Finalmente, la exsecretaria de la presidenta de la república Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, si bien no llegó a aterrizar a suelo peruano, procedente de Estados Unidos para declarar presencialmente ante el Ministerio Público por el caso denominado ‘cirugías’; de todas maneras, realizó la diligencia y lo hizo de manera virtual ante el fiscal supremo Hernán Mendoza quien investiga el caso de las intervenciones quirúrgicas de la mandataria. Durante la comunicación en línea, Muriano Peralta ofreció detalles sobre las operaciones estéticas a las que se sometió Boluarte Zegarra en 2023.

Muriano Peralta no solo coordinó las consultas con el cirujano plástico Mario Cabani, encargado de realizar los procedimientos estéticos, sino que también tiene datos específicos sobre el financiamiento de dichas intervenciones.

En la diligencia virtual la exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte confirmó detalles de la rinoplastia y otros procedimientos estéticos que la presidenta se realizó el año pasado. Asimismo, corroboró un audio que reveló la relación entre ambas, así como la posible manipulación de la historia clínica de Boluarte Zegarra. También, habría revelado que la jefa de Estado habría permanecido dos días hospitalizada en la clínica Cabani.

Abogado de Boluarte niega todo

Por su parte, el abogado defensor de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, dijo que está tranquilo, respecto de las recientes declaraciones de Patricia Muriano Peralta durante su diligencia virtual ante el Ministerio Público.

Aún no ha iniciado la carrera electoral y ya quieren dejar fuera a Fuerza Popular. La Fiscalía de la Nación, encabezada por Delia Espinoza, ha iniciado diligencias para evaluar si corresponde declarar la ilegalidad del partido Fuerza Popular.

Esta acción surge como respuesta a una solicitud presentada por la ciudadana Beatriz Adelo Cano Bernales, quien sostiene que el partido liderado por Keiko Fujimori incurrió en actos de conducta antidemocrática entre los años 2011 y 2021. Como consecuencia, el caso ha sido asignado al fiscal adjunto supremo provisional Dante Emel Pimentel Cruzado.

De acuerdo a la ciudadana denunciante, el partido naranja incurrió en conductas contrarias al orden democrático en tres ocasiones. El primer es el denominado ‘Caso Cócteles’, que involucra a la hija del dictador Alberto Fujimori en presuntos aportes irregulares de dinero durante la campaña presidencial del 2011.

El segundo corresponde al caso ‘Mamanivideos’, en el que se implica al ex parlamentario Kenji Fujimori por ofrecer obras públicas a cambio de votos contra la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El caso tuvo grandes consecuencias y provocó la renuncia del exjefe de Estado en marzo de 2018.

Finalmente, la solicitud también hace referencia a las alegaciones de fraude electoral pronunciadas por Keiko Fujimori tras su derrota en las elecciones presidenciales del 2021, declaraciones que fueron ampliamente difundidas por diversos medios y redes sociales.

En virtud de esta solicitud, el Ministerio Público ha ordenado diligencias específicas para reunir pruebas que permitan determinar si existe sustento legal para solicitar la ilegalidad de Fuerza Popular y por ende su eliminación en la planilla electoral.

En tanto, la agrupación política liderada por Keiko Fujimori expresó su rechazo a las diligencias anuncias por el Ministerio Público. Además, en su mensaje señala que la Fiscalía busca anular su candidatura para los próximos comicios.

“Expresamos nuestra preocupación y rechazo ante la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias que conducen a la desaparición de nuestro partido. Es evidente el uso desproporcionado y político de la Fiscalía, abandonando su función constitucional de luchar contra la criminalidad y la delincuencia”, se lee al inicio del mensaje.

Luego que desde el Congreso algunos parlamentarios, entre ellos Susel Paredes, hayan deslizado la posibilidad de interponer una vacancia presidencial por incapacidad moral contra la jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra, el presidente de dicho Poder del Estado y militante de Alianza para el Progreso (APP), Eduardo Salhuana Cavides, se pronunció al respecto y se mostró en contra, alegando que se debe cumplir con la ley constitucional.

