El juez supremo titular Javier Arévalo Vela fue electo presidente del Poder Judicial para el periodo de enero del 2023 hasta diciembre del 2024. Arévalo reemplazará en este cargo a la jueza suprema Elvia Barrios, cuyo mando culmina este 31 de diciembre del año en curso.

Arévalo Vela fue electo en un proceso electoral desarrollado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, integrada por 15 jueces titulares, entre un total de tres candidatos.

Se requirió una segunda vuelta para elegir, luego de que ninguno de los candidatos obtuviera el 50% más uno del total de electores. En primera vuelta, Arévalo alcanzó siete votos, los jueces supremos Héctor Lama More y Carlos Arias Lazarte lograron cuatro votos cada uno.

La ley establece que en caso ninguno de los candidatos obtenga en primera vuelta la mayoría calificada, debe procederse a una segunda votación con los dos más votados.

Tras la elección, el pleno de jueces de la Corte Suprema ofreció una conferencia de prensa, en la cual la actual presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, presentó a su sucesor.

“Decirle a todo el país que voy a cumplir con el deber que recae sobre mi persona. Asimismo, que las políticas que tiene el Poder Judicial son políticas de Estado, por lo tanto, continuaremos en la línea de lo que se ha venido trabajando”, afirmó Arévalo Vela.

“Indudablemente perfeccionaremos otros temas, pero creemos que el Poder Judicial está enrumbado sobre algunos ejes importantes, como son la lucha contra la corrupción, el tema de la lucha contra la violencia de género, el buscar mejora en los aspectos informáticos y lograr mejorar la seguridad ciudadana”, agregó el flamante presidente del Poder Judicial.

El dato:

Javier Arévalo tiene 61 años, ejerce la especialidad de derecho civil y, hasta el 31 de diciembre, presidirá la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria.

Antes de integrar la Corte Suprema fue juez superior de Lima, donde ejercía desde el año 2011.

Por segunda vez en la historia del Perú se ha detenido a un hombre que dirige la inteligencia del país. Esta vez se trata del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre.

La operación denominada Valkiria III, se ejecutó el último viernes y estuvo liderada por el Equipo Especial de la Fiscalía Contra la Corrupción del Poder, con apoyo de la Policía.

Como parte de la operación, se allanaron 11 inmuebles en Lima y Callao. Uno correspondía a Fernández Latorre, otro al exasesor palaciego Henry Shimabukuro, cuatro vinculados al empresario Samir Abudayeh y otro del exgerente general de Petroperú Hugo Chávez.

Cabe remarcar que Fernández Latorre fue quien se entregó a la Fiscalía, tras dictársele prisión preliminar por 10 días, por los presuntos delitos de organización criminal, encubrimiento personal y tráfico de influencias en el caso Petroperú.

Pero ¿quién es José Luis Fernández Latorre?

Este mayor de la Policía en retiro y que también es abogado, y que fue designado hace más de 14 meses como director de la DINI por el presidente Castillo y el expremier Bellido, también es natural de Chota, pero antes ya se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores de la misma institución. Y a pesar de contar con más de 20 años de servicio en la Policía, sus ascensos fueron tardíos, porque su historial arrojó tres registros de inaptitud para el ascenso; pero también cuenta con 2 sentencias judiciales: la primera, en 1999 que fue condicional por enajenación; y la segunda en 2003 con reclusión militar por abuso de autoridad por haber agredido sin razón alguna al alumno de la policía Percy Ramírez; ocasionándole una lesión en el oído izquierdo.

Luego, se desempeñó como comisario policial en Tacabamba, Chota, localidad de la que es oriundo el presidente Castillo; y en 2005 fue denunciado por, presuntamente, haber cobrado cupos a los transportistas de la zona; por haber detenido arbitrariamente a un ciudadano y por agredir a un estudiante policial.

También lo sancionaron por dedicarse al consumo de alcohol y por ingresar en estado etílico al dormitorio de oficiales de una Comisaría acompañado de una fémina de dudosa reputación.

Pero a pesar de los graves cuestionamientos, su paisano Pedro Castillo se obstinó en nombrarlo para que sea sus ojos y sus oídos, por ser una persona de su entera confianza, pese a que no reunía el perfil, ni la experiencia para manejar la inteligencia nacional.

