Estudiantes universitarios se aúnan a las protestas y en esta ocasión le tocó el turno a los de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV), quienes hace unos días vienen solicitando a la rectora de su casa de estudios, Cristina Asunción, el uso de las instalaciones para poder dar cobijo a los manifestantes que se han congregado en la ciudad, en su mayoría provenientes de regiones del sur del Perú.

A través de una carta abierta enviada el pasado 21 de enero del 2023, la Coordinadora Democrática Estudiantil (COODE UNFV), el frente de estudiantes de diversas facultades y la autora del pedido, se solidarizó con quienes están ejerciendo su derecho a la protesta.

“Exigimos a la rectora de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Cristina Asunción, a la Asamblea Universitaria y al Consejo Universitario, a permitir el uso de las instalaciones de nuestra alma máter, con el objetivo de apoyar y solidarizarnos con aquellos compañeros y estudiantes que ejercen su derecho de protesta contra la dictadura de Dina Boluarte”, se lee en la misiva.

“Recordemos que, según el inciso A del artículo 4 de nuestro estatuto, uno de los principios de nuestra universidad es la justicia social, la solidaridad, la libertad, la fraternidad, la afirmación de los valores nacional y la defensa de los derechos humanos“, agregó.

En otra parte del comunicado, la COODE UNFV también rechazó la intervención policial a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Indicó que dicho operativo se habría podido evitar si la rectora Jerí Ramón hubiera mantenido el espíritu de diálogo, tal como ocurrió en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

“Los compañeros sanmarquinos venían realizando una medida de lucha en solidaridad con los protestantes provenientes de interior del país. Esto se pudo haber evitado si la rectora de dicha universidad hubiese mantenido el dialogo y abierto la casa de estudios de manera solidaria, tal como ocurrió en la Universidad Nacional de Ingeniería”, precisó.

Cabe recordar que previamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) abrieron sus puertas para albergar a ciudadanos de la región macro sur del país, quienes posteriormente acudieron a las marchas en contra del gobierno de la presidenta Boluarte.

De aprobarse el petitorio por parte de los alumnos de la UNFV esa casa de estudios superiores se convertiría en la tercera universidad pública en albergar a los protestantes.

Caras nuevas y algunas ya conocidas. El Ejecutivo designó este jueves 26 de enero – mediante Resolución Suprema N° 001-2023-MC – a María Teresa del Carmen Quiroz Velasco, Manuel Ignacio Chiroque Farfán y Owan Néstor Eugenio Lay González, como integrantes del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

El IRTP, es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Cultura, que tiene por finalidad ejecutar actividades y acciones a nivel nacional de difusión de contenidos educativos, informativos, culturales y de esparcimiento.

Perfil de los nuevos integrantes

María Teresa del Carmen Quiroz Velasco es Magister en Sociología y Doctora en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Científica del Sur. Cuenta con publicaciones de libros dedicados a la educación y las comunicaciones.

También se desempeñó como investigadora y profesora principal en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Lima y fue docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue directora del Instituto de Investigación Científica y es especialista en temas de comunicación, educación, cultura, tecnologías, periodismo, libertad de expresión y autorregulación.

Manuel Chiroque Farfán es especialista en comunicación audiovisual, con estudios de posgrado en marketing. Actualmente es docente y jefe del Laboratorio de Televisión de la Universidad Nacional del Santa, desde donde investiga sobre comunicación transmedia, audiencias multiplataforma, narrativas móviles y video en 360°.

Cuenta con más de 20 años de experiencia en producción y dirección de contenidos televisivos, proyectos multiplataforma; así como en gestión de marca y comunidades virtuales. También fue director del noticiero Primera Edición de Chimbote del 2006 al 2009. Ha presentado ponencias en el Perú y el extranjero, y forma parte de la Comisión Ejecutiva de la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales – Red INAV, presente en 13 países.

Owan Néstor Eugenio Lay González regresa al Consejo Directivo del IRTP, donde participó entre los años 2018 – 2021. Es gestor público y cultural, con licenciatura en Relaciones Internacionales y estudios de maestría en Gestión Pública. Ejerció cargos directivos en el sector público, organismos internacionales y no gubernamentales. Entre ellos, como director técnico del Centro Regional para Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina- CRESPIAL, Centro de categoría 2 de UNESCO.

