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Política

Somos Perú, la chacra de Patricia Li

“Todo el mundo teme al poder de Patricia Li. Yo no le tengo miedo. Lo peor que le puede pasar a José Antonio Alvarado es ser expulsado de Somos Perú, y lo peor que le puede pasar a Patricia Li, es ir presa. Esa es la gran diferencia señora Patricia Li. Yo soy un hombre decente y usted no tiene calidad moral para juzgarme”, afirmó el Secretario General Distrital de Barranco por Somos Perú, José Antonio Alvarado.

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Todo empezó el 9 de septiembre, apenas, con una publicación que subió en su red social la presidenta del partido Somos Perú, Patricia Li Sotelo, donde anunciaba que se había reunido con el alcalde de Barranco José Rodríguez Cárdenas y que lo nombró como “Coordinador del distrito” por el partido del corazón, y por eso, en su mensaje añadió: “Un solo corazón”.

Asimismo, en otra publicación la señora Li Sotelo saluda el ingreso del alcalde de Barranco: “Bienvenido Juan José Rodríguez alcalde de Barranco a Somos Perú, ahora nuestro coordinador del distrito”. Un mensaje que dejó sin piso al señor José Antonio Alvarado.

¿Acaso puede haber al mismo tiempo un Coordinador distrital y un Secretario en un mismo distrito?

Ante la publicación que hizo la presidenta del partido fundado por Alberto Andrade, el Secretario Distrital de Barranco por Somos Perú, José Antonio Alvarado respondió:  

“Eres la mejor”

E inmediatamente la señora Li Sotelo, replicó:

“Sí, la única que da coordinaciones es la presidenta y la tuya ya se canceló. ¿Qué trabajo político has hecho en Barranco? Te di el Congreso y ni siquiera hiciste campaña y menos asististe a las reuniones. El Partido es de las personas que trabajan”, sentenció Li.

De acuerdo al texto que ella misma redactó, la señora Patricia Li, ve a Somos Perú como el partido de su propiedad, y como si fuera su chacra, “da candidaturas” y también “las cancela”. Por eso que reconoce que la única que da coordinaciones es ella, en su calidad de “presidenta”. No obstante, ¿dónde quedó la democracia e institucionalidad en Somos Perú, a través de su CEN, para decidir las candidaturas en las internas?

El Partido Somos Perú, este año cumplió 24 años de existencia, desde que fue fundado por el exalcalde de Lima Andrade Carmona y ahora nos preguntamos ¿Qué diría Alberto Andrade si estuviera vivo?

Cabe mencionar que el alcalde de Barranco, José Rodríguez, que por cierto, en más de dos años y medio en el cargo municipal, mantiene una gestión desastrosa en el distrito bohemio, con ausencia de remozamiento en sus arterias urbanas, con innumerables pistas rotas y obras inconclusas, además, del desorden por la instalación de ferias ambulantes que incrementan la aglomeración de la gente, sumado a esto, la inseguridad ciudadana que reina en el distrito por causa de los robos diarios, y la indiscriminada construcción de edificios que no respetan el límite de plantas.

A pesar del desgobierno municipal, en el 2022 él pretendería seguir postulando a la comuna barranquina, pero esta vez como teniente alcalde, ya que la Ley de Elecciones Municipales (Ley N° 26864) , le impide reelegirse como burgomaestre, más no, como regidor y teniente alcalde, y su candidatura con Somos Perú, sería acompañando al presunto candidato a alcalde, Gonzalo Rivera Talavera, un psicólogo comunitario de la PUCP y que entre sus publicaciones, está la investigación “Representaciones sociales que favorecen la violencia hacia personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. 

Patricia Li y Gonzalo Rivera, probable candidato de Barranco.

Patricia Li con José Rodríguez, alcalde de Barranco.

Alcalde de Barranco José Rodríguez, Gonzalo Rivera y Patricia Li.