Entre tanto, hace unos días, el exsubsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, reveló a la Fiscalía, que Fernández Latorre le entregó un sobre manila con la suma de 3 mil soles para entregarle a Bruno Pacheco, y también indicó que se le habría informado de dicha entrega al presidente Castillo.

Tras este escándalo que involucra gravemente a Fernández Latorre, el presidente Castillo se vio obligado a removerlo del cargo, aunque en la resolución que firmó el 26 de noviembre, el jefe de Estado le da las gracias por los servicios prestados.

Por el momento Fernández Latorre viene afrontando 10 días de detención preliminar.

Luego que se venza este breve encarcelamiento ¿Acaso habrá un pedido de prisión preventiva para que la Fiscalía ahonde en su investigación?

¿Fernández Latorre también se acogería a la colaboración eficaz para atenuar las presuntas penas que afrontaría en el futuro?

Sin duda, la función principal de Fernández Latorre como jefe de la DINI fue algo muy similar a lo que Vladimiro Montesinos realizó hace 30 años como jefe del SIN para cautelar a Alberto Fujimori. Brindar información clave al Presidente Castillo, para poder formular acciones para neutralizar las estrategias políticas de la oposición, y al parecer, obstruir las pesquisas fiscales que hoy afronta el gobierno.

Pero con una Dirección de Inteligencia descabezada en estos momentos, sin un Fernández Latorre, justo en pleno tramite de una nueva vacancia presidencial contra Pedro Castillo, ¿Aquello jugará en contra del régimen chotano, a tal punto de quedarnos sin mandatario antes de lo previsto?

La continuidad del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno parece ya tener fecha de caducidad. Ayer por la noche el pleno del Congreso admitió la accesibilidad para debatir la moción de vacancia contra Castillo Terrones. Incluso parlamentarios de Perú Libre votaron a favor de la admisión al debate de la vacancia.

En Lima Gris, los periodista Edwin Cavello y Luis Felipe Alpaca, analizaron la coyuntura política que tiene sumergido al país en una constante crisis. Las investigaciones por presunta corrupción contra el mandatario y las equivocadas designaciones de oscuros personajes en su gobierno que hasta hoy se encuentran prófugos, ha sido la gran muestra del hartazgo sistemático de un desgobierno.

También en el programa se habló de la designación de la ministra de Cultura, Silvana Robles, una dentista de la bancada de Perú Libre, que no tiene ninguna experiencia en el sector cultural.

Además, todo sobre la renuncia del Gerente de prensa de IRTP y se presentó un informe sobre el caso del exjefe de la DINI. “De Montesinos a Fernández: desinteligencia palaciega”.

Aquí el video del programa:

Le dijo que ni se atreva a cerrar el Congreso. El Tribunal Constitucional (TC) otorgó la medida cautelar solicitada por el Congreso en su demanda competencial y ordenó al Gobierno de Pedro Castillo abstenerse de interpretar como denegada la cuestión de confianza que planteó el ex primer ministro Aníbal Torres sobre la ley que regula el referéndum. De esta manera, se busca evitar una posible disolución indebida del Congreso.

En el fundamento 29 del auto que otorga la medida cautelar, los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Rodrich consideran que “el Poder Ejecutivo podría, a partir de su interpretación, plantear una cuestión de confianza y considerar, en caso de ser rechazada, como una segunda denegatoria de confianza”.

“Si se espera hasta la resolución del fondo de la presente controversia, momento en el que se establecerá en definitiva si la decisión expresada por el Poder Ejecutivo, de interpretar que se ha producido el rehusamiento de la confianza a la que se hace referencia en el artículo 133, resultó irregular y vulneratoria de la competencia del Parlamento — o no —, el Poder Ejecutivo podría haber disuelto el Congreso de la República con base en dicho acto”, se lee en la resolución.

El Pleno del TC alega que “para evitar los graves efectos institucionales” se debe suspender cualquier efecto que pueda derivarse del acuerdo del Consejo de Ministros de entender como denegada la cuestión de confianza sobre la Ley 31399.

“En consecuencia, disponer que el Poder Ejecutivo no altere ni modifique la situación de hecho o de derecho del Congreso de la República”, se lee en el texto.

Con el tiempo en contra. El Perú viene viviendo tal vez los últimos días de Pedro Castillo en el sillón presidencial luego de que el Pleno del Congreso aprobara con 73 votos a favor la moción de vacancia presentada contra el presidente por presunta incapacidad moral.

