Política
ONP: Empezó la campaña feroz contra los afiliados
Hace unos días el Congreso aprobó con 106 votos a favor, 13 en contra y 15 abstenciones la devolución de hasta una UIT (S/4,300) a los aportantes activos e inactivos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). No obstante, solo se tendría que esperar que el Ejecutivo a través del presidente Vizcarra promulgue la norma para que sea publicada en el diario oficial, sin embargo, es más seguro que el presidente la observe, y ante ello el parlamento finalmente por insistencia la promulgará, pero eso solo será el inicio de una batalla entre ambos poderes, porque luego vendrán las inapropiadas acciones de amparo y la acción de inconstitucionalidad que el gobierno ya tiene redactado bajo el pupitre para que finalmente el Tribunal Constitucional se pronuncie y falle. (Aunque ya sabemos la tendencia presidencialista y anti-población que respira por sus poros el máximo intérprete de la carta magna).
Recordemos que al día siguiente de la decisión tomada por el parlamento las redes twitteras y los medios de comunicación en las voces de sus esbirros periodísticos dieron el grito en el cielo, y lanzaron improperios contra un Congreso que si bien da muestras de improvisación e insolvencia en hermenéutica parlamentaria, esta vez y a pesar de las fuertes imputaciones que han recibido por considerar a sus legisladores como ignorantes, antitécnicos, demagogos y populistas: cumplieron con un rol fundamental para lo que fueron elegidos: representar al pueblo.
Por lo visto, en este abominable régimen de cleptócratas y plutócratas, donde gobiernan las oligarquías de los Graña Miró Quesada, los Rodríguez Pastor, los Romero y los Roques Benavides, representar al pueblo… escucharlo y asistirlo se ha convertido en un despropósito antipatriótico y burdo, porque para ellos primero se tiene que atender las gollerías, acomodos, lobbies y ordenes de servicios de los amigos con caché que como canes le movieron la cola a sus candidatos durante las campañas electorales, para que al fin, durante el quinquenio logrado se cumpla con la premisa: favor con favor se paga.
Incluso, cantidad de analistas políticos y constitucionalistas que alquilan sus opiniones están haciendo un explícito espíritu de cuerpo y se vienen presentando en las mesas periodísticas de las geishas de turno con el rollo de la inconstitucionalidad con respecto a la iniciativa de la devolución de aportes, y están evocando equivocadamente al artículo 12° de la Constitución (Intangibilidad de fondos de la seguridad social) con el pretexto de la intangibilidad, cuando ni siquiera, aún no ocurre desembolso alguno, en especial si escuchamos lo que dice la ministra de Economía: que el fondo de la ONP no existe.
¿Cómo es posible que el burro esté hablando de orejas? Si tomamos en cuenta que el único que no respetó esa intangibilidad durante años ha sido el propio Estado que cogió como caja chica aquel fondo intangible para beneplácito de los proyectos inviables, las monarquías locales y las cofradías de turno. Asimismo, como una especie de muletilla citan el artículo 79° del mismo instrumento legal, que habla de la iniciativa del gasto púbico que por cierto no tiene el parlamento; no obstante, eso es discutible en este contexto, porque en principio, con esta norma de devoluciones no se está debatiendo un proyecto presupuestal, ni de aprobación de tributos; por lo tanto la literalidad de “crear y aumentar gasto público” no es taxativa, porque está sujeta a interpretación y para eso están los ocupantes de la casa de Pilatos, y no los vasallos y vasallas de la prensa pagada que como ventrílocuas y legas en leyes, repiten como loros la pauta que les dictan desde Palacio de Gobierno.
Sin embargo, esas cajas de resonancia del presidente Martín Vizcarra, me refiero a todos esos medios envilecidos que reciben millones de soles del gobierno y a esas encuestadoras truchas que también reciben millones para elevar en términos porcentuales la popularidad del mandatario, deberían aprender derecho constitucional y tendrían que denunciar en sus editoriales y en sus programas televisivos lambiscones, que el primero que merece una denuncia constitucional por infracción de la Constitución (artículo 99° Carta Magna) justamente por haber pisoteado los derechos de los trabajadores y afiliados, es el propio presidente de la República, así como los anteriores por sus malsanos gobiernos de turno.
