Sin duda el gobierno del presidente Francisco Sagasti se ha visto salpicado de movidas políticas, manipulaciones mediáticas, apoyo de los grandes medios de comunicación y una ambición de poder que por lo pronto ha satisfecho sus primeros objetivos.
Es decir, ya están al mando del Ejecutivo y acaban de conformar su gabinete, que también deberá calificar a un próximo voto de confianza. ¿El congreso se lo dará? Eso está por verse.
Sin embargo, con respecto a la jefa del nuevo gabinete elegido por Francisco Sagasti, la abogada especialista en género Violeta Bermúdez, podemos vislumbrar algunos datos que pueden pasar desapercibidos a primera vista. Y más allá, de saber su tendencia ultrafeminista a través de la ONG Manuela Ramos y su probable impulso de propuestas pro-inclusión-mujer-ideología de género-aborto-paridad, preocupa enormemente que sea esposa de un abogado socio del Estudio Echecopar, el constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, pero esa preocupación no obedece a temas personales ni conyugales, pues, la vida privada de las personas debe respetarse; no obstante, si es que surgen cosas de interés público, entonces es pertinente informarlo.
En ese sentido, ¿Qué vinculaciones tienen algunos militantes y congresistas del Partido Morado con el Estudio Echecopar?
Pues, es de conocimiento público que el congresista Alberto de Belaunde ha pertenecido a dicho Estudio, incluso hizo sus prácticas profesionales allí y su padre, Javier de Belaunde López de Romaña es socio principal del bufete. Asimismo, Carolina Lizárraga y su esposo también pertenecen a ese Estudio (aunque por el momento ella es congresista y no está trabajando en la firma).
Ahora bien; el estudio Echecopar en el 2019 fue allanado por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, por la investigación por el caso de la licitación del Gasoducto del Sur (GyM y Odebrecht); justamente este bufete asesoró a la constructora brasileña y sus abogados elaboraron y firmaron informes para que el contrato público fuese otorgado a Odebrecht.
Asimismo, Samuel Abad Yupanqui también es abogado de la empresa de peajes Línea Amarilla (LAMSAC), que anteriormente perteneció a la corrupta brasileña OAS y que hoy pertenece al consorcio francés Vinci Highways.
No olvidar que el Estudio Echecopar tiene como poderosos clientes a tres AFP, al Grupo Gloria, a Telefónica, Cosapi, BCP y Alicorp. Y tampoco olvidar que la bancada Morada desde el principio de su labor parlamentaria, se opuso a los proyectos de ley que pretendían los retiros durante la pandemia de los fondos de ambos sistemas previsionales; entonces, era claro que los Morados le hacian el amén a las decisiones y medidas del entonces presidente Martín Vizcarra.
Tampoco debemos olvidar, que Samuel Abad Yupanqui en noviembre de 2017 asumió la defensa del Fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez por dos acusaciones constitucionales iniciadas en el Congreso de la República; primero por el excongresista Daniel Salaverry, que aseguró que el fiscal supremo había cometido una grave omisión en la lucha contra la corrupción y sostuvo: “El Fiscal de la Nación no ha tomado las acciones necesarias que su cargo le exige para garantizar las investigaciones contra las empresas peruanas socias de la empresa Odebrecht”. Y a la siguiente semana, la excongresista no agrupada, Yeni Vilcatoma también presentó una denuncia constitucional contra Pablo Sánchez, por no haber abierto una investigación preliminar contra la empresa Graña y Montero, por el caso Lava Jato. En aquel momento, las dos denuncias se declararon procedentes por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Seguidamente, en 2018 el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez archivó la denuncia contra Martín Vizcarra por el caso Chinchero, argumentando: «no se encuentra elementos de prueba suficientes para iniciar una investigación preparatoria». Dicha denuncia la interpuso la Procuraduría Anticorrupción contra Vizcarra cuando éste era ministro de Transportes y en la que señalaban presuntas irregularidades en la adenda firmada por el Estado peruano para la realización de la obra.
En suma, si analizamos estos casos que, si bien son distintos, también relacionan a los mismos personajes; es decir, Samuel Abad Yupanqui defendió a Pablo Sánchez de acusaciones constitucionales, y luego Pablo Sánchez archivó denuncias contra Martín Vizcarra.