Nos comunicamos con el Secretario Distrital de Barranco por Somos Perú, José Antonio Alvarado, aquí sus declaraciones sobre el tema:

Primero, yo soy el Secretario Distrital de Barranco, por el partido Somos Perú, y soy militante desde hace más de diez años y he sido elegido Secretario Distrital por elecciones internas del Partido. La señora Patricia Li, no me puede destituir por su solo antojo. He postulado durante los últimos nueve años; una vez como regidor, la otra como teniente alcalde, y la última como congresista de la República, donde saqué miles de votos a favor de mi partido. Apoyé el ingreso del único Somista José Enrique Jerí, con mi campaña animalista, y la campaña acabó en abril y ¿Cómo me puede decir la señora que… qué he hecho por mi distrito?

Entonces si no he hecho nada por mi distrito ¿Cómo he postulado? Ella me dice, “yo te he puesto como candidato a congresista”. O sea, ¿La señora Li me ha puesto a dedo, o no existe un proceso interno para elegir quiénes van a ir al Congreso de la República?

  

Secretario General Distrital-Barranco por Somos Perú, José Antonio Alvarado. 

Ella me dice que, en este momento, quedo desafiliado ¿Acaso en Somos Perú no existe un Tribunal de Ética para desafiliarme? O ¿Somos Perú es una chacra? ¿se está parcelando? Ahorita Alberto Andrade se debe estar revolcando sobre su tumba, porque todo el trabajo que él hizo sobre los principios básicos de los Somistas… y ella está atentando contra los principios básicos de los Somistas, y contra los estatutos de Somos Perú.

Primero este señor: (José Rodríguez) tiene que ir a las primarias, donde cualquier Somista puede presentarse, pero ella no puede presentar un candidato a su antojo; inclusive se demuestra más el acto de traición, porque yo todos los años apoyo a Santa Rosa de Lima y ocho días antes, estuve con él, porque como los protocolos son estrictos estuvieron dos civiles, José Rodríguez y yo, y luego me da la mano y luego la gente comenzó a llamarme para decirme, José Antonio ¿Por cuánto vendiste el partido? Y yo les dije que no he vendido el partido.

¿Qué posición tuviste cuando Martín Vizcarra y Daniel Salaverry se integraron a Somos Perú?

Bueno, yo he sido el único candidato de Somos Perú a nivel nacional, y que incluso tengo 23 grabaciones en las cuales me opongo tajantemente a la candidatura de Vizcarra. Y lo dije en varias entrevistas, que Vizcarra debía ser separado porque debía arreglar sus problemas legales, y si fuera declarado culpable debe caerle doblemente todo el peso de la ley, porque como presidente ha sido un traidor a la patria; y Somos Perú no puede hacer acuerdos con traidores a la patria, ni acuerdos con otro traidor así como José Rodríguez que en lugar de decirme: José Antonio quiero postular por Somos Perú… él se puede afiliar a Somos Perú y postular por mi partido, pero por qué tiene que hacerlo por la espalda. Y lo que dice la gente allegada a José Rodríguez es que él pretende postularse como teniente alcalde, ¿Y por qué quiere la permanencia en la alcaldía de Barranco? ¿Qué quiere ocultar? ¿Qué poderes económicos están tras su candidatura?

El investigado por corrupción Martin Vizcarra, Patricia Li y  Daniel Salaverry.

¿Consideras que debido a tu oposición contra Martín Vizcarra como invitado de Somos Perú, cambió la actitud de la presidenta del partido hacia tu persona?

Claro, porque la presidenta les pide a los candidatos al Congreso que apoyen a Martín Vizcarra y ellos se inmolan siguiendo las instrucciones de la presidenta, y ahora no creo que puedan tener acogida en sus distritos. Cuando yo postulé al Congreso, desde allí hubo una ruptura, por eso es que yo no volví a ir al Partido y hago una campaña solo.

¿Otros militantes de Somos Perú estuvieron en contra de la candidatura de Vizcarra en las pasadas elecciones?

Así es. Tengo conversaciones, pero nadie quiere darlas a la luz porque todo el mundo teme al poder y las represalias de Patricia Li. Yo no le tengo miedo. Lo peor que le puede pasar a José Antonio Alvarado es ser expulsado de Somos Perú, y lo peor que le puede pasar a Patricia Li, es ir presa. Esa es la gran diferencia señora Patricia Li. Yo soy un hombre decente y usted no tiene calidad moral para juzgarme.

