En horas de la noche de ayer se aprobó el presupuesto con 104 votos a favor, 13 en contra, y 8 abstenciones. El dictamen de la Ley de Presupuesto no requirió de segunda votación, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 78 del Reglamento del Parlamento Nacional. El monto aprobado asciende a 183 029 millones 770 mil 158 soles, y comprende los pliegos presupuestarios del Gobierno Central, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, e instancias descentralizadas.

También el pleno del Congreso aprobó los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2021.

En ese sentido, el congresista por APP y titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Humberto Acuña Peralta, sostuvo que los problemas para consensuar el dictamen se debieron al anexo 5, que forma parte de la iniciativa legislativa.

En su presentación final, ayer domingo 29, indicó que el articulado de la Ley de Presupuesto fue consensuado con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Al respecto, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, expresó su conformidad con el texto sustitutorio alcanzado, y agradeció el esfuerzo de los congresistas por el logro, que se obtuvo de manera dialogada y concertada.

“El gran desafío es entrar al bicentenario con un manejo responsable de la economía y (a partir de allí) es necesario sentar las bases para estructurar un presupuesto que refleje los grandes desafíos de la inclusión y la gestión descentralizada”, manifestó la titular del Consejo de Ministros.

La Yahaira

Yahaira López García, quien ingresaba a Palacio de Gobierno cuando ella quería —y a quien no se le exigía que se registrara—, también tuvo mucha influencia en la época de Ollanta Humala. Y es que, según comentan, habría sido muy cercana al ex congresista y ex presidente del Congreso, Fredy Otárola, conspicuo miembro del nacionalismo… QUÉ TAL PADRINO.

¿Un falso atentado?

La mayoría de empleados de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, publicaban en sus cuentas de Twitter que se habría producido un atentado contra el presidente de esa Comisión, el congresista Edgar Alarcón Tejada. Hablaban de un atentado por parte del gobierno en el accidente que se suscitó en la carretera Arequipa-Chivay, el 29 de octubre, en una camioneta que el congresista y su comitiva habían alquilado. Ahora resulta que la propietaria del vehículo siniestrado, Teresa Ampuero, comprobó (junto con la PNP -verificando el GPS del vehículo) que al momento del accidente la camioneta era conducida a una velocidad de 150 km/hora… ENTONCES EL CONGRESISTA ARMÓ TODA UNA NOVELA DENUNCIANDO UN SUPUESTO ATENTADO; ES DECIR, FUE PURO HUMO.

Congresista, pague pues…

Pero la señora Teresa Ampuero —propietaria del vehículo— viene denunciando al congresista Alarcón porque este no quiere pagar los daños que ha ocasionado al vehículo producto del accidente provocado por un aparente exceso de velocidad. Es más, el auxiliar de la comisión, Luis Palomino Narváez —de quien @memorex hizo recordar hace poco que fue expulsado por la Municipalidad de Lince por un problema de “cobro indebido de arbitrios” que no habrían ingresado a las arcas ediles— la estaría llamado con insistencia para amenazarla “(…) no le pagaremos nada, aténgase a las consecuencias”, habría dicho el auxiliar, frotándose los bigotes con maledicencia. ¿Así es como se comporta un funcionario Parlamento? Por sus antecedentes, entendemos su falta de decoro, pues las malas lenguas andan diciendo por ahí que el aludido no tiene espejos en su casa, porque si se ve, hasta él mismo se cobra… ¿HARÁ ALGO LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL CONGRESO?

Gobernador Regional de Áncash detenido

Mientras escribíamos esta columna, el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, era detenido hace unos instantes por efectivos de la Policía Judicial de Huaraz en mérito a un mandato de detención preliminar por 7 días expedido por el juez anticorrupción Derby Quezada Blanco en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la construcción y compra de equipos médicos para el Hospital Regional de Nuevo Chimbote… UNO MENOS.

Boquita sucia postula al Congreso

Otro de los malcriados, el que insultó a un congresista en plena sesión del parlamento y que viene siendo investigado por la Tercera Fiscalía Contra Delitos Aduaneros y Propiedad Intelectual, Jaime Abensur Pinasco, postula con el número 33 por Fuerza Popular. Ya sabemos qué clase de candidatos lleva este partido político… POR GENTE COMO ESA, EL CONGRESO ESTÁ MUY MAL VISTO POR LA POBLACIÓN.

El pescado con harta espina

Raquel Ataucusi, quien está empecinada en hablar mal del partido que fundara su padre Ezequiel, postularía al Congreso, pero no por el partido de su progenitor, sino por la bancada de Podemos Perú. Entre Urresti y Luna pretenden hacer un partido de todas las sangres, pero parece que se les va a ir la mano…. ¡CUIDADO CON TANTO ENFRENTAMIENTO!

