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Política

Mónica Yaya: “El fraude ya está consumado en el JNE»

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Conversamos con la expresidenta del Tribunal del OSCE, Mónica Yaya Luyo para que nos dé sus impresiones sobre la inclusión de Martín Vizcarra en el proceso electoral, gracias a un voto cambiado que fue emitido por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas primero quedó en asistir al Congreso. Él se dispensó y no acudió y posteriormente hizo lo mismo el día 16 de febrero y además de no apersonarse al Parlamento emitió un comunicado argumentando que no permitiría intromisiones en su institución ¿Qué opina usted de esa conducta?

Yo creo que el magistrado está escudándose en la autonomía que tienen todos los poderes del Estado para el ejercicio de sus funciones, pero no para la comisión de posibles delitos. Ninguna autonomía constitucional da carta libre para la comisión de posibles delitos. El señor Salas Arenas debe ponerse a disposición del Congreso de la República para investigar si es cierto que su voto se ha visto condicionado por un favor, o beneficio que otorgó el señor Martín Vizcarra a su hermano Héctor Benjamín Salas Arenas a través de la Resolución 492-2014-GR/MOQ  del Gobierno Regional de Moquegua, en donde declaró prescrita la acción sancionadora contra el hermano del presidente del JNE, nada menos que por haber contratado personal sin haber respetado los resultados de un contrato público.

¿Usted cree que el magistrado Salas Arenas debió inhibirse de resolver como dirimente en la apelación de Vizcarra? ¿Acaso hubo un conflicto de interés?

Debió inhibirse no solamente como dirimente; sino también, debió inhibirse de participar en el proceso, porque su sola presencia distorsiona el análisis que debe ser absolutamente limpio y transparente.

¿Solo se ha faltado al plano ético, o podría tener una sanción funcional?

Creo que podría tener una sanción funcional, porque él lo ha ocultado. Desde mi punto de vista, lo ético está sustentado, se ha violentado todas las normas éticas, porque él, por ejemplo, en un caso en el que el involucrado era un señor de apellido Vizcarra Vizcarra, solicitó su inhibición por decoro; pero ahora, se trata de un claro conflicto de intereses, porque él lo ocultó y mintió, además, y dio información falsa. Porque primero dijo en un diario local, que no sabía nada y que había incluso consultado con su hermano y que no sabían que Martín Vizcarra había declarado prescrita la acción sancionadora contra el otro Salas Arenas y lejos de brindar información, el magistrado dijo que no había ningún conflicto de interés. El presidente del JNE ha obstaculizado incluso, la investigación sobre este conflicto, donde él es uno de los principales sospechosos. Él ha brindado falsa declaración ante el pleno del JNE para que no se investigue si es que incurrió, o no incurrió en ese conflicto de intereses.

¿Qué está pasando con el Congreso que no toma cartas en el asunto? Hay instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Pública Anticorrupción y, sobre todo, el Poder Judicial de la doctora Elvia Barrios ¿Por qué ninguna institución emprende acciones contra aquella decisión del JNE?

Todos los derechos ciudadanos se encuentran sometidos en estos momentos a una presunta organización criminal, en la que cada uno de los funcionarios utiliza su cargo para blindar al otro, de tal manera que todos se mantienen blindados en este sistema de corrupción. No olvidemos que la presidente del Poder Judicial que tiene la facultad de designar a la que fue elegida sustituta de Salas Arenas, no lo hace, por lo menos para cuidar la imagen del PJ. Ella no lo ha hecho porque su hermana fue ministra en el gobierno de Martín Vizcarra y no solamente eso. La hermana de ambas, de la presidenta del Poder Judicial y de la ministra Rocío Barrios, contrataba con el Estado, estando impedida según el artículo 11º de la Ley de Contrataciones del Estado y no solamente estaba impedida, sino que constituye un delito contratar con el Estado teniendo a una hermana como vocal de la Corte Suprema y a la otra hermana como ministra, y sobre ese hecho no han avanzado. Allí la presidente del PJ ya tiene un talón de Aquiles y creo que en esta presunta organización criminal también debería investigarse como parte de ella, a quien hoy ejerce de facto el decanato del Colegio de Abogados, la doctora María Elena Portocarrero, porque a ella también le corresponde designar a un representante del JNE que equilibra el poder que en estos momentos está teniendo el señor Jorge Luis Salas Arenas; pero no lo hace. Precisamente con esa omisión de funciones, la decana del Colegio de Abogados de Lima permite que el señor dirima en las votaciones de manera parcializada, a favor precisamente del hombre que sigue siendo todavía el más poderoso del Perú, porque tiene a todos los más altos funcionarios en el aparato estatal designados por él mismo, o por Ollanta Humala.

