Se fueron con las manos vacías. Alcaldes y alcaldesas de la región Cusco se mostraron sumamente indignados luego de haber acudido hoy a la ceremonia de reconocimiento a las municipalidades ganadoras de la octava edición del Premio Nacional Sello Municipal, organizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cartera encabezada por la cuestionada ministra Leslie Urteaga que anteriormente tuvo a su cargo la cartera de Cultura.

Estando ellos incluidos entre los ganadores, las autoridades municipales tuvieron que viajar hasta Lima para recibir el premio que reconocer a aquellos municipios por la mejora de sus servicios públicos y la calidad de vida de las personas en situación de pobreza extrema, sin embargo, se dieron con la amarga sorpresa de que las placas de reconocimiento se habían agotado, desatando la incomodidad e indignación de esas autoridades municipales, que tuvieron que invertir tiempo y dinero para viajar hasta la capital.

No solo las autoridades de la región Cusco se vieron afectadas, sino también se reporta que los representantes municipales de Puno y Junín habrían tenido la misma suerte. Se estima que fueron cerca de 30 alcaldes que tuvieron que retornar a sus jurisdicciones tal como vinieron, ya que las autoridades del Midis le comunicaban que se trataba de una demora del vehículo que transportaba los premios.

El dato:

En esta edición, se convocaron un total de 1,890 municipalidades, de las cuales 1,698 se registraron para participar, logrando un récord histórico. Un total de 1,140 gobiernos locales recibieron este reconocimiento, a través de la Resolución Ministerial N° D000052-2025-MIDIS, lo que marca un hito en esta octava edición del premio nacional.

De estas, 559 municipalidades fueron distinguidas con la insignia Platinum, 394 recibieron la insignia Oro, 23 obtuvieron la insignia Plata y 164 fueron galardonadas con la de Bronce.

Las movidas y reacomodos dentro del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP,) continúan bajo la jefatura de su presidenta ejecutiva Ninoska Chandía Roque. Como se recuerda, el mes pasado, exactamente el 10 de marzo, mediante Resolución de Jefatura n.° 000007-2025-IRTP-JE designó bajo el régimen CAS como hombre de su confianza a Christian Clemente Peralta Navarrete en el cargo de Asesor de la Jefatura Institucional de la entidad estatal.

Han transcurrido apenas 42 días desde su designación, y mediante Resolución de Jefatura n.° 000022-2025-IRTP-JE, del martes 22 de abril, la señora Chandía Roque resuelve aceptar la renuncia de Peralta Navarrete; y al día siguiente, mediante la Resolución de Jefatura n.° 000023-2025-IRTP-JE publicada el miércoles 23 de abril, decide contratar nuevamente a Peralta Navarrete como servidor de confianza, esta vez como Asesor II (bajo el régimen laboral D.L 1057).

Con nuevo ROF en IRTP hay todo un ‘mejunje’ interno

Resulta que desde la jefatura del IRTP liderada por Ninoska Chandía y desde la Oficina de Gerencia General comandada por José Ernesto Vidal Fernández, dieron el visto bueno a un ramillete de personajes que ya pertenecían a la casa televisora y radial, tras haber elaborado informes y memorandos dirigidos a la Oficina de Gestión de Talento Humano “confirmando” que de acuerdo al Cuadro de Asignación de Personal Provisional (CAP-P), “los elegidos” cumplen con la totalidad de requisitos exigidos para los cargos asignados.

Es decir, las “ratificaciones” se basaron en el nuevo Reglamento de Organización Y Funciones del IRTP (ROF), que la señora Ninoska aprobó el 06 de febrero del 2025, el cual consta de 02 títulos y 81 artículos, dizque porque era necesario, en honor a la “modernización de la gestión del Estado”. 

Servidores fueron ‘ratificados’ en sus cargos de confianza

Pero no solo el extrabajador de la bancada de Fuerza Popular y del exministro Demartini, Christian Clemente Peralta Navarrete, acaba de ser ratificado y/o reasignado en el IRTP, como asesor II de la Jefatura de la entidad.