Hay que señalar, que el señor José Antonio Alvarado envió hoy dos cartas notariales, primero al alcalde de Barranco, José Rodríguez, donde le increpa haber cometido una presunta usurpación de función que solo le fue encomendada a él, y, además, señala que eso ha sido un acto de deslealtad hacia su persona. Por lo tanto, le exige al alcalde barranquino que se abstenga de realizar cualquier acto como Coordinador Distrital del Partido Somos Perú, en Barranco, por ser un puesto indebido y que solo se puede ejercer cuando no existe un Secretario General Distrital, cargo, que Alvarado Montoya mantiene por ser elegido por la Asamblea de Bases, con vigencia hasta el 25 de septiembre del 2024.

Y luego a la presidenta del Partido Somos Perú, Patricia Li Sotelo, increpándole su conducta por haber vulnerado los artículos 6º, y 7º en su inciso a) del Estatuto del Partido, y le exige que se retracte de sus afirmaciones que señalan el nombramiento de José Rodríguez Cárdenas como Coordinador Distrital, considerando que dicho cargo no puede hacerse efectivo porque el señor Alvarado Montoya es el actual Secretario Distrital del Partido Somos Perú, en Barranco.   

Al cierre de este informe, intentamos comunicarnos vía telefónica con la señora Patricia Li Sotelo, para que nos brinde sus descargos, ante la denuncia del Secretario General Distrital de Barranco, José Antonio Alvarado; sin embargo, no obtuvimos respuesta.

Al parecer, el partido del corazón, también se convirtió en un vientre de alquiler.

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Gobierno exportará presos en lugar de solucionar el hacinamiento penitenciario

Frente a la crisis carcelaria y la falta de nuevas cárceles, el Ejecutivo busca trasladar reos a El Salvador, una medida costosa, cuestionada y que no aborda las causas reales del problema. Expertos advierten que esta propuesta es un parche irresponsable y demagógico.

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El exdirector general de asuntos criminológicos del Ministerio de Justicia, Víctor Quinteros, cuestionó duramente la reciente propuesta del Gobierno de enviar presos peruanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, calificándola de “inviable” y una medida demagógica que evade responsabilidades.

Quinteros enfatizó que mientras el gasto diario por reo en Perú oscila entre 27 y 30 soles, el traslado y confinamiento en el CECOT implicaría un costo superior a 200 dólares por preso, una cifra que evidencia la falta de racionalidad económica y social en la iniciativa gubernamental. “Los peruanos deben cumplir su condena en territorio nacional. Existe un marco legal para enviar presos extranjeros a sus países de origen, pero no para exportar peruanos”, aclaró.

El especialista criticó que el Ejecutivo pretenda externalizar un problema que es claramente de su competencia, desviando la atención pública y política de la urgente necesidad de construir y ampliar cárceles en Perú. “Esta propuesta refleja la incapacidad de los políticos para enfrentar el hacinamiento penitenciario que afecta a miles de reclusos y vulnera derechos humanos fundamentales”, apuntó.

Las cárceles en Perú se encuentran hacinadas en su extremo.

Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para deshacinamiento de penales antes del 2030, aunque con un plazo prudencial. Alcántara argumentó que factores como la pandemia y el impacto del ciclón Yaku han retrasado la ejecución de medidas, por lo que se ha solicitado tiempo adicional.

Sin embargo, para Quinteros, estos argumentos no justifican la falta de políticas concretas y responsables. “Exportar presos no es una solución, es un parche costoso y cuestionable que no atiende las causas estructurales del problema”, concluyó.

La polémica propuesta abre el debate sobre la prioridad real del Estado frente a una crisis penitenciaria que sigue sin resolverse desde hace años, mientras se opta por soluciones improvisadas que pueden poner en riesgo derechos y soberanía.

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Política

Delia Espinoza se justifica por no reponer a Patricia Benavides

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, niega incurrir en desacato y se ampara en tecnicismos legales para no restituir a su rival, Patricia Benavides. Lo más preocupante: insiste en que no hay crisis institucional y asegura que el Ministerio Público “funciona con normalidad”.

