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Política

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dice no al blindaje, pero ¿Resolverá los casos que archivó el Parlamento anterior?

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Han transcurrido tres meses desde que el Congreso Extraordinario 2020 se instaló y el último jueves la Comisión Permanente aprobó con 27 votos la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El grupo de trabajo está integrado por 19 parlamentarios de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Frente Agrícola del Perú, Podemos Perú, Unión por el Perú, Somos Perú, Partido Morado y el Frente Amplio.

Lo cierto es que el presidente de este grupo de trabajo Luis Roel Alva de Acción Popular, estará en los ojos de la opinión pública, considerando que varias denuncias constitucionales contra altos funcionarios del Estado (jueces, fiscales, y congresistas) quedaron truncas desde el anterior Congreso, lo que mereció el rechazo nacional, no solamente por la dilatación de las investigaciones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento disuelto que archivó varios casos, sino, por ese nefasto afán de blindaje sistemático que favorecieron a controvertidos funcionarios involucrados en presuntos actos de corrupción. Dicha protección, básicamente fue ejercida por aquel grupo de congresistas de la llámese asociación lícita para blindar: el fujiaprismo.En ese sentido, se blindó a magistrados del antiguo CNM como Iván Noguera, Julio Gutiérrez, Orlando Velásquez, y Guido Águila, y en especial al hermanito, el exvocal supremo César Hinostroza Pariachi.

Esta vez la subcomisión tiene acumulado más de 100 casos para resolver en lo que resta de la legislatura. Entre los más sonados y mediáticos que se tendrán que atender con celeridad, están los del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry (acusación por el delito de encubrimiento real), César Hinostroza Pariachi (que fue blindado por el expresidente de la subcomisión fujimorista César Segura, de los delitos de Patrocinio ilegal, Tráfico de influencias, Cohecho activo, Cohecho pasivo, y Organización criminal) Luciana León ( por ser presunto brazo político y legal de la organización criminal Los Intocables Ediles), Héctor Becerril ( por su presunta vinculación con la organización criminal Los Temerarios del Crimen y por presuntos delitos de Organización criminal, Tráfico de influencias, Colusión agravada, Patrocinio ilegal, y Cohecho activo genérico). Así como los Fiscales Supremos Jaime Alcides Velarde y Víctor Rodríguez Monteza. Asimismo, los excongresistas Moisés Mamani, Yesenia Ponce, Roberto Vieira, Javier Velásquez Quesquén, Carlos Bruce y Daniel Salaverry.

La relevancia del tenor de las denuncias ayudará a que se simplifiquen los tramites congresales, ya que, si antes no ejercen el antejuicio político, no serán plausibles de ser procesados penalmente. Esperemos que, en las próximas semanas, hayan derivado, por lo menos una gran parte de las denuncias a la Comisión Permanente, hasta que lleguen al Pleno. En tanto, solo así quedaría el camino llano para que la Fiscalía de la Nación finalmente formule las denuncias penales respectivas.  

Algunos integrantes de la subcomisión tienen serios cuestionamientos

Como sabemos, la alianza fujiaprista del Congreso disuelto brindó una feroz protección a varios funcionarios a través de un blindaje que terminó en archivamiento.

Una vez más, otro congresista fujimorista Carlos Mesía Ramírez está integrando la subcomisión,  pero entendemos que su designación tampoco tiene sentido, porque además ha sido abogado personal del exfiscal Pedro Chávarry. En ese sentido, ¿habrá imparcialidad cuando Mesía emita su voto para decidir la acusación constitucional contra Pedro Chávarry? Considerando que va a ser juez y parte en esa decisión ¿acaso eso no es un conflicto de interés?

No olvidar que Carlos Mesía hoy está en el Congreso gracias al pueblo que lo eligió, porque quizá no escuchó lo que este parlamentario dijo antes de ser candidato al Legislativo.

En septiembre pasado, él asistió al Parlamento para exponer ante la Comisión de Constitución su desacuerdo con el proyecto de ley para el adelanto de elecciones que estuvo impulsando el presidente Vizcarra, y esto fue lo que dijo: “Al pueblo no se le hace caso. Al pueblo se le gobierna. El pueblo no sabe qué es el bien común, Los políticos sí saben lo que es el bien común”. Esas declaraciones generaron el repudio en las redes sociales y llegaron a oídos del propio Presidente Vizcarra, tanto así que en un encuentro público que tuvo en el cono norte, el mandatario le respondió molesto: “Por ahí he visto que algunos expertos para tratar de descalificar nuestra propuesta han dicho no hay que hacer caso a la población, porque la población se equivoca. No es así, tenemos que darle la responsabilidad. Las autoridades nos debemos al pueblo, y tenemos que hacer planteamientos para mejorar la vida del pueblo”.