Ahora bien, si observamos la opinión de Abad Yupanqui sobre Martín Vizcarra, podemos corroborar que éste siempre ha opinado a favor del expresidente y lo ha defendido con sus declaraciones en los medios. Entre tanto, si observamos la conducta de la bancada morada desde que ingresó al Congreso, podemos corroborar que también defendieron y protegieron la gestión presidencial de Martín Vizcarra. Y ahora, al parecer, todos forman parte de un equipo.
El día de ayer surgió un trascendido que está difundiendo que el abogado Samuel Abad Yupanqui se habría desvinculado laboralmente del Estudio Echecopar y que se aleja de aquel bufete debido a que es esposo de la premier Violeta Bermúdez. Esta supuesta renuncia del abogado Samuel Abad, sería consecuencia debido al artículo que publicamos y donde mencionamos sus vínculos conyugales con la Primera Ministra. ¿Una renuncia para la tribuna?
Finalmente, ¿Acaso el Estudio Echecopar es el brazo legal del Partido Morado? Veremos en qué acaba todo esto y estaremos atentos con las Puertas Giratorias.
Luego de conocer el distanciamiento de Samuel Abad Yupanqui, ingresamos nuevamente a la web del Estudio Echecopar (https://www.echecopar.com.pe) asociado a Baker & McKenzie Internacional y nos dimos con la sorpresa que borraron su información. Pero como todo queda registrado en la memoria de Google, podemos mostrar lo que fue eliminado. Para que puedan ver más detalles de lo eliminado ingresar al siguiente enlace del caché de Google.
A continuación, declaraciones de Samuel Abad Yupanqui que defienden a Martín Vizcarra.
El 28 de julio de 2019, el abogado Samuel Abad opinó a favor de Martín Vizcarra y mencionó que su propuesta que expuso en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias para adelantar elecciones generales en el 2020 no era causal de vacancia: «No encuentro una razón para una vacancia porque esta es una figura constitucional. Presentar un proyecto de ley de reforma constitucional tomando en cuenta antecedentes en los cuales han intervenido los congresistas actuales, de ninguna manera justifica una vacancia», explicó y aseguró: “El Ejecutivo tiene competencia para presentar iniciativas de reforma constitucional y cuestiones de confianza y eso no configura en lo absoluto infracción a la Constitución, o es causal de vacancia por incapacidad moral”.
En entrevista con France 24, canal de televisión francés en noviembre de 2020: Para el abogado constitucionalista Samuel Abad Yupanqui, el uso indiscriminado de la causal ha decantado en una decisión inconstitucional. “Es cierto que la Constitución contempla la vacancia por incapacidad moral permanente, pero la interpretación que le ha dado el Congreso es demasiado amplia y, a mi juicio, termina siendo inconstitucional porque desnaturaliza el modelo presidencial que está establecido en el país. Lo que ha primado en el Congreso es que se reúnan los votos necesarios y, así, con una simple suma de votos, se decida sobre la permanencia de un presidente. Eso nos lleva a un modelo parlamentario, que censura presidentes y que no está estructurado así en el Perú”, indicó Abad para este artículo. No obstante, el especialista coincidió en que “No habría mecanismos legales -ni rápidos ni efectivos- para revertir la decisión actual. Y vale precisar que Martín Vizcarra tampoco ha pretendido impugnar el resultado”.
El 09 de noviembre de 2020 en RPP noticias: Luego de que el Congreso votara a favor de la moción de vacancia contra Martín Vizcarra, el abogado Samuel Abad Yupanqui en comunicación con dicha radio, calificó de irresponsable la decisión tomada por el Legislativo, porque la figura de la vacancia “Se ha interpretado de una manera amplísima, al punto de distorsionarse”. Y “Lamento que el TC no hubiesedictado medida cautelar que pudo evitar que se presenten situaciones de este tipo”. Añadió, además: “El congreso no es fiscal ni juez y no puede tomar este tipo de decisiones” “Este hecho genera inestabilidad política en el país”.
Y cuando le preguntaron por las medidas que debería tomar el mandatario para poner la vacancia en pausa, Samuel Abad indicó: “Tendría que obtenerse una cautelar hoy o a primera hora”. “El presidente de la República podría iniciar hoy mismo un proceso competencial y esperar que el Tribunal Constitucional se pronuncie”.
