Dos de tres. “Abran campo para la reaparición de Vladimir Cerrón”, pareciera decir la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ya viene contando los días para su salida de Palacio de Gobierno, no sin antes retirar del camino las piedras y obstáculos del escurridizo líder de Perú Libre, quien en los últimos meses la buena fortuna, y ciertos fallos legales, le vienen sonriendo de par en par.

Y es que hasta hace unos días se ofrecía por el ideólogo del partido del lápiz hasta 500 mil soles por su captura, pero al realizarse una consulta rápida al portal de recompensas del Estado su nombre ya no figura en la lista de los más buscados.

Como se recuerda, a finales de diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) le anuló una condena efectiva de 3 años y 6 meses por el denominado caso ‘Aeródromo Wanka’. En esa ocasión la Corte había concluido que no se había demostrado el delito de colusión simple, ya que la firma del contrato entre el gobierno regional de Junín y el Consorcio Aeródromo Wanka no evidenciaba concertación dolosa ni intención de perjudicar al Estado.

Meses después, en marzo del año en curso, el mismo alto tribunal también le anuló la condena impuesta por negociación incompatible en el caso ‘La Oroya’. De acuerdo al TC, tanto la sentencia original como la resolución de apelación carecían de motivación suficiente al no establecer con claridad los hechos que demostrarían un favorecimiento indebido a un contratista ni el rol específico de Cerrón Rojas en los supuestos delitos.

En ambas ocasiones el ex gobernador de Junín denunció ser un “perseguido político”.

Sin embargo, aún queda en pie una orden de prisión preventiva de 24 meses contra Vladimir Cerrón por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y los presuntos aportes ilegales de su partido que habrían favorecido las campañas de Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Resulta relevante recalcar que en la actualidad el líder de Perú Libre no cuenta con condena alguna en su contra, así como de no tener inhabilitación alguna para ejercer cualquier cargo de elección popular, pudiendo postularse como alcalde, diputado o senador.

El dato:

No solo Vladimir Cerrón ha sido borrado del mapa del Programa de Recompensas del Mininter. El ex ministro de Transportes, Juan Silva Villegas, también abandonó la lista de los más buscados. Él se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años.

Más falsas que las vacunas que trajo en pandemia. Pensaba que nadie se daría cuenta y que iba a pasar de manera disimulada como con las vacunas que se inoculó, pero fue tanto el escándalo de cientos de ciudadanos que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se puso a revisar los padrones de afiliados a los partidos políticos, encontrándose con una serie de irregularidades en los documentos.

De acuerdo a una investigación de Latina Noticias se pudo constatar que el partido político Perú Primero, del ex presidente Martín Vizcarra Cornejo, había completado su lista de 25 mil afiliados con 5 mil firmas falsificadas, las mismas que no contarían con el consentimiento de los ciudadanos.

Es así que el Reniec va a proceder a denunciar a dicho partido por un intento de “fraude masivo”.

En su reporte, Reniec identificó que el partido del ‘Lagarto’ Vizcarra, que hasta ahora no se da cuenta que se encuentra impedido de postular, había presentado en total más de 5 mil firmas falsas, y que todas estas provenían del mismo puño. Por ejemplo, de las 25 mil 189 rúbricas presentadas por Perú Primero en noviembre de 2022, 1936 fueron rechazadas tras detectarse irregularidades. Durante los años posteriores, hasta noviembre de 2024, la entidad excluyó alrededor de 3181 afiliaciones por el mismo motivo.

La Reniec también precisó que Perú Primero actuó de manera sistemática durante este proceso, puesto a que también «han fraguado huellas digitales«, es decir, se ha colocado una misma huella en distintas fichas de inscripción. 

Pero el partido del ‘Lagarto’ no es el único en jugar sucio para su inscripción. El partido Voces del Pueblo, del congresista Guillermo Bermejo, también había presentado más de 4 mil firmas falsas desde julio de 2023.

De acuerdo a las autoridades del JNE y la Reniec, Perú Primero y Voces del Pueblo estarían incurriendo es el delito de falsedad genérica e ideológica. Por tal motivo, las entidades han presentado las denuncias respectivas para garantizar el cumplimiento de la ley.