Pero Mesía insistió en su terquedad y en una entrevista en RPP se reafirmó en todo lo que había dicho, y simplemente arguyó que sus frases fueron sacadas de contexto. Y ante las preguntas de su entrevistador, él insistió en su análisis doctrinario y se siguió enredando en sus contradicciones… porque textualmente dijo: “Al pueblo se le escucha siempre, lo que no quiere decir que se le haga caso… no siempre… al pueblo se le escucha y se le hace caso no siempre…”

Habrá que estar atentos ante el próximo desempeño del abogado aprista que hoy funge de fuerzapopulista, y también habrá que observar a su compañera de bancada y de la subcomisión Martha Chávez, porque sus votos eventualmente servirían para poder blindar nuevamente al exfiscal Pedro Chávarry.

Edgar Alarcón Tejada, el cuestionado excontralor de la República que en 2017 fue descubierto en un comprometedor audio con el extitular del MEF Alfredo Thorne cuando hablaban del proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero; actualmente es congresista por Unión por el Perú, y además de presidir la Comisión de Fiscalización, también es integrante en la subcomisión. Asimismo,  salió por la puerta falsa de la Contraloría de la República porque fue destituido, y actualmente tiene seis investigaciones fiscales (por Peculado doloso, Enriquecimiento ilícito en dos procesos, y Omisión de funciones). Se presume que postuló al Congreso para adquirir inmunidad ante sus procesos que están en curso; aunque él siempre señala que luchará contra la corrupción.  

José Vega Antonio es el presidente de UPP (Partido Unión por el Perú) y en diciembre de 2006 se hizo tristemente célebre por un escándalo que protagonizó en una juerga de alcohol y vedettes en Brasil. La prueba es una fotografía que registró Carlos Torres Caro, donde se ve que un moreno sujeta a Vega por la espalda en un cabaret, cuando éste viajó como vicepresidente del Congreso con viáticos del Estado. Actualmente como integrante de la subcomisión, Vega tendrá que votar para decidir la situación del presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos, César Hinostroza Pariachi. Pero ¿cuál será realmente el resultado de su voto? tomando en cuenta que tiene un vínculo amical con el hermanito, gracias a que se reveló un audio de abril de 2018 en el que se oye a Vega decir: que ya estaba cerca de Palacio de Justicia, y le pregunta a Hinostroza: “¿Qué piso estás hermano, qué piso estás?” y éste le responde: “Estoy en el tercer piso, en la sala de audiencias ahorita. Estoy debatiendo”. El exvocal le dice a Vega que pregunte por el tercer piso y que se dirija a la oficina 334 a la Segunda Sala Penal Transitoria. Antes de finalizar la llamada Hinostroza respondió: “Ya hermano, gracias, un abrazo”. 

Otto Guibovich Arteaga también integra la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en 2011 fue vocero técnico del Plan de Gobierno de Castañeda Lossio y su Alianza Solidaridad Nacional. Él tiene una investigación preliminar por los presuntos delitos de Negociación Incompatible y Colusión en Agravio del Estado por una supuesta compra de tanques de combate.

El General de División del Ejército en retiro actualmente es vocero de Acción Popular. Entre tanto, la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios está a cargo de su caso para determinar su responsabilidad en una adquisición de cinco tanques MBT-200 para favorecer a la empresa estatal china North Industries Corporation (Norinco) cuando aún era Comandante General del Ejército en 2009.

En su etapa militar Guibovich tuvo una activa participación en cargos de confianza durante el gobierno de Alberto Fujimori, porque en su calidad de Teniente coronel estuvo destacado al SIN (Servicio de Inteligencia Nacional) que era dominado por Vladimiro Montesinos. Según el Semanario Hildebrandt en sus trece también lideró el Batallón de Comandos N°19 de Chorrillos. Aquella unidad militar se encargaba de la protección personal de Montesinos y del exgeneral Hermoza Ríos. Asimismo, en las postrimerías del régimen fujimontesinista en 1,999 fue integrante de la DINTE (Dirección de Inteligencia del Ejército), aunque él ha negado haber pertenecido a dicho órgano de inteligencia, porque aduce que en esa época era Agregado Militar en Cuba. 

Jorge Vásquez Becerra Congresista por el departamento de Cusco por Acción Popular y miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también tiene asuntos pendientes con la justicia y debe responder por una presunta compra sobrevaluada porque está investigado por la Fiscalía por el presunto delito de Colusión ya que en 2011 durante su desempeño como Director Ejecutivo del Plan Meriss Inka del Gobierno Regional de Cusco, avaló una compra de combustible al grifo San Martin SAC, cuyo propietario es César Flórez García, hermano del exalcalde de Cusco, Luis Flórez García. El congresista Vásquez, a pesar que se encuentra investigado ha rechazado enfáticamente cualquier presunción de alguna supuesta concertación con otro interesado, y por tanto considera que luego de la conclusión de la investigación, el Ministerio Público la archivará. ¿Él cómo puede estar seguro de eso?  