Usted habla de una presunta organización criminal ¿La Fiscalía qué papel juega, si tomamos en cuenta que Salas Arenas no tiene antejuicio político?

Por supuesto; cualquier despacho fiscal puede denunciarlo, pero sucede que la Fiscal de la Nación es quien ejerce la máxima autoridad administrativa en el Ministerio Público y también se tiene sospechas de una extraña vinculación entre ella y el señor Martín Vizcarra, entonces ¿cuándo se configura una organización criminal? Cuando varias personas que ocupan cargos determinantes en una organización, utilizan esos cargos para favorecer a todo un sistema de corrupción.

Martín Vizcarra.

¿Usted va emprender alguna denuncia?

Bueno, yo ya hice una denuncia pública. Mire usted, me estoy enfrentando a Martín Vizcarra, y me enfrenté también a María Antonieta Alva y ahora tengo que solicitar la investigación a la ministra Cornejo Mohme, porque estaría vinculada a una empresa que está contratando por millones de soles con el Estado. Creo que también corresponde a fiscales valientes que cumplan con sus funciones, porque para eso reciben una remuneración y para eso juramentaron antes de iniciar el ejercicio de sus cargos. Ya ni siquiera, podemos creer en la Procuradora Anticorrupción, porque la Procuraduría Anticorrupción en el caso de vacunagate no ha denunciado por el delito más grave, que es el de colusión. Simplemente ha brindado un distractor, para hacer creer que la Procuraduría está defendiendo a los ciudadanos peruanos ante este genocidio cometido por Martín Vizcarra. Pero, yo confío todavía en que hay fiscales valientes. 

Usted envió un comunicado público a la presidente del Poder Judicial, Elvia Barrios sobre el tema del JNE ¿Obtuvo alguna respuesta?

En primer lugar, la remisión de la carta de manera formal es absolutamente difícil, no permiten la entrega de cartas en mesa de partes y también es bastante difícil a través del medio virtual, porque solicitan un número de expediente que no existe; por lo tanto, la carta tampoco se puede ingresar de manera virtual y por eso tuve que remitir la carta a través de las redes sociales dirigiéndome al Poder Judicial y también a través de los medios de comunicación. Lo que pasa es que, las más altas autoridades en la estructura del Estado simulan no escuchar, no ver y han tomado por costumbre no responder los reclamos ciudadanos y cuando se trata de actos de corrupción, ellos creen que no tienen el deber de darnos una explicación, por eso, que de la señora Elvia Barrios no he recibido ninguna respuesta a pesar que es ampliamente conocido que le estoy solicitando que fije a la sustituta elegida para ocupar el cargo del señor Salas Arenas, ante esta denuncia que pone en tela de juicio la imparcialidad de ese señor.

Entonces, la doctora Barrios no se ha sentido aludida.

No es que no se sienta aludida. Ella sabe y se siente aludida. Lo que pasa, es que se ha instalado un sistema virreinal en el que creen que no le deben ninguna explicación a la ciudadanía y que ellos pueden hacer lo que quieran y cometer los delitos que quieran, como contratar con el Estado las veces que quieran y simplemente, no tienen que dar ninguna explicación a la ciudadanía.

