El parlamentario de la bancada del Bloque Magisterial, Paul Gutiérrez Ticona, presentó el proyecto de Ley N° 7889-2023-CR, para extender hasta el 31 de diciembre de 2026 el bachillerato automático para los estudiantes universitarios que hayan concluidos sus estudios de pregrado.

La iniciativa legislativa busca modificar la segunda disposición complementaria final de la Ley N° 31971, mediante la cual, se prorrogó el periodo para obtener el grado de bachiller hasta el 23 de marzo del presente año.

Asimismo, entre los principales motivos, están el promover la investigación en los estudiantes y garantizar la integridad académica mediante la regulación de la elaboración de tesis y la prohibición de prácticas deshonestas en este proceso.

“Se amplía el plazo para la obtención del bachillerato automático establecido en la segunda disposición complementaria final de la Ley 31971 hasta el 31 de diciembre de 2026”, se lee en el tercer artículo del documento presentado en el Congreso.

Proyecto de Ley que busca ampliar bachillerato automático hasta 31 de diciembre de 2026.

Asimismo, se expresa que la ampliación del plazo hasta fines del año 2026 es necesaria y justificada, dadas las circunstancias excepcionales que han afectado a la educación superior en Perú.

“Esta propuesta no solo ofrece una solución temporal a los problemas causados por interrupciones académicas, sino que también facilita la inserción laboral de los graduandos, contribuyendo, así como la recuperación económica postpandemia”, remarca el proyecto de ley presentado por Paul Gutiérrez.

Además, en las disposiciones complementarias finales se indica que el Ministerio de Educación deberá elaborar el reglamento de la ley, en un plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Sin embargo, también precisan que la falta de reglamentación de alguna de las disposiciones de la presente ley no es impedimento para su aplicación y exigencia.

El congresista de la República, Alejandro Muñante, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra los legisladores Flor Pablo y Pasión Dávila por el aprovechamiento de la Semana de Representación y viáticos del Congreso.

Muñante anunció la medida contra sus colegas e hizo público el documento en su red social de X, donde se evidencia la denuncia por “infringir el reglamento y el código de ética parlamentaria”.

“Habiendo tomado conocimiento por los medios de comunicación del presunto aprovechamiento de la Semana de Representación y los viáticos del Congreso para llevar a cabo actividades proselitistas no permitidas por nuestro Reglamento por parte de los congresistas Flor Pablo y Pasión Dávila, informo que, mi despacho ha procedido a presentar la denuncia correspondiente ante la Comisión de Ética”, escribió.

Denuncia publicada por legislador Alejandro Muñante en su cuenta de X.

Se les acusa por promover sus agrupaciones políticas

Alejandro Muñante acusó a Flor Pablo y a Pasión Dávila de realizar actividades no permitidas por el Reglamento del Congreso.

En el caso de la parlamentaria “morada” Flor Pablo, su colega la acusa de promover su organización política denominada “Lo justo”, utilizando pasajes aéreos otorgados por el Congreso en el departamento de Ayacucho, el pasado 20 de marzo.

Y en el caso del congresista Pasión Dávila, habría promovido la organización política del expresidente de la República, Pedro Castillo, denominada ‘Todos con el Pueblo’, utilizando pasajes aéreos otorgados por el Parlamento en el departamento de Puno, el pasado 13 de abril.

“El respeto a la investidura parlamentaria es incompatible con este tipo de conductas que solo mellan la imagen institucional”, concluyó Alejandro Muñante.

Pese a la flagrancia de sus actos, Flor Pablo rechazó acusaciones en su contra

Por su parte, la congresista Flor Pablo Medina rechazó el reportaje de Panorama, en el cual con absoluta contundencia se evidenciaron las actividades que realizó durante la Semana de Representación el pasado 20 de marzo. Y además, habría mentido cuando aseguró que ella misma compró sus pasajes para eventos “estrictamente políticos” fuera de Lima, cuando en realidad, durante esa fecha fueron tickets aéreos comprados por el Parlamento.