Así las cosas, todos aún recordamos las promesas que hicieron los actuales parlamentarios cuando eran candidatos, y lo primero que prometieron al pueblo peruano fue la lucha contra la corrupción, contra las repartijas, y los blindajes que había ejercido el Congreso disuelto en favor de los oscuros personajes ligados al caso Lava Jato, a Los Intocables Ediles, a Los Temerarios del Crimen, y a Los Cuellos Blancos del Puerto. Ellos aseguraron que luego de ser elegidos, inmediatamente agilizarían las acusaciones constitucionales que quedaron pausadas y que resolverían el antejuicio político para que luego esas acusaciones sean trasladadas a la jurisdicción de los tribunales competentes.

Finalmente, el Congreso a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a pesar que no tiene mucho tiempo, porque apenas queda poco más de dos legislaturas ¿Resolverá realmente los más de cien casos acumulados desde el Congreso anterior? 

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Ministerio Público solicita que se levante el secreto de comunicaciones de Patricia Benavides

La exfiscal de la Nación Patricia Benavides fue sometida a una intervención quirúrgica el pasado martes 7 de mayo y actualmente se encuentra internada, mientras enfrenta un proceso en la Junta Nacional de Justicia, que podría resultar en su destitución.

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La fiscal suprema especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, Delia Espinoza Valenzuela pidió al Poder Judicial que se levante el secreto de las comunicaciones de la suspendida fiscal Patricia Benavides Vargas, de un grupo de congresistas y de jueces implicados en el caso que se le sigue por ser cabecilla de una presunta organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

Además, se le investiga por el presunto canje del archivo de investigaciones penales contra parlamentarios, a cambio de votos en temas de su interés político. También se le cuestiona la presunta recepción de sobornos, a cambio de dirigir licitaciones en la Fiscalía.

El pedido fiscal se remitió al despacho del juez supremo de Investigación Preparatoria Juan Carlos Checkley, quien en los próximos días convocará a una audiencia virtual «reservada» para evaluarla.

La solicitud de levantamiento del secreto de las comunicaciones abarca también a Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, así como al exministro Hernán Garrido Lecca y al fiscal Elmer Ríos Luque.

La exfiscal Benavides fue sometida a una intervención quirúrgica el pasado martes 7 de mayo y actualmente se encuentra internada mientras enfrenta un proceso pendiente en la Junta Nacional de Justicia que podría resultar en su destitución.

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Política

Nicanor Boluarte tras su detención: “Soy inocente”

Tras el allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y durante su traslado a medicina legal, negó a la prensa todas las imputaciones que lo acusan de ser cabecilla de una organización criminal.

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Tras varias horas de allanar la vivienda de Nicanor Boluarte ubicada en el distrito de San Borja, el operativo concluyó y se procedió a su traslado a la sede de medicina legal.

Al salir de forma accidentada, debido a la masiva presencia de los periodistas, y ante las preguntas de la prensa, el hermano de la presidenta de la República negó todas las imputaciones e insistió en su inocencia, ante las acusaciones de tráfico de influencias.  Mientras era escoltado por la policía, declaró no tener vínculos con los hechos que se le imputan.

Según la tesis de la Fiscalía, el caso de ‘Los Waykis en la Sombra’, se basa en la existencia de una organización criminal, que sería liderada por el hermano de la mandataria.

Además, se ha impuesto una prohibición de comunicación con los otros detenidos y se ha ordenado levantar el secreto bancario y de comunicaciones de Boluarte y otros veintiún investigados.

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta detenido y conducido por agentes policiales.

Hermana de Nicanor y de la presidenta Dina Boluarte pidió respeto  

La hermana de la presidenta Dina Boluarte también se pronunció, pidiendo respeto y transmitiendo fortaleza a su hermano.

“No puede ser posible que traten así a los ciudadanos. Damos mucha fortaleza a mi hermano, la persona honesta es así, que enfrenta”, se le escucha decir. 

Cabe precisar que el Poder Judicial, en el marco de la operación ‘Valkiria Jericó’ por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, ordenó la detención preliminar de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.

También se encuentra en la lista Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, abogado de la presidenta. Asimismo, allanaron 26 inmuebles, e incautaron bienes tecnológicos y se autorizó judicialmente el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones con el fin de visualizar y extraer información de sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB’S y disco duros externos.

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Política

Congreso interpelará a ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar por “privatización del agua”

El Pleno del Congreso con 52 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones, admitió la moción de interpelación contra Hania Pérez de Cuéllar y deberá presentarse al Parlamento a responder el pliego de preguntas el próximo viernes 17 de mayo.

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El Pleno del Congreso de la República aprobó la moción de interpelación contra la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, por haber aprobado un decreto legislativo referido a la concesión del agua. Con 52 votos a favor, 33 en contra y 12 abstenciones se admitió el pedido.

La moción fue presentada por el congresista Ilich López, por lo que la ministra deberá acudir al Congreso a responder el pliego interpelatorio el próximo viernes 17 de mayo las 10:00 de la mañana.