¿Qué opina de la posición del Congreso que, ante la respuesta desafiante de Salas Arenas se han quedado inertes? ¿La Comisión de Constitución tiene prerrogativas para emplazar al jefe del JNE?

La Comisión de Constitución sí tiene prerrogativas para emplazarlo y además tiene el campo abierto para denunciarlo ante la opinión pública. También la opinión pública debe otorgar apoyo a su Congreso, porque si estamos ante un tsunami de actos de corrupción es porque la propia ciudadanía ha desarmado a su Congreso. Mire, le soy sincera. Yo no creo que este Congreso sea uno de los mejores que hayamos tenido; allí falta la presencia institucionalizada de Partidos Políticos fuertes. Pero hay congresistas que están haciendo su trabajo, el señor Carlos Mesía, el propio Edgar Alarcón y si es que tiene algo qué responder, responderá ante la justicia, pero también que respondan a él con las denuncias que viene haciendo que son graves y demostradas y también he escuchado al señor Otto Guibovich. Tenemos congresistas que están haciendo su trabajo, pero falta que la ciudadanía respalde al Congreso, porque este ya está desprestigiado de manera premeditada por Martín Vizcarra, para que nadie pueda controlar el poder que tiene esta presunta organización criminal.

Jorge Luis Salas.

Falta poco para las elecciones generales ¿Se estaría cocinando un posible fraude en las urnas? ¿Qué nos espera en estas elecciones?

Bueno, si postergan las elecciones… eso solo sería la cereza que adorne el pastel, porque en realidad el fraude ya está consumado desde el momento que se ha eliminado a Partidos Políticos fuertes que pueden hacer un contrapeso contra esta organización criminal en estos momentos liderada por Martín Vizcarra. Yo creo que el fraude está consumado y desde mi punto de vista, prácticamente no vamos a tener alternativas de elegir, por lo tanto, no hay elecciones. A una gran cantidad de peruanos nos están poniendo en la posibilidad de elegir solamente, entre los “partidos” de Martín Vizcarra, y seguramente entre un solo candidato al que los medios de comunicación y los afines a Vizcarra lo atacarán fuertemente. En realidad, ya nos robaron las elecciones a todos los peruanos y digamos, que casi todo el tablero está a favor de los partidos afines a Vizcarra. Martín Vizcarra y el JNE no nos han permitido que tengamos elecciones este 11 de abril. Ellos van a tratar, a través de los grandes medios de comunicación, uno de los cuales está vinculado a una ministra del señor Sagasti, de atacar, quizás al único opositor que tengan los “partidos” de Martín Vizcarra. Y entonces, vamos a tener la alternativa de votar entre “7 partidos” de Martín Vizcarra, contra uno que va a recibir todos los golpes de los medios de comunicación financiados por él y también por el gobierno del señor Francisco Sagasti.    

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Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.

Política

Zonificación a la medida: MML autoriza edificios de 28 pisos en San Isidro

Pese a las normas vigentes, con la ordenanza 2670, la gestión de López Aliaga allana el camino a megaproyectos inmobiliarios. Vecinos acusan a la alcaldesa de San Isidro de ceder ante su partido y ante intereses empresariales.

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Una nueva polémica sacude al tradicional distrito de San Isidro. La construcción de un edificio de 28 pisos en la avenida Salaverry con calle Burgos ha desatado la indignación vecinal. ¿El motivo? La Municipalidad del distrito otorgó una licencia que contradice abiertamente las normas urbanísticas: en esa zona solo se permiten edificaciones de hasta 10 y 4 pisos, respectivamente. La Contraloría General de la República lo ha confirmado: la obra viola todas las regulaciones vigentes.