La señora Ninoska Chandía también designó a Graciela Elizabeth Ramírez Alberca, en el cargo de Asesora II, quien apenas hace 4 meses Julio Demartini la designó como asesora en el Midis; a Víctor Raúl Ahumada Bastidas, en el cargo de Asesor I de la Gerencia General; a Nelly Flor Ramos García, también como Asesora I de la Gerencia General; a Rogger Mauro Gallardo Kruger, como Jefe de la Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documental; a Carlos Alfredo Castro Gao, como Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; a Jorge Ricardo Tisnado Ipanaque, como Jefe de la Unidad de Logística; y a Jean Carlos Chávez García, como Jefe de la Oficina de tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Ex jefe de prensa de Fuerza Popular continúa como asesor de IRTP

El Asesor II de la jefatura del IRTP, Christian Clemente Peralta Navarrete tiene en su historial una serie de nombramientos vinculados al partido de Keiko Fujimori y al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. No solo llegó al Congreso que tuvo mayoría fujimorista (73 curules) en 2016, sino que lo hizo como parte de la jefatura de comunicaciones del Legislativo, por lo que tuvo a su cargo el canal de televisión del Congreso.

Ese mismo año, el semanario Hildebrandt en sus 13 publicó un reportaje en el que se indicaba que Peralta Navarrete había creado al interior del Parlamento un “escuadrón fujitroll” encargado del “asesinato simbólico de los adversarios”, una serie de publicaciones en redes sociales para confrontar a los enemigos u opositores a Fuerza Popular.

En junio del 2018, luego de un reportaje en Cuarto Poder que hizo eco de la denuncia hecha por Hildebrandt en sus 13, Peralta Navarrete negó públicamente que estuviese a cargo de una red de ‘fujitrolls’.

“Efectivamente, se ha fortalecido el área de Redes Sociales. El Congreso, al igual que los medios, se está volviendo multiplataforma (…) antes teníamos a dos personas (…) Toda la vida dicen que yo particularmente dirijo una red de ‘fujitrolls’ y eso es falso”, afirmó luego de ser cuestionado por la contratación de 12 personas más en esta área.

Un artículo difundido por Ojo Público afirma que entre noviembre del año 2023 y febrero del 2024, Christian Peralta Navarrete también fue asesor del cuestionado exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, que dejó el cargo a finales de enero de este año, en medio del escándalo de corrupción por el Caso ‘Qali Warma’ y ‘Wasi Mikuna’. En febrero del 2024, Demartini nombró a Christian Peralta Navarrete en la Oficina de Comunicación e Imagen del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis, aunque este nombramiento se mantuvo solo por unos días, entre el 16 de febrero y el 28 de febrero de ese año. Al menos hasta junio del año 2024, se reportó que Peralta Navarrete era el subgerente de comunicaciones de EsSalud; y actualmente, continúa formando parte del circulo de confianza de la allegada a Nicanor Boluarte, la presidenta ejecutiva del IRTP, Ninoska Chandía Roque.

Se le escapó la tortuga y ahora asume las consecuencias. El pasado lunes el reo venezolano Jhon Kennedy Javier Sebastián, sentenciado a 10 años de pena privativa de la libertad por delitos contra el patrimonio, saltó el muro que da hacia los exteriores del penal de Lurigancho, lastimándose una de sus piernas debido a la fuerte caída, tomándose unos segundos para poder reincorporarse y desaparecer en la oscuridad de la noche. Durante ese tiempo, personal del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) deambularon de aquí para allá sin saber exactamente qué hacer. Fue así como se dio la fuga más insólita de los últimos años.

Es así que el Poder Ejecutivo hizo oficial la renuncia de Javier Llaque Moya a la jefatura del INPE, como consecuencia directa a la fuga del reo extranjero. Su destitución fue oficializada mediante la Resolución Suprema n.° 077 -2025 –JUS, siendo refrendada por la presidenta Dina Boluarte y el ministro de Justicia, Eduardo Arana.

Durante una conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que la salida de Llaque responde a una “responsabilidad funcional” asumida por el exjefe del INPE. También anunció la destitución del director del penal de Lurigancho y la revisión de los protocolos de vigilancia. El Gobierno ya evalúa a su posible sucesor.

