El Poder Judicial autorizó al investigado legislador Roberto Sánchez Palomino viajar a EE.UU. entre el 11 y 19 de mayo como presidente de la comisión que impulsa el Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay. Se debe precisar que el Ministerio Público pide 25 años de prisión para Roberto Sánchez, por el presunto delito de rebelión, de acuerdo a los hechos del 7 de diciembre del 2022.

En ese sentido, el exministro del gobierno de Pedro Castillo aún goza de libertad, pero con restricciones, como la de no salir de Lima sin permiso del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema; sin embargo, ante la solicitud de permiso que el 11 de abril pasado hizo Sánchez Palomino, el Poder Judicial le otorgó la autorización para viajar a USA. Por su parte, la fiscalía advierte que habría un peligro de fuga.

El congresista, como presidente de la comisión que impulsa el megapuerto de Chancay, argumentó que realizará este viaje para participar en un recorrido por diversos puertos marítimos de EE.UU., entre el 13 al 17 de mayo de 2024, incluyendo potencialmente los puertos de Long Beach, en el estado de California; y el de Baltimore, en Maryland.

Recordemos que hace más de un año, el 22 de marzo de 2023, el congresista Roberto Sánchez se libró de la suspensión (un sector de activistas indicó que el motivo fue para que no acceda a dicha curul, la accesitaria representante de la comunidad LGTB Gahela Cari) parlamentaria, gracias a los votos de los conservadores Fuerza Popular, y algunas abstenciones de Avanza País y Renovación Popular. Aunque se aprobó su acusación constitucional por el presunto delito de rebelión, él continuó despachando en el Congreso y respiró hondo para seguir en sus “proyectos” legislativos.

Fiscalía pide 25 años de prisión contra congresista Roberto Sánchez, por el presunto delito de rebelión.

Roberto Sánchez y el megapuerto de Chancay

Posteriormente, el 22 de octubre, Roberto Sánchez fue elegido presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay. El objetivo de esta comisión es darle seguimiento al proceso de construcción de la infraestructura del Megapuerto de Chancay y por ello deberá coordinar promover y recomendar las políticas púbicas, planes y estrategias de desarrollo productivo e industrial que estén vinculados a la cadena comercial y logística del transporte marítimo.

Xi Jinping, presidente de la República Popular China.

En ese sentido, el exministro de Pedro Castillo, —que desde el principio al presentarse la moción fue promotor del tema— de pronto, se hizo protagonista en un megaproyecto de capitales chinos y ha venido ejerciendo un papel esencial, para impulsar dicho Hub, —como él siempre menciona— Eso significa que Sánchez Palomino maneja información sensible y clave respecto a toda la inversión china en el megaproyecto en Chancay; así como los procesos y planes a futuro concernientes a la apertura de nuevas exportaciones con nuevos socios estratégicos.

¿Quiénes acompañan en esta “comisión” a Roberto Sánchez? Nada menos que el “energético” Eduardo Salhuana de APP, como vicepresidente y Luis Aragón de AP, como secretario.

Roberto Sánchez, Eduardo Salhuana y Luis Aragón miembros de Comisión “pro Megapuerto”.

El congresista Sánchez Palomino, que, por azares de la vida, continúa en el Parlamento, se ha tomado en serio este rol de monitorear e impulsar el proyecto del Mega puerto de Chancay, a tal punto, que pareciera que se ha convertido en vocero de las inversiones chinas en el norte chico. 

Solo basta escuchar una entrevista realizada en el Congreso, en su calidad de presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay, donde señaló: “Por la importancia del desarrollo económico en un contexto de receso, con mayor razón habría que darle la importancia debida a un proyecto tan relevante que nos convertirá en un hub comercial portuario del pacifico. Es la obra más emblemática que tiene un aproximado más de 3600 millones de dólares de inversión en todos sus componentes en la primera etapa y que será inaugurada en el marco del foro APEC del año 2024, en noviembre aquí en Perú”.

Su viaje a Estados Unidos en el 2022

Durante el gobierno de Pedro Castillo, Roberto Sánchez viajó a los Estados Unidos (del 17 al 22 de setiembre 2022). Aquella vez, desde la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Sánchez ocupaba el cargo de ministro de Comercio Exterior y Turismo. En esa oportunidad afirmó que el empresariado estadounidense reconoce el desempeño económico del Perú, a pesar de la crisis política. Se podría decir que su relación con el gobierno de Estados Unidos fue impulsada durante el gobierno de Castillo Terrones.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.