¿La cuota montesinista?

La hermana de José Lizier Corbetto —aquel que ayudó a fugar a Vladimiro Montesinos a Venezuela— estaría postulando como candidata al Congreso con el numero 18 por Podemos Perú. Parece que las relaciones de Vladimiro Montesinos con Urresti o Luna siguen vigentes, ¿o nos estamos equivocando? Lo cierto es que María Lizier desea llegar al Congreso a toda costa. ¿para qué? Eso es lo que nos preguntamos…. ¿LA TOPO DE MONTESINOS?

Un General al Congreso

El ex comandante General de la PNP, José Lavalle Santa Cruz, también postula al Congreso con el número 29 por Lima, y no nos sorprende que también sea en la lista de Podemos Perú. Aquí sí sabemos que la amistad entre Urresti y el General (r) Lavalle se materializó cuando ambos coincidieron en el Ministerio del Interior… SUERTE AL GENERAL.

Acción Popular en la oscuridad

De los 202,445 militantes que tiene Acción Popular, solo el 13.87% participó en las elecciones internas de este partido. Es decir que el triunfo de Yonhy Lescano no es abrumador como el trata de hacer ver. Todo hacer prever que el partido del decente y peruanísimo Fernando Belaunde Terry entrará en un periodo aciago… OJALÁ NOS EQUIVOQUEMOS.

En la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República, se discutió el tema de la energía eléctrica. La congresista Cecilia García le reclamó y cuestionó al Gerente de Luz del Sur Mario Gonzales, por los altos cobros de la empresa Luz del Sur en plena pandemia.

“El problema en discusión y lo que le digo que es un abuso criminal contra las economías de los hogares, es que durante la pandemia no hubo una medición real de cuánta energía se estaba gastando. Mediante un decreto que usted debe conocerlo han facturado de acuerdo al promedio que cada familia está consumiendo durante los últimos seis meses, de acuerdo a ley. Sin embargo, muchas familias quedaron totalmente absortas y preocupadas porque se ven incrementados sus recibos de luz, y más aún familias, emprendedores y personas que no habían consumido energía eléctrica”, señaló la parlamentaria Cecilia García.

La congresista también se refirió a los reclamos de los emprendedores de Gamarra: “El caso concreto de Gamarra que se había mantenido cerrado por meses, pero que también les había venido altas sumas de consumo de energía eléctrica”.

Además, agregó: “Ustedes sacaron un procedimiento virtual, por el cual cualquier ciudadano podía presentar sus quejas y mandar la foto del medidor para comprobar que efectivamente no se había hecho consumo de la misma. Miles de personas accedieron a ese tipo de reclamo virtual. Su empresa Luz del Sur reconsideró las tarifas a los precios supuestamente justos y las personas pagaron ese precio. Ahora que todo ha pasado, su empresa está empezando a mandar cartas a cada una de esas personas, diciéndoles de que su reclamo ha sido infundado, y que ellos tienen que pagar la totalidad de energía eléctrica”.

Aquí el video de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso:

Las grandes fusiones, más allá de salvarse de la quiebra, lo único que logran es fortalecer a las grandes empresas en perjuicio de los consumidores que, al momento de comprar productos de primera necesidad y de otra índole, se verán afectados por la onerosidad de sus precios.

Recordemos que la exministra de Economía María Antonieta Alva hace más de un mes proclamó a todos los medios que observaría la Ley antimonopolio que se aprobó en el Congreso y aducía que era muy grave retirar a la Superintendencia de Banca y Seguros para que tenga la exclusividad de opinar cuando se den a futuro las fusiones entre empresas del sistema financiero.

Sin embargo, la ministra se fue a su casa y ya no pudo observar la ley, porque de pronto, vino la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra, y luego el breve paso de Manuel Merino en Palacio de Gobierno. Finalmente, Francisco Sagasti asumió la jefatura de Estado transitoria y lo primero que se le ocurrió firmar como mandatario, además de destituir generales de la PNP, ha sido la observación de esta ley.

La Ley de Control de Fusiones, también denominada antimonopolio, más allá de que genere conflictos entre los diferentes agentes económicos, lo único que generará es estabilidad emocional y económica a los millones de consumidores peruanos que durante años y en especial en plena emergencia sanitaria han sido golpeados en su dignidad y en sus economías familiares, debido al abuso que cometen las grandes empresas que continúan fusionándose para dominar el mercado de múltiples rubros, para que finalmente controlen los precios en todo el suelo nacional, debido al poder que les da su hegemonía de concentración.  En este sentido, la Confiep como gremio representante de todos los monopolios y oligopolios del Perú, una vez más se entromete en la agenda nacional.

