Mediante la Agencia Andina de Noticias, se conoció que personal del Ministerio de Cultura ha estado realizando trabajos de mantenimiento y conservación en la ciudadela inca de Machu Picchu y en otros parques arqueológicos de la región Cusco, esto durante el cumplimiento del aislamiento social y como parte de la “responsabilidad en la preservación del patrimonio cultural”.
Personal de Ministerio de Cultural trabajando en Machu Picchu sin protección.
En las fotografías se observa que este personal no tiene mascarillas ni cumplen con el distanciamiento de más de un metro entre ellos. Esto nos llama la atención, puesto que hace un mes la misma ministra de cultura Sonia Guillén lapidó en medios televisivos a un grupo de arqueólogos que protegían un sitio arqueológico en Huaral (Lima), señalando que: “en época de cuarentena no se podía realizar ninguna actividad y debían quedarse en sus hogares”. El Ministerio de Cultura estaría cometiendo delitos de exposición de personas al peligro (sus propios trabajadores) e incumplimiento de las normas de emergencia dadas por el presidente de la República Ing. Martín Vizcarra Cornejo (desacato a la autoridad), delito en el que estaría involucrado el director de la DDC Cusco, arquitecto Fredy Domingo Escobar Zamalloa, al igual que su jefa la misma ministra Sonia Guillén.
Por un lado, la ministra Guillén cuestiona a un grupo de arqueólogos por trabajar y proteger el sitio durante el estado de emergencia nacional y por el otro publicita que los arqueólogos del Ministerio de Cultura están trabajando para poner a punto la ciudadela de Machu Picchu durante la cuarentena. Lo que la ministra de cultura no se ha puesto a pensar es que, dentro de las actividades permitidas durante este periodo de emergencia nacional y cuarentena, no se encuentran contempladas actividades de protección y salvaguarda del patrimonio cultural, tal como lo podemos verificar en las normas publicadas por la PCM y el Ministerio de Interior desde el inicio de esta emergencia.
Y estas actividades no se encuentran contempladas, debido al mal trabajo que viene realizando la señora Sonia Guillén al frente de esta cartera ministerial, pues oportunamente al iniciarse esta emergencia debió solicitar a la PCM, que, dentro de estas actividades urgentes, se considere al personal necesario para la protección del patrimonio cultural. ¿No hubiera sido provechoso que en esta cuarentena millones de familias peruanas se entretengan con programas culturales propiciados por el Ministerio de Cultura desde sus propios hogares?
Nos preguntamos ¿Acaso a la ministra Sonia Guillén y a sus autoridades no les importa que los trabajadores del Ministerio de Cultura puedan infectarse del COVID 19?, ¿El Ministerio de Cultura estaría obligando a sus trabajadores a laborar sin las medidas de seguridad adecuadas, en contra de la emergencia nacional por el COVID 19?
En este periodo de aislamiento social obligatorio muchas empresas mineras han seguido con sus labores de explotación. ¿Qué tipo de acciones ha desarrollado el Ministerio de Cultura para prevenir y controlar que durante estas actividades no se hayan destruido sitios arqueológicos o históricos? La respuesta es sencilla: Ninguna. Esto por la incapacidad de sus autoridades de desarrollar planes y acciones para preservarlos.
El pasado 30 de marzo la histórica y tradicional casona conocida como El Buque se incendió en barrios Altos (Lima), destruyéndose totalmente. Esta casona estaba declarada como patrimonio cultural de la nación, pero lamentablemente abandonada por el Ministerio de Cultura.
Foto: El Comercio.
Hace unos días el gobierno ha publicado las actividades que se irán desarrollando progresivamente luego de finalizada la etapa de cuarentena nacional (aislamiento social obligatorio), pero en ninguna parte figuran las actividades culturales, como las actividades de protección de nuestro rico y variado patrimonio cultural.
Desde la primera fase del reinicio de actividades (de las 4 planteadas en un periodo de 4 meses), en la primera semana de mayo, el sector turismo sí está considerado para ser activado, con actividades como: restaurantes, hoteles, transporte, entre otros. ¿Es que acaso para la ministra Sonia Guillén, las actividades culturales no son importantes como para que sean reactivadas?.
Para la tercera fase (mes de julio 2020) se han considerado dentro de las actividades turísticas a los centros de entrenamiento y atractivos turísticos en capacidad limitada. Pero el sector cultura tampoco aparece, como no lo hace en ninguna de las fases hasta el mes de agosto. ¿Cómo se va a proteger el patrimonio cultural y que estrategias viene aplicando el Ministerio de Cultura para ello, si no figura en ninguna de las fases de reactivación para los siguientes meses?