Roberto Sánchez, entre Xi Jinping y Biden

El legislador Roberto Sánchez, pronto irá de viaje a EEUU por invitación de la Embajada estadounidense para visitar puertos de ese país. Él impulsa proyectos chinos y ahora tratará con inversionistas norteamericanos, a pesar que ambos países son adversarios comerciales.  

En ese sentido, ¿Cómo ha logrado que se le levante el impedimento de salida para viajar a USA? ¿A qué estaría jugando Roberto Sánchez? Acaso, la importante información sensible que maneja sobre el megaproyecto en Chancay será también de interés del gobierno de Biden.

El accionar de la embajada de Estados Unidos en Perú, estaría cometiendo una injerencia. Detrás de esto, la lectura es que se pretendería limpiar a Sánchez de su proceso legal, a cambio de información que favorecería a Estados Unidos. Hay que preguntarnos ¿Cuál sería el costo de ello? ¿Por qué se le levanta un impedimento de salida con la excusa de visitar puertos? ¿estamos ante la actuación de un topo parlamentario?

Día clave para varios implicados en el denominado caso ‘Valkiria XI’. El Ministerio Público ha requerido 36 meses de prisión preventiva para José Luis Castillo Alva, Miguel Girao Isidro y otros cinco investigados por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo, organización criminal y otros en el caso Valkiria VI que involucra a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El pedido incluye también a Abel Hurtado Espinoza (exasesor de Benavides), Mirtha Gonzales Yep (pareja de Castillo Alva), Jorge Rodríguez Menacho (capitán PNP), Giancarlo Valer Enciso (empresario) y Jorge Palomino Quesada (exgerente de logística de la fiscalía). 

En el contexto del operativo Valkiria XI, llevado a cabo el pasado 23 de abril, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder Judicial (Eficcop), en colaboración con agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), procedió a la detención de siete individuos. Estas personas están siendo acusadas de participar en una presunta red de corrupción, la cual se cree que está liderada por Patricia Benavides.

El pasado 3 de mayo, el Poder Judicial confirmó la detención preliminar de cuatro individuos entre los implicados en el caso. Estos incluyen a Castillo Alva, Girao Isidro, Palomino Quesada y Rodríguez Menacho.

La audiencia de prisión preventiva se ha programado para este jueves 9 de mayo, a las 17.30 horas y es de carácter inaplazable, informó el Poder Judicial en la red social Twitter (X).

Abogado de Rodríguez Menacho se pronuncia sobre fotografía de su cliente junto a Patricia Benavides

Eduardo Guerrero, abogado del ex capitán PNP Jorge Rodríguez Menacho, confirmó ayer que el Ministerio Público ha pedido 36 meses de prisión preventiva para su cliente, pero recalcó que no hizo ningún favorecimiento a Patricia Benavides.

“En ningún momento o extremo el capitán ha hecho creer otras cosas de que no existían llamadas. Por el contrario, el capitán siempre ha sido claro e incluso en el informe 132 hace mención de que solo existen registros de llamadas”, explicó para RPP.

Guerrero manifestó que no existe ningún vínculo entre su patrocinado con Patricia Benavides y que la foto revelada en el programa Punto Final tampoco comprueba algo. Sin embargo, señaló que Rodríguez Menacho sí acepta que se reunió con la exfiscal de la Nación sin avisar a sus superiores. 

“Fue su error y pecado no haber comunicado a sus superiores, lo ha reconocido”, indicó el letrado.

Con su dinero no es. El Gobierno de Dina Boluarte decidió otorgar la buena pro en favor de la defensa legal del ex presidente Ollanta Humala Tasso, quien afronta una serie de investigaciones en su contra por el caso Odebrecht. Cabe mencionar que esta decisión se adoptó el pasado 1 de abril del año en curso, a través de la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial.

Según la información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el abogado Edinson Huamán Chacón,será el encargado de brindar la asesoría legal al expresidente, a quien se le investiga por presuntos actos de corrupción durante su gestión entre los años 2011-2016.