Por su parte el legislador López explicó por qué se dio la moción de interpelación, e indicó que los ciudadanos quieren saber las condiciones de la concesión del servicio de agua que plantea la norma y cuáles son las diferencias entre una concesión y una privatización.

“La ministra debe responder qué significa el artículo 3°, donde dice que el agua es inalienable, pero, sí es así, ¿por qué se concesiona?, ¿eso implicará un alza en el servicio de agua?, se preguntó.

La interpelación se dará, a diferencia de la que el Legislativo rechazó en marzo, contra la ministra Hania Pérez de Cuellar, por presunta desaparición de fondos y reporte de inconsistencias en el sector Vivienda.

Moción de interpelación cuestionará el término “concesión de agua”

Ilich López anunció que Hania Pérez de Cuéllar deberá detallar cuáles son las implicancias en el Decreto Legislativo N° 1620, el cual, cuenta con el término “concesión del agua”. Además, advirtió que la autoridad deberá responder por cuántos años se realizaría esta presunta concesión del servicio básico. El pliego interpelatorio cuenta con 13 preguntas que básicamente abordarán, los recibos que pagan los ciudadanos por el servicio de agua potable.

Hania Pérez de Cuellar niega que Sedapal sea privatizado

La titular de Vivienda, constantemente se ha presentado en diversos medios de comunicación para negar que el Gobierno de Dina Boluarte privatizará la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y en respuesta anunció que solo la darán en concesión. ¿Acaso eso no es privatizar?

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Política

Dina Boluarte tras la detención de su hermano Nicanor: “No nos vamos a distraer con asuntos menores”

La presidenta de la República dio estas declaraciones, mientras su hermano Nicanor era capturado y detenido de modo preliminar por un plazo de 10 días, junto a su abogado defensor Mateo Castañeda, por presuntamente liderar una “Organización Criminal”.

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Hoy, la presidenta de la Republica Dina Boluarte participó en la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional: Constitución, Política, Democracia y Valores Institucionales”, desarrollado en la sede del Ministerio de Cultura y dijo que cree en la justicia del país y en la responsabilidad de quienes la administran. Y agregó con un rostro adusto, que no se distraerá con asuntos menores.

“No nos vamos a distraer con asuntos menores; creemos en la justicia en el país, creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país y en esa línea este gobierno seguirá apostando por la democracia, por respetar nuestra Constitución y por hacer más grande nuestra patria”, afirmó la mandataria.

Estas declaraciones las dio mientras su hermano Nicanor era capturado y detenido de modo preliminar por un plazo de 10 días, junto a su abogado defensor Mateo Castañeda, por presuntamente liderar una organización criminal, tras la diligencia del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), en una operación conjunta con la Diviac, denominado ‘Valquiria Jericó’, y que se dio inicio desde las seis de la mañana de hoy con el allanamiento y descerraje de las viviendas de 22 involucrados en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’.

De acuerdo con la resolución del Poder Judicial, Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda y otros seis implicados (José Luis Ortiz Morreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina) deberán cumplir con la detención preliminar, además de permanecer incomunicados.

Dina Boluarte afirmó que sin descanso revertirá la pobreza

Asimismo, la mandataria aseguró que revertirá las cifras de pobreza reportadas por el INEI.

“Desde el Gobierno seguiremos defendiendo la democracia, la gobernabilidad, la institucionalidad y el orden constitucional, y, sin descanso ni distracciones de ningún tipo seguiremos doblegando nuestros esfuerzos a fin de revertir los números adversos referidos a la pobreza y pobreza extrema que ha reportado el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)”, enfatizó.  

Boluarte Zegarra, trató de evadir las responsabilidades de su gestión de gobierno, e indicó que las causas de dicho informe de extrema pobreza se deben a que el país vivió una convulsión política y social en diciembre de 2022, y en enero y febrero de 2023.

“Las cifras económicas de esta convulsión política, de casi 500 manifestaciones todas ellas violentas, económicamente han sido más fuertes que la pandemia del Covid-19, luego, tuvimos el problema del Yaku y demás eventos como consecuencia de ello”, concluyó.

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Política

Los ‘Waykis en la Sombra’: detienen a Nicanor Boluarte por liderar una presunta organización criminal

Informe de la Eficcop sostiene que hermano de la mandataria habría “instrumentalizado” a prefectos y subprefectos de San Martín y Cajamarca, y otros por determinar para la orquestación de una presunta red criminal.

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No cabe duda que la “madre de todos los peruanos” pasará este domingo un amargo Día de la Madre, luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) detuviera esta mañana, de manera preliminar, a su hermano mayor Nicanor Boluarte, así como al abogado de esta, Mateo Castañeda.

En una operación conjunta entre la Diviac y el Eficcop, denominado ‘Valquiria Jericó’, se dio inicio de las seis de la madrugada de hoy con el allanamiento y descerraje de las viviendas de 22 involucrados en el caso conocido como ‘Los Waykis en la Sombra’.