Se fueron con las manos vacías. Alcaldes y alcaldesas de la región Cusco se mostraron sumamente indignados luego de haber acudido hoy a la ceremonia de reconocimiento a las municipalidades ganadoras de la octava edición del Premio Nacional Sello Municipal, organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera encabezada por la cuestionada ministra Leslie Urteaga que anteriormente tuvo a su cargo la cartera de Cultura.

Estando ellos incluidos entre los ganadores, las autoridades municipales tuvieron que viajar hasta Lima para recibir el premio que reconocer a aquellos municipios por la mejora de sus servicios públicos y la calidad de vida de las personas en situación de pobreza extrema, sin embargo, se dieron con la amarga sorpresa de que las placas de reconocimiento se habían agotado, desatando la incomodidad e indignación de esas autoridades municipales, que tuvieron que invertir tiempo y dinero para viajar hasta la capital.

No solo las autoridades de la región Cusco se vieron afectadas, sino también se reporta que los representantes municipales de Puno y Junín habrían tenido la misma suerte. Se estima que fueron cerca de 30 alcaldes que tuvieron que retornar a sus jurisdicciones tal como vinieron, ya que las autoridades del Midis le comunicaban que se trataba de una demora del vehículo que transportaba los premios.

El dato:

En esta edición, se convocaron un total de 1,890 municipalidades, de las cuales 1,698 se registraron para participar, logrando un récord histórico. Un total de 1,140 gobiernos locales recibieron este reconocimiento, a través de la Resolución Ministerial N° D000052-2025-MIDIS, lo que marca un hito en esta octava edición del premio nacional.

De estas, 559 municipalidades fueron distinguidas con la insignia Platinum, 394 recibieron la insignia Oro, 23 obtuvieron la insignia Plata y 164 fueron galardonadas con la de Bronce.

Las movidas y reacomodos dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP,) continúan bajo la jefatura de su presidenta ejecutiva Ninoska Chandía Roque. Como se recuerda, el mes pasado, exactamente el 10 de marzo, mediante Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE designó bajo el régimen CAS como hombre de su confianza a Christian Clemente Peralta Navarrete en el cargo de Asesor de la Jefatura Institucional de la entidad estatal.

Han transcurrido apenas 42 días desde su designación, y mediante Resolución de Jefatura n.° 000022-2025-IRTP-JE, del martes 22 de abril, la señora Chandía Roque resuelve aceptar la renuncia de Peralta Navarrete; y al día siguiente, mediante la Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril, decide contratar nuevamente a Peralta Navarrete como servidor de confianza, esta vez como Asesor II (bajo el régimen laboral D.L 1057).

Con nuevo ROF en IRTP hay todo un ‘mejunje’ interno

Resulta que desde la jefatura del IRTP liderada por Ninoska Chandía y desde la Oficina de Gerencia General comandada por José Ernesto Vidal Fernández, dieron el visto bueno a un ramillete de personajes que ya pertenecían a la casa televisora y radial, tras haber elaborado informes y memorandos dirigidos a la Oficina de Gestión de Talento Humano “confirmando” que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), “los elegidos” cumplen con la totalidad de requisitos exigidos para los cargos asignados.

Es decir, las “ratificaciones” se basaron en el nuevo Reglamento de Organización Y Funciones del IRTP (ROF), que la señora Ninoska aprobó el 06 de febrero del 2025, el cual consta de 02 títulos y 81 artículos, dizque porque era necesario, en honor a la “modernización de la gestión del Estado”. 

Servidores fueron ‘ratificados’ en sus cargos de confianza

Pero no solo el extrabajador de la bancada de Fuerza Popular y del exministro Demartini, Christian Clemente Peralta Navarrete, acaba de ser ratificado y/o reasignado en el IRTP, como asesor II de la Jefatura de la entidad.