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En medio de la crisis institucional que sacude al Ministerio Público, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha optado por el camino del tecnicismo para justificar su negativa a reponer en el cargo a Patricia Benavides, como ordenó la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Lo que está en juego no es solo un conflicto de poder, sino el respeto al Estado de derecho y a las decisiones de los órganos constitucionales autónomos.

Espinoza Valenzuela declaró al Diario del Cusco que enfrentará cualquier denuncia del Congreso por presunto desacato, asegurando que hasta el momento no ha sido formalmente notificada de la resolución que restituye a Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Bajo ese argumento, se ampara en que no hay “desobediencia” porque no hay una notificación formal, como si los pronunciamientos de la JNJ no fueran de conocimiento público ni vinculantes desde el momento de su emisión.

Más aún, cuestionó abiertamente que diversas autoridades —incluyendo congresistas, ministros y el propio defensor del Pueblo— hayan reconocido públicamente a Patricia Benavides como la legítima fiscal de la Nación. Según Espinoza, ese reconocimiento genera “confusión” y desinformación entre la ciudadanía, cuando en realidad lo que confunde es la resistencia de su despacho a acatar una resolución de un órgano constitucional.

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía.

Resulta preocupante que Delia Espinoza deslice la idea de que todo debe pasar primero por un análisis jurídico interno, como si la legalidad fuera un terreno interpretativo según su conveniencia. Bajo esa lógica, cualquier autoridad podría ignorar resoluciones oficiales mientras “analiza” si le parecen válidas.

La fiscal también aseguró que responderá a las denuncias del Congreso y que las mismas no prosperarán porque —según ella— la JNJ no siguió los procedimientos correctos. Es decir, antes que admitir el fallo y acatarlo, su estrategia es deslegitimar el procedimiento mismo, aunque este emane del ente competente.

Pero lo más grave no es la estrategia de defensa de Espinoza Valenzuela, sino la insistencia en negar que exista una crisis institucional. Afirma que el Ministerio Público “funciona con normalidad” y que no hay enfrentamientos internos. ¿Cómo puede hablarse de normalidad cuando existe una pugna abierta por el cargo más alto del organismo, cuando dos señoras reclaman legitimidad y el país observa una paralización operativa?

Lo que está ocurriendo en el Ministerio Público es una crisis con todas sus letras, agravada por una autoridad que minimiza el problema y retrasa su solución. La falta de una acción clara y oportuna no solo erosiona la legitimidad del Ministerio Público, sino que pone en duda su independencia y respeto a la institucionalidad.

Si Delia Espinoza espera que el silencio y el formalismo legal detengan el avance de la verdad, está equivocada. El país necesita claridad, no excusas. Y el Ministerio Público, hoy más que nunca, requiere liderazgo con principios, no posiciones cómodas disfrazadas de legalidad.

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Política

Juan Silva: tres años prófugo y cero resultados de la PNP

Fugitivo desde el 7 de junio de 2022, el exministro de Transportes simboliza la evasión de justicia más descarada del gobierno de Pedro Castillo. Su caso revela la corrupción del pasado y la negligencia del presente. Sin captura, la justicia sigue humillada y desacreditada.

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Mientras la justicia reafirma la prisión preventiva por 36 meses contra el prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué la Policía Nacional del Perú no logra capturarlo? La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de rechazar la apelación de su defensa no solo confirma la solidez de las pruebas en su contra, sino que también expone una verdad incómoda: la ineficiencia —¿o desinterés? — del aparato estatal por hacer cumplir esa medida.

Silva Villegas, imputado por liderar una presunta organización criminal junto al expresidente Pedro Castillo, lleva tres años en condición de prófugo. Se le atribuyen actos de corrupción vinculados a la licitación del Puente Tarata y a otras obras públicas entregadas a empresas chinas. Los delitos que enfrenta —organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias— no son menores. Sin embargo, a pesar de la orden de captura nacional e internacional emitida en marzo de 2023, nada se sabe con certeza de su paradero. ¿Ha desaparecido del mapa con tanta facilidad o alguien lo protege?