Durante la orden de allanamiento autorizada por el Poder Judicial (PJ) se detuvo preliminarmente por un plazo de 10 días al hermano de la jefa de Estado, así como al abogado de ella, Mateo Castañeda.

De acuerdo con la resolución del PJ, Boluarte, Castañera y otros seis implicados (José Luis Ortiz Morreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina) deberán cumplir con la detención preliminar, además de permanecer incomunicados.

“Declarar fundado el requerimiento presentado por el representante del Ministerio Público, sobre detención preliminar judicial incomunicada de 8 investigados hasta por el plazo máximo de diez días naturales”, señala el documento.

En el operativo ‘Valkiria Jericó’ se encuentran comprendidos 22 investigados, desarrollándose simultáneamente en los departamentos de Lima, San Martín, Cajamarca, Junín y Apurímac. Para ello, 28 fiscales participaron de las diligencias de descerraje e incautación que incluyen ambientes abiertos y cerrados, registros vehiculares, incautación de bienes inmuebles y aparatos electrónicos como celulares, laptops y otros dispositivos.

Asimismo, el juez Richard Concepción Carhuancho autorizó el levantamiento secreto de las telecomunicaciones para visualizar y extraer información de sus teléfonos móviles, tabletas, computadoras, laptops, USB y disco duros externos de los investigados.

El Eficcop realizó un cuadro informativo donde se incluyen los nombres de los 22 involucrados, donde aparece en lo más alto el nombre de Nicanor Boluarte:

Fuente: PNP.

¿De qué se le acusa a Nicanor Boluarte?

De acuerdo a la tesis fiscal, Nicanor Boluarte utilizó el “poder de facto otorgado por su hermana” e instrumentalizó el aparato estatal de las prefecturas, y subprefecturas provinciales y distritales en los departamentos de San Martín, Cajamarca, entre otros, para obtener dádivas económicas a través de la designación de prefectos y subprefectos. Además, estos funcionarios habrían sido obligados a recolectar firmas para la inscripción de su partido, Ciudadanos por el Perú, ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Abogado de Dina Boluarte habría querido obstaculizar la investigación de la fiscal Marita Barreto que seguía contra su hermano

Siguiendo la tesis fiscal, el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, también formaría parte de la presunta organización criminal al querer obstaculizar las investigaciones de la fiscal Marita Barreto al concertar un encuentro con el agente “René” en el restaurante ‘Pescados Capitales’, ubicado en la avenida La Mar, distrito de Miraflores, el pasado 14 de marzo, con la única intención de archivar la investigación contra Nicanor Boluarte Zegarra.

Para ello, habría ofrecido a los coroneles PNP Harvey Colchado y Walter Lozano beneficios ilícitos por parte del Gobierno como ascensos y protección desde la vía judicial.

Sin embargo, debido a que no logró ninguno de sus objetivos, Mateo Castañeda habría concertado con “la máxima autoridad de la FF. AA.” y la Policía para “defenestrar al Equipo Especial de la PNP en apoyo al Eficcop”, suspendiendo de su puesto al coronel Colchado el 11 de abril del año en curso.

Fuente: PNP.

Mutis total de Dina Boluarte

Ocurridos todos estos hechos desde tempranas horas, a la jefa de Estado, Dina Boluarte, se le vio durante la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional Constitucional Política, Democrática y Valores Institucionales, realizado en la sede del Ministerio de Cultura, con un rostro adusto.

“No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país, creemos en la razonabilidad de las personas que administran la justicia de nuestro país”, señaló al final de su discurso.

Finalmente, la mandataria se retiró del acto oficial sin brindar ninguna declaración a la prensa.

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Política

Juan Yangali, alfil de Nicanor Boluarte es designado por el ministro Morgan Quero como director de la Casa de la Literatura Peruana

El nuevo director de la Casa de la Literatura es Juan Yangali Quintanilla, hermano de Rivin Yangali, hombre de confianza de Nicanor y Dina Boluarte desde que era titular del Midis. Lamentablemente, con esta designación se mata la meritocracia en el sector educación. Ahora lo que importa es ser parte de la camarilla de Nicanor Boluarte.

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El ministro de Educación, Morgan Quero designó ayer (mediante Resolución Ministerial N° 201-2024-Minedu) a Juan Yangali Quintanilla, como nuevo director de la Casa de la Literatura, en reemplazo de Karen Calderón. En el portal institucional de la entidad adscrita al Minedu, se indica que Yangali Quintanilla es escritor. En el portal de la SUNEDU solo figura que es bachiller y licenciado en literatura.

Fuente: SUNEDU.

Juan Yangali hasta hace unas semanas fue asesor del gabinete del Ministerio de Cultura encabezado por la ministra Leslie Urteaga. Además, se conoce que desde la sede principal del MINCUL ubicado en Javier Prado, Juan Yangali habría estado recomendando personajes cuestionados en la Biblioteca Nacional del Perú.  La relación de los hermanos Yangali con Nicanor Boluarte los ha empoderado en el actual gobierno de la señora de los Rolex.