En Panamericana Televisión el 11 de noviembre de 2020, dijo: “Yo cuestiono la interpretación del congreso sobre la permanente incapacidad moral porque genera un riesgo, y en cualquier momento cualquier presidente que no tenga los votos del Congreso se puede ir, y ese no es el modelo que tenemos. En siete días el país ha dejado de tener un presidente de la República… en siete días. Esto se presentó el lunes 02, y el lunes 09 ya el presidente estaba vacado con la posibilidad de defenderse por unos minutos…” “Por eso hubiera sido ideal que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de que esto ocurra; lamentablemente la medida cautelar no fue concedida por el Tribunal Constitucional, entonces nos hemos visto expuestos a este tipo de decisiones que en el fondo han convertido a la vacancia presidencial en un tema de votos; no de razones.
El caso Julio Guzmán
Julio Guzmán está siendo investigado de forma preliminar por el Equipo Especial de Fiscales sobre el caso Lava Jato por el supuesto delito de lavado de activos y se pretende incluir el testimonio del exdirectivo de Odebrecht que residió en Perú, Jorge Barata. La investigación se abrió porque los fiscales sostienen que el excandidato morado recibió cerca de 400 mil dólares por parte de la constructora brasileña Odebrecht, para su utilización en la campaña pasada de 2016.
Aquí la lista de clientes del Estudio Echecopar en los últimos diez años:
AC Capitales Safi S.A.
Academy For Educational Development
AFP Horizonte S.A.
AFP Integra S.A.
Agencia De Promoción de la Inversión Privada – Proinversión
Agrícola Copacabana de Chincha S.A.
Alcatel del Perú S.A.
Alicorp
Almacenes Cove S.A.C.
Alstom Power Hydraulique Sucursal del Perú
Alstom Power Perú S.A.
Amadeus Perú S.A.
Ambev Perú S.A.C.
Andalucita S.A.
Apoyo Consultaría S. A. C.
Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos – AFIN
Avina
Bakels Perú S.A.C.
Bamus S.A.C.
Banco Central de Reserva del Perú
Banco Continental
Banco de Crédito del Perú
Banco de la Nación
Banco Falabella Perú S.A.
Banco Financiero
Bolsa de Valores de Lima S.A.
Bristol-Myers Squibb Perú S.A.
Cardero Perú S.A.C.
Care Perú
Cargill Américas Perú S.R.L.
CFG Investment S.A.C.
Chevron Lubricants del Perú S.R.L.
Cia. Latinoamericana de Radiodifusión S.A.
Cia. Minera San Martín S.A.
Citibank del Perú S.A.
Colegio de Contadores Públicos de Lima
COM S.A.
Compañía Minera Antamina S.A.
Compañía Minera Argentum S.A.
Compañía Minera Atacocha S.A.A.
Compassion International del Perú
Computer Science Corporation Peru S.A.
Consorcio Hotelero Global
Conalvias S. A.
Consejo Nacional de la Magistratura
Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE
Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.
Presunta ‘red de prostitución’ del Congreso pretende cambiar el rumbo de la investigación en el asesinato de Andrea Vidal
No cabe duda que en algunos congresistas ha crecido el temor de que la investigación de la ‘presunta red de prostitución’ y el asesinato de la extrabajadora que fue contratada por la influencia de Alianza para el Progreso llegue hasta el final y logre dar con los verdaderos responsables. Por ello, aducen que Andrea Vidal fue una víctima circunstancial porque quien estaba en la mira de los sicarios era el taxista.
Desde el Congreso de la República emitieron un comunicado que atribuye el asesinato de Andrea Vidal a la inseguridad ciudadana, e indicaron que los sicarios tenían como verdadero objetivo al taxista, basándose en un documento pericial de protocolo de necropsia que no tiene firmas ni sellos oficiales, ni de la Fiscalía, ni de Medicina Legal. A pesar de que la Fiscalía continúa con las investigaciones sobre el asesinato de la extrabajadora del área Legal del Parlamento quien fuera contratada por las huestes de Alianza para el Progreso (APP), desde el Legislativo algunos congresistas y funcionarios prácticamente se han atribuido el rol de fiscales y jueces porque prematuramente ya han sacado una conclusión sobre el caso.