Pese a que el caso se encuentra judicializado, la Municipalidad de San Isidro aprobó el proyecto en marzo de este año. Mientras tanto, la alcaldesa Nancy Vizurraga de ‘Renovación Popular’ guarda silencio ante el reclamo ciudadano. Su gestión ha iniciado “acciones administrativas” para investigar responsabilidades, pero los vecinos no ven avances concretos. Para ellos, la situación es clara: el municipio parece responder más a los intereses del sector inmobiliario que al bienestar de los ciudadanos.

Alcaldesa de San Isidro es criticada por no defender al distrito

“No estamos en contra del desarrollo urbano, pero queremos que se respete el orden y se escuche a los vecinos”, dicen con firmeza. La falta de transparencia, consulta y estudios técnicos —como los de impacto ambiental y vial— en proyectos como este refuerzan sus sospechas.

La controversia se amplía con la ordenanza 2670, que modifica la zonificación del centro comercial Camino Real. La Municipalidad de San Isidro ha pedido su revisión, alegando que sus observaciones técnicas fueron ignoradas. Pero la decisión final la tiene la Municipalidad de Lima, bajo la gestión de Rafael López Aliaga, que, según los vecinos, actúa como aliado de los grandes constructores.

Ordenanza 2670 de la MML, firmada por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.

En medio del malestar, la vecina Nora Loredo fue contundente:

Lo que está sucediendo es un escándalo. La MML ha cambiado la zonificación para que aquí se pueda construir cuatro torres de 18 pisos, con no sabemos cuántos departamentos, sin hacer estudios de impacto ambiental, sin hacer estudios de impacto vial; no hay consulta vecinal y sin tomar en cuenta que esta es una zona de reglamentación especial porque está la huaca Huallamarca allá y El Olivar aquí. la alcaldesa de San Isidro Vizurraga que se ponga los pantalones y que se enfrente a su jefe, el señor López Aliaga, pero en realidad no es su jefe. Su jefe somos nosotros señora alcaldesa, porque nosotros fuimos los que votamos por usted. Nosotros fuimos los que la hicimos alcaldesa a usted. Usted tiene que rendirnos cuentas a nosotros. A sus votantes”.

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Política

Dina Boluarte: “Me retiraré en 2026 con el orgullo de haber servido de la mejor manera»

La presidenta Dina Boluarte afirma que dejará Palacio de Gobierno el 28 de julio de 2026 “con la frente en alto”, pese a las críticas, protestas sociales y su alta desaprobación ciudadana.

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Durante una ceremonia organizada por el Ministerio de Trabajo, la presidenta Dina Boluarte anunció que culminará su mandato el 28 de julio de 2026 “con orgullo y la frente en alto”. Frente a un centenar de jóvenes talentos, afirmó que su gestión se ha caracterizado por la ejecución de obras y una lucha firme contra la corrupción. “Misión cumplida. Me retiraré con el orgullo de haber servido de la mejor manera como presidenta de la república», exclamó Dina Boluarte, refiriéndose a su paso por el Ejecutivo.

En el acto, donde se presentó a los jóvenes que se integrarán a la administración pública, Boluarte insistió en que su gobierno será recordado como “honesto y decente”. Aseguró que no se toleran actos irregulares en su gestión y que todo indicio de corrupción es sancionado de inmediato. “Con nosotros no hay adendas, donde bien sabemos que se escondía la corrupción. Aquí obra iniciada es obra terminada y entregada al pueblo”, dijo.

Pese a investigaciones, la mandataria dice: “Nuestras obras son con las manos limpias”.

Más tarde, acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero Campos, Boluarte presentó un informe sobre avances en el sector agropecuario. Desde Palacio de Gobierno, resaltó el cierre de brechas como una de las prioridades de su mandato.

Sin embargo, la afirmación de que dejará el poder con la “misión cumplida” contrasta con una gestión marcada por cuestionamientos, protestas sociales, crisis política y altos índices de desaprobación. Si bien la presidenta busca proyectar una imagen de transparencia y eficiencia, diversos sectores de la sociedad civil critican la falta de resultados tangibles y la desconexión con las demandas ciudadanas. Su declaración parece más un intento de consolidar una narrativa oficial que una evaluación objetiva de su paso por el poder.

