El Poder Judicial (PJ) dictó 30 meses de prisión preventiva contra el exalcalde del distrito de Molino, región Huánuco, Jean Kevin Sumarán Lino, por el presunto delito de organización criminal, en el marco de la investigación que se le sigue a la congresista Elizabeth Medina, por presuntamente haberle cobrado coimas a cambio de gestionarle la ejecución de millonarias obras de pistas y veredas.

La medida de excepción también se dictó contra los empresarios John Aquino Jara y César Eugenio Orizano, quienes habrían incurrido en colusión agravada y lavado de activos; sin embargo, el Poder Judicial ordenó la medida de comparecencia con restricciones contra la exgerente municipal de Molino, Milayda Valderrama Ortega. El caso es investigado por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y también se sigue contra la congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Elizabeth Medina Hermosilla, su esposo Víctor Morales Chocano, quien se encuentra prófugo de la justicia y para quien la Fiscalía pidió 36 meses de prisión preventiva; así como otros funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En el auto se señala: “Los hechos están relacionados a la asignación de presupuesto para el proyecto de obra con CUI n.° 2217835, licitación pública n.° 002-2022-MDM/CS-1 y la adjudicación simplificada n.° 003-2022-MDM/CS, para la construcción de pistas y veredas de la localidad de Molino, distrito de Molino, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco”.

Congresista Elizabeth Medina investigada por ‘organización criminal’

La congresista del Bloque Magisterial Elizabeth Medina viene siendo investigada junto a su esposo, Víctor Morales Chocano, por el presunto delito de organización criminal.

Como se sabe, en el mes de septiembre el Ministerio Público allanó la vivienda de la congresista quien está siendo investigada por un caso de presunta corrupción en obras municipales en Huánuco. Según la tesis de la Fiscalía, ella habría ofrecido gestionar presupuesto para obras municipales a cambio de coimas. Asimismo, el esposo de la congresista, Víctor Morales, también está implicado en esta denuncia, pues habría sido el encargado de cobrar los sobornos; sin embargo, se encuentra prófugo de la justicia. El Ministerio Público abrió un proceso contra la parlamentaria luego de que un colaborador eficaz revelara que la legisladora habría realizado cobros ilícitos a diversos alcaldes ofreciéndoles favorecimiento en sus proyectos.

Según las declaraciones a la Fiscalía, Víctor Morales, esposo de la parlamentaria, se habría reunido con el entonces alcalde del distrito de Molino, Jean Kevin Sumarán Lino, en el 2021 en la ciudad de Huánuco, para ofrecerle facilitar las obras en su localidad; sin embargo, a cambio de estos “favores” el exalcalde tendría que realizar un pago de un 6% del costo del proyecto. El pago se habría efectuado en diciembre del 2021 y febrero del 2022; y en cada desembolso se habría entregado S/136 mil al esposo de la congresista Medina. En total se pagó una coima de S/272 mil. De esa manera, a través de un Decreto Supremo, el distrito de Molino recibió una millonaria partida presupuestal en junio del 2022. La obra presupuestada fue la construcción de pistas y veredas por la suma de S/7 millones 287 mil.

Comisión de Ética blindó hoy a la congresista Elizabeth Medina

La Comisión de Ética del Congreso presidida por el legislador Álex Paredes de la Bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional aprobó un informe de calificación que declara improcedente la denuncia presentada contra la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, también del Bloque Magisterial de Concertación Nacional y, por ende, procede su archivamiento. El informe de improcedencia se aprobó por mayoría con 12 votos a favor y 1 abstención.

Según el Expediente N° 180-2023-2024/CEP-CR de la denuncia seguida contra Medina Hermosilla, se le imputaba haber vulnerado el Código de Ética al haber manifestado frases peyorativas en contra del Gobernador Regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, durante su visita de fiscalización al hospital Tingo María. Y tras ver los videos presentados, en el contexto en el que se produjeron los hechos, consideran que no se observa que las frases hayan sido ofensivas, ni que la conducta de la legisladora haya vulnerado el Código y su Reglamento.

El defensor legal de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, pidió reprogramar la declaración en Fiscalía por la presunta reunión que habría mantenido su patrocinada con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. En mensaje en su cuenta de X, el letrado añadió que la mandataria declaró “sin guardar silencio” en las anteriores citaciones que se llevaron a cabo en la sede del Ministerio Público.

“Desde que asumo la defensa de la señora presidenta, ha asistido, sin guardar silencio, a todas las citaciones convocadas por el Ministerio Público. En esta ocasión, he solicitado la reprogramación de su declaración indagatoria para una nueva fecha, a la que acudiremos y declarará”, se lee.

La cita estaba programada para este jueves 10 de octubre en la sede principal de la Av. Abancay. Como se recuerda, la investigación contra la jefa de Estado se abrió en julio y fue ampliada por otros 30 días.

