El alcalde de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, durante la madrugada de hoy martes fue detenido preliminarmente, tras ser acusado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en la región Lambayeque.

Además, del alcalde, también fueron detenidos otros cinco funcionarios municipales.

El equipo conformado por agentes del Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Policía Contra la Corrupción, lo intervino en su propio domicilio ubicado en la urbanización El Algodonal, tras haber pedido licencia por motivos de salud.

Carmona Cruz fue detenido por 7 días y según la tesis fiscal, conformaría una organización criminal ‘Los Ediles del Norte’, que habría direccionado contratos en favor de ciertas empresas para servicios de mantenimiento durante el 2023 y es considerada como la más rica del norte del país, pues recibe más de 350 millones de soles en transferencias por canon minero y regalías.

La fiscal Ana Zegarra estuvo al cargo de la operación, debido a que el alcalde es sindicado de haber realizado actos colusorios en febrero de 2023 junto a servidores y exservidores municipales, y una empresa. Ellos estarían detrás de un supuesto mantenimiento de la Plaza de Armas y trabajos en el camal municipal que fueron cancelados sin haber sido concluidos, lo que generó un perjuicio económico en agravio del Estado peruano.

Por ello, el juzgado de turno dispuso allanamiento con orden de descerraje e incautación en los inmuebles de los investigados en Ferreñafe, Batán Grande, Chiclayo, Lambayeque y Pimentel.

No es el único alcalde detenido

El alcalde provincial de Ferreñafe, Polanski Carmona Cruz, no ha sido el único burgomaestre detenido en las últimas semanas.

También, el pasado 24 de abril el burgomaestre de Umachiri, Martín Huamán, fue intervenido tras haber sido denunciado por presuntamente pedir el pago de una importante suma de dinero a una empresa contratista. Él fue acusado de haber incurrido en el presunto delito de cohecho pasivo impropio, al pedir a los representantes del consorcio que ganó la licitación para la construcción de la institución educativa 86, el pago de S/ 50 mil para poder continuar con la obra.

La Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por el congresista Diego Bazán (Avanza País), dio lectura de la sanción de amonestación escrita pública, en el Expediente N. º 130-2022-2023/CEP-CR, contra el congresista Edgar Tello Montes (BMCN).

A Tello Montes se le acusó de haber solicitado aportes de las remuneraciones y bonos de sus trabajadores, aunque no se corroboró dicha denuncia; sin embargo, sí se acreditó haber vulnerado el Código de Ética al haber recibido una donación de dinero, pese a la prohibición expresa del referido documento.

En estricto, el pedido de donación fue por 8 mil dólares a la oficina económica de Taipéi, para la adquisición de ollas, cocinas y otros, para las ollas comunes.

Por todo ello, se declaró fundada en parte la denuncia de oficio contenida en el mencionado expediente, por presunta infracción a la ética parlamentaria establecida en diversos artículos del Código de Ética y su respectivo reglamento.

Es así que el grupo de trabajo le impuso una amonestación escrita pública con multa de 60 días de su remuneración, a aplicarse de conformidad con los estipulado en el artículo 36 del Reglamento del Código de Ética.

Denuncia contra congresista Amuruz por insultar al presidente de la comisión llegó a una conciliación

Más adelante, durante la audiencia correspondiente al Expediente N.° 175-2023-2024/CEP-CR, seguido en proceso de flagrancia contra la congresista Rosselli Amuruz Dulanto (AvP), tanto el denunciante, Jorge Marticorena Mendoza (PB), como la denunciada, llegaron a un acuerdo de conciliación.

Esta figura se dio de acuerdo con el artículo 39 del reglamento del Código de Ética parlamentaria, en donde se afirma que “la Comisión podrá extender sus buenos oficios hacia la búsqueda de una conciliación entre las partes, siempre que se deje a salvo la vigencia de los principios éticos que rigen la conducta de los congresistas”.

El presidente de la comisión, al considerarse tercero involucrado, dio por aceptadas las disculpas de la congresista Rosselli Amuruz Dulanto. En la siguiente sesión (lunes) se dará lectura de la resolución respectiva.