A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el Parlamento se solidarizó con la familia de la joven e indicó que ella una víctima más del sicariato, alegando que esto lo ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú (PNP).
«Nos solidarizamos con la familia de la señorita Andrea Vidal. Tal como ha determinado el análisis balístico de la Policía Nacional del Perú, ha sido una víctima más del sicariato que golpea duramente a nuestra sociedad. En este caso, los criminales tenían como objetivo al conductor del taxi», escribieron.
Asimismo, el Poder Legislativo instó a la Fiscalía de la Nación a acelerar la investigación del caso y exhortó a la PNP a realizar las acciones necesarias para capturar a los criminales.
«Instamos a la Fiscalía a acelerar la investigación para esclarecer los hechos y exhortamos a la Policía Nacional a realizar las acciones que sean necesarias para la captura de los sicarios».
La necropsia de Andrea Vidal Gómez y el taxista José Vargas Briceño
El protocolo de necropsia que no tiene sellos ni firmas oficiales revela que Vidal sufrió siete impactos de bala: uno en la cabeza, específicamente en la región parietal derecha, que resultó ser la herida fatal; dos en la mama izquierda y cuatro en las extremidades inferiores (dos en el muslo derecho, uno en la pierna derecha y uno en el pie).
En cuanto al taxista, recibió 16 impactos de bala distribuidos en la cabeza (2), cuello (4), tórax (5), abdomen (1), pelvis (2) y extremidades superiores (2). Según la observación forense, la concentración de disparos en la cabeza, cuello y tórax indica que los atacantes buscaban asegurar la muerte de las víctimas.
El informe señala que la trayectoria de los proyectiles, de arriba hacia abajo, sugiere que los atacantes eran sicarios que dispararon desde vehículos en movimiento, posicionándose en paralelo al objetivo para maximizar la eficacia del ataque.
En el documento, insólitamente concluyeron que el conductor, José Daniel Vargas Briceño, era «probablemente el objetivo principal del ataque», ya que los disparos se concentraron en el parabrisas y el lado izquierdo del vehículo, coincidiendo con su posición. Además, se destaca que la participación de sicarios y la intensidad del ataque apuntan a un ajuste de cuentas por motivos criminales.
Un poco más y los agarraban en plena ‘hora loca’. Cinco trabajadores de la Municipalidad Provincial del Cusco fueron despedidos luego que se descubriera que estaban bailando y bebiendo alcohol dentro de las oficinas del Área de Fiscalización de la mencionada comuna cusqueña.
La oficina, usualmente compuesta por computadoras, escritorios y documentos, fue alterada de manera radical para darle la impresión de una discoteca, con sus luces de neón que podían ser apreciadas fácilmente desde los exteriores del edificio municipal.
En un principio todos imaginaban que esa fiesta clandestina se había realizado recientemente; sin embargo, esta tuvo lugar el pasado 27 de diciembre, cuatro días antes de las celebraciones de Año Nuevo.
En las imágenes se puede apreciar al personal de Recursos Humanos sorprendiendo en flagrancia a los trabajadores municipales cuando estos se preparaban a consumir ron con gaseosa.
La comuna cusqueña se pronunció esta semana a partir de que los videos de esta fiesta comenzaron a circular en las redes sociales.
“Tras lo ocurrido, y por mandato del alcalde Luis Pantoja, se rescindió el contrato de los cinco involucrados”, se lee en el comunicado en el que no se nombra a los implicados.
Paradójicamente, el área tiene la función de realizar intervenciones a los locales nocturnos.
En la oficina, se encontraron hasta cinco botellas de ron y gaseosa, además de las luces de fiesta y música a alto volumen, que se escuchaba desde el exterior del local municipal.
Los trabajadores, en presunto estado de ebriedad, fueron sorprendidos mientras bailaban.
De momento, la Municipalidad Provincial del Cusco comunicó que los implicados han sido sometidos a los procedimientos administrativos correspondientes y deberán responder a la Ley Disciplinaria en caso amerite.
Dina Boluarte desafía a encuestas que le dan bajas cifras: «Les he dicho que me pongan CERO»
Durante una actividad oficial la presidenta arremetió contra las encuestadoras y le atribuyó a su Gobierno el “crédito” del crecimiento económico. Asimismo, hace unas horas aseguró que se siente orgullosa de servir al pueblo de manera honesta y con las “manos limpias”, por lo que nadie puede señalarla con el dedo al aducir que no tiene carpetas fiscales por actos de corrupción.
