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Política

Premier Violeta Bermúdez y sus vínculos de poder en la sombra

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Premier Violeta Bermúdez y su esposo Samuel Abad Yupanqui.

Sin duda el gobierno del presidente Francisco Sagasti se ha visto salpicado de movidas políticas, manipulaciones mediáticas, apoyo de los grandes medios de comunicación y una ambición de poder que por lo pronto ha satisfecho sus primeros objetivos.

Es decir, ya están al mando del Ejecutivo y acaban de conformar su gabinete, que también deberá calificar a un próximo voto de confianza. ¿El congreso se lo dará? Eso está por verse.

Sin embargo, con respecto a la jefa del nuevo gabinete elegido por Francisco Sagasti, la abogada especialista en género Violeta Bermúdez, podemos vislumbrar algunos datos que pueden pasar desapercibidos a primera vista. Y más allá, de saber su tendencia ultrafeminista a través de la ONG Manuela Ramos y su probable impulso de propuestas pro-inclusión-mujer-ideología de género-aborto-paridad, preocupa enormemente que sea esposa de un abogado socio del Estudio Echecopar, el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, pero esa preocupación no obedece a temas personales ni conyugales, pues, la vida privada de las personas debe respetarse; no obstante, si es que surgen cosas de interés público, entonces es pertinente informarlo.

En ese sentido, ¿Qué vinculaciones tienen algunos militantes y congresistas del Partido Morado con el Estudio Echecopar?

Pues, es de conocimiento público que el congresista Alberto de Belaunde ha pertenecido a dicho Estudio, incluso hizo sus prácticas profesionales allí y su padre, Javier de Belaunde López de Romaña es socio principal del bufete. Asimismo, Carolina Lizárraga y su esposo también pertenecen a ese Estudio (aunque por el momento ella es congresista y no está trabajando en la firma).

Ahora bien; el estudio Echecopar en el 2019 fue allanado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por la investigación por el caso de la licitación del Gasoducto del Sur (GyM y Odebrecht); justamente este bufete asesoró a la constructora brasileña y sus abogados elaboraron y firmaron informes para que el contrato público fuese otorgado a Odebrecht.

Documento oficial de Poder Judicial.

Asimismo, Samuel Abad Yupanqui también es abogado de la empresa de peajes Línea Amarilla (LAMSAC), que anteriormente perteneció a la corrupta brasileña OAS y que hoy pertenece al consorcio francés Vinci Highways.

Documento donde Línea Amarilla designa a Samuel Abad como abogado.

No olvidar que el Estudio Echecopar tiene como poderosos clientes a tres AFP, al Grupo Gloria, a Telefónica, Cosapi, BCP y Alicorp. Y tampoco olvidar que la bancada Morada desde el principio de su labor parlamentaria, se opuso a los proyectos de ley que pretendían los retiros durante la pandemia de los fondos de ambos sistemas previsionales; entonces, era claro que los Morados le hacian el amén a las decisiones y medidas del entonces presidente Martín Vizcarra.

Tampoco debemos olvidar, que Samuel Abad Yupanqui en noviembre de 2017 asumió la defensa del Fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez por dos acusaciones constitucionales iniciadas en el Congreso de la República; primero por el excongresista Daniel Salaverry, que aseguró que el fiscal supremo había cometido una grave omisión en la lucha contra la corrupción y sostuvo: “El Fiscal de la Nación no ha tomado las acciones necesarias que su cargo le exige para garantizar las investigaciones contra las empresas peruanas socias de la empresa Odebrecht”. Y a la siguiente semana, la excongresista no agrupada, Yeni Vilcatoma también presentó una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, por no haber abierto una investigación preliminar contra la empresa Graña y Montero, por el caso Lava Jato. En aquel momento, las dos denuncias se declararon procedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Seguidamente, en 2018 el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez archivó la denuncia contra Martín Vizcarra por el caso Chinchero, argumentando: «no se encuentra elementos de prueba suficientes para iniciar una investigación preparatoria». Dicha denuncia la interpuso la Procuraduría Anticorrupción contra Vizcarra cuando éste era ministro de Transportes y en la que señalaban presuntas irregularidades en la adenda firmada por el Estado peruano para la realización de la obra.