¿Qué va a pasar con los cientos de miles de profesionales que viven trabajando en actividades culturales como: artistas, escritores, profesores, historiadores, arqueólogos, antropólogos, museólogos, conservadores, cineastas, periodistas, gestores culturales, promotores culturales, entre muchos otros? Simplemente no van a poder trabajar y todo por la incapacidad de la gestión de la ministra de cultura Sonia Guillén Oneglio de no considerarlos en la reactivación económica y social.
Lo cierto es que a partir del próximo 11 de mayo se estarían reiniciando algunas obras relacionadas con transporte (56 proyectos), saneamiento (36 obras) y explotación minera e hidrocarburos. Hasta el momento, son inciertas las acciones que tomará el Ministerio de Cultura para controlar que estas obras no afecten a sitios del patrimonio cultural peruano.
Hemos recibido información de algunos trabajadores del Ministerio de Cultura (quienes pidieron mantenerse en reserva para evitar represalias laborales), que señalan que no están de acuerdo con acudir a trabajar desde el día 11 de mayo ya que hasta el día de hoy no se prestan las garantías de seguridad sanitarias para que los trabajadores no sean infectados por el COVID. Recordaron que una semana antes del inicio del aislamiento social obligatorio, se detectó en una de las direcciones un caso de COVID 19, enviando a la trabajadora a su domicilio, sin tomar acciones inmediatas desde el despacho ministerial para prevenir o realizar test de descartes a los demás trabajadores (solo habría enviado un correo electrónico pidiendo calma a los trabajadores). Algunos trabajadores del ministerio de Cultura han sido afectados por el COVID 19, desconociéndose si existen fallecidos o no.
Y es que nuevamente lo afirmamos, el Ministerio de Cultura no está tomando ninguna acción o estrategia para que sus trabajadores no se vean afectados por el virus del COVID. Esta estrategia tiene que formularse pensando en los trabajadores del Ministerio de Cultura de todo el Perú. Esperemos el día 11 de mayo para corroborar si es que los directivos y asesores de la alta dirección del Ministerio de Cultura acuden a trabajar, o si es que solo van a dejar que el resto de trabajadores vayan a laborar arriesgando sus vidas y la de sus familias.
El día de ayer el portal del Ministerio de Cultura publicó una nota de prensa donde afirmaba que esta institución estaba creando la Unidad de Estudios Económicos para tomar decisiones oportunas en materia de cultura. Es lamentable que, en esta época de emergencia, se creen nuevas dependencias en este Ministerio de Cultura que hace unos días afirmaba que no tenía presupuesto por el cierre de sitios como Machu Picchu. Las decisiones en materia de cultura deben de ser tomadas por las altas autoridades del ministerio, no es posible que ahora quieran que estas decisiones sean derivadas a un área especial.
¿Acaso la ministra Sonia Guillén no tiene la capacidad de organizar adecuadamente su ministerio y hacer que cada viceministerio plantee políticas adecuadas para rescatar del hoyo en el que se encuentra la cultura de nuestro país? Solo se estaría buscando crear una mayor burocracia con sueldos exorbitantes con plata que sale de todos los peruanos. O en otras palabras, quiere decir que: ¿en todos estos años el Ministerio de Cultura no ha tenido la capacidad de gestionar correctamente proyectos culturales?.
Toda esta situación de caos que venimos presentando en esta y otras notas anteriores nos evidencian que el Ministerio de Cultura se encuentra en piloto automático, por la ineficaz labor de la ministra Sonia Guillén y la Viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales María Elena Córdoba Burga; esta viceministra que fue sindicada hace unos meses en malos manejos económicos cuando se desempeñó como directora de la DDC la Libertad.
A todo esto, ¿Qué le espera a la cultura de nuestro país y al inmenso patrimonio cultural? Nada esperanzador. La ministra Sonia Guillen es una persona que se encuentra considerada dentro de la población vulnerable, con sus casi 70 años de edad. El día 7 de mayo la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Sylvia Cáceres aseguró a los medios de comunicación que las personas mayores de 60 años no podrán retornar a laborar cuando se levante el aislamiento obligatorio. ¿Acaso será que debido a que la ministra de cultura se encuentra inmersa en la población de riesgo el Ministerio de Cultura sigue como ha estado toda esta etapa de emergencia en piloto automático y sin acciones concretas? ¿Acaso esto quiere decir también que a partir del día 11 de mayo tampoco podrá retomar sus labores como ministra por estos motivos? ¿A esto se debe que la ministra Sonia Guillén no asiste a las conferencias de prensa ni a otras reuniones con el presidente Vizcarra?