A esta impunidad se suma la estrategia legal del exministro, quien busca deslegitimar la prisión preventiva con apelaciones sin sustento. El Poder Judicial ha sido claro: su defensa no presentó nuevos elementos ni argumentos para debilitar los “graves y fundados elementos de convicción” existentes. Y aun así, Silva pretende burlar a la justicia desde la clandestinidad.

Alerta roja de Interpol contra Juan Silva se encuentra vigente hasta el año 2027.

La pasividad de la PNP en este caso es alarmante. No se trata de un prófugo cualquiera, sino de un exalto funcionario que, según la Fiscalía, formó parte del núcleo duro de una red criminal que saqueó al Estado. ¿Cómo es posible que, después de tres años, no exista un solo resultado concreto en su captura? ¿Realmente se le está buscando?

Es momento de que el Ministerio del Interior y la PNP rindan cuentas. No basta con emitir alertas rojas en Interpol si no hay un esfuerzo serio y sostenido para ubicar a quien simboliza la evasión de justicia más flagrante del gobierno de Pedro Castillo. El caso Silva refleja no solo la corrupción del pasado, sino la negligencia del presente. Y mientras siga libre, la justicia seguirá humillada.

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Política

Se cumplen 250 días sin que Dina Boluarte le responda a la prensa

Mandataria pasa sus días entre denuncias, cirugías encubiertas, documentos “clasificados” para que no se conozca su aumento de sueldo, y viajes al extranjero.

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La última vez que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se animó a contestarle a la prensa fue el ya lejano 22 de octubre de 2024, cuando en tono despectivo e irascible, les preguntaba antes a los hombres de prensa a qué medio pertenecían, asimismo, daba instrucciones sobre las preguntas que no tenía en mente responder porque eso sencillamente le ponía de muy mal humor.

Luego de ello, la autodenominada “mamá de todos los peruanos” se la pasó lanzando indirectas a los distintos medios cuando se trataba de una actividad oficial, tildándolos de ser los verdaderos “enemigos de la patria”, confabuladores, de estar jugando “en pared” con sus opositores para sacarla de Palacio. Incluso, en una ocasión, se atrevió a decir, siempre acompañada de niños y sus ministros complacientes, que los periodistas vienen realizando un “terrorismo de imagen” contra su persona.

Como si se tratara de una deidad a la que hay que agachar la cabeza y lanzar loas, la jefa de Estado no quiere que ningún medio de prensa se le acerque a menos de 50 metros, caso contrario serán interceptados por su seguridad personal, o peor aún, encerrados durante horas en algún ambiente cuando se trata de dar cobertura en una actividad oficial. Y es que esa mujer “valiente” pareciera tener miedo a las preguntas que le formulen aquellos entrevistadores que no se encuentran sometidos al canal del Estado o a su área de prensa.

A la presidenta no le gusta que le den la contra los periodistas. Foto: captura video Latina.

Tal vez quiera evitar ese incómodo momento cuando le pregunten sobre sus viajes al extranjero, las joyas “prestadas”, sus “retoquitos” mencionados por el doctor Mario Cabani, los detalles sobre qué hacía el ‘cofre’ en una playa del sur, o el petitorio para aumentarse el sueldo.

A propósito de todo eso, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) le recuerda a la mandataria que ya lleva 250 días sin dar declaraciones, las mismas que tengan la posibilidad de un contrapunto o una repregunta, y que no estén sujetas a un cuestionario u hoja elaborado por su área de prensa. Y es que ella prefiere que solo le hagan preguntas que no la incomoden o la dejen mal parada.

«La ANP recuerda que el 22 de octubre del 2024 Boluarte, tras 105 días de silencio mediático, presentó su balance de gestión junto a sus ministros de Estado para, posteriormente, responder a preguntas de medios con expresiones hostiles hacia quienes se las formulaban. Desde esa fecha, la ANP ha registrado momentos álgidos en que la mandataria ha hecho manifiesto su reiterado menosprecio a la libertad informativa», se lee en un pronunciamiento de la institución.

Le queda poco más de un año y todo indica que seguirá manteniendo la boca cerrada; tal vez esa sea su estrategia para no cometer ni un desliz o dejarse llevar por sus impulsos y responder “tu mamá” de nuevo.