Durante la reunión para la Gestión de Inversiones para el Desarrollo Territorial – Agenda 2025, desarrollado en el distrito de San Borja, la presidenta de la República, Dina Boluarte respondió fuerte y claro sobre las encuestas que la ponen entre las más bajas cifras de popularidad. Ante ello, la mandataria pidió que la califiquen con un “cero”, para que así la impulsen a trabajar más por el Perú.
Dina Boluarte dice que gracias a su trabajo la economía ha crecido
En su intervención, la mandataria afirmó que, pese a las críticas en contra de su gobierno, ella está demostrado que han venido trabajando con mejoras en la economía y que ese es un punto innegable; incluso, para aquellos que señalan que «no trabaja».
«Este año que terminó, 2024, vimos con satisfacción y orgullo que nuestra economía ha crecido. Eso nadie lo puede negar, ni siquiera aquellos que nos dicen que no hacemos nada y que nos ponen en las encuestas el 3%, 4%. Ayer en un periódico ‘que nos quiere mucho’ nos han puesto un puntito más. Yo lo que les he dicho es que no me hagan el favor. No les he dicho que me suban; pónganme ‘cero’, y realmente nos concentraremos en seguir trabajando», enfatizó.
«Nadie puede dirigirme el dedo» (por actos de corrupción) ¿Y el caso Rolex qué?
Asimismo, apenas hace 24 horas, desde La Libertad, anunció que nadie puede decir que su gobierno, específicamente nadie de su gabinete, ni ella, son señalados por actos de corrupción, ni que tengan investigaciones abiertas por delitos contra la administración pública.
«Con el orgullo de peruana y decir: Gracias Dios por haberme dado la oportunidad de servir a mi pueblo y lo hice de manera honesta con las ‘manos limpias’. Nadie puede dirigirme el dedo, ni a mí, ni a mis ministros. Ninguno tenemos ninguna carpeta por actos de corrupción», complementó la mandataria.
Sin embargo, Dina Boluarte omite decir que sí existe una, entre las varias investigaciones que corren en su contra y que mantienen una carpeta en el Ministerio Público, precisamente por el caso ‘Rolex’, que la acusa de enriquecimiento ilícito.
Aron Espinoza: “La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar una obra emblemática porque está en campaña presidencial” [VIDEO]
El regidor metropolitano remarcó que Rafael López Aliaga demuestra su incapacidad, pero además contó que ha endeudado a Lima con un crédito de más de S/5 mil millones que los pagarán los próximos 4 o 5 alcaldes y manifestó que el burgomaestre solo piensa en su campaña presidencial y no en gobernar la capital que lo eligió.
El regidor de Lima, Aron Espinoza Velarde, vuelve a cuestionar la gestión municipal del alcalde metropolitano Rafael López Aliaga y acusó a éste por múltiples razones, entre ellas de preocuparse más por su campaña presidencial en lugar de inaugurar alguna obra emblemática en 25 meses de gestión ininterrumpida.
Asimismo, por haber endeudado irresponsablemente con S/5 mil millones a la comuna capitalina con el fin de tener caja para publicitar una obra que ni siquiera tiene expediente técnico, la Vía Expresa Sur, en la que trata de amedrentar a un juez por haber concedido una medida cautelar en favor de varios vecinos de un Asentamiento Humano de San Juan de Miraflores y que a pesar de ser propietarios fueron despojados de sus casas porque éstas fueron demolidas por orden del alcalde Rafael López Aliaga.
Regidor critica que alcalde López Aliaga no respeta la propiedad de los demás
En conversación con Exitosa, el regidor Espinoza Velarde también criticó que López Aliaga a través de la Municipalidad denunciara al juez Javier Paredes Salas por presunto prevaricato y usurpación de funciones, luego de que dictara una medida cautelar que suspendía las obras de la Vía Expresa Sur.
«Ha declarado en emergencia la Vía Expresa Sur y ha encargado a EMAPE la demolición, pero le puso el alto un juez y lo único que hace es amedrentarlo. Sabemos que la obra es importante, pero ¿Qué hacemos si no respetamos la propiedad de los demás? Si no tenemos expediente técnico, ¿Cómo podemos saber el trazo real de esa obra?», denunció Espinoza.
