por Brendan Oviedo Doyle, y que alberga a más de 50 empresas privadas, entre ellas la empresa china Huawei.

El 14 de febrero del 2023 en un informe titulado “Correos revelan un gran lobby en la Comisión de Energía del Congreso”, publicamos comunicaciones de la SPR al cual tuvimos acceso. Esos correos fueron enviados por Paloma Sarria (ex Directora Ejecutiva) y estaban dirigidos a los miembros de la SPR y a su presidente Oviedo Doyle. La comunicación era detallada y explicaba todo el procedimiento lobista para impulsar un Proyecto de Ley a favor de las energías renovables.

En el paquete de correos al cual accedimos, también se menciona nombres de empresas, funcionarios del Ministerio de Energía, Osinergmin y nombres de congresistas e incluso exviceministras. Entre los nombres de los parlamentarios apareció Roberto Kamiche y Jorge Luis Flores Ancachi, este último investigado por el caso “Los Niños”. Uno de los correos explicaba que el Proyecto de Ley 3662, prácticamente habría sido preparado y revisado en las oficinas de la propia Sociedad Peruana de Energías Renovables, para que luego sea entregado al parlamentario Kamiche y este lo presente como suyo a la Comisión de Energía del Congreso.

Tras esa revelación, en otro de los correos se mencionó que la empresa china Huawei había facilitado el contacto del parlamentario Jorge Luis Flores Anchi, quien, durante todo el tiempo que ocupó el sillón de la presidencia de la Comisión de Energía del Congreso, ha sido un gran entusiasta impulsando el cambio de la ley de generación eléctrica. Es decir, ha venido pavimentando el camino a favor de las energías renovables.

Flores Ancachi, entre Huawei y Panamá

Pero el accionar de Flores Ancachi y su entusiasmo por las energías renovables no sería casual. Para entender esto tenemos que recordar que en el correo de la SPR con fecha 18 de enero de 2023, se lee: “Huawei facilitó contacto con el presidente de la Comisión de Energía y Minas que está interesado en promover las renovables, para que ponga en agenda de la comisión el Proyecto de Ley (3662)”.  

Aquí surgió la primera interrogante, ¿cuál era la relación entre Huawei y el congresista Jorge Luis Flores Ancachi?, pues luego de varias indagaciones confirmamos que tras la caída del expresidente Pedro Castillo, el parlamentario Flores Ancachi viajó a Panamá. Según el certificado de su movimiento migratorio, el presidente de la Comisión de Energía salió rumbo a Panamá el 11 de diciembre y retornó al Perú el 18 de diciembre de 2022.

Durante esos ocho días, su presencia en Panamá fue para estar presente en la Semana de la Energía, evento que se realizó del 12 al 16 de diciembre, bajo la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la Secretaría de Energía de Panamá y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con la colaboración de EnergyNet. Además, la VII Semana de la Energía tuvo como patrocinador a la empresa china Huawei. Es importante señalar que en este evento las grandes empresas privadas buscaron impulsar las energías renovables.

Tras su viaje a Panamá del congresista Flores Ancachi surgen varios cuestionamientos que deben ser respondidos. El primero de ellos es ¿quién pagó el pasaje de avión ida y vuelta, hotel y viáticos del Congresista Jorge Flores Ancachi a Panamá?, y esta pregunta tiene más sentido ya que desde el Congreso de la República en el mes de diciembre del 2022 no se pagó ningún pasaje ni viáticos para el presidente de la Comisión de Energía y Minas.

Según el registro al cual tuvimos acceso, los únicos viáticos que se pagaron para otros países en esa fecha fueron para los congresistas Juan Carlos Lizarzaburu, Silvia Monteza, Edgard Tello, Leslye Lazo, Gustavo Pacheco, y para los asesores parlamentarios Patrick Allemant, Yudih Coaricona y Gina Flores.

Esto se hace más evidente cuando revisamos el portal de Transparencia del Congreso de la República, confirmando que en el mes de diciembre no figura ningún informe de viaje al extranjero del congresista Jorge Flores Ancachi. En la página oficial del Congreso, en el mes de diciembre, solo aparecen los informes de viaje de las congresistas Roselli Amuruz y Silvia Monteza. A esto hay que sumar que tampoco existe un pedido de licencia del presidente de la Comisión de Energía.