El presidente Francisco Sagasti, lo único que está revelando al observar la ley de control de fusiones, es su postura de cautelar los intereses empresariales, tal como lo ha venido demostrando su agrupación política el Partido Morado; porque ya no es un secreto que ellos están vinculados al poderoso Grupo Intercorp capitaneado por Fernando Zavala, y al influyente Estudio Echecopar. Y eso nos explica la renuencia de la bancada morada en el Parlamento ante proyectos de ley para retirar fondos de las AFP y ONP, manejando el discurso de que están en contra de leyes populistas que engatusan al pueblo; cuando en realidad, siempre estarán a favor de los intereses de sus patrocinadores de Confiep. 

No obstante, la propia impulsora de esta ley, la congresista de la bancada morada Zenaida Solís ha sido enérgica en su postura, y ya anunció que de todas formas aprobarán la ley por insistencia. Asimismo, ha lamentado que Sagasti haya observado una ley de fusiones que solo pretendía prevenir la concentración empresarial que generalmente fija sus precios del mercado en contra de los consumidores. 

La parlamentaria Solís afirmó: «En el Congreso la aprobamos hace un tiempo, el Ejecutivo acaba de observarla. Una pena, porque en la calle crece el clamor de una nueva Constitución, precisamente porque tenemos distorsiones que no permiten que nuestra economía sea en verdad economía social de mercado, que significa privilegiar el derecho de las personas».

El presidente Sagasti fue entrevistado el último domingo por cuatro comunicadoras complacientes y una de ellas le tuvo que lanzar la interrogante sobre la reciente ley de control de fusiones que ha sido observada y él direccionó el meollo del tema asociándolo a la SBS, cuando la verdadera problemática va más allá de eso, porque se convierte en un problema social.  

Ante ello Francisco Sagasti dijo: «Cuando esa ley se presentó, fue una ley muy buena, muy bien armada, y Zenaida Solís que es de la bancada morada hizo un trabajo extraordinario coordinando con diferentes personas. A la hora que se envió ese proyecto de ley a comentarios del ejecutivo, vinieron dos o tres observaciones que parecían sensatas; por ejemplo, en el caso de fusiones de instituciones financieras se tuviera la opinión de la SBS que es un organismo autónomo. El proyecto de ley inicial planteaba que sea solo Indecopi, entonces, una de las ideas era que se incluya la participación de la SBS, ¿por qué? Porque en todo el mundo cuando hay una institución financiera débil con problemas de quiebra, si se deja que quiebre puede arrastrar un crack financiero muy grande como hemos visto en otros lugares. Por lo tanto, la opinión de la SBS sobre si conviene que un banco más grande absorba al banco que está prácticamente en quiebra, es importante para ver si se autoriza o no. Esto no es un rechazo. Nosotros queremos que en las discusiones con el Congreso se perfeccione esa ley. No estamos en contra. Observar no es estar en contra».

Y añadió que hoy lunes almorzaría con la congresista Zenaida Solís y con otros parlamentarios para discutir ese tema.

El poderoso grupo Intercorp

Las grandes fusiones, más allá de salvarse de la quiebra, lo único que logran es fortalecer a las grandes empresas en perjuicio de los consumidores que, al momento de comprar productos de primera necesidad y de otra índole, se verán afectados por la onerosidad de sus precios.

El Grupo Intercorp es el grupo empresarial que es dueño del 83% de las cadenas de farmacias y boticas en el Perú. En enero de 2018 absorbió al grupo de su competencia Quicorp y ya tiene casi tres años concentrando las cadenas de Inkafarma, Arcángel, Mifarma y las desaparecidas Fasa y BTL. Asimismo, Intercorp también es dueño de laboratorios Cifarma, Quilab y de la Química Suiza. Y eso se llama concentración, porque es un monopolio de farmacias y laboratorios que solo trae beneficios para ellos, como grupo económico y un verdadero perjuicio para la población.

El pasado 23 de noviembre el presidente de la República Francisco Sagasti designó al general César Cervantes Cárdenas como Comandante General de la PNP, pasando a retiro 18 generales de la misma institución.

Como se recuerda, estos retiros se encuentran motivados por las protestas ocurridas los días 14 y 15 noviembre para exigir la renuncia de Manuel Merino, y en la que fallecieron dos jóvenes en las marchas.