“El señor Llaque presentó su renuncia, que ha sido aceptada, y se designará un nuevo titular del INPE”, declaró Adrianzén, quien enfatizó que este tipo de decisiones son necesarias para enfrentar fallas institucionales graves como la reciente fuga.

De manera oportuna, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), de manera conjunta, anunciaron la eliminación del pago correspondiente al proceso de desafiliación a un partido político, luego que se reportaran incontables denuncias de parte de ciudadanos que no habían dado su consentimiento para pertenecer a una organización política.

Es así que ayer el presidente del JNE, Roberto Burneo, y la jefa del Reniec, Carmen Velarde, realizaron un pronunciamiento, detallando que se tomó la decisión de cancelar el pago como respuesta directa a los miles de casos de afiliación indebida.

Asimismo, indicaron dichas autoridades que se procederá a denunciar ante el Ministerio Público a las organizaciones que habrían incurrido en la presentación de firmas sin la autorización de los ciudadanos.

El sustento de estas denuncias fueron 130 informes técnicos presentados por el Reniec, con los que se observaron 238 335 firmas, las que quedaron invalidadas para el proceso de inscripción de estas organizaciones políticas”, precisaron.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, 49 años, ha pasado casi 15 años de su vida intentando, sin mucho éxito, sentarse de una vez por todas en el sillón de Pizarro. La hija mayor de Alberto Fujimori ha visto cómo otros candidatos, ya sean de izquierda o de derecha, con o sin preparación, lograron colocarse la banda presidencial, teniendo que refugiarse en las sombras de sus congresistas que sí consiguieron una curul.

Tal será el nivel de antifujimorismo en el país que muchos de los votantes han preferido votar por aquel ‘mal menor’ que representaba su opositor de turno. Claro ejemplo está en que Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) o Pedro Castillo hayan sido declarados presidentes de la República.

En el 2011 se presentó bajo la estela dejada por su padre, aseverando que fue él quien se encargó de acabar con el terrorismo y la inflación económica, sin embargo, no pudo tapar los delitos cometidos por su padre durante su gobierno, calificándolos sencillamente como “errores”.

Perdió en segunda vuelta contra Ollanta Humala Tasso, algo impensado hasta ese entonces, ya que el candidato nacionalista se había presentado como un personaje radical, yendo a sus mítines con su peculiar ‘polo rojo’ para luego cambiarlo por un ‘polo blanco’. fue el voto antifujimorista lo que terminó por inclinar la balanza al ahora preso ex presidente.

Cinco años después le tocó enfrentarse otra vez en segunda vuelta contra PPK, un senil economista de centro derecha que prometía terminar con el “recreo” en clara alusión a los gobernadores anteriores que no hacían nada por mejorar la situación en el país. El denominado por algunos como “candidato de lujo” por sus abundantes pergaminos académicos terminó derrotando a Keiko, quien le tomó tiempo en reconocer su derrota.

Ya en el año 2021, saliendo de una terrible pandemia, por tercera vez Keiko Fujimori se presentó en los comicios, enfrentándose esta vez en segunda vuelta contra el dirigente sindical Pedro Castillo, que por ese entonces no aparecía en el radar del votante, al menos eso era lo que indicaban las encuestas que ya se encontraban muy manoseadas.

A pesar de su gigantesca y millonaria campaña electoral no pudo vencer al candidato de Perú Libre que se presentaba como aquel hombre de pueblo que reivindicaría a las clases menos favorecidas con su lema “No más pobres en un país de ricos”.

Vencida en tres ocasiones consecutivas, la lideresa de Fuerza Popular anunció que no se presentaría una vez más a las elecciones presidenciales; sin embargo, recientemente dejó entreabierta la posibilidad de postular por cuarta vez.

A propósito de ello, una encuesta realizada por Ipsos arroja que Keiko Fujimori perdería contra sus potenciales contrincantes: Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima, o el comediante Carlos Álvarez, un personaje novato en política y débil a nivel de decisiones políticas ya que no cuenta con una bancada en el Congreso.