Tomando la palabra de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, la ministra de cultura Sonia Guillén no deberá seguir al frente del Ministerio de Cultura por estar ubicada dentro de la población vulnerable. También, por la forma como conduce este ministerio, llevándolo al abismo en esta etapa de emergencia nacional, perjudicando la cultura de todo un país, lo que solo demuestra que no conoce de gestión cultural.
Esperamos la comunicación y una profunda investigación de parte de la Comisión de Cultura del Congreso de la República; mientras tanto la población invoca al presidente Vizcarra a realizar cambios urgentes en la alta dirección de este Ministerio de Cultura que desde hace mucho tiempo se encuentra en piloto automático.
Además, en la reunión que tuvo la ministra Sonia Guillén con la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, el abogado Juan Carlos Ruiz, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, señaló que la ministra Guillén: “Actúa con indolencia. Si el país está en emergencia, los pueblos indígenas lo están aún más por la precaria infraestructura de salud y la ausencia de personal de salud en las comunidades indígenas”.
Muertes en los quirófanos. El Ministerio de Salud (Minsa) emitió la “alerta sanitaria” n.° 38 -2025 ante el reporte de varios casos de pacientes que registraron reacciones adversas al suero fisiológico proveniente de un lote en específico; la situación se agravó aún más cuando se informó sobre la muerte de tres personas de distintas regiones del país a consecuencia de la aplicación de ese suero. A detalle se trata de dos pacientes de la Clínica Sánchez Ferrer de Trujillo y uno más de una persona en Cusco que se había sometido a una liposucción.
De acuerdo con el Minsa, la alerta se activó tras la identificación de cuatro casos iniciales de reacciones adversas “no graves” en clínicas de Lima y Cusco, registrados el 22 de marzo de 2025 en la base de datos nacional de farmacovigilancia. Posteriormente, al 24 de marzo, el número de casos ascendió a diez, distribuidos en las regiones de Lima (4), Cusco (4) y La Libertad (2). Entre estos, dos casos graves fueron reportados en Cusco, lo que incrementó la preocupación sobre la seguridad del producto.
En tanto, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), entidad adscrita al Minsa, ha ordenado la retirada inmediata de todas las unidades de este lote en particular y procederá a su evaluación.
fuente: latina.
Clínicas deslindan responsabilidad
Por su parte, la clínica de Cusco Medical Network 02 emitió un comunicado donde deslinda toda responsabilidad médica en relación al fallecimiento de una paciente tras someterse a una liposucción. La clínica aclara que el médico que atendió a la paciente “no forma parte del staff permanente de nuestra clínica, sino que fue contratado directamente por la propia paciente para la realización de un procedimiento específico”. Asimismo, el mencionado centro médico indicó que tomará “acciones legales” contra Medifarma y M&M Productos Médicos y Farmacéuticos SRL”.
La clínica Sanna informó que desde el lunes se conoció que el laboratorio farmacéutico Medifarma había anunciado la presencia de un lote defectuoso de suero fisiológico. En ese sentido precisaron que este producto fue retirado ya de su red de clínicas.
Este 28 de marzo artistas confirman nueva manifestación ¡Marchamos todos! ‘No queremos Morir’
La movilización iniciará en el Parque Bustamante y Rivero, en San Isidro desde las 5 p.m. y se dirigirá hacia el Ministerio del Interior, con el fin de exigir al Gobierno de Dina Boluarte que tome medidas inmediatas contra la criminalidad.
Así como ocurrió el pasado viernes 21 de marzo, ciudadanos a través de diferentes plataformas han difundido una nueva convocatoria para manifestarse este viernes 28 de marzo, a las 5 de la tarde, en el Parque José Luis Bustamante y Rivero, en San Isidro. La protesta lleva como nombre ¡Marchamos todos! y en el cual los asistentes partirán desde el parque sanisidrino y se dirigirán a la sede del Ministerio del Interior, ubicada en la Av. Canaval y Moreyra.
Convocatoria ArtistasXlapaz para el viernes 28 de marzo.