Leer lo que no acataron los últimos presidentes del Perú con respecto a la siguiente norma magna:
Artículo 11° de la Constitución.- El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas y privadas o mixtas. Supervisa asimismo, su eficaz funcionamiento.
¿Y qué garantizó el Estado? ¿Garantizó acaso el libre acceso a pensiones? ¿Acaso ha sido eficaz en el funcionamiento de la ONP? Claro que no. Lo único que ha hecho el Estado a través de la ONP, ha sido robarle durante años a sus afiliados que aportaron el 13% de sus sueldos, porque si sus aportes se acumulaban durante 19 años y 11 meses, simplemente, se les decía adiós y el Estado se quedaba con sus dineros y los dejaba en sus arcas fiscales, porque la ley solo permite dar pensiones a los que aportaron durante 20 años y a eso se le llama ROBO.
Asimismo, el Estado le ha robado a millones de afiliados que fallecieron en el camino, porque sencillamente, sus beneficiarios y herederos forzosos luego no podían cobrar esas pensiones; recordemos que hay casos de afiliados que lograron aportar hasta un millón de soles; sin embargo, al morir ya no pudieron cobrar nada. Es decir, durante décadas ha habido una política malsana de desprecio hacia los jubilados de la ONP, pero cuando luego de mucho tiempo, un Congreso sea con fines electoreros, o sea con fines populistas impulsa por primera vez una ley que al menos dignifica y resarce en parte a esos aportantes que fueron olvidados para que se les devuelva lo suyo porque nunca lo tuvieron, ahora sale toda esta retahíla de felones y felonas a sueldo para despotricar falacias, con el único fin de mantener sus lenocinios comunicacionales al servicio del gobierno.
Todo ello es vergonzoso, luego de que hoy podemos vislumbrar que mamarrachos como el Acuerdo Nacional con sus 35 políticas de Estado, ha sido una patraña barata que solo ha servido para enriquecer a los grandes grupos de poder, pero el papel aguanta todo, y solo citaré a dos de esas políticas de aquel foro y que por cierto nunca funcionaron: Política 13°: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social y Política 14°: Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo. Así las cosas, y en un afán enfermizo de seguir con el embuste y el desprecio hacia la clase vulnerada, Martín Vizcarra sale ahora con su Pacto Perú, cuando en el fondo solo plantearon como gobierno arrojar las migajas y pretender darles S/300 soles a cada afiliado de la ONP, como si esa miseria los dignificara; pero más despreciables han sido las declaraciones de ese innombrable enemigo número uno del pueblo ¡Qué ironía! y encima se hace llamar Defensor del Pueblo, me refiero al verdadero defensor de las élites Walter Gutiérrez.
Sin embargo, cuando el gobierno en complicidad con la ministra de “Confiep” María Antonieta Alva y el voluminoso gurú del BCR Julio Velarde, le otorgaron alegremente mediante sus dos Reactiva-Perú S/60 mil millones a todos los grandes empresarios, y S/30 mil millones a sus amigos de las AFP no pasó nada y no hubo ningún forado fiscal que se tumbaría a la economía nacional y más bien arguyeron orondos e insolentes que aquel millonario crédito coadyuvaría a un superávit económico ¡Qué tales miserables! Se regaló S/90 mil millones de soles para los más ricos y aquí no pasó nada.
Pero ahora, que se destinarán apenas S/12,300 millones de soles para hacer justicia a la gente de a pie (es decir, no para esos refinados pertenecientes a la cofradía crematística de este botín y desventura llamada proyecto país), dicen que el tesoro fiscal se irá al hoyo y dizque tendremos un cataclismo económico sin precedentes, tal como lo dijo en un arranque de histeria la abogada amiga de Pedro Cateriano y antigua trabajadora del fujimorato de Eduardo Calmell del Solar y Juan Carlos Hurtado Miller. Entre tanto, lo más patético de este escenario han sido las declaraciones de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, cuando aseguró que la reciente ley aprobada por el Congreso disminuirá el presupuesto que estaba destinado para el desarrollo de los programas sociales, lo cual afectará a la población más vulnerable. Y además añadió:“Mientras se tramita una acción de inconstitucionalidad, la ley se va a tener que aplicar. Pero es lamentable que se usen fondos para atender este tipo de normativa en vez de destinarlos a los programas sociales”. Sabemos que ella habla así porque está domada por el titiritero de sombras ¿Pero no le da vergüenza ser una ministra de Exclusión Social? Realmente, es insólito e inimaginable que una ministra de esa cartera mientras se embolsilla S/30 mil soles mensuales, tenga cero empatía por los afiliados de la ONP que siempre estuvieron en un desamparo absoluto.