“Hay que cumplir los plazos constitucionales, hay que cumplir la ley, lo que dice la Constitución es que el plazo presidencial es de 5 años y creo que cualquier voz distinta a ello no tiene que ser aceptada, sino rechazada (…) eso me parece incorrecto creo que hay que aprender a vivir en democracia y respetar el voto popular”, aseveró Salhuana Cavides.

Asimismo, recordó que las elecciones del 2021 terminan en el 2026 y, por tanto, deben ser respetadas hasta el mes de abril de ese año, porque considera que el país no puede estar en una incertidumbre y con un récord histórico negativo de tener un jefe de Estado cada 12 meses, porque no le hace bien al país.

En otro momento, Salhuana Cavides indicó que Dina Boluarte, deberá cumplir el tiempo que le falta en su mandato presidencial y que debería declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú.

“Lo que queremos ahora es transparencia y que –obviamente- la presidenta cumpla su mandato, y este abocada en el elegir un buen ministro del Interior, que sea técnico, competente, con experiencia y conozca sobre temas de seguridad nacional. Evidentemente un tema urgente que tenemos que hacer es declarar en emergencia a la Policía Nacional”, indicó el legislador representante de Alianza para el Progreso. 

Mientras en el país asesinan diariamente a ciudadanos de a pie y mientras la extorsión de apodera del drama de comerciantes, transportistas, grupos de cumbia, dueños de colegios y ambulantes, la presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra emitió una nueva advertencia a los delincuentes.

Durante una nueva sesión de lo que ahora el Gobierno denomina ‘Cuarto de Guerra’, la mandataria anunció: «Donde se escondan, los encontraremos. No descansaremos hasta devolverle a nuestro pueblo la tranquilidad y seguridad que merecen”.

La presidenta afirmó que la seguridad no solo depende de las Fuerzas Policiales y Militares, sino que también es responsabilidad de la Fiscalía y el Poder Judicial y subrayó que la labor policial se ve obstaculizada por la liberación de detenidos por parte de las entidades judiciales.

Criticó a Fiscalía y al PJ

Asimismo, la mandataria Boluarte durante su declaración criticó a la Fiscalía y al Poder Judicial por haber liberado a más de mil detenidos en los primeros tres meses de 2025. Según cifras proporcionadas por su despacho presidencial, hasta el 16 de marzo de este año, el Ministerio Público liberó a 1,014 personas arrestadas por la Policía Nacional del Perú (PNP), y el Poder Judicial liberó a otras 63 personas, lo que, según la mandataria, «socava» los esfuerzos de las autoridades para combatir la criminalidad, y expresó su descontento con el PJ que, a su entender, permite que delincuentes vuelvan a las calles.

Anunció Megaoperativos y Plan «Perú Seguro»

Finalmente, Boluarte Zegarra anunció que el Gobierno implementará megaoperativos sistemáticos y permanentes en los penales del país como parte de su estrategia para combatir las bandas criminales. Según informó, los operativos contarán con la participación de más de 8,500 efectivos policiales, con el fin de desmantelar a las organizaciones criminales.

Por su parte, el nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, anunció el plan «Perú Seguro», cuya finalidad es fortalecer a la PNP para que pueda hacer frente a las amenazas criminales. En esa línea, indicó que, en las últimas 24 horas, un total de 8,500 policías realizaron 475 operativos en Lima y Callao, y como resultado detuvieron a 271 personas.

Muchos recordarán que tras la vacancia de Martín Vizcarra en noviembre del 2020 el ex presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, se colocó la banda presidencial tal como se estipula en nuestra Constitución; sin embargo, cuando muchos pensaban que la coyuntura social se recompondría momentáneamente (golpeada severamente por la pandemia y las medidas aplicadas por el Estado), la ciudadanía, entre el hartazgo político y las muertes de los jóvenes Inti y Bryan, salió a las calles a exigir la pronta renuncia de Merino, quien luego de 5 días en la Casa de Pizarro dimitió a su cargo.

Ahora, a tan solo un año de las elecciones del 2026, el ex presidente, apodado ‘El Breve’, salió a declarar durante una entrevista ofrecida a ATV Noticias, mencionando que de haberse quedado “el país estaría mejor”.

Merino reconoció que su paso por la Casa de Pizarro dejó una huella difícil de borrar. Sin embargo, defendió las medidas que tomó en esos días y sostuvo que, de haber continuado en el cargo, la situación del país sería distinta.