De acuerdo con el texto del otorgamiento de la buena pro, el letrado Huamán Chacón cumple con los requisitos establecidos por la Oficina de Abastecimiento del Despacho Presidencial para que pueda ejercer la defensa legal de Humala Tasso,los cuales precisan que el abogado del exmandatario presente sus respectivas declaraciones juradas en las que manifieste que se encuentra colegiado y habilitado.

Adicional a ello, debe contar con experiencia en asesoría y defensa legal en materia penal o procesal no menor a tres años, la cual habría sido comprobada a través de las constancias o certificados que Edinson Huamán Chacón presentó ante la referida área del Ejecutivo. Además, también poseer estudios de especialización en las mencionadas materias.

“De la revisión de la oferta presentada, se verificó que la oferta cumple con la documentación obligatoria requerida para su admisión (…) Se verificó que la misma consta de la documentación obligatoria y cumple con los términos de referencia, de acuerdo con lo señalado en las bases (…) Así también; se efectúa la revisión del precio de la oferta, verificándose que esta asciende a S/291.600”, se indica.

Ollanta Humala y sus procesos en los casos Odebrecht y Lava Jato

Como es de conocimiento público, la Procuraduría ad hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó que el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, paguen más de 22 millones de soles por daños al Estado peruano debido al caso Centro de Convenciones Lima y 1,8 millones de dólares adicionales.

El organismo a cargo de los casos Odebrecht y Lava Jato especificó que el pago de 22,9 millones de soles se debe al daño patrimonial al país, derivado de pagos indebidos y el no cobro de penalidades. Además, solicitó una compensación de 1,8 millones de dólares por el daño extrapatrimonial relacionado con el impacto negativo a la reputación del Estado.

Los números no mienten. Los políticos podrán repetir cuantas veces quieran que el Perú se encuentra de maravillas y que existe un “gobierno fuerte”, sin embargo, desde el ámbito netamente económico, las cifras no acompañan ese discurso falaz. Los cuadros estadísticos demuestran que la pobreza en el país se ha incrementado, afectando directamente a aquellos peruanos que cada vez consiguen menos alimento con lo que ganan.

De manera sorpresiva y bajo el argumento de “motivos de fuerza mayor”, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) suspendió la presentación de los resultados de la pobreza monetaria que iban a ser anunciados este día. De acuerdo a fuentes de Canal N, la presidenta Dina Boluarte tuvo conocimiento de las terribles cifras, mandando a ordenar que se cancele la publicación del informe que es de derecho público.

Tal como se visualizan en fotografías publicadas por el mismo Gobierno, en una sesión en Palacio, el Consejo de Ministros examinó los resultados derivados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2023). Horas más tarde, a las 8 de la noche, el INEI comunicó de forma oficial que la difusión se aplazaría “hasta la próxima semana por razones de fuerza mayor”, aun cuando por la tarde desde el despacho de prensa habían reconfirmado la presentación de dichos resultados.

Según el consenso, incluido el Banco Mundial, luego de un paupérrimo resultado de la economía en 2023 (-0,6%) — que derivó en una recesión, la más profunda en las últimas tres décadas—, las cifras de pobreza se han incrementado en el último año, de 27% a alrededor de 30%, lo que significa un aumento de la vulnerabilidad por segundo año consecutivo, llegando incluso a niveles de pandemia.

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, sostuvo que es “realmente vergonzoso” lo que el gobierno pretendería hacer manipulando las cifras oficiales de pobreza y así ocultar lo innegable: el incremento de la pobreza monetaria en el país el 2023.

Para el extitular del MEF, se presenta una situación inédita que representaría un precedente nefasto e inaceptable. “Intentos de manipulación de las estadísticas oficiales es una causal de suspensión de la membresía de países en organismos internacionales, como ocurrió en el pasado en Argentina y Venezuela. No podemos permanecer indiferentes ante el grave retroceso institucional al que estamos siendo sometidos por un Gobierno incompetente que pretende tapar el sol con un dedo”, sostuvo.

Esta mañana, el Poder Ejecutivo negó de forma categórica tener la intención de modificar ninguna cifra de los resultados de pobreza monetaria. Ante ello, aseguran que el “INEI es reconocido como un ente técnico especializado e independiente, asegurando la objetividad de los datos presentados”.

Finalmente, se tuvo conocimiento que el INEI ha retrocedido en su decisión y publicará las cifras en el transcurso de las horas de hoy.

