En la audiencia de ayer, la fiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, de a Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, informó que se presentó como nuevo elemento de convicción la tesis de Patricia Benavides, afirmando que cuenta con alto grado de similitud con otros trabajos presentados.

“La tesis que presentó (en el concurso público de la JNJ de 2022) y que generó su calificación (nombramiento) como fiscal suprema es una tesis con 85% de plagio. Por eso es que no aparecen. Vemos ahí como hay sustracción de los medios de pruebas”, reveló la fiscal Cárdenas.

No obstante, el juez supremo César San Martín recordó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ya archivó el proceso por el que se pide la separación de la investigada, motivo por el que ya no tendría sentido que persista la sanción.

En esa línea, la fiscal Cárdenas alegó que la decisión del Parlamento aún no ha sido notificada e insistió en que permitir el retorno de Benavides Vargas supondría que esta incurra nuevamente en irregularidades.

«La necesidad (de la suspensión) es para que no se instrumentalice a la institución para fines personales y por eso solicitamos la medida en tanto el Congreso no emita el pronunciamiento definitivo», agregó.

Cabe recordar que la Universidad Alas Peruanas admitió que en el año 2023 no pudo dar con la localización de ese trabajo, el mismo con que Benavides obtuvo sus grados de maestría y doctorado.

Tras la presentación de esa nueva evidencia, la Fiscalía busca que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirme la suspensión que se le impuso y que se amplíe a 36 meses.

El dato:

Benavides es imputada por supuestamente haber coordinado con el abogado José Luis Castillo Alva para que este la ayude a socavar el proceso administrativo que tenía en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) a cambio de ayudarlo en su indagación por el caso Cuellos Blancos.

Mientras en el país continúan los cuestionamientos a la gestión presidencial, el Gobierno ha anunciado una nueva gira internacional. Esta vez, la presidenta Dina Boluarte visitará Japón e Indonesia entre el 5 y 12 de agosto, en lo que se ha calificado como un viaje destinado a “fortalecer las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales” del Perú con Asia. Así lo informó el canciller Elmer Schialer, quien, en conferencia de prensa, defendió con vehemencia la iniciativa, como ya es costumbre entre varios miembros del gabinete cuando se trata de justificar los movimientos de la jefa de Estado.

La solicitud para autorizar el viaje ya ha sido enviada al Congreso, tal como lo establece la Constitución. Schialer, con tono enfático, expresó su disposición de asistir al Pleno para sustentar el pedido. Sin embargo, el respaldo técnico de la gira no ha logrado opacar las dudas que persisten sobre la pertinencia política de un desplazamiento internacional en medio de una crisis interna de legitimidad, marcada por el descontento ciudadano y los cuestionamientos por el manejo del gobierno.

En su paso por Japón, la mandataria sostendrá reuniones con empresarios, funcionarios y la comunidad nikkei, además de participar en la Exposición Universal Osaka-Kansai 2025, donde Perú contará con un pabellón nacional. Se prevé, además, una audiencia con el emperador Naruhito, evento que Schialer no dudó en calificar como “una deferencia muy particular”.

La agenda en Indonesia incluye la firma del Acuerdo Comercial y de Cooperación Económica Integral (CEPA), el cual —según el canciller— permitirá quintuplicar las exportaciones peruanas a esa región. “Indonesia es el mayor país musulmán del mundo, con 280 millones de habitantes. El acceso a su mercado representa una gran oportunidad”, subrayó.

No se cuestiona que el fortalecimiento de los lazos comerciales y diplomáticos con Asia sea una prioridad estratégica. Sin embargo, lo que genera inquietud es la narrativa complaciente de los ministros, que suelen presentar cada acción presidencial como indiscutible, sin mostrar capacidad crítica ni autocrítica. El contexto político actual exige cautela, transparencia y sintonía con los problemas internos, no solo ceremonias protocolarias en el extranjero.