Al pendiente denuncias contra Kira Alcarraz y Raúl Doroteo

Asimismo, la comisión evaluó el Expediente N. º 164-2023-2024/CEP-CR contra la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú), acusa de haber hecho declaraciones públicas, el 14 de diciembre de 2023, con expresiones agraviantes contra el congresista Juan Lizarzaburu (Fuerza Popular) y a su madre. La denuncia fue interpuesta por Alfredo Vera Delgado.

Luego de la participación del congresista agraviado y de los alegatos de la congresista Alcarraz Agüero, el presidente de la comisión dio por concluida la audiencia y el proceso de investigación, e informó que queda expedito el camino para la elaboración del informe final.

También se evaluó el Expediente N.º 171-2023-2024/CEP-CR en la denuncia de oficio contra el congresista Raúl Doroteo Carbajo (AP), quien solicitó reprogramar la audiencia debido a que dijo estar enfermo.

Hoy la congresista de la bancada de Perú Libre, Margot Palacios, indicó que su agrupación parlamentaria (Perú Libre) evaluará en unas horas una nueva moción de vacancia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, tras las recientes revelaciones del exministro Carlos Morán, que aseguró que el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, le pidió a Harvey Colchado información que pudiera perjudicar al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y al fiscal Hernán Mendoza, a cargo de la investigación contra el ‘hermano presidencial’ Nicanor Boluarte, a cambio de un presunto favorecimiento de plaza en la Policía Nacional del Perú (PNP).

La legisladora señaló que este lunes 13 de mayo debatirán las acciones que tomarán como bancada para hacer efectiva sus funciones de control político y de fiscalización, dijo en entrevista a Exitosa.

“Nosotros como bancada vamos a tener una reunión en la noche y vamos a evaluar esta situación, en la cual ameritaría hacer efectiva nuestras funciones de control político y de fiscalización frente a todas estas informaciones tan evidentes que hemos estado viendo a partir del viernes”, enfatizó.

Palacios Huamán tampoco descartó la posibilidad de presentar una denuncia constitucional, o vacancia presidencial por “la continua forma de incapacidad moral” que presenta la presidenta Dina Boluarte.

“Siempre va estar latente el hacer una denuncia constitucional, una vacancia presidencial, por la continua forma de incapacidad moral que viene demostrando la señora Dina Boluarte, no solamente en querer proteger a su hermano a cambio de dar puestos laborales o ascender como habría pretendido hacer con el señor Colchado. Vamos a evaluarlo y hay la posibilidad de iniciar acciones”, agregó.

“Las bancadas de derecha pusieron en el cargo a Dina Boluarte”

La parlamentaria Palacios Huamán rechazó que este sea un Gobierno de Perú Libre y aseguró que las bancadas de derecha fueron quienes pusieron en el cargo a Dina Boluarte.

“(¿Es un Gobierno de Perú Libre?) Esa versión nadie la cree. Tienen que entender muy bien que ellos pusieron a Dina Boluarte. A partir del 7 de diciembre de 2022, ellos fueron los que, con sus votos, vacaron a Pedro Castillo y después ellos recibieron en el Congreso de la República a Dina Boluarte. Es su Gobierno de ellos, la vienen blindando y por eso no pasan ninguna de las cuatro mociones de vacancia”, concluyó la legisladora de Perú Libre.

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, se pronunció sobre las presuntas obstrucciones de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en las investigaciones a su hermano Nicanor Boluarte. Según dijo, las acusaciones estarían impulsadas por “caviares”.

“Nosotros no vamos a ver nada de vacancia”

El legislador descartó que desde la bancada de Renovación Popular promoverán una vacancia presidencial contra Dina Boluarte.

“Mientras no haya una definición de la situación real y no solamente informaciones del ámbito mediático orientado por un grupo de caviares, nosotros no vamos a ver nada de vacancia”, declaró a los medios de prensa.

Además, indicó que la Fiscalía de la Nación debe tener pruebas para poder actuar y concretar investigaciones.

Investigaciones de la Fiscalía solo se manejan en ‘dichos’

El parlamentario también minimizó la labor del Ministerio Público (MP) y señaló que investigaciones actualmente se vienen manejando “solo en dichos”, más no en pruebas.