Marcharán los artistas
Distintos artistas de salsa, cumbia, DJs, cantantes solistas y otros representantes del ámbito musical han compartido y difundido publicaciones sobre la convocatoria, e hicieron un llamado a la población a sumarse a la protesta. El objetivo de esta manifestación es exigir al Gobierno de Dina Boluarte, que tome acciones contra la criminalidad que día a día somete a la población a los más viles vejámenes y los asesina a mansalva, tal como ocurrió con la tragedia por el reciente homicidio del cantante Paul Flores.
Dina Boluarte advierte: “No descansaremos hasta devolverle al pueblo la seguridad que merecen”.
Hace 11 días asesinaron a Paul Flores
Apenas hace una semana, la reconocida agrupación Armonía 10 compartió un mensaje en redes sociales en memoria de Paul Flores (39 años), conocido como ‘Ruso’, quien perdió la vida la madrugada del domingo 16 de marzo, tras ser víctima de un atentado armado. Se presume que el crimen estuvo vinculado a extorsionadores que habrían amenazado a la banda de cumbia.
Por causa de este execrable suceso, la ola de indignación en la comunidad artística y en la ciudadanía en general creció enormemente, y se organizó una primera marcha (21 de marzo) en la que cientos de personas salieron a las calles para exigir al Gobierno que tomen acciones rápidas y efectivas contra el crimen organizado, para que “no los sigan matando”.
En menos de diez días, una serie de denuncias sobre la gestión de la directora del colegio Santa Rosa de Lima, la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo, ha llegado a la redacción de Lima Gris. Hemos publicado aquellas respaldadas con documentos oficiales y testimonios de fuentes involucradas, entre ellas: la asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico con dinero de los padres de familia y la manipulación del proceso de contratación docente.
Ahora, hemos accedido al documento titulado Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú. Este convenio establece que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer exclusivamente en un oficial PNP. Es decir, el nombramiento de la suboficial Cama Trebejo sería irregular y contrario a la normativa vigente.
En la cláusula quinta del documento, titulada “Compromiso de las Partes”, se especifica que la Dirección de Bienestar de la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de designar en el cargo de Director, a un Oficial PNP. El convenio claramente señala: «podrán celebrar Convenios de Cooperación Institucional con la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía siempre, reconociendo como Director de II EE PNP, al Oficial designado por el Mininter (Ministerio del Interior)».
El nombramiento irregular de la suboficial Cama Trebejo no es un asunto menor; sería una violación directa a un convenio que busca garantizar una gestión adecuada en los colegios administrados por la PNP. Permitir que estas irregularidades se normalicen pone en riesgo no solo el cumplimiento de la normativa, sino también la calidad educativa de cientos de estudiantes.
En el mismo convenio, en la cláusula décimo segunda se señala: «En caso de incumplimiento, dentro de los 15 días calendario de producido el mismo, la parte afectada requerirá a la otra el cumplimiento de los compromisos asumidos, otorgándole un plazo de 15 días hábiles, bajo apercibimiento que el convenido quede resuelto de pleno derecho».
Es importante señalar que el convenio fue firmado por los exministro Daniel Alfaro y Carlos Morán. La educación no es un juego ni un espacio para la improvisación o el favoritismo. Es un derecho fundamental que debe ser protegido con responsabilidad y transparencia, y en este caso, es el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior quienes deben responder con acciones concretas.
No es posible que algunos integrantes de la Policía Nacional del Perú manejen espacios educativos como si fuera una chacra. Lo que más sorprende que esto sucede frente a los ojos del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior.
El pasado jueves 20 de marzo cuatro alumnos de la institución educativa Pinson Valley High School, en Alabama (EE.UU.), viajaban en una camioneta rumbo a sus casas cuando sufrieron un accidente por fallas mecánicas, estrellándose contra un árbol.
Las edades de los estudiantes fluctúan entre los 15 y 16 años y entre los heridos está nuestro compatriota Víctor Guerrero Marchena, quien se encuentra hace seis días en cuidados intensivos del Childrens Hospital de Alabama USA, con lesión cerebral y múltiples fracturas en la cara, nariz y cuerpo, necesitando múltiples cirugías y un proceso de recuperación largo y costoso.