Las giras presidenciales, en efecto, son parte del trabajo diplomático habitual. Pero cuando estas ocurren mientras se acumulan conflictos sin resolver, promesas incumplidas y escándalos sin responsables claros, el simbolismo se vuelve más potente que los anuncios. ¿Es este el mejor momento para proyectar una imagen internacional, cuando la imagen interna sigue tan golpeada?

Schialer y otros ministros insisten en recalcar los beneficios económicos de estos viajes, pero omiten referirse al creciente escepticismo ciudadano sobre su impacto real y a los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en medio de un país aún marcado por la desigualdad y la desconfianza en las instituciones.

Por ahora, el Congreso tiene la última palabra sobre la autorización. Pero más allá del trámite legal, esta nueva gira internacional evidencia una constante en este gobierno: la necesidad de blindar políticamente a la presidenta, incluso a costa del juicio crítico y la rendición de cuentas.

Le piden celeridad. El nuevo presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la República, José Jerí (acusado de presunta violación sexual) anunció esta mañana que el pleno del Congreso se reunirá de manera semipresencial para aprobar la conformación de comisiones, lo cual permitirá abordar temas urgentes como la minería ilegal y los ajustes a la ley de extinción de dominio. Indicó que, a diferencia de años anteriores, se está priorizando este proceso interno para tener operativa toda la estructura parlamentaria.

A propósito de la Ley de Extinción de Dominio, el congresista Jerí manifestó que el Parlamento acatará el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucionales algunos aspectos de la referida norma.

Durante declaraciones a la prensa, Jerí señaló que “toda sentencia del Tribunal Constitucional sigue su trámite en las instancias pertinentes”, y enfatizó que el Congreso actuará conforme a la ley y al respeto de las funciones constitucionales de cada institución.

Aunque evitó dar una postura definitiva hasta conocer íntegramente el fallo, adelantó que podrían establecerse reglamentaciones complementarias para corregir los puntos cuestionados, sin que ello implique una derogatoria total de la norma.

#EnVivo

José Jéri, presidente del Congreso: Vamos a ver la resolución completa del TC, respecto a la extinción de dominio, para emitir una opinión totalmente coherente y firme

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— Canal N (@canalN_) July 31, 2025

El dato:

En su sentencia, el TC decidió declarar inconstitucional la redacción original del numeral 2.1 y el artículo 2.5 del artículo II del Título Preliminar de dicho decreto. El fundamento central es que estas disposiciones transgreden principios constitucionales como el derecho a la propiedad, la presunción de inocencia, el debido proceso, la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga Peña, intenta sostener un discurso optimista frente a la evidente crisis de los programas alimentarios en el país. Con un historial de recurrentes fallos en la implementación de iniciativas como ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’, hoy se presenta una nueva propuesta que, lejos de despejar dudas, las multiplica: permitir que los padres de familia administren directamente los alimentos destinados a los escolares.

La medida, presentada como una “novedad”, busca descentralizar la gestión del Programa de Alimentación Escolar. Urteaga Peña asegura que serán las propias comunidades educativas —padres, concesionarios o asociaciones— quienes asumirán la responsabilidad. Una corresponsabilidad que, en teoría, promovería el control social. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿no es esta una forma de trasladar la ineficiencia del Estado a ciudadanos sin experiencia ni recursos logísticos?

La ministra afirmó que esta vez habrá una fiscalización intersectorial y que su cartera trabajará junto a los ministerios de Desarrollo Agrario, Producción, Educación y Salud, además del Colegio de Nutricionistas, las Apafas y otros actores de la comunidad educativa. Sin embargo, después del fracaso de los programas anteriores, ¿es suficiente mencionar alianzas sin detallar mecanismos efectivos de control?

Respecto al contenido de los alimentos, se anunció que estos incluirán productos originarios de cada región, si hay disponibilidad. También se resaltó la participación de productores locales, aunque no se especificaron criterios de calidad, ni cómo se evitarán intermediaciones que inflan costos o reducen estándares nutricionales.

Leslie Urteaga indicó que el presupuesto actual supera los S/2 mil millones y que se ha planteado un aumento del 30 % para el 2026. La cifra impresiona, pero sin una rendición de cuentas clara, el dinero podría seguir evaporándose entre burocracia e irregularidades.