José Cueto también fue consultado sobre la revelación del exministro del Interior, Carlos Morán, que dijo haber sostenido una reunión con la presidenta Dina Boluarte en presencia de su hermano Nicanor y el abogado Mateo Castañeda.

“Se siguen tejiendo novelas alrededor. Ella (Dina Boluarte) tiene que salir y dar la cara; no es malo que se reúna con la gente, pero cuando la connotación puede llegar a un delito, entonces tiene que dar explicaciones”, concluyó el congresista de Renovación Popular Cueto.

La subcomisión del Congreso que deberá seleccionar al nuevo Contralor General de la República, aprobó con 5 votos a favor y 4 en contra la candidatura del abogado Pedro Cartolín Pastor, quien fue propuesto por la presidenta Dina Boluarte para reemplazar a Nelson Shack, cuya gestión terminará en la quincena de julio próximo, tras un periodo de 7 años.

A pesar de algunos cuestionamientos, Cartolín pasó el primer filtro del proceso para llegar a la Contraloría. Mañana se presentará el informe final y luego se derivará a la Comisión Permanente para su respectiva evaluación. En caso allí también se respalde lo actuado por la subcomisión, entonces pasará al Pleno que deberá nombrar a Cartolín.

No obstante, la probabilidad de que la propuesta de Cartolín no pase en la Comisión Permanente es mayor, si se toma en cuenta que los congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Perú Libre y Cambio Democrático rechazaron con sus votos en la subcomisión promover a Cartolín para que sea el nuevo contralor. Si eso sucediera, entonces, tendrían que iniciar un nuevo proceso de selección.

¿Cuál es el perfil de Pedro Cartolín?

Según su currículo, Pedro Cartolín tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Garcilaso de la Vega y una maestría en Derecho Constitucional en la Pucp. También, ha sido juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y juez supremo provisional en la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.

Sin embargo, también se ha constatado que Cartolín Pastor registra investigaciones fiscales. Una resolución emitida, que data del 20 de noviembre del 2017, en la que figura como imputado por la comisión del presunto delito de usurpación de la función pública o de la autoridad militar y policial por resistencia a la autoridad. También aparece en otros dos casos más como imputado por los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, pero los mismos aparecen como archivados de manera definitiva.

Expedientes fiscales de candidato a la Contraloría, Pedro Cartolín. Fuente Latina.

Además, existe otro expediente de Pedro Cartolín por el presunto delito de encubrimiento personal y omisión de denuncia que está archivado, pero pendiente de calificación si es preliminar o definitivo.

Finalmente, otros tres expedientes fiscales que señalan a Cartolín en calidad de agraviado, pero que ya tienen la condición de archivado de manera definitiva y preliminar.

Candidato a contralor tiene diversas faltas de transito

Según información que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) trasladó al Congreso, Pedro Cartolín tuvo papeletas por haber cometido diferentes faltas de tránsito. La primera sucedió el 10 de octubre del 2004 cuando lo sancionaron con un D01 por conducir con exceso de velocidad. Luego, el 25 de marzo del 2007 le impusieron la misma infracción.

Posteriormente, la tercera papeleta sucedió el 17 de febrero del 2010 cuando a Cartolín le impusieron la sanción G47 que significa «estacionar en lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros o carga o que afecte la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o impida observar la señalización».

Registro de papeletas de tránsito de Pedro Cartolín.

Finalmente, la cuarta y quinta papeleta de quien pretende asumir la dirección de la Contraloría de la República, se dieron el 25 de enero y 6 de abril del 2016, cuando le aplicaron G57 (no respetar las señales que rigen el tránsito, cuyo incumplimiento no se encuentre tipificado en otra infracción) y L01 (dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos).

Congreso aprobó dictamen para que contralor Nelson Shack siga en el cargo hasta designación de su sucesor

En la quincena del mes de abril, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen de los proyectos de ley 3523/2022-CR y 4674/2022-CR, que autoriza la continuidad en funciones del actual contralor general de la república Nelson Shack Yalta, hasta la designación de sustituto por el propio Poder Legislativo.

Con 72 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, el Parlamento decidió, en primera votación. Ahora, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurrido siete días calendario.