No dejemos solos al adolescente Víctor Guerrero Marchena y la ayuda la pueden enviar a su familiar Javier Hip Marchena: cuenta ahorro soles Scotiabank Cuenta Ahorro Soles N° 0023473010 y Código de Cuenta Interbancario N° 00920220002347301037
Sus padres son músicos y como tantos peruanos hace unos años emigraron a Estados Unidos de Norteamérica en busca de mejores oportunidades. Este es el momento de ser solidarios con un chico estudioso y talentoso cuya vida está en riesgo y tiene tan solo 16 años.
Nuevo escándalo: acusan a directora de manipular proceso de contratación de docentes en colegio PNP Santa Rosa de Lima
Directora del colegio arrastra irregularidad de vacantes, construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación de docentes.
Cuatro docentes han denunciado a la directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima, la suboficial Flor Betzabé Cama Trebejo, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación docente para el año 2025, llevado a cabo en febrero. A pesar de haber presentado su reclamo ante el Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, esta entidad les dio la espalda. Ante la falta de respaldo, ayer elevaron su denuncia a la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía. Lima Gris tuvo acceso al documento, el cual evidencia un caso de abuso de autoridad.
El 17 de febrero, cinco días después de la publicación de los resultados, la docente Mirtha Calderón recibió una carta firmada por la directora Flor Betzabé Cama Trebejo. En el documento, se detallaban los supuestos “criterios de evaluación” utilizados en el proceso de contratación. Según la directora, el puntaje se distribuía de la siguiente manera: “Título profesional (37puntos), formación continua 2024 (02 puntos), méritos y/o felicitaciones (02 puntos) y entrevista (45 puntos)”. Aunque no se especificó el puntaje máximo, la suma de estos valores reveló que los postulantes competían por un total de 86 puntos.
Directora Flor Betzabé Cama Trebejo.
La jugada de la entrevista personal
De acuerdo con el Ministerio de Educación, el título profesional es un requisito indispensable para la contratación docente. Quienes cumplían con esta condición debían recibir automáticamente los 37 puntos asignados. Hasta ese momento, el proceso parecía seguir un criterio imparcial. Sin embargo, la verdadera diferencia radicó en la distribución de los 49 puntos restantes.
Bajo esta fórmula, logros como un grado de maestría, un reconocimiento por buen desempeño, la experiencia profesional y la actualización académica quedaban reducidos a un máximo de 02 puntos, sin aclarar si eran acumulativos. En contraste, la entrevista personal tenía un peso determinante: 45 de los 49 puntos en disputa dependían del cuestionario realizado por un jurado compuesto por la directora, el subdirector y una docente, lo que dejaba un amplio margen de subjetividad en la calificación final.
La profesora Fanny Morán, quien laboró en el colegio Santa Rosa de Lima durante el 2024, declaró a Lima Gris: “El año pasado también hubo reclamos y, en enero de 2024, Inspectoría de la Policía reevaluó el proceso. Salí en segundo puesto y mi ficha de desempeño laboral de ese año es destacada. Sin embargo, este año, con este nuevo método no aprobé. Informé a la directora que tengo una maestría en Educación, 21 años de experiencia en aula, capacitación actualizada, un libro registrado en la Biblioteca Nacional, y he sido asesora pedagógica de la UGEL y la DRE. Pero su respuesta fue que eso no lo había evaluado. Prácticamente me dijo que mi trayectoria no vale”.
Carta al coronel Quiroz Dávila
Al día siguiente de la publicación de los resultados del “proceso de evaluación”, el 13 de febrero, los docentes Karen Barreto, Fanny Morán, Mirtha Díaz y Luis Almeida enviaron una carta manuscrita al coronel Erick Augusto Quiroz Dávila, jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP. En ella denunciaron las presuntas irregularidades en el proceso, señalando que este había favorecido a ciertos docentes de manera arbitraria. El documento evidenciaba una serie de maniobras premeditadas por parte de la directora Cama Trebejo, las cuales detallamos a continuación.
Coronel Erick Augusto Quiroz Dávila.
La carta inicia con una denuncia clara: “No se publicó el cronograma con sus criterios de evaluación”. Dos semanas después, el coronel Quiroz Dávila respondió afirmando que la convocatoria fue publicada el 6 de febrero en la página de Facebook Prensa Escolar La Voz Santarrosina 2018.
“El anuncio fue publicado en Facebook el 06 de febrero a las 10:30 de la mañana. Este describe que el plazo para la recepción de expedientes es el 06 y 07 de febrero”, afirma la docente Mirtha Díaz, quien laboró por 11 años en el colegio Santa Rosa. Esto revela que los profesores tuvieron menos de 24 horas para enterarse del proceso y postular sus expedientes. No hubo un canal formal de comunicación del proceso. Lima Gris comprobó que el anuncio fue borrado de la mencionada página de Facebook.