López Aliaga en su segundo año de gestión demuestra su incapacidad
El regidor de Lima también indicó que el burgomaestre Rafael López Aliaga está demostrando su incapacidad al no entregar una obra emblemática y apuntó que el burgomaestre solo inaugura «obras pequeñas» como escaleras o losas deportivas en distritos de la capital y que además organiza grandes convocatorias con inauguraciones incluidas para presentar los grandes logros de estas “obras”.
«La incapacidad del alcalde de Lima se demuestra al no entregar, en su segundo año de gobierno, una obra emblemática que tenga el sello de Rafael López Aliaga. Lo que hace para tapar esa incapacidad de ejecución de obra, es inaugurar obras pequeñas como escaleras, losas deportivas, etc. Hace toda una gran convocatoria como si fuera una gran obra», señaló.
López Aliaga endeudó a Lima por S/5 mil millones
En esa misma línea, Aron Espinoza afirmó que los próximos 4 o 5 gobiernos pagarán la deuda que estaría dejando Rafael López Aliaga. Posteriormente, calculó que la deuda ascendería a S/5 mil millones.
«Nos hemos sobreendeudado. Hay que decirles a los limeños que los próximos 4 o 5 gobiernos, de los próximos alcaldes, pagarán la deuda que hoy ha comprometido Rafael López Aliaga, irresponsablemente. Son más de S/5 mil millones de soles (…) Esa obra (Vía Expresa Sur) también ha sido parte del gran endeudamiento que ha tenido la Municipalidad», aseveró.
El alcalde López Aliaga está enfocado en su campaña presidencial y no gobierna la ciudad capital
Finalmente, el regidor metropolitano manifestó que el burgomaestre de Lima está pensando en su campaña presidencial y no en gobernar la capital, por la que fue elegido.
«El señor está pensando en su campaña presidencial y no está pensando en gobernar Lima, por lo que fue elegido. No puede ser posible que un alcalde esté pensando en cómo se ve haciendo una obra y que esto le sirva de plataforma para ser el próximo candidato presidencial», culminó.
Pidieron a Contraloría que intervenga a la MML por financiamiento de la ‘Marcha por la Vida’
Como se recuerda, a inicios del mes de diciembre del 2024, el regidor Aron Espinoza denunció que desde las redes institucionales de la comuna metropolitana pretendieron lavarse la cara, porque anteriormente ellos eran promotores de la ‘Ley Cavero’ y también solicitó la intervención de la Contraloría por el presunto mal uso de fondos públicos para costear la denominada ‘Marcha por la vida’.
En aquel momento, el regidor criticó las acciones que venía realizando el alcalde de Lima Rafael López Aliaga y afirmó que el burgomaestre, estaba desesperado por levantar su popularidad porque estaba más preocupado en su campaña presidencial. En tal sentido, pidió que la Contraloría General de la República investigue el financiamiento de la Municipalidad Metropolitana para la ‘Marcha por la Vida y Familia’.
MML gastó más de S/9 mil en materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’
La Gerencia de Desarrollo Humano, mediante la Subgerencia de la Mujer y Familia de la Municipalidad de Lima, adquirieron miles de globos, matracas y silbatos por más de S/9 mil, con el dinero de los tributos de todos los vecinos de Lima para una marcha de color “celeste” que se desarrolló el pasado sábado 7 de diciembre del 2024.
Según la web de Convocatorias para Compras, que no sobrepasen las 8 UIT, el 04 de diciembre, la MML pidió una cotización para la compra de materiales para la ‘Marcha por la Vida y la Familia’, por el número de 1mil banderines, 2 mil globos, 30 cientos de globos pencil, 500 matracas, 500 silbatos, y otros materiales que fueron utilizados por los manifestantes durante la marcha.
Sin embargo, a la fecha esta acción continúa pasando desapercibida y la Contraloría no ha emitido ningún informe al respecto.
🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el regidor de Lima, Aron Espinoza, acusó al alcalde Rafael López Aliaga de endeudar a la MML. "Los próximos cuatro o cinco gobiernos pagarán la deuda de más de 5 mil millones", indicó.