En suma, si analizamos estos casos que, si bien son distintos, también relacionan a los mismos personajes; es decir, Samuel Abad Yupanqui defendió a Pablo Sánchez de acusaciones constitucionales, y luego Pablo Sánchez archivó denuncias contra Martín Vizcarra.

Ahora bien, si observamos la opinión de Abad Yupanqui sobre Martín Vizcarra, podemos corroborar que éste siempre ha opinado a favor del expresidente y lo ha defendido con sus declaraciones en los medios. Entre tanto, si observamos la conducta de la bancada morada desde que ingresó al Congreso, podemos corroborar que también defendieron y protegieron la gestión presidencial de Martín Vizcarra. Y ahora, al parecer, todos forman parte de un equipo. 

El día de ayer surgió un trascendido que está difundiendo que el abogado Samuel Abad Yupanqui se habría desvinculado laboralmente del Estudio Echecopar y que se aleja de aquel bufete debido a que es esposo de la premier Violeta Bermúdez. Esta supuesta renuncia del abogado Samuel Abad, sería consecuencia debido al artículo que publicamos y donde mencionamos sus vínculos conyugales con la Primera Ministra. ¿Una renuncia para la tribuna?

Finalmente, ¿Acaso el Estudio Echecopar es el brazo legal del Partido Morado? Veremos en qué acaba todo esto y estaremos atentos con las Puertas Giratorias.

Luego de conocer el distanciamiento de Samuel Abad Yupanqui, ingresamos nuevamente a la web del Estudio Echecopar (https://www.echecopar.com.pe) asociado a Baker & McKenzie Internacional y nos dimos con la sorpresa que borraron su información. Pero como todo queda registrado en la memoria de Google, podemos mostrar lo que fue eliminado. Para que puedan ver más detalles de lo eliminado ingresar al siguiente enlace del caché de Google.

A continuación, declaraciones de Samuel Abad Yupanqui que defienden a Martín Vizcarra.

El 28 de julio de 2019, el abogado Samuel Abad opinó a favor de Martín Vizcarra y mencionó que su propuesta que expuso en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias para adelantar elecciones generales en el 2020 no era causal de vacancia: «No encuentro una razón para una vacancia porque esta es una figura constitucional. Presentar un proyecto de ley de reforma constitucional tomando en cuenta antecedentes en los cuales han intervenido los congresistas actuales, de ninguna manera justifica una vacancia», explicó y aseguró: “El Ejecutivo tiene competencia para presentar iniciativas de reforma constitucional y cuestiones de confianza y eso no configura en lo absoluto infracción a la Constitución, o es causal de vacancia por incapacidad moral”.

En entrevista con France 24, canal de televisión francés en noviembre de 2020: Para el abogado constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, el uso indiscriminado de la causal ha decantado en una decisión inconstitucional. “Es cierto que la Constitución contempla la vacancia por incapacidad moral permanente, pero la interpretación que le ha dado el Congreso es demasiado amplia y, a mi juicio, termina siendo inconstitucional porque desnaturaliza el modelo presidencial que está establecido en el país. Lo que ha primado en el Congreso es que se reúnan los votos necesarios y, así, con una simple suma de votos, se decida sobre la permanencia de un presidente. Eso nos lleva a un modelo parlamentario, que censura presidentes y que no está estructurado así en el Perú”, indicó Abad para este artículo. No obstante, el especialista coincidió en que “No habría mecanismos legales -ni rápidos ni efectivos- para revertir la decisión actual. Y vale precisar que Martín Vizcarra tampoco ha pretendido impugnar el resultado”.

Samuel Abad Yupanqui.