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Política

Alcalde de Lima empecinado en hacer su “marcha blanca” pese a que el tren Lima – Chosica no está concluido

Ministro de Transportes previamente ya le había respondido que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

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Ya se siente el amo y señor del Perú. Han pasado tres años y la tan repetida “Lima, potencia mundial” es solo un sueño de opio, pues hasta el momento gran partes del Cercado de Lima está invadido de vendedores ambulantes y carretilleros, y ni qué decir sobre la creciente inseguridad que se vive.

El alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, a propósito de esto último, mencionó muy suelto y despreocupado, que comprará drones que sobrevolarán la ciudad como “cóndores” y “explotarán” delante de los delincuentes.

Ahora, como si ya fuera presidente del país, viene repitiendo que iniciará una “marcha blanca” que será el inicio de las operaciones del tren Lima – Chosica, pero un gran detalle no pasa por inadvertido: no hay una obra concluida. Entonces, ¿dónde piensa colocar sus trenes de segunda traídos de los Estados Unidos?

El popular ‘Porky’ quiere colocar como sea sus trenes de la compañía Caltrain y ponerlas en funcionamiento el mes que viene. “El tren va a ir de todas maneras. Esa marcha blanca la hacemos en julio”, reiteró López Aliaga, a pesar de no existir un estudio técnico ni construidas las estaciones donde pasará el tren.

Al respecto, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, manifestó que tal “marcha blanca” no se encuentra contemplada debido a que “no hay una obra concluida ni iniciada”.

“Queremos saber si la Municipalidad de Lima lo va a hacer como obra suya, seguramente deben tener un expediente técnico, un plan a desarrollar y ejecutar, y sabrán los plazos y el cronograma. Si no lo puede hacer por diferentes circunstancias, sea tema presupuestal o apoyo técnico, y recurre al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el MTC tendría que usar la concesión que ya tenemos y firmar una adenda -es una posibilidad-. Y esa adenda requiere revisarla técnicamente, incorporar la adenda, las especificaciones técnicas, requisitos, estudios, y hacer un proyecto para poder firmar una adenda de ampliación y eso no requiere menos de un año”, dijo.

Sin camino. Ministro Sandoval le recuerda al alcalde de Lima que no existe una vía concluida para que ponga sus trenes. Foto: Andina.

Enterado de esta última declaración del ministro Sandoval, ‘Porky’ respondió que desde el MTC se está buscando poner “trabas” y que de encontrar mayores obstáculos no lo dudará dos veces en organizar una marcha hacia la sede del MC, pues para él lo único que se estaría buscando es “politizar” este proyecto.

“Si comienza a poner trabas, hay que hacerle una marcha hasta el MTC. Hay que llenar el MTC de gente que sí quiere tren”, manifestó.

Lo cierto de todo esto es que no existe una obra terminada para que pasen los trenes, ¿o será que pasarán volando por la ciudad con ayuda de los drones “cóndores” que pensaba comprar ‘Porky’?

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Política

Rossella Leiblinger es designada ‘jefa interina’ del IRTP

Durante los últimos años, la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco ha desarrollado su trayectoria en el sector estatal, ocupando cargos en diversos ministerios. Actualmente dirige Industrias Culturales en el Ministerio de Cultura y asume provisionalmente la encargatura, en el IRTP.

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Mediante la Resolución Suprema nº 013-2025-MC, publicada en el diario El Peruano, el Ministerio de Cultura designó a la abogada Rossella Guilianna Leiblinger Carrasco como jefa institucional encargada del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), en reemplazo de Ninoska Chandía Roque. El documento lleva las firmas del ministro de Cultura, Fabricio Valencia, y de la presidenta Dina Boluarte.

Resolución Suprema nº 013-2025-MC.

Leiblinger ejercerá el cargo de manera interina y en adición a sus funciones como directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, posición que ocupa desde enero de este año.

Leiblinger es directora de Industrias Culturales del Mincul y ahora está encargada del IRTP.