Otro punto crítico es que no existieron “criterios de evaluación”. Cuando los docentes exigieron claridad sobre estos, la respuesta del jefe del Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP resultó desconcertante: “La Directora dio a conocer las pautas de calificación del expediente y entrevista en concordancia con la mencionada directiva”. El coronel respalda la fórmula de puntuación de Cama Trebejo. Pero no responde: ¿Cuáles son y donde están los criterios de evaluación?
“No tuvimos ningún tipo de información durante el proceso. Un requisito para ser contratado en 2024 en el colegio Santa Rosa era haber aprobado el examen de nombramiento docente a la Carrera Pública Magisterial, yo he aprobado este año, sin embargo, ningún mérito ha sido tomado en cuenta por la directora”, afirma Karen Barreto, docente que laboró el año pasado en la mencionada escuela.
La profesora Barreto le tiene mucho cariño a este colegio “pues aquí estudié primaria y secundaria, cuando todo era tierra y no había pabellones, fueron 11 años de mi vida, y como docente el año pasado me he empeñado por mejorar la enseñanza de mis niños, el que no tengan a los mejores docentes no es culpa del Estado, sino de una evaluación injusta, lo padres de familia deben darse cuenta y plegarse a nuestro reclamo, porque son sus hijos los más afectados por la calidad educativa”.
En su denuncia, los docentes también cuestionan al jurado calificador de la etapa de entrevista y señalan que no debió integrarse como sub director de nivel primario a Fernando Quijano Alvarado, pues su título profesional corresponde al nivel secundario. Asimismo, denunciaron la ausencia de un actor clave en el proceso: el representante de los padres de familia en el Consejo Educativo Institucional (CONEI), Luis Alberto Garay Kuga, cuya participación en la evaluación de expedientes y entrevistas era obligatoria.
Respuesta de la directora.
Violaron la Ley
Según la norma vigente “que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para la contratación y renovación de profesores en el servicio docente en educación básica y técnico-productiva en el marco de la ley 30328”, es competencia de cada UGEL “determinar los puestos y/o cargos que conforman el comité” de contratación. Algo que la directora Flor Betzabé Cama Trebejo, no ha tenido en cuenta en su proceso de evaluación.
Los profesores señalan que la directora justifica su fórmula de evaluación afirmando de las instituciones Educativas de la PNP tienen independencia, sin embargo, la norma mencionada anteriormente precisa en su artículo 3 que el ámbito de su aplicación alcanza a “Instituciones Educativas Públicas gestionadas por el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior de Educación Básica y Técnico-Productiva”.
Norma vigente.
En el proceso de contratación ideado por Cama Trebejo, el comité tampoco realizó el “cuadro de méritos en la etapa de evaluación de expedientes” que la norma establece en su artículo 5.2.
No se encuentran títulos de Docentes
Como resultado de este proceso de contratación, Lima Gris comprobó que, de un total de 8 docentes contratados en Primaria en el Colegio Santa Rosa, solo 4 registran título en Educación en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) o en el portal de “consulta de grados y títulos” del Ministerio de Educación. Uno alcanza al grado de bachiller y los otros tres no tienen registro en estas plataformas. Otro docente en al área de Arte y Cultura, del nivel secundario, tampoco se encuentra registrado.
Esta omisión viola, una vez más, la norma. Pues en su artículo 5.2 establece que el comité debe “Verificar en la Plataforma de Consulta Pública de Grados y Títulos de Educación Superior del Minedu que el título pedagógico de los postulantes se encuentre registrado, en el siguiente enlace: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/”.
Este artículo también especifica “Verificar en la plataforma de la SUNEDU, que el título universitario de licenciado en educación u otro de los postulantes al procedimiento de contrato, se encuentre registrado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales”. A la luz de la normativa vigente, son innumerables los vicios que las autoridades encontrarán en este proceso de contratación si toman cartas en el asunto.
A diez días de iniciadas las clases en el colegio Santa Rosa de Lima que es administrado por la Policía Nacional del Perú, son varias las denuncias que han llegado a la redacción de Lima Gris, sobre la directora Cama Trebejo. La asignación irregular de vacantes, la construcción de tres aulas sin un expediente técnico y un cuestionado proceso de contratación docente, son solo la punta de un iceberg.