Aquí la única verdad, es que tanto los agentes del Ejecutivo, así como esos analistas de alquiler están mintiendo y no están diciendo lo real, porque la devolución pretende ser equitativa; es decir, de acuerdo al nivel de aportes de cada afiliado. En ese sentido, para 4,7 millones de afiliados activos e inactivos, se abonará hasta una UIT (S/4,300 soles) y su devolución será de acuerdo a sus contribuciones; y no necesariamente se tendrá que abonar una UIT. Asimismo, podrán retirar el 100% de sus aportes los afiliados mayores a 65 años que nunca accedieron a una pensión y ellos apenas comprenden a 223 mil jubilados. Y por último, apenas 575 mil jubilados de la Ley 19990 podrán recibir un bono de S/930 soles.
El MEF simplemente tendrá que devolver primero el 50% y el otro 50% en noventa días; pero no es cierto que el tesoro público del Estado vaya a quebrar por ese desembolso, y además las devoluciones a los afiliados tampoco provendrán de aquel Fondo Consolidado de Reserva (FCR) de la ONP, que asciende aproximadamente a S/23 mil millones de soles y que siempre estuvo destinado para asegurar las pensiones de los jubilados; por lo tanto, no corren peligro como lo están difundiendo en todos los medios.
En suma, las circunstancias de las próximas devoluciones no pueden ser más oportunas. Eso significa que es absolutamente LEGITIMO que los afiliados de la ONP que en estos momentos de emergencia sanitaria se encuentran sin empleo, abandonados a su suerte, y sobre todo sin medios económicos para supervivir, reciban finalmente, lo que siempre aportaron, porque fueron olvidados por el sistema. Así como están siendo olvidados los siete millones de peruanos que se han quedado sin empleo.
Hay que entender que debe primar LA LEGITIMIDAD, antes que la componenda y el lobby. Y si el Congreso pecó de populista y maximalista y aprobó aquella devolución con fines reeleccionistas (aunque estén impedidos de postular en 2021), eso no tiene mayor relevancia (ya cada quien los confinará en las hogueras del desprecio si así fuera), pero lo que sí tiene relevancia, porque se constituye como algo concreto e inmediato, es que aquellos afiliados que han sido olvidados por fin podrán abrazar justicia, aunque la ley aún no esté vigente… aunque la batalla será escabrosa y tortuosa porque, aunque suene duro e infeliz, no podemos confiar en el Tribunal Constitucional que en los últimos años ha sido tomado por la política presidencialista.
Bonus track:
A continuación las infelices frases de un señor feudal y de sus vasallas lambisconas:
Roque Benavides: “La ministra María Antonieta Alva es una mujer super-competente, está haciendo un esfuerzo grande, (sic) ha coordinado con el prohombre de la economía peruana que es don Julio Velarde y el BCR han salido con un paquete económico que con sus deficiencias… pero salieron rápidamente. Yo creo que acá los que quieren violentar la estabilidad macro económica de nuestro país y me refiero al Congreso de la República con esas leyes demagógicas que están dando. Yo espero que la estabilidad que nosotros necesitamos es que la ministra Alva se mantenga en su puesto. Los empresarios tenemos que hablar fuerte y que escuchen porque estamos en favor del bienestar del país. Nadie puede querer el mal para el Perú”.
Rosa María Palacios luego de la aprobación para la devolución de aportes de la ONP, ella se indignó como lo hizo con el despido de su amigo Pedro Cateriano y lanzó frases como éstas:
“El Congreso logró destruir el fisco peruano”.
“Esto es la reconstrucción del norte junto con la reconstrucción de Pisco”.
“Esto es un cataclismo económico”.
“Esto es como un terremoto de grado 9 y hubiera que reconstruir medio Perú”.
“Solo hay tres justos en Sodoma… los congresistas Costa, de Belaunde y Olivares son los únicos de ciento treinta congresistas que votaron en contra”.
“La demagogia llevada con maldad al extremo”.
“Esta norma es inequitativa porque solo favorece a un pequeño grupo de la sociedad peruana”.