Fiscalía investiga a la presidenta por presunto delito de cohecho en agravio del Estado

La Fiscalía de la Nación persigue un proceso contra la mandataria Dina Boluarte porque habría mantenido una reunión con Patricia Benavides, cuando ésta aún se desempeñaba como Fiscal de la Nación. Las declaraciones del exasesor de Fiscalía, Jaime Villanueva, detallaron que, durante el encuentro Benavides Vargas pidió a la presidenta que no retire a Raúl Alfaro de la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. Y a cambio del pedido, dio la promesa de no realizar una denuncia constitucional en el Congreso de la República por los fallecimientos durante las protestas de fines de 2022 e inicios de 2023. Por esa razón la Fiscalía de la Nación abrió una investigación de forma preliminar contra Boluarte Zegarra por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio en agravio del Estado.

El Poder Judicial, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el pedido del exabogado de la presidenta Dina Boluarte, Mateo Castañeda Segovia, que pretendía anular la investigación del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) en su contra por el presunto delito de falsedad genérica, ello en el marco del caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

La defensa técnica de Castañeda Segovia solicitó la declinatoria de competencia parcial, argumentando que el delito de falsedad genérica no tendría conexión con los delitos de corrupción relacionados con el poder. Sin embargo, el juez Richard Concepción Carhuancho determinó que la falsedad genérica sí está vinculada.

En el oficio se lee: “Declarar infundado el pedido de declinatoria de competencia parcial por el hecho 6 (delito de falsedad genérica), planteado por la defensa técnica del investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia”.

Cabe recordar que al exabogado de Dina Boluarte se le acusa de haber modificado la verdad al emitir un recibo, presuntamente con la ayuda de su entonces cliente Iván Siucho Neira, con el fin de justificar el origen del dinero que se le incautó.

Ministerio Público pide 4 años de cárcel para Mateo Castañeda

La Fiscalía de la Nación ha solicitado 4 años de prisión para Mateo Castañeda Segovia y para su defensa legal, Eduardo Barriga, por el delito de revelación de identidad. Por su parte, el Eficcop acusa a Castañeda y a su abogado de haber difundido la identidad de un testigo protegido del Ministerio Público, quien sería cliente de ambos.

El fiscal adjunto provincial titular Carlos Vásquez Barboza fue quien formuló dicho requerimiento ante el Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito judicial de Lima.

En el requerimiento fiscal se lee: “Se imputa a Mateo Grimaldo Castañeda Segovia y Eduardo Simeón Barriga Bernal haberse presentado en el programa televisivo “Panorama” que fue transmitido en vivo y difundido a nivel nacional (…) En el cual brindaron una entrevista denominada “Mateo Castañeda sobre audio con Harvey Colchado y Carlos Moran” (…) donde revelaron indebidamente la identidad del testigo protegido N° 8-2024 designado en la carpeta fiscal 7-2024″.

Ya nadie se siente a salvo y los criminales no perdonan siquiera a los ‘padres de la Patria’, aquellos que supuestamente deberían de contar con resguardo del Estado. Ya van varios parlamentarios que han salido a denunciar que vienen siendo víctimas de los extorsionadores y el crimen organizado, sin embargo, para el Gobierno Central, todo eso se trata de una simple “perspectiva”.

A la terrible lista de legisladores aterrorizados por la delincuencia se suma la accesitaria del fallecido parlamentario Enrique Wong, Ariana Orué, quien este jueves ha salido a decir frente a cámaras que viene siendo reglada desde hace casi un mes, presuntamente producto de su labor fiscalizador en el Callao. Ante ello, aseguró la popular “Chalaquita” que se ha visto obligada a usar un chaleco antibalas debido a que teme que atenten contra su vida.

“Yo vivo en un asentamiento humano y, a partir de empezar una fiscalización, vengo siendo víctima de reglaje, lo que no me permite andar sin chaleco antibalas. Antes no me pasaba esto y ahora tengo que andar con mi chaleco antibalas”, refirió la parlamentaria ante los medios de prensa que se apostaron en el Hemiciclo.

Durante su declaración, Orué expresó su preocupación no solo por su seguridad personal, sino también por la de su familia y allegados. Según explicó, la protección que se le brinda solo cubre los desplazamientos en horas de trabajo y no su domicilio, lo que la deja a merced de la delincuencia.

“Como nunca se ha visto en el Callao fiscalizar a las autoridades, y como justamente hemos trabajado de manera transparente, vienen pasando estas cosas. Gente muy cercana a mí habla que van a sus casas a amenazar con balazos, indicando que no se pueden oponer o tener una opinión distinta a las autoridades”, agregó.