Es por ello que la Comisión de Fiscalización del Congreso ha citado al titular del Ministerio del Interior para este miércoles 2 de diciembre al mediodía, para que responda por los retiros de los altos mandos policiales, y la designación del nuevo Comandante General a César Cervantes, a pesar de ubicarse en el puesto 18 en el rango de antigüedad dentro de la PNP.

“Los miembros de la comisión ya tienen conocimiento que se va a citar al ministro del Interior, Rubén Vargas, para el próximo miércoles al mediodía. Será en una sesión ordinaria y abierta”, manifestó el presidente de la Comisión de Fiscalización Edgar Alarcón.

“Rubén Vargas debe explicar por qué ha dado de baja a tantos generales “sin respetar la normativa y la meritocracia”. Este lunes, a primer ahora, la Comisión de Fiscalización enviará formalmente el documento de citación al ministro del Interior”, agregó el congresista por UPP.

Esta es la lista de los generales que pasan a retiro, incluyendo al ex Comandante General de la PNP.

El presidente de la República Francisco Sagasti estaría incurriendo en un conflicto de interés, pues, en su Declaración Jurada de Intereses no consignó el cargo que tiene en la organización no gubernamental y, además, estaría contraviniendo el artículo 40º de la Constitución, que regula la carrera administrativa.

La organización sin fines de lucro se denomina Instituto para la Formación y Desarrollo del Talento Peruano y su equipo de socios se encuentra conformado por Julio Guzmán Cáceres, Director General, Francisco Sagasti miembro del Consejo Directivo, Carolina Lizárraga miembro del Consejo Directivo y Pedro Makabe, miembro del Consejo Directivo.

El Instituto para la Formación y Desarrollo del Talento Peruano es una organización peruana sin fines de lucro, fundada en el 2017, cuyo objetivo es estimular y desarrollar las capacidades y habilidades de aquellas personas vinculadas al desarrollo nacional; contribuyendo de esta manera a generar una sociedad más integrada y justa en el Perú.

Esta ONG que dizque forma talentos peruanos, cobraba a los militantes del Partido Morado en forma obligatoria 150 soles por cada taller que siguieron y además exigía que participen como mínimo 100 personas inscritas.

En la publicación de Expreso del viernes 27 de noviembre, fuentes cercanas a este instituto, aseguraron que los empresarios que están ligados al Partido Morado, tienen una forma de “blanquear” parte de los recursos que aportan allí en forma directa a Julio Guzmán.

No olvidar que el líder del Partido Morado actualmente, se encuentra inmerso en una investigación preliminar por El fiscal José Domingo Pérez, por el presunto delito de lavado de activos, pues habría recibido 400 mil dólares de la empresa Odebrecht para su campaña electoral de 2016.

Al parecer, el presidente Francisco Sagasti estaría incurriendo en un conflicto de interés, porque de acuerdo al Decreto Supremo Nº 138-2019-PCM, se establece la obligatoriedad de la presentación de la Declaración Jurada de Intereses en el Sector Público, considerando que todos los funcionarios públicos están al servicio de la Nación y no pueden desempeñar más de un empleo. En este sentido, cuando Francisco Sagasti fue elegido congresista de la República, emitió su Declaración Jurada de Intereses en marzo de este año, y omitió consignar su participación y el cargo que tiene en la ONG, Instituto para la Formación y Desarrollo del Talento Peruano; porque, no rellenó la información que se requería en el formato de dicha declaración electrónica. Es decir, se abstuvo de actuar con transparencia.

Es importante señalar que la Declaración Jurada de Intereses, contiene información relevante de los sujetos obligados, referida a Información de empresas, sociedades u otras entidades en las que posea alguna clase de participación patrimonial o similar; así como, información sobre las representaciones, poderes y mandatos otorgados por personas naturales y/o jurídicas, públicos o privados; su participación en directorios, consejos de administración y vigilancia, consejos consultivos, consejos directivos o cualquier cuerpo colegiado semejante, sea remunerado o no; así como, sus empleos, asesorías, consultorías y similares, en los sectores público y privado, sea remunerado o no. Y finalmente, su participación en organizaciones privadas (asociaciones, gremios y organismos no gubernamentales).

Para tener en cuenta:

Constitución Política del Perú

 Artículo 40º.- Carrera Administrativa

La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. No están comprendidos en dicha carrera los funcionarios que desempeñan cargos políticos o de confianza. Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. No están comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o de sociedades de economía mixta. Es obligatoria la publicación periódica en el diario oficial de los ingresos que, por todo concepto, perciben los altos funcionarios, y otros servidores públicos que señala la ley, en razón de sus cargos.