El 09 de noviembre de 2020 en RPP noticias: Luego de que el Congreso votara a favor de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, el abogado Samuel Abad Yupanqui en comunicación con dicha radio, calificó de irresponsable la decisión tomada por el Legislativo, porque la figura de la vacancia “Se ha interpretado de una manera amplísima, al punto de distorsionarse”. Y “Lamento que el TC no hubiese dictado medida cautelar que pudo evitar que se presenten situaciones de este tipo”. Añadió, además: “El congreso no es fiscal ni juez y no puede tomar este tipo de decisiones” Este hecho genera inestabilidad política en el país”.

Y cuando le preguntaron por las medidas que debería tomar el mandatario para poner la vacancia en pausa, Samuel Abad indicó: “Tendría que obtenerse una cautelar hoy o a primera hora”. “El presidente de la República podría iniciar hoy mismo un proceso competencial y esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie”.

En Panamericana Televisión el 11 de noviembre de 2020, dijo: “Yo cuestiono la interpretación del congreso sobre la permanente incapacidad moral porque genera un riesgo, y en cualquier momento cualquier presidente que no tenga los votos del Congreso se puede ir, y ese no es el modelo que tenemos. En siete días el país ha dejado de tener un presidente de la República… en siete días. Esto se presentó el lunes 02, y el lunes 09 ya el presidente estaba vacado con la posibilidad de defenderse por unos minutos…”Por eso hubiera sido ideal que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de que esto ocurra; lamentablemente la medida cautelar no fue concedida por el Tribunal Constitucional, entonces nos hemos visto expuestos a este tipo de decisiones que en el fondo han convertido a la vacancia presidencial en un tema de votos; no de razones.

El caso Julio Guzmán

Julio Guzmán está siendo investigado de forma preliminar por el Equipo Especial de Fiscales sobre el caso Lava Jato por el supuesto delito de lavado de activos y se pretende incluir el testimonio del exdirectivo de Odebrecht que residió en Perú, Jorge Barata. La investigación se abrió porque los fiscales sostienen que el excandidato morado recibió cerca de 400 mil dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para su utilización en la campaña pasada de 2016. 

Aquí la lista de clientes del Estudio Echecopar en los últimos diez años:

AC Capitales Safi S.A.

Academy For Educational Development

AFP Horizonte S.A.

AFP Integra S.A.

Agencia De Promoción de la Inversión Privada – Proinversión

Agrícola Copacabana de Chincha S.A.

Alcatel del Perú S.A.

Alicorp

Almacenes Cove S.A.C.

Alstom Power Hydraulique Sucursal del Perú

Alstom Power Perú S.A.

Amadeus Perú S.A.

Ambev Perú S.A.C.

Andalucita S.A.

Apoyo Consultaría S. A. C.

Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos – AFIN

Avina

Bakels Perú S.A.C.

Bamus S.A.C.

Banco Central de Reserva del Perú

Banco Continental

Banco de Crédito del Perú

Banco de la Nación

Banco Falabella Perú S.A.

Banco Financiero

Bolsa de Valores de Lima S.A.

Bristol-Myers Squibb Perú S.A.

Cardero Perú S.A.C.

Care Perú

Cargill Américas Perú S.R.L.

CFG Investment S.A.C.

Chevron Lubricants del Perú S.R.L.

Cia. Latinoamericana de Radiodifusión S.A.

Cia. Minera San Martín S.A.

Citibank del Perú S.A.

Colegio de Contadores Públicos de Lima

COM S.A.

Compañía Minera Antamina S.A.

Compañía Minera Argentum S.A.

Compañía Minera Atacocha S.A.A.

Compassion International del Perú

Computer Science Corporation Peru S.A.

Consorcio Hotelero Global

Conalvias S. A.

Consejo Nacional de la Magistratura

Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE

Construtora Andrade Gutiérrez S.A.

Corporación Pesquera Inca – Copeinca

Cosapi S.A.

Deloitte & Touche S.R.L

Diners Club Perú S.A.

Dorato Perú S.A.C.

El Pacifico Peruano Suiza – Cia. Seg. y Rea.