Las cifras no engañan y seguramente la ‘China’ ya estará evaluando seriamente su candidatura a poco menos de un año de los comicios, pues así hayan pasado más de dos décadas desde el último mandato de su padre aún la gente, sobre todo los ciudadanos que pasan los 40 años, recuerda todo lo negativo que hizo el Fujimorismo en el poder.

Para nadie es un secreto que con un poco de contactos y unos buenos billetes de por medio un reo en nuestro país puede contar con ciertos beneficios en cualquier prisión, así sean de “máxima seguridad”; llegando a encontrárseles televisores de alta gama, celulares, botellas de licor, o hasta permitírsele el ingreso de damas de compañía.

Tampoco se puede tapar el sol con un dedo la inmensa población en esos centros penitenciarios, llegando a reportarse hasta un 350 % de su capacidad operacional; tal es el caso del penal de Lurigancho, prisión que sirve de claro ejemplo para constatar que el Estado no viene haciendo bien su tarea desde hace varios años.

Al respecto, algunos parlamentarios han presentado diferentes proyectos de ley para cambiar esa situación, o así es lo que indica en el papel. El más reciente ha sido el legislador Juan Carlos Lizarzaburu, quien ha vuelto a poner el foco en el antiguo penal San Juan Bautista, mejor conocido como ‘El Frontón’, ubicado en las costas del Callao.

De acuerdo al congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, en esa isla serán llevados los procesados o condenados por violación, trata de personas, extorsión, secuestro y otros relacionados con el crimen organizado.

La finalidad de la misma, indica Lizarzaburu, será apartará a aquellos delincuentes considerados como altamente peligrosos de todo contacto con la sociedad.

¿Privatizar las cárceles?

Por su parte, en agosto del año pasado, el congresista Alejandro Cavero presentó un proyecto de ley para privatizar las prisiones del país. De acuerdo a su iniciativa 8563/ 2024-CR con delegar las cárceles al sector privado se busca “promover la inversión pública y privada en la construcción de establecimientos penitenciarios, a fin de fortalecer el sistema penitenciario nacional”.

El legislador de Avanza País sustenta su propuesta indicando que existe una sobre población del 130 %, en otras palabras, en las instituciones penitenciarias se tiene la capacidad solo de albergar a 41 mil reos, y en la realidad ya se va a alcanzar los 100 mil.

En esa misma línea, en enero de este año, el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular) también se mostró a favor de privatizar los establecimientos penitenciarios bajo su PL n.° 9908/2024 –CR.

El parlamentario sustenta su iniciativa resaltando que no se viene cumpliendo la resocialización del reo debido a las condiciones dentro de los penales.

«Con este proyecto buscamos no solo aliviar la sobrepoblación, sino también garantizar que los internos tengan acceso a condiciones dignas y programas efectivos de rehabilitación», señaló.

¿La solución al problema?

Que se construyan 50 o 100 cárceles más podría considerarse una solución inmediata, sin embargo, se debe de tomar en cuenta el gasto que le corresponderá al Estado, teniendo que contratar más efectivos que resguarden el tanto el interior como el exterior de los centros penitenciarios, mantenimiento, alimentación, servicios de salud o atención psicológica. Tampoco se combatirá frontalmente el verdadero problema que es la delincuencia que nace desde los barrios más marginales del país, captándose a menores de edad para perpetrar robos o asesinatos.

Respecto a la privatización de las cárceles, el negocio de las empresas privadas consiste en cobrar un porcentaje por cada recluso, interesándoles que haya más delincuentes entre rejas que prevenir o frenar los actos delictivos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el primer país en privatizar las prisiones, su población carcelaria se incrementó entre 1999 y 2010 en un 80 %. Es decir, les interesan más a las empresas no estatales tener más prisioneros que verdaderamente resocializarlos.

Otro dato importante, Chile, un país que afronta un problema muy similar al Perú respecto a la delincuencia, su propuesta de concesionar las prisiones ha incrementado considerablemente el gasto público: hasta el 2004 se gastaba 11 dólares por interno y ahora implementado el sistema privatista eso se incrementó en 35 dólares. Tampoco se mencionan resultados positivos para el ciudadano que recupera su libertad.