“Aprovechando la necesidad popular, le hacen creer a usted que el Estado le va a dar 4,300 soles y es mentira, porque el Estado no tiene de dónde pagar S/12,300 millones”.
“El Ejecutivo ha planteado que se entregue un bono de S/300 soles para los pensionistas… pero el Congreso no quiere… porque quiere S/4,300 soles”.
“En el Congreso la mayoría ha hecho esto con dolo, con malicia… esto es perverso porque le hace creer a personas desesperadas que les van a dar plata, y no les van a dar nada, porque si les dieran, tendrían que meter acto seguido… presa a la ministra de Economía por malversación de fondos”.
“De ciento treinta congresistas, solo tres saben leer y escribir (Diego Costa, Alberto de Belaunde y Daniel Olivares)”.
“Es una vergüenza… esto ha sido a la una de la mañana en la oscuridad para que nadie sepa”.
“Definen prioridades que no son la prioridades del Estado peruano hoy”.
“Pero el Congreso decide destruirlo todo… el Congreso anterior fue obstruccionista en lo político y éste es destructivo en lo económico”.
“Tenemos un concurso de quién hace más demagogia”.
“Hay malicia… hay perversidad, se está jugando con los intereses de la gente más humilde en el Perú, se les está haciendo creer que tienen un familiar que va a recibir S/4,300 soles y de ahí se va a resolver, por un mes, o por un par de meses”.
Mávila Huertas: “Finalmente, el Congreso está en una carrera electoral y esa es una de las causas por las cuales promueve estas medidas populistas y la otra es por el descredito que lo acompaña. Se pierde tiempo, se pierde energía, se pierde recursos. ¿Cómo hacer para que este Congreso entienda y no se aproveche de la necesidad de la gente?”.
Juliana Oxenford: “Si ahora se permite (sic) como lo aprobó hoy el Congreso de la República, el retiro de hasta una UIT que equivale a S/4,300 soles, yo digo, ¿qué va a pasar con el jubilado que está esperando su mensualidad y que no va a llegar porque no va a ver fondo? El erario nacional es el que se va a ver afectado.
Aldo Mariátegui: “Gracias Totales a todos los que ayudaron a parir a este demencial Congreso populista”.
Política
Alcaldes se adhieren al ‘blindaje’ de Dina Boluarte en medio de investigaciones por presunta organización criminal
Tras el contundente blindaje que obtuvo del Congreso la presidenta Dina Boluarte, luego se sumaron más de medio centenar de alcaldes de todas las regiones del Perú. Entre los burgomaestres firmantes, 18 son de localidades de Puno, justamente, la región donde perdieron la vida 29 ciudadanos, durante las masacres en enero de 2023.
No solamente ha sido el Congreso, quien este viernes 17 de mayo, blindó a la presidenta Dina Boluarte al rechazar y enviar al archivo las tres mociones de vacancia contra ella. Ahora recibieron la posta 53 alcaldes distritales y provinciales de distintas localidades del norte, centro, oriente y sur del Perú.
La más de media centena de burgomaestres emitieron un comunicado contundente titulado: “Pronunciamiento conjunto de los gobiernos locales frente a la situación política de país”.
En la declaración, los 53 gobiernos locales firmantes, entre los que se encuentran 18 autoridades de distintas localidades de Puno, así como de Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martin, Tacna, Ucayali, Ayacucho, Cajamarca, Apurímac, Madre de Dios, Ancash, y Arequipa, “condenan cualquier intento de socavar la institucionalidad democrática de país y el respeto al Estado de Derecho”, advierten.
Pronunciamiento de los 53 alcaldes en defensa de presidenta Dina Boluarte.
Además, señalan que “rechazan el sistemático ataque y acoso político al que viene siendo sometida la mandataria Dina Boluarte”.
Finalmente, en el documento se lee que llaman a la unidad de todos los peruanos para lograr la gobernabilidad de país para lograr la reactivación económica y lucha contra la inseguridad ciudadana.
Más alcaldes firmantes que blinda a la mandataria.
Entre los 53 alcaldes que firmaron el manifiesto en el que le dan su incondicional respaldo a la investigada presidenta Dina Boluarte, con la intención de protegerla, se encuentran:
Reyna Juli Calsin, Alcaldesa Distrital de Amantani, Puno-Puno.
Betty Huanca Diaz, Alcaldesa Distrital de Pucará, Lampa-Puno.