Según la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y de la Contraloría General, el cuestionado contralor Nelson Shack fue designado por un periodo de siete años y su vigencia debía mantenerse hasta julio 19 de julio del 2024.

“Finalizado el período de siete años, el contralor general de la República continuará en funciones hasta que el Congreso de la República designe al nuevo contralor general de la República”, se mencionó una parte del dictamen.

Además, establece que, dentro de los tres meses previos al término del periodo de la designación del contralor, la presidenta de la república remite al Congreso su propuesta para la nueva designación.

Es decir, el contralor general de la república es elegido a propuesta del Poder Ejecutivo y designado por el Congreso para un periodo de siete años.

Cuestionaron medida que favorece a Shack Yalta

La parlamentaria Silvana Robles indicó que, el contralor Nelson Shack quien pretendió encubrir el escándalo de los Rolex de Dina Boluarte, ahora sea beneficiado por “el fujimontesinismo” por aprobar ley que amplía su mandato.

A la mandataria le quitan toda su “bisutería fina”. Durante las diligencias del pasado 8 de mayo se anticipaba que Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, compareciera ante la Fiscalía de la Nación para entregar dos aretes de oro con brillantes que, se habrían otorgado a manera de “préstamo” a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Sin embargo, el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, dispuso en dicha citación la incautación de los suntuosos artículos y posteriormente procedió a confirmar mediante una notificación la confiscación de estos lujosos objetos. Estos aretes forman parte de los elementos investigados en el caso Rolex.

Como se sabe, a finales de abril de este año, se pudo conocer que este caso habría tomado un hecho delictivo más, al advertirse que la mandataria, según la Fiscalía de la Nación, había recibido un par de aretes de diamante de manos de Wilfredo Oscorima el 22 de junio del 2023; un día antes de que el GORE Ayacucho recibiera una transferencia de 66 millones de soles.

Con esta revelación, se puso sobre el reflector el par de argollas de oro con brillantes, adquiridos en Casa Banchero, con un valor que supera los 5.000 dólares; costo que supera también el monto de las 2 UIT que constituyen el mínimo para que las adquisiciones sean declaradas. Ahora, una vez de haber conocido estos dos accesorios; Villena ha pedido que se confirme la incautación mediante el Poder Judicial, a fin de que la presidenta entregue ambos aretes.

Así se pudo conocer mediante una disposición emitida el pasado viernes 10 de mayo por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Juan Carlos Checkley. En esta disposición, se atiende a un pedido solicitado por el mismo Villena Campana el mismo 8 de mayo; fecha en la que Oscorima fue citado para mostrar las joyas.

En el documento, se precisa que Villena Campana presentó un “Requerimiento Fiscal solicitando la Confirmatoria Judicial de Incautación Instrumental dispuesta en la diligencia contenida en el acta de exhibición de un par de aretes argolla de oro amarillo con diamantes, de fecha 08 de mayo de 2024, llevada a cabo en las oficinas del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales; diligencia en la cual se han incautado”.

Los aretes se tratarían de “un par de aretes argollas de oro amarillo con brillantes, que conforme a la boleta de venta electrónica N°B002- 0008884 emitida por la Casa Banchero, tiene la siguiente descripción ‘código 087928, Aretes Diamante (bte)’”; los mismos que forman parte de las pesquisas iniciadas por el Ministerio Público, en el caso por el que la presidenta Dina Boluarte es investigada por el delito de enriquecimiento ilícito, cohecho y omisión para la declaración jurada.

Hoy el exministro del Interior, Carlos Morán, admitió haber sostenido una reunión con la presidenta Dina Boluarte, su hermano Nicanor y el abogado Mateo Castañeda. Según indicó, en la cita, la mandataria manifestó su “incomodidad” frente al exjefe de la Diviac, el coronel Harvey Colchado.      

El exhombre de confianza de Martin Vizcarra, mencionó que la presidenta le advirtió que el mencionado coronel actuaba en base a “algo personal” y de modo abusivo, durante entrevista en Exitosa.

“Una reunión un poquito tensa, inicialmente. La presidenta de la República estaba incómoda con el coronel Colchado. Me lo dijo así, abiertamente. Que el coronel tenía algo personal contra ella y su familia, que estaba actuando abusivamente”, sostuvo Morán.