Ayer, el expediente de denuncia de los profesores, con toda la documentación sustentatoria sobre el proceso de evaluación docente en el colegio Santa Rosa, ha sido enviado vía mesa de partes, al general PNP Antero Rasendo Mejía Escajadillo, director de Bienestar y Apoyo al Policía. Esta entidad, regula al Departamento de Gestión de Servicios Educativos de la PNP, el cual ha sido cómplice de la pésima gestión de Cama Trebejo.
Las entidades responsables, desde la Dirección de Bienestar y Apoyo al Policía hasta el Ministerio de Educación, deben intervenir para garantizar un proceso de contratación docente basado en la meritocracia y la transparencia. No se puede permitir que estas irregularidades sigan afectando la educación de cientos de estudiantes ni que el abuso de autoridad se normalice.
La educación pública no puede ser rehén de intereses personales; es momento de actuar con firmeza y recuperar la confianza en un sistema hoy cuestionado. Mientras no se tomen medidas concretas, los 900 alumnos del IE PNP Santa Rosa de Lima 2001, quedan expuestos a un sistema que prioriza el favoritismo sobre el mérito.
Mientras la directora Cama Trebejo continúa guardando silencio, desde las oficinas del Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior nos comunicaron que han solicitado una investigación y en las próximas horas se han comprometido en brindar una respuesta formal de lo que viene ocurriendo en el colegio de la familia policial.
Todo por ‘Facu’: madre de niño con distrofia muscular camina de Tacna a Lima solicitando apoyo [VIDEO]
Brenda Barazorda camina más de mil kilómetros llevando un chaleco con un QR para que los buenos ciudadanos le donen un poco de dinero y así recaudar 15 millones de soles lo que vale el tratamiento.
Madre solo hay una. No cabe duda de que el amor de una madre no conoce límites ni barreras, tampoco impedimentos físicos o mentales, y mucho menos las distancia. Brenda Barazorda ha iniciado una larga caminata desde Tacna hasta Lima llevando consigo un chaleco con un enorme QR para que las personas le puedan colaborar. El único propósito es salvarle la vida a su hijo que sufre una rarísima enfermedad llamada distrofia muscular de Duchenne.
Según Barazorda, Facundo fue diagnosticado con este mal genético cuando tenía seis años, y desde entonces viene recibiendo terapias físicas y medicamento; sin embargo, los únicos que son aprobados en el Perú ocasionan efectos secundarios.
En setiembre del 2024, la campaña ‘Todo por Facu’ se formó con el objetivo de acceder a un tratamiento genético llamado Elevidys, uno de los más costosos del mundo y que promete retrasar e incluso detener el avance progresivo de la enfermedad.
Luego de hacer rifas pro fondos y pedir colaboraciones voluntarias para lograr su meta, Brenda y su familia decidieron promover la recaudación de donaciones por medio de un reto: caminar por más de 15 días desde Tacna hasta la ciudad de Lima.
Brenda Barazorda lleva su quinto día de caminata y ya se encuentra en la región Moquegua. La madre de Facundo publica videos en la página oficial de Facebook ‘Todo por Facu’, donde registra sus avances y explica en qué parte de la ruta se encuentra.
fuente: bdp.
Ya que el monto es muy alto, Barazorda calculó que una donación de S/ 15 hecha por al menos un millón de personas que conozcan el caso de su hijo, es suficiente para lograr su meta. Así lo hizo saber en su primer video publicado luego de iniciar su reto.
Las personas de buen corazón que deseen enviarle un pequeño donativo pueden hacerle a la cuenta de la madre de Facundo.
Yape: 995648500, a nombre de Brenda Barazorda Valer
Cuenta BCP S/: Cuenta Ahorro Soles 19122064504077 y CCI 00219112206450407758, a nombre de Brenda Barazorda Valer
Cuenta BCP $: Cuenta Ahorro Dólares 19196562381156 y CCI 00219119656238115652, a nombre de Jorge Luis Ordóñez Ruiz
Cuenta Fifth Third Bank $: Cuenta de Cheques 7992611793, Código Swift ftbcus3c, dirección 38 Fountain Square Plaza, Cincinnati, OH, 45263
Cuenta PayPal: (i) Usuario: @jorgeordonezruiz (ii) Correo: jorge.ordonez.ruiz@hotmail.com (iii) Paypalme: www.paypal.me/jorgeordonezruiz
A alentar, pero desde casa. Desde que asumiera Dina Boluarte a la presidencia del Perú los lazos con el gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro se encuentran en una constante tira y afloje entre ambos países debido a discrepancias políticas.