Entonces, ¿quién pagó el pasaje, hotel y viáticos del congresista Flores Ancachi a Panamá? Según nuestra fuente del Congreso, estos gastos habrían sido pagados por la empresa china Huawei, quien curiosamente fue la empresa que patrocinó el evento en Panamá. Si esto habría ocurrido, entonces aquí existiría un grave conflicto de intereses cometido por Jorge Flores Ancachi, ya que la empresa china Huawei también forma parte de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, gremio que ha revelado su accionar lobista en los correos que hemos venido publicando.

De esta forma se entendería que la relación entre la empresa china Huawei y el presidente de la Comisión de Energía data desde el año 2022. Y habría estado actuando en beneficio de una empresa privada, un accionar que evidenciaría visos de un presunto tráfico de influencias.

La carta notarial

Hace unos días llegó hasta mi domicilio una carta notarial del congresista Jorge Flores Ancachi, donde me solicita la rectificación de la publicación del 25 de mayo que lleva por título: “Una operadora del MINEM en la Comisión de Energía del Congreso”. En la misiva el parlamentario hace referencia que se siente aludido por el siguiente párrafo:

“Pero el caso más sorprendente de “Los Niños” mencionado líneas arriba, es el del congresista por Puno, Jorge Luis Flores Ancachi, quien actualmente ocupa la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Aquí hay que entender que el sillón que viene ocupando Flores Ancachi es estratégico para consumar los arreglos bajo la mesa que “Los Niños” vienen haciendo desde el gobierno del expresidente Pedro Castillo hasta el actual gobierno de Dina Boluarte”.

Ante esto, el congresista menciona: “Este párrafo claramente indica que mi persona ha realizado ilícitos (tráficos de influencias, colusión, cohecho) desde la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, lo cual es totalmente falso, por lo que pido a usted que pruebe y/o muestre las respectivas pruebas donde mi persona ha realizado tales arreglos bajo la mesa”.

Además, líneas abajo, menciona que no hemos tenido la declaración de su parte. No mienta congresista, la realidad es que usted nunca nos quiso dar la entrevista. La primera vez lo llamamos por teléfono y mencionó que iba aceptar la entrevista solo si era en vivo. Luego de eso volvimos a escribirle y siempre ignoró nuestros mensajes. Todo eso se encuentra registrado. La única verdad es que usted guardó silencio antes los cuestionamientos.

Respecto al pedido de rectificación queda claro que mencionar “arreglos bajo la mesa” para la percepción personal o la connotación del congresista es interpretada como que se afirma un acto ilegal, pero eso no es así, ya que ese es un término coloquial. En ningún momento hemos afirmado lo que el congresista menciona. Simplemente hemos mencionado algo que la propia Fiscal de la Nación viene investigando en el caso “Los Niños”.

A esto se suma que en el movimiento migratorio del congresista Jorge Flores Ancachi, también figura un reciente viaje a Colombia con fecha de salida del Perú del sábado 04 de marzo y recién retornó el jueves 09 de marzo del presente. Este viaje de igual manera no fue pagado por el Congreso de la República, y tampoco el congresista Flores Ancachi realizó un informe de su salida del país. Nos volvemos a preguntar ¿Quién pagó los pasajes de avión, hotel y viáticos a Colombia?

Pero lo que más nos llamó la atención del movimiento migratorio del presidente de la Comisión de Energía del Congreso, son sus 22 viajes a Bolivia que ha realizado durante los últimos años. Esperemos que el congresista Jorge Luis Flores Ancachi, responda a todas estas interrogantes que deben ser aclaradas con urgencia, de lo contrario debe dar un paso al costado de la presidencia de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.

Polémica propuesta que ya viene motivando acalorados debates sobre el uso de armas de fuego por parte de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que, según amerite la ocasión y solo si se encuentran en riesgo inminente, puedan hacer uso de su arma de reglamento para abatir a los delincuentes.