La discusión y votación final de la propuesta, impulsada por el legislador no agrupado Edward Málaga, se tiene prevista para el próximo miércoles 7 de diciembre a las 3 de la tarde. El mandatario, junto a su abogado, deberá acudir al hemiciclo a fin de que ejerza su derecho a defensa durante 60 minutos.

El Congreso pretendió notificar materialmente a Castillo anoche pero el documento no fue recibido por Palacio debido al horario de oficina. Recién hoy se le alcanzará la citación.

En la moción de más de 100 páginas y presentado el último martes 29 de noviembre, precisa que es “inaceptable” que un mandatario continúe ejerciendo el cargo “en medio de fuertes indicios de corrupción, grave indignidad o cuestionamientos morales y éticos”.

Su admisión a debate fue respaldada por las bancadas de Fuerza Popular (21), Acción Popular (10), Alianza para el Progreso (9), Renovación Popular (8), Avanza País (8), Podemos Perú (3), Integridad y Desarrollo (3), No Agrupados (4) y un sector de Perú Libre (4).

En tanto, los grupos de izquierda se opusieron a la medida.

Visto eso, solamente faltarían 14 votos para alcanzar los 87 requeridos para declarar la vacancia de la Presidencia de la República.

Los motivos para vacar al presidente Castillo

El legislador no agrupado Edward Málaga Trillo inició su sustentación señalando su plena convicción de que “la salida más exitosa a la crisis política es el adelanto de elecciones con reformas políticas”, escenario en el cual la moción de vacancia “debería servir como primer paso para el reacomodo y rearreglo de nuestras condiciones democráticas”.

En ese sentido, sostuvo que la figura planteada es el de tratar de devolver el orden constitucional “ante la amenaza expresa hecha de un eventual cierre o sometimiento del Congreso”.

“Quiero precisar que el espíritu de esta moción de vacancia es de control político, no hay aquí rivalidades ideológicas, inspiraciones de consignas de partidos ni mucho menos odios como se querrá interpretar”, señaló.

Málaga sostuvo que, si bien la elaboración del texto de la moción se cerró el 13 de octubre, hasta la fecha “no han dejado de ocurrir más hechos cuestionables o inmoralidades que nos llevan a una primera conclusión: que no hay enmienda”.

“Lo único que hay es la seguridad de que la incapacidad moral es permanente porque seguirá ocurriendo en el tiempo próximo”, dijo Málaga antes de añadir que no se realizará una valoración judicial sino de la conducta del mandatario a partir “de la legitimidad y de la confianza ciudadana a una autoridad que representa a la Nación”.

El legislador recalcó que la interpretación de la vacancia presidencial está relacionada a las graves acusaciones contra el jefe de Estado “que tornan inviable, en términos políticos, que continúe en el cargo”; así como el hecho de que “tales inconductas generen, a su vez, una álgida convulsión social y la pérdida de legitimidad” del mandatario.

No más familiares favorecidos en los gobiernos regionales. La Comisión de Descentralización del Congreso aprobó ayer el dictamen que propone modificar la Ley Orgánica de Municipalidades y Gobiernos Regionales, en materia de causal de vacancia y suspensión de las autoridades elegidas.

El dictamen recaído en los proyectos de ley 049, 581, 692, 928, 2503, 2686 y 2353 fue aprobado con 13 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra. También precisa las restricciones de contratación en los gobiernos regionales y municipalidades.

La presidenta del grupo de trabajo, Diana Gonzáles (Avanza País), precisó que en ambas leyes orgánicas se incorporan como causal de suspensión impedir la ejecución y la no promulgación de las ordenanzas que correspondan a fin de garantizar el ejercicio de las funciones de los consejos municipales y regionales.

En ese sentido, la parlamentaria indicó que las autoridades regionales y municipales tienen un plazo máximo 15 días para promulgar las ordenanzas, de lo contrario aplicaría la causal de suspensión.

Explicó que la propuesta incorpora el nepotismo como causal de vacancia en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, a fin de homologarla con la Ley Orgánica de Municipalidades que sí permite vacar a alcaldes y regidores que incurren en dicho delito.

Al respecto, el parlamentario Eduardo Castillo (Fuerza Popular) destacó que también se haya incorporado a la Junta Médica para diagnosticar incapacidad física y mental.