“Mi RECHAZO TOTAL al reportaje mal intencionado de Panorama que busca dañar mi imagen y la de “Perú Lo justo”. TODO mi trabajo es y siempre ha sido PÚBLICO. Para aquellas actividades estrictamente políticas fuera de Lima, he comprado mis propios pasajes. La actividad en Ayacucho que muestran en las imágenes fue organizada por nuestros líderes regionales y asistí en la noche luego de cumplir todas mis actividades”, afirmó el último domingo 19 de mayo.

Protesta de Flor Pablo, en el que niega todo.

Tras los constantes cuestionamientos a la presidenta de la Republica Dina Boluarte, por no atender las demandas que el país requiere y por enfrentar una serie de investigaciones fiscales junto a su hermano Nicanor, por ser el presunto asesor en la sombra de su mandato presidencial, ella ha optado por el silencio y se abstiene de responder a la prensa y a la opinión pública.

En ese sentido, y como para responder a las interrogantes de la ciudadanía, la mandataria ha creado un cargo inexistente, que no está establecido en la ley. Por eso contrató desde el 29 de abril pasado, hasta el 31 de diciembre del 2024, a Fredy Hinojosa para que se desempeñe como el vocero de la presidencia. Sin embargo, según se ha podido constatar, el señor Hinojosa ha salido a dar anuncios públicos, no para cumplir con el rol de portavoz del gobierno; sino, para defender a la mandataria, respecto de algunos cuestionamientos hacia su embestidura.

Contrato de Fredy Hinojosa. Fuente Infobae Perú.

El mandato constitucional, establece que el único servidor del Estado que puede ejercer el rol del portavoz y/o vocero de la presidenta, es el premier Gustavo Adrianzén.

Sin embargo, por dicho cargo inventado, Fredy Hinojosa, casi recibe el sueldo de un ministro de Estado y percibe S/25 mil soles mensuales, del erario público.  

Fredy Hinojosa tuvo una pésima gestión en el programa Qali Warma

El actual vocero de la presidenta, a pesar de los cuestionamientos que tuvo cuando era director de Qali Warma, por no tomar acciones inmediatas ante la denuncia de que varios proveedores operaban con certificados falsos, la mandataria lo premió y le inventó un cargo que no corresponde ejercer a nadie, más alá del primer ministro. 

Al respecto, del caso Qali Warma, la parlamentaria Norma Yarrow, ha solicitado al ministro Julio Demartini que informe sobre las acciones de la Procuraduría del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en relación con la gestión de Fredy Hinojosa. Yarrow ha pedido con carácter de urgencia que Demartini detalle el estado actual de las investigaciones y las medidas adoptadas para corregir estas irregularidades.

Tras culminar la reunión con el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), César Salhuanay, y luego de que éste denunciara la reducción de la seguridad a los magistrados, el Ministerio del Interior (Mininter) ha anunciado la restitución de dicha protección policial para los magistrados del Poder Judicial, luego de que el Mininter, informara sobre la remoción de la protección a funcionarios de Poder Judicial, basada en una concesión regulada por el Decreto Supremo 004-2022-IN, así como por la Directiva 007-2022 del Mininter, que establecía cuáles son los requisitos para que cada funcionario pueda contar con la seguridad que sus funciones establecen.  

En ese sentido, el nuevo ministro del Interior Juan José Santiváñez, a través de sus plataformas oficiales este lunes 20 de mayo indicó que esta disposición de reinstaurar la protección personal de jueces, busca establecer los lineamientos necesarios para la seguridad de los miembros del Poder Judicial.

Anuncio del Mininter que restituye seguridad a magistrados de PJ.

“Con el objeto de sentar lineamientos, procedimientos y concesiones para la protección de magistrados de Poder Judicial, cuya ley ampare su requerimiento, el ministro Juan José Santiváñez se reúne con el presidente de la Corte Superior Nacional, César Salhuanay”, se lee en la publicación.