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Política

Congreso: bancadas tantean ‘alianzas’ para disputar la Mesa Directiva

Con los comicios internos a la vuelta de la esquina, el denominado “Bloque Democrático” busca perpetuarse en el control del Congreso, mientras sectores opositores intentan —sin aún los votos suficientes— construir una alternativa que rompa la hegemonía legislativa.

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A pocas semanas de elegirse a la nueva Mesa Directiva del Congreso para el período 2025-2026, las bancadas empiezan a mover fichas, tejer alianzas y tantear escenarios posibles. Por un lado, el Bloque Democrático, ya instalado por dos periodos consecutivos, busca repetir el control legislativo. Por el otro, agrupaciones opositoras intentan romper esa hegemonía y armar una lista alternativa. Pero el panorama está lejos de definirse.

El Bloque Democrático, conformado por Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País, perfila una fórmula continuista con apoyo previsible de Somos Perú, cuya adhesión ha sido casi automática en los últimos años. En palabras del vocero Héctor Valer, Somos Perú solo integrará una lista si es bajo el paraguas de ese bloque.

Desde el otro lado del tablero, la bancada Honor y Democracia —integrada por ex Renovación Popular como Jorge Montoya y José Cueto— fue la primera en anunciar su intención de competir. El 27 de junio, Montoya oficializó la candidatura de Cueto a la presidencia del Congreso y, en una muestra de apertura política poco usual, no descartó tender puentes incluso con bancadas de izquierda: “La mayoría manda”, afirmó.

Una oposición que aún no suma

La noche del domingo, Aron Espinoza, dirigente de Podemos Perú y esposo de la congresista Digna Calle, anunció que esta semana se iniciarán conversaciones formales con diversas agrupaciones para construir una lista opositora. Las bancadas convocadas para una primera reunión este martes 8 de julio son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú y Honor y Democracia.

Espinoza fue tajante: la intención es evitar que la próxima Mesa Directiva sea funcional al Ejecutivo. “La lista oficialista está hecha para proteger a Dina Boluarte. Ya se sabe quiénes la integran: Fuerza Popular, Perú Libre —que ya le gustó la mamadera a Waldemar Cerrón—, Avanza País y Somos Perú”.

Sin embargo, los números aún no cuadran. Juntas, las bancadas convocadas suman apenas 46 votos (Podemos 13, Renovación 11, Acción Popular 9, Juntos por el Perú 8, Honor y Democracia 5). Aún les faltan 21 votos para alcanzar la mayoría simple de 67 necesaria para ganar en primera vuelta. Este margen obliga a una ampliación de alianzas que todavía no está asegurada.

Además, falta definir quién encabezará la fórmula. Aunque Honor y Democracia propone a Cueto, tanto Renovación Popular como Podemos Perú han señalado que no asumirán cargos en la directiva, al menos por ahora, lo que deja abiertas negociaciones complejas sobre los puestos de vicepresidencia.

¿Una izquierda como comodín?

Un punto llamativo es la disposición de Honor y Democracia —una bancada de perfil conservador— a dialogar con grupos de izquierda como Juntos por el Perú. Esta flexibilidad responde, más que a convicciones ideológicas, a una estrategia pragmática de supervivencia política, tras haber quedado fuera de las mesas anteriores. En esta ocasión, buscan evitar el aislamiento y no descartan respaldar una fórmula distinta si se garantiza su participación en algún cargo de la directiva.

¿El Congreso se inclina hacia el continuismo?

A pesar de los esfuerzos opositores, todo indica que el Bloque Democrático mantiene ventaja. Tiene experiencia, recursos, alianzas consolidadas y respaldo tácito del Ejecutivo. Además, los incentivos para mantenerse en el poder son evidentes: controlar la agenda parlamentaria, blindar a sus aliados y decidir el ritmo de las reformas.