En conclusión, el aspecto de fondo debería ser tener un sistema más preventivo, entendiéndose que el trabajo fuerte por parte del Estado es evitar que se comentan más delitos. ¿Y cómo se lograría eso? Haciendo que se respeten y cumplan las leyes ya establecidas, descartando de raíz cualquier intento de corrupción en los funcionarios, así como en los agentes que se encargan de administrar las cárceles.

En medio de la Semana de Representación del Parlamento, hoy desde las 5:00 p.m. el Pleno del Congreso de la República realizará una sesión para decidir sobre el pedido que presentó la mandataria Dina Boluarte Zegarra de dejar el país desde mañana jueves, hasta el próximo lunes, pese a la difícil coyuntura que actualmente afronta el país.

El permiso solicitado por la presidenta Boluarte Zegarra busca que se le autorice asistir a los funerales del papa Francisco, en el Vaticano y pretende ausentarse del país del 24 al 28 de abril.

En el oficio-petitorio que fue remitido al presidente del Parlamento, Eduardo Salhuana, Boluarte Zegarra, indica que, durante su estadía internacional, gobernará de forma «virtual».

“La presencia de la presidenta de la República en las honras fúnebres del Sumo Pontífice constituye un gesto de respeto, gratitud y cercanía del pueblo peruano con la Santa Sede y con el legado pastoral y humanitario del Papa Francisco. Conforme a los lineamientos de nuestra política exterior, el Perú debe mantener una presencia política en los acontecimientos que resulten gravitantes para el escenario internacional, aún más cuando hay una cercanía como con la Santa Sede. La presidenta de la República se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse”, se lee en el oficio que Boluarte Zegarra envió al Congreso.

Los funerales del papa Francisco se llevarán a cabo el próximo sábado 26 de abril en la Plaza de San Pedro de la Santa Sede en la Ciudad del Vaticano.

En un hecho histórico para la región Lambayeque, el Congreso de la República, a través de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, llevó a cabo su Décima Segunda Sesión Extraordinaria Descentralizada en el distrito de Íllimo, marcando un importante paso hacia el desarrollo regional en materia de infraestructura y conectividad.

La sesión fue presidida por la congresista Marleny Portero, quien regresó a su tierra natal para liderar un encuentro crucial con la presencia del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, el gobernador regional Jorge Pérez, el alcalde de Íllimo Juan Pablo Santamaría, representantes de PRONATEL y del concesionario Valle del Zaña.

“Gracias por el recibimiento a la tierra que me vio nacer y crecer. Hoy, con las autoridades invitadas, hemos debatido soluciones claras en temas de transportes y comunicaciones para todo el país”, expresó emocionada la congresista Portero.

Durante la jornada, se aprobó una serie de dictámenes legislativos clave:

• La creación de un Fondo para el Transporte Público Profesionalizado y Sostenible a nivel nacional.
• La modificación de la Ley de Telecomunicaciones para fortalecer el servicio de radiodifusión.
• La inhibición del dictamen del Proyecto de Ley 10215, por no cumplir con los criterios técnicos necesarios.

Además, se hizo una revisión detallada de obras prioritarias para Lambayeque, entre ellas:

• La carretera Chochope–Penachí–Uyurpampa,
• Los cuatro ramales de Olmos,
• La vía de evitamiento Mochumí–Jayanca,
• Y la situación estructural de los puentes Motupe y Río La Leche.

Uno de los puntos más álgidos fue la controvertida ubicación del peaje San Nicolás, cuya permanencia afecta directamente a los pobladores de la Mancomunidad del Río La Leche. Autoridades locales y regionales exigieron al MTC una solución inmediata y consensuada.

Por su parte, PRONATEL alertó sobre la profunda brecha digital en zonas rurales y altoandinas como Cañaris e Incahuasi, anunciando planes para mejorar la cobertura de telecomunicaciones y cerrar esta deuda histórica con las poblaciones más vulnerables.

Con esta sesión descentralizada, el Congreso reafirma su compromiso de acercarse a las regiones y legislar de forma participativa, respondiendo a las demandas reales del país profundo.