Alfonso Bustamante Canny, en su calidad de saliente presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), envió una carta de agradecimiento al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en reconocimiento a su valiosa colaboración con su gestión empresarial, la cual ha promovido el fortalecimiento del desarrollo económico y social del país.

En vista de la culminación del mandato del mencionado Consejo, cuyo periodo de gestión abarcó desde 2023 hasta 2025, Bustamante Canny redactó la misiva de reconocimiento a Juan José Santiváñez Antúnez, en la cual también anunció que el nuevo presidente del Consejo Directivo de Confiep para el periodo 2025-2027 será Jorge Zapata Ríos.

«Quisiéramos extender nuestro más sincero reconocimiento por su valiosa colaboración con nuestra gestión, la cual ha sido fundamental para fortalecer la relación entre el sector público y privado, y ha coadyuvado a promover un entorno propicio para el desarrollo económico y social de nuestro país», se lee en la carta.

Como se recuerda, en noviembre de 2024, el Ministerio del Interior (Mininter) y la Confiep firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

A pesar de la incesante ola criminal, que a través del sicariato y la extorsión continúan poniendo en zozobra a la ciudadanía en Perú, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, dejó el país para hacer una travesía a Bélgica y los Países Bajos para participar en una convención internacional de seguridad.

Sin embargo, tras retornar de Europa, Santiváñez Antúnez fue recibido por un grupo de supuestos simpatizantes a las afueras del aeropuerto internacional Jorge Chávez para brindarle una sorpresiva bienvenida.

Ante ello, el ministro de Educación, Morgan Quero Gaime manifestó su opinión, tratando de desvirtuar que fue una portátil política la que realmente recibió al cuestionado titular del Mininter, quien también tiene aspiraciones políticas en los próximos comicios electorales.

A pesar de las imágenes difundidas, el ministro Quero Gaime aseguró que su colega, Juan José Santiváñez no fue recibido por una portátil, sino más bien, por un grupo de personas que quería recibirlo; e incluso, afirmó que se trataba de personal de la Policía Nacional del Perú.

Dichas declaraciones las dio en el distrito de Comas en el Colegio San Vicente.

«Las personas de la familia y que nos quieren y las personas que estuvieron eran de la familia policial, según entiendo. Querían saludar a su ministro que estaba regresando de viaje y no se trata de ninguna portátil y que bueno que los ministros tengan el apoyo de la población», expresó Quero Gaime y aclaró que no están enfocados en política como los otros partidos, porque su objetivo es el bienestar del país.

«Nosotros no estamos en el juego de los partidos políticos, nosotros estamos trabajando en favor de la población», concluyó uno de los ministros favoritos de Dina Boluarte.

Tres veces no. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por la representación legal de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.) contra la sentencia que declaró la ilegalidad de este partido que sirvió de plataforma para avalar el discurso violentista y antidemocrático de Antauro Humala.

La última apelación presentada por esta agrupación vinculada al etnocacerismo tuvo el mismo final que los otros recursos y tal como se esperaba el Poder Judicial ratificó sus fallos en primera y segunda instancia, donde señalaba que este partido promovía la violencia al incentivar el uso de la fuerza como objetivo político. Se confirmó así, nuevamente, la ilegalidad de esta agrupación, expidiéndose su certificado de defunción.

Esta resolución será ahora notificada al Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que deberá emitir de inmediato la decisión que dispone la cancelación de inscripción de A.N.T.A.U.R.O., así como el asiento mediante el cual se cierra definitivamente la partida registral correspondiente, según explicó Fernando Rodríguez Patrón, exdirector del ROP y experto en temas electorales.

El especialista indicó que tras ello el JNE, a instancia del ROP y a través del área de Fiscalización, deberá verificar que A.N.T.A.U.R.O. cumpla con disponer el cierre de sus locales partidarios a nivel nacional, debiendo informar al órgano jurisdiccional si ello no fuere así.

Según la resolución, resulta evidente que “el principio de doble instancia se ha cumplido y, siendo que el recurso de casación no constituye una tercera instancia, conforme lo reconoce la doctrina y la jurisprudencia nacional”.

La lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, trajo al recuerdo las elecciones del 2021 que dieron como ganador al candidato Pedro Castillo Terrones y aseguró que en aquella contienda política fue víctima de un «fraude electoral», porque le robraron los votos. Estas afirmaciones las realizó el pasado domingo 9 de marzo durante la celebración del 15° aniversario de su partido.

Keiko recalca que sufrió «fraude electoral» en 2021

La excandidata presidencial durante su discurso recordó los comicios del 2021 y afirmó que hubo un fiscal que «estaba preocupado y presentó una acusación diez días antes de las elecciones».

«No bastándoles con eso, pidieron suspender al partido en el medio de la campaña. Voces internacionales se pronunciaron y no permitieron semejante abuso. Empezamos la campaña con 3% y llegamos a la segunda vuelta. Pero claro, como había un fiscal que estaba preocupado, presentó una acusación diez días antes de las elecciones. No pudieron», expresó ante sus seguidores.

La lideresa naranja reiteró que ella ganó las elecciones, pero les «robaron los votos». Y añadió que su «compromiso y amor por el Perú se mantienen intactos».

«Empezamos la segunda vuelta, de 40 días, 10 días no me permitieron salir de la capital para hacer una campaña de manera equitativa. A pesar de eso, ganamos las elecciones, pero nos robaron los votos. No importa, mi compromiso y amor por el Perú se mantienen intactos», culminó la excandidata presidencial.

Fuerza Popular y Alianza para el Progreso saltan en un pie gracias al gobierno de Dina Boluarte. La jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Ninoska Chandía, designó como asesor al ex jefe de prensa del partido naranja Christian Peralta Navarrete durante la campaña presidencial del año 2016.

La resolución de nombramiento, publicada esta mañana en el Diario El Peruano, establece que Peralta Navarrete es nombrado en este puesto de forma indeterminada por medio del régimen de contratación CAS.

Peralta Navarrete tiene en su historial una serie de nombramientos vinculados al partido de Keiko Fujimori y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. No solo llegó al Congreso que tuvo mayoría fujimorista (73), sino que lo hizo como parte de la jefatura de comunicaciones del Legislativo, por lo que tuvo a su cargo el canal de televisión del Congreso.

Ese mismo año, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un reportaje en el que se indicaba que Peralta Navarrete había creado al interior del parlamento un “escuadrón fujitroll” encargado del “asesinato simbólico de los adversarios”, una serie de publicaciones en redes sociales para confrontar a los enemigos u opositores a Fuerza Popular.

En junio del 2018, luego de un reportaje en Cuarto Poder que hizo eco de la denuncia hecha por Hildebrandt en sus 13, Peralta negó públicamente que estuviese a cargo de una red de ‘fujitrolls’.

“Efectivamente, se ha fortalecido el área de Redes Sociales. El Congreso, al igual que los medios, se está volviendo multiplataforma (…) antes teníamos a dos personas (…) Toda la vida dicen que yo particularmente dirijo una red de ‘fujitrolls’ y eso es falso”, afirmó luego de ser cuestionado por la contratación de 12 personas más en esta área.

Un artículo difundido por Ojo Público afirma que entre noviembre del año 2023 y febrero del 2024, Christian Peralta Navarrete también fue asesor del exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, que dejó el cargo a finales de enero de este año, en medio del escándalo de corrupción por el Caso Qali Warma.

En febrero del 2024, Demartini nombró a Christian Peralta Navarrete en la oficina de comunicación e imagen del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, aunque este nombramiento se mantuvo solo por unos días, entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de ese año.

Al menos hasta junio del año 2024, se reportó que Peralta Navarrete era el subgerente de comunicaciones de EsSalud.

¡Más blindajes a la vista dentro de los fueros del Parlamento! Esta vez le tocó a la Comisión de Ética del Congreso de la República, presidida por el parlamentario Alex Paredes Gonzales, “no comer a otro otorongo”. Por lo que el grupo de trabajo “ético” archivó la denuncia contra el congresista de la Bancada Socialista, Pasión Dávila Atanacio, por presuntamente haber recortado el sueldo a su exasesor principal.