La señora Ninoska Chandía también designó a Graciela Elizabeth Ramírez Alberca, en el cargo de Asesora II, quien apenas hace 4 meses Julio Demartini la designó como asesora en el Midis; a Víctor Raúl Ahumada Bastidas, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General; a Nelly Flor Ramos García, también como Asesora I de la Gerencia General; a Rogger Mauro Gallardo Kruger, como Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; a Carlos Alfredo Castro Gao, como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a Jorge Ricardo Tisnado Ipanaque, como Jefe de la Unidad de Logística; y a Jean Carlos Chávez García, como Jefe de la Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Ex jefe de prensa de Fuerza Popular continúa como asesor de IRTP

El Asesor II de la jefatura del IRTP, Christian Clemente Peralta Navarrete tiene en su historial una serie de nombramientos vinculados al partido de Keiko Fujimori y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. No solo llegó al Congreso que tuvo mayoría fujimorista (73 curules) en 2016, sino que lo hizo como parte de la jefatura de comunicaciones del Legislativo, por lo que tuvo a su cargo el canal de televisión del Congreso.

Ese mismo año, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un reportaje en el que se indicaba que Peralta Navarrete había creado al interior del Parlamento un “escuadrón fujitroll” encargado del “asesinato simbólico de los adversarios”, una serie de publicaciones en redes sociales para confrontar a los enemigos u opositores a Fuerza Popular.

En junio del 2018, luego de un reportaje en Cuarto Poder que hizo eco de la denuncia hecha por Hildebrandt en sus 13, Peralta Navarrete negó públicamente que estuviese a cargo de una red de ‘fujitrolls’.

“Efectivamente, se ha fortalecido el área de Redes Sociales. El Congreso, al igual que los medios, se está volviendo multiplataforma (…) antes teníamos a dos personas (…) Toda la vida dicen que yo particularmente dirijo una red de ‘fujitrolls’ y eso es falso”, afirmó luego de ser cuestionado por la contratación de 12 personas más en esta área.

Un artículo difundido por Ojo Público afirma que entre noviembre del año 2023 y febrero del 2024, Christian Peralta Navarrete también fue asesor del cuestionado exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, que dejó el cargo a finales de enero de este año, en medio del escándalo de corrupción por el Caso ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. En febrero del 2024, Demartini nombró a Christian Peralta Navarrete en la Oficina de Comunicación e Imagen del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, aunque este nombramiento se mantuvo solo por unos días, entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de ese año. Al menos hasta junio del año 2024, se reportó que Peralta Navarrete era el subgerente de comunicaciones de EsSalud; y actualmente, continúa formando parte del circulo de confianza de la allegada a Nicanor Boluarte, la presidenta ejecutiva del IRTP, Ninoska Chandía Roque.

Se le escapó la tortuga y ahora asume las consecuencias. El pasado lunes el reo venezolano Jhon Kennedy Javier Sebastián, sentenciado a 10 años de pena privativa de la libertad por delitos contra el patrimonio, saltó el muro que da hacia los exteriores del penal de Lurigancho, lastimándose una de sus piernas debido a la fuerte caída, tomándose unos segundos para poder reincorporarse y desaparecer en la oscuridad de la noche. Durante ese tiempo, personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) deambularon de aquí para allá sin saber exactamente qué hacer. Fue así como se dio la fuga más insólita de los últimos años.

Es así que el Poder Ejecutivo hizo oficial la renuncia de Javier Llaque Moya a la jefatura del INPE, como consecuencia directa a la fuga del reo extranjero. Su destitución fue oficializada mediante la Resolución Suprema n.° 077 -2025 –JUS, siendo refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que la salida de Llaque responde a una “responsabilidad funcional” asumida por el exjefe del INPE. También anunció la destitución del director del penal de Lurigancho y la revisión de los protocolos de vigilancia. El Gobierno ya evalúa a su posible sucesor.

“El señor Llaque presentó su renuncia, que ha sido aceptada, y se designará un nuevo titular del INPE”, declaró Adrianzén, quien enfatizó que este tipo de decisiones son necesarias para enfrentar fallas institucionales graves como la reciente fuga.

De manera oportuna, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de manera conjunta, anunciaron la eliminación del pago correspondiente al proceso de desafiliación a un partido político, luego que se reportaran incontables denuncias de parte de ciudadanos que no habían dado su consentimiento para pertenecer a una organización política.