Hacia el Bicentenario de la Independencia, planteo reflexionar sobre la existencia o ineficacia en nuestra nación de una auténtica soberanía, no solamente concebida como dominio territorial sino como la idoneidad de nuestras autoridades políticas para conducir el país conjuntamente con una ciudadanía libre.

El Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF), recibió un total de 1893 denuncias por presuntos hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, desde el inicio del estado de emergencia por el Covid-19 hasta el 31 de octubre pasado. Estos actos de corrupción alcanzan ribetes de escándalo, criminalidad, inmoralidad e incapacidad de aquellos funcionarios para desempeñar el rol que el Estado les encomienda.

Pero no es todo, porque es vox populi que la corrupción y el corrupcionismo han crecido exponencialmente, depravando todas las instituciones y organismos, donde muchos funcionarios sólo quieren utilizar el cargo como un organismo de fachada exclusivamente para apoderarse del botín aurífero del tesoro público. ¿Cuál es la causa de este mal generalizado? ¿Es esta la libertad que vamos a celebrar con rumbo al Bicentenario de la Independencia del Perú?

Estamos, evidentemente, ante un panorama oscuro de honda deformación moral, que es manifestación de una determinada falacia social, o usando los términos médicos tradicionales: la corrupción es un virus o un cáncer.

La soberanía peruana se ha verificado pervertida durante lustros. Ya es muy conocido que durante el fujimorismo la perversión política corrompió nuestro imaginario social: cuerpo, mente y espíritu del pueblo, mediante un obscuro sistema maléfico, obligados por la ambición de Vladimiro Montesinos y su práctica conspiratoria perniciosa.

El corrupcionismo (alentado por los corruptores) se ha convertido en una acepción sociopolítica en la “doctrina” que exhiben muchos autodenominados “partidos políticos”, que en realidad se configuran en organizaciones criminales, y utilizando la figura falaz del “candidato ideal” solamente se enfocan en capturar la intención de voto, para luego llegar al poder y enriquecerse a costa del pueblo.

Lo que está sucediendo no tiene precedentes en la historia del Perú. Creo que las protestas de la llamada “Generación del Bicentenario” son síntoma del descontento popular, que ya está estallando en las manifestaciones contra la corrupción.

El presidente de PERUCÁMARAS, Carlos Durand, analiza una situación, manteniendo las distancias y las formas, señala que “mucho de esto ha ocurrido con las últimas protestas de los llamados ‘Generación del Bicentenario’, que salieron a las calles a expresar su protesta, indignados contra la clase política y contra la corrupción que, al margen de los efectos de la pandemia, han llevado al país no sólo a una gravísima crisis económica, sino también a una crisis de gobernabilidad, debido a la lucha por los cupos de poder”.

Sociopolíticamente hablando, la corrupción en todas sus dimensiones ya es parte del dramatismo de nuestra realidad. ¡Erradicación inmediata!

(*) Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud (IPJ) y director del sello independiente Río Negro.

El gobierno del presidente Francisco Sagasti está pasando por su primera crisis política, porque un grupo de excomandantes generales de la Policía Nacional del Perú está exigiendo la inmediata renuncia del ministro Rubén Vargas a la cartera del Interior. Dicha solicitud, se debe al abrupto pase al retiro de 18 generales que ordenó el presidente Sagasti, a pedido del propio Vargas. 

Entre tanto, hace unos días se designó sin apego a ley como nuevo Comandante General de la PNP, al general César Cervantes Cárdenas, que apenas se encontraba en el puesto 18 dentro del escalafón policial.

El representante de los comandantes generales de la PNP, el exministro del Interior Félix Murazzo agrega: “Uno de los requisitos para que tenga validez, (sic) es que justamente el contenido debe ajustarse a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, lo dispuesto en la Constitución, y, por lo tanto, este ordenamiento jurídico violado, hace pues, que este acto administrativo sea nulo, y aquí lo que se tendría que hacer es volver a la situación que ha sido cambiada. El ministro del Interior cuando era viceministro (sic) es el que suscribió el Decreto Legislativo 1267. Él no puede aducir desconocimiento; más bien se revela una intencionalidad y yo considero que él, que es el que ha ocasionado este tema, debería dar un paso al costado. Nosotros invocamos a la reflexión y yo tengo la fe de que el señor presidente de la República va a tener que tomar sus decisiones porque ha partido de un mal asesoramiento”. 

Los generales aducen que Rubén Vargas conocía muy bien la ley y entonces hubo una intencionalidad para inducir al error al presidente Sagasti.