Electro Oriente S.A.

Electro Sur Este S.A.A.

Electro Sur Medio S.A.A.

Embajada de los Estados Unidos de América

Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.

Fabricación Nacional de Acumuladores ETNA S.A.

Ferrocarril Transandino S.A.

Fima S.A.

Flota del Perú S.A.

Fondo Metropolitano de Inversiones

Gloria S.A.

Granja Azul S.A.

Grupo Apoyo S.A.

Havas Media Perú S.A.C.

H. Stern Perú S.A.

Herbalife Perú S.R.L.

IAMGold Peru S.A.

Inmobiliaria Koricancha S.A.

Instituto de Estudios Peruanos

Instituto Metropolitano Protransporte de Lima

Interbank

Komatsu Mitsui

Laboratorios Americanos S. A.

Lain Intercorp S.A.

Larraín Vial S.A.

Lima Airport Partners S.R.L.

L’oreal Perú S.A.

Logicalis Andina S.A.C.

Los Portales S.A.

Luz del Sur S.A.A

Macroconsult S.A.

Malls Perú S.A.

Management Assesors S.A.C.

Minera Aurífera Retamas S.A.

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Energía y Minas

Ministerio de Justicia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio del Interior

Ministero de Transportes y Comunicaciones

Municipalidad Metropolitana de Lima

Nestle Perú S.A.

Nielsen S.R.L.

Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C.

Omnilife Perú S.A.C.

Orient-Express Perú S.A.

Osiptel

Ositran

Oxfam América Inc.

Pan American Silver Perú S.A.C.

Perurail S.A.

Pontificia Universidad Católica del Perú

Praxair Perú S.R.L.

Prima AFP S.A.

Productos Cerámicos S.A.

Saga Falabella S.A.

Salabella S.A.C.

Sandoval S.A.

Santillana S.A.

Scotiabank

SN Power Perú S.A.

Talma Servicios Aeroportuarios S.A.

Telefónica del Perú S.A.A.

Telefónica Móviles S.A.

Telmex Perú S.A.

Trevali Perú S.A.C.

Universidad de Lima

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Poder Judicial protege peajes de ‘Línea Amarilla’ pese a vínculos con Villarán

El juez Jorge Luis Chávez Tamariz rechazó el pedido fiscal de suspender el cobro de peajes en Línea Amarilla. Lima Expresa alegó riesgo de quiebra, priorizando intereses privados sobre la corrupción investigada durante la administración edil de Susana Villarán.

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El Poder Judicial, una vez más, ha optado por preservar los intereses económicos de empresas privadas en detrimento del interés público. Esta vez, al declarar infundado el pedido de la Fiscalía para suspender temporalmente el cobro de peajes en la concesión de Línea Amarilla, una infraestructura manchada por la corrupción durante la gestión de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán.

La decisión, firmada por el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, favorece a Lima Expresa S.A.C., empresa actualmente a cargo de la concesión y vinculada directamente con el caso Lava Jato. La Fiscalía había solicitado que se detuviera el cobro de peajes mientras avanzan las investigaciones por lavado de activos y asociación ilícita, en las que están implicadas varias compañías brasileñas y funcionarios de la gestión Villarán.

Corrupción reconocida, pero sin consecuencias prácticas

La resolución judicial reconoce que la empresa Lima Expresa, anteriormente conocida como LAMSAC, está siendo investigada como parte de una red de corrupción encabezada por la constructora brasileña OAS. Sin embargo, considera que no existen motivos suficientes para suspender el cobro de peajes, ni para entregar temporalmente la administración del proyecto a la Municipalidad de Lima, a través de Emape S.A.

El argumento principal del juzgado se sostiene en la supuesta falta de riesgo procesal. Según Lima Expresa, ya no hay posibilidad de obstaculización porque la Fiscalía incautó todos los documentos clave en los allanamientos de mayo de 2023. Además, la empresa alegó que desde 2020 está aplicando correctamente la fórmula de reajuste tarifario dictada por un laudo arbitral internacional.