María Castillo Valverde, Alcaldesa Distrital de Marmot, Gran Chimú-La Libertad.
Hilda Hilario Ponce, Alcaldesa Distrital de Huancabamba, Oxapampa-Pasco.
Urbelinda Chacón Diaz de Rivera, Alcaldesa Distrital Ite, Jorge Basadre-Tacna.
Augusto Cayo Cayo, Alcalde Provincial de Páucar del Sara Sara-Ayacucho.
Moisés Mogollón Meca, Alcalde Provincial de Sullana-Piura.
Moisés Gonzales Cruz, Alcalde Provincial de Cutervo-Cajamarca.
Hernán Sifuentes Barca, Alcalde Distrital de San Martin de Porres-Lima.
Manuel Ugarte Medina, Alcalde Distrital de San Marcos, Huari-Ancash.
Yony Reyes Anampa, Alcalde Provincial de Parinacochas-Ayacucho.
Con este extraño escenario, no solo somos testigos que la mandataria Dina Boluarte, a pesar de no tener bancadas en el Parlamento, goza de una “mayoría de facto” en el hemiciclo, gracias al apoyo de bancadas como Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza país, Renovación Popular, Somos Perú, y Podemos Perú. Así como el apoyo de diversos alcaldes en todas las regiones del país.
¿Las razones? es más que seguro que todos los peruanos la saben de sobra.
Política
Comisión de Trabajo aprueba dictamen que pretende derogar la Ley Servir [VIDEO]
De aprobarse en el Pleno pondría en riesgo la meritocracia en los trabajos del sector público.
De terror. La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó el dictamen que deroga la Ley del Servicio Civil (Ley N.º 30057) que instauraría una serie de nuevas regulaciones laborales en la administración pública. De acuerdo con la iniciativa que agrupa los proyectos de ley 7107, 7156 y 7267 -2023 (presentados por los parlamentarios Carlos Alva, Isabel Cortez y Waldemar Cerrón, respectivamente), de aprobarse en el Pleno, se procedería a crear una comisión tripartita que incluiría a miembros del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y representantes de organizaciones de trabajadores estatales para conducir un análisis exhaustivo que derive en reformas sustanciales en el régimen laboral del sector público.
Una vez aprobada por el pleno, según el dictamen aprobado, en 30 días hábiles se conformaría la mencionada comisión que tendría un plazo de 120 días hábiles para elaborar un informe detallado, proporcionar un diagnóstico sobre la situación actual del servicio público y la unificación de los regímenes laborales y de servicios.
“Con esta ley (Servir) se pretende ejecutar la desvinculación laboral; esto es, realizar despidos masivos bajo el manto escondido del término desvinculación del servidor público, contrario a lo establecido en nuestra Constitución Política del Estado”, sostiene el congresista Waldemar Cerrón, quien se opone a la ley Servir porque, según afirma, afecta los derechos a la negociación colectiva, a la huelga, igualdad y no discriminación, y la garantía de carrera administrativa.
Por otro lado, la congresista Susel Paredes expresó su preocupación por la falta de criterios meritocráticos en la administración pública sin la Ley Servir. “Cada presidente que viene trae su gente, y cuando su gente no califica, bajan los perfiles. Hemos visto eso con Castillo y con Dina Boluarte,” argumentó Paredes, enfatizando la necesidad de profesionales que ingresen y asciendan por concurso para garantizar una carrera del servicio civil basada en la meritocracia.
Pronunciamiento de Servir
Al respecto la Autoridad del Servicio Civil emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por las “graves repercusiones” que dicho proyecto tendría en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos, entre los cuales se encuentran:
- Obstaculizará la implementación de un sistema reconocido internacionalmente por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha calificado como fundamental para garantizar una carrera pública basada en el mérito.
- Afectaría los logros obtenidos para que el Perú cuente con políticas públicas orientadas a la modernización del Estado, la competitividad nacional, la integridad y la lucha contra la corrupción. Además, retrasaría el proceso de adhesión del Perú a la OCDE.
- Implicaría la interrupción del derecho de los servidores públicos y los ciudadanos a participar en concursos públicos basados en el mérito para ocupar cargos en el servicio civil.