En el sector público, fue director de Políticas para Población Afroperuana, logrando la aprobación de diferentes normas como el Plan Nacional de Desarrollo para la Población Afroperuana; director del Lugar de la Memoria la Tolerancia y la Inclusión Social y es miembro del directorio de la organización afroperuana Makungu para el Desarrollo y del Foro Peruano de Relaciones Internacionales FOPRI.

Creyó sentirse seguro detrás de una computadora y que sus publicaciones no iban a pasar desapercibidas por las autoridades, sin embargo Rodrigo Benjamín Benites Silva acaba de ser condenado por el delito de apología al terrorismo, a través del uso de tecnologías de la información o comunicación (redes sociales), el último miércoles 18 de enero del presente año.

El sujeto realizó una publicación en la red social Facebook, anteriormente, donde enalteció, exaltó y justificó el accionar del cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán Reinoso, quien falleció el pasado once de septiembre del 2021.

Al grupo terrorista SL se le atribuyen más de 200 masacres, en todo el país y especialmente en zonas rurales, lideradas por Guzmán Reinoso. Además, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), los asesinados por esta organización ascendieron a más de 32 mil víctimas.

En este escenario, el Ministerio Público y la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo consiguieron demostrar que Benites Silva fue el autor del post, en la mencionada plataforma digital, donde se incurrió en el referido delito.

El hecho sienta un precedente en el sistema judicial, tras la disposición del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, debido a que se trata de la primera sentencia condenatoria en este tipo de casos.

El delito de apología al terrorismo se encuentra comprendido en el artículo 316-A del Código Penal, el mismo que fue incluido mediante la Ley N° 30610 publicada el 19 de julio del pasado 2017.

El Poder Judicial determinó, en este marco, un total de ocho años de pena privativa de la libertad efectiva, así como el pago de una determinada suma de dinero, al sentenciado.

“Se dictó la primera sentencia condenatoria por Apología al terrorismo en redes sociales. Poder Judicial impuso en primera instancia ocho años de prisión efectiva y el pago de 10 mil soles por concepto de reparación civil”, informó la Procuraduría.

Sendero Luminoso nunca fue un movimiento político sino un grupo terrorista

Por otro lado, Milko Alberto Ruiz Espinoza, procurador público especializado en delitos de terrorismo, destacó la medida como un avance, en nuestro sistema judicial, en la lucha contra el terrorismo en el país.

El funcionario reafirmó que cualquier tipo de declaración, expresión o publicación, ya sea en redes sociales u otro escenario, que exalte, justifique o enaltezca el terrorismo constituye el delito de apología sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta 15 años.

La misma sanción recae contra aquellos que, en las mismas circunstancias o similares, justifiquen, enaltezcan o exalten a una persona condenada por el delito de terrorismo.

Según la CVR, en su informe final, se contabilizaron pérdidas económicas en el Perú por un total de US$ 9′184,584.648 tras los ataques terroristas entre los años 1980 y 1988. Dicho monto fue calculado por la Comisión Especial del Senado de la República.

Asimismo, la CVR también informó del costo económico para las familias rurales al interior del país, tras finalizar este periodo, que sufrieron directamente los estragos del terrorismo. Esta suma, según la entidad, superó los más de 17.000 soles por familia.

Se aferra a la vida a pesar de haber vivido en carne propia la insania de algunos manifestantes que descargan su ira contra un ciudadano más como ellos pero, por motivo de su labor, tiene que vestir el uniforme policial.

Como resultado de actores políticos de izquierda que desde hace varias semanas se vienen encargando de dividir a un país con mensajes clasistas, racistas, y poco tolerantes, los resultados de esos mensajes llenos de tirria saltan a la vista con pobladores incendiando todo lo que encuentran a su paso, sin detenerse por un momento que una vez terminada esta revuelta social se tendrá nuevamente que construir todo eso y mientras dure ello tendrán que soportar la carencia de servicios básicos. Muchas veces la ira puede más con la mesura y las consecuencias se verán en unas cuantas semanas.