La parlamentaria también se refirió a la violencia que afecta al Callao y a su pedido de ampliar el estado de emergencia en toda la provincia constitucional. Actualmente, esta medida solo se aplica en el distrito de Ventanilla, pero Orué destacó que la violencia no se limita a esa zona. “En un solo día murieron cinco personas y varios resultaron heridos. La situación en el Callao es crítica y necesita atención urgente”, enfatizó.

Sin duda, pareciera que el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, vive en otra realidad paralela que no es Perú. Hoy se pronunció sobre el paro de transportistas y aseguró que la “toda la ciudad está en calma” y que las unidades de transporte que han salido a trabajar han podido circular de manera tranquila.

“Estamos en condiciones de informar que toda la ciudad de Lima está en calma, no ha habido ningún acto de vandalismo, ni en contra del patrimonio. Las unidades que salieron a trabajar lo hicieron de manera tranquila”, afirmó el premier y además resaltó que los informales son los que no han salido, porque “estaban exigiendo reconocimiento de rutas, anulación de papeletas, que llegaron al Ejecutivo en plan de chantaje, que no aceptaremos”.

Adrianzén afirma que el gobierno ha cumplido

El primer ministro también indicó que el gobierno ha cumplido con sus compromisos, tras el paro del 26 de septiembre, incluyendo la creación de una línea de atención para denuncias de extorsión y la declaración de estado de emergencia en las zonas afectadas por la violencia. Pero también aseguró que el paro se ha politizado debido a que nuevos grupos, partidos políticos, han surgido con demandas adicionales, politizando el movimiento original. 

En otro momento, Adrianzén refirió que van a respetar la decisión del Congreso, si censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Asimismo, nuevamente aseguró que el gobierno acabará con la delincuencia.

“Los resultados los estamos viendo y pronto va a mejorarse. Hace menos de una semana se hablaba de los incendios, ya nadie habla de los incendios porque tenemos casi todos extinguidos a nivel nacional con las limitaciones que teníamos y lo mismo va a suceder con la delincuencia”, concluyó.

Las condecoraciones de varios altos mandos de la Policía Nacional del Perú por parte de la revista VIP Diplomática, vinculada al actualmente preso Andrés Hurtado ‘Chibolín’, han generado gran polémica, porque además patrocinaron viajes a Panamá a dichos oficiales. Sin embargo, otro nuevo personaje que también ha sido descubierto por haber recibido una condecoración, es el actual ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani.

Este ingeniero de Minas, agradeció en sus redes sociales a la Revista VIP Diplomática y a la Corporación Altamira por haberle otorgado el “Premio Lideres del Bicentenario” el 15 de octubre de 2021, acontecido durante el XVI aniversario de la revista. “Esto es para mí un estímulo enorme para seguir trabajando sin descanso como Académico, generador de empleo y gestor de desarrollo. Gracias queridos seguidores”, se lee en el emotivo mensaje del ministro Mucho.     

Cabe aclarar que la ley prohíbe a los funcionarios del Estado recibir dádivas, lo que incluye distinciones como las otorgadas por esta revista. En tanto, se ha abierto un debate que gira en torno a, si estas distinciones pueden considerarse un soborno o un conflicto de interés. En tal sentido, habría que determinar, si hace tres años, el ministro Mucho Mamani se desenvolvía como servidor del Estado, además de ser empresario, eso tras haber postulado a las generales del 2021 para buscar ser congresista por el partido Avanza País, sin obtener éxito.   

‘Chibolín’ mantuvo estrecha relación con VIP Diplomática

Para nadie es un secreto que Andrés Hurtado, “Chibolín”, mantuvo una estrecha relación con la revista VIP Diplomática y su propietaria María Teresa García, quien ahora públicamente ha declarado que se arrepiente de haber tenido su amistad.

Dicha revista organizó innumerables ceremonias para condecorar a políticos y altos mandos de la Policía Nacional del Perú para facilitar la cercanía de ‘Chibolín’ con estos círculos de poder. Asimismo, el expresentador junto con la revista participó en eventos en Panamá, siendo incluso maestro de ceremonias y se relacionó con personalidades influyentes.

La Comisión de Ética del Congreso presidida por el legislador Álex Paredes de la Bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional aprobó un informe de calificación que declara improcedente la denuncia presentada contra la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, también del Bloque Magisterial de Concertación Nacional y, por ende, procede su archivamiento. El informe de improcedencia se aprobó por mayoría con 12 votos a favor y 1 abstención.

Según el Expediente N° 180-2023-2024/CEP-CR de la denuncia seguida contra Medina Hermosilla, se le imputaba haber vulnerado el Código de Ética al haber manifestado frases peyorativas en contra del Gobernador Regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, durante su visita de fiscalización al hospital Tingo María. Y tras ver los videos presentados, en el contexto en el que se produjeron los hechos, consideran que no se observa que las frases hayan sido ofensivas, ni que la conducta de la legisladora haya vulnerado el Código y su Reglamento.