El titular del Mininter aseguró que los jueces no pueden estar desamparados al tratarse de actores que trabajan contra el crimen organizado y dispuso que la protección policial se aplique para quienes lideren investigaciones contra dichas redes delincuenciales, así como también para quienes lo requieran con urgencia.

“Somos actores de la lucha contra la criminalidad organizada y bajo ningún contexto podemos desamparar a quienes están en una labor tan importante como es la administración de justicia”, concluyó.

Nuevamente, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, enfrenta nuevas denuncias por presuntas irregularidades en su gestión, por la contratación de al menos 10 personas que fueron beneficiadas con órdenes de servicios que superan los S/ 15 mil soles, luego de reunirse con su asesor II, Jorge Rochabrunt, reveló el dominical Cuarto Poder.

Los cuestionamientos apuntan a que la decena de personas mencionadas consiguieron trabajo en diferentes dependencias del Ministerio de vivienda, coincidentemente a tan solo días después de reunirse con el asesor de confianza de Hania Pérez de Cuellar.

Como se recuerda, la amistad entre Pérez de Cuéllar y su asesor Rochabrunt data desde hace algunos años.

Asesor en 2021 se fue a vivir a casa de Hania Pérez de Cuellar

A Jorge Rochabrunt la ministra de Vivienda lo designó asesor el 20 de enero de 2023, pero se conocen desde hace tiempo. Según el reportaje, en el parte policial del 25 de enero de 2021, Rochabrunt Gamarra aparece como denunciante de su esposa Carolina del Rosario Diaz Maldonado, por ser víctima de violencia económica y patrimonial y deja constancia que luego de abandonar su hogar, ya no desea regresar al domicilio, por lo que de momento se encontraba alojado en la casa de una amistad, la señora Hania Pérez de Cuellar. En ese sentido, Rochabrunt, es la mano derecha de la ministra; comparte mesas ministeriales, comparte triunfos y de vez en cuando le susurra al oído.

En el reportaje también se cuestiona el perfil de algunos beneficiados. Entre ellos el de Jason Klisman, un joven condenado por robo agravado, quien luego consiguió un puesto en el ministerio, donde se mantiene hasta la actualidad.

Al ser consultado sobre si se considera un delincuente rehabilitado, indicó que no sabría responder, pero que cumplió con la pena impuesta. El joven contratado que se encarga de registrar las actividades oficiales de la ministra, hace algunos años en 2016 fue captado por cámaras de seguridad robando un televisor, una laptop y un PlayStation a su vecina. Sin embargo, tras reunirse con Rochabrunt el 13 de octubre de 2023, Klisman sin mayor problema obtuvo órdenes de servicio por más de S/ 15 mil soles.

Jason Klisman, joven condenado por robo agravado, fue contratado y permanece en el Ministerio.

Por su parte, el abogado Eduardo Herrera, director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, opinó: “Que alguien lo consiga así de rápido con ese prontuario quiere decir que, o es muy importante, o es necesario Ahora, ¿la ministra sabía o está delegando conscientemente para después decir fue mi asesor, no fui yo?

Francisco Gavidia fue otro de los beneficiados que solo 36 horas después de visitar la oficina de Rochabrunt, habría cobrado S/ 24 mil soles por el servicio de coordinación para el seguimiento de las carteras priorizadas a cargo de la Oficina General de Monitoreo y Evaluación del Impacto del Ministerio de Vivienda.

Asimismo, Jorge Natividad Hinostroza, amigo de la ministra Pérez de Cuellar, obtuvo múltiples órdenes de servicio, acumulando S/ 96 mil soles en asesoría legal.

El especialista en contratación pública José Antonio Trelles, dio su opinión sobre las facultades de Rochabrunt, e indicó que: “no son funciones de un asesor reunirse con terceros que potencialmente van a ser contratistas con la entidad”. “Podría ser que esté realizando una actuación de usurpación de funciones personales que no le competen”, cuestionó la legalidad de las acciones de Rochabrunt.