El informe de calificación del expediente contra Dávila Atanacio, que declaraba procedente la denuncia en su contra, obtuvo tres votos a favor, cinco en contra y una abstención, por lo que fue archivado.

Los colegas que ‘blindaron’ a Pasión Dávila y que votaron en contra del informe final fueron Kelly Portalatino (Perú Libre), Margot Palacios (no agrupada), Kira Alcarraz (Podemos Perú), Jorge Marticorena (Alianza Para el Progreso) y Lidia Heidinger Ballesteros (APP). En tanto, María Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre) se abstuvo de votar.

Pasión Dávila fue denunciado por su exasesor

Cabe recordar que el congresista Pasión Dávila fue denunciado de oficio por su exasesor principal, Víctor Carlos Espinoza, quien manifestó que el legislador le exigió una parte de su sueldo como apoyo económico. Esta denuncia fue propalada por el dominical Panorama. El extrabajador de Dávila Atanacio, declaró que él le pidió un bono mensual de S/2000, al cual se negó. Sin embargo, aceptó aportar con los gastos de movilidad, gasolina, alimentación y hospedaje que el parlamentario pagaba durante las semanas de representación.

«De repente pidió un apoyo mío al inicio, le dije que no. Me pide que le apoye con unos bonos o con algo que le pueda beneficiar a él porque tiene muchos gastos. Claro (me pedía parte de mi sueldo), era obviamente la bonificación mensual», relató Espinoza al programa dominical.

El flamante presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Cecilio Acho Mego, no solamente fue observado por la Controlaría durante su gestión como presidente del Hospital Nacional Cayetano Heredia; sino que actualmente es investigado por la Fiscalía de la Nación, por presuntos delitos de corrupción. 

A pesar que la Contraloría realizó un reporte en agosto del 2024, denominado ‘Informe de Orientación de Oficio N° 032-2024-OCI/3604-SOO’ en el cual detectó una “situación adversa” y negativa en su administración cuando dirigía el Cayetano Heredia, el ginecólogo Segundo Cecilio Acho Mego fue designado como presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud).

Hay que indicar que este nombramiento firmado por la presidenta Dina Boluarte obedecería a la cuota acuñista. Es decir, Alianza para el Progreso (APP) de César Acuña Peralta, primero logró que su alfil César Vásquez se convierta en ministro de Salud en el actual régimen. Y actualmente, a través del nombramiento de Acho Mego, prácticamente los apepistas manejarán todo el sistema nacional de salud en el Perú. 

Contraloría y sindicato de trabajadores lo cuestionaron

Según el ‘informe de orientación’ del ente controlador, en 2024 el entonces titular del Hospital Cayetano Heredia, Acho Mego no preservó los intereses del nosocomio.

 “Se ha advertido una situación adversa que afecta o podría afectar la continuación del proceso, el resultado o el logro de los objetivos” en el hospital Cayetano Heredia, se lee en el documento.

En 2024 la Contraloría también observó la compra de un resonador magnético que costó casi 10 millones de soles, sin respaldo eléctrico.

Asimismo, el sindicato de trabajadores también lo denunció por varios casos, entre ellos, por el presunto pago de 1.4 millones de soles por una fallida remodelación de la unidad de pacientes con cáncer y una indebida adjudicación a un proveedor que incumplió contratos de remodelación de la farmacia y el banco de sangre, en el Cayetano Heredia.

Fiscalía investiga a Acho Mego por presunta corrupción 

Asimismo, el amigo del ministro de Salud César Vásquez, y actual presidente de EsSalud, mantiene carpetas fiscales abiertas por estar investigado por la presunta comisión de diversos delitos contra la administración pública.

Según el documento del distrito fiscal de Lima, Segundo Acho Mego, en agosto del 2015 tuvo la calidad de imputado por el delito de falsedad ideológica y falsificación documentaria. Asimismo, en febrero del 2017 fue imputado por los presuntos delitos de peculado (malversación de bienes o dinero público). Ese mismo mes del mismo año también fue imputado por abuso de autoridad; y el estado de su demanda civil por Nulidad de Resoluciones se encontraba ya con dictamen.