Otras causales de vacancia

El dictamen aprobado acumula siete proyectos de ley y propone que las causales para vacar o suspender a una autoridad regional sean las mismas que para una autoridad municipal.

De esta manera, establece que las autoridades regionales y municipales que han sido sentenciadas en primera instancia por la comisión de delito doloso serán suspendidas de sus cargos. Actualmente se aplica la suspensión de dichas autoridades cuando hay sentencia en segunda instancia.

Asimismo, señala que gobernadores regionales y alcaldes serán suspendidos por no incorporar en el presupuesto institucional los acuerdos o compromisos adquiridos en las distintas fases del presupuesto participativo.

De igual manera, se incorpora como causal de suspensión en ambas leyes orgánicas, la no designación de un nuevo gerente municipal o un nuevo gerente general regional, según corresponda, en un plazo de veinte días hábiles, luego de ser cesados por sus respectivos concejos o consejos.

Se queda en Perú. Pese a que el Poder Judicial autorizara a la lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, a viajar a Inglaterra y España entre los días 30 de noviembre al 9 de diciembre para participar en eventos políticos y académicos, la ‘Oxford Union Society’, donde iba a participar como expositora, le canceló su invitación debido a que nunca se llegó a confirmar su asistencia.

Como indicó la Oxford Union Society, se le comunicó a la excandidata que no contaría con su presencia debido a la falta de confirmación por parte de la política peruana. Debido a eso la organización se vio en la obligación de rescindir la invitación, por lo que no se programó su intervención.

El documento, compartido por The Oxford Union Society, lleva la firma de Charlie Mackintosh, presidente de The Oxford Union Society. Asimismo, en el calendario de eventos y expositores no aparece el nombre de la lideresa de Fuerza Popular.

La abogada Giulliana Loza señaló que su representada recibió la autorización para viajar el 29 de noviembre en la noche y sostuvo que no se ha tramitado “ninguna reserva de pasajes ni renovación de pasaporte, ni se hará hasta tener un itinerario definitivo”.

El secretario de comunicaciones de Fuerza Popular, Marco Pacheco, informó que Fujimori se encuentra en Lima y no viajó ya que “le cancelaron la invitación porque no pudo confirmar su participación”.

Keiko Fujimori no presenta peligro de fuga

La noche del pasado martes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó la resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y tomó la decisión de permitir la salida del país de la lideresa de FP, quien es investigada por la Fiscalía por el caso de los presuntos aportes ilícitos a las campañas electorales del 2011 y 2016.

A través de una resolución, se consideró atendible la solicitud de autorización de viaje porque la comparecencia con restricciones impuesta contra Keiko Fujimori no estableció la existencia de peligro de fuga. Además, recalcó que no se tienen actividades procesales que requieran la participación personal de la hija del expresidente Alberto Fujimori.

A la espera de los resultados de su visita. El Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentará este jueves 1 de diciembre el informe sobre la situación política en el Perú al Consejo Permanente del organismo.

De acuerdo a información de RPP luego se convocará a una sesión extraordinaria para debatir dicho documento elaborado de los cancilleres los días 21 y 22 de noviembre.

El pasado 25 de noviembre la misión de la OEA hizo un llamado al diálogo a los poderes del Estado, otros poderes públicos, grupos y la sociedad civil en general para preservar la institucionalidad democrática en el Perú.

A través de un comunicado, la misión también insistió en que se debe velar por la democracia representativa y la paz social del país, en beneficio del pueblo peruano.

“El Grupo de Alto Nivel de la OEA (GAN), renueva su disposición para coadyuvar en dicho proceso de diálogo entre los actores relevantes y agradece la disposición de todos en la búsqueda de un acuerdo que permita asegurar la gobernabilidad democrática”, expresó.

“El GAN respeta las decisiones de todas las instituciones del Estado y anima a las partes a demostrar su voluntad de conciliar, de escucharse y de actuar con sentido de estado, en beneficio de la ciudadanía peruana”, añadió.

El Grupo de Alto Nivel de la OEA sostuvo reuniones con los representantes de las principales instituciones del país, a raíz de la activación de la Carta Democrática que solicitó activar el presidente Pedro Castillo.

La misión del organismo detalló que había sostenido 27 reuniones para cumplir con su objetivo de escuchar a la mayor cantidad de voces representativas de Perú.