La carrera hacia la Mesa Directiva 2025-2026 ya empezó. Pero más allá de los nombres, la verdadera disputa es por el modelo de Congreso que predominará: uno que responda a los intereses del oficialismo o uno que ejerza una oposición más activa, aunque aún fragmentada.

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Política

Fiscalía investiga al alcalde de Pomalca por presunta apropiación de fondos municipales

El alcalde Manfri Bernal y dos funcionarias son investigados por no depositar más de S/ 171 mil en la Cuenta Única del Tesoro, lo que habría facilitado el presunto desvío de recursos públicos durante el primer semestre de 2025.

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La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque ha abierto una investigación preliminar contra el alcalde del distrito de Pomalca, Manfri Bernal, y dos funcionarias de su gestión, por la presunta apropiación indebida de recursos económicos municipales que ascienden a más de S/ 171 mil soles.

El fiscal a cargo del caso, Daniel Gerardo Flores Aguinaga, del Tercer Despacho de la mencionada fiscalía, junto a agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, intervino las oficinas de Caja y Tesorería de la municipalidad para recabar documentos y verificar los ingresos recaudados durante el primer semestre de 2025.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

Según la denuncia que dio origen a la pesquisa, entre enero y junio de este año, la municipalidad habría percibido S/ 171,050.29 registrados con fecha y número de operación. No obstante, dicho monto no fue depositado en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en el plazo máximo de 24 horas, como lo exige la Directiva N.º 001-2007-EF/77.15, generando sospechas de una posible apropiación ilícita.

En la investigación figuran también Ana Llempén, tesorera de la entidad, quien no habría rendido cuentas ni realizado el traslado de fondos, y Rosaliz Cubas, gerente municipal, señalada por presunta omisión de funciones en el control financiero.

El alcalde Bernal es incluido por inacción ante las irregularidades, lo que podría interpretarse como tolerancia o encubrimiento. La fiscalía ha establecido un plazo de 240 días para determinar responsabilidades y recabar elementos de convicción.

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Política

Mininter aprueba contratación de abogados que defenderán a exministro Santivañez

Las resoluciones firmadas por la Secretaría General autorizan el uso de recursos públicos para contratar al estudio de abogados propuesto por el propio Santivañez, investigado por presuntas irregularidades durante su breve gestión en el Ejecutivo.

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El Ministerio del Interior ha aprobado, mediante tres resoluciones de Secretaría General —N° 119-2025-IN-SG, 120-2025-IN-SG y 121-2025-IN-SG— la contratación de servicios legales para la defensa del exministro Juan José Santivañez Antúnez, quien enfrenta diversos procesos en su contra.

Resolución de Secretaria General N° 119-2025-IN-SG.

Esta decisión tiene como antecedente la Resolución de Secretaría General N° 071-2025-IN-RSG, emitida el 14 de mayo de 2025, en la que se declara procedente la solicitud presentada por el propio Santivañez para contar con servicios especializados de asesoría y defensa legal. Posteriormente, el Proveído N° 009696-2025-IN-OGAF, con fecha 21 de mayo, fue remitido desde la Oficina General de Administración y Finanzas a la Oficina de Abastecimiento, formalizando el requerimiento.

Resolución de Secretaria General N° 120-2025-IN-SG.

El estudio legal propuesto por Santivañez Antúnez para asumir su defensa es Miranda & Asociados E.I.R.L., firma que también brinda servicios contables y que, según los documentos oficiales, fue seleccionada por el exministro.

Las resoluciones en cuestión aprueban la ejecución de los Procedimientos de Selección No Competitivos N° 25, 26 y 27, a través de los cuales se formalizará la contratación de los abogados encargados de asumir la representación legal del exfuncionario.

Todas las resoluciones han sido firmadas por Erick Fernando Caso Giraldo, actual secretario general del Ministerio del Interior.

Resolución de Secretaria General N° 121-2025-IN-SG.