Es abogada por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Prácticamente, ha ejercido su trayectoria durante muchos años en el aparato estatal, habiendo laborado en los ministerios de Trabajo, Justicia, Energía y Minas, Interior, Mujer, así como en el Ministerio Público, la SBS y el Inabif.

Rossella Leiblinger Carrasco fue designada en enero del 2025 en el Mincul.

La llegada de Leiblinger Carrasco al IRTP se da en medio de un contexto institucional complejo, marcado por tensiones internas tras la salida de Chandía Roque, quien mantendría un grupo afín en la televisora, con el objetivo de cautelar sus intereses. Según fuentes del sector, se evalúa la designación de un nuevo titular en la jefatura institucional, siendo el nombre de Luis Francisco Vivanco Aldon uno de los voceados para asumir el cargo.

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Política

Continúa la pugna entre Patricia Benavides y Delia Espinoza por el control de la Fiscalía

La batalla entre Benavides y Espinoza sigue escalando, mientras el Juzgado Supremo admite la apelación de Benavides contra su inhabilitación de dos años, se profundiza el caos institucional en el Ministerio Público y se debilita la imagen de imparcialidad judicial.

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La reciente admisión de apelación presentada por Patricia Benavides Vargas, suspendida fiscal suprema, ha reactivado un conflicto interno que ya desbordó los límites del Ministerio Público. Lejos de tratarse de un proceso judicial común, el enfrentamiento entre Benavides Vargas y la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ha evidenciado una peligrosa politización del sistema de justicia peruano.

Con el respaldo del abogado Jorge del Castillo, quien calificó de «express» la resolución que suspendió a Benavides Vargas por 24 meses, la estrategia es clara: revertir una medida que, si bien fue contundente, no estuvo exenta de cuestionamientos procesales. Sin embargo, lo más grave no es el recurso legal en sí, sino el uso instrumental de los órganos judiciales en medio de una pugna de poder.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema deberá ahora pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión impuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Pero la expectativa está menos en el argumento jurídico y más en el equilibrio de fuerzas internas. Las decisiones ya no parecen moverse por criterios de institucionalidad, sino por simpatías y alianzas políticas que fracturan peligrosamente la imagen de imparcialidad del Poder Judicial.

Hace unos días, el PJ suspendió por 24 meses a Patricia Benavides del cargo de Fiscal Suprema.

Ambas señoras, Benavides Vargas y Espinoza Valenzuela, representan facciones enfrentadas dentro del Ministerio Público, convirtiendo a esta institución en un campo de batalla. El problema no es solo la disputa personal entre dos fiscales, sino cómo esta ha contaminado los cimientos del sistema judicial, arrastrando a jueces, fiscales y salas completas a tomar posición en lo que debería ser un proceso técnico y desapasionado.

La justicia, en lugar de ser un poder del Estado autónomo, parece haberse convertido en una arena política más. El daño es profundo: se debilita la confianza ciudadana y se compromete la legitimidad de futuras decisiones. Mientras Benavides Vargas lucha por volver, la justicia debería luchar por no hundirse con ella.

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Política

Renunció la jefa de Prensa de Palacio de Gobierno, Mónica Tiburcio

Apenas duró un día en el Despacho Presidencial.

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Mónica Otilia Tiburcio Orbezo fue designada hace dos días, como nueva secretaria de Comunicación Estratégica y Prensa del Despacho Presidencial, en reemplazo de Luis Urmeta Delgado. Su nombramiento habría tenido que pasar por el visto bueno de Juan José Santiváñez, pues según registros se llegó a reunir hasta en tres ocasiones con el exministro del Interior.

Resolución n.° 000040-2025-DP/SGDP, de renuncia de Mónica Tiburcio.

Ella tenía la misión de enfocarse en mejorar considerablemente la imagen de la presidenta de la República que ya lleva sin declarar a la prensa más de 200 días. Sin embargo, ya no va más y a través de la Resolución N° 000040-2025-DP/SGDP, firmada por el Secretario General, Enrique Vílchez, el Gobierno decidió aceptar su renuncia, dándole las gracias por los servicios prestados, apenas un día.

¿Ahora quién será el reemplazante de Tiburcio? ¿Acaso alguien que juegue en pared con el IRTP?

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