Bajo ese contexto, la Cancillería peruana emitió recientemente un comunicado desaconsejando a los ciudadanos viajar a Venezuela para alentar a la ‘Bicolor’ en su partido válido para las Eliminatorias al Mundial 2026.
El encuentro, programado para el martes 25 de marzo en el estadio Monumental de Monagas, en la ciudad de Maturín, enfrenta a Perú contra la Vinotinto en un contexto de tensión política y limitaciones logísticas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró las recomendaciones emitidas el 28 de diciembre de 2024, destacando que la ausencia de funcionarios consulares peruanos en Venezuela, expulsados tras el quiebre diplomático, dificulta cualquier tipo de apoyo a los connacionales.
“Se desaconseja el viaje de peruanos a Venezuela debido a las limitaciones para prestar asistencia”, señala el comunicado oficial.
fuente: 24 horas.
El Perú no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela
Cabe recordar que desde el pasado 28 de julio del año pasado nuestro país no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela, debido a un presunto fraude electoral.
La postura peruana derivó en la ruptura de relaciones y la expulsión mutua de cuerpos diplomáticos y desde agosto de 2024, Brasil asumió la representación consular peruana en Venezuela, conforme a la Convención de Viena.
A la fecha y desde septiembre de 2024, tres peruanos permanecen detenidos en Venezuela, de los cuales no se recibe ninguna información de parte del régimen chavista.
A inicios de febrero, el canciller peruano Elmer Schialer dijo que, al no contar con representación diplomática en Caracas, se ha recurrido a las autoridades diplomáticas como intermediarias, sin resultados favorables hasta el momento. Los peruanos detenidos en Venezuela fueron identificados como Renzo Huamanchumo Castillo, Ricardo Meléndez Guerrero y Carlos Madrid Martínez.
Como manda la Ley. El Tribunal Constitucional (TC) ha emitido una sentencia que obliga al Banco Central de Reserva (BCR) a cumplir con las disposiciones legales sobre el uso correcto del escudo nacional y el lema “Firme y Feliz por la Unión” en la acuñación de monedas y billetes.
Según informó la oficina de imagen institucional del TC, esta decisión responde a la demanda interpuesta por el experto en protocolo de Estado, Carlos Tenicela Ninamango, quien denunció al BCR en el año 2022 a que respete las normas vigentes.
La resolución, emitida en el marco del expediente 01303-2023-PC/TC, declara fundada en parte la demanda de Tenicela Ninamango, quien argumentó que el BCR no ha cumplido con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Ley 11323 de 1950 y la Resolución Legislativa de 1825. Estas normativas exigen el uso correcto del escudo nacional y el lema en las monedas y billetes emitidos por la entidad.
El TC ordenó que el cumplimiento de esta disposición se materialice en el próximo circulante de monedas y billetes que emita el BCR, con forme a la Ley 32251.
“Está constituido por un timbre una corona cívica de encina, cerrada, vista de plano, y el blasón está sostenido a cada lado por dos estandartes nacionales con la bandera nacional, uno pequeño adelante y uno grande atrás, y las banderas nacionales entrelazadas en la parte inferior”, decía la referida norma.
Tenicela Ninamango argumentó que el artículo 49 de la Constitución Política de 1993 establece los símbolos de la patria y sus características, y que el BCR ha venido utilizando un escudo nacional que no se ajusta a lo dispuesto en la Resolución Legislativa de 1825. Asimismo, señaló que tanto esta resolución como el Decreto Ley 11323 son normas vigentes, y que el BCR no ha demostrado que hayan sido derogadas.
▶️ La Sala Primera del Tribunal Constitucional ordenó al @bcrpoficial dar cumplimiento al mandato contenido en la Ley 32251 y hacer uso correcto del escudo nacional y el uso del lema nacional “Firme y Feliz por la Unión” en la acuñación de las monedas y billetes que emite. pic.twitter.com/3Ax9VyYd2p
— Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) March 19, 2025
Con esta sentencia, el BCR se encuentra obligado a ajustar sus prácticas en la emisión de monedas y billetes para alinearse con las normativas que regulan los símbolos patrios. Esto implica que el próximo circulante deberá reflejar fielmente el escudo nacional y el lema “Firme y Feliz por la Unión”, tal como lo establece la legislación vigente.