Carlos Morán defendió al coronel Colchado

El exministro del Interior reconoció que, tras las quejas de la presidenta Dina Boluarte, él defendió el trabajo del coronel Harvey Colchado y en la entrevista admitió que conoce al exjefe de la Diviac, desde hace 25 años.

Según relata Carlos Morán, replicó la postura de la mandataria y aseguró que el exjefe de la Diviac solo se encontraba cumpliendo con el ejercicio de sus funciones.

“Mire, presidenta, yo conozco al coronel Colchado hace 25 años, desde alférez. Sé de su calidad e integridad, y lo que está haciendo, nada más es parte de su trabajo”, Morán aduce que así le respondió a la presidenta.

Exministro del Interior Morán desmiente al abogado Mateo Castañeda

Carlos Morán ha salido a responder sobre su participación, luego de que el abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, lo acusara de haberle tendido una emboscada con Harvey Colchado.

“Rechazo todos los cargos. Si hay algo que investigar se investigará, pero esta es una emboscada del coronel Harvey Colchado, que me ha citado a reuniones a través del general Carlos Morán, que es mi cliente”, anunció el abogado detenido Mateo Castañeda.

Ante lo dicho por el abogado de la presidenta, Morán descartó enfáticamente dichas aseveraciones y aseguró que las reuniones entre él, Castañeda y Colchado se iniciaron mediante engaños, ya que el primer encuentro, donde se dieron cita los tres, tenía como excusa de un caso al del exjefe de la Diviac.

Están de vuelta y con rostros conocidos y también nuevos. El Partido Popular Cristiano (PPC) logró inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el pasado viernes 10 de mayo. De esta manera, el partido liderado por Carlos Neuhaus, Javier Bedoya y Miguel Ángel Mufarech quedó habilitado de participar de las próximas elecciones generales del 2026, o de cualquier otro comicio que se pueda presentar.

De acuerdo con el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), el PPC cuenta como persona legal titular a la ex congresista y candidata presidencial, Lourdes Flores Nano, mientras que César Alayo Ramos cumple el rol de alterno.

Como se recuerda, en los comicios del año 2021, el PPC quedó en la posición 14, con Alberto Beingolea como principal candidato. La última vez que logró obtener escaños fue en el 2011, cuando se unieron a la Coalición Alianza por el Gran Cambio, junto con Restauración Nacional, Alianza para el Progreso y el Partido Humanista Peruano.

PPC tuvo que cumplir con diversos requisitos para su inscripción

Para que el PPC haya logrado inscribirse oficialmente en el ROP, tuvo que cumplir con una serie de requerimientos. El primer paso es obtener el certificado de reserva de denominación en la Oficina de Servicios al Ciudadano del JNE, lo cual otorga el derecho para presentar en el lapso de dos años la solicitud de registro con todos los documentos necesarios, en las oficinas de Lima o en las desconcentradas.

El pedido debe ir acompañado del padrón de afiliados, la relación de comités, el acta de fundación (ideario, símbolo, declaración jurada de compromiso y vocación democrática), estatuto y reglamento electoral, así como la relación de representantes, personeros legales y técnicos (titulares y alternos) designados.

Adicionalmente, se debe constatar la denominación, domicilio legal y procesal, teléfono, correo electrónico y página web del partido, así como el nombre completo, DNI y casilla electrónica del personero legal.

Si se supera esta fase, la documentación se remite al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para la verificación de firmas (padrón de afiliados, adherentes y comités) y a la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales (DNFPE) para la fiscalización de los comités.

Cumplida esta etapa, el ROP analiza el fondo de dicha solicitud, es decir, evalúa si la organización política cumple efectivamente con los requisitos, como el número mínimo de afiliados (no menor al 0.1% del total de ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso nacional, en el caso de partidos, y el equivalente al 1% del padrón de la elección regional más reciente del departamento donde se ubica, en el de movimientos regionales).

Luego, la entidad evaluará los comités para corroborar si son mayores a 1/3 del número total de provincias del país y si están ubicados en las 4/5 partes de la cantidad de departamentos.