“Si las circunstancias hubieran sido otras y me hubiera quedado, hoy el país estaría en mejor condición”, aseguró. También destacó algunas decisiones que, según él, beneficiaron a la población en medio de la pandemia de COVID-19. Entre ellas, mencionó la aprobación del retiro de fondos de las AFP, lo que permitió a millones de peruanos acceder a su dinero en un contexto económico complicado.

Otra de las medidas que resaltó fue la aprobación de la ley del Foncor, que ha destinado miles de millones de soles a los Gobiernos Regionales. Asimismo, aseguró que su gestión eliminó las pruebas rápidas moleculares en la detección del COVID-19.

Por otro lado, dejó entreabierta la posibilidad de una futura postulación a la presidencia. Aseguró que Acción Popular, con casi siete décadas de existencia, mantiene un proceso interno en el que cada militante tiene derecho a postular y ser evaluado. También indicó que antes de tomar una decisión debe contar con el respaldo de su familia.

La posibilidad de su postulación podría generar interrogantes sobre el impacto que tendría dentro de su partido y en el electorado. Actualmente, Acción Popular enfrenta divisiones internas y una crisis de imagen tras los escándalos vinculados a algunos de sus miembros. En ese contexto, Merino no descartó intentar posicionarse como una figura de experiencia dentro del partido, aunque su gestión sigue siendo objeto de debate.

El reciente anuncio del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, sobre la participación de solo 41 partidos en las elecciones generales de 2026 ha desatado una serie de reacciones dentro del ámbito político peruano. La medida, que establece el límite para la inscripción de partidos en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE, ha sido vista por varios actores políticos como un acto arbitrario que atenta contra la pluralidad democrática y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En una entrevista a una radio local, Burneo explicó que solo aquellos partidos políticos que cumplan con los requisitos establecidos por el JNE podrán participar en los comicios de 2026. Sin embargo, esta determinación ha generado un fuerte rechazo por parte de algunos congresistas, que consideran que la exclusión de ciertos partidos podría vulnerar principios democráticos fundamentales.

Uno de los primeros que cuestionó lo dicho por el titular del JNE fue el congresista Guido Bellido Ugarte, quien, a través de su cuenta oficial de X, expresó su preocupación por las modificaciones en el cronograma electoral. Bellido subrayó que el 12 de abril de 2025, como fecha límite para la inscripción de partidos políticos ante el JNE, resulta ser «inadmisible» e «injustificado», ya que se ha alterado el calendario previamente establecido. Según el congresista, las fechas de inscripción, solicitadas por los partidos para las elecciones generales de 2026, habían sido modificadas sin un proceso adecuado de consulta.

Bellido también hizo un llamado a la Comisión de Constitución del Congreso para que revise y ajuste la normativa vigente, con el fin de evitar contradicciones que puedan restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos. «Excluir a los partidos con inscripción vigente en el ROP hasta el 2 de agosto de 2025, como establece la fecha límite para la solicitud de alianzas, y hasta el 31 de octubre, como fecha límite para la inscripción de candidaturas en las elecciones primarias, constituye un acto contrario a los principios democráticos y a los derechos ciudadanos reconocidos en la Constitución», señaló Bellido.

El congresista agregó que, de mantenerse esta exclusión, se estaría cometiendo una arbitrariedad que pone en riesgo la libertad de los ciudadanos para elegir a sus representantes, lo que, según él, es inaceptable en un Estado democrático.

Por su parte, otros parlamentarios también se han sumado a las críticas, señalando que la decisión del JNE podría generar un ambiente de exclusión política, limitando la competencia electoral y favoreciendo a un número reducido de partidos. Estos legisladores consideran que el JNE debe garantizar una mayor apertura para que todos los grupos políticos registrados puedan participar en el proceso electoral, sin barreras que puedan ser vistas como injustas o sesgadas.

La controversia en torno a la exclusión de ciertos partidos políticos plantea un escenario de incertidumbre de cara a las elecciones generales de 2026. Mientras tanto, el JNE ha defendido su posición, argumentando que las modificaciones en el calendario electoral son necesarias para asegurar el buen desarrollo de los comicios y la transparencia del proceso.