Es así que ayer el presidente del JNE, Roberto Burneo, y la jefa del Reniec, Carmen Velarde, realizaron un pronunciamiento, detallando que se tomó la decisión de cancelar el pago como respuesta directa a los miles de casos de afiliación indebida.

Asimismo, indicaron dichas autoridades que se procederá a denunciar ante el Ministerio Público a las organizaciones que habrían incurrido en la presentación de firmas sin la autorización de los ciudadanos.

El sustento de estas denuncias fueron 130 informes técnicos presentados por el Reniec, con los que se observaron 238 335 firmas, las que quedaron invalidadas para el proceso de inscripción de estas organizaciones políticas”, precisaron.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, 49 años, ha pasado casi 15 años de su vida intentando, sin mucho éxito, sentarse de una vez por todas en el sillón de Pizarro. La hija mayor de Alberto Fujimori ha visto cómo otros candidatos, ya sean de izquierda o de derecha, con o sin preparación, lograron colocarse la banda presidencial, teniendo que refugiarse en las sombras de sus congresistas que sí consiguieron una curul.

Tal será el nivel de antifujimorismo en el país que muchos de los votantes han preferido votar por aquel ‘mal menor’ que representaba su opositor de turno. Claro ejemplo está en que Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) o Pedro Castillo hayan sido declarados presidentes de la República.

En el 2011 se presentó bajo la estela dejada por su padre, aseverando que fue él quien se encargó de acabar con el terrorismo y la inflación económica, sin embargo, no pudo tapar los delitos cometidos por su padre durante su gobierno, calificándolos sencillamente como “errores”.

Perdió en segunda vuelta contra Ollanta Humala Tasso, algo impensado hasta ese entonces, ya que el candidato nacionalista se había presentado como un personaje radical, yendo a sus mítines con su peculiar ‘polo rojo’ para luego cambiarlo por un ‘polo blanco’. fue el voto antifujimorista lo que terminó por inclinar la balanza al ahora preso ex presidente.

Cinco años después le tocó enfrentarse otra vez en segunda vuelta contra PPK, un senil economista de centro derecha que prometía terminar con el “recreo” en clara alusión a los gobernadores anteriores que no hacían nada por mejorar la situación en el país. El denominado por algunos como “candidato de lujo” por sus abundantes pergaminos académicos terminó derrotando a Keiko, quien le tomó tiempo en reconocer su derrota.

Ya en el año 2021, saliendo de una terrible pandemia, por tercera vez Keiko Fujimori se presentó en los comicios, enfrentándose esta vez en segunda vuelta contra el dirigente sindical Pedro Castillo, que por ese entonces no aparecía en el radar del votante, al menos eso era lo que indicaban las encuestas que ya se encontraban muy manoseadas.

A pesar de su gigantesca y millonaria campaña electoral no pudo vencer al candidato de Perú Libre que se presentaba como aquel hombre de pueblo que reivindicaría a las clases menos favorecidas con su lema “No más pobres en un país de ricos”.

Vencida en tres ocasiones consecutivas, la lideresa de Fuerza Popular anunció que no se presentaría una vez más a las elecciones presidenciales; sin embargo, recientemente dejó entreabierta la posibilidad de postular por cuarta vez.

A propósito de ello, una encuesta realizada por Ipsos arroja que Keiko Fujimori perdería contra sus potenciales contrincantes: Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, o el comediante Carlos Álvarez, un personaje novato en política y débil a nivel de decisiones políticas ya que no cuenta con una bancada en el Congreso.

Las cifras no engañan y seguramente la ‘China’ ya estará evaluando seriamente su candidatura a poco menos de un año de los comicios, pues así hayan pasado más de dos décadas desde el último mandato de su padre aún la gente, sobre todo los ciudadanos que pasan los 40 años, recuerda todo lo negativo que hizo el Fujimorismo en el poder.