Fiscalía solicitó al PJ suspender el cobro de los peajes de la Línea Amarilla, pero éste no le dio la razón.

¿Y el perjuicio económico al ciudadano?

Mientras Lima Expresa se defiende invocando la legalidad de sus operaciones desde 2020, la Fiscalía documenta que el primer reajuste tarifario en 2013 —realizado durante la gestión de Susana Villarán— violó el contrato. En lugar de aplicar una fórmula mixta, se utilizó únicamente el IPC nacional, lo que infló las tarifas de manera irregular.

Según el Ministerio Público, esta decisión generó un perjuicio económico al Estado y a los ciudadanos por más de S/ 20 millones, sin que se aplicaran sanciones a la concesionaria. La MML, controlada entonces por la alcaldesa Villarán, avaló el reajuste sin cuestionamientos ni penalidades, pese a tratarse de fondos públicos.

Además, uno de los actos más cuestionables fue la inclusión del Proyecto Río Verde mediante una adenda al contrato original, reemplazando al proyecto COSAC IV sin estudios técnicos ni aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. El cambio no solo desvió recursos sin control, sino que favoreció directamente a la empresa sin prever mecanismos correctivos.

El fantasma de la quiebra y el chantaje económico

Lima Expresa, hoy controlada por el grupo francés Vinci Highways, argumentó que suspender los peajes durante un año significaría su quiebra. Dijo que se verían afectados 627 trabajadores, los fondos de pensiones que han invertido en sus bonos, y la recaudación del Estado vía IGV.

Este tipo de narrativa —el riesgo de colapso económico— ha sido recurrente en las defensas de concesionarias implicadas en corrupción. La empresa, pese a estar bajo investigación penal, apela a una lógica de chantaje económico que antepone la estabilidad financiera a la rendición de cuentas.

Pero, ¿debe el Estado renunciar a la justicia para evitar la quiebra de una empresa? ¿Debe tolerarse el cobro de peajes en condiciones cuestionadas por la propia Fiscalía, solo para evitar un impacto en el flujo de caja de una firma privada?

Diferencias con el caso Rutas de Lima: ¿doble rasero judicial?

La Fiscalía también intentó que el juzgado tomara en cuenta el precedente del caso Rutas de Lima, donde el Tribunal Constitucional ordenó suspender los peajes por la ausencia de vías alternas. Sin embargo, el juez Chávez Tamariz rechazó esa comparación, argumentando que las condiciones legales y técnicas eran distintas.

Aunque los contextos puedan variar, en ambos casos hay una constante: contratos de concesión firmados en contextos de corrupción, peajes impopulares y decisiones judiciales que terminan por favorecer a los actores privados, incluso cuando están bajo investigación por delitos graves.

Una justicia que llega tarde y a medias

El fallo del juez Chávez Tamariz refleja una tendencia preocupante en el sistema judicial peruano: la incapacidad para actuar de forma preventiva frente a casos de gran corrupción. Las decisiones tienden a privilegiar la estabilidad económica sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

En el fondo, lo que se está legitimando es que empresas salpicadas por escándalos de corrupción —como OAS o sus subsidiarias— puedan seguir operando con normalidad, mientras el proceso judicial se arrastra por años. En paralelo, la ciudadanía sigue pagando peajes elevados sin recibir mejoras sustantivas en infraestructura ni respuestas claras sobre a dónde va ese dinero.

Demandas millonarias y arbitrajes internacionales

El caso se complejiza aún más al conocerse que, paralelamente, la Municipalidad de Lima enfrenta una condena internacional: deberá pagar cerca de US$ 200 millones al consorcio Rutas de Lima por incumplimientos contractuales, según una reciente sentencia en EE.UU. El Estado peruano ya ha iniciado acciones para investigar los vínculos de Brookfield, controladora del consorcio, con Susana Villarán.