En paralelo, la ministra presentó el ‘Programa Nacional de Alimentación y Bienestar Comunitario’, que apunta a mejorar las condiciones de ollas comunes, comedores populares y el Programa del Vaso de Leche. En colaboración con Sedapal, se promete acceso a agua potable para zonas periféricas. Otro anuncio que suena bien, pero que choca con la escasa capacidad de ejecución mostrada en los últimos años.

Mientras tanto, aún no hay responsables sancionados por los errores del pasado y por los presuntos delitos cometidos en los anteriores y fallidos programas alimentarios, como ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. Y ahora, la apuesta es que los padres llenen ese vacío de gestión estatal. ¿Es eso realmente una solución, o apenas una forma de esquivar la rendición de cuentas?

La pugna entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, suma un nuevo capítulo. Esta vez, el burgomaestre limeño ha pedido públicamente a la presidenta Dina Boluarte la destitución del ministro, acusándolo de inacción y de haber llegado al cargo como parte de una cuota política del partido Alianza Para el Progreso (APP), liderado por César Acuña Peralta.

Durante la presentación del primer tramo del corredor vial de la Vía Expresa Sur —una obra impulsada en Barranco, Surco y San Juan de Miraflores—, López Aliaga desvió la atención del proyecto para lanzar duras críticas contra Sandoval. No solo cuestionó su gestión en el MTC, sino que aseguró que el ministro habría solicitado cargos públicos durante una visita a su despacho, afirmación que Sandoval ha negado tajantemente. El alcalde, lejos de retractarse, reafirmó su versión con tono desafiante.

“Yo invoco a la señora presidenta que de una vez mande a su casa a este señor que funge de ministro. Este señor ha sido puesto como la cuota de poder del señor Acuña, que tampoco trabaja”, sostuvo el alcalde, sin ofrecer pruebas concretas, pero alimentando una narrativa cada vez más frecuente en su discurso: la del sabotaje institucional contra su administración.

Más allá del cruce de acusaciones, este enfrentamiento refleja una problemática más profunda: el uso del aparato estatal como campo de batalla político. Mientras la capital enfrenta retos urgentes en transporte, seguridad y planificación urbana, sus principales autoridades se enfrascan en disputas que poco contribuyen a soluciones concretas.

El alcalde López Aliaga también aprovechó para descalificar el reciente mensaje presidencial del 28 de julio, señalando que fue extenso y carente de propuestas novedosas. “Lo mismo que dijo el año pasado lo ha dicho ahora. Es la filosofía del expediente técnico”, ironizó.

Este tipo de declaraciones refuerzan un estilo político confrontacional que, aunque busca sintonizar con el hartazgo ciudadano, también corre el riesgo de agotar su impacto cuando no se traduce en resultados palpables.

En una ciudad donde los proyectos de infraestructura avanzan con lentitud y los intereses partidarios parecen anteponerse a la gestión, el enfrentamiento entre el alcalde y el ministro evidencia una vez más cómo la politiquería puede desviar el foco de los problemas reales que afectan a millones de limeños.

El mandato de Dina Boluarte Zegarra, a través del Despacho Presidencial inició un proceso público para contratar una agencia de viajes que gestione pasajes aéreos —nacionales e internacionales— por un período de 730 días, es decir, hasta mediados de 2027. La convocatoria incluye la compra de más de 2,700 boletos dentro del país y 57 hacia el extranjero, extendiéndose incluso al próximo gobierno.

Los destinos internacionales contemplan viajes a América, Europa y Asia, aunque los documentos oficiales no explican con claridad los motivos institucionales que justificarían tal volumen de desplazamientos. A esto se suma que no se ha consignado un monto estimado del contrato en la convocatoria pública, lo que alimenta las críticas sobre la falta de transparencia en la gestión presidencial.

La referencia más cercana es un contrato anterior firmado por el mismo Despacho Presidencial en junio de 2024, que superó los 1.7 millones de soles. Aunque la nueva adjudicación aún no se concreta, se estima que será resuelta a fines de agosto.