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, informó que se ha aprobado el informe de calificación (DC-384) para admitir la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, el ex presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y otros exministros, por incurrir en presunta infracción a los artículos 38°, 39°, 45° y 125° de la Constitución Política del Perú.

Dichos artículos constitucionales que han sido presuntamente vulnerados, establecen mecanismos sobre ‘los derechos políticos y de los deberes’; ‘de la función pública’, que señala que el poder del Estado emana del pueblo; y ‘de las atribuciones del Consejo de Ministros’.

Esta admisión se aprobó con 15 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

La acusación se fundamenta en la controversia generada por la disolución del Congreso de la República en 2019. Se examina también un segundo informe de importancia relativo a la denegación fáctica y al cierre del año 2017. 

La admisión de la denuncia busca investigar y determinar si existen infracciones constitucionales por parte de los acusados, pudiendo concluir en inhabilitaciones políticas. 

Comisión Permanente definirá el avance de la denuncia constitucional

Finalmente, se espera que el informe sea elevado en los próximos días a la Comisión Permanente para definir el plazo de resolución para continuar con dicha denuncia constitucional.

La procuraduría anticorrupción solicitó al Ministerio Público iniciar diligencias preliminares contra el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza Rosales, así como quienes resulten responsables, por el presunto uso indebido de recursos y bienes públicos en beneficio personal, tras el accidente automovilístico que protagonizó la semana pasada.

El pedido, solicitado a la Fiscal Provincial de Turno de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Lima Noreste, piden indagaciones por la presunta comisión del delito de peculado de uso y otros en perjuicio del Estado, así como los demás ilícitos penales que pudieran advertirse durante la investigación.

La procuraduría precisa que Espinoza habría utilizado para fines personales, ajenos a su función pública, al personal de serenazgo y vehículo de patrullaje de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de dicho distrito, presuntamente para huir de la escena cuando estaba siendo trasladado en una ambulancia al hospital, luego de sufrir un accidente de tránsito.

Solicita también que, como actos de investigación, se tomen declaraciones a los presuntos implicados, así como que se recabe toda la documentación, a fin de esclarecer objetivamente los hechos materia de la denuncia.

“La Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción reitera su compromiso con la defensa de los derechos e intereses del Estado en toda instancia pública en la que sea competente”, señala este organismo.

Como es de conocimiento público, tras el accidente ocurrido el 1 de mayo, el burgomaestre de Puente Piedra fue trasladado en una ambulancia hasta el hospital Carlos Lanfranco La Hoz de Puente Piedra. Cerca de la puerta de dicho nosocomio, dos mujeres y un personal de serenazgo se acercan a la ambulancia y lo ayudan a retirarse en una camioneta de la comuna distrital.

Espinoza dijo que, debido a que se “demoraban en atenderlo en el hospital”, decidió irse en una camioneta de la Municipalidad de Puente Piedra a un establecimiento particular, y que las dos mujeres lo ayudaron gentilmente a descender de la ambulancia.

“No me sentía con gravedad, yo voluntariamente decidí retirarme y atenderme de manera particular. […] No tenía ninguna obligación de ir al hospital, no estaba obligado a pasar por dosaje etílico, yo me sentía bien”, expresó.

De acuerdo al penalista Andy Carrión, el escape de Espinoza y la colaboración de terceros para su huida podría implicar varios delitos, los cuales pueden acumular una pena de hasta 15 años de cárcel.

“Hay una serie de hechos que tienen que tomarse en cuenta de cara a identificar los eventuales delitos que habrían ocurrido, no solamente Rennán Espinoza, sino algunos otros partícipes. Estamos hablando de manejar en estado de ebriedad, que es una pena de tres; el desobedecer una orden o sustraerse a la propia persecución que tiene de cuatro a siete años; el delito de obstrucción que puede tener tres a cuatro años. Una prognosis podría ser los 15 años, más o menos”, señaló Carrión en diálogo con RPP.

El ministro de Educación, Morgan Quero, salió a responder sobre los cuestionamientos a la presidenta Dina Boluarte por ausentarse por unos días para atender sus presuntas intervenciones estéticas y aseguró que ella no se ausentó de sus funciones por una supuesta cirugía estética.

“En ningún momento la presidenta se ha ausentado; siempre ha estado al pendiente y ha estado gobernando en todo momento”, indicó a la prensa.