Reasignan al capitán ‘Culebra’ a Moquegua para que cumpla funciones como policía comunitario [VIDEO]
Capitán PNP Junior Izquierdo es uno de los principales testigos en las investigaciones contra el ministro del Interior Juan José Santiváñez, quien habría ordenado el cierre de la DIVIAC, así como realizar seguimiento al comunicador Marcos Sifuentes.
Lo mandaron lejos. La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú (PNP) designó al capitán Junior Izquierdo Yarleque, alias “Capitán Culebra”, como policía comunitario en Moquegua.
Esta resolución firmada por el general Víctor Zanabria, se emite poco después de que el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Juan José Santiváñez, se negara a entregar su cuenta de iCloud a la Fiscalía de la Nación, en el marco de una investigación en su contra.
El documento oficial justifica la reasignación de los oficiales subalternos de armas y servicios por la “causal de necesidad de servicio”. Sin embargo, este movimiento ha generado dudas sobre sus motivaciones, dada la situación que involucra al ministro Santiváñez.
“Reasignar cargos a los Oficiales Subalternos de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú, por la causal de necesidad del servicio, con costo y sin costo para el Estado conforme a los anexos 1 y 2 que forman parte de la presente resolución”, se lee.
Antes de su reasignación, el capitán Izquierdo trabajaba en la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, gestionando operaciones de emergencia y seguridad pública sin contacto directo con la comunidad. Ahora, como policía comunitario en Moquegua, se enfocará en patrullajes a pie, sensibilización y colaboración con líderes locales para prevenir delitos.
Este cambio se produce en medio de las investigaciones que señalan al ministro Santiváñez por haber solicitado al capitán Izquierdo intervenir en el control del comunicador Marco Sifuentes.
Como se sabe, Izquierdo divulgó audios que, implicarían a Santivañez en comprometedoras conversaciones. En estos audios, se escucharía al ministro mencionar que la presidenta Dina Boluarte le habría ordenado disolver la División de Investigación de Alta Criminalidad (Diviac) para tomar el control del Ministerio del Interior. Además, se sugiere que existía una relación cercana entre ambos.
PJ ordena la liberación de José Nenil Medina, ex alcalde de Anguía [VIDEO]
Ex alcalde vinculado con Pedro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.
Suelto en plaza. El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó la libertad del exalcalde de Anguía en Cajamarca, José Nenil Medina Guerrero, quien es investigado por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.
«Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordena la libertad del investigado José Nenil Medina Guerrero e impone las siguientes restricciones: no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles», se puede leer en la resolución.
Además, el tribunal le impuso restricciones como no variar de domicilio sin autorización judicial, concurrir al Poder Judicial para control biométrico cada 15 días, no acercarse a los investigados y pagar una caución de 3 mil soles.
El exalcalde de Anguía cumplía 30 meses de prisión preventiva como parte de la investigación por presuntamente ser parte de la red criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda.
De acuerdo con la investigación fiscal, Medida Guerrero era miembro del denominado Gabinete en la Sombra del expresidente, Pedro Castillo, actuando como operador de una presunta red criminal.
Se le acusa de participar en negociaciones ilícitas para asegurar presupuesto de obras en Cajamarca, particularmente a través del Ministerio de Vivienda, recibiendo presuntas coimas a cambio de adjudicaciones.
En enero del año pasado, el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró fundada la demanda de habeas corpus a favor del exalcalde de Anguía y anuló el mandato de prisión preventiva en su contra. Sin embargo, un mes después la Tercera Sala Constitucional de Lima revocó el habeas corpus que dejaba sin efecto su reclusión.
Mentirosa y plagiadora. El Ministerio Público concluyó que el libro “Reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, de coautoría de la actual jefa de Estado, Dina Boluarte, se detectaron “párrafos completos” extraídos de otros autores sin su consentimiento.
Cabe precisar que el delito de plagio ya prescribió, sin embargo, la Fiscalía ordenó retirar todos los ejemplares de la Biblioteca Nacional del Perú (BNP), así como la anulación definitiva de su registro legal.
De acuerdo a peritajes técnicos realizados con la colaboración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se constató la reproducción de párrafos completos de textos originales en el libro. No obstante, las diligencias no pudieron continuar debido al tiempo transcurrido desde la publicación, hace 19 años. La normativa vigente permite investigar casos similares solo dentro de un plazo de 12 años.