El autor de dicha propuesta es nada menos que el congresista de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien acaba de presentar un proyecto de ley para que los miembros del orden se encuentren facultados de disparar, sin mérito de pena, a los malhechores de ser sorprendidos en delito flagrante, posean armas de fuego u otros elementos de “evidente peligrosidad”.

La iniciativa 5239 establece cambios en el artículo 8, número 8.3, del Decreto Legislativo 1186, ley que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP, para que el accionar de un agente policial, que abata a un delincuente bajo estas circunstancias, sea considere como un acto legítima defensa.

“Cuando en un delito flagrante se utilicen armas de fuego u otros elementos de evidente peligrosidad, que pongan en grave riesgo la vida de las personas o de los miembros de la Policía Nacional del Perú, el o los delincuentes podrán ser abatidos en el lugar de los hechos, debiéndose considerarse esta acción como un acto de legítima defensa y presunción de legalidad”, se lee en la propuesta para modificar el DL 1186.

El proyecto de ley también establece el entrenamiento, información y capacitación al personal policial, los cuales estarán a cargo del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía Nacional.

“Estos periodos de entrenamiento deberán privilegiar las prácticas de acciones operativas simuladas, que comprendan entrenamiento para afrontar situaciones de ataques violentos, mecanismos o tácticas para reducir a los delincuentes, aseguramiento de los detenidos y protección de víctimas del delito en escenarios peligrosos, para un mejor desempeño en la lucha contra la delincuencia”, señala la iniciativa.

Argumentos para dicho proyecto

El almirante en situación de retiro y actual congresista explica que en los últimos años la sociedad peruana se ha visto rebasada por el fenómeno de la delincuencia común, que se ha agravado con el recurrente uso de armas de fuego y la “intervención” de delincuentes extranjeros.

“Es necesario afinar el ordenamiento jurídico, de manera tal, que esté preparada para responder a las necesidades actuales de la emergencia criminal que afecta a nuestra sociedad”, alega.

De aprobarse el proyecto de ley, la Policía Nacional – señala Montoya – contará con un marco jurídico apropiado para enfrentar a los delincuentes que utilizan armas de fuego para intimidar y, en algunos casos, asesinar a sus víctimas.

“Esta nueva situación permitirá a la Policía Nacional del Perú, contar con un marco jurídico apropiado para enfrentar a la criminalidad violenta, que comete delitos todos los días utilizando armas de fuego, intimidando y quitando la vida a pacíficos ciudadanos que tienen el infortunio de ser víctimas de este tipo de delincuencia”, apunta.

Buscó por todos los medios de dejar a su queridísima tía limpia de polvo y paja. Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino de la legisladora de la bancada de Alianza Para el Progreso (APP) Rosio Torres asumió toda responsabilidad en relación a los depósitos de dinero que percibió por parte de algunos trabajadores del despacho de la parlamentaria, asegurando que estos pagos se hicieron porque tenía vínculos “personales y políticos” con ellos.

“Quiero pedir disculpas públicas a la señora congresista Rosio Torres Salinas por haber abusado de esa confianza y haberme excedido con los trabajadores. Lo he hecho por cuenta propia y bajo mi responsabilidad”, aseveró.

De manera virtual y durante la sesión del lunes 5 de junio en la que la Comisión de Ética revisó el caso de Torres, Pérez señaló que todas las entregas de dinero tuvieron como destinatario final su persona y no las cuentas de la parlamentaria de APP.

“Mi relación con los trabajadores respecto a temas personales y de carácter político en el sentido que tienen conocimiento que mi persona también es política y debido a ello he tenido esas relaciones y ellos han accedido a mí”, señaló.

El sobrino de Rosio Torres rechazó recordar el monto exacto del dinero que recibió, y negó que los trabajadores parlamentarios que realizaron los depósitos hayan sido afectados.

Específicamente, dijo que recibió aportes para fundar el movimiento regional Rescatemos Loreto de manos de Cecilia del Pilar Salazar Matos y César Macedo Von Bancels. Mientras tanto, dijo que los depósitos que recibió de Jesús Sierra, Abigail García, Nataly Rubio y Robert Vela fueron préstamos personales.