En el dominical, también señalan a Jessica Esperanza Pereyra Fajardo, con quien Rochabrunt estudió una maestría. Ella, pocos días después de reunirse con el asesor, obtuvo su primera orden de servicio como especialista en comunicaciones por S/ 24 mil soles. Y, luego obtuvo otras siete órdenes de servicio por casi S/ 100 mil soles para laborar en el programa nacional de saneamiento urbano, que no tiene ninguna dependencia funcional con Rochabrunt.

Ante la denuncia periodística, el Ministerio de Vivienda responde

El Ministerio de Vivienda, mediante un comunicado reconoció la designación de las 10 personas señaladas en el reportaje, sin referirse a las reuniones previas a la contratación que sostuvieron con el “asesor”. La cartera defendió a Rochabrunt e indicó que él cumplió con elevar “propuestas y recomendaciones a los diferentes órganos de la alta dirección en los temas de su competencia, por lo tanto, no ha ejecutado ninguna contratación en su calidad de asesor”.

Comunicado del Ministerio de Vivienda en defensa del asesor Jorge Rochabrunt.

Asimismo, protestaron por el informe periodístico alegando que se ha vulnerado la labor de un equipo profesional.

“Condenamos que se vulnere la honra de un equipo profesional con experiencia y trayectoria validada por la transparencia de sus actos”.

Si duda, la ministra de Vivienda Hania Pérez de Cuellar desde que asumió sus funciones en dicho portafolio, desde el 10 de diciembre de 2022, se ha visto rodeada de cuestionamientos, no solo por otras contrataciones anteriores; sino, por los costosos gastos realizados utilizando los fondos de la caja chica de su despacho que fueron destinados para banquetes de chifas y otros despilfarros; así como la inminente privatización de Sedapal, aunque desde el sector, lo han negado categóricamente.

En un comunicado emitido este lunes 20 de mayo, el estudio de abogados del Estudio Castañeda & Menacho anunció su decisión de apartarse de la defensa de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y de su hermano, Nicanor.

En el documento, firmado por la gerente general del Estudio, Mabel Menacho Alcedo de Castañeda, señalan que la decisión se tomó con el objeto de no perjudicar a la institución presidencial. En tanto, Mateo Castañeda, director del estudio, ha señalado públicamente que la investigación en curso busca perjudicar a la presidenta con acusaciones basadas en fotografías y supuestos organigramas. 

Comunicado del Estudio Castañeda & Menacho, en el que anuncian el retiro de la defensa de Dina Boluarte.

Además, el equipo de abogados cuestiona a la fiscal Marita Barreto y menciona una amenaza hecha por ella durante una audiencia de apelación, donde afirmó que la supuesta organización mencionada en la investigación sigue “activa”. 

El comunicado también informa que el estudio se ha apartado de la defensa técnica de Carlos Morán Soto debido a una manifiesta incompatibilidad.

Esta decisión se produce en medio de investigaciones relacionadas con ‘Waykis en la Sombra’ y después de que Mateo Castañeda estuviera en prisión preliminar durante casi una semana hasta que el Poder Judicial le otorgó la libertad. 

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga nuevamente se ubica en el centro de la noticia por sus insólitos pedidos. Esta vez el burgomaestre metropolitano solicitó a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) un «pase libre» para que su camioneta Nissan pueda circular sin restricciones por las vías exclusivas del Metropolitano.

López Aliaga aprovecha su solicitud y cita el Protocolo Operativo sobre la Circulación Temporal y Excepcional en las vías exclusivas del Corredor Segregado de Buses de Alta Capacidad (COSAC 1), una regulación que normalmente se aplica solo en situaciones de emergencia, para ambulancias y bomberos, según lo establecido en la Resolución Directorial N° D-000017-2024-ATU/DO.