En noviembre del 2017 también fue imputado por los presuntos delitos de discriminación, abuso de autoridad, actos contra el pudor y coacción laboral.

En mayo del 2018 también tuvo una demanda civil en un proceso contencioso administrativo y en octubre del mismo año, también fue imputado por abuso de autoridad.

Actualmente, el flamante presidente de EsSalud se encuentra investigado por una denuncia penal por los presuntos delitos de supresión, destrucción y ocultamiento de documentos, falsificación documentaria, omisión de denuncia, enriquecimiento ilícito, Concusión (colusión simple) y fraude procesal.

Acho Mego se defiende

Tras verse evidenciado por las múltiples denuncias penales que pesan en su contra, el nuevo presidente de EsSalud, Segundo Cecilio Acho Mego, ha salido a defenderse y asegura que se está causando un daño moral innecesario contra su persona “que ha trabajado durante años en la gestión pública”, aseverando además que lo hizo con “transparencia y compromiso”.

Es decir, el funcionario Acho Mego basa su defensa en el principio de presunción de inocencia y añade que más del 95% de sus procesos penales se encuentran archivados.

Sin embargo, pese a que lo asiste la presunción de inocencia, el presidente de EsSalud no puede negar que mantiene investigaciones penales en la Fiscalía y dicha situación comprometedora no se condice con la supuesta probidad y ética que debe demostrar un funcionario público al momento de ingresar al aparato estatal.

En todo caso, desde un punto de vista ético, y no jurídico, ni legal; Segundo Acho Mego debería mantenerse fuera de EsSalud, hasta que se demuestre que es realmente “inocente” a nivel judicial, mediante sentencia firme. Y entonces ya podría liderar dicha entidad. Pero eso sería pedir mucho; porque al parecer, su verdadera meritocracia, más allá de haber tenido una trayectoria cuestionada en el aparato público, consiste en sus vínculos con Alianza para el Progreso (APP) y por ello permanece al mando del Seguro Social de Salud.  

Le mandaron su ‘estate quieto’. Por revoltoso y engreído el ex presidente Pedro Castillo recibirá una sanción disciplinaria luego de que se declarara en huelga de hambre al considerar que el juicio en su contra se trata de una “pantomima” y que, según su análisis, la decisión de los jueces ya está cerrada.

En efecto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció anoche que el ex mandatario recibirá un proceso administrativo disciplinario tras manifestar que no ingerirá alimentos que le proporcionen sus celadores, esto a modo de protesta.

A través de un comunicado, el INPE indicó que la decisión del exmandatario de negarse a ingerir alimentos como acto de protesta o rebeldía representa una falta disciplinaria grave, según el artículo 28, numeral 9, del Decreto Supremo N’ 003-2021-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado del Código de Ejecución Penal.

“Este acto de indisciplina trae como consecuencia que se haya iniciado un proceso administrativo disciplinario al interno, cuyo resultado será comunicado oportunamente a la opinión pública; además, implica el aislamiento del interno y la suspensión de su visita”, indicaron.

Desde el INPE indicaron también que, tras la decisión del exmandatario, cumpliendo con el protocolo establecido, se le sometió a una evaluación por parte del área de salud del penal de Barbadillo en la que se determinó que se encuentra estable.

Abogado de oficio ‘se cansó’ de Castillo y renunció a su defensa

En tanto, el abogado de oficio Edgar Callahualpa Quispe no soportó más la poca colaboración de parte del ex mandatario y renunció a su defensa, esto por haberse “resquebrajado la confianza recíproca”.

A través de un informe, Callahualpa Quispe indicó que, desde la instalación del juicio oral, se rompió la confianza que debe existir entre abogado defensor y patrocinado, alegando que ello le impide continuar asumiendo la defensa del exjefe de Estado. 

Asimismo, el abogado de oficio apuntó que no existió intención de colaborar de parte de Pedro Castillo y que este lo acusó de grabarlo sin su consentimiento en la segunda audiencia realizada el pasado 6 de marzo.