El ministro también dijo que la supuesta ausencia de Dina Boluarte tiene que ver con sus asuntos personales y privados.

“No hay ninguna ausencia de la presidenta de la República. Hay un tema de la esfera íntima, privada y en ningún momento hubo una ausencia”, mencionó.

Asimismo, Morgan Quero, también respondió y aseguró que “en los próximos días” la mandataria Dina Boluarte nuevamente declarará ante la prensa. Esto pese a que lleva 30 días sin hablar con los periodistas. 

“La presidenta Boluarte va a seguir con sus actividades en las regiones, ha estado haciendo actividades en Lima Metropolitana, en Palacio de Gobierno. Ahora tenemos un vocero que va a dar cuenta de las actividades de la presidenta, que es el señor Fredy Hinojosa. Así que la presidenta va a estar, seguramente, en los próximos días, intercambiando temas de agenda con la prensa nacional”, anunció desde Arequipa.

Finalmente, Morgan Quero también informó que desde el Ejecutivo se está protegiendo los recursos públicos, y exhortó a las entidades del Estado a que se aplique la austeridad.

“Todos tenemos que hacer una reflexión sobre una necesaria austeridad, sobre todo el 2024 donde como consecuencia de un crecimiento bajo el año pasado, lamentablemente por una serie de sucesos tanto climatológicos como sociales, hemos tenido esta situación. Todos tenemos que afrontar y todos ponernos en modo Bicentenario”, concluyó.

El ministro de Educación no solo atiende los temas de su portafolio, sino, que pretendería ejercer la vocería del despacho presidencial. Según, nuestras fuentes, Morgan Quero desea ser premier y también estaría voceado para eventualmente asumir la titularidad de la PCM. Entre tanto ¿Estaría haciendo los méritos suficientes?  

Hermetismo total dentro de Palacio respecto a los 12 días donde no se le vio públicamente a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Durante ese lapso la jefa de Estado, según el semanario Hildebrandt en sus Trece (H13), se habría sometido a unos retoques estéticos en el quirófano, el cual no se a afirmado ni desmentido desde su Despacho. Al respecto, el vocero presidencial Fredy Hinojosa, manifestó ayer que la ausencia de la mandataria corresponde a un tema estrictamente privado, motivo por el cual no proporcionará más detalles.

“La Constitución establece un derecho fundamental de todo ciudadano: el derecho a la intimidad personal, este derecho también le asiste a la presidenta. Por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano y más aún de la presidenta”, dijo en la primera rueda de prensa ofrecida desde que asumió el cargo.

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, indicó que la presidenta tiene el derecho a la intimidad personal y por ello no hará declaraciones sobre la ausencia de la mandataria durante 12 días por una cirugía estética

Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/ecI1PaNtCU

— Canal N (@canalN_) May 8, 2024

Según H13, en junio del año pasado, la mandataria se tomó un receso de 12 días para recuperarse de una cirugía estética. Tres fuentes oficiales dijeron al citado semanario que decidió corregir la curvatura de su nariz y otras insatisfacciones personales como ojeras, bolsas debajo de sus ojos y líneas de expresión, con la asistencia del cirujano Mario Cabani.

El retiro temporal de la vida pública finalizó el 10 de julio, cuando Boluarte retomó actividades con una apariencia visiblemente rejuvenecida en una reunión con Sergio Díaz Granados, presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina.

Hinojosa aseguró que atenderá el pedido de la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), quien requirió la entrega de documentos que incluyen la agenda presidencial del 29 de junio al 09 de julio de 2023, documentación sobre el descanso médico de Boluarte, ajustes a sus haberes durante este periodo y las actas de las sesiones del Consejo de Ministros llevadas a cabo en dichas fechas.

“Respecto al pedido de información de la congresista, se procederá estrictamente en observancia de los procedimientos establecidos por ley, dentro del plazo que corresponda. […] Desde el primer día que asumió el cargo viene ejerciéndolo a cabalidad y con estricta observancia de la normatividad legal. De manera constante, incluyendo fines de semana y feriados, viene ejerciendo la labor de presidenta”, remarcó Hinojosa en otro momento.

Cabe recalcar que la última declaración de la mandataria ante la prensa sucedió el 5 de abril, cuando reconoció que el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, le entregó relojes Rolex y otras joyas, un caso por el que actualmente viene siendo investigada por la Fiscalía.