La decisión ha generado preocupación por su carácter anticipado y por la opacidad en torno a los objetivos de los viajes proyectados. En un contexto de crisis institucional, inseguridad y escasa conexión con las regiones, la planificación de desplazamientos costosos y poco justificados refuerza la percepción de un gobierno más enfocado en agendas externas que en atender las urgencias del país.

La presidenta Dina Boluarte Zegarra ha solicitado al Congreso de la República permiso para ausentarse del país entre el 5 y el 12 de agosto, con el objetivo de cumplir compromisos internacionales en Japón e Indonesia. Esta nueva gira presidencial ocurre en un contexto nacional marcado por una creciente inseguridad ciudadana, conflictos sociales sin resolver y una débil gobernabilidad.

Según el documento oficial presentado al presidente del Parlamento, José Enrique Jerí Oré, la mandataria atenderá una invitación del gobierno japonés para participar en el “Día del Perú” dentro de la Expo 2025 en Osaka, además de sostener reuniones con el primer ministro Fumio Kishida y el emperador Naruhito. También se prevé su asistencia a encuentros empresariales organizados por PROMPERÚ, con la intención de atraer inversiones.

Posteriormente, Boluarte Zegarra tiene programado viajar a Yakarta, Indonesia, el 11 de agosto, como parte de la conmemoración del 50.º aniversario de relaciones diplomáticas con ese país. Esta visita responde a una invitación del presidente indonesio Prabowo Subianto.

Aunque la agenda presidencial se enmarca en actividades de promoción económica y relaciones bilaterales, resulta inevitable cuestionar la frecuencia con la que Boluarte opta por estar fuera del país. Mientras tanto, los ciudadanos enfrentan a diario problemas graves de criminalidad, desempleo y descontento social, sin una presencia sólida del Ejecutivo.

Estos constantes viajes contrastan con la escasa conexión de la presidenta con las regiones del Perú, donde los reclamos por atención estatal se acumulan. La solicitud de autorización ahora está en manos del Congreso que hoy dirige el cuestionado Jerí, que deberá evaluar si el país puede permitirse otra ausencia de su mandataria en medio de una crisis interna persistente.

No pudo más. Quiénes más que nuestros familiares más cercanos para hacernos recapacitar y aconsejarnos sobre lo mejor para nosotros. Tras 15 días de abstinencia alimenticia, la expremier Betssy Chávez, decidió dar por terminada su huelga de hambre luego que llegara a un acuerdo con un alto funcionario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y tras haber escuchado los consejos de sus familiares y amigos más cercanos.

Fue su abogado, Raúl Noblecilla, quien indicara a través de un comunicado que la medida de su patrocinada se debió a una serie de conversaciones.

«Betssy Chávez levanta huelga de hambre tras 15 días, luego de llegar a un acuerdo con el Director Regional del INPE y ante la insistencia de sus familiares, compañeros y amigos. Exige cambios reales e investigar la corrupción en el Penal de Chorrillos que ha denunciado», indicó.

Betssy Chávez denunció que la acosaban sexualmente

Todo se inició cuando la expremier publicó una carta donde denunciaba que venía siendo víctima de una serie de hostigamientos por parte de funcionarios del INPE, llegando a asegurar que venía siendo chantajeada sexualmente, así como exigirle el pago de cupos en el interior del penal de mujeres de Chorrillos.

Tras varios días de iniciada su huelga de hambre, el letrado mencionó que su defendida presentaba un grave deterioro en su salud al punto de estar bajo riesgo de sufrir un paro cardiaco.

«Tengo el informe médico del día 22, lo cual da cuenta del precario y grave estado de salud de Betssy Chávez y se pueden advertir riesgos de paro cardiaco que cada día y cada hora se acrecientan. Esto implica que ella no pueda comparecer y solicitó que se suspenda esta audiencia. Betssy Chávez está yendo a la muerte, lo dice el doctor clínico», precisó aquella vez.