Solicitud que hizo Rafael López Aliaga a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

Sin embargo, el alcalde, pretende pasar por encima de la ley y pretende ganar un beneficio personal al argumentando una tesis que no le compete, porque alega que, debido a la congestión vehicular que se vive en el centro de Lima, él no puede cumplir con su agenda.

“Formulamos esta solicitud teniendo en consideración que por la congestión vehicular, especialmente en los accesos al centro de Lima, no permiten cumplir adecuadamente con la agenda de la Municipalidad Metropolitana de Lima”, se detalla en el documento presentado a la ATU.

López Aliaga pide ‘pase libre’ a pesar que cada 7 minutos un vehículo del Estado invade carril prohibido del Metropolitano

De acuerdo a un informe de Latina Noticias, aproximadamente cada 7 minutos un vehículo vinculado al Estado invade y transita por la zona restringida del Metropolitano, incumpliendo así las normas establecidas. Los vehículos que circulen por la vía de este medio de transporte incurren en la infracción G-16 y tendrán una multa del 8% de una unidad impositiva tributaria equivalente a S/ 404 soles.

En el allanamiento ejecutado el último 10 de mayo en los inmuebles del abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte, como parte de la investigación del caso ‘Los Waykis en la Sombra’, los agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) encontraron cerca de 30 armas de fuego en la oficina y la vivienda de Mateo Castañeda, así lo dio a conocer Cuarto Poder.

Según el reporte, durante el operativo la mayor parte de armas fueron encontradas en el domicilio del abogado aprista Mateo Castañeda; entre el dormitorio principal, el comedor y un espacio que fue definido como “almacén de armas” en el acta fiscal, se hallaron un total de 19 armas de fuego.

Asimismo, el abogado de Dina Boluarte no contaba con la documentación respectiva, como tarjetas de propiedad y licencias que detallen el origen y la legalidad de los elementos incautados en la habitación de Castañeda.

“

El investigado no ha presentado el documento respectivo que acredite la procedencia lícita de las armas de fuego descritas en el ambiente denominado dormitorio principal, por lo que se procede a su incautación y lacrado”, señala el acta fiscal.

Comandante de la PNP denunciado por tráfico, sería el dueño de dos armas

Y si bien Mateo Castañeda no habría presentado dicha documentación, la investigación del caso apunta a que el propietario de dos armas de fuego encontradas en su dormitorio principal sería Jerry Alvarado García. Según Cuarto Poder, se trata de un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) que fue expulsado de la institución y que, incluso, habría sido detenido por presunto tráfico de armas en 2017.

Comandante Jerry Alvarado García cuando trabajaba en la Región Policial Tumbes.

En 2017 detuvieron a comandante PNP por tráfico de armas

Un grupo de agentes anticorrupción de la Policía Nacional provenientes desde Lima, detuvieron a un comandante PNP, quien se desempeñaba en el área de personal de la Región Policial de Tumbes. Se trataba del oficial, Jerry Fernando Alvarado García, quien fue intervenido durante un megaoperativo contra el tráfico de armas, ejecutado en diferentes ciudades del país. Dicha acción permitió desarticular una presunta organización criminal que abastecía a sicarios con armamentos y municiones militares.

Según fuentes policiales, la detención del oficial se realizó, cuando Alvarado García desempeñaba funciones administrativas en la sede policial de Tumbes, viéndose sorprendido durante el operativo. Durante la intervención Alvarado García alegó inocencia.

Los agentes especiales de Lima llegaron a Tumbes en medio del hermetismo, y tras detener al oficial lo trasladaron por vía aérea a la capital Lima para las diligencias de rigor.

De acuerdo a la investigación en su contra, se indicó que el oficial era investigado por el presunto delito de tráfico de armas, cuando en el año 2012 trabajaba en la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Munición y Explosivos de Uso Civil (Discamec) en Lima.

La detención del oficial responde a que pertenecería a una organización criminal, la misma que proveían armas y silenciadores que daban de baja para poder venderlos a determinados delincuentes.