El dato:
El Servir se creó en 2013 con el objetivo de administrar los recursos humanos del sector público. Su finalidad es también promover la reforma del Servicio Civil, fomentando un enfoque basado en el mérito para la selección de funcionarios públicos.
Política
Fiscalía presenta nueva denuncia constitucional contra Patricia Benavides por ‘encubrimiento agravado’, al beneficiar a su hermana Emma
Los hechos materia de esta nueva denuncia constitucional están referidos a las acciones que realizó Patricia Benavides para remover a Bersabeth Revilla del cargo de fiscal suprema provisional, quien investigaba a su hermana Emma Benavides Vargas.
La fiscal suprema Delia Espinoza presentó ante el Congreso de la República, una nueva denuncia constitucional contra la suspendida exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, por los presuntos delitos de falsedad genérica, encubrimiento personal agravado, omisión de funciones y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado, que los habría realizado en su condición de fiscal suprema titular.
Comunicado del Ministerio Publico que denuncia a exfiscal Patricia Benavides.
Los hechos materia de esta nueva denuncia constitucional están referidos a las acciones que realizó para remover a Bersabeth Revilla del cargo de fiscal suprema provisional, quien investigaba a su hermana Emma Rosaura Benavides Vargas y posteriormente, designar en su reemplazo al exfiscal supremo provisional Helder Uriel Terán Dianderas, con el fin de que disponga el sobreseimiento de dicha investigación.
Asimismo, por intentar impedir la detención de su exasesor Jaime Villanueva, así como desaparecer y ocultar las evidencias de los hechos delictivos en los que habrían intervenido ella y los presuntos integrantes de la organización criminal que lideraba, durante la ejecución dl operativo Valkiria V.
Política
Parlamento aprueba PL que obligaría a empresas de cable incluir canales de señal abierta en su parrilla [VIDEO]
Proyecto de Ley N.º 2844/2022- CR del presidente del Congreso, Alejandro Soto, no pasó por debate en la Comisión de Transportes.
El Pleno del Congreso de la República votó a favor del Proyecto de Ley N.º 2844/2022 -CR, que estaría obligando a las operadoras de cable a incluir dentro de su parrilla los canales de señal abierta, si estos lo solicitan.
Esta medida tiene como finalidad eliminar la decisión de las televisoras por cable en la selección de canales locales para su parrilla de programación.
Este PL, de autoría del actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto, fue aprobado en primera votación con un respaldo de 72 votos a favor, 3 en contra y 22 abstenciones. Cabe mencionar que dicha iniciativa pasará a una segunda votación dentro de siete días para su ratificación.
Un detalle no menor es que el PL del congresista Alejandro Soto fue exonerado de la Comisión de Transportes y agendado directamente al Pleno, tras acuerdo de la Junta de Portavoces el pasado 14 de mayo del año en curso.
AFIN en contra de proyecto aprobado
Por su parte, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) emitió un comunicado de alerta luego que el pleno del Congreso, en primera votación, aprobó sustituir el Proyecto de Ley 2844, que propone incorporar los artículos 21-A y 21-B al texto único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones.
“Sin importar el interés del consumidor que se ha suscrito a determinada programación según su interés. En ese sentido, se estaría obligando a los usuarios a pagar por la señal abierta de televisión cuando actualmente es gratuita. Lo más grave de esta situación es que esta incorporación se realizaría sin la existencia de un dictamen aprobado, pese a la oposición de distintas instituciones públicas”, expresó AFIN.
También se alertó que se trata de una intervención en los contenidos de las señales de programación de los operadores de TV paga y una imposición a los usuarios sobre qué deben o no ver, a pesar de haber pagado.
“La capacidad de las parrillas de TV paga es limitada, por lo que para cumplir con esta obligación tendría que retirarse contenidos que son del interés de los usuarios. Además, esta regulación es innecesaria dado que, si el usuario desea acceder a determinada señal de TV abierta, tiene la posibilidad de hacerlo a través de sistemas de sintonización de canales que permiten los televisores modernos”, finalizó.
Política
Congreso protege al gobierno y rechaza las tres mociones de vacancia contra Dina Boluarte
Al parecer, el objetivo de ambos Poderes del Estado es quedarse hasta el 2026. Las tres mociones de vacancia presentadas contra la presidenta de la República Dina Boluarte no fueron admitidas para el debate y fueron archivadas por no alcanzar el mínimo de votos requeridos.