Lo cierto es que este conflicto refleja las tensiones políticas actuales en el país y pone sobre la mesa un debate clave sobre la equidad y la transparencia en los procesos electorales. La decisión final, sin duda, tendrá un impacto directo en la configuración del panorama político para las próximas elecciones y podría ser un tema central en la agenda pública de cara a los próximos meses.

El congresista de derecha, Alejandro Cavero Alva, de la bancada de Avanza País, ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por el caso ‘golpe de Estado’. Como se sabe, actualmente el exmandatario se encuentra preso de forma preventiva en el Penal de Barbadillo, mientras sigue un juicio oral por el referido caso de presunta rebelión.  

En el texto presentado por el legislador se argumenta que el exmandatario es acusado «por infracción a la Constitución y por la presunta comisión de los delitos de rebelión y conspiración». Asimismo, Cavero pide su «inhabilitación por el plazo máximo (10 años)», «al haber atentado contra el estado de derecho y la integridad nacional, al perpetrar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022», se lee en el documento.

En la denuncia de Cavero Alva, se hace mención al mensaje a la Nación que ofreció Pedro Castillo el 07 de diciembre del 2022, en el cual se anunció el cierre del Congreso, sin que se haya respetado las causales previstas y establecidas en la Constitución Política del Perú. por lo tanto, se le acusa de haber incurrido en una grave infracción constitucional, la cual «atenta contra la separación de poderes”.

Pedro Castillo habría infringido la Constitución

De acuerdo al documento, el exmandatario habría violado los artículos 43°, 45°, 117°, 118° y 134° de la Constitución. El fundamento de la denuncia es en mérito al artículo 99° de la Carta Fundamental y al artículo 89° del Reglamento del Congreso.

La acusación pretende encontrar la presunta responsabilidad penal del denunciado Castillo Terrones por los delitos de rebelión y conspiración tipificados en los artículos 346° y 349° del Código Penal, respectivamente, y se ha remitido a la Fiscalía de la Nación los actuados, con el fin de que realice las acciones penales que correspondan.

El ideólogo de Perú Libre podrá saltar en un pie de alegría, pero lo tendrá que hacer desde su escondite. Tras el último fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por el juez César San Martín, se absolvió al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas, por el presunto delito de colusión en el caso ‘Aeródromo Wanka’. Dicho fallo revoca la sentencia de tres años y seis meses de pena privativa de la libertad que recaía contra Cerrón Rojas.

“Se determinó que no existen pruebas de un acto de concertación, la sentencia transgredió la motivación y el razonamiento de la prueba indiciaria”, escribió. Este pronunciamiento, de acuerdo al exgobernador de Junín, pone en evidencia lo que él considera un patrón de sentencias “ilegales y politizadas” en su contra.

La absolución dada por el juez supremo César San Martín implica además que en lugar de pagar 800 mil soles de reparación junto a los demás implicados, deberá saldar 250 mil soles.

A propósito de esa decisión judicial, el secretario regional de prensa de Perú Libre, Richard Rojas, no descartó la posibilidad de que su líder finalmente abandone la clandestinidad y postule a las elecciones generales del 2026, calificándolo como su “candidato natural”.

“Al dar la absolución, el doctor ya está presto a poder salir. Perú Libre siempre ha confiado en la inocencia de Vladimir. No solo es un caso el que se está cayendo, son varios casos. El doctor es el candidato natural del partido, es el líder del partido”, mencionó desde el Congreso de la República.

Sin embargo, cabe recordar que sobre Vladimir Cerrón recaen otros dos pedidos de prisión preventiva, el cual uno de ellos se mantiene vigente. En efecto, al ideólogo del partido del lápiz se le impuso una medida restrictiva por el caso Antalsis, siendo revocada en enero de este año; en tanto, por el caso Los Dinámicos del Centro la orden de detención continúa plenamente vigente, por lo que aún no podría salir a la calle.

Asimismo, por otros presuntos delitos de colusión agravada y negociación incompatible, en supuestos contratos con efectivos policiales para que le brindaran seguridad en el cargo de Gobernador Regional, el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, este 28 de febrero de 2025, pidió 9 años de prisión para el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón y otros implicados.