Si en un principio las asonadas de violencia se suscitaban en Andahuaylas, Puno y Arequipa, ahora le toca el turno a Ica, en donde la zona conocida como Barrio Chino (Km. 283 Panamericana Sur) se ha convertido durante los últimos días en un campo de batalla, en donde los manifestantes persisten en tener bloqueada la carretera hacia el sur, suscitándose constantes enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como producto de esos encuentros entre las fuerzas del orden y los habitantes de Barrio Chino ha resultado gravemente herido el sub oficial de tercera Joel Montañez Colque, quien de milagro permanece con vida luego de la brutal paliza que le propinaron.

Incluso, distintos medios locales daban por muerto al efectivo policial, sin embargo, de acuerdo al último parte médico del director regional de Salud de Ica, Víctor Manuel Montalvo Vásquez, aseguró que su condición de salud por el momento se encuentra estable, y que su recuperación dependerá de los tratamientos que se le realice.

🔴 #ÚLTIMOMINUTO El director regional de Salud de Ica, M.C. Victor Manuel Montalvo Vásquez, dio detalles del estado de salud del policía, Joel Enrique Montañez Colque, quién reportaron como fallecido. Confirma que se encuentra #estable, presenta lesiones a nivel de cabeza. pic.twitter.com/d6z1KzltbZ

— Infórmate Perú (@informateperu) January 26, 2023

Pero no fue lo único. La Defensoría reportó, además, que desadaptados obstruyeron el pase de una cisterna que se dirigía a apagar un incendio de la I.E. Juan José Salas de Villacuri y atacaron a una ambulancia. Los manifestantes atentan contra sus propios conciudadanos.

Barrio Chino se ubica en un tramo de la carretera Panamericana Sur que ha sido bloqueado por manifestantes, impidiendo el tránsito de vehículos y el intercambio comercial.

Las fuerzas del orden se han desplegado por el lugar para liberar la vía, que permanece cerrada por los manifestantes desde hace varios días.

Todo estaba listo para que la Policía Nacional ingrese de manera sorpresiva a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) pero una rápida reacción de su rector detuvo lo que habría sido una acción similar a la ocurrida en la universidad San Marcos este último fin de semana.

El rector de la UNI, Pablo Alfonso López Chau, confirmó para el medio digital Nativa que hubo una “amenaza de intervención” al campus de la casa de estudios de parte de las fuerzas del orden, para retirar a los estudiantes provenientes de provincia que fueron acogidos en este lugar.

Reveló que, en las horas previas, tomó contacto con funcionarios del gobierno con los que estuvo dialogando sobre la posibilidad de que una delegación de estudiantes protestantes se reúna con los representantes del Ejecutivo en el campus de la universidad.

“Yo insistí que era mejor que ellos (los funcionarios) vengan al campus, que es lo que debe hacer un estadista, que no había que tener ningún temor, dar la cara y poner sus razones”, afirmó.

Sin embargo, recordó que ese mismo día (sábado 21 de enero) recibió con “sorpresa” la información que la UNI estaba siendo “rodeada por tanques”, por lo que cogió su teléfono para contactarse con un funcionario del gobierno.

“Llamé por teléfono y mandé un WhatsApp, en el que digo, palabras más, palabras menos: ‘señor viceministro, cuando se está conversando para ver la posibilidad de una mesa de diálogo o buscar fórmulas que alivien a rebajar la tensión, no es correcto que la UNI amanezca o esté rodeada por tanques’”, dijo.

“Eso no contribuye al buen ánimo. Le pido por favor que retire inmediatamente esas tanquetas amenazantes. Debo decir, en honor a la verdad, que felizmente así lo hizo”, añadió.

Explicó que su preocupación recaía en que en el auditorio de la casa de estudios en el momento en el que se pretendía ingresar había una ceremonia con cientos de personas, entre ancianos, padres de familia y menores edad.

“Hubiera sido terrible, si ellos logran ingresar y meter bombas lacrimógenas. Adiós gracias que no ocurrió. Pero bueno es lo que pasó en la UNI”, comentó para dicho medio periodístico.

Aclaró que “puede dar fe” que en el caso de las personas que alojó eran netamente estudiantes, quienes se registraron con su DNI o carnet universitario, y cuidaron en todo momento las instalaciones del campus.