Política
Pleno del Congreso aprueba creación de la Universidad de Arte Escénico
Proyectos de Ley 2300, 6793 y 6846 fueron aprobados por unanimidad.
Cada vez más personas buscan talleres donde explotar todo su talento, ya sea en la danza, la música o el teatro, recurriendo a plazas o centros comerciales para juntarse con otros jóvenes para ensayar. Resulta positivo que ahora los jóvenes inviertan su tiempo practicando danzas típicas o modernas, o que se desenvuelvan ante un público pasajero para escenificar una obra teatral.
A propósito de ello, el Pleno de Congreso ha aprobado, por unanimidad, el dictamen del proyecto de ley que propone la creación de la Universidad de Arte Escénico (UNAE), sobre la base de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro, ubicada en Lima.
Se trata de los Proyectos de Ley 2300, 6793 y 6846 de autoría de los parlamentarios Susel Paredes Piqué (CD-JP), Alex Paredes Gonzales (BMCN) y Waldemar Cerrón Rojas (PL), respectivamente. Obtuvo 100 votos a favor, cero en contra y 5 abstenciones.
El presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, José Balcázar Zelada (PB), explicó que la propuesta legislativa permitirá contar con docentes más calificados y mejor preparados, ya que todos sus profesores deben tener como mínimo una maestría para enseñar en los estudios de pregrado.
Agregó que en el país existe una gran cantidad de personas con inclinación en el arte y muchos ciudadanos persiguen su formación a través de instituciones que les permiten esta posibilidad de mejorar sus condiciones con el perfeccionamiento de sus calidades a través de un centro de instrucción de maestros que les puedan brindar conocimientos adecuados.
Por su parte, el Ministerio de Educación (Minedu), a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), se encargará de la elaboración de la respectiva guía de adecuación, a fin de elevar el nivel de formación artística en el país.
A su turno, Cerrón Rojas resaltó las diversas manifestaciones artísticas representadas en aquellas personas que hacen danza, música, canto y otros, por su disciplina y por su aporte a la cultura de nuestro país.
En tanto, Paredes Gonzales y Paredes Piqué coincidieron en señalar que el dictamen de creación de la universidad fortalece a la institución.
“En esta escuela, los profesores han estudiado en otros países donde existen los grados de magister, doctor, lo que se quiere es dar la categoría de universidad”, señaló la parlamentaria Susel Paredes.
El dictamen aprobado indica en sus disposiciones complementarias finales que la Universidad Nacional de Arte Escénico (UNAE) se financiará con el presupuesto asignado por el Estado a la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro.
Política
Bancadas de izquierda y No Agrupados consiguen los votos requeridos para presentar una moción de vacancia contra Dina Boluarte
Moción multipartidaria sostiene que la mandataria ha incurrido en una “permanente incapacidad moral” relacionado a los casos Rolex y ‘Waykis en la sombra’, entre otras conductas irregulares a su investidura.
Hace unos días la presidenta de la República, Dina Boluarte, manifestó que su intención es permanecer hasta el 2026 en el sillón de Pizarro, a pesar de que cada día van apareciendo más indicios de que ella habría cometido actos de corrupción gracias a favorecimientos indebidos de sus ‘waykis’. Ajena a la realidad de millones de peruanos, ella intenta crear una realidad alterna solo para el exterior, aseverando que existe un “gobierno fuerte”. Al parecer, tantas joyas en su cuello y brazos la han enceguecido de no percatarse que tiene en sus narices un país al borde del abismo.
Es así que las bancadas de Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú han presentado una nueva moción de vacancia contra la “mamá de todos los peruanos” para que se declare su “permanente incapacidad moral” por la desactivación del Equipo Especial de policías que prestaban apoyo al Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop).
En la moción, se le acusa a Dina Boluarte de intervenir indebidamente en las investigaciones policiales y fiscales relacionadas con su familia. Por ejemplo, se cuestiona que el 7 de mayo Boluarte haya convocado al coronel PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), tan solo tres días antes de la detención de su hermano, para discutir temas relacionados con las investigaciones en curso.
Durante esta reunión, según trascendió, la presidenta realizó varias preguntas incisivas al coronel Moreno, como: “¿Por qué usted no ha puesto a disposición al coronel Harvey Colchado a la Dirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional?”. Se reporta que esta pregunta se refería a la destitución de Colchado como jefe de la Diviac después del allanamiento de la residencia de Boluarte en marzo de 2024, en el marco de un caso de relojes Rolex.