Juan Yangali en la Municipalidad de Pueblo Libre

Juan Yangali Quintanilla también se desempeñó desde el 11 de marzo de 2019 como gerente de Cultura en la Municipalidad de Pueblo Libre. Aquí hay un dato importante que revela su relación Nicanor Boluarte. El 12 de julio de 2019, bajo la gestión cultural de Juan Yangali en la comuna pueblerina, en la universidad Antonio Ruiz de Montoya, se realizó el foro: “Retos del Perú Frente al Bicentenario” y entre los ponentes estuvo nada menos que el hermanísimo Nicanor Boluarte. Y el evento fue moderado nada menos que por Jorge Nieto Montesinos.

Recordemos que Jorge Nieto Montesinos cuando fue ministro de Cultura trajo desde México a Morgan Quero, y el 14 de octubre de 2016 lo designó como Jefe de Gabinete de Asesores del MINCUL.

Juan Yangali, uno de los hombres de confianza de Nicanor Boluarte.

Juan Yangali y Nicanor Boluarte en Pueblo Libre

Queda claro, que no ha sido una casualidad que el hermano presidencial Nicanor Boluarte también haya trabajado en la Municipalidad de Pueblo Libre. Nicanor fue contratado como asesor principal en la Municipalidad de Pueblo Libre en octubre de 2021, por el entonces alcalde Haas del Carpio, ganando un salario mensual de 8.370. En esa ocasión, Boluarte reemplazó en la comuna distrital nada menos que a otro consejero íntimo de su hermana Dina, cuando aún lideraba el Midis, se trata de Enrique Vílchez, quien luego se convertiría en el secretario general de la Presidencia de la Republica.

Sin embargo, el cargo a Nicanor Boluarte le duró poco y tuvo que ser separado porque la Ley de Contrataciones del Estado impedía que un hermano directo de la vicepresidenta de la República, como lo era en ese entonces, Dina Boluarte, también trabaje para el Estado. Además, de modo extraño el caso fue archivado por OCI, justo antes que Dina Boluarte asumiera la presidencia de la República, y así su hermano Nicanor se salvó de ser sancionado.

El hermano Rivin y los Boluarte

Aquí surge otro personaje que también trabajó en la Municipalidad de Pueblo Libre, se trata de su hermano Rivin Yangali, otro hombre de confianza de la mandataria Dina Boluarte. Rivin fue gerente de Juventud y Deportes, Educación y Cultura y Turismo en mayo de 2018, durante la gestión del alcalde Jhonel Jorge Leguía Jamis (APP).

Rivin Yangali es un abogado que en 2021 postuló al congreso por el partido Victoria Nacional con el numero 25, sin éxito. En esa elección Jorge Nieto Montesinos también postuló con él, con el número 1, y tampoco alcanzó una curul. Rivin, además trabajó en Indecopi en 2020, luego en el ministerio de Educación; pero anteriormente, despachó en la Municipalidad de Pueblo Libre como asesor de Mancomunidades en 2019. De ahí saltó al Midis que lideraba la ahora presidenta de la República, donde se desempeñó como coordinador parlamentario y ahí aprovechó para acercarse a las bancadas opositoras al régimen de Pedro Castillo.

Posteriormente, ya con Dina Boluarte en el poder, Rivin Yangali se convirtió en asesor en la PCM durante la época del premier Otárola, en 2023. Según el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), él consiguió cuatro órdenes de servicio (febrero, marzo, mayo y junio) por una suma aproximada de S/ 104 mil soles.

Dicho personaje es muy cercano a la presidenta, y junto con Morgan Quero realizaron un cabildeo congresal para atenuar la denuncia contra la mandataria por haber liderado el Club Departamental Apurímac y lograron que el 4 de diciembre de 2022 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivara la denuncia y por tanto Boluarte no fue inhabilitada.

Juan Yangali organizó el foro: “Retos del Perú Frente al Bicentenario” y entre los ponentes estuvo Nicanor Boluarte. Y el evento fue moderado por Jorge Nieto Montesinos.

Rivin Yangali es tan cercano a Dina Boluarte, que se ufana y dice: “Dina Boluarte me escucha cuando es pertinente”.

Se sabe que Nicanor Boluarte es el que se encarga de dar el visto bueno a algunas designaciones de servidores del Estado; sin embargo, en ese círculo de confianza, también se encuentran Morgan Quero, Enrique Vílchez y nada menos que Rivin Yangali (hermano del flamante director de la CASLIT). En la designación de Juan Yangali no se puede hablar de meritocracia, sino de dedocracia. Este es un nuevo ejemplo de que la camarilla de Nicanor Boluarte continúa copando los cargos en las instituciones del Estado.