“Respetaron la casa, la cuidaron y al partir algunos han expresado su gratitud. Eso es prueba de que se pudieron hacer las cosas de otra manera”, acotó.

Luego de que la SUNEDU emitiera un comunicado respecto del licenciamiento de la Universidad Alas Peruanas (UAP), la nueva administración de la casa de estudios se pronunció reiterando que la denegatoria de su licenciamiento carece de fundamentos técnicos y que, además, cada paso dado por la UAP se realizó bajo la directa supervisión de SUNEDU a la cual se le entregaron todos los requerimientos que iba exigiendo así como todas las inspecciones que dispusieron realizar. Sin embargo, se les comunicó que no procedía el licenciamiento.

Según el gerente general de la UAP, César Cabrera, “la SUNEDU primero dijo que no nos otorgaba el licenciamiento porque no habíamos acreditado una adecuada situación financiera. Al haber demostrado que eso no era cierto, ahora sostienen que no habríamos cumplido con ciertas condiciones básicas de calidad, lo cual tampoco es cierto porque en las diversas inspecciones la Sunedu pudo comprobar que contamos con infraestructura y equipamiento de primer nivel en todos los locales y en todas sus sedes y con la plana docente requerida”.

Asimismo, Cabrera hizo notar que para el trámite de licenciamiento la SUNEDU “utilizó 343 días calendario (241 días hábiles) hasta llegar al 17 de noviembre de 2022 cuando nos denegaron la licencia. Se trata extenso y fuera de la ley que, además, no le fue aplicado a ninguna universidad. La UAP lo aceptó a pesar del perjuicio que nos causaba porque no podíamos hacer proyecciones futuras. ¿Y todo para qué? para que sin fundamento nieguen el licenciamiento”.

A lo largo del proceso, según  afirma Cabrera, “han existido diversas irregularidades como el cambiar las normas aplicables en pleno licenciamiento y, aún así, cumplimos con ellas y lo más grave es que la SUNEDU realizó observaciones que ahora difunde pero que nunca fueron comunicadas a la UAP. De haberlas notificado habrían sido subsanadas de inmediato porque cumplimos con todas las exigencias de ley”.

De acuerdo a lo que señala el gerente general “este hecho demuestra no solo arbitrariedad sino que quiebra el derecho a defensa. ¿Cómo se puede defender alguien si no conoce cuál es la falta cometida? Esto nos lleva a preguntarnos ¿cuál es el motivo para que en nuestro caso no haya existido un comportamiento correcto por parte de la autoridad”. 

Según manifiesta el gerente de la UAP, la SUNEDU le ha negado a la casa de estudios el licenciamiento sin fundamento válido y que una muestra es el aspecto referido al programa anti-plagio Turnitin. Al respecto, Cabrera sostiene que “Nosotros cumplimos con el mandato de la SUNEDU y compramos el software Turnitin y ahora nos dicen que la aplicación de dicho software no garantiza la evaluación de originalidad de las tesis y trabajos de investigación. Sin embargo, la propia SUNEDU lo ha aceptado como válido en otras universidades licenciadas. Entonces, ¿por qué el mismo software Turnitin en unos casos sí es válido y en el caso de la UAP no lo es?”.

En cuanto al tema financiero, el gerente de la UAP sostiene que “Ahora la SUNEDU retrocede en este punto porque hemos demostrado que nuestras finanzas están orden”. Añade que “Todos los técnicos de la SUNEDU tuvieron puertas abiertas a nuestra institución y revisaron todo lo necesario y nosotros levantamos las observaciones que nos hicieron. ¿Por qué el Consejo Directivo decide negarnos el licenciamiento? No hay fundamento alguno. Nos corresponde ser una universidad licenciada porque hemos realizado una inversión de 210 millones de soles que se refleja en nuestra magnifica infraestructura y equipamiento que cualquiera puede constatar y nuestro expediente de licenciamiento cumple con más requisitos que otras universidades que han sido licenciadas”.

Finalmente, Cabrera sostiene que “El espíritu de la ley universitaria es lograr la reforma de las universidades, por eso se habla de reforma universitaria. La SUNEDU no puede ser un ente de clausura sino que debe ser una institución que respalde el esfuerzo de las universidades que, como la UAP, se reforman cumpliendo la ley”.