Pero eso no es todo. Brookfield ha iniciado un arbitraje ante el CIADI exigiendo US$ 2700 millones por presunta expropiación de su inversión. La Municipalidad de Lima afirma que presentará nuevas pruebas sobre irregularidades en los contratos, pero el costo de estos litigios ya recae sobre los contribuyentes.

¿Quién paga por la corrupción?

Lo más preocupante es que, pese a los millonarios perjuicios económicos y las pruebas reunidas por la Fiscalía, las medidas correctivas son mínimas. Mientras las empresas se protegen con arbitrajes internacionales, el ciudadano común sigue atrapado entre contratos viciados, tarifas injustas y un sistema judicial que llega tarde y actúa con tibieza.

La pregunta es inevitable: ¿cuántos millones más deben perderse antes de que se tomen decisiones valientes en defensa del interés público?

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Política

Compra de aviones de guerra: Dina Boluarte recibió a dueño de empresa Saab

La presidenta Dina Boluarte recibió en Palacio a Marcus Wallenberg. Mientras tanto, su gobierno destina más de S/ 13 mil millones a aviones de guerra, sin enemigo visible, en una decisión ajena a las urgentes prioridades del país.

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Mientras el país sufre por hospitales colapsados, cárceles hacinadas y vías de transporte en ruinas, el gobierno de Dina Boluarte ha decidido destinar más de S/ 13 mil millones a la compra de aviones de guerra. ¿La justificación? Una “renovación histórica” de la flota aérea de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), pese a que el país no enfrenta ningún conflicto armado ni amenaza inminente.

La decisión, anunciada oficialmente el 2 de julio durante la ceremonia por los 40 años del sistema Mirage 2000, se concretó esta semana con una reunión en Palacio de Gobierno entre la presidenta Boluarte y Marcus Wallenberg, presidente de Wallenberg Investments AB, principal accionista de Saab, la empresa sueca que fabrica los cazas Gripen E que el Perú planea adquirir.

En la cita también participaron representantes del poderoso Grupo Wallenberg y seis ministros de Estado, incluyendo el titular de la PCM, Defensa, Relaciones Exteriores, Economía, Transportes y Energía. La visita se da en vísperas del arribo del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, quien llega tras participar en la feria F-AIR en Colombia, donde se exhibieron aviones Gripen utilizados por la Fuerza Aérea de Brasil.

Presidenta Dina Boluarte se reunió con Marcus Wallenberg y representantes del Grupo Wallenberg.

¿Seguridad o pretexto?

El gobierno argumenta que esta compra responde a la necesidad de “fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias” y renovar equipos obsoletos. Pero en un país donde la inseguridad ciudadana, la corrupción y la pobreza golpean a diario a millones, resulta difícil creer que las prioridades nacionales pasen por modernizar cazas de combate sin enemigo a la vista.

La pregunta cae por su propio peso: ¿a quién realmente beneficia esta millonaria operación? En un contexto de cuestionamientos a la legitimidad del Ejecutivo, con una presidenta aislada y acusada de usar el poder para blindarse, la compra de armamento de alto costo abre la puerta a sospechas sobre posibles negociados, comisiones ocultas o compromisos oscuros antes de dejar el cargo.

Aviones sí, hospitales no

El contraste es brutal: mientras se firman acuerdos para importar aviones supersónicos, las postas médicas carecen de insumos, las escuelas se caen a pedazos y los ciudadanos mueren esperando una cama UCI. La supuesta “decisión histórica” se parece más a una jugada estratégica que podría tener más de oportunismo que de visión de Estado.

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Política

Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro

Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

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Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.

Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.

Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito

“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.

La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.

En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:

Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.

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Política

Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»

La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

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Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.

En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.

Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.

Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.

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Política

Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva

Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

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A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.

El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.

Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.

Una oposición que aún no suma

La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.

Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.

Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.

Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.

¿Una izquierda como comodín?

Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.

¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?

A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.

La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.

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Política

Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales

El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.

El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.

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Política

Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez

Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

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El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.

Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.

El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.

Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.

Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.

La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.

Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.

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Política

Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte

Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

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La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.

El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.

“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.

Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.

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