Ministro Morgan Quero responde sobre la designación de Juan Yangali

Nos comunicamos con el ministro de Educación Morgan Quero Gaime, para conocer sus descargos sobre la designación de uno de los hombres del círculo de Nicanor Boluarte.  Fueron dos preguntas puntuales que le hicimos: ¿Nicanor Boluarte esta detrás de la designación de Juan Yangali? ¿la amistad con el hermano de Yangali influyó en su designación?

Ante las interrogantes el ministro de Educación respondió: “Para nada. Es un excelente gestor cultural. Hay que repotenciar la Casa de la Literatura para que desarrolle actividades en regiones y con la comunidad educativa. Lo conozco y he visto su trabajo”.

Ministro de Educación Morgan Quero.

Nosotros también conocemos su trabajo, y el ministro a nosotros no nos podrá sorprender, ya que Juan Yangali es un escritor menor y no tiene experiencia dirigiendo alguna institución cultural, sus pequeñas acciones culturales solo le alcanzan para ser nombrado mediador cultural pero no director de la Casa de la Literatura Peruana. Queda claro que la designación de Juan Yangali fue por una motivación política. No pretendan vendernos gato por liebre.

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Política

Ministra de Cultura desata la indignación de los pueblos originarios al proponer “flexibilizar” intangibilidad de las reservas indígenas

Bajo el pretexto de “flexibilizar” autorizaciones “totalmente formales”, ministra Leslie Urteaga estaría dando cabida a actividades legales y también ilícitas.

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La ya desprestigiada titular del Ministerio del Cultura (Mincul), Leslie Urteaga, al no haber concretado la venta de boletos para Machu Picchu por parte de la empresa Joinnus, ahora estaría buscando promover una medida para “flexibilizar” la intangibilidad de las reservas indígenas, bajo la argucia de “debatirlo” con un “grupo de trabajo”.

Dicho anuncio se realizó el pasado 30 de abril, durante la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, un espacio que tradicionalmente sirve para abordar temas de protección ambiental y cultural.

Durante la sesión Urteaga declaró: “las comunidades que viven ahí necesitan tener servicios básicos, eso no significa que sean intangibles, creo que también es flexibilizar, de pronto, algunas autorizaciones totalmente formales y los esquemas de intervención que tiene el Estado. Me permito hacer una propuesta de tener un grupo técnico que pueda debatir y conversar, respecto aquellos casos en que sí nos preocupa”, señaló la titular del Mincul.

En ese sentido, la idea de crear ese “grupo de trabajo” para explorar esa flexibilización ha alarmado a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), integrada por diversas organizaciones indígenas y defensores de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento, quienes ven en esta propuesta un riesgo potencial para la conservación de sus territorios y cultura.

De acuerdo a las organizaciones indígenas, según la legislación actual, la presencia de reservas PIACI no obstaculiza la provisión de servicios básicos a los pueblos indígenas, señalando que algunas comunidades ya cuentan con acceso a educación y servicios de salud.

En efecto, la Ley N.º 28736, conocida como Ley PIACI, establece la intangibilidad de las reservas indígenas como un principio fundamental para asegurar la protección de los territorios y los derechos culturales de estas comunidades, especialmente aquellas en situación de aislamiento.

Artículo quinto de la Ley N.º 28736.

Reacción del ORPIO por las declaraciones de la ministra Urteaga

Como respuesta, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) —organización indígena que encabeza las iniciativas de creación de reservas indígenas— declaró:

“Rechazamos categóricamente la iniciativa propuesta por la ministra Urteaga sobre crear un Grupo de Trabajo compuesto solo por representantes del Poder Ejecutivo y el Congreso de la República para tratar el tema relativo a la posible “flexibilización” de las reservas indígenas. Además, de que sería un procedimiento poco transparente sin opción de fiscalización ni participación inclusiva, la exclusión de este potencial Grupo de Trabajo representaría un acto de discriminación”.

Frente a la situación, la ORPIO ha manifestado su preocupación, instando a la ministra y al Gobierno a reconsiderar cualquier propuesta que pudiera comprometer la salvaguarda integral de los pueblos indígenas en aislamiento y sus territorios.

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Política

Congresista Roberto Sánchez entre China y Estados Unidos ¿un parlamentario topo?

Roberto Sánchez impulsa proyectos chinos; sin embargo, en unos días tratará con inversionistas norteamericanos, pese a conocer que existe una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Fuentes de inteligencia hablan de la existencia de un topo en el parlamento.

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El Poder Judicial autorizó al investigado legislador Roberto Sánchez Palomino viajar a EE.UU. entre el 11 y 19 de mayo como presidente de la comisión que impulsa el Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay. Se debe precisar que el Ministerio Público pide 25 años de prisión para Roberto Sánchez, por el presunto delito de rebelión, de acuerdo a los hechos del 7 de diciembre del 2022.