Los invitó a “su casa”, pero se olvidó que era la casa del Estado. La Contraloría General de la República pidió explicaciones al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Pablo Alfonso López-Chau, tras anunciar que albergarán a estudiantes de otras regiones que llegaron a Lima para participar en las protestas. Ayer jueves 19 se inició las protestas en la capital.

A través de un oficio, el órgano pide información del uso de las instalaciones de la casa de estudios. Asimismo, se le brinda el plazo máximo de un día hábil para que se emita el documento.

“(…) se advierte que dicha Casa superior de Estudios tendría ocupada sus instalaciones por diversas personas que arribaron a la ciudad de Lima desde varias regiones, agradeceré informe a este Órgano de Control Institucional, las acciones dispuestas por su Despacho en cautela del buen uso de los bienes de la universidad”, se lee en parte del oficio.

Además, indican que se detalle el mecanismo de seguridad que ser implementado en el interior del centro educativo superior. Esto luego que López-Chau anuncie que los estudiantes de otras regiones podrán ingresar al campus, pero pidió que no haya “infiltrados”.

Rector de la UNI se ampara en autonomía universitaria

En la mañana de ayer, el rector de la UNI mencionaba que el centro de estudios tiene “autonomía”. También, se ha puesto algunas condiciones para que los alumnos permanezcan en el interior de las instalaciones como “respeto, no violencia, no saqueos y no perturbar instituciones privadas”.

“La política es el médico de una sociedad, escoge pros y contras y señala el vector. En ese pro y contra nosotros vimos que hay legítima protesta, que es un derecho constitucional, y que la universidad tiene autonomía y en el uso de su autonomía puede rechazar las intervenciones de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

Durante las horas de ayer, varios manifestantes salieron de las instalaciones para marchar hasta la Plaza Dos de Mayo, donde se realiza la concentración junto a los otros ciudadanos que se retiraron de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Cabe recordar que, de las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, y otras; principalmente, de la zona sur, llegaron a Lima para continuar su protesta en la capital. Es así como, las dos casas de estudios albergaron la noche del miércoles a los pobladores.

No solo se perjudica a los visitantes extranjeros que van a conocer una maravilla del mundo, sino a los propios ciudadanos que viven ahí, algo completamente incongruente si la finalidad de una protesta es reclamar por una mejor calidad de vida, pero atentar contra vías de tránsito no benefician a ninguna de las partes. Incomprensible.

Dichos atentados presumiblemente no pueden ser atribuidos a simples manifestantes salen a reclamar por un cambio, sino que malos elementos que solo buscan el caos y el desgobierno, quienes intentan camuflarse enarbolando una bandera rojiblanca, están detrás de todos esos actos vandálicos, perjudicando a todos de manera indiscriminada.

Ayer, desconocidos retiraron de sus líneas, en diversos puntos, el tendido férreo que da acceso a Machu Picchu, forzando a que la empresa PeruRail tenga que suspender todas sus operaciones.

A través de un comunicado, dio a conocer que Fetransa, la concesionaria de toda la vía, paralizará cualquier salida de trenes, con el fin de dar garantías a sus usuarios; esto que se detectara presencia de manifestantes en el distrito de Ollantaytambo.

Las vías de acceso a la estación de trenes de provincia, ubicado en el distrito del mismo nombre, tanto por Cusco-Anta-Pachar, como Cusco-Urubamba, amanecieron bloqueadas por escombros y manifestantes.

La parte más afectada se dio cerca a la localidad de Ollantaytambo, donde tanto las rieles como los durmientes fueron sacados de su lugar y colocados metros más allá, impidiendo el tránsito de cualquier unidad.

A ello se suma el bloqueo del paso por el Valle Sagrado de los Incas, provincia de Calca.

A consecuencia de ello, son al menos 300 turistas que han quedado varados sin saber qué hacer, pues tampoco pueden retirarse del lugar y retornar a un espacio seguro por falta de transportes.

Las actividades comerciales en Cusco se desarrollan de manera regular en varios distritos. En el centro, los negocios cerraron sus puertas ante posibles desmanes.

Desde la Cámara de Comercio de Cusco han señalado que solo el sector turismo pierde alrededor de tres millones de soles diarios debido a las protestas en Cusco.