El proceso fiscal fue impulsado tras una denuncia periodística en el programa Punto Final que señalaba presunto plagio en la obra. El fiscal Miguel Puicón Yaipén lideró las indagaciones, que incluyeron entrevistas con los supuestos coautores del libro y un análisis técnico. Según informó el citado medio, su unidad de investigación pudo confirmar que el Ministerio Público sí corroboró plagio en la obra de la jefa de Estado. “Se advierte de la reproducción de párrafos exactos de los textos originales”.
Sin embargo, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito obligó a las autoridades a archivar el caso penal. La Fiscalía explicó: “El transcurso del tiempo habilita la prescripción del presente caso, circunstancia que imposibilita continuar con las diligencias”. Pese a esto, se adoptaron medidas administrativas como el retiro del libro de la Biblioteca Nacional del Perú, instruyendo además la anulación de su registro.
Por su parte, los abogados Luis Gavancho, Carmen Rivera y María Chávez, supuestos coautores de la obra, manifestaron no haber aprobado el texto final de la obra, pues solo se llegó a considerar una publicación conjunta, la cual nunca se concretó.
Presentan proyecto de ley que obliga a los policías someterse a pruebas psicológicas trimestrales
La iniciativa presentada en el Congreso busca la estabilidad emocional de los agentes policiales, considerando que en los últimos años su salud mental se ha ido menoscabando. Por lo que se han reportado múltiples casos de efectivos involucrados en feminicidios, abusos sexuales, extorsión y redes criminales.
Ya no es secreto para la opinión pública que la salud mental de algunos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha visto menoscabada en los últimos tiempos por acciones antijuridicas, no solo ligadas a actos de corrupción; sino a graves delitos penales, como la violación sexual, el feminicidio, y pertenecer a bandas criminales, bajo el ropaje de un uniforme policial. Debido a estas razones, desde el Congreso proponen establecer de manera obligatoria una evaluación psicológica y periódica para todos los miembros de la Policía del Perú, mientras se encuentren en servicio activo.
De esta manera, la legisladora de la bancada de Perú Libre, María Agüero, ha presentado la propuesta legislativa N° 9928/2024-CR que busca implementar las pruebas psicológicas obligatorias para los miembros de las fuerzas del orden. La iniciativa, establece que los aspirantes a ingresar a la PNP deberán aprobar una evaluación psicológica como requisito indispensable para su admisión; aunque este requisito ya se encuentra incluido en la malla de evaluaciones al inicio de una postulación. Pero, además, se estipula que los policías que se mantengan en servicio activo se sometan a pruebas psicológicas trimestrales.
Se crearía la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’
La iniciativa legislativa también contempla la creación de la ‘Comisión Técnica de Evaluación Psicológica de la PNP’, que será la encargada de desarrollar, coordinar, implementar y supervisar el sistema de evaluaciones periódicas para todos los agentes de la institución policial. Este órgano será quien vele por la salud mental de todos los efectivos policiales, con el propósito de que se mantengan aptos mentalmente para el desempeño de sus funciones.
Policías que presenten diagnósticos con problemas de salud mental serán tratados
En caso de que un efectivo de la Policía presente indicios de trastornos emocionales graves, la propuesta legislativa establece su derivación a un tratamiento especializado. Pero, si el agente se niega a recibir el tratamiento psicológico, su actitud será considerada como una infracción disciplinaria, con las consecuencias que ello conlleve, como una sanción drástica.
El Congreso debatirá la propuesta legislativa
La parlamentaria Agüero sostiene que esta medida busca garantizar la integridad y eficacia de la institución policial, asegurando que sus efectivos puedan contar con la estabilidad emocional necesaria para enfrentar las exigencias de su labor diaria. «Es fundamental que nuestros policías estén en óptimas condiciones psicológicas para servir y proteger a la ciudadanía», sostuvo.
Mientras tanto, el proyecto de ley se encuentra en debate en las comisiones correspondientes del Congreso, donde se evaluará la viabilidad y las posibles modificaciones que requiera antes de ser sometido a votación en el pleno. Y de ser aprobado, marcaría un cambio importante en las políticas de recursos humanos de la Policía Nacional del Perú.