En ese sentido, el exministro del gobierno de Pedro Castillo aún goza de libertad, pero con restricciones, como la de no salir de Lima sin permiso del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema; sin embargo, ante la solicitud de permiso que el 11 de abril pasado hizo Sánchez Palomino, el Poder Judicial le otorgó la autorización para viajar a USA. Por su parte, la fiscalía advierte que habría un peligro de fuga.

El congresista, como presidente de la comisión que impulsa el megapuerto de Chancay, argumentó que realizará este viaje para participar en un recorrido por diversos puertos marítimos de EE.UU., entre el 13 al 17 de mayo de 2024, incluyendo potencialmente los puertos de Long Beach, en el estado de California; y el de Baltimore, en Maryland.

Recordemos que hace más de un año, el 22 de marzo de 2023, el congresista Roberto Sánchez se libró de la suspensión (un sector de activistas indicó que el motivo fue para que no acceda a dicha curul, la accesitaria representante de la comunidad LGTB Gahela Cari) parlamentaria, gracias a los votos de los conservadores Fuerza Popular, y algunas abstenciones de Avanza País y Renovación Popular. Aunque se aprobó su acusación constitucional por el presunto delito de rebelión, él continuó despachando en el Congreso y respiró hondo para seguir en sus “proyectos” legislativos.

Fiscalía pide 25 años de prisión contra congresista Roberto Sánchez, por el presunto delito de rebelión.

Roberto Sánchez y el megapuerto de Chancay

Posteriormente, el 22 de octubre, Roberto Sánchez fue elegido presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay. El objetivo de esta comisión es darle seguimiento al proceso de construcción de la infraestructura del Megapuerto de Chancay y por ello deberá coordinar promover y recomendar las políticas públicas, planes y estrategias de desarrollo productivo e industrial que estén vinculados a la cadena comercial y logística del transporte marítimo.

Xi Jinping, presidente de la República Popular China.

En ese sentido, el exministro de Pedro Castillo, —que desde el principio al presentarse la moción fue promotor del tema— de pronto, se hizo protagonista en un megaproyecto de capitales chinos y ha venido ejerciendo un papel esencial, para impulsar dicho Hub, —como él siempre menciona— Eso significa que Sánchez Palomino maneja información sensible y clave respecto a toda la inversión china en el megaproyecto en Chancay; así como los procesos y planes a futuro concernientes a la apertura de nuevas exportaciones con nuevos socios estratégicos.

¿Quiénes acompañan en esta “comisión” a Roberto Sánchez? Nada menos que el “energético” Eduardo Salhuana de APP, como vicepresidente y Luis Aragón de AP, como secretario.

Roberto Sánchez, Eduardo Salhuana y Luis Aragón miembros de Comisión “pro Megapuerto”.

El congresista Sánchez Palomino, que, por azares de la vida, continúa en el Parlamento, se ha tomado en serio este rol de monitorear e impulsar el proyecto del Mega puerto de Chancay, a tal punto, que pareciera que se ha convertido en vocero de las inversiones chinas en el norte chico. 

Solo basta escuchar una entrevista realizada en el Congreso, en su calidad de presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, donde señaló: “Por la importancia del desarrollo económico en un contexto de receso, con mayor razón habría que darle la importancia debida a un proyecto tan relevante que nos convertirá en un hub comercial portuario del pacifico. Es la obra más emblemática que tiene un aproximado más de 3600 millones de dólares de inversión en todos sus componentes en la primera etapa y que será inaugurada en el marco del foro APEC del año 2024, en noviembre aquí en Perú”.

Su viaje a Estados Unidos en el 2022

Durante el gobierno de Pedro Castillo, Roberto Sánchez viajó a los Estados Unidos (del 17 al 22 de setiembre 2022). Aquella vez, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Sánchez ocupaba el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo. En esa oportunidad afirmó que el empresariado estadounidense reconoce el desempeño económico del Perú, a pesar de la crisis política. Se podría decir que su relación con el gobierno de Estados Unidos fue impulsada durante el gobierno de Castillo Terrones.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Roberto Sánchez, entre Xi Jinping y Biden

El legislador Roberto Sánchez, pronto irá de viaje a EEUU por invitación de la Embajada estadounidense para visitar puertos de ese país. Él impulsa proyectos chinos y ahora tratará con inversionistas norteamericanos, a pesar que ambos países son adversarios comerciales.  

En ese sentido, ¿Cómo ha logrado que se le levante el impedimento de salida para viajar a USA? ¿A qué estaría jugando Roberto Sánchez? Acaso, la importante información sensible que maneja sobre el megaproyecto en Chancay será también de interés del gobierno de Biden.

El accionar de la embajada de Estados Unidos en Perú, estaría cometiendo una injerencia. Detrás de esto, la lectura es que se pretendería limpiar a Sánchez de su proceso legal, a cambio de información que favorecería a Estados Unidos. Hay que preguntarnos ¿Cuál sería el costo de ello? ¿Por qué se le levanta un impedimento de salida con la excusa de visitar puertos? ¿estamos ante la actuación de un topo parlamentario?

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