A Martín Vizcarra se le puso a la fuerza en la carrera electoral, a pesar que mintió en su Declaración Jurada al omitir que poseía el 30% de acciones en la empresa moqueguana Estuquiña S.A. y que está valorizada en más de 3 millones de dólares.
El candidato expresidente ya había sido excluido del proceso electoral por el Jurado Nacional de Elecciones, con 3 votos en contra y uno a favor el 08 de enero pasado; pero luego, los dos magistrados que primero votaron en contra, llámese, el Presidente del JNE Jorge Luis Salas Arenas y Jovián Valentín Sanjinez Salazar cambiaron sus votos a favor, para favorecer a Martín Vizcarra y así pueda seguir postulando en los próximos comicios de abril.
En el informe publicado por Ricardo Uceda, se menciona que el pleno del JNE también atendió la apelación de la tacha interpuesta al candidato del Partido Morado Nicolás Talavera, por haber omitido ser accionista de una empresa de marketing; sin embargo, como no había un casillero en el formato de las hojas de vida para que el candidato declarara sus acciones, arguyeron que no habían omitido información relevante, simplemente, porque el JNE lo había suprimido.
En esa misma sesión se vio el caso del candidato de Alianza para el Progreso, Orlando Mollo que fue tachado por haber omitido mencionar que era socio mayoritario en una empresa; sin embargo, el Jurado Departamental alegó que el formulario de declaraciones solo pedía señalar automóviles.
Estos casos fueron resueltos por el pleno del JNE, presidido por Jorge Luis Salas Arenas que es vocal de la Corte Suprema, Luis Carlos Arce Córdova, que es Fiscal Supremo del Ministerio Público, Jovián Valentín Sanjinez Salazar y Jorge Armando Rodríguez Vélez, ambos designados por las facultades de Derecho, públicas y privadas, respectivamente.
Pero aquí viene lo insólito; los magistrados del JNE primero deliberaron, votaron y después se tomaron un tiempo para redactar la sentencia; incumpliendo de esa manera un acuerdo de 2017 donde se establece que la decisión del fallo se publica inmediatamente después de adoptarse, para coadyuvar a que se cumpla con el debido proceso y evitar presiones políticas y tráfico de influencias.
Fuente: Willax.
Sin embargo, en el JNE dos magistrados “no estuvieron seguros de su votación” y por eso la cambiaron como si estuvieran en un juego de amigos de barrio. Todo eso se desarrolló entre el 20 de enero y el 3 de febrero. Y en el caso de Martín Vizcarra en una audiencia del 26 de enero pasó lo que todos conocimos al principio, Vizcarra quedó fuera, pero luego en el pleno del 29 de enero, los dos magistrados cambiaron su voto. Y como “para pasar piola” y emparejar un criterio de “coherencia”, resolvieron y uniformizaron los resultados de los casos de los candidatos Nicolás Talavera, Orlando Mollo y Julio César Sumerinde, cuyos párrafos de sus resoluciones eran idénticos y que actualmente han vuelto a ser admitidos a la carrera electoral.
Fuente: Willax.
El JNE excluye listas de candidatos por fallas en su sistema digital
Los miembros del JNE excluyeron de forma draconiana a otros partidos postulantes, pero con Martín Vizcarra han sido más que “generosos”. Por su parte, el excandidato de Perú Nación, Francisco Diez Canseco denunció que fue excluido porque solo tuvo 10 segundos de retraso en la inscripción, cuyo trámite virtual lo empezaron con una semana de anticipación. El Jurado vulneró la Ley del Procedimiento Administrativo General, que en su artículo 138º indica que los actos de naturaleza continua, iniciados en hora hábil, son concluidos sin afectar su validez después del horario de atención; sin embargo, como decía Martínez Morisini, aquí no pasa nada.
Chanchullo a la vista, pero aquí no pasa
Esta vez, el Ministerio Público en manos de la no habidaZoraida Ávalos ya no puede hacerse el muertito y tiene que pronunciarse y anunciar que abrirá una investigación, si tomamos en cuenta que el Presidente del JNE, Salas Arenas debió inhibirse del proceso, porque su hermano Héctor Benjamín Salas Arenas fue favorecido con una Resolución firmada por el propio Vizcarra, cuando era Gobernador Regional de Moquegua el 19 de mayo de 2014, para que su proceso prescribiera (aquella vez, Martín Vizcarra exculpó al hermano del presidente del JNE). El presidente del Jurado, en su calidad de juez sabe perfectamente que no puede pronunciarse cuando uno de sus parientes ha sido beneficiado directamente por la persona sobre la que va a resolver; pero eso no le importó… él voto y no se excluyó del fallo.
El presunto fraude electoral se consumó a la media noche del miércoles 4 de febrero, cuando el JNE emitió un documento resolviendo declarar FUNDADO el Recurso de Apelación presentado por el personero legal de Somos Perú, a pesar que el mes pasado ya había sido excluido por falta grave cometida en su declaración jurada.
Fuente: Willax.
Este escándalo es inadmisible en un órgano tan importarte como el JNE, porque no se puede alterar una decisión, para acomodarla luego y dar la impresión de una coherencia. El Jurado está dando muestras de pretender distorsionar un proceso electoral y si eso se comprueba, es un acto sumamente grave.
Pareciera que se está gestando un proceso de fraude para eliminar a todos los candidatos que están en carrera. ¿Por qué no aparece el fiscal Germán Juárez Atoche y no pide prisión preventiva contra Martín Vizcarra? si tomamos en cuenta, que todos estos actos concernientes al levantamiento de sus tachas son actos de obstaculización.
Algo está pasando en la Fiscalía y en el Equipo Especial que está manteniendo los expedientes congelados, porque Juárez Atoche posee la información del Club de la Construcción desde el año 2015, brindada por un colaborador eficaz y otras informaciones de otros colaboradores que dieron lugar a la vacancia; él la tiene en su despacho hace más de dos años; sin embargo, aún no formula acusación.
El JNE ya debe ser intervenido por el Poder Judicial y su presidenta Elvia Barrios también tiene que pronunciarse de una vez. Ella tiene la obligación de defenestrar al Presidente del Jurado y la Junta Nacional de Justicia de nombrar al nuevo representante del PJ en el JNE. A su vez, éste deberá revisar en el nuevo pleno, todas las actuaciones del señor Salas Arenas. En esa línea, Mónica Yaya, acaba de anunciar que le envió una carta a la doctora Elvia Barrios pidiéndole que retire al magistrado Salas Arenas del JNE y que en su lugar nombre a quien fuera elegida como su sustituta en la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, hasta ahora no obtiene respuesta.
Elvia Barrios.
El objetivo de Martín Vizcarra, es ser el próximo presidente del Congreso y al parecer, lo tiene todo planeado. Basta leer las palabras textuales de su socio Daniel Salaverry: “El presidente Vizcarra va a tener mucho trabajo siendo presidente del Congreso; no me queda ninguna duda que somos Perú va a ser una bancada importante en el Congreso y que el presidente Vizcarra es el próximo presidente del Congreso”.
La excongresista Yeny Vilcatoma, que anteriormente presentó tachas contra la candidatura de Vizcarra, ha anunciado que va a interponer una denuncia penal ante la Fiscalía de turno contra los integrantes del JNE, porque a ellos no los protege el antejuicio político, tal como señala el artículo 99º de la Constitución. Según Vilcatoma, estas denuncias se han conocido gracias a la publicación de Mónica Yaya, porque los asesores, secretarios y todos los que fueron testigos de estas movidas dentro del JNE, denunciaron y le dieron esa información directamente a ella. Asimismo, la exlegisladora en la denuncia penal va a presentar los nombres de los asesores y de los asistentes, como medios probatorios para que den fe de todos los actos irregulares del día de las votaciones y de cómo luego se cambiaron esas votaciones. Los miembros del Jurado Nacional de Elecciones han cometido delito de prevaricato y delito de encubrimiento y cambiaron tres resoluciones con el único afán de favorecer a Martín Vizcarra.
Esto es un hecho sin precedentes que se tumba de forma vergonzosa un sistema de institucionalidad que cada vez es más pisoteado por las decisiones de políticos corruptos que solo cautelan los intereses de sus cofradías en desmedro del Estado peruano. Sin embargo, esto debe parar y las máximas instancias del Estado ya deben pronunciarse en el acto.
Lamentablemente, hemos sido testigos que las instituciones que deben velar por el interés público, están tomadas por los poderes facticos y por el gobierno. Y eso podremos comprobarlo cuando en las próximas horas el Poder Judicial, La Fiscalía de la Nación, La Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, La Contraloría y la Procuraduría del Estado, hagan caso omiso a este escándalo que ya enturbió el proceso electoral. Y además seremos testigos de una prensa oficialista que esconderá esta noticia.
Luis Felipe Alpaca es egresado de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas y estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza; asimismo estudió en la Escuela de Escritura Creativa del CCPUCP, y tiene un Diplomado de Especialista en Derecho Comercial por la Escuela Superior de Negocios. Ha sido Editor de Cultura del Diario 16, y actualmente es Editor General del Grupo Editorial Lima Gris, y es conductor del programa radial Lima Gris Radio por La estación Planicie 91.5 de la FM. Como gestor cultural ha organizado y curado exposiciones de arte y eventos ligados a los derechos culturales. Asimismo es corrector de estilo, y ha escrito más de 400 artículos relacionados a cultura, actualidad y política. Como activista social ha sido miembro de la Red del Patrimonio Cultural con el afán de defender patrimonios inmateriales y materiales como el desaparecido Palais Concert, y el Complejo Arqueológico Puruchuco. Actualmente es miembro del Colectivo Antropoceno Identidad, y ha recorrido distintas regiones del país para brindar apoyo, encuentros y conferencias en universidades con temas relacionados al arte ancestral y la cultura originaria.
Colegio Médico del Perú investiga a cirujano Mario Cabani por presunto intercambio de favores
El CMP inició investigación ética y disciplinaria en contra de Mario Cabani, cirujano de la presidenta Dina Boluarte porque habría gestionado puestos en entidades del Estado para personas allegadas a cambio de cirugías estéticas realizadas en su clínica.
El Colegio Médico del Perú (CMP) ha iniciado de oficio una investigación ética y disciplinaria contra Mario Cabani Ravello, cirujano estético de la presidenta Dina Boluarte Zegarra, por presuntas irregularidades en su práctica profesional y por ende por incumplir las normas deontológicas que rigen el ejercicio de la profesión médica en Perú.
Comunicado Oficial del CMP n.° 31-2025, que anuncia investigación a Cabani.
Esta investigación surge tras la publicación de un informe que en los medios de comunicación difunde documentos y correos electrónicos en el que se indica que el cirujano plástico habría solicitado puestos en el Estado para personas de su confianza y entorno, tras realizar intervenciones quirúrgicas a la mandataria Dina Boluarte.
Según el comunicado oficial del CMP N° 31-2025, el caso será evaluado por su comité ético, el cual analizará si Cabani Ravello incurrió en faltas deontológicas, específicamente relacionadas con el principio de imparcialidad y la conducta profesional en su relación con la presidenta. Si se encuentran irregularidades, podrían aplicarse sanciones disciplinarias al cirujano.
Este caso ya se encuentra en investigación preliminar en el Ministerio Público y ha cobrado más relevancia, tras la difusión de dos audios y de un correo electrónico, en el que Cabani Ravello habría solicitado a la exsecretaria personal de Boluarte Zegarra, Patricia Muriano Peralta, cargos en diversas entidades estatales, como EsSalud y PromPerú, para allegados suyos.
El doctor Mario Cabani ya empezó a hablar en Fiscalía, contra Dina Boluarte.
Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte
Finalmente, la exsecretaria de la presidenta de la república Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, si bien no llegó a aterrizar a suelo peruano, procedente de Estados Unidos para declarar presencialmente ante el Ministerio Público por el caso denominado ‘cirugías’; de todas maneras, realizó la diligencia y lo hizo de manera virtual ante el fiscal supremo Hernán Mendoza quien investiga el caso de las intervenciones quirúrgicas de la mandataria. Durante la comunicación en línea, Muriano Peralta ofreció detalles sobre las operaciones estéticas a las que se sometió Boluarte Zegarra en 2023.
Muriano Peralta no solo coordinó las consultas con el cirujano plástico Mario Cabani, encargado de realizar los procedimientos estéticos, sino que también tiene datos específicos sobre el financiamiento de dichas intervenciones.
En la diligencia virtual la exsecretaria de la presidenta Dina Boluarte confirmó detalles de la rinoplastia y otros procedimientos estéticos que la presidenta se realizó el año pasado. Asimismo, corroboró un audio que reveló la relación entre ambas, así como la posible manipulación de la historia clínica de Boluarte Zegarra. También, habría revelado que la jefa de Estado habría permanecido dos días hospitalizada en la clínica Cabani.
Patricia Muriano empezó a declarar ante Fiscalía.
De acuerdo con las investigaciones, Mario Cabani habría realizado al menos cinco procedimientos quirúrgicos a Dina Boluarte en el año 2023, entre los cuales se destacan una rinoplastia y una abdominoplastia. Asimismo, la clínica del doctor Cabani, ‘Cabani Health’, entregó a la Fiscalía documentos relacionados con las operaciones, incluidos correos electrónicos y cartas notariales que exigirían el pago de los procedimientos.
Un detalle que ha generado suspicacias, es la falta de facturas y la ausencia de la historia clínica de la presidenta de la República, la cual, según Muriano Peralta, habría sido retirada personalmente por Boluarte Zegarra.
Teniente alcalde de Chorrillos recibió ‘fajo de dinero’ para presunta coima a tribuno del JNE [VIDEO]
A través de un video se capta al primer regidor de Alianza para el Progreso (APP) Richard Cortez Melgarejo recibir una fuerte cantidad de billetes en una reunión privada. Tras la propalación del audiovisual, el Consejo Municipal lo encaró y lo suspendió. Asimismo, el alcalde Fernando Velazco, le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».
El Municipio de Chorrillos, a través del Concejo Municipal, fue escenario de un escándalo tras la difusión de un video en el que se observa al teniente alcalde de las filas de Alianza para el Progreso (APP), Richard Cortez Melgarejo, recibiendo fajos de dinero, en medio de una reunión privada.
Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal, el alcalde Fernando Velazco presentó el material audiovisual ante los regidores y vecinos. En el video, Cortez Melgarejo discute sobre un proceso de vacancia y menciona contactos con miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Tercera Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Chorrillos, del jueves 27 de marzo.
En el audiovisual que se expuso frente a los 13 regidores que conforman el Concejo Municipal y algunos ciudadanos del distrito, el teniente alcalde de Alianza Para el Progreso (APP) intenta persuadir a su interlocutor para que le brinde un “apoyo económico” en lo que denomina una “línea de confianza con proyección al futuro”. Asimismo, Cortez Melgarejo habla sobre el proceso de vacancia aparentemente ‘obstruido’ en alguna instancia del JNE, y las soluciones que le encuentra a este trámite.
«Lamentablemente, este jurado está un poco desprestigiado. Entonces, estas situaciones, de cuestión de interpretación se manejan de otra forma. Yo he buscado la forma de contactarme con alguno de los cinco tribunos para así evitar que, al final, algún intermediario me termine engañando o mintiendo. A través del doctor Acevedo he logrado contactarme con uno de los tribunos. He tenido una conversación directa, seria y concisa. Para mí, es una batalla que voy a ganar», expresa el teniente alcalde en la conversación con uno de los presuntos ‘aportantes’.
El interlocutor le termina dando una ‘inicial’ pecuniaria a Cortez Melgarejo: «Toma, te estoy dando 5 (mil soles). Una señal de buena voluntad. A más tardar, mañana te estoy dando 35 (mil soles)».
Posteriormente, en otra parte del video, que recopila varias grabaciones, Richard Cortez Melgarejo influye en otra persona, a la que revela, conoció a través de un tercero al que llama ‘Tejada’, para que se sume a la recolección de fondos que, según exclama, ya tiene acumulado 150 mil soles. En seguida, este nuevo ‘aportante’ le da un nuevo fajo de billete, Cortez Melgarejo cuenta la suma y lo mete a su bolsillo.
Concejo Municipal lo suspendió
Tras observar las reveladoras imágenes, los demás integrantes del Consejo Municipal increparon fuertemente a Richard Cortez Melgarejo por su presunto acto de corrupción y anunciaron la suspensión de sus funciones por contravenir los principios éticos de la función pública. Tras conocer dicha decisión, el teniente alcalde trató de defenderse, pero terminó protagonizando una fuerte discusión con el alcalde de Chorrillos Fernando Velazco, y tras abandonar la sesión, la autoridad edil le dijo: «Vas a responder ante la Fiscalía».
🚨 Teniente alcalde de Chorrillos y militante de Alianza Para el Progreso, Richard Cortez Melgarejo, fue captado recibiendo 'plata como cancha'.
‘Renovación Popular’ defiende a ‘Fuerza Popular’ y rechaza a Fiscal de la Nación por pretender su cancelación
A través de un comunicado, el partido ‘celeste’ de propiedad de Rafael López Aliaga se solidariza con el partido de Keiko Fujimori, debido a la disposición de la fiscal Delia Espinoza, que podría determinar la extinción del partido ‘naranja’ y el de Carlos Álvarez, ‘País para Todos’.
El partido político de Rafael López Aliaga, ‘Renovación Popular’, se pronunció con respecto a la medida dispuesta por la Fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela, y rechazó que busque declarar la ilegalidad de las organizaciones políticas ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’. Mediante un comunicado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) exhortaron a Espinoza Valenzuela a «avocarse a su función» y no utilizar políticamente sus facultades fiscales. Asimismo, el (CEN) indicó que aquello solo interferiría en el proceso electoral convocado.
Renovación Popular, mediante sus redes sociales, compartió el comunicado oficial, en donde expresó su rechazo ante lo establecido por la mandamás del Ministerio Público.
Comunicado del CEN de Renovación Popular.
Fiscalía inició diligencias por denuncia de ilegalidad contra dos partidos políticos
Como se sabe, último jueves 27 de marzo, la Fiscalía inició diligencias contra los partidos ‘Fuerza Popular’ y ‘País para Todos’, por presuntamente haber incurrido en «conductas antidemocráticas».
Según el artículo 14 de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas, la Corte Suprema, a pedido del fiscal de la Nación o defensor del Pueblo, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos, siendo los siguientes:
1- Vulnerar sistemáticamente las libertades y los derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos.
2- Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones que, para la consecución de fines políticos, practiquen el terrorismo o que con su prédica contribuyan a multiplicar los efectos de violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera.
3- Apoyar la acción de organizaciones que practican el terrorismo Y/o el narcotráfico.
Artículo 14° de la Ley n.º 28094 – Ley de Organizaciones Políticas.
‘Renovación Popular’ exige a Delia Espinoza que se avoque a sus funciones.
«RP manifiesta el rechazo rotundo a la utilización política de la facultad de investigar que tiene la fiscal de la Nación, pretendiendo interferir en el proceso electoral ya convocado», se lee en el primer punto anunciado por la agrupación celeste que lidera López Aliaga.
Además, aseguró que sus militantes defenderán el Estado de Derecho y el sistema democrático de gobierno, y garantizarán el respeto irrestricto al derecho constitucional de elegir y ser elegidos que tienen todos los peruanos. Por último, RP exhortó a Delia Espinoza a avocarse exclusivamente a sus funciones, y no interferir en asuntos políticos.
«Exigimos a la fiscal de la Nación avocarse a su función constitucional de investigar y combatir la delincuencia y la criminalidad que mantienen en zozobra a toda la población, haciendo uso eficiente de sus recursos, para lograr dicho fin. El derecho de elegir a sus autoridades las tiene el pueblo peruano, no la fiscal de la Nación», concluyó el CEN del partido.
Declaraciones de exsecretaria complican a Dina Boluarte: tras cirugías, publicaron tres decretos con firma falsa de la presidenta
Patricia Muriano teme por su vida y no desea volver a Perú. Sin embargo, declaró ante Fiscalía de forma virtual por más de 6 horas y estaría tramitando residencia en Estados Unidos como ‘perseguida política’ del gobierno. Su próxima declaración está programada para inicios de abril.
La exsecretaria personal de la presidenta Dina Boluarte, Patricia Muriano Peralta, pese a que no llegó a Perú para apersonarse al Ministerio Público, y a pesar que el abogado de la mandataria Juan Carlos Portugal intentó frustrar la diligencia, ella declaró de forma virtual ante la Fiscalía durante más de 6 horas por el ‘caso Cirugías’. Según el informe de Hildebrandt en sus Trece, se indica que Muriano Peralta declaró que tres decretos fueron publicados con la firma falsa de la jefa de Estado y todas las intervenciones fueron operaciones de rejuvenecimiento.
En la declaración ante el equipo del fiscal supremo Hernán Mendoza Salvatierra, encargado del área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del MP, Muriano Peralta reconoció su voz y ratificó que el audio difundido es suyo y confirmó que el contenido de este es verídico. De igual modo, ratificó que la expresidenta Dina Boluarte fue sometida a cinco intervenciones quirúrgicas.
Exsecretaria Patricia Muriano declaró ‘virtualmente’ ante Fiscalía sobre cirugías de Dina Boluarte.
Abogado de Boluarte intentó frustrar declaración
Según se dio a conocer, la defensa técnica de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal, tal como lo hizo en diciembre pasado, nuevamente se opuso a que Patricia Muriano declarara ante el Ministerio Público. Sin embargo, el equipo fiscal admitió el testimonio de la examiga de Dina Boluarte, quien ha manifestado que está dispuesta a colaborar con todo lo que se pueda con la investigación del ‘caso cirugías’, pero solo lo hará de forma virtual, ya que no desea volver al Perú y teme por su vida. Incluso, ya habría empezado a tramitar su residencia en Estados Unidos argumentado que es una perseguida política del gobierno de Dina Boluarte Zegarra.
Entre las cosas más importantes que reveló y confirmó, fue que al menos tres decretos supremos que se publicaron en el diario oficial ‘El Peruano’ llevaban una firma falsa de la mandataria. Esto debido a que la presidenta Dina Boluarte se encontraba indispuesta después de las intervenciones estéticas realizadas entre el 28 y 30 de junio del 2023.
Además, mencionó que, si bien el internamiento fue de 48 horas, la jefa de Estado se mantuvo en reposo absoluto hasta el 9 de julio del 2023. En relación a ello, también indicó que el médico Mario Cabani la visitó en dos oportunidades en su vivienda de Surquillo. Sin embargo, él no fue el único galeno que supervisó su estado de salud, porque la expresidenta de EsSalud, María Elena Aguilar del Águila, también estuvo en la Clínica Cabani en la fecha que se realizaron las operaciones a la presidenta Dina Boluarte. Por lo que ella se habría encargado personalmente de supervisar la recuperación postoperatoria de la mandataria.
Doctores Mario Cabani y exjefa de EsSalud María Aguilar supervisaron recuperación de Dina Boluarte.
Muriano es presionada por circulo cercano de la presidenta
Según se ha podido conocer, Patricia Muriano le ha dicho a su círculo más cercano que ha estado recibiendo presiones del círculo de seguridad de la jefa de Estado Dina Boluarte Zegarra para que desconozca el audio en el que se le escucha confirmar las operaciones estéticas de la mandataria, y que niegue que fuera su voz.
¡Qué estaremos pagando! El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, incapaz hasta la fecha de poder reordenar Mesa Redonda y Mercado Central, investigado por traer vagones de tren a sobrecosto, desaparecido durante el último incendio en Barrios Altos pero que sí se encontraba muy predispuesto a tomarse cuanta foto sea posible con un famoso streamer extranjero, ahora acaba de designar a uno de los ingenieros incondicionales del ex burgomaestre Luis Castañeda Lossio, nos referimos al ingeniero José Luis Justiniano Martínez, como el nuevo gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).
Ingeniero José Luis Justiniano Martínez.
Y es que más que se le recuerde al ingeniero Justiniano Martínez por sus magníficas obras en la ciudad, es recordado solamente por su frase “no se cayó, se desplomó” luego que tratara de explicar la caída del puente de la Solidaridad en el año 2017, luego de la crecida del río Rímac.
El entonces gerente de Infraestructura Vial de Emape, Justiniano Martínez, dijo que la estructura había sido diseñada “por los mejores especialistas del medio” y “de acuerdo a las normas vigentes”.
“No se ha caído, solamente se ha desplomado su apoyo externo. Yo le estoy hablando técnicamente. Usted no me va a entender quizás nunca, porque es periodista”, mencionó al ser interrogado por América TV.
Ahora, de acuerdo a la plataforma oficial del Estado peruano, el ingeniero comenzó a laborar el 8 de marzo de este año en esta dependencia de la Municipalidad de Lima.
Será Justiniano Martínez quien tenga a cargo la firma de acuerdos y convenios con entidades públicas, privadas y organismos internacionales, así como la dirección, ejecución y supervisión del cumplimiento de las decisiones de la empresa. También será responsable de aprobar modificaciones presupuestarias y otras acciones administrativas.
El viento sopla a su favor. Qué coincidencia que a tan solo horas de que la jefa de Estado, Dina Boluarte, anunciara la convocatoria a elecciones generales para abril del 2026, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, fue absuelto por la Corte Suprema en el caso ‘Aeródromo Wanka’, teniendo que pagar solamente una reparación civil; y por su eso no fuera suficiente, el Tribunal Constitucional (TC) falló a favor de Cerrón Rojas, anulando su condena de 4 años de prisión preventiva suspendida por el caso ‘La Oroya’.
fuente: rpp.
De acuerdo con la decisión del alto tribunal, las sentencias de primera y segunda instancia carecen de una debida motivación. Esto, dicen los magistrados, porque se condenó al líder de Perú Libre por hechos por los que no fue acusado por la Fiscalía.
Así, en el caso La Oroya, se acusó a Cerrón por solicitar a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) el pago de mayores gastos a favor del Consorcio Altiplano e incumplir sus obligaciones como gobernador regional.
Sin embargo, subraya el TC, en las sentencias condenatorias se llegó a la conclusión de que la negociación incompatible se concretó con la ampliación del plazo para que el consorcio ejecute la obra “Mejoramiento y Ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la Oroya”, lo que implicó un pago de 850.000 soles adicionales al presupuesto original.
En relación a la sentencia de segunda instancia, el TC determina que también tiene errores de motivación como, por ejemplo, que no se haya desarrollado “de manera objetiva y razonable la existencia de un interés indebido” por parte de Cerrón, interés que sea “ajeno al ejercicio de sus funciones como entonces gobernador regional de Junín”.
Por ello, el TC declaró nulas las sentencias condenatorias y ordenó al Juzgado Penal de primera instancia que emita un nuevo pronunciamiento sobre la acusación de la Fiscalía contra Vladimir Cerrón, es decir, que se determine nuevamente si es culpable o inocente del delito de negociación incompatible.
El dato:
Sobre el prófugo Vladimir Cerrón solo recae una orden de prisión preventiva por el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, así como el pago pendiente de dos reparaciones civiles.
Desde el Congreso de la República, el parlamentario Guido Bellido Ugarte ha enviado un oficio al ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, solicitando información sobre el nombramiento de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo como directora del colegio PNP Santa Rosa de Lima. Esta solicitud responde a las denuncias y documentos que evidencian una gestión deficiente que afecta a una comunidad estudiantil de 900 alumnos de primaria y secundaria.
En el oficio Nº 1927-2024-2025-GBU/CR dirigido al titular del Minedu, Bellido Ugarte menciona la información publicada por Lima Gris y advierte que, según el Convenio Marco N° 002-2019-MINEDU, suscrito entre el Ministerio de Educación y la Policía Nacional del Perú, “se establece expresamente que la designación de directores en colegios administrados por la PNP debe recaer en un Oficial PNP”. Sin embargo, Cama Trebejo es suboficial, lo que, según el oficio, “podría contravenir dicho convenio, generando preocupación sobre el cumplimiento normativo y la gestión adecuada de los centros educativos administrados por la PNP”.
Ante esta situación, el congresista exige al ministro Quero Gaime un «informe detallado sobre el proceso de designación de la dirección de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima y los criterios aplicados para la designación de la suboficial PNP Flor Betzabé Cama Trebejo». Además, solicita explicaciones sobre las acciones que tomará el MINEDU frente a esta aparente vulneración del convenio.
Es importante señalar, que el legislador Guido Bellido es parte de la Comisión de Educación del Congreso de la República y, además, en la misiva menciona que el pedido de información lo realiza en virtud a sus facultades contenidas en los artículos 96 de la Constitución Política del Perú y 87 del Reglamento del Congreso.
El silencio del Ministerio de Educación y del Ministerio del Interior ante estas denuncias es inaceptable. Ambas instituciones tienen el deber de supervisar y garantizar que la normativa se cumpla, evitando que decisiones arbitrarias comprometan la calidad educativa de los colegios contemplados en su convenio. Desde Lima Gris, exhortamos a la Defensoría del Pueblo a intervenir de oficio y exigir medidas inmediatas que protejan el derecho de los estudiantes a una educación de calidad.
La cuestión del proyecto impulsado por el gobierno de la creación de un Ministerio de Infraestructura llegó a la Mesa de Trabajo de hoy en el Congreso. Desde los representantes de diversos entes del Estado se percibía lo que podría llamarse un complaciente optimismo acrítico.
Antes que nada, una cuestión relevante en la creación de un nuevo ministerio es en el caso de Infraestructura determinar la identificación de brechas. Por ejemplo, en caso de necesitarse un hospital en Ancash cuáles serían las características, las cuales son capacidades que hace un ente rector que es el que identifica brechas. Este Ministerio de Infraestructura vendría a ser el ente rector en lo concerniente a obra pública y el que va definir la brecha, el cómo se va a articular, así como su ejecución. Cuando se habla de un plan de infraestructura tendría que estar articulado con los sistemas administrativos de las diferentes rectorías y ello incluye a los distintos niveles de gobierno.
En la mesa de trabajo encabezada por el congresista Rospigliosi, estuvieron presentes los representantes de los diferentes ministerios, así como del gremio empresarial.
El representante de MINEDU hizo hincapié en la necesidad de tener un ente regulador de forma transversal. «Tenemos 55 mil colegios públicos a niveles nacional y la brecha [en infraestructura] es altísima», señaló el representante de MINEDU quien refirió que se podría cerrar la brecha en más de cien años al ritmo que vamos. «Hemos llegado a 6% de presupuesto para infraestructura en educación». También refirió que la brecha es dinámica debido al paso del tiempo y a efectos del clima.
El representante de Desarrollo Agrario, refirió que un nuevo ministerio sería prácticamente el mismo sistema de trabajo actual que se lleva en todos los ministerios, Pero que en este caso sería una gran unidad ejecutora que es tal como perciben lo propone el proyecto del Ejecutivo.
El representante del Ministerio de Salud, remarcó que lo que se propone es una entidad transversal de coordinación a nivel del Poder Ejecutivo y gobiernos locales y regionales, el cual atendería a mejorar los mecanismos de coordinación en una economía de escala.
El representante de los gobiernos regionales mencionó su preocupación en cuanto a la transferencia de funciones que realiza el Ejecutivo a los poderes regionales, lo cual no sucede de manera uniforme. Y esto porque existen gobiernos regionales a los que se ha transferido determinadas competencias mientras otras siguen concentradas en el gobierno nacional, por lo que invocó, a que se tenga a bien el incorporar una disposición al proyecto planteado por el gobierno, a través de la cual se disponga que la secretaría de descentralización de la PCM, precise los alcances de esta distribución de funciones a favor de gobiernos regionales de forma que quede claro las competencias que ejercerán cuando el ministerio de infraestructura funcione.