Como se sabe, en el mes de septiembre el Ministerio Público allanó la vivienda de la congresista Elizabeth Medina Hermosilla quien está siendo investigada por un caso de presunta corrupción en obras municipales en Huánuco. Según la tesis de la Fiscalía, ella habría ofrecido gestionar presupuesto para obras municipales a cambio de coimas. Asimismo, el esposo de la congresista, Víctor Morales, también está implicado en esta denuncia, pues supuestamente habría sido el encargado de cobrar los sobornos.

Se rechazó la denuncia contra Kira Alcarraz

De la misma manera, el grupo de trabajo aprobó el informe que rechaza la denuncia contra la congresista Kira Alcarraz Agüero, de Podemos Perú, tras haber analizado la denuncia de parte contenida en el Expediente N° 182-2023-2024/CEP-CR realizada por la ciudadana Irma Ortiz en contra de Alcarraz Agüero por la presunta difamación a su hijo, Richard Tello Ortiz, director general de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Dicha denuncia surgió a consecuencia de un documento anónimo dirigido a todos los congresistas en el que se denunciaba abusos a mujeres en esa dirección del Minem. Entre tanto, Alcarraz comunica que efectivamente recibió la denuncia ciudadana y la trasladó a la Defensoría del Pueblo, sin asumir posición, ni dar por ciertas las afirmaciones contenidas en el documento anónimo. Por esa razón, por unanimidad con 13 votos a favor, la Comisión aprobó el informe que rechaza la denuncia contra Alcarraz.

Medio país frenado por los extorsionadores, pero para el Gobierno Central, encabezado por Dina Boluarte y sus fieles escuderos, el premier Gustavo Adrianzén, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y esporádicamente el ministro de Salud César Vásquez, todos vivimos en paz y armonía, donde no existen bombas en las fachadas de los bodegueros, donde los transportistas circulan tranquilamente por las calles de la ciudad, donde los vendedores de los mercados ofrecen sus productos sin el temor de que un delincuente motorizado le pida su “cuota” para salir a laborar, donde vecinos de un condominio no tienen que pagar para ingresas a sus domicilios.

Este jueves el gremio de transportistas, el sector más atacado por los extorsionadores, volvió a salir a las calles a marchar, exigiendo que el Ejecutivo, la Policía Nacional y el ministerio del Interior pongan un freno al derramamiento de sangre que vienen sofocando diariamente a los choferes formales e informales.

Ajeno de cualquier perspectiva coherente, el premier Gustavo Adrianzén volvió a declarar a la prensa, indicando que desde que entró en rigor el estado de emergencia el pasado 26 de setiembre hasta la fecha no se han registrado más muertos por extorsión. Totalmente falso.

En diálogo con Canal N, el presidente del Consejo de Ministros señaló que la medida establecida por el Gobierno viene cumpliendo su objetivo y que, gracias al trabajo de la Policía Nacional (PNP) conjuntamente con las Fuerzas Armadas (FF.AA.), los extorsionadores y sicarios han tenido que emigrar a otro sector.

“El colectivo de conductores y de cobradores, días antes del 26, sufrieron tres víctimas mortales producto de la extorsión. A la fecha, no tenemos ninguna víctima fatal como consecuencia de la extorsión en el gremio de transportes. Qué han hecho entonces estos extorsionadores, ya no están atacando al gremio porque lo estamos protegiendo, ahora están migrando a otro gremio por eso nuestros bodegueros ahora están siendo afectados”, sostuvo el primer ministro.

#EnVivo

Gustavo Adrianzén, jefe de Gabinete: Ahí comienzan a mover el tema, que “estamos terruqueando, criminaizando la protesta social”. Eso es mentira. No vamos a permitir que la protesta social sea de tipo criminal

Encuentra más información en la WEB ►… pic.twitter.com/l48tPUMLu7

— Canal N (@canalN_) October 10, 2024

Premier Adrianzén miente descaradamente

Cabe mencionar que, en los 14 días de estado de emergencia se ha registrado varias muertes por sicariato vinculados a la extorsión y cobro de cupos en el sector de transportes. Por ejemplo, en Independencia, uno de los distritos bajo la medida, se produjo un atentado contra colectiveros informales que dejó un saldo de tres heridos. Solo una semana después, en el mismo lugar se produjo otro atentado similar. Pero no es el único distrito, Villa María del Triunfo y Los Olivos también registraron ataques con explosivos contra el sector de transportes. Por otro lado, en el Callao, distrito que no está bajo la medida, sí hubo muertes por sicariato ligado a la extorsión contra transportistas.