Los 28 congresistas que apoyan la moción (7 de Perú Libre, 8 de Cambio Democrático – Juntos por el Perú, 4 del Bloque Magisterial, 2 de Perú Bicentenario, 1 de Podemos Perú, y 6 No Agrupados) afirman que Boluarte Zegarra ha violado varias disposiciones constitucionales y ha abusado de su posición para obstruir la justicia. También indicaron que la presidenta habría “cometido delitos utilizando indebidamente su cargo de jefa de Estado y de la Nación para tal efecto”. Añaden que la desactivación del equipo especial que apoyaba al Eficcop fue una maniobra para evitar la investigación de su entorno.
Como se recuerda, el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial 0610-2024-IN que desactivó el equipo policial de apoyo al Eficcop. Esta medida, según el ministerio, se tomó debido a la “duplicidad de funciones” entre este equipo y la Diviac. Sin embargo, la medida fue criticada por diversos sectores que la consideraron una forma de obstrucción a la justicia.
El dato:
Esta sería la sexta moción de vacancia contra la mandataria, las cinco anteriores no alcanzaron los votos requeridos para su debate y pasaron a su archivo.
Política
Juan José Santiváñez juramentó como nuevo ministro del Interior [VIDEO]
Abogado ingresa en reemplazo de Walter Ortiz, quien presentó su carta de renuncia a la mandataria tras 45 días al frente del Mininter.
El sexto en la lista. El abogado Juan José Santiváñez Antúnez juramentó hoy a las 2 de la tarde como nuevo titular del Ministerio del Interior (Mininter), reemplazando del renunciante Walter Ortiz, quien permaneciera poco más de un mes al frente de dicha cartera.
Santiváñez Antúnez, se desempeñaba hasta la fecha como viceministro de Orden Interno desde abril de este año, y en dos ocasiones anteriores (mayo 2020 y febrero – marzo 2024) fue jefe de gabinete de asesores en el Mininter.
El primer civil en asumir la jefatura del Mininter es un abogado que hasta este 16 de mayo se desempeñaba como viceministro de Orden Interno de dicho portafolio, cargo al que juramentó hace tan solo un mes en reemplazo del general PNP (r) Miguel Núñez Polar. Asimismo, se ha desempeñado dentro del Mininter como jefe del gabinete de asesores.
El letrado es egresado de la Universidad de San Martín de Porres y cuenta con maestrías en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Según su hoja de vida, tiene también un máster en Litigación Oral por la California Western School of Law (USA), y máster en Acción Política y Participación Ciudadana por la Universidad Rey Juan Carlos (España), por la que obtuvo la calificación “Summa Cum Laude”.
Nuevo ministro del Interior y sus fuertes lazos con la Policía
Juan José Santiváñez fue abogado de miembros de la Policía en casos vinculados a presuntos actos de corrupción, como el del general general Héctor Petit Amésquita, implicado en la presunta adquisición a precio sobrevalorado de rancho policial y equipos de protección contra la Cco-19, en el 2020.
Santiváñez también fue abogado del general PNP José Figueroa, quien en 2018 fue señalado como presunto integrante de la organización criminal Los Intocables Ediles, vinculada al cobro de extorsiones a comerciantes ambulantes y liderada aparentemente por el exalcalde de La Victoria, Elías Cuba.
Asimismo, mencionó haber sido abogado “a nivel administrativo” de Enrique Prado Ravines y otros involucrados en el caso del Escuadrón de la Muerte, que entre 2012 y 2016 presuntamente llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales de sospechosos delincuentes.
En 2023, se supo de otros casos similares en los que Juan José Santiváñez actuó como abogado de tres generales de la Policía Nacional implicados en presuntos ascensos irregulares durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, en el 2021. Santiváñez Antúnez representó legalmente a Luis Enrique Legua Egocheaga, Eduardo Espinoza López y Fredy Aristo del Carpio, acusados de pagar una ‘coima’ para acceder a un ascenso.
“Son defensas que yo asumí en el ejercicio de mi profesión porque toda persona tiene derecho a su defensa”, manifestó en febrero de este año para RPP, luego de haber sido designado nuevamente como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, en la gestión del exministro Víctor Torres.
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