Para nadie es un secreto que con un poco de contactos y unos buenos billetes de por medio un reo en nuestro país puede contar con ciertos beneficios en cualquier prisión, así sean de “máxima seguridad”; llegando a encontrárseles televisores de alta gama, celulares, botellas de licor, o hasta permitírsele el ingreso de damas de compañía.

Tampoco se puede tapar el sol con un dedo la inmensa población en esos centros penitenciarios, llegando a reportarse hasta un 350 % de su capacidad operacional; tal es el caso del penal de Lurigancho, prisión que sirve de claro ejemplo para constatar que el Estado no viene haciendo bien su tarea desde hace varios años.

Al respecto, algunos parlamentarios han presentado diferentes proyectos de ley para cambiar esa situación, o así es lo que indica en el papel. El más reciente ha sido el legislador Juan Carlos Lizarzaburu, quien ha vuelto a poner el foco en el antiguo penal San Juan Bautista, mejor conocido como ‘El Frontón’, ubicado en las costas del Callao.

De acuerdo al congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, en esa isla serán llevados los procesados o condenados por violación, trata de personas, extorsión, secuestro y otros relacionados con el crimen organizado.

La finalidad de la misma, indica Lizarzaburu, será apartará a aquellos delincuentes considerados como altamente peligrosos de todo contacto con la sociedad.

¿Privatizar las cárceles?

Por su parte, en agosto del año pasado, el congresista Alejandro Cavero presentó un proyecto de ley para privatizar las prisiones del país. De acuerdo a su iniciativa 8563/ 2024-CR con delegar las cárceles al sector privado se busca “promover la inversión pública y privada en la construcción de establecimientos penitenciarios, a fin de fortalecer el sistema penitenciario nacional”.

El legislador de Avanza País sustenta su propuesta indicando que existe una sobre población del 130 %, en otras palabras, en las instituciones penitenciarias se tiene la capacidad solo de albergar a 41 mil reos, y en la realidad ya se va a alcanzar los 100 mil.

En esa misma línea, en enero de este año, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) también se mostró a favor de privatizar los establecimientos penitenciarios bajo su PL n.° 9908/2024 –CR.

El parlamentario sustenta su iniciativa resaltando que no se viene cumpliendo la resocialización del reo debido a las condiciones dentro de los penales.

«Con este proyecto buscamos no solo aliviar la sobrepoblación, sino también garantizar que los internos tengan acceso a condiciones dignas y programas efectivos de rehabilitación», señaló.

¿La solución al problema?

Que se construyan 50 o 100 cárceles más podría considerarse una solución inmediata, sin embargo, se debe de tomar en cuenta el gasto que le corresponderá al Estado, teniendo que contratar más efectivos que resguarden el tanto el interior como el exterior de los centros penitenciarios, mantenimiento, alimentación, servicios de salud o atención psicológica. Tampoco se combatirá frontalmente el verdadero problema que es la delincuencia que nace desde los barrios más marginales del país, captándose a menores de edad para perpetrar robos o asesinatos.

Respecto a la privatización de las cárceles, el negocio de las empresas privadas consiste en cobrar un porcentaje por cada recluso, interesándoles que haya más delincuentes entre rejas que prevenir o frenar los actos delictivos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el primer país en privatizar las prisiones, su población carcelaria se incrementó entre 1999 y 2010 en un 80 %. Es decir, les interesan más a las empresas no estatales tener más prisioneros que verdaderamente resocializarlos.

Otro dato importante, Chile, un país que afronta un problema muy similar al Perú respecto a la delincuencia, su propuesta de concesionar las prisiones ha incrementado considerablemente el gasto público: hasta el 2004 se gastaba 11 dólares por interno y ahora implementado el sistema privatista eso se incrementó en 35 dólares. Tampoco se mencionan resultados positivos para el ciudadano que recupera su libertad.

En conclusión, el aspecto de fondo debería ser tener un sistema más preventivo, entendiéndose que el trabajo fuerte por parte del Estado es evitar que se comentan más delitos. ¿Y cómo se lograría eso? Haciendo que se respeten y cumplan las leyes ya establecidas, descartando de raíz cualquier intento de corrupción en los funcionarios, así como en los agentes que se encargan de administrar las cárceles.