“Desconozco el monto exacto. El destino final era mi persona de carácter personal en cuanto a préstamos y de carácter político para la formación del movimiento regional Rescatemos Loreto”, aseguró.

Rosio Torres, quien también participó horas antes en la sesión, rechazó haber tenido participación alguna en los recortes de sueldos y también negó haber tenido conocimiento de los reiterados ingresos de Juan Pérez Guerra, a su despacho.

Tanto ella como su sobrino coincidieron en señalar que ella no sabía de las visitas que su sobrino hacía a sus oficinas. Torres aseguró que las personas que recibieron a Juan Pérez en su despacho fueron Jesús Sierra Tapia y Nataly Rubio y que no conversaba con ellos sobre el motivo de estas reiteradas visitas.

“Los que autorizan ingresos a mi oficina son mi asesor principal y mi asistenta, en este caso la señorita Nataly”, manifestó luego de reiterar que su sobrino acudía porque tenía vínculos amicales y políticos con los trabajadores.

Ella es parte del listado de nueve congresistas investigados por los delitos que involucra el exigir pagos a trabajadores de sus despachos, que ha sido denominado como recorte de sueldos y que también han motivado indagaciones en el Ministerio Público.

La pregunta maliciosa sería ¿también les ‘mocharán’ su pago? Si nos ajustamos a los rankings que anualmente salen para calificar a los mejores centros laborales, definitivamente la sede del Poder Legislativo estaría rozando el sótano. Sin embargo, debido a los ‘jugosos’ sueldos que se perciben por trabajar ahí muchos ya estarían ansiosos por cobrar mes a mes su pago.

A pesar de su poca popularidad el Congreso de la República acaba de oficializar la resolución que permitirá a estudiantes universitarios y egresados realizar sus prácticas preprofesionales y profesionales en el Parlamento. Cabe resaltar que deben ser alumnos que pertenezcan al tercio superior de sus respectivas carreras profesionales. 

El Parlamento Nacional hizo oficial la creación del Centro de Modalidades Formativas al publicar la resolución legislativa 3513 que modifica el artículo 26 su propio reglamento. La publicación fue realizada en el diario oficial El Peruano.

En esa misma línea, las practicas preprofesionales y profesionales tendrán una duración máxima de un año para cada universitario que logre una vacante. 

Necesariamente el beneficio está dirigido tanto para estudiantes como para egresados que sean parte del tercio superior de sus respectivas carreras universitarias, esto con la finalidad de un buen desempeño en las funciones a desarrollar en el Congreso de la República. 

Además, la resolución también contempla la implementación de cursos de extensión universitaria, como parte del proceso de selección para el acceso a las modalidades formativas de servicios.

Con el fin de seguir el principio de meritocracia e igualdad de oportunidades, el acceso a las modalidades formativas de servicios y a los cursos de extensión universitaria será a través de un concurso público. 

Cabe resaltar que para la selección como practicante, se considera como condición mínima habilitante la aprobación del curso de extensión universitaria. Las plazas son establecidas mediante el acuerdo de la Mesa Directiva.

Según la resolución el monto de la subvención económica mensual para la modalidad de practicante profesional o preprofesional, no será inferior a una remuneración mínima vital, es decir 1,025 (mil veinticinco) soles. Asimismo, el estudiante o egresado en práctica debe cumplir con la jornada máxima prevista.

Cabe destacar que el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, manifestó que esta medida fomenta la iniciativa a que los jóvenes participen de manera activa en la vida política del país.

En tanto, el legislador Wilson Soto, de la bancada de Avanza País, resaltó la importancia de la iniciativa parlamentaria, reconociendo que las universidades peruanas no dictan cursos sobre el derecho parlamentario. 

Al respecto, la parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Juárez, señaló que la medida incentivará a los jóvenes a participar en la política.

Sin embargo, algunos legisladores tuvieron objeciones. El congresista Germán Tacuri Valdivia precisó que deberá de existir una articulación con el programa ‘Parlamento Joven’ a fin de evitar la duplicidad de acciones.