La decisión genera interrogantes sobre el uso de recursos públicos en defensa de exautoridades investigadas, especialmente en contextos donde la transparencia institucional está bajo constante escrutinio.

Cabe recordar que Juan José Santivañez fue designado ministro del Interior en abril de 2024, y debió dejar el cargo en medio de denuncias públicas por presuntas contrataciones irregulares, vínculos con estudios legales cuestionados y posible tráfico de influencias. Actualmente, es investigado por el Ministerio Público, por lo que el uso de recursos del Estado para costear su defensa ha generado preocupación y críticas por parte de especialistas y sectores de la sociedad civil.

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Política

Congreso: Presentan PL para anular alza salarial de Dina Boluarte

Legisladora Sigrid Bazán impulsó una iniciativa para revertir el polémico aumento de sueldo a favor de la presidenta Dina Boluarte, calificándolo de injustificado y ofensivo. Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa similar.

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La polémica por el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte continúa generando reacciones en el ámbito político. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la congresista Sigrid Bazán anunció que ha presentado un proyecto de ley para dejar sin efecto el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, que oficializa el incremento de la remuneración presidencial a S/35,568 mensuales.

Proyecto de Ley impulsado por parlamentaria Sigrid Bazán.

El mencionado decreto, aprobado con el respaldo del Consejo de Ministros, ha sido duramente criticado por su inoportunidad en medio de una coyuntura marcada por dificultades económicas y baja aprobación ciudadana. Frente a ello, Bazán Narro manifestó su indignación y explicó que su iniciativa se sustenta en el derecho de iniciativa legislativa que le otorga la Constitución y el Reglamento del Congreso.

“Acabo de presentar, con las firmas correspondientes, un proyecto de ley que DEROGA el DS que aprueba el DESCARADO aumento (…) Veremos si el Congreso lo tramita y quiénes están dispuestos a aprobarlo”, escribió la legisladora del Bloque Democrático Popular en su red social, cuestionando tanto el fondo como la forma en que se autorizó el incremento.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de otros parlamentarios, entre ellos Carlos Zevallos, Susel Paredes, Ruth Luque y Reymundo Mercado, quienes también consideran que el reajuste presidencial carece de justificación técnica y sensibilidad política.

Por su parte, el congresista Jaime Quito anunció que también alista una propuesta legislativa para derogar el mismo decreto. Quito argumenta que el aumento vulnera principios clave como el de legalidad presupuestaria y contradice los topes establecidos en la Ley N.º 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025.

La controversia no solo ha puesto en entredicho la decisión del Ejecutivo, sino que también ha abierto un nuevo frente de debate en el Congreso, donde ahora se espera conocer qué bancadas respaldarán la anulación del cuestionado incremento.

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Política

Eduardo Arana y Pérez Reyes se zurraron en el Congreso

Pese a ser citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, los ministros Eduardo Arana y Raúl Pérez Reyes no asistieron al Congreso, eludiendo su responsabilidad de explicar el alza salarial de Dina Boluarte.

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Ambos ministros fueron citados por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos y no acudieron al Congreso y esquivaron la rendición de cuentas sobre el aumento de sueldo a la presidenta Boluarte.

Una vez más, el Ejecutivo da la espalda al Congreso. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y el titular de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, decidieron no presentarse ante la Comisión de Fiscalización, pese a estar citados para ofrecer explicaciones sobre el polémico incremento de sueldo a la presidenta Dina Boluarte. Su ausencia, lejos de pasar desapercibida, ha sido interpretada como una burla al control parlamentario y una muestra de desprecio por la transparencia.

La sesión, programada para las 10:30 de la mañana, arrancó con la lectura de asistencia. Ninguno de los dos altos funcionarios se hizo presente en el hemiciclo. Ambos enviaron oficios en los que comunicaban su inasistencia, sin brindar argumentos de fondo que justifiquen su decisión de no acudir.

La falta de compromiso del Ejecutivo llega en un momento particularmente sensible, cuando el país atraviesa una crisis de representación y una creciente desaprobación ciudadana hacia sus autoridades. Diversas voces dentro del Congreso ya se alistan para pedir que se reitere la citación, e incluso, que se recurra a mecanismos más severos como la convocatoria por grado o fuerza, amparados en el reglamento parlamentario.

Además de exigir la presencia de los ministros, la Comisión ha anunciado que requerirá los informes legales y técnicos que respaldan el cuestionado decreto supremo que elevó el salario presidencial. Se ha señalado especialmente la necesidad de acceder a los pronunciamientos de SERVIR y del propio MEF, que habrían sido clave para autorizar la medida.

El presidente ejecutivo de SERVIR, Guillermo Valdivieso, también brilló por su ausencia. Su participación era crucial, dado que su entidad fue parte del sustento técnico del aumento. Al igual que los ministros, Valdivieso optó por enviar una carta excusándose, sin aclarar los motivos concretos de su inasistencia.

La estrategia de silencio adoptada por el Ejecutivo no hace más que profundizar el malestar público. En un contexto donde miles de peruanos exigen mayor eficiencia del Estado, el reajuste salarial a Boluarte se percibe como un acto de desconexión con la realidad nacional. La negativa a rendir cuentas solo incrementa las sospechas de arbitrariedad, y abre un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento.

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Política

REINFO: ¿Formalización o vía libre para la minería criminal?

La ampliación del Reinfo hasta 2025 reabre el debate sobre su eficacia. Mientras el Gobierno de Dina Boluarte defiende el proceso, expertos advierten que podría seguir siendo un escudo para actividades ilegales y delitos ambientales.

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El ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, anunció que más de 31 mil mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) podrán continuar su proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la medida, que excluye a más de 50 mil inscripciones inactivas, ha generado una fuerte controversia sobre su efectividad y posibles consecuencias.

El titular del Minem aseguró que se ha realizado un «sinceramiento» del padrón de mineros, con el objetivo de ordenar el proceso y reforzar el combate a la minería ilegal. Montero Cornejo también señaló que se replicarán modelos de intervención como el aplicado en Pataz, que combina acciones de interdicción con mesas de desarrollo lideradas por autoridades locales y sectores del Ejecutivo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la formalidad, la erradicación de la minería ilegal y la construcción de un país con paz social”, declaró el ministro en un medio radial. No obstante, su optimismo contrasta con los cuestionamientos de instituciones especializadas, que consideran que el REINFO ha fracasado en su objetivo original.

Pese a ola de crímenes por la minería ilegal, Gobierno extiende por cuarta vez el Reinfo.

Según el Colegio de Abogados de Lima (CAL), la extensión del REINFO puede terminar favoreciendo el crecimiento de la criminalidad asociada a la minería informal. En un comunicado reciente, el CAL advirtió que, tras nueve años de vigencia, apenas el 2.31 % de los inscritos logró formalizarse. El resto permanece en un limbo legal que, en muchos casos, sirve de cobertura para operaciones ilícitas.

Además, el Tribunal Constitucional ha señalado que el REINFO no puede interpretarse como una figura que otorgue exención penal frente a delitos ambientales. La prolongación del plazo, según el TC, no resulta constitucionalmente amparable si se convierte en una puerta trasera para evitar sanciones legales.

Desde el Ejecutivo se insiste en que la exclusión de 50 mil REINFOS demuestra voluntad de depuración. El 90 % de estos registros, dijo el ministro Montero Cornejo, llevaban más de cuatro años suspendidos y no presentaban ningún avance en el proceso.

Sin embargo, el dilema de fondo persiste: ¿puede el Estado seguir ampliando plazos sin fortalecer la capacidad institucional para fiscalizar y sancionar? Si la formalización se convierte en una excusa para la inacción, el riesgo es que la minería ilegal siga expandiéndose